Los héroes del penal de San Roque

Publicado: 4 diciembre 2008 en Alex Ayala Ugarte
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El pasado 25 de noviembre, José Luis Aranda Andia, de 54 años, renunció a su libertad. Salió de su celda al mediodía. Caminó en medio de un tumulto entre las gruesas paredes del penal de San Roque (Sucre) cargando con algunas de sus pertenencias y atravesó la puerta en un suspiro. Estaba abierta. No había policías, y bajó las gradas que conducían a la calle de una a una, pero fue incapaz de cruzar al frente. Dio media vuelta y retornó a la cárcel que le da cobijo desde hace más de 25 años.
Aquella jornada de domingo, Sucre, la ciudad blanca –conocida así por las tonalidades de sus casas– lucía gris, cubierta como por una fina lámina de ceniza. Densas humaredas, provocadas por la quema de neumáticos, se adueñaban del casco viejo de la urbe. Olía a goma derretida y a gases lacrimógenos. La temperatura bordeaba los 25 grados. Decenas de hombres se habían agrupado en distinas bocacalles de la ciudad portando piedras y palos; y algunas mujeres proveían de agua en botellones de plástico a los movilizados. Los accesos a la localidad habían sido bloqueados. La gente estaba enfurecida con la Policía.
Un día antes, los uniformados estaban resguardando el Liceo Militar, donde a ocho kilómetros de la urbe sesionaba la Asamblea Constituyente. Allá, a las 20:30 horas, tras la lectura del índice, sin detallarse el texto, fue aprobada en grande la nueva Carta Magna con el respaldo de 136 de los 138 constituyentes presentes, de 255 elegidos en 2006. Esta situación enfureció a los manifestantes, que exigían al cónclave que los poderes Ejecutivo y Legislativo se trasladaran a la ciudad de Sucre. Hubo enfrentamiento con los uniformados. El saldo: más de 150 heridos, 60 detenidos y tres muertos.
A la mañana siguiente, puntual, como de costumbre, José Luis Aranda, condenado a 30 años de reclusión por homicidio, se levantó a las cuatro y media de la mañana. realizó sus ejercicios físicos. Se dio una ducha rápida, arregló su celda, puso música clásica –su preferida– y comenzó a escribir en su computadora, ajeno a todo. A las 12:00, tocaron a su puerta.
“Pensé que era el almuerzo, pero un interno me dijo que querían hacer explotar unas garrafas en la cancha, detrás de mi pieza. Salí y me fui a parar al patio. Algunos compañeros entraban y salían sacando sus cosas. Todo estaba destrozado: la dirección, los equipos, los libros… Hasta más o menos las 14:00 permanecí aquí sin saber qué hacer. Personas extrañas, ajenas al penal y con el rostro semitapado y huntado con bicarbonato, vinieron a saquear y a asustar a los reclusos. ‘Salgan, porque si no vamos a quemarles’, nos decían. El desconcierto generó un motín que arrancó la reja e hizo huir a la Policía”, recuerda ahora, casi cinco meses después de estos sucesos.
Según Deysi Aguilar, directora de Régimen Penitenciario en el departamento de Chuquisaca, más de la mitad de los 133 reclusos se fugaron en ese momento; y fueron entre 50 y 60 los que no escaparon o los que después volvieron. Algunos, con penas elevadas, por homicidio, violación y narcotráfico, que aquel 25 de noviembre tomaron una decisión valiente: quedarse a cumplir su pena, a seguir contando su vida en años, meses, días y horas… Ya están acostumbrados a perder. Y en esta ocasión prefirieron perder su libertad a permanecer en la clandestinidad durante toda una vida.
“¿Yo a dónde hubiera ido?”, se pregunta Aranda. En La Paz, era empleado de un hotel. En Sucre, no conoce a casi nadie.

Candado y alambres
¡Visitaaaa! ¡Filemón Roooque! ¡Visita! Filemón Roque es delegado de los internos. Lo sorprendo en su celda, mientras ajusta las cuerdas de un charango que le ayuda a matar el tiempo. Calza un gorro de lana oscuro sobre su cabeza. El cuello azul de su camisa sobresale por encima del de su chompa. Tiene 57 años. Su sentencia, por tráfico de estupefacientes, es de 12, y apenas ha cumplido uno y unos meses. Luce bigote, y una hilera de sillas de madera ocupa la mayor parte de su pieza. “Las vendo para sobrevivir. Los Bs. 4,50 de prediario apenas alcanzan para un pan, un té y un plato de sopa. Yo tengo que mandar plata a mis cinco hijos”. Los enseres de Filemón son pocos: un catre, algunos discos de música y cuatro o cinco cosas más que se reparten por su pieza.
El 25 de noviembre, Roque señala que formaron a las ocho para pasar lista, y comenzaron a escuchar petardos en el exterior hacia las diez de la mañana. “Luego –indica–, los internos que se amotinaron quemaron todo lo que pudieron llantas y maderas. Los vigilantes fueron rebasados por esos reos –que arrancaron la puerta principal– y los manifestantes, que se entraron. Los que no nos evadimos fuimos los que resguardamos el recinto penitenciario”.
A media tarde, sin Policía –que se había replegado a Potosí por órdenes superiores–, cuando retornó una cierta calma, Roque y otros internos consiguieron algo de alambre y un candado para blindar el penal. El mundo al revés: los mismos internos custodiaron la cárcel. Esa noche, hicieron turnos de vigilancia. Subieron a los tejados para controlar los dos mil metros cuadrados del recinto. Paradójicamente, para que nadie entrara. No había quien salga. Ellos permanecían allá por propia voluntad.
“Como ciudadanos, es nuestro deber cumplir las penas. Yo no quería estar prófugo toda la vida. Prefiero cumplir mi condena para volver después con mi familia”, confiesa Roque con voz pausada.

Noche en vela
El 25 de noviembre Daysi Aguilar, la directora de Régimen Penitenciario, se enteró por los noticieros de que habían quemado varios cuarteles de la Policía y las oficinas de Bomberos y de Tránsito.
Luego, recibió una llamada desde el penal. “Era del interno Landívar –relata–. Estaba muy nervioso. Ya se habían entrado los manifestantes, y me fui para el recinto.” No había taxis ni autobuses y, desde su casa, en el barrio Alto Delicias, Daysi demoró 45 minutos en llegar. “En las inmediaciones, escuché lo que parecía un tiroteo. Una vez dentro, vi botellas y piedras en el suelo. Los vigilantes, acosados por reos y manifestantes, vestidos de civil para salvaguardar su integridad, tenían miedo. Querían irse. Ya no se podía hacer nada.”
En la oficina de Deysi, un cartel con fondo rojo avisa sobre el estatus de prófugo de uno de los antiguos internos. La sala, después de la revuelta, ha sido refaccionada. El 25 de noviembre se robaron archivos, material médico y de oficina, armamento policial y se destrozaron equipos.
La cárcel de San Roque siempre había sido un lugar más o menos tranquilo. Entre los reportes de los pasados años, se hallan registrados una fuga el 2002, un intento frustrado el 2003, la construcción de un túnel ese mismo año, un amotinamiento el 2004 y algunos hechos más de menor importancia. Sin embargo, noviembre de 2006 marcó un antes y un después en el día a día de este recinto penitenciario, no tanto por la fuga masiva que fue reflejada en todos los medios de comunicación, sino por los homicidas, violadores, narcotraficantes a pequeña escala y ladrones, invisibles para la prensa, que, sin vigilancia policial, al quedarse en el penal, de alguna manera, se habían convertido en héroes.
El día de la revuelta, Deysi decidió quedarse a dormir en el reclusorio, en el pabellón de las internas. Pasó toda la noche en vela. Su seguridad, por primera vez en la historia de una penitenciaría de Bolivia, estaba encabezada por los mismos reos.

¡Se viene la capitalía!
De las ocho internas que aún permanecen enclaustradas en San Roque, cinco pernoctaron junto a Deysi durante aquellas tensas horas. Miriam, la delegada de las mujeres, combate el frío con una chompa que le cubre hasta más allá del tronco Su cara es muy delgada. Lana e hilos se deslizan entre los dedos de las manos de sus compañeras. Una uniformada teje con ellas mientras las vigila.
“Cuando ocurrió todo –hace memoria Miriam–, estábamos cocinando. Vimos humo afuera. Los policías corrían por el techo. Escuchamos muchos gritos. Fue terrible. Hubo una turba de internos. Los manifestantes entraron a saquear las celdas. ‘Van a venir los Ponchos Rojos’, nos decían. Pero no nos movimos. Poner un pie fuera de aquí, significa un castigo”.
Fue un caos. Las reclusas sacaron de sus piezas ollas, radios y algunos enseres personales. Y salieron del penal durante algunos minutos, pero únicamente para poner en resguardo a sus hijos. “Era peligroso. Tuvimos que apagar incluso una garrafa de gas que estaba ardiendo con una frazada. Hasta hoy, cuando retumba algún petardo cerca, nuestros niños se asustan. ‘¡Se viene la capitalía!’, gritan, y quieren esconderse dentro de las celdas”.

El falso policía
Aquel 25 de noviembre, el mayor Grover Barea, de 40 años, que está encargado de la seguridad de San Roque desde el 2006, se hallaba acuartelado por los disturbios dentro del Comando Departamental de la Policía. “El problema se inició a las nueve de la mañana. Según los informes, grupos de manifestantes pasaban por el frontis arrojando objetos contundentes y bombas molotov, amenazando de muerte al personal de seguridad. Más tarde, la población penitenciaria se amotinó”.
En las fotografías que se tomaron tras la surrealista jornada, puede apreciarse que los cerrojos permanecían intactos. “Lo que hicieron fue arrancar la puerta de un costado –aclara Baera–. Nos robaron una metralleta, uniformes y otras armas. Entonces, di la orden a mis hombres de que se vistieran con ropa de calle”. A las 12:45 horas, pasó por el frente del penal toda la guarnición policial de Chuquisaca, que siguiendo las disposiciones de sus mandos superiores se estaba retirando a Potosí, dejando a Sucre sin fuerzas de seguridad pública. Los vigilantes de la cárcel, acosados de uno y otro lado, les dieron alcance al poco rato.
“Era día de visita, y ayudamos a salir a alguna gente, atrapada en medio de los incendios. Algunos canales de televisión dijeron que habíamos incitado a los presos a fugarse, pero eso es todo mentira”.
Ninguno de los efectivos policiales de los destinados a San Roque resultó herido de gravedad. Pero el recluso Marco Fernández no tuvo tanta suerte. Él robó un chaleco antidisturbios y, cuando estaba huyendo, fue asaltado por la turba de manifestantes. Lo confundieron con un policía y lo lincharon. Lo patearon. Acabó en el hospital, en coma. Casi se muere.

Después de la tormenta
El 26 de noviembre, San Roque amaneció en calma, pero sin ninguna clase de resguardo policial. Algunos de los presos escapados, comenzaron a volver. “Félix Ocampo –cuenta Deysi Aguilar– me llamó para preguntarme si podía retornar porque los alquileres afuera eran caros”. Su caso fue el de muchos. Mientras, los reclusos se organizaron en varios grupos: unos vigilaban, otros se encargaron de la limpieza y los arreglos –no había luz– y otra parte salía a la calle a buscar comida. “Aunque algunos vecinos nos trajeron también té y algunos víveres”, reconoce Rómulo Cahiuara, con una sentencia de 15 años por violación.
En los patios, parecía que había pasado un huracán. A varios de los presos les robaron sus ropas, sus radiecitas y sus televisiones. Y, a lo largo de la mañana, llegaron las primeras amenazas telefónicas. “Eran de los presos que se habían ido. Decían que nos matarían si no nos íbamos”, apunta Richard Gutiérrez, con una pena de 13 años y cuatro meses por una violación.
Ante esa situación de alarma, Deysi Aguilar dio permiso a los que quisieron para marcharse a sus hogares hasta que todo se normalizara. “Venían nada más a la mañana y la tarde a firmar en un libro de actas. Eran puntuales. Los taxistas me contaban que les decían: al penal, tengo que estar a las 8:30 en punto, por favor”.
Las mujeres fueron acogidas durante ése y los siguientes días por evangelistas, hasta que la Policía finalmente retornó. Eso fue el 29 de noviembre. La madrugada anterior, Julio César Hervarey, sentenciado a cinco años por abuso deshonesto, despúes de haber sido custodio del penal durante los momentos de mayor zozobra, desapareció. Según Aguilar, lo encontraron trabajando como efectivo de seguridad en un local nocturno. “Hay que comprender. Muchos reos necesitan plata para mandar a sus familias”, justifica la directora de Régimen Penitenciario.

Entre cuatro paredes
Hoy, entre las cuatro paredes del penal, la vida continúa. Su población actual es de 90 reclusos, y parte de los reos que se fugaron han sido ya recapturados. Según un informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en las 54 cárceles del país el 40 por ciento está preso por la Ley 1008 –vinculada a los asuntos de narcotráfico–, el 12 por ciento por violencia, el 9 por ciento por asesinato, el 12 por ciento por robo agravado, el 9 por ciento por asesinato, el 5 por ciento por homicidio y el 22 por ciento por otros delitos.
En mayor o menor medida, en San Roque estas cifras se repiten. La mayor parte está retenida por tráfico de estupefacientes y muchos permanecen allá ya desde hace meses de manera preventiva, sin que se haya emitido su sentencia.
No es el caso de Modesto Wilca, de 35 años, con condena por tráfico de estupefacientes, quien en su pequeña celda tiene gomas, tiras de cuero, martillo y otros materiales y herramientas repartidos en diferentes estanterías de madera. Con todo eso trabaja para la reducción de su pena. Hace sandalias para luego venderlas a una mayorista del exterior.
“Ojalá nos den algún tipo de beneficio por habernos quedado en el penal el pasado 25 de noviembre”, reclama. Wilca se refiere a un proyecto de ley que ha sido enviado ya al Congreso solicitando el indulto para 14 reclusos y la reducción de penas para otros 29.
Cuando salgo de su pieza, Willca saca un cuchillo para dar los últimos ajustes a un calzado. Desde que se evadieron de San Roque los presos conflictivos, esta clase de “armas” no representan un problema. Los mismos presos se encargan de la disciplina. Dicen que no desaparece ni un jabón, que todo está tranquilo.

Premios y castigos

Willy Iván Guzmán, de 34 años, sentenciado a 10 por narcotráfico, atiende un pequeño negocio de abarrotes en su celda. Vende sodas, chocolates y otros productos similares. “La vida es dura acá –me confiesa–. Aún me falta por cumplir más de nueve años, pero decidí permanecer aquí aún teniendo la oportunidad de ser libre. Lo hice pensando sobre todo en mi familia”.
Willy escucha música en unos audífonos mientras acullica hoja de coca. Y, como muchos otros, piensa que su actitud el pasado 25 de noviembre se merece un premio. “En este mundo, el que no cae resbala y al que no resbala otros lo empujan. Todos pueden terminar algún día entre barrotes. Por eso, las autoridades deberían tomar en cuenta lo que hicimos, nuestro valor civil. Si no lo hacen, a lo mejor vuelve a ocurrir lo mismo y nadie se queda”.
En el penal, lo peor es la monotonía. Cada jornada es un calco perfecto de la anterior. A la mañana: conteo, desayuno y almuerzo. A la tarde, la inversa: tecito, conteo y vuelta al catre. Las visitas son martes, jueves, sábados y domingos. Pero algunos, como Pablo Ortega, que está en San Roque por homicidio, no las reciben muy a menudo. “Yo no soy de Sucre, soy de una comunidad que está lejos de aquí. Tengo ocho hijos, y sólo a veces viene mi mujer con alguno de los chiquitos”, dice.
Ortega pareciera que está en la misma posición desde que entró a su celda, hace ya un año y tres meses. Peina canas, y lo habitual es verle sentado encima de su cama de una plaza, pues su pieza es a la vez taller y dormitorio. Él, como otros, elabora abarcas.
Dentro de las rutinas carcelarias, las partidas de cartas, el deporte en las canchas y los juegos de cacho son lo habitual. “Tampoco hay mucho más que hacer”, reconoce un lacónico Ortega.

Epílogo
Desde lejos, al final de la calle Bolívar, el penal de San Roque parece una casa de muñecas. Sus paredes blancas –de ladrillo por fuera y adobe por dentro– están descascaradas. Hay cinco torres de vigilancia y 42 policías, que se distribuyen en dos grupos. Es decir, toca a poco más de cuatro reos por cada efectivo. Para una cárcel en la que casi la mitad de sus reclusos no escaparon cuando no había vigilancia quizá sea más que suficiente.
Un ejemplo vivo de semejante circunstancia es José Luis Aranda Andia, que vio la libertad a un solo palmo de su cara, pero prefirió las humedades de su celda. Allá están sus compactos de Vivaldi y de Beethoven. Allá está su computadora, en la que realiza transcripciones para sacarse algunos pesos. Allá está también su casa. Y no podía ser de otra manera luego de 25 años de reclusión indefinida.

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