El hombre que eligió el bosque y lo asesinaron

Publicado: 2 septiembre 2015 en Joseph Zárate
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Quienes lo conocieron dicen que Edwin Chota tenía una sonrisa exagerada, amplia, contagiosa, con un agujero visible por la falta de uno de los dientes delanteros. Alberto Chota Tenazoa, su padre, cuenta que dos años antes de que mataran al mayor de sus cinco hijos, Edwin Chota había perdido ese diente comiendo un plato de tallarines con tortuga. «Mordió un hueso —recuerda—, pero sólo se rió, tiró el diente y siguió comiendo». El cazador asháninka Jaime Arévalo, miembro de la etnia más numerosa de la selva peruana, se acordó de aquel diente ausente cuando desenterró el cráneo de su amigo. Llevaba toda la mañana sumergido junto a unos policías en un pozo de agua marrón, cerca de la frontera con Brasil, hasta donde un río había arrastrado el cadáver de Edwin Chota devorado por gallinazos y lagartos. De aquel pozo de siete metros de profundidad sacó un fémur, unas costillas, una camiseta hecha jirones, una bota agujereada y una pulsera de colores todavía unida al hueso de la muñeca. Eran de uno de sus cuatro compañeros asesinados dos semanas antes en una quebrada cercana. Lo confirmó por un detalle: al cráneo le faltaba un diente.

A pesar de sus cincuenta y tres años y de ser flaco como una rama, Edwin Chota era un agricultor recio y un hábil cazador con la escopeta. Tenía la nariz afilada como de águila, el cabello sin un asomo de canas y la piel tostada por el sol. Imitaba el canto del gorrión y el rugido del tigrillo, jugaba bien al fútbol, y bailaba huaynos y forró brasilero moviendo su escuálido cuerpo como una marioneta. Cuando Edwin Chota sonreía, ese diente perdido, su incisivo superior derecho, era lo más notable en su rostro. Pero también lo era cuando protestaba. Como jefe de Alto Tamaya-Saweto, una comunidad de la Amazonía con más de treinta familias, Chota —el único adulto que sabía leer y escribir allí— se enfurecía y levantaba los puños cuando denunciaba a los taladores ilegales que explotaban a los nativos saqueando el bosque donde vivía. «Era el único momento en que estaba serio», dice Julia Pérez, su viuda. «Después era un bromista». Si sonreír es a veces un acto de diplomacia, Chota nunca arqueaba la boca frente un traficante de madera.

Para ir hasta Pucallpa, la segunda ciudad más grande de la selva peruana donde había nacido y crecido, Edwin Chota debía viajar siete días en bote. Allí visitaba a su padre llevándole motelo, una tortuga de carne tierna y sabrosa que se había convertido en su plato favorito. La última vez que se vieron, en el Día del Padre, Chota le contó que iría a Lima para ver si por fin hacían caso a sus denuncias. Las amenazas de muerte eran cada vez más frecuentes. Su padre le rogó que se quedara.

—No puedo —le dijo—. Yo de allá he de salir muerto.

Dos meses después, el 1 de setiembre de 2014, Edwin Chota fue asesinado junto a otros tres dirigentes asháninkas —Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima— en la selva del Alto Tamaya, mientras se dirigían a una asamblea en Brasil para organizar la defensa de sus territorios. Una bala de escopeta calibre 16 —especial para cazar animales del monte— le atravesó el pecho. Otra bala perforó su cabeza. El comunero Jaime Arévalo, quien se había adelantado a la reunión, regresó por el mismo camino al ver que sus compañeros no llegaban. Cinco días después encontró los cuerpos en una quebrada, a doce horas de camino de la frontera, y huyó corriendo a su comunidad por miedo a que también lo mataran. Las viudas y los hijos de los dirigentes asháninkas asesinados tuvieron que viajar tres días en bote hasta Pucallpa, sin detenerse, para hacer la denuncia. En Saweto no hay policía. El radio de dos canales que tienen —su único contacto con el mundo— apenas funciona.

La última vez que Edwin Chota viajó a Lima para denunciar a los taladores que lo amenazaban llamó a su padre de ochenta y dos años, y prometió visitarlo. Antes le había dejado una foto suya como recuerdo: se lo veía de pie, sin sonreír, vestido con su túnica marrón, su sombrero de plumas y el rostro pintado con líneas rojas, en una reunión de las tantas a las que asistía como jefe asháninka. «Para que si algún día me pasa algo, me veas», le dijo su hijo al darle la foto, antes de despedirse.

***

El hombre que murió por su comunidad asháninka no siempre fue asháninka. Cuando le contaron que su padre era jefe de una tribu indígena, Perla Chota pensó que era una broma. Para ella era imposible que el hombre que había visto por última vez a los nueve años, el bailarín fanático de los Bee Gees y John Travolta, el señor que jamás salía de casa sin la camisa bien planchada y los zapatos lustrados, ahora vistiera túnica, corona de plumas y sandalias y viviera en una casa de paja en medio de la Amazonía. Las hermanas de Edwin Chota, que vivían en Lima, estaban igual de sorprendidas. «No lo podíamos creer —dice Sonia Chota—. Mi hermano hasta hablaba un idioma raro». Sus familiares de la ciudad dicen que hasta hoy no entienden porqué Edwin Chota decidió defender a un pueblo que no era el suyo. Cuentan que la muerte repentina de su madre, cuando él tenía diez años, lo hizo alguien preocupado por los demás. En una casa llena de niños pero escasa de dinero, el futuro líder asháninka que enfrentaría a mafiosos del bosque era un chico reservado, sobresaliente en la escuela, que prestaba sus cosas para conseguir la simpatía de los demás. Sus hermanos y sus amigos repiten lo mismo: Edwin Chota ayudaba a otros para que lo quisieran.

Sobre su juventud hay recuerdos incompletos. Se sabe que terminó la escuela secundaria en Pucallpa, y que dejó la chacra de su padre —un ex obrero que trabajaba perforando pozos de petróleo— para volverse militar. Luchó como infante de marina en la guerra entre Perú y Ecuador y trabajó como electricista instalando cables de alta tensión en Iquitos. Sus relaciones amorosas duraban poco. Mientras estuvo en la guerra tuvo una novia indígena. Luego tuvo dos hijos —que la familia Chota no conoce— con una mujer mayor que pertenecía a la secta israelita. Hay quienes dicen que en esa época Edwin Chota se dejó crecer la barba y hablaba de la Biblia. Después se separó, tuvo una hija con otra mujer que lo dejó, y regresó a Pucallpa.

Elva Risafol, quien fue su mujer en esa época, cuando regresó a la ciudad —con la que tuvo un hijo que hoy es policía—, recuerda que Chota deseaba ir algún día a la selva para hacer algo por las comunidades desprotegidas que había conocido durante la guerra. «Él formaba sus castillos en el aire. Era muy idealista. Yo era más práctica. Yo le decía, en broma, que si vivía con una nativa iba a ser feliz. Creo que me hizo caso», dice Risafol, que se separó de él en 1997. Luego Edwin Chota desapareció de la ciudad. Cuatro años después, una madrugada, Edgar Chota escuchó que golpeaban en su casa en Pucallpa. Era Edwin, su hermano mayor, que llegaba de visita. «Me alegré tanto —recuerda—. Todos pensábamos que se había muerto».

Los recuerdos de lo que hizo esos cuatro años tampoco son claros. Dicen que a finales de los noventa Edwin Chota llegó solo a la selva del Alto Tamaya. Dicen que fue con unos amigos para trabajar como peón de chacra o vendedor de cuero de sajino. Dicen que llegó para olvidar sus fracasos y que se quedó por amor a una nativa. Lo cierto es que cuando Edwin Chota pisó ese territorio, Saweto ya existía. O al menos un cimiento de ella.

Los asháninkas habían llegado desde la selva central del Perú hasta esa parte de la frontera con Brasil a comienzos del siglo XX, en pleno boom del caucho: Europa y Estados Unidos compraban por toneladas el látex de los árboles para fabricar llantas de automóviles. Los asháninkas de Saweto eran descendientes de los nativos que habían llegado hasta ahí con sus antiguos patrones. Durante siglos los indígenas han sido explotados como mano de obra barata. Cuando el caucho se acabó, siguieron las pieles de animales exóticos. Cuando las pieles se acabaron, siguió la madera.

Los líderes indígenas denuncian que hoy sigue pasando lo mismo que hace décadas: los patrones les dan cosas materiales a los nativos —ropa, escopetas, motores para el bote, radios, víveres— a cambio de cientos de troncos de madera. Como la mayoría son analfabetos, los estafan con las cantidades y precios, y siempre terminan sacando más madera para pagar deudas. Cuando llegan los madereros, los animales huyen por el rugido de las motosierras. Los comuneros deben caminar más días por el monte para poder cazar algo para comer, y a veces no consiguen nada. Al igual que los tractores, los troncos arrastrados por el suelo vuelven la tierra inservible para la siembra. Los madereros incluso llevan enfermedades que los indígenas jamás padecieron. Hubo épocas en que los nativos morían por decenas con un simple resfriado.

En Saweto muchos asháninkas vivieron así hasta 1999. Cuando Edwin Chota llegó, algunas familias ya habían decidido terminar con la explotación y querían ser reconocidas por el Estado como comunidad. Así ellos mismos podrían aprovechar sus recursos y, sobre todo, acceder a algo más preciado: una escuela.

—Antes vivíamos dispersos —recuerda Diana Ríos, ex mujer de Chota—. Pero él nos decía que debíamos unirnos para que no nos engañen. Nos enseñaba a leer, a escribir, me llevaba a capacitaciones de mujeres indígenas. Ahora sé mis derechos. No era como otros. Por eso me enamoré de él.

Durante doce años, en un intento por proteger el bosque de los traficantes de madera, Edwin Chota envió más de cien cartas a diferentes instituciones del Estado peruano exigiendo la titulación de su comunidad: ochocientos kilómetros cuadrados de selva —casi la cuarta parte de Lima— penetrada por ríos que se extienden hasta la frontera con Brasil. Pero el gobierno se negó. Ya había entregado el ochenta por ciento de ese territorio a dos madereras peruanas. En 2002, un año antes de que Saweto fuera reconocida como comunidad indígena, un funcionario desde su escritorio en Lima cedió por veinte años esas tierras sin averiguar quiénes vivían ahí. Para que Saweto reciba el título de propiedad necesita que el gobierno anule o reubique esas concesiones madereras. Hasta que eso suceda, los asháninkas de esta zona no tienen legalmente el derecho de evitar que otros saqueen el bosque que habitan. No es un reclamo exclusivo de ellos. Más de seiscientas comunidades nativas en el Perú —la mitad de todas las que existen en el país— siguen sin ser los dueños legales de sus tierras.

Edwin Chota no hablaba asháninka con fluidez, pero logró que su comunidad tuviera mucho más que el paquete de alimentos de programas sociales que llegaban al caserío vecino. Saweto consiguió electricidad con paneles solares, un radio de dos canales para comunicarse con la ciudad, un tanque elevado para el agua y una escuela inicial. Además, los comuneros recibieron documentos de identidad. Antes de morir, Chota estaba gestionando la construcción de un local para la escuela primaria, que hasta ese momento funcionaba en su casa. El líder asháninka logró todo eso por sus gestiones persistentes ante la municipalidad, el gobierno regional y el apoyo de distintas organizaciones. Pero sobre todo gracias a la alianza que había establecido con los asháninkas de la comunidad de Apiwtxa, en Brasil. Chota deseaba tener lo mismo que los indígenas brasileños: un criadero de huevos de tortugas y otro de peces, un jardín de flores para exportar y bosques reforestados. Eso era ‘desarrollo’ para él.

Su trabajo, sin embargo, no dependía solo de su carisma para conseguir aliados ni de su tenacidad para exigir. El antropólogo ambiental Mario Osorio, quien hizo su tesis de maestría sobre Saweto para la Universidad de Kent, Inglaterra, recuerda que Chota solía ayunar antes de salir a hacer trámites, y tomaba ayahuasca. Decía que esa planta alucinógena, sagrada para los nativos, lo ayudaba a conectarse con el bosque. «Para Edwin, la protección de los bosques era una lucha espiritual», recuerda Osorio, quien se hizo amigo de Chota y le enseñó a usar Word y enviar e-mails. Los asháninkas creen profundamente en el mal. Edwin Chota había aprendido de ellos que en el mundo hay enemigos invisibles que también debía doblegar.

—Para ser jefe no importa si no eres asháninka, solo debes tener amor por nosotros, por nuestra cultura —dice Ergilia López, vecina de Chota—. Lo que tiene un hombre, tiene el otro hombre.

Durante esos doce años, Edwin Chota hablaba muy poco de su otra familia, la que dejó en la ciudad. Solo su círculo más íntimo —su junta directiva, su mujer— sabían que había tenido otra vida. Chota había partido su realidad en dos: en la ciudad estaban sus hijos Perla y Edwin; en la comunidad estaban Kitoniro y Tsonkiri. Era mejor así, decía, pues no quería ponerlos en peligro. Los madereros lo acechaban.

—A veces nos decía: «Qué hacen sufriendo acá. En la ciudad, si no se compra, no se come. En el monte, en cambio, hay todo: animales, yuca, pescado. Allí no les faltaría nada» —recuerda su padre—. Nos quería llevar para que también seamos asháninkas. Se molestaba si hablabas mal de ellos.

Una noche Edwin Chota se reunió con sus hermanos para ir a bailar cumbia a una fiesta en Pucallpa. Llegó acompañado de dos mujeres nativas que estaban descalzas. Sus hermanos se enojaron con él. «Edwin nos reclamó, nos dijo que todos somos iguales, que aceptemos nuestra raza, que nosotros también éramos indígenas —recuerda su hermano—. Él amaba esa cultura».

Chota decía que había tenido un profesor asháninka en la secundaria que le enseñó a no avergonzarse de sus raíces indígenas. También juraba que una de sus abuelas pertenecía a una etnia amazónica de Iquitos, pero sus familiares no lo reconocían. Lo que más rabia le daba era darse cuenta de que las personas —los gobernantes, los empresarios, los ciudadanos— creyeran, muy dentro de sí, que ser indígena significa ser pobre e inferior.

Perla Chota supo cuánto le importaba a su padre ser asháninka cuando lo volvió a ver en Pucallpa a sus dieciocho años. Edwin Chota le pidió perdón «por haber sido un mal padre» y abandonarla cuando era niña. Quiso que ella comprendiera que se había marchado para luchar por algo importante. La reconciliación funcionó, pero duró poco. Días después, mientras Chota almorzaba con unos extranjeros, vio pasar a su hija por la calle y la llamó para presentarla. Ella no lo escuchó y siguió caminando. Unas horas más tarde, cuando se vieron, Chota le reprochó: «Te avergüenzas de mí porque soy asháninka». Gritaron. Discutieron. Ella le devolvió la pulsera que le había obsequiado y se marchó sin despedirse. Ocho años después, mientras subía pasajeros al bus donde trabaja de cobradora en Lima, ella volvió a tener noticias de él. La llamaron al celular: su padre había salido en los noticieros.

—No se preocupó por mí, pero saber todo lo que hizo me hace sentir bien —dice Perla Chota con voz quebrada—. «Yo voy a ser grande», me dijo él. Tuvo que morir para que eso sucediera.

***

Es difícil transmitir la pasión por los árboles cuando lo que sobra es la indiferencia. Desde fines de los noventa, Edwin Chota y los nativos asháninkas veían con impotencia a grupos de taladores armados que se robaban sus árboles. Se los llevaban desde las cabeceras de los ríos Alto Tamaya y Putaya, navegando por más de una semana, hasta los aserraderos en Pucallpa. Cuando Chota los denunciaba, las autoridades le decían que los inspectores investigarían sólo si él les pagaba el bote, la comida y la gasolina para ir hasta allá.

—¿Quién va a defendernos? ¿Quién va a defender nuestro bosque? —reclamaba Chota ante unos periodistas de The New York Times, que habían llegado hasta un aserradero para indagar sobre el tráfico de madera—. No hay ninguna ley. No hay dinero para investigar. Sólo hay dinero para destruir.

Hubo un hombre que lo conoció e intentó hacer justicia. En abril de 2013, Edwin Chota apareció en el despacho del fiscal Francisco Berrospi para denunciar que cerca de novecientos troncos de madera habían sido extraídos ilegalmente de su comunidad y que estaban en un aserradero de Pucallpa. Berrospi recuerda que cuando conoció al líder asháninka entendió que su trabajo de funcionario público iba más allá de reunir pruebas para acusar a los traficantes de madera ante un juez. «Él tenía una conexión muy intensa con el bosque», dice. Y conseguía transmitirla. Esa mañana en su oficina, Berrospi, que sólo tenía cinco meses como fiscal ambiental de Ucayali, la región con más aserraderos en el Perú, decidió prestar atención a Chota e ir con él a un aserradero.

—Tócalo —le dijo Chota mientras colocaba su mano sobre un tronco enorme—. ¿No sientes como si un familiar se hubiera muerto?

Esa tarde, al regresar a la fiscalía, el líder asháninka se encontró con una amenaza de muerte. Hugo Soria, supuesto dueño de los troncos que serían incautados, le dijo: «Un sawetino va a morir y te voy a denunciar por narcotraficante». Edwin Chota había empezado a fastidiar a las mafias.

El tráfico de madera podría ser la versión forestal del narcotráfico, salvo por un detalle: funciona con documentos legales. En su informe La Máquina Lavadora, publicado en 2012, la Agencia de Investigación Ambiental —EIA por sus siglas en inglés— detalla cómo funciona este sistema. Según las normas forestales peruanas, las empresas madereras deben presentar cada año un inventario de árboles que existen en su concesión y que planean talar durante ese período. Pero es frecuente que esas listas incluyan árboles que crecen en otros territorios y que las empresas reciban la aprobación para vender cientos de metros cúbicos de madera que no les pertenecen. Como nadie los controla en el bosque, el mecanismo es sencillo: declaran la tala de una especie certificada, pero en sus camiones transportan los troncos de otraespecie en extinción. Dicen que talan en un bosque permitido, pero en realidad lo hacen en una comunidad nativa. Cortan setecientos árboles y sólo declaran la mitad. Según un informe de la revista Scientific Reports, más del sesenta por ciento de las concesiones otorgadas por el Estado peruano han servido de fachada para blanquear la madera. «La tala sucede en todas partes excepto donde según la ley debe ocurrir», dice Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de EIA. El fraude sucede todos los días con el permiso de las autoridades. Los documentos con que se lava la madera son permisos oficiales llenos de información falsa, y fáciles de comprar en el mercado negro.

—No podemos ver si esa madera es legal porque no tenemos recursos —me dijo el ingeniero Marcial Pezo, cuando visité su oficina en Pucallpa—. Si la madera tiene documentos oficiales, pasa. No puedo ser adivino.

Por normas internacionales, solo la procedencia de los lotes de especies en peligro de extinción —como el cedro y la caoba de los muebles finos de Estados Unidos— debe ser registrada. Pero cuando los cargamentos de madera, sobre todo los de especies más comerciales, llegan a la Aduana trozados en tablas, investigar su origen es como rastrear huellas de hormigas.

En los exteriores de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, la institución que Pezo dirige y que se encarga de emitir licencias madereras, hay cientos de troncos decomisados pudriéndose con la humedad de las lluvias. Parte de esa madera es devuelta a los dueños que llegan con sus ‘papeles en regla’ para sacarla. En la oficina de Pezo hay un par de sillones hechos con cedro decomisado.

El presidente regional de Ucayali tiene más de cien denuncias por malversación de fondos. El vicepresidente es un empresario maderero que ha sido multado por el Estado por lavar madera ilegal. Los inspectores forestales que firman permisos fraudulentos siguen en sus puestos. Que las denuncias por tala ilegal —nueve de cada diez de las que llegan a la fiscalía— terminen archivadas es sólo el resultado lógico de un sistema corrupto. El ochenta por ciento de la madera que exporta Perú tiene origen ilegal según el Banco Mundial. A comienzos de 2014, la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas hicieron un operativo contra la tala ilegal en el país y sólo en tres meses decomisaron tantos troncos como para llenar casi setecientos camiones de mudanza. Durante el operativo, las exportaciones de madera se desplomaron a la mitad. El Perú pierde anualmente unos doscientos cincuenta millones de dólares por los impuestos que evaden las madereras ilegales. Es más de lo que gana la industria forestal que opera dentro de la ley.

Lavar madera es un negocio rentable. La madera ilegal mueve hasta veinte mil millones de dólares al año, la misma cantidad que ganaron en 2012 las compañías de Wall Street. Pero es menos arriesgado que la bolsa: un estudio en Brasil, Filipinas, Indonesia y México, descubrió que la probabilidad de que el crimen de tala ilegal sea castigado es de 0.084%. Esto sucede sobre todo en países ineficientes, corruptos o víctimas de la violencia política.

A diferencia del dinero del narcotráfico, la madera ilegal es más fácil de lavar porque parece inofensiva. Mientras la cocaína mata, la madera de la Amazonía adorna la sala de una casa en forma de una mesa. Pocos se enteran de que en la selva del Alto Tamaya, como en otras zonas de la jungla peruana, hay nativos cortando madera en condiciones cercanas a la esclavitud; que hay cocineras en los campamentos madereros que son violadas por los taladores; que los jefes indígenas y funcionarios son amenazados y asesinados por no aceptar sobornos. La ONU considera al tráfico de madera similar al de los ‘diamantes de sangre’, que ha financiado guerras y violaciones masivas de derechos humanos en África. Sin embargo, las autoridades de Lima y Pucallpa, una ciudad construida al lado del bosque, siguen acumulando denuncias que nadie revisa. Ningún maderero ha ido a la cárcel por talar o traficar árboles en el Perú.

El ex fiscal Francisco Berrospi recuerda que para la mayor parte de sus investigaciones necesitaba viajar a zonas remotas, pero su oficina no tenía ningún bote o helicóptero para alcanzar campos de tala inaccesibles. Si decomisaba camiones, motosierras y árboles, los jueces solían forzarlo a devolverlos. Los sobornos eran tan comunes, cuenta Berrospi, que un fiscal anticorrupción lo animó a tomar los cinco mil dólares que le ofrecían para detener una investigación. «Escucha —le dijo su colega— en un año aquí puedes ganar bastante para construirte una casa, comprarte un auto. Es mejor así». Su mayor decepción, sin embargo, vino de jueces que se ponían del lado de los madereros. Una vez el ex fiscal decomisó setenta troncos. Una jueza ordenó devolverlos pronto al maderero.

—¿Sabes qué me dijo? —pregunta Berrospi con sarcasmo—. «¿Cómo voy a enviar a una persona a la cárcel por setenta troncos si en la selva hay millones de árboles?».

Berrospi se volvió un fastidio, una pieza que no encajaba. A veces lo llamaban en la noche para amenazarlo: «Vas a morir, perro». «¿Qué te crees? ¿Un héroe?». Hasta que en agosto de 2013 lo sacaron del cargo por ‘motivos internos’. Al poco tiempo, los novecientos troncos decomisados con ayuda de Chota fueron devueltos al maderero. Otro caso archivado.

—Me sentía frustrado, gritaba de cólera —dijo Berrospi—. Pero Chota no era así. Él reclamaba pero luego se calmaba, movía la cabeza y se preguntaba por qué no investigaban. Decía que yo no tenía contacto con la naturaleza, por eso me sulfuraba. Que debía andar descalzo para conectarme con la tierra. Siempre recuerdo cuando me hizo tocar aquel tronco en el aserradero. Yo sentí mucha pena, como cuando estás en un entierro.

La última vez que Edwin Chota estuvo en Lima fue para las Fiestas Patrias de 2014. En Pucallpa ignoraban sus reclamos así que visitó distintas instituciones del gobierno central para presentar una vez más sus demandas: el Parlamento, el Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, las autoridades forestales. «Desde que amanecía hasta que anochecía, a veces sin comer, Edwin esperó una respuesta en esas oficinas», recuerda Margoth Quispe, ex defensora del pueblo de Ucayali y asesora de Chota en temas legales. De todas las instituciones, solo Osinfor —encargada de sancionar la tala ilegal en los bosques—, aceptó visitar Saweto pronto.

El 30 de agosto, dos días antes de que lo mataran, los inspectores de Osinfor llegaron a la comunidad. Chota los acompañó en el recorrido por el bosque. En su informe —publicado después de las muertes de los cuatro dirigentes asháninkas— los inspectores concluyeron que las dos concesiones que están en el territorio de Saweto —ECOFUSAC y Ramiro Edwin Barrios Galván— talaban especies no autorizadas, sin plan de trabajo y sin pagar impuestos por su actividad. Nunca antes las autoridades habían llegado hasta ahí para verificar lo que Chota denunciaba desde hacía más de una década.

Sus compañeros —hoy también muertos— le contaron a la esposa de Chota que durante la inspección él estaba débil, que no comía, que casi se muere en el monte. Los madereros lo habían enfrentado. «Quieras o no vamos a entrar», le dijo un talador armado. «Vamos a ver quién gana: la comunidad o nosotros». Dos días después lo mataron.

José Borgo, coordinador de ProPurús, oenegé que apoya a Saweto en la titulación de sus tierras, fue un gran amigo de Edwin Chota. Siempre lo hospedaba en su casa cuando el dirigente llegaba a Pucallpa para hacer trámites. Al enterarse del asesinato, Borgo pasó días armando un expediente de más de doscientas páginas: eran todas las cartas, propuestas, solicitudes y denuncias que Edwin Chota había hecho en la última década. Todas ignoradas. También escribió cinco nombres en su libreta de apuntes. Era su lista de sospechosos.

—¿Sabes lo que más me indigna? —me preguntó Borgo. Estábamos en un bar de Pucallpa; la voz le temblaba de rabia luego de leer la lista—. Ninguna de las denuncias que Edwin puso contra estos hijos de puta prosperó. Ni una sola.

El experto en conservación entregó su información al abogado de las viudas. Hasta noviembre de 2014, dos taladores ya habían sido capturados. Pero la policía casi ha paralizado el caso y la búsqueda del último de los cuerpos por falta de presupuesto. Borgo dice que tiene la mochila lista para ir a Saweto e investigar la muerte de su amigo por su cuenta.

***

En una de las pocas entrevistas a Edwin Chota que se pueden encontrar en Youtube, el líder asháninka lo anunciaba: «Me voy a poner al frente de mi comunidad. Quizá alguien tiene que morir para que nos hagan caso». No era su primera advertencia. En 2005, Chota pidió al gobierno peruano protección para él y las familias de Saweto porque los madereros ilegales amenazaban con matarlos. No recibió respuesta. Un año después denunció a un talador que intimidaba a los líderes indígenas. La justicia no lo atendió. El ciclo continuó por años: Edwin Chota denunciaba a los madereros ilegales y ellos respondían con amenazas de muerte. El gobierno no hacía nada. En 2012 puso otra denuncia por la deforestación de su territorio ante el fiscal ambiental de Pucallpa, pero fue archivada. Al año siguiente, el dirigente asháninka ubicó cada campamento ilegal con un GPS y fotografió a los taladores con sus motosierras tumbando en media hora árboles de más de cien años de antigüedad. Chota presentó las pruebas a la policía con los nombres y apellidos de cada uno de ellos. El caso también fue archivado. En 2014, cinco meses antes de que lo mataran, Edwin Chota lo advirtió una vez más: los mismos taladores, las mismas amenazas de muerte, el mismo rechazo. Las autoridades decían que no tenían dinero para ir hasta Saweto a investigar si lo que decía el jefe asháninka era cierto.

Para evitar la titulación del bosque, los traficantes de madera intentaron sacarse a Edwin Chota de encima: le ofrecieron sobornos de hasta diez mil dólares y lo acusaban de ganar dinero con las organizaciones que apoyaban a los nativos. Luego pasaron a las amenazas. Robaban los motores del bote comunal de Saweto, saqueaban sus chacras y animales, disparaban al letrero de bienvenida de la comunidad y a la bandera del Perú que los asháninkas izaban cada semana para cantar el himno. Durante la noche, los madereros pasaban por las casas disparando al aire. Corrían el rumor de que «alguien» de la comunidad iba a morir «si seguía jodiendo». En Saweto todos sabían que ese alguien era Edwin Chota.

Luego de la muerte repentina de un ser querido, solemos creer que las palabras que nos dijo la última vez, algunos sueños o incluso el canto de un ave que oímos eran señales de lo que vendría. Un día antes de que le dispararan, Edwin Chota tuvo un sueño: estaba en un campo en medio de la selva junto a su madre, su abuela y su tío, todos muertos años atrás. «Lo estaban llamando», dice Julia Pérez, su viuda, con siete meses de embarazo. Esa madrugada ella se despertó por los gemidos que hacía su marido mientras dormía. Eran las cuatro de la mañana. Chota se levantó tembloroso. Se puso unos jeans, un polo blanco de manga larga y unas botas de jebe. Empacó su mosquitero y su ropa en una bolsa negra, arregló su folder con documentos y se alistó para ir a la comunidad asháninka de Apiwtxa, en Acre. Allí coordinarían la defensa de sus tierras con los líderes brasileños, que eran atacados por los mismos madereros.

Aquella mañana Edwin Chota actuó de forma extraña. «Parecía enfermo, casi no hablaba», recuerda la viuda. El dirigente asháninka no quiso tomar el desayuno que su esposa le había preparado, así que ella empacó el arroz con carne y las yucas en una bolsa para los dos días de viaje rumbo a la frontera. Chota no era precisamente un padre cariñoso, pero abrazó a sus hijos Kitoniro (Alacrán) de siete años y Tsonkiri (Picaflor) de dos, antes de subir al bote. Julia Pérez pensó que su marido tenía resaca por el masato que había tomado la noche anterior al inaugurar una chacra, como se acostumbra entre los asháninkas.

Ergilia López, mujer de Jorge Ríos, el tesorero de Saweto asesinado junto a Edwin Chota, recuerda que la mañana que los dirigentes partieron a la frontera, el chicua chilló más fuerte de lo normal. Para los asháninkas el chicua es un ave que anuncia malas noticias. Una especie de gavilán enano de plumas marrones que vive en la selva y que cuando canta —¡chicua, chicua!—, los asháninkas creen que algo terrible va a suceder: que alguien va a morir ahogado en el río, mordido por una víbora o por brujería. López le advirtió a su marido que mejor no se fueran.

«Yo no estaba tranquila, las aves no se equivocan», dice ahora la viuda de Ríos. Días después de la muerte de su marido, ella declaró haber visto a Eurico Mapes, uno de los taladores ilegales y presunto asesino, subiendo por el río en su bote peque peque. Mapes se quedó mirando fijo a los dirigentes asháninkas, como si los contara.

Unos minutos antes de partir hacia la frontera hablaron sobre las últimas amenazas que habían recibido.

—Yo solito me he condenado —le dijo Edwin Chota a Ergilia López.

Eran las diez de la mañana del 1 de setiembre de 2014.

Faltaban seis horas para que los mataran.

***

Tres semanas después del asesinato de los dirigentes asháninkas en el centro de la selva peruana, una banderola con el rostro de Edwin Chota se agitaba en las calles de Nueva York. Casi medio millón de personas de diferentes ciudades del mundo se reunieron para la marcha medioambiental más grande de la historia, días antes de la Cumbre Climática organizada por la ONU. Periodistas, políticos, activistas y famosos —desde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon, hasta Leonardo DiCaprio y Sting— tomaron las calles para reclamar a sus gobernantes que hicieran algo para que sus países dejen de contaminar y depredar el planeta. Los activistas peruanos levantaban la banderola con la cara de Chota y letreros con los nombres de los líderes asháninkas asesinados para exigir que se encontrara a los culpables. Para entonces, The Wall Street Journal, National Geographic, BBC y El País habían publicado informes sobre el asesinato de Chota y sus intentos por evitar el saqueo del bosque donde vivía con su familia. Un artículo de La Folha de São Paulo dijo que Chota «era un Chico Mendes de su tiempo», comparándolo con el famoso activista cauchero asesinado a fines de los ochenta por defender la Amazonía. La prensa limeña llamaba a Edwin Chota «Mártir de la selva». Para esos peruanos en Nueva York, el líder asháninka representaba algo más: hasta dónde uno es capaz de llegar por defender lo que cree justo.

Pero a más de cinco mil kilómetros de esa marcha, al otro lado de los Andes, en el puerto de Pucallpa, la ciudad de la selva oriental del Perú donde Chota había nacido y crecido, pocos sabían quién era él. «¿Chota? Algo vi en el noticiero. Es el achaninga que han matado, ¿no?», dijo el comerciante Francisco Muñoz. «Él andaba con salvajes, no son civilizados. Antes comían gente. Ahora te atacan. Te tiran flecha», dijo el fotógrafo Jorge Aliaga. «Una vez lo he traído en mi bote. Buena gente era», dijo Santiago Luna. «Acá en Pucallpa nadie lo conocía. Ellos son líderes de sus comunidades, mas allá no salen», dijo Richard Romaina, vigilante del malecón. «Es el señor que andaba con su túnica, pintadito», dijo Luisa Rivera, vendedora de comida. «¿Usted sabe por qué lo han matado?».

Había varios rumores sobre Chota. Que venía del Vraem, ese valle de la selva central controlado por narcoterroristas. Que traficaba cocaína hacia el Brasil. Que compraba casas en Pucallpa con dinero ilícito. Que explotaba a los nativos. Que envenenaba el río para matar el ganado de sus opositores. Que era él quien traficaba madera. Que Edwin Chota Valera no era su verdadero nombre. De todo eso lo acusó un representante de una de las concesiones en las tierras de Saweto, a mediados de 2013, como venganza por las denuncias del líder asháninka. La fiscalía investigó a Chota durante un año. No halló nada. El caso fue archivado, pero las amenazas de muerte —y los rumores— continuaron.

—Chota estaba alterando el status quo —dijo David Salisbury, geógrafo y profesor de la Universidad de Richmond, Estados Unidos, quien conoció al dirigente asháninka durante más de diez años y lo ayudó a hacer conocida su lucha fuera del Perú—. Los taladores ilegales lo querían muerto.

Hoy ser un activista ambiental que defiende un territorio significa asumir que te pueden matar. En promedio, cada semana son asesinados dos ambientalistas en el mundo. Pero solo se han condenado a diez personas por estos crímenes: el uno por ciento. El historial de víctimas es elocuente. En 2001, unos paramilitares colombianos mataron al líder indígena Kimy Pernía por oponerse a una represa. En 2003, el ecuatoriano Ángel Shingre fue secuestrado y acribillado por enjuiciar a una petrolera. En 2009, el indígena mexicano Mariano Abarca fue baleado en la puerta de su casa por protestar contra una minera. En 2011, el congolés Fréderic Moloma Tuka fue golpeado hasta morir por unos policías durante una protesta contra la deforestación. Ese mismo año, la hondureña Diodora Hernández fue asesinada de un disparo por denunciar la contaminación de manantiales con desechos mineros. En 2012, dos militares dispararon al activista camboyano Chut Wutty por denunciar a traficantes de madera. Ese mismo año, el dirigente filipino Jimmy Liguyon fue acribillado delante de su esposa por rechazar un proyecto minero. Según la oenegé internacional Global Witness, más de novecientos ambientalistas han muerto en el mundo en los últimos doce años. En un planeta que exprime sus recursos, defender un bosque o un pedazo de tierra ya no es solo un asunto de sosegados idealistas: en 2011, después de matar a una pareja de brasileños que defendían una reserva natural, los sicarios les cortaron las orejas para detener desde el miedo las denuncias por la tala ilegal.

La misma organización internacional indica que el Perú es el cuarto país del mundo —detrás de Brasil, Honduras y Filipinas— más peligroso para estos activistas. En 2008, Julio García Agapito, teniente gobernador de un pueblo cercano a la frontera con Bolivia, recibió ocho balazos en la oficina de la autoridad forestal local luego de detener un camión con caoba ilícita. En 2013, dos sicarios mataron a Mauro Pío —líder histórico del pueblo asháninka— disparándole desde sus motocicletas. Pío llevaba veinte años pidiendo la titulación de sus tierras y la expulsión de la empresa forestal que invadía su comunidad. Entre 2002 y 2014 cincuenta y siete peruanos fueron asesinados por causas similares. Y esa cifra sólo registra los casos conocidos.

—El mayor peligro que sentimos como líderes es que el Estado, quien se supone nos debe defender, nos traiciona—dijo Ruth Buendía, reconocida líder asháninka, al enterarse de la muerte de Edwin Chota—. Nos deja a nuestra suerte a manos de criminales.

Hasta el día de su muerte, Chota se preparaba para llevar el caso de su comunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Mientras no tengamos un título, los taladores no respetarán la propiedad nativa», le dijo el jefe asháninka a Scott Wallace, periodista de National Geographic que viajó hasta Saweto en 2013 para seguir el tráfico de caoba. «Nos amenazan. Nos intimidan. Ellos tienen las armas». Por las amenazas, dice aquel reportaje, Chota tenía que refugiarse a menudo entre sus compañeros asháninkas de Brasil, a dos días de caminata. En ese mismo sendero lo encontrarían muerto.

Dos días después de la primera noticia del asesinato, el suboficial Carlos Napaico subía a un helicóptero militar para viajar al Cusco a contener un conflicto social cuando su comandante lo llamó para asignarle otra misión: él y sus setenta compañeros —todos policías antisubversivos— debían ir a la selva del Alto Tamaya, en la frontera con Brasil, a buscar los cadáveres de unos asháninkas. Luego de cinco días de rastreo con la ayuda del comunero Jaime Arévalo, los policías encontraron el cuerpo de Edwin Chota en un pozo. No tenían radio para comunicarse, así que metieron los restos de Edwin Chota en un costal y esperaron dos días a que llegara el helicóptero del ejército. Para el suboficial Napaico el cadáver del famoso líder indígena era un boleto de salida: una vez que lo hallaran, le habían dicho sus superiores, podía largarse de ahí.

***

Cuando un líder se convierte en mártir, las personas lo recuerdan como la encarnación de sus propias luchas. Ahora que ha muerto, Edwin Chota significará muchas cosas para quienes lo siguen: la resistencia a la tala ilegal, la defensa de los derechos indígenas, la pelea solitaria del que espera una justicia que nunca llega, la extraña valentía de un hombre de campo que encara al Estado. Para las cuatro viudas de Saweto, la muerte de sus esposos es prueba de hasta dónde son capaces de llegar para que los escuchen.

—Sin título no valgo nada —dijo Ergilia López, una de las viudas, cuando fue a Lima para presentar su caso ante la prensa—. Nosotros cuidamos el agua, los bosques y no los cuidamos sólo para nosotros, sino también para los que viven en Lima. Nosotros no somos pobres. Yo soy rica, en mi tierra tengo todo. Pobres son los taladores que nos roban lo que tenemos.

Ahora las mujeres de Saweto han decidido continuar con los reclamos de sus maridos hasta conseguir la titulación de sus tierras. La hija de uno de los líderes asesinados viajó hasta Nueva York para recibir el premio anual de la Fundación Alexander Soros—un reconocimiento póstumo a los líderes indígenas como héroes ambientales— y una cantidad de dinero para financiar proyectos que Edwin Chota no logró terminar. Su muerte ha originado que el gobierno del Perú, además, inicie el proceso de titulación de Saweto e invierta cerca de trescientos mil dólares en planes para cultivar cacao, plantas medicinales y reforestación de bosques maderables. El Presidente de la República prometió una investigación exhaustiva de los asesinatos, pero hasta noviembre de 2014 el caso estuvo casi detenido por falta de presupuesto. Aún resta encontrar un cuerpo. Las viudas no quieren volver a su comunidad por miedo. Sin título ni protección, los madereros podrían vengarse.

Edwin Chota lo había advertido: quizás alguien tendrá que morir para que les presten atención. Sin embargo, dicen quienes mejor lo conocieron, eso no era lo que más le preocupaba. «Él decía que ya lo había asumido, que moriría en cualquier momento», afirma Margoth Quispe, abogada de la comunidad. A Chota, el único líder que sabía leer y escribir, le preocupaba que no hubiera otro asháninka con la preparación suficiente para enfrentar a los madereros. «Por eso educaba a otros líderes —dice Quispe—. Pero ahora ellos también están muertos».

Ergilia López, que quedó viuda y se convirtió en la nueva dirigente de Saweto, dice que no tiene miedo. Que seguirá defendiendo el bosque y denunciando a los traficantes de madera aunque deba arriesgar su vida. Solo una cosa le preocupa.

—El problema —me dijo— es que no sé leer ♦

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comentarios
  1. Jordin dice:

    Cosas lamentables que pasan en mi país. Hasta cuándo las injusticias. Hasta cuándo el Estado peruano no apoyará a las comunidades indígenas. Y pensar que aquí en el Perú se dice: <>, patrañas. La economía mejora para las personas adineradas; personas que no se preocupan por la “rica” naturaleza de nuestras tierras. La muerte del señor Edwin Chota habla del mal manejo de nuestras autoridades, sin mencionar que somos uno de los países de América Latina plagada de corrupción. Además de ello robos por doquier. La inseguridad ciudadana no solo en selva sino en todo el Perú.

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