La descomposición nacional

El hedor traspasa las paredes de la morgue. Se cuela por escuelas, negocios y casas, impregna la ropa, atasca las gargantas, encoge la nariz, provoca náusea, obliga a apurar el paso. En el edificio blanco donde se origina la peste hay 71 cuerpos en el piso, unos sobre otros, que esperan su turno para la autopsia. En el estacionamiento, un tráiler de esos que podrían transportar frutas, sirve como depósito para otros 74 cadáveres envueltos en bolsas de basura y amortajados con cinta adhesiva que lleva escrito el lugar de su hallazgo.

Las carrozas fúnebres llegan cada tanto con otros cuerpos recién desenterrados. En el último conteo eran 145.

Los cementerios clandestinos descubiertos en el municipio bisagra de San Fernando –que une a Reynosa y Matamoros con Ciudad Victoria– evidencian el nivel de descomposición de la narcoguerra. Cada fosa es prueba del encubrimiento oficial a la anormalidad cotidiana: las carreteras controladas por criminales, las matanzas cotidianas, el subregistro de muertos, las desapariciones masivas de personas, la primitiva barbarie de los grupos enfrentados, el reclutamiento forzado de jóvenes para la guerra, la cómplice indiferencia de la justicia y el obligatorio silencio ciudadano.

“Hasta ahora se dieron cuenta de lo que pasa. ¿Ya cuándo?, si mi marido y su compadre iban a León a dejar unos carros y nunca llegaron a Victoria y vivo sin una noticia, ¡nada!”, reclama una rubia con lentes oscuros y palabras atascadas por las lágrimas.

“Desde el año pasado había ya muchas denuncias pero no nos oían, era como hablar abajo del mar”, dice furiosa una tamaulipeca flaquita y ágil que de la cajuela de un auto descarga garrafones de agua potable. Los deposita bajo la lona improvisada como albergue atendido por espontáneos que alimentan y consuelan a los fuereños que llegan para cotejar si sus familiares, los que un día no llegaron, están entre los desenterrados.

Matamoros, Meca nacional de las familias con desaparecidos. “No habíamos denunciado nunca. Apenas nos animamos porque están sacando tanta gente de las tumbas y vimos en las noticias que llegaron muchas familias”, reconoce el padre de Leonte Silva Hernández –criador de pollos, padre de tres hijos y desaparecido en noviembre en San Fernando–, de quien no había denunciado la ausencia por miedo a que “lo tormenten”.

Los sepulcros removidos atrajeron a tamaulipecos de todos los puntos del estado, que aquí son mayoría, pero también a personas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Jalisco o Guanajuato que sospechan que sus familiares fueron capturados en alguna de estas carreteras de la muerte.

La pesadilla ocurrió en San Fernando –municipio vecino controlado por Los Zetas, que desde el año pasado está en guerra contra el cártel del Golfo, su origen–, el mismo que escandalizó al mundo en agosto pasado por el hallazgo de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados.

El nuevo encuentro de ocho fosas clandestinas con 59 cadáveres ocurrió el 6 de abril y destapó la podredumbre: los criminales asesinaban a los pasajeros de los autobuses que transitaban por la carretera de San Fernando, como ocurrió en tres corridas a finales de marzo.

El Ejército detuvo a varios implicados que señalaron los sitios de las excavaciones, y a 11 policías locales cómplices. Hasta el viernes 15 ya eran 145 los cadáveres exhumados de decenas de fosas.

Un ama de casa de Ciudad Altamirano, Guerrero, se mantiene inmóvil, recargada contra una pared de la oficina de servicios periciales. Es la presentida viuda de uno de los pasajeros del ómnibus que iba a Reynosa, donde su esposo y seis compañeros intentarían cruzar a Estados Unidos.

“Como no llegó pedimos hablar con el chofer para preguntarle, pero en la terminal nos dijeron que no reportó nada. Los de los autobuses sospechaban que les faltaba gente porque “sobraban maletas”. Hasta después el chofer nos confesó que, entre las siete y las ocho de la mañana del 29 de marzo, unos hombres armados bajaron a todo el pasaje, como a 25 gentes, y nomás dejaron irse a las dos mujeres que iban, al chofer y su ayudante”, cuenta esta madre de cuatro hijos que lleva una mochila con ropa como único equipaje.

Ninguno de los guerrerenses denunció la desaparición porque esperaban que los secuestradores pidieran rescate, como es la usanza. Entonces supo por las noticias que los cuerpos de los pasajeros eran albergados en esta morgue.

“Tengo tres días aquí, dicen que no puedo verlos, que los cuerpos están muy descompuestos… si está vivo o muerto lo quiero encontrar”, dice triste y asustada: “Borre el nombre de él, dicen que a veces los tienen vivos y si se publica, los matan”.

Otra mujer de Arcelia, Guerrero, hace fila para que le tomen la muestra de ADN para sacar a su hijo de entre los cuerpos apilados en las bolsas de basura: “Es jornalero, iba a Reynosa, salió el 28 de marzo en uno de esos camiones”.

Los forasteros que llegan a la morgue tienen que hacer al menos cuatro filas que duran horas: dos para denunciar la desaparición, dos para dejar su sangre para el cotejo genético.

En la recepción de la oficina de servicios periciales, en el tiempo de espera se escuchan las inquietudes comunes:

–Señorita, ¿no nos podrán poner las fotos de los muertos? –pregunta un ranchero anciano.

–No. Quedaron irreconocibles por el paso del tiempo y las condiciones de su muerte –contesta la recepcionista–. Sólo describiendo las ropas, tatuajes o cadenas se puede saber. Por eso se pide que dejen esos datos porque aunque hay 100 cuerpos han venido más de 400 familias buscando.

–¿Hasta cuándo nos van a decir? –pregunta frustrada una mujer con cuatro días de espera.

–Señora, es que hay muchísima gente y tenemos que mandar los paquetes para cotejar.

La oficina parece un purgatorio lleno de personas con miradas perdidas, ojos llorosos, lágrimas escurridas. A ratos se hace el silencio de un velorio, otras veces se convierte en comunidad de autoayuda.

–A veces es mejor, de una vez, el trancazo a estar todo el día pensando si estará vivo, si lo estarán golpeando, si habrá comido –dice alguien.

–Ya ni pasa la comida, nos dan una muerte lenta –dice una joven con un bebé en brazos.

–Nosotros no queremos encontrar a mi hijo aquí. Lo queremos vivo. Ya lo hemos buscado en Reynosa, Laredo, Mier. Hasta fuimos a ver unos cuerpos quemados pero no pudimos: no quedó ni un teni, ni un pantalón y así andamos –dice la mamá del cocinero Leonel Ignacio Mancilla Silva, desaparecido en un auto particular con su jefe y dos compañeros de trabajo en la carretera a Reynosa.

Hasta 100 personas al día hacen fila para ser atendidas. Algunas se persignan al momento de tomar su turno. Una anciana nerviosa suspira y dice: “Que sea lo que Dios quiera, ¿qué más?”.

Cargando recuerdos

En el predio contiguo, los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos manipulan los cadáveres. Bajan del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense. En sentido contrario sacan otros para subirlos al tráiler.

A quienes buscan a sus familiares se les encoge el corazón cuando miran, perplejos, la manipulación de los cadáveres dispuestos en el contenedor como si fueran cajas de fruta. “Dios quiera que mis familiares no estén aquí, no me da gusto ver cómo están sacando las personas del camión”, dice mientras se aleja apurada la cocinera Isidra Pérez Segundo, que en un mismo día perdió a su hijo, su nuera, su hija con ocho meses de embarazo, su yerno y un nieto de cinco años en la carretera. Ahora ella mantiene a Daira Yareli, su nieta huérfana a los cuatro años, que sonríe desde la pantalla del celular.

Los forenses apenas se dan abasto. A ratos salen a fumar para exorcizar el tufo agarrado a la garganta. Se abren el zíper de los overoles. En voz baja, porque tienen prohibido dar información, dicen que la mayoría de los asesinados que han revisado llevan las manos amarradas a la espalda y las camisetas sobre la cabeza. No van vendados. Pocos tuvieron una muerte rápida. Tres eran mujeres.

“Están muy golpeados, con golpes en el cráneo, como con un fierro, un tubo, un mazo. Así vienen los nueve que revisamos hoy. Unos ni siquiera se pueden evaluar, casi ninguno tiene disparo en la cabeza”, dice uno de ellos a Proceso.

Otro perito investigador que participó en la localización de las fosas explica que detectaron los cementerios gracias al “dedo” (informante) que los guió, porque no están al pie de la carretera ni a simple vista.

Tuvieron que excavar unos montículos hechos con maquinaria por los criminales para esconder a sus víctimas.

Este funcionario confirma que la mayoría fueron asesinados a golpe de marro. Como todos, adjudica el crimen a Los Zetas, que dominan la zona.

Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (“no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas, y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso”, dice).

–¿Por qué los habrán matado? –se pregunta al investigador.

–A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo.

Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los contrarios.

Purgatorio nacional

Ninguna autoridad se puede decir sorprendida por lo que aquí ocurre.

Sobre todo si se miran los papeles que tapizan las oficinas con mensajes como “ayúdanos a encontrarlo” y los rostros de jóvenes como Eli Octavio, de 17 años, extraviado en la carretera de San Fernando; la quinceañera Yukan Yanay, levantada en el centro de Valle Hermoso igual que el joven Francisco Felipe Maya. Son cientos.

Quienes están aquí ya recorrieron las rutas de las narcofosas. Como el anciano Crescencio Ortiz, tamaulipeco de San Fernando, cultivador de sorgo, quien busca a su hijo Adolfo, también agricultor (“y no era ni borracho ni fumador ni jugador ni nada”, aclara).

“Desde que no volvió fue andar buscando muertos tirados, ir a verlos, caminar en la orilla de la carretera o en algún monte o en las funerarias. Pedir al Ejército que nos enseñe a los que han liberado para ver si lo vieron.”

O los familiares de Natanael Arturo y Josué Arcel, hermanos defeños que fueron a McAllen a comprar ropa para el bebé del primero. Antes de desaparecer, uno de ellos envió por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hahas nada si llega a pasar algo solo avisale a mis papas. me metieron en la cajuela. no me vayas a llamar ni nada”. Sus padres han peinado Tamaulipas, esquivado “halcones”, acudido a morgues, procuradurías, PGR, Marina, Sedena, Policía Federal, derechos humanos, periodistas, las señora Wallace y Moreira, para recuperarlos.

La esperanza no muere. Se refugian en la oración, en adivinos o hasta en milagros. Como la anciana oaxaqueña que dice: “Quiero ir a la televisión con Laura (Bozzo) para ver si ella los encuentra”.

Los nervios se quiebran en la larga espera, como ocurre a la señora Guadalupe Alfaro cuando quiere anotar a su sobrino Jairo Daniel entre los desaparecidos que reclama hecha llanto: “¡Quisimos hacer la denuncia pero en la PGR de Reynosa no nos la quisieron tomar, que por seguridad de nosotros! ¡Aquí hay confabulación! Yo tuve que hacer volantes y dejarlos en todos los rincones. Anduve 15 días en las brechas de la carretera, sola, buscando y pidiendo en los retenes y la guarnición militar que me llamaran si aparecía un muerto o si rescataban a alguien”.

La gente explota cuando se entera de que el tráiler con los cadáveres fue enviado al Distrito Federal. Sienten que los separaron de los suyos una vez más.

“¡Los muertos son de Tamaulipas, los queremos aquí! Ya nos quedamos viudas con nuestros huérfanos, ¿para qué quieren exponernos yendo por las carreteras a buscarlos allá? ¿Quieren que maten a otros 500? ¿Cuánto más nos harán esperar para que no los regresen?”, grita con rabia la esposa de Agustín Jaime del Ángel, desa?parecido el 1 de diciembre en el “tramo peligroso” carretero.

La familia del matamorense Gonzalo García Casanova, que fue el primero en ser identificado el lunes anterior, reclama porque se lo llevaron al DF con los demás. “Si ya saben quién es, ¿por qué se lo llevan? Nomás nos hacen sufrir más”, lamenta su hermana, quien, como la mayoría aquí, no entiende por qué los “llevaron a pasear”.

Los episodios de rabia estallan contra cualquier funcionario que aparece y la gente reclama que el gobernador Egidio Torre no ha llegado a este lugar a solidarizarse y que Felipe Calderón nunca ha tomado esas carreteras. Los fuereños también reclaman porque nadie les avisó de los peligros de las carreteras.

El chofer de uno de los autobuses que diariamente viaja hasta Victoria reconoce ante Proceso los peligros conocidos por sus colegas: “Desde hace dos años mirabas en la noche o en la madrugada en las carreteras o en las brechas puro camionetón de 300, 400 mil pesos con las puertas abiertas, y puros pelados con armas largas. Por eso dejamos de viajar en la noche. Si vas en carro ¡aguas!, que van y te cierran en las camionetas, te tumban el carro, te secuestran o te matan”.

Sangre llama a sangre

En la fila muchas madres son las primeras voluntarias para hacerse la prueba de la sangre que les permitirá reclamar al hijo. Sus esposos las esperan en los pasillos, nerviosos. También llegan mujeres con todos sus hijos por si se requieren más genes para darle al papá una tumba.

Una niña de tres años está en la fila creyendo que la van a vacunar, porque sus tíos no le han dicho que su papá, su mamá y su hermanito están desaparecidos. Otro niño zacatecano de 12 años, hijo de Enrique Vázquez Ibarra –desaparecido en Méndez cuando regresaba con un carro usado que acababa de comprar– sostiene la foto de su papá para que lo fotografíen, mientras su tío comenta que “lo agarraron frente a la escuela, llegaron, lo cargaron, lo echaron pa’rriba”.

La mayoría de los tamaulipecos nunca había denunciado la desaparición.

Por miedo.

Con las historias que se cuentan en la espera se podría hacer una cartografía de los levantones y concluir que en estas tierras los jóvenes son reclutados a la fuerza como combatientes de reemplazo de los exterminados todos los días.

“Mi hijo iba a cumplir 22 años, trabajaba en un Oxxo, el 8 de enero se lo llevaron del trabajo. Fue en Valle Hermoso. No pudimos denunciar porque ahí no hay autoridad.”

“El mío es José Juan Zavala (obrero, padre de cuatro niños). Salió en la mañana y no volvió. En Matamoros se llevan a muchos.”

“Yo vengo por Roberto Díaz, es ayudante de albañil, lo sacaron aquí del solar de su casa.”

“Le tocó a mi hijo César Mosqueda que se lo llevaran como a muchos otros huercos. Un amiguito vino a decirme que una camioneta lo había recogido y del susto ni la camioneta quiso describir.”

“Anote al mío: Daniel Contreras Lerma, de 16 años, y a su amigo César Homero Salazar, de 18, se los llevaron del Oxxo de cuadra y media de la casa. Así pasa en Valle Hermoso: la gente va caminando y se la llevan, o te sacan de casa, y es parejo para hombres y mujeres. Y la gente que se ha escapado no quiere decir si ahí vieron a alguien.”

“A mi hermana (Luz Elena Ramírez, madre, 30 años) le hicieron señas de un carro gris, se acercó, la tomaron del hombro y ya no supimos.”

“Yo busco a Édgar Silquero Vera, gerente de una gasolinera de San Fernando. Encontramos sólo su camioneta Expedition. Se pasean en ella los marinos pero dicen que no saben nada.”

“Mi hijo tendría ahorita unos 20 años. Se lo llevaron en un levantón en San Fernando porque se llevan a todos parejo a trabajar obligados. Pero mejor borre su nombre.”

Los peritos de la morgue se dan un descanso y vuelven a salir a fumar.

Es el jueves 14. Han trabajado toda la semana y les acaban de informar que llegará otra camioneta con una docena de cuerpos.

En los noticiarios del día se anuncia que el gobierno estatal impulsará el estado como destino turístico para Semana Santa. “¡Ya ni la chingan estos cabrones!”, comenta un ministerio público enojado.

Un reportero local que observa el cansancio general comenta: “Y eso que falta que excaven todos los de Camargo, Alemán, Guardado de Arriba y de Abajo, los poblados Los Guerra y Comales, Ciudad Mier, Valle Hermoso, Anáhuac, Cruillas, González Villarreal, Nuevo Padilla, Nuevo Guerrero… Todo el estado está lleno de fosas clandestinas”.

Todo alrededor apesta.

Justicia militar: lo premian y luego… la cárcel

“A ver, cabrón, ahorita sigues tú”, le dijeron los policías judiciales militares al teniente de Caballería Roberto García Ramírez en uno de los pasillos de la zona de detención del Campo Militar Número 1 mientras en un cuarto se torturaba a otra persona.

Sudoroso, semidesnudo, con los ojos vendados, esposado y con la barba un poco crecida, el teniente escuchaba los gritos del detenido, “Sergio N”, que al parecer no estaba resistiendo el tormento, al punto de que un judicial militar se asomó para exclamar: “¡Médico, médico… se nos va!”.

A Roberto se le aceleró el corazón y empezó a sudar más profusamente. Ya sentado, se preguntaba por qué procedían contra él si apenas tres días antes, el 23 de marzo de 2009, acababa de realizar, en una casa de Culiacán, el segundo aseguramiento de dólares estadunidenses más cuantioso en la historia de las operaciones antidrogas en Sinaloa: poco más de 5 millones 100 mil dólares.

Eso justamente recordaba cuando un judicial del Ejército lo tomó del brazo para ponerlo de pie y, sin más, le dijo que se bañara, se rasurara y se cambiara de ropa para que le diera tiempo de alcanzar el vuelo de regreso a Culiacán.

Roberto no dijo nada pero su silencio fue como una pregunta para los militares. “Sergio ya cantó, tú te puedes ir… te vamos a llevar al aeropuerto”, añadieron.

Nunca vio cara a cara al tal Sergio “N”, pero tres meses después, cuando lo detuvieron por segunda ocasión, dedujo que el hombre torturado –”Sergio N” o “Teniente Sergio”– se llamaba en realidad Sergio Armando Martínez Fajardo, que en 2003 había desertado del Ejército –cuando era teniente de Infantería adscrito a la 7ª Compañía No Encuadrada en Culiacán– y que a él se atribuía un testimonio que, rendido en abril de 2009, lo involucró con el narco y motivó su reaprehensión.

Fue en esta última etapa cuando dice haberse enterado también de que el “Teniente Sergio” estaba al servicio del cártel del Chapo Guzmán, que era un operador, un reclutador de militares y policías federales y que, tras las probables torturas que siguieron a aquella de marzo, lo había señalado a él y a otros ocho oficiales, suboficiales y elementos de tropa como cómplices e integrantes de una supuesta célula al servicio del narco en esa entidad.

Recibió igualmente información en el sentido de que, luego de haber referido hechos, nombres y cifras ante autoridades militares y agentes de la SIEDO, el “Teniente Sergio” se había “esfumado” y nunca ratificó sus dichos ni ofreció pruebas contundentes de las acusaciones contra él y los demás detenidos, como la consistente en que pagaba a Roberto García 7 mil 500 dólares quincenales para que diariamente le reportara los movimientos del Ejército en Sinaloa.

Casi un héroe…

Todas estas cosas estallaban en la cabeza del Teniente Roberto García la tarde del pasado 12 de junio, dos días después de haber sido felicitado y de haber recibido un reconocimiento “su destacada actuación en la aplicación de la Directiva para el Combate al Narcotráfico, 2007-2012” por parte del alto mando por sus méritos en la lucha contra el narcotráfico.

El documento llevaba la firma del General Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, con número de matrícula 4749031, y la fecha que el teniente nunca olvidará: 10 de junio de 2009.

Por si fuera poco, la distinción al militar era otorgada por el Alto Mando en reconocimiento a su destacada labor en al menos 29 aseguramientos relevantes efectuados como oficial del 24 Regimiento de Caballería Motorizado dentro de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato.

Los aseguramientos, de los que el Teniente dio parte a la PGR, se realizaron entre el 25 de octubre de 2008 y el 7 de abril de este año.

El reconocimiento oficial a la labor del Teniente se produjo luego del aseguramiento del 23 de marzo en Culiacán, Sinaloa, en donde fueron localizados $5,107,744 en una casa localizada en el boulevard Montecarlo y calle Mito, en el fraccionamiento Montecarlo, en la salida norte de Culiacán.

En la incursión –en la que no hubo detenidos– se aseguraron además siete armas largas y tres armas cortas, 1,500 cartuchos y tres vehículos.

Como ocurre en cada operativo, el aseguramiento del 23 de marzo fue acreditado al jefe de la unidad militar participante y en el acta de Puesta a Disposición firmaron el TENIENTE DE CABALLERÍA, ROBERTO GARCÍA RAMÍREZ, el SARGENTO SEGUNDO ANTONIO LÓPEZ CANDELERO y el CABO ROBERTO GALÁN BELLO, todos pertenecientes al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

En todos los operativos antidroga efectuados por el 24 Batallón en los que participaba el Teniente Roberto García, él era el encargado de firmar las Puestas a Disposición ante la PGR.

Durante su paso por el 24 Regimiento Motorizado, el Teniente García efectuó 29 aseguramientos. Entre ellos hubo tres de especial relevancia, porque se trató de la incautación de fuertes sumas de dólares americanos para pagar nóminas de policías y funcionarios corruptos, de informantes, de infiltrados en corporaciones de seguridad y de algunos militares comprados por el narco.

Además del dinero, los militares aseguraron lotes de joyas y relojes finos, así como armas de alto poder y cartuchos útiles.

El reporte de la Puesta a Disposición del 23 de marzo de 2009 indicaba que también habían sido asegurados un lote armas largas, dos camionetas, droga y chalecos tácticos con insignias de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa.

Casi dos semanas después, la Sección (alrededor de 32 elementos) que encabezaba el Teniente Roberto García encabezó un operativo en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, en donde se efectuaron cateos en al menos tres domicilios.

En dos de ellos los militares aseguraron de nuevo fuertes sumas de dólares americanos, así como un cuantioso lote de joyas y relojes finos, armas, droga y vehículos.

En una de las casas fueron hallados 252 mil 982 dólares y un lote de 164 relojes finos, de las marcas Cartier, Rolex y Bvlgary, entre otros. También se encontraron 17 esclavas de oro, 5 cadenas de oro, 4 crucifijos con incrustaciones de piedras preciosas, 2 amillos, 5 cadenas con incrustaciones de pedrería fina y una caja fuerte abierta y vacía.

El tercer cateo volvió a quedar en la Hoja de Actuación del Teniente García, porque los elementos bajo sus órdenes hallaron un lote de 61 paquetes en los que había $2,805,635, 15 relojes finos y una caja fuerte.

También se hallaron 18 pistolas, cuatro  fusiles de asalto, una ametralladora y decenas de cargadores y cartuchos útiles.

Este numerario bastó para que él y varios de sus compañeros de unidad fueran tomados en cuenta por el alto mando para recibir reconocimientos, premios e incentivos por su “destacada actuación” en la aplicación de la directiva de lucha contra el narcotráfico.

Acompañado de su esposa y de su hijo, un pequeño que sufre problemas de salud muy especiales, el Teniente Roberto García y otros militares fueron premiados el 10 de junio en las instalaciones del Campo Militar Número Uno.

Roberto pensó que con la entrega del Reconocimiento firmado por el General Secretario Galván quedaban saldados los difíciles episodios vividos en marzo, cuando se le detuvo en Culiacán, se le trasladó al Distrito Federal vendado, esposado e incomunicado para ser sometido a todo tipo de presiones antes de decidir que con él no había problema, porque otro más ya había cantado.

Quizá en la entrega del Reconocimiento había una especie de mea culpa, algo que indicara que con él se había cometido un exceso, dos errores, tres injusticias.

En total, el Teniente García y sus soldados lograron asegurar -entre el 25 de octubre de 2008 y el 7 de abril de este año- $8,211,588, 57 vehículos, 20 paquetes de droga y 130 armas de fuego de diversos calibres.

Por eso tras recibir el reconocimiento y haber aguantado el arresto del 26 de marzo, el Teniente Roberto tomó la decisión de solicitar su baja definitiva del Ejército.

Sus jefes le dijeron que debía esperarla en Culiacán, pero él pidió regresar a su tierra, a Cerro Blanco, Veracruz, con su esposa y su hijo enfermo.

En eso estaba, cuando…

…todo un narco

El 9 de abril de 2009, el Teniente de Intendencia (prófugo) Sergio Armando Martínez Fajardo se presentó en las instalaciones de la Policía Judicial Federal Militar para ofrecer una declaración ante autoridades castrenses referente a su participación, desde 2003, en las filas del narcotráfico al servicio del cartel de Sinaloa.

La confesión del ex Teniente Sergio era inusitada pero no gratuita; si estaba ahí, si se había atrevido a regresar a la SEDENA era porque su vida corría peligro y dado su nivel de involucramiento con el crimen organizado no tenía otra opción más que presentarse a las instalaciones militares, soltar la lengua y ofrecerse como testigo protegido para salvar el pellejo por lo menos ante el Ejército Mexicano.

De hecho eso fue lo primero que deseó asentar en su declaración; que acudía ante autoridades militares porque no confiaba en la gente de la SIEDO ya que era muy corrupta y estaba infiltrada por muchos espías, no solo del cartel de Sinaloa sino también de otras organizaciones criminales.

Soltó entonces un primer nombre, el de otro ex militar (un Subteniente de Infantería) que ya había estado preso en la cárcel del Ejército en Mazatlán, Sinaloa, y aún así logró ser aceptado en un área sensible de la PGR desde la que informaba sobre movimientos, operaciones y planeamiento para capturas importantes.

El ex militar comenzó un viaje declarativo que lo llevó a explicar por qué había traicionado al Ejército y se había sumado a las filas del cartel de Sinaloa tras desertar de la 7° Compañía No Encuadrada que opera en Culiacán, Sinaloa, el 19 de marzo de 2003.

Justificó su decisión por las presiones que sobre él y su familia habían hecho los operadores y sicarios de Sinaloa, buscándolo, hostigándolo, amenazándolo de muerte a él y a su familia para que dejara al Ejército y se fuera con el cartel.

El ex Teniente Sergio cedió a las presiones y en septiembre de 2003 desertó de la 7° Compañía No Encuadrada. Según su relato a los mandos militares, sus dotes de organizador y su sangre fría le valieron ascender muy rápido en el cartel de Sinaloa y en menos de seis años ya era encargado de la logística y de la seguridad de Vicente Zambada Niebla, “el Vicentillo”, hijo del Ismael Mayo Zambada García, uno de los líderes históricos del grupo criminal.

Sin embargo, explicó, el ascenso le acarreó más responsabilidades y una de ellas era la de revisar la logística y movimientos del “Vicentillo”. La captura del hijo del Mayo fue el principio del fin para el Teniente.

El 19 de marzo de 2009, el día en que Vicente Zambada fue detenido en el Pedregal, en la Ciudad de México, los operadores y lugartenientes del cartel buscaron de inmediato al Teniente Sergio para reclamarle por la detención “del hijo del patrón”.

Está cabrón -le dijeron-, la gente te está buscando para que les expliques que pasó, cómo es que lo ubicaron, le decían.

Que te muevas para la capital, para el Distrito Federal porque te van a ver allá. Que esperes en el lugar para que te ubiquen y te digan a donde vayas, fue lo último que le dijeron en Culiacán.

Sergio entendió que iban por él, que estaba en la mira “porque me estaban echando la culpa de la captura del hijo del jefe”. No había nada qué hacer. Lo iban a cazar. Por eso se ocultó en varios puntos de Sinaloa y luego en ciudades cada vez más cercanas a la capital del país, ganando tiempo mientras el cartel se recomponía tras la captura del “Vicentillo”.

Antes de presentarse en las instalaciones de la SEDENA para soltar lo que traía y negociar con la SIEDO protección para él y su familia, el Teniente Sergio trató de arreglar las cosas con la gente de Sinaloa pero sus esfuerzos fueron nulos.

El 9 de abril por fin declaró ante los militares y no solo implicó al Teniente Roberto García Ramírez, sino a otros ocho militares y a varios civiles y agentes de la PGR que formaban parte de una red de apoyo al cartel creada aparentemente desde 2007.

En su declaración sobre el Teniente Roberto García Ramírez, el ex militar detallaba que éste pertenecía al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

“A Bobby lo conocí en un puesto de control en Navolato, Sinaloa; presentándome primero como informante, diciéndole primero como informante. Diciéndole que había sido militar y que tenía información de narcotráfico, para que agarrara confianza, inclusive le puse unas casas de narcomenudeo y después lo invité a trabajar para la organización, y aceptó la invitación por lo que a partir de ahí me entregaba todas las mañanas un informe con las actividades de su Regimiento, el cual tenía su base en la ciudad de Tehuacán, Puebla, pero se encontraba de apoyo en la Operación Culiacán-Navolato, Guamúchil, Sinaloa, pagándole a través de depósitos a un número de cuenta que en este momento no recuerdo, y por dicha información se le pagaban $7,500.00 dólares quincenales, y para que contactara más militares…”

Luego siguieron las declaraciones en las que el Teniente Sergio explicaba cómo había conocido o contactado a los ocho oficiales restantes y cuál sería su supuesto nivel de involucramiento con las operaciones del cartel en Culiacán, Navolato y en otros puntos de Sinaloa en donde la gente de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada tenían intereses.

El Teniente Sergio amplió su declaración dos días más tarde ante autoridades de la SIEDO. Para el 12 de junio, cuando el Ejército realizó las primeras detenciones y traslados del personal militar al Distrito Federal, algunos de los abogados defensores pudieron acceder al expediente para saber quién los acusaba, de qué delitos y cuáles eran los elementos de prueba firmes que se habían exhibido para proceder contra ellos.

Aparecieron de inmediato el nombre y los datos del Teniente Sergio Armando Martínez Fajardo y su odisea como desertor, operador y jefe de seguridad de Vicente Zambada Niebla y la debacle personal del ex militar tras la captura del hijo del “Mayo”.

Apareció también el argumento de la SIEDO en el expediente acerca de la naturaleza del testigo Sergio Armando Martínez Fajardo y la confusa explicación de la subprocuraduría acerca de que el ex militar, dada su condición y su situación al conocer información delicada, necesitaba protección especial.

Sin embargo, la SIEDO se negó llamarlo o reconocerlo en el expediente de la averiguación previa PGR/UEDICS/143/2009, como “testigo protegido”.

El viernes 12 de junio de 2009, la SEDENA emitió un boletín de prensa sin número en el que informaba haber detectado “que un grupo de diez oficiales subalternos filtraban información a integrantes de la organización delictiva “GUZMÁN LOERA (sic)”.

La secretaría añadía en el escueto comunicado –en el que no se mencionaron nombres ni grados– que “El día de hoy dichos militares fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para los efectos de su competencia”.

El domingo 14 de junio, la PGR emitía su comunicado de prensa 652/09, en el que precisaba los nombres y grados de nueve militares entre los que no figuraba el Teniente de Intendencia Sergio Armando Martínez Fajardo. La PGR anunciaba que desde ese día comenzaba al arraigo de los detenidos para “agotar las investigaciones en torno a su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y fomento a las actividades de narcotráfico de la organización criminal liderada por Ismael Zambada García (a) “El Mayo Zambada” (sic).

Aguanta tantito… Ya mero te vas

Seis días antes de que se cumpliera la ampliación de segundo arraigo por 40 días en contra de los 9 militares, el Juez Primero de Distrito de Nayarit, con sede en Tepic, en la causa penal 234/2009, obsequió la orden de aprehensión para enviar a los militares arraigados y a los tres ex agentes de la SIEDO al Centro Regional de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con los abogados del Teniente Roberto García Ramírez, EL Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO no aceptó en principio las pruebas ofrecidas tras la detención del oficial.

Por eso se interpuso el Juicio de Amparo 693/2009-7, con el que se buscaba obligar al MP federal a aceptar las pruebas y sobre todo a llamar a 24 testigos pertenecientes al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

La defensa del Teniente Roberto había solicitado como primer testigo de calidad en el desahogo de pruebas al General Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, para que respondiera algunas preguntas en su oficina sobre el Reconocimiento que se le había entregado al militar dos días antes de su detención.

Los abogados del Teniente pensaban preguntarle si tenía conocimiento o no acerca del historial y a hoja de servicios y de actuación que amparaba el comportamiento del detenido en el combate al narcotráfico; si el detenido estaba sujeto a algún tipo de investigación por supuestos nexos con el narcotráfico; si la SEDENA y él en particular acostumbraban entregar reconocimientos y luego detener a los militares que se habían hecho acreedores a ellos; saber cuáles eran los mecanismos con los que la SEDENA se alegaba información de su personal encargado de combatir a los cárteles de la droga y cuándo le era entregada al General Secretario.

Ya no hubo tiempo para las preguntas al titular de la SEDENA y mucho menos para que los 24 testigos del Regimiento citados por la defensa rindieran también sus testimonios, porque los abogados habían ganado el juicio de garantías el 14 de agosto para hacer que el MP admitiera las pruebas y llamara a los testigos de la parte acusada.

El segundo testigo de importancia era el Teniente Sergio Armando Martínez Fajardo, a quien se le exigirían detalles precisos sobre desde cuándo habría supuestamente reclutado al Teniente Roberto, cuánto dinero le había entregado en total, en que cuenta y sucursal bancaria, así como elementos contundentes tales como fotos, grabaciones, videos u otros que fortalecieran las acusaciones y no sólo vagos señalamientos.

El Amparo 693/2009-7 concedido por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Francisco Javier Sarabia Ascencio, le daba al Teniente la protección de la ley y obligaba al MP a citar a los testigos. Las diligencias nunca se llevaron a cabo.

Los nueve militares y los tres agentes de la SIEDO fueron consignados al penal de Chilpancingo, Guerrero, el pasado 28 de agosto bajo la acusación de presumiblemente “proporcionar información de las indagatorias que integraba la SIEDO contra miembros de esas estructuras delictivas” (Boletín de Prensa de PGR, 1062/09).

La consignación se hizo con base en los testimonios y pruebas aportadas por el Teniente Sergio Armando Martínez Fajardo, a quien la SIEDO le habría dado el nombre clave de “María Elena” para seguir aportando datos en otras averiguaciones.

De estas cosas platicaba el Teniente Roberto García durante su arraigo, cuando recordaba las palabras de sus compañeros en el Regimiento.

Los Oficiales que estaban al tanto de su situación, de la detención y traslado al Distrito Federal en marzo, y que conocían su decisión de darse de baja por todo lo ocurrido, le aconsejaban “aguanta tantito, ya mero te vas”.