Código Rojo

Conocí a la periodista Lydia Cacho tres días después de que el albergue que fundó para víctimas de la violencia sexual doméstica y trata de personas en Cancún —el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM)—, fue atacado por un comando armado, al mismo tiempo que ella, que estaba fuera de sus oficinas, recibió una alerta telefónica de no ir por ayuda a la policía local, porque planeaban «levantarla» y matarla. La autora del libro Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, había encontrado días antes una amenaza de muerte en su blog. Una más en siete años.

Nos encontramos para la entrevista en medio de un clima de zozobra. El CIAM, que en la actualidad alberga a 30 mujeres e infantes, estaba en Código Rojo, cerrado a visitas y periodistas, sin que los gobiernos municipal, estatal o federal asumieran la responsabilidad de salvaguardarlo. Y el encuentro con Lydia Cacho, que originalmente se haría en Cancún, se movió de forma inesperada a la ciudad de México por razones de seguridad. No era para menos. El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió medidas de protección en favor suyo y de las integrantes del CIAM al gobierno de Felipe Calderón. Está por cumplirse el año de tal petición, y el Estado no ha cumplido. La vida e integridad de uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en el mundo, está en peligro.

Lydia y yo nos vimos un jueves por la tarde, en la víspera de su partida a Madrid con motivo del lanzamiento de su sexto libro, Esclavas del poder, sobre las redes internacionales de tráfico sexual. Durante su gira ella recibiría dos distinciones que, aunadas a otras más, reconocen su ejercicio periodístico y activismo en pro de los derechos humanos: la ONU la designó embajadora “Corazón azul” por su campaña contra la trata de personas, y el Instituto Internacional de Prensa (IPI), con sede en Viena, la nombró “Heroína de la libertad de prensa”. Pese a lo que implicaba su viaje, éste no era el momento más feliz para Lydia Cacho.

La cita fue a las dos de la tarde en una casa de la colonia Condesa de tres pisos, estilo minimalista, amplia y luminosa. Ahí vive su pareja, el periodista Jorge Zepeda Patterson. Llegué en compañía de los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas y Mario Patrón, que están llevando su caso ante la CIDH. El fotógrafo Zony Maya estaba presente, listo para iniciar la sesión de fotos. Todos esperábamos sentados en la sala blanca de la estancia, cuando una pisada firme sonó en la escalera de madera. Lydia Cacho apareció. Pensé que era más alta, por la fuerza que proyecta en sus fotografías. Es una mujer guapa, cuerpo torneado, ojos y melena azabaches, piel ligeramente tostada. Lucía jeans y camiseta negros, ajustados al cuerpo, y zapatos altos del mismo color. Su rostro tenía la expresión grave que le he visto en algunas imágenes, y su mirada guardaba la vigilia de los últimos días. Más bien de los últimos años. Una sonrisa cansada asomó en el saludo.

Lydia Cacho fue amenazada de muerte por primera vez en 2003, cuando a partir del testimonio de una víctima, con seudónimo Emma, escribió que el empresario libanés Jean Succar Kuri encabezaba una mafia de tráfico sexual infantil en Cancún. Más información fue difundida en medios locales, y el hombre se fugó a Estados Unidos. Meses después fue detenido y extraditado a México bajo acusaciones de pornografía infantil, corrupción de menores y violación equiparada. La periodista continuó con la investigación y en 2005 publicó Los demonios del Edén, en el que exhibió los nexos del libanés con políticos poderosos en redes de pornografía y explotación sexual infantil. La obra cimbró a la clase política. Los testimonios de víctimas involucraron a Miguel Ángel Yunes, entonces subsecretario de Seguridad Pública, ahora candidato a gobernador de Veracruz por el Partido Acción Nacional (PAN), al ex legislador Emilio Gamboa Patrón del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como al influyente empresario libanés Kamel Nacif Borge, entre otros. Ellos negaron las acusaciones.

Cuando el libro se difundió, comenzó la escalada de violencia en contra de la periodista. A los siete meses de su publicación, Kamel Nacif, amigo de Jean Succar Kuri, la demandó por difamación y calumnia sin que ella fuera notificada. El libanés radicaba en Puebla, y pidió ayuda a su amigo, el gobernador poblano Mario Marín. En secrecía, el gobernador movilizó su aparato policiaco y de procuración de justicia para que la periodista fuera trasladada por la fuerza de Cancún a Puebla, en un viaje de horror de 20 horas. Mientras el traslado estaba en curso, la llamada telefónica intervenida entre el empresario y el gobernador, evidenció la maquinación. “Mi góber precioso”, le dijo el libanés al poblano en agradecimiento. Según las evidencias penales del caso, se planeaba encarcelar y violar a Lydia Cacho. No obstante, cuando se le ingresó a la cárcel, sus familiares y amistades lograron rescatarla.

La periodista interpuso tres demandas penales contra quienes resulten responsables. La primera, por lo que Lydia Cacho llama “secuestro legal” de 2005. La segunda, por tentativa de homicidio en 2008, cuando, a pesar del resguardo de una escolta federal, los birlos de las llantas de su camioneta fueron limados. La tercera integra todas las amenazas y los hostigamientos en su contra durante 2009. Su infierno la convirtió en la figura más emblemática en la lucha por la libertad de expresión en México, y encarna la creciente vulnerabilidad del gremio en el país, pues según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), éste ocupa el segundo lugar de asesinatos de comunicadores en el planeta.

El caso del mencionado “secuestro legal” llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, pero fue desechado por una mayoría de ministros que desestimó el concierto de complicidades para silenciarla. Peor aún. A la fecha, ninguna de las tres denuncias ha llegado a los tribunales. “Y no hay responsable alguno detenido”, dijo su abogada Cynthia Cárdenas, de Artículo 19. La justicia también se detuvo para Jean Succar Kuri, pues a siete años de su captura no recibe sentencia. En marzo pasado el libanés fue trasladado de un penal de máxima seguridad a la cárcel municipal de Cancún, fácilmente corruptible. Un centenar de presos se fugó de ahí hace cuatro años. La vulnerabilidad de la mujer reconocida con el premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional se acrecentó potencialmente. Vive sola, y tras el incidente de la camioneta, rechazó continuar con escolta. Lydia Cacho vive en Código Rojo permanente.

***

La maquillista preparaba a Lydia Cacho para la sesión de fotos en el pasillo que conecta a la estancia con la cocina, por ahí entra la luz exterior de la terraza. Zony Maya y yo esperábamos en la sala. La veíamos de espalda, sentada en una silla. Me dio sed. Caminé hacia la cocina y pedí de favor un vaso con agua. Me acerqué a las dos mujeres. “Te ves cansada”, le dije a Lydia, mientras mantenía la cabeza erguida y el maquillaje cubría sus ojeras. “Con lo que pasó no he dormido bien, y acabo de llegar del aeropuerto”.

La sesión fotográfica comenzó y fue un pequeño tormento para Lydia. Fueron dos horas y media de fotos en la escalera, la terraza de la azotea y el patio inferior. La luz natural se alteraba en segundos por las nubes caprichosas. La periodista, en actitud estoica, hacía inspiraciones profundas, propias del yoga que ejercita, antes de voltear a la cámara. Zony Maya era el único divertido. “¡Así es!, ¡me gusta!, ¡me gusta!”.

Al terminar la sesión, Lydia Cacho me pidió posponer la entrevista para después de la comida. Así lo hicimos. La encontré más relajada, calzada con mocasines. Nos sentamos en la sala. Le pregunté de su infancia. Luego, la plática fluyó hacia su adolescencia, su incursión periodística, y cómo no ve conflicto entre ser periodista y ser militante: “Ser activista es ser ciudadana, y ser periodista es mi profesión”. Subió los pies al sillón, se veía cómoda. Así transcurrió más de hora y media. Las tazas de té quedaron vacías. Quise hacer un alto, propio al entrar a temas delicados.

—Lydia, ¿podemos parar un momento y seguir con la historia del secuestro? —deslicé.

—Ahora no quiero hablar de eso, viene en mi libro —tomó las tazas y se las llevó para servirlas de nuevo. No insistí.

Lydia Cacho nació en la ciudad de México en un hogar de clase media alta formado por una pareja de contrastes: un ingeniero con formación rígida, “hijo de un militar solitario”, y una psicóloga y sexóloga francesa, liberal y feminista, hija de madre francesa y padre portugués. Los padres de Lydia Cacho procrearon a tres hombres y tres mujeres. Ella fue la cuarta. Creció en el barrio de Mixcoac y estudió en el Colegio Madrid, fundado por exiliados españoles. La niña fue permeada por el liberalismo del colegio y el feminismo de la madre. Su padre le reprochaba a ésta: “Estás criando a unas hijas que ningún hombre va a querer en este país”. La madre también acercó a su prole al dolor ajeno, pues estableció vínculos con niños de la calle, escuchaba sus historias. Esa experiencia la marcó. La niña ganó un concurso de poesía en la secundaria. Tomó un taller literario, pero su maestro rápidamente le presagió: “Tú no sirves para poeta porque estás demasiado preocupada con la realidad, tú sirves para periodista”. Con los años el presagio se cumplió.

Lydia Cacho pronto dio muestras de independencia y aplomo. Primero, a los 17 años, trabajó en la preproducción de la película Dune (1984) de Dino de Laurentiis. Después vivió un tiempo con familiares en París para estudiar Historia del Arte. Decidió ser periodista. Pero a su regreso, un conocido le sugirió no estudiar la carrera, sino aprender por su lado historia, sociología, y técnicas de periodismo. Así lo hizo. Un día agarró sus cosas y se fue a vivir a Cancún. Ella está enamorada del mar. Tiempo después se casó. Su matrimonio duró 13 años.

La joven rápidamente se adentró en los medios locales, como en la revista Cancunísimo, y contactó a la generación de periodistas feministas más importantes en los ochenta, como Sara Lovera, fundadora del suplemento Doble Jornada de La Jornada, y Esperanza Brito, de la revista Fem. Luego conoció a otras feministas renombradas: Marcela Lagarde, Marta Lamas, Mirta Rodríguez. La joven fundó la primera revista feminista del estado, Esta boca es mía: apuntes de equidad de género, de la cual también hizo una edición televisiva. Luego se integró a la red nacional y latinoamericana de periodistas impulsada por Sara Lovera por medio de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

Lucía Lagunes, actual directora de CIMAC, conoció en esa época a Lydia Cacho, la vio desenvolverse en las reuniones de comunicadoras feministas. Me dijo: “Es amorosa, muestra entusiasmo y liderazgo sin tener que aplastar a nadie más ni ser la estrella, sabe avanzar y cobijar”. A principios de los noventa Lydia Cacho y un grupo de amigas abrieron un espacio radiofónico llamado Estas mujeres. Con llamadas de las radioescuchas constató la multitud de casos de violencia intrafamiliar. De ahí nació su idea de crear el CIAM, fundado formalmente en el año 2000. Tres años después conoció a la primera víctima del pederasta Jean Succar Kuri. Y el edén en el que ella vivía, se pobló de demonios.

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La primera vez que Lydia Cacho se adentró al caso de Jean Succar Kuri, en noviembre de 2003, fue a días de que el pederasta se fugara a Estados Unidos por la denuncia penal que una de sus víctimas, Emma, interpuso en su contra. La joven buscó a la periodista para que recogiera su historia. Así lo hizo. Su investigación la llevó a otros casos en los que más nombres de niñas y niños surgieron. “Entre todos los nombres conté 200 de criaturas de entre seis y 13 años de edad”. Salía a la luz una red internacional de trata sexual infantil. Una buena parte de las víctimas eran hijas de madres solteras y empobrecidas, aunque también había otras de familias pudientes. En Los demonios del Edén la autora señaló que el libanés sesentón, conocido como el Johnny, de estatura baja, de personalidad hosca y seductora a la vez, públicamente era un empresario inmobiliario. Pero en realidad, era el protegido y prestanombres de Kamel Nacif, también de baja estatura, trato prepotente y dueño de un emporio textilero mundial por el que es conocido como El rey de la mezclilla.

Lydia Cacho grabó el testimonio de Emma que daba cuenta de cómo el Johnny rondaba escuelas en busca de víctimas. También la chica le contó de las fiestas que el libanés organizaba, y en las que niñas y niños eran “intercambiados” por sus invitados para ser vejados sexualmente. Según Emma, a las fiestas del Johnny acudía su paisano Kamel Nacif, así como políticos renombrados, como Miguel Ángel Yunes, que meses antes renunció al PRI para irse al PAN y fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública. La periodista escribió del tema en la prensa y asegura que el Johnny, desde su clandestinidad, la llamó para amenazarla de muerte. Ella no se amedrentó, denunció a todos en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después vino el soborno. A Lydia Cacho le ofrecieron un millón de dólares para el CIAM. “El tipo que me buscó dijo ir de parte del legislador Emilio Gamboa, lo mandé a volar y me insultó. Me dijo: ¡Eres una pendeja! ¡No entiendes dónde te estás metiendo!”.

Finalmente, Los demonios del Edén fue publicado por Random House Mondadori. La presentación de la obra se programó para el 19 de mayo de 2005, pero en la víspera, mencionó la feminista, Miguel Ángel Yunes llamó al editor Faustino Linares para exigirle que la cancelara. El político había publicado desmentidos de las acusaciones en su contra en los diarios. Lydia se comunicó con José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la SIEDO, y le comentó la situación. Para su sorpresa, éste envió agentes federales a resguardar la Casa de Cultura Jaime Sabines, sitio de la presentación. “¿El zar antidrogas me mandaba cuidar del subsecretario de Seguridad Pública? ¿Qué era eso?”, se pregunta.

Un mes después del lanzamiento del libro, Kamel Nacif denunció a la periodista por difamación y calumnia ante las autoridades de Puebla, ubicada a 1 500 kilómetros de distancia de Cancún. Lo que parecía un disparate, era la confabulación entre los gobiernos de Puebla y Quintana Roo contra la periodista. El golpe se materializó seis meses después. El 16 de diciembre al mediodía, en la víspera de las vacaciones decembrinas, Lydia Cacho llegó a las instalaciones del CIAM, fue abordada por tres policías judiciales que evadieron a su escolta federal y la obligaron a subir a un automóvil. Se la llevaron. Las evidencias del caso probaron que detrás, en una camioneta, iba Kamel Nacif. Primero condujeron a la periodista a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo. Integrantes del CIAM fueron infructuosamente en su búsqueda. Luego, para evitar que la vieran, la sacaron por la puerta trasera de la dependencia con destino a Puebla.

En Memorias de una infamia Lydia Cacho detalló la serie de ultrajes a los que los policías José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas la sometieron en 22 horas de camino: le negaron medicinas, a pesar de que aún no se recuperaba de una neumonía por la que estuvo hospitalizada; impidieron que llevara abrigo; en la noche simularon una tentativa de ejecución en la playa; uno de ellos introdujo su pistola en la boca de la activista de forma lasciva, luego la recorrió por su cuerpo, al que también manoseó; la intimidaron verbalmente; le dieron sólo un alimento y algo de bebida, le negaron hacer llamadas telefónicas.

El equipo del CIAM llamó con urgencia a la red de contactos de su directora. Periodistas, feministas, familiares, diplomáticos, funcionarias, se movilizaron. Una de las primeras llamadas fue al periodista Jorge Zepeda Patterson, que ya era pareja sentimental de Lydia Cacho. “Recibí la llamada con mucha preocupación”, dijo en entrevista en su oficina de El Universal en el centro de la capital mexicana. El periodista contactó a otros colegas, la información se difundió y, desconociendo la conspiración, buscó por distintos medios que el gobernador poblano fuera notificado del asunto.

En Memorias de una infamia la autora explicó cómo a su llegada a Puebla todo estaba planeado para ingresarla de inmediato a prisión, donde sería violada. Sin embargo, la senadora Lucero Saldaña, Alicia Pérez Duarte, entonces fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, y sus seres queridos, hicieron presencia y lograron excarcelarla. “Lydia iba en estado de shock”, dijo la ex fiscal en entrevista en un restaurante de la Plaza San Jacinto en la capital mexicana.

La historia no paró ahí. Empezó un tormentoso proceso jurídico en su contra, plagado de atropellos. No obstante, dos meses después, el 14 de febrero de 2006, fueron difundidas 12 conversaciones telefónicas intervenidas que mostraron el concierto de complicidades de Kamel Nacif con el gobernador Mario Marín, entre otros personajes. Las grabaciones, hechas del 16 al 24 de diciembre de 2005, fueron filtradas a las periodistas Blanche Petrich de La Jornada y Carmen Aristegui, entonces conductora del noticiario de W Radio. Fue un escándalo mayúsculo. En una de las grabaciones, se escuchó la charla entre Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín:

KN: “Mi góber precioso”.

MM: “Mi héroe, chingao”.

KN: “No, tú eres el héroe de esta película, papá”.

MM: “Pues ya le acabé de dar un pinche coscorrón a esa vieja cabrona […]”.

Días después, 40 mil personas marchaban en Puebla exigiendo la renuncia de Mario Marín. Apenas comenzaba marzo cuando la fiscal, recién encargada formalmente del caso de Lydia Cacho, hizo revelaciones que merecieron los titulares de La Jornada: Jean Succar Kuri era sólo una pieza en una red de redes de pederastia, turismo sexual y trata de personas en la capital mexicana, Estado de México, Baja California, Puebla, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, con nexos internacionales. También confirmó que Miguel Ángel Yunes era mencionado por las víctimas. La ex fiscal refirió que a partir de entonces su línea telefónica fue intervenida y “vino la obstaculización” a su investigación por instancias internas de la Procuraduría General de la República (PGR).

La resonancia del caso hizo que en abril el Congreso de la Unión solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar si había elementos para hacer juicio político al gobernador poblano. Poco después la periodista fue contactada por José Nemesio Lugo Félix, secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Sancionar Trata de Personas del gobierno federal. En su libro Esclavas del poder, la autora narró que en un encuentro anterior el funcionario le dijo que investigaba a funcionarios y a algunos familiares de los gobiernos de Nuevo León y Baja California Norte por el tráfico sexual de personas. Quedaron de verse más adelante. Ya no fue posible. El 8 de mayo la periodista sufrió el atentado de su camioneta. Una semana después, el funcionario “fue asesinado de ocho tiros a escasos metros de su oficina”.

En septiembre, la SCJN amplió la indagatoria hacia la violación de derechos humanos contra la periodista. La comisión especial de la SCJN, a cargo del ministro Juan N. Silva Meza, resolvió finalmente, en noviembre de 2007, casi dos años después de los hechos en Puebla, que sí hubo acciones concertadas de Mario Marín que vulneraron las garantías individuales de Lydia Cacho. No obstante, en la votación, una mayoría de seis ministros contra cuatro, se negó la acreditación de los supuestos. “Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”, reprochó el ministro Salvador Aguirre Anguiano. Sobre la resolución de la Corte, Jorge Zepeda Patterson concluyó: “Mario Marín se sostuvo porque el PRI juzgó que si caía, se irían sobre Emilio Gamboa Patrón, el operador del partido en la Cámara”.

Tras la resolución de la Corte, la fiscal Alicia Pérez Duarte dejó su cargo. “Renuncié por vergüenza de pertenecer a un sistema de procuración de justicia tan inútil y corrupto como el que constaté desde dentro”, precisó. Ella volvió a la academia. Pero el hostigamiento prosiguió. Hace un año fue víctima de vigilancia y, al igual que Lydia Cacho, sufrió un atentado en su automóvil que casi le cuesta un accidente. “Los cuatro birlos de las cuatro llantas fueron aflojados”. No denunció. “¿Para qué?”. Por su lado, los ministros disidentes, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, publicaron en 2009 sus posiciones en el libro Las costumbres del poder: el caso Lydia Cacho. Al respecto, Góngora escribió: “¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar libros por temor a una represalia como la que sufrió la citada periodista, máxime al observar que a más de dos años de los sucesos los responsables siguen impunes? Es algo que nunca sabremos, y por eso es una tragedia para la libertad de expresión”.

***

El CIAM en Cancún es como una pequeña fortaleza. La casa de tres pisos, color amarillo pálido, está erigida en una colonia popular, lejos de las playas de la zona hotelera. Ahí todo es cemento. La casa tiene videocámaras de vigilancia, alambrado eléctrico, portón y herrería con ventanas reducidas. Todo para hacer frente a las reacciones de agresores de las víctimas albergadas. Me costó mucho trabajo conseguir la entrevista con su directora, la psicóloga Lourdes Castro. Es que a una semana del incidente de seguridad, el CIAM proseguía en Código Rojo, sin recibir a nadie. Lydia Cacho me advirtió durante nuestro encuentro que ahora la psicóloga estaba al frente y ella no podía forzarla a recibirme. Lourdes Castro asumió como directora hace nueve meses y Lydia Cacho quedó como presidenta del consejo del CIAM. Hice varias llamadas a la psicóloga solicitando la charla. Me decía que lo consultaría con la periodista por internet, pues seguía en Madrid. Que no. Que quizá. Que me avisaba. Nada. Finalmente, llegué a un acuerdo: no cámaras, no grabadora, sólo una hora de charla, y ella decidía qué respondía.

La cita fue un lunes a las dos de la tarde. Hacía calor, pero no abrasante. Toqué el interfón y respondió una voz femenina que me abrió el portón. En la cochera conversaban dos mujeres, sentadas en sillas de plástico. La recepcionista salió y me hizo firmar un libro de registro. “En un momento la atienden”, dijo. Luego regresó y me pidió una identificación oficial. Se la llevó.

Al esperar releí el boletín que Lydia Cacho subió a su blog con motivo del ataque del 31 de mayo. Informaba cómo el marido de una de las víctimas asiladas, un motopatrullero violento, llegó al mediodía del lunes 31 de mayo acompañado de seis patrulleros, todos vestidos de negro, con armas largas. Patearon la puerta para exigir a gritos la entrega de la mujer. La víctima, una joven de 29 años, buscó auxilio en el CIAM luego de que el hombre, en la última golpiza, le fracturara la nariz con una plancha metálica, e intentara ahorcarla. Ella tenía cinco días de haber parido a una niña. De hecho, la cargaba en brazos al momento de la agresión, mientras sus otras dos niñas, de uno y tres años, atestiguaban la escena. Los hombres profirieron amenazas de muerte contra el equipo del CIAM. El centro llamó a las policías municipal y estatal, que no acudieron en su auxilio. Lo que no decía el boletín, y que Lydia Cacho mencionó en una entrevista televisiva con Carmen Aristegui en CNN, es que uno de los policías gritó que iban por ella. Tampoco que cuando se dirigía veloz a las oficinas locales de Seguridad Pública en busca de ayuda, un policía le llamó y alertó: “No se venga para acá, la quieren atraer para levantarla y matarla”.

La recepcionista regresó. Lourdes Castro me recibió en su oficina. Es una mujer de mediana estatura, rasgos y cuerpo recios, cabello lacio y castaño. Vestía blusa azul cielo y pantalón de mezclilla. Hablamos del CIAM, que es una institución modelo y gratuita en México. Lydia Cacho viajó a Nueva York y a España para desarrollar el proyecto: no sólo es un hogar temporal para víctimas de violencia extrema y trata sexual, también ofrece defensa jurídica, atención psicológica y capacitación laboral. El albergue temporal tiene cupo para 60 personas. No todas las víctimas piden refugio, y quienes dejan el lugar tienen consultas de seguimiento. El equipo del CIAM lo integran 33 personas. En el transcurso del año llevan cerca de siete mil atenciones diversas a mujeres e infantes. Sin embargo, en una década de servicio, cambió el perfil de las víctimas. “Hace 10 años, los casos eran de violencia conyugal, y ahora afloran los del crimen organizado”, dijo la psicóloga.

Lourdes Castro conoció desde hace cinco años a Lydia Cacho. Prácticamente desde el lanzamiento de Los demonios del Edén. Ella, como el resto del equipo, recibe atención terapéutica por estar en alerta constante ante posibles ataques de parejas agresoras: llamadas telefónicas, gritos, amenazas, intentos de incursión a las instalaciones. Eso sucede en cualquier refugio de este tipo. No obstante, Lourdes Castro sabe que para el CIAM el peligro se incrementa por el caso de Jean Succar Kuri. Sobre todo cuando se les informó del reciente traslado del libanés a la cárcel municipal de Cancún. “Por eso hemos hecho mucho trabajo de sanación al interior del equipo”, dijo. Sin embargo, la psicóloga considera que, aunque el CIAM no está libre de riesgos, las agresiones del pederasta están focalizadas en la periodista. La psicóloga no se atrevió a asegurar que el motociclista agresor tuviera relación con el libanés.

Lourdes Castro está consciente de que la vida de Lydia Cacho está en riesgo. Pero piensa que nadie tiene la vida asegurada. Admira de la periodista su “fuerza espiritual” para enfrentar su tensión cotidiana. “Lydia es la congruencia entre lo que piensa, dice, siente y hace”, así la definió. Le comento que algunas feministas en privado critican a Lydia Cacho por lucrar y hacerse fama del amedrentamiento en su contra. La psicóloga sonrió y recargó su cabeza en su mano. Niega que el motor de la periodista sea el económico. El compromiso de la comunicadora para con su oficio periodístico y el CIAM es visible, dijo. Puntualizó: “Hay mucha gente que se hace de fama y dinero sin trascender. Lydia ya trascendió”.

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Lydia Cacho regresó con las segundas tazas de té humeante. Oscurecía en la casa de la Condesa. El tiempo apremiaba, y el agotamiento la vencía. Le pregunté sobre el lanzamiento de su nuevo libro, Esclavas del poder. Antes de empezar, me saltó una duda. Le pregunté por qué si su integridad estaba en vilo, ella seguía escribiendo del tema.

—Una vez que, como periodista, conoces a las víctimas, no puedes decir: “Ya las entrevisté, que las maten”. Claro que no. Uno establece un vínculo, y el contenido de mis libros es real.

En Esclavas del poder, documentó el funcionamiento de redes de prostitución y trata de personas en diversos países como Turquía, Israel y Palestina, Camboya, Japón, Myanmar y México, entre otros. Para hacerlo, la periodista recurrió a las técnicas de Günter Wallraff, maestro alemán del disfraz en el periodismo de investigación. Así pudo compartir mesa con una tratante filipina en Camboya, ingresar a los centros de prostitución japoneses, platicar con bailarinas exóticas sudamericanas, o introducirse, vestida de novicia, a las zonas sórdidas del barrio de la Merced en la capital mexicana.

La obra señala que la trata de personas existe en 175 países, por las que cada año 1.39 millones de personas, la mayoría infantes y mujeres, son sometidas a esclavitud sexual. Lydia Cacho enfatiza que el comercio sexual de infantes no se limita a un asunto de hombres solitarios y perversos, sino que es un fenómeno globalizado de mafias vinculadas al narcotráfico e incrustadas en círculos de poder político y económico. Así puede entenderse, escribió, que en esa larga cadena del crimen organizado participen “mafiosos, políticos, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes”.

En su libro Lydia Cacho sugiere la abolición de la prostitución en su conjunto, aun de los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, por considerar que facilita la esclavitud sexual. Ella piensa que las mafias de prostitución, pornografía y trata de personas están vinculadas, y que entre éstas coexisten con más frecuencia mujeres y niñas de edades cada vez más pequeñas. En el feminismo se le conoce a su posición como “abolicionista”, lo que difiere de otra posición que defienden el trabajo organizado de trabajadoras sexuales independientes. Marta Lamas, en entrevista vía telefónica, por ejemplo, opina que el trabajo sexual ha existido siempre y no desaparecerá sólo con impedirlo, por lo que es mejor reglamentarlo para otorgar mayores garantías a quienes lo hacen por razones económicas. “Yo me resisto a hacer una condena, así en bloque, a todo el comercio sexual, ni creo que entrar al comercio sexual abra la puerta a todos los males”. En referencia a esa tesis, Lydia Cacho escribió: “La gran pregunta ante esa postura de defensa del trabajo sexual es si los tratantes, las mafias y los clientes, con su perspectiva sexista y misógina, están dispuestos a respetar las reglas de las mujeres”.

Lydia Cacho me escribió un mail desde Madrid, cuando hacía su gira de promoción de Esclavas del poder. “Estoy en friega, muy cansada, estuve en Madrid y Sevilla, sin embargo estoy emocionada y un poco sorprendida del recibimiento de mi libro”. Me dio mucho gusto por ella. Y deseé de corazón que ese estado de ánimo permanezca a su regreso. Sin embargo, no pude evitar recordar las últimas líneas de su libro Memorias de una infamia: “Borrarme de los medios sí pueden, eliminarme físicamente también. Lo que no podrán es negar la existencia de esta historia, arrebatarme la voz y la palabra. Mientras viva seguiré escribiendo, y con lo escrito, seguiré viviendo”.