El laberinto legal de un bebé con dos madres

Publicado: 12 junio 2015 en Erick Lezama Aranguren
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En el apartamento hay varios ventanales, y por los ventanales se cuela un chorro de luz clara. Está en el piso 18 de un edificio cercano a Plaza Venezuela, en el centro de Caracas, la capital del país. Desde aquí, el caos de la ciudad es la escena de una película muda: se ve la gente caminando con prisa, los vendedores ambulantes perseguidos por policías, el tráfico. Esta vivienda no es grande, pero sí espaciosa. Las paredes en blanco, los muebles en blanco, los cojines en blanco y negro. Están el coche, los juguetes de un niño de meses, el árbol de Navidad. Y tatuado en una pared, un verso de Andrés Eloy Blanco, como una elocuente declaración de principios: “Es haber amanecido sin habernos explicado/como sin haber dormido pudimos haber soñado/ Todo eso es querer y amar/ Y amar es más todavía/ porque amar es la alegría de crearse y crear”. —Ya te atiendo. La mujer, Migdely Miranda Rondón, viuda de Giniveth Soto –sobrina del diputado al parlamento por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Fernando Soto Rojas– está despeinada, en chanqueltas, con un bebé –que llora, se calla, vuelve a llorar, se vuelve a callar; se duerme– en sus brazos. —Mírame, estoy como una loca. Desde que mi esposa murió ando en una corredera. Ella se encargaba de todo. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad que esa mamá nos hace mucha falta? El niño llora.

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La madrugada del sábado 13 de diciembre pasado mataron a Giniveth Soto de un tiro en la cabeza, cuando intentaron robarle el Volkswagen con el que trabajaba como taxista. Por el vínculo con el parlamentario chavista, el crimen puso sobre el tapete –de nuevo– el tema de la inseguridad. Y desató –también de nuevo– las quejas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Lgtb) por la falta de amparo legal: como aquí no está protegido el matrimonio entre personas del mismo sexo, Salvador Gabriel, de cuatro meses de edad, quedó desprotegido, en un limbo jurídico.

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Giniveth Soto y Migdely Miranda –psicólogas, 32 años la primera, 31 la segunda– se conocieron en mayo de 2012 trabajando juntas. Se hicieron novias de inmediato, y en junio de 2013 se casaron. Para eso viajaron a Rosario (Argentina). Allá, desde 2012, las parejas del mismo sexo, extranjeras, pueden contraer nupcias. Luego, regresaron a Caracas con el plan de ser madres. —Decidimos que fuera de las dos. La forma que encontraron para la procreación conjunta fue la fertilización in vitro: que un óvulo de Giniveth, (fecundado con ayuda de un banco de semen) fuera gestado por Migdely. El costo del procedimiento rondó los 150 mil bolívares. Hicieron rifas, juntaron sus sueldos, le pidieron ayudas al gobierno (en un documento consta que el Ministerio de Comunas les tramitó un aporte de 45 mil bolívares). Conscientes del desamparo legal que arropaba a su unión en Venezuela, decidieron que el niño naciera en Argentina, para que tuviera los apellidos de ambas. Y así fue: el pequeño se llama Salvador Gabriel Soto Miranda. —Nos fuimos a Argentina como estudiantes. Pero Cadivi (el órgano que entonces se encargaba de la adjudicación de divisas en el país a personas naturales y jurídicas, en el marco del control de cambio que impera en Venezuela desde 2003) no nos dio los dólares completos. Por eso hasta hambre pasamos. Pero mucha gente nos ayudó. Fue un esfuerzo que hicismos… El niño llora, desesperado. —Ya va. Déjame darle pecho a ver.

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Giniveth Soto y Migdely Miranda intentaron varias veces que su familia existiera (legalmente) en Venezuela. Al llegar al país, luego de las nupcias, pidieron que el Registro Civil (RC) introdujera su acta de matrimonio en los archivos, para que la unión fuera válida en el país. Se lo negaron, porque –les dijeron– Venezuela solo pueden casarse un hombre y una mujer. La respuesta escrita –que solicitaron y les llegó meses más tarde– está firmada por el director del RC, Alejandro Herrera, y dice: “El acto nupcial analizado no se corresponde con el ordenamiento jurídico venezolano (…)”. No es la primera vez que dan esa negativa. Tamara Adrián, abogada, transexual, defensora de los derechos Lgbt, ha acompañado a seis parejas en ese trámite, y no ha logrado nada. Ha gestionado casos en el exterior (en los consulados correspondientes), y nada. Si bien en Venezuela las parejas homosexuales no pueden contraer nupcias, la Constitución no prohíbe el registro de esas uniones realizadas fuera del país. Y de acuerdo con un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de 2008, no existe un impedimento explícito para el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Solo que la AN debería legislar para que sea posible. Pero no lo ha hecho. Eso para Adrián es un signo claro del atraso del Estado Venezolano: “Las constituciones de Colombia y Brasil, por ejemplo, dicen también que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y los máximos tribunales de esos países interpretaron que eso implicaba una discriminación. Aquí el TSJ dijo lo contrario”. —Ya el niño dejó de llorar. ¿Se durmió? Cuando solicitamos que introdujeran en los archivos la partida de nacimiento del niño, para que tuviera la nacionalidad venezolana, ocurrió lo mismo. Él es Soto Miranda, pero aquí no lo quisieron registrar, porque el formato dice: “papá” y “mamá”. Hasta nos insinuaron que lo registrara una sola. ¿Entonces para qué me fui a parir a Argentina, para que él tuviera sus dos apellidos?

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Carlos Trapani es abogado, especialista en derechos del niño, asesor de Cecodap –ONG que defiende y promueve los derechos de niños y adolescentes desde hace más de 20 años– e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. No conoce un caso similar: “Si su madre es de aquí, le corresponde la nacionalidad al bebé (…) No importa como sea la familia: una mamá no tiene ni más ni menos derechos porque su pareja sea del mismo sexo”.

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—Ahorita viene un abogado amigo mío a ver cómo me puede ayudar. Él tampoco tiene muy claro el asunto. Se lo voy a volver a contar todo. Aunque te digo: a veces a uno se le quitan las ganas de luchar. Este apartamento era de ella. Lo compró porque ella quería tener una familia, y vivíamos aquí. Todo esto es muy fuerte. El caso es más complejo: en Venezuela la familia Soto-Miranda no existe. Y con el asesinato de Giniveth todo se complicó: como no son esposas están las interrogantes: ¿Quién hereda el apartamento? ¿Y el carro, que también era de Giniveth? ¿Y el bebé argentino? ¿Quién es la madre? (Porque aquí, en Venezuela, legalmente, solo puede haber una mamá). —No es tan sencillo que yo diga: “La madre es mi esposa” o “la madre soy yo”. Te lo digo: no es sencillo. Hay dos opciones. Si el pequeño queda registrado como hijo de la fallecida, sus abuelos podrían quitárselo a Migdely, pero la casa y el carro (de Giniveth) le quedarían al niño. Si se reconociera el matrimonio, a Migdely le correspondería la mitad de los bienes. (“Pero mi caso no se ha discutido, al niño lo ampara la ley, a mí no: es como si no existiera”). En caso de que Migdely lo presente como suyo, no se le reconocería el vínculo con Giniveth (su mamá biológica, porque fue la que aportó el óvulo). Y el niño no podría heredar. Cuando fui a la morgue, quería entrar yo a reconocer el cadáver. Pero como no tengo su apellido no me dejaron, y pasó un familiar de ella. Yo no sé cómo van las averiguaciones para saber quién la mato. Esto ha sido una pesadilla.

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Después del fallecimiento de Giniveth, el colectivo Lgbt protestó frente a la AN. Y luego Migdely estuvo en una mesa de trabajo, en las que estuvieron la rectora del CNE, Sandra Oblitas; representantes del Consejo de Protección de los Derechos de los Niños, del Ministerio de la Mujer, del Registro Principal, de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Venezuela Igualitaria. Trataron de resolver el acertijo, y no llegaron a nada. Al final, le pidieron a Migdely que consigne pruebas de que ella fue la que dio a luz. —¿Esas pruebas para qué? —No sé. Quizá para que yo quede como la madre, porque según la ley, en Venezuela la madre es la que pare. Me darían una partida de nacimiento en la que el niño aparecerá con mis apellidos. Quizá luego comprueben, con análisis de ADN, que él es hijo de Gini. Aquí tampoco se ha legislado sobre la maternidad sustituta. En este caso las dos quieren figurar como madres. Pero generalmente, quienes recurren a un vientre “prestado” para dejar descendencia, no desean que la madre “de alquiler” tenga derechos sobre el niño. En 2014, una pareja que procreó bajo esa modalidad pidió a un tribunal que el bebé llevara el apellido de la madre biológica, no –como estaba en la partida de nacimiento– de quien lo dio a luz. El tribunal lo declaró con lugar. Pero en el caso Soto-Miranda todo es diferente: las dos querían figurar como madres, y ahora una está muerta.

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Giovanni Piermattei, de Venezuela Igualitaria, estuvo en las mesas de trabajo. Dice: “Uno especula que darán un documento diciendo que Miranda es la madre, aclarando que el niño tiene dos mamás. No creo que lo registren con sus apellidos, aunque pudieran”.

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El análisis de Tamara Adrián es este: “El interés superior del niño debe prevalecer. La Convención Internacional de los Derechos del Niño lo protege. No se trata del matrimonio igualitario, sino de los derechos del niño. No le pueden quitar los derechos que él tiene en su país de origen”.

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—Somos chavistas y maduristas –proclama Migdely– Se debe apoyar al más débil, que durante muchos años estuvo oprimido.. Y nosotros sabemos que dependemos de la AN. En enero de 2013 se introdujo en el Parlamento un proyecto de ley de matrimonio igualitario, respaldado por 20 mil firmas. La Constitución obligaba a discutirlo en el período legislativo que terminó en diciembre pasado. No lo hizo. De estar vigente esa ley, el camino en el caso Soto-Miranda no sería un laberinto. —No se ha discutido porque creen que somos minoría. No todo el mundo dice que es gay. Pero somos muchos, somos muchos. —¿Has pensado en irte del país? —Pienso en la familia de Gini, que está encariñada con el niño. Pero no lo descarto.

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Adrián estima que 150 parejas venezolanas homosexuales se han casado en el exterior. Son muchas más las que conviven sin matrimonio: en 2012 los datos preliminares del censo de 2011 revelaron que había entre 4 mil y 6 mil familias homoparentales. En julio se publicó la data definitiva del censo. La cifra de familias homosexuales no apareció. Quinteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, la solicitó en el INE: “No fueron suficientemente significativos para generar estadísticas”, le respondieron. Uno puede concluir que hay una homofobia de Estado”, opina Adrián. Nosotras hicimos todo esto para que se visibilice este problema de exclusión. Ojalá haya valido la pena, ojalá –dice Migdely.

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