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Libero Grassi, dueño de una fábrica de pijamas y calzoncillos, publicó esta carta en el Giornale di Sicilia el 10 de enero de 1991: “Queridos extorsionadores: pueden ahorrarse las llamadas telefónicas amenazantes y los gastos en bombas y balas, porque no vamos a pagar el chantaje y estamos bajo protección policial. He construido esta fábrica con mis manos, es el trabajo de mi vida, y no pienso cerrarla”. En esa misma fecha acudió a una comisaría de Palermo y puso una denuncia contra los mafiosos que le visitaban y le llamaban. Algunos de ellos fueron detenidos. Como consecuencia de este gesto, Grassi solo vivió ocho meses más.

Durante esos últimos meses apareció en diarios, radios y televisiones, llamando a la rebelión cívica contra la Mafia. Una noche asaltaron su fábrica, se la destrozaron y le robaron la cantidad exacta de dinero que le reclamaban. Él siguió su empeño contra las amenazas, el miedo, incluso el desprecio: “Muchos clientes han dejado de venir a nuestra tienda. El presidente de la Asociación Industrial declaró que yo hacía demasiado ruido. Otros empresarios dicen que mancho la imagen de Sicilia, que la ropa sucia no hay que lavarla en público y que voy a los medios por afán de protagonismo. Ellos siguen pagando. Consideran que la Mafia es invencible. Comprendo el miedo, pero si todos colaboráramos con la policía y diéramos los nombres de quienes nos chantajean, la extorsión se acabaría pronto. Yo no soy un quijote, ni un moralista ni un apóstol. Solo quiero seguir tranquilamente mi camino”. El 29 de agosto de 1991, Grassi salió de su casa a las 7.30 de la mañana. Antes de llegar al coche, el mafioso Salvatore Madonia se le acercó y le pegó tres tiros en la cabeza.

Dos años antes, la Policía había descubierto un libro de cuentas de la familia Madonia con los detalles de las empresas a las que cobraban el pizzo, el chantaje mafioso: unos 150 negocios de un barrio de Palermo —restaurantes, concesionarios de coches, tiendas, talleres y fábricas—, que pagaban entre 150 y 7.000 dólares al mes. Ninguna de las 150 personas extorsionadas quiso dar ningún dato a la Policía sobre los chantajistas. Dos años más tarde tampoco hubo ninguna declaración sobre el asesinato de Grassi. Nadie vio nada.

“Cuando la Mafia mató a mi marido, muchos amigos dejaron de saludarme”, recuerda ahora Pina Maisano, de 83 años, viuda de Grassi. “Si nos cruzábamos por la calle, hacían como que no me conocían. Me quedé con un hijo y una hija y nadie me apoyó. Las asociaciones de empresarios callaron, los partidos políticos se desinteresaron, el Estado me ignoró. Me sentí muy sola. Fueron unos años de mucho desamparo. Hasta que decidí pasar al contraataque”.

Palermo despierta

Doce años después del asesinato de Grassi, una mañana las calles de Palermo aparecieron empapeladas con miles de adhesivos que decían: “Un pueblo que paga el pizzo es un pueblo sin dignidad”. Una periodista preguntó a Maisano si conocía a los autores de las pegatinas. “No, yo no los conocía, pero le dije a la periodista que para mí era como si fueran mis nietos”. Unos días más tarde, tres jóvenes fueron a visitarla y se le presentaron: “Pina, somos tus nietos”.

Edoardo Zaffuto, palermitano de 36 años, fue uno de los primeros integrantes del grupo Addio Pizzo (“adiós al chantaje”), uno de los nuevos “nietos” que se acercaron a Pina Maisano. Su compromiso por la lucha antimafia había brotado durante la adolescencia, poco después del asesinato de Grassi: “Los chicos y las chicas de mi edad crecimos en los años 80 con tiroteos diarios por las calles de Palermo, pero nunca hablábamos de la Mafia, ni en casa, ni en el colegio, ni entre los amigos. Hubo un momento clave que a muchos nos hizo despertar: las imágenes brutales del atentado contra el juez Falcone, que había condenado a cientos de mafiosos en el macrojuicio de Palermo, esas imágenes del cráter de la autopista y los coches destrozados”. Zaffuto tenía 15 años cuando los capos de Sicilia programaron aquel bombazo.

El detonador se lo dejaron al sicario Giovanni Brusca, el Matacristianos, responsable confeso de “muchos más de cien pero menos de doscientos asesinatos”. Porque sabían que Brusca no iba a dudar. El 23 de mayo de 1992, cuando la caravana de tres coches blindados pasó por el punto preciso, apretó el botón y explotaron quinientos kilos de TNT ocultos bajo la autopista. El primer automóvil voló setenta metros y cayó en un olivar, con los cuerpos despedazados de los escoltas Antonio Montinaro, Vito Schifani y Rocco Di Cillo. En el tercero, que resistió la sacudida, resultaron heridos otros tres escoltas. El segundo coche reventó y cayó al cráter abierto en el asfalto. En él quedaron malheridos el juez Giovanni Falcone y su mujer Francesca Morvillo, que morirían pocas horas después.

A las pocas semanas, el 19 de julio de 1992, Paolo Borsellino fue a visitar a su madre en un barrio de Palermo. Era otro de los jueces que había dirigido el macrojuicio, como mano derecha de Falcone. Cuando se acercaba al portal, explotó un coche cargado con cien kilos de TNT: murieron Borsellino y cinco escoltas. Su viuda organizó un funeral privado y prohibió que los políticos participasen: los jueces llevaban años lamentando la escasa implicación del Estado en la lucha contra la Mafia y hasta su complicidad con ella, se quejaban de los pocos recursos de los que disponían y del desamparo en el que habían muerto asesinados otros investigadores anteriores, como el juez Terranova, el prefecto Dalla Chiesa y hasta ocho periodistas sicilianos. “Morimos porque estamos solos”, había declarado Falcone. El historiador John Dickie, en su libro Cosa Nostra, afirma que el Estado italiano como tal nunca se enfrentó a la Mafia: la batalla la dio “una heroica minoría de jueces y policías, respaldados por otra minoría de políticos, miembros de la administración, periodistas y ciudadanos normales y corrientes”.

En las exequias por los cinco escoltas de Borsellino, una muchedumbre de policías de paisano y de ciudadanos palermitanos rompió el cordón de seguridad y entró en tromba a la catedral de Palermo para encararse con las autoridades. Al presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, y al presidente del Gobierno, Giuliano Amato, zarandeados, insultados y ahogados por la avalancha, los sacaron del templo en volandas. “Fue el día en el que los sicilianos nos levantamos y acusamos a las autoridades, en su misma cara, de no hacer nada para proteger a los jueces y protegernos a nosotros. El Estado nos tenía abandonados”, recuerda Francesco Giglio, que ahora tiene 37 años y entonces era otro de esos adolescentes palermitanos que empezaba a desarrollar un compromiso antimafia. “Echamos a los políticos de la catedral porque solo nosotros teníamos derecho a llorar por nuestros hermanos, que habían muerto para liberarnos. En los días siguientes, algunos compañeros recorrimos las escuelas de la ciudad para pedir a los alumnos que marcharan con nosotros hasta el árbol de Falcone”. Ese árbol, situado frente a la casa del juez asesinado, se convirtió en núcleo de peregrinaciones: los palermitanos dejaron allí flores, mensajes, poemas, fotografías. “Por primera vez, la gente perdió el miedo de gritar su rabia contra la Mafia y contra las instituciones sordas y ciegas”, sigue Giglio. “Fue un momento de gloria. Tras muchos años de toques de queda y silencio institucional, mi ciudad volvió a nacer. Me sentí orgulloso de ser siciliano, como nunca me había sentido antes. Desde entonces, todo cambió”.

Apenas unos meses antes, a principios de 1992, se habían hecho firmes las sentencias del macrojuicio dirigido por Falcone y Borsellino. Tras muchos años de investigaciones, procesos y apelaciones, en un camino entorpecido a menudo desde las propias instituciones del Estado, las sentencias finales condenaron a 360 mafiosos. Y gracias a las revelaciones del capo arrepentido Tommaso Buscetta, demostraron que la Mafia funcionaba como una organización jerarquizada, regida por una comisión que decidía los crímenes principales, y que constituía un Estado paralelo infiltrado en las instituciones, los partidos políticos y los negocios. Hasta entonces, como explica Dickie, era frecuente que se negara la propia existencia de la Mafia: muchos políticos, empresarios o intelectuales consideraban que la violencia se debía a una mera cuestión de carácter siciliano, una tradición de grupos que funcionaban al margen de la ley con la “viril arrogancia de quien vela por sus intereses”, de gente violenta pero con un código de honor que incluso le confería cierto glamour.

Santino di Matteo, uno de los mafiosos que preparó el atentado contra Falcone, fue detenido y comenzó a colaborar con la justicia. Entonces el Matacristianos Brusca secuestró a su hijo, Giuseppe di Matteo, de 12 años, lo tuvo encerrado veintiséis meses y al final ordenó que lo estrangularan y lo disolvieran en una bañera de ácido nítrico. No fue el arrebato de un loco: fue una decisión colectiva de los líderes de la Mafia, coherente con su código de honor. El sicario que ahogó al niño lo explicó así ante un tribunal: “Yo era un soldado de la Cosa Nostra, obedecía órdenes y sabía que estrangulando a un niño podía hacer carrera. Estaba muy contento”. Este era el carácter sistemático y atroz de la Mafia que revelaron Falcone y Borsellino durante el macrojuicio. Por eso fueron asesinados a bombazos en los meses posteriores.

Esos atentados sacudieron Palermo como nunca antes. Miles de ciudadanos colgaron sábanas de los balcones en señal de protesta, trenzaron una cadena humana que cruzaba la ciudad y salieron en una marcha masiva contra la Mafia. Entre los manifestantes estaban Pina Maisano, pocos meses después de que asesinaran a su marido, y Edoardo Zaffuto, el adolescente que empezaba a abrir los ojos, impresionado por la brutalidad mafiosa. Sus caminos se entrelazarían doce años más tarde.

En esas manifestaciones hubo algo que conmovió al joven Zaffuto y que marcó el carácter de sus primeras militancias: “Por primera vez leí y escuché frases contra la Mafia. ¡De eso no se hablaba nunca! Pero cuando miles de personas fueron capaces de juntarse para protestar en voz alta, consiguieron una gran fuerza. Por eso, cuando empezamos nuestra campaña contra la extorsión, decidimos que primero debíamos romper el silencio”.

Así pues, el 29 de junio de 2004 siete jóvenes recorrieron de madrugada las calles de Palermo pegando miles de carteles: “Un pueblo que paga el pizzo es un pueblo sin dignidad”. Cuando los palermitanos despertaron y salieron a la calle, quedaron conmocionados con aquel grito antimafia que inundaba su ciudad. Al mediodía los informativos sicilianos abrieron con imágenes de las paredes empapeladas, por la tarde las autoridades improvisaron una rueda de prensa para mostrar su apoyo a los comerciantes que rechazaran el pizzo y la cámara de comercio anunció que pondría de nuevo en marcha el teléfono para recibir las denuncias confidenciales de empresarios chantajeados. El teléfono lo habían suspendido unas semanas antes porque nadie denunciaba nada.

“La mera palabra pizzo era tabú”, dice Zaffuto. “Nadie hacía comentarios sobre el chantaje cotidiano, pero unos pocos jóvenes empapelaron la ciudad con esa palabra y obligaron a que los medios, las autoridades y los ciudadanos hablaran sobre el asunto. Al nombrar el problema, empezamos a encararlo”. Así dieron continuidad al empeño de Borsellino, quien poco antes de ser asesinado declaró: “Hablad de la Mafia. Hablad de ella por la radio, por la televisión, por los periódicos, no paréis de hablar de ella”. El silencio y el miedo, explicaba el juez, componen el ecosistema ideal para que prospere la Cosa Nostra sin que nadie la moleste.

Comercios que no pagan

También Pina Maisano se empeña en divulgar las palabras de su marido, en propagar la voz rebelde que la Mafia quiso acallar con tres balazos. Es una mujer de 83 años, menuda, de pelo blanco y movimientos muy suaves, que se ha convertido en uno de los iconos de la resistencia cívica. Encabeza manifestaciones, concede entrevistas en los medios, viaja por escuelas de toda Italia para hablar con crudeza sobre los estragos de la Mafia y desmontar el glamour de los matones. En la sede de la organización Addio Pizzo, donde se reúne a menudo con sus “nietos”, señala una foto enmarcada: “Es la última que le hicieron a Libero, en una chalupa, en Mondello, dos días antes de que lo asesinaran”. Lo cuenta en un tono casi inaudible, con un cariño y una dulzura que estremecen. “Libero era un hombre muy valiente. Sabía muy bien lo que hacía, sabía que estaba condenado a muerte, pero tenía una conciencia aguda de la injusticia. No solo se negó a pagar el pizzo, sino que impulsó un movimiento contra la Mafia. Escribió en los diarios y fue a las televisiones. Rompió el silencio. Por eso lo mataron”.

“Yo tenía 16 años cuando asesinaron a Libero Grassi”, recuerda Zaffuto, de pie junto a la viuda. “Entonces en Palermo se asumía que si no pagabas a los mafiosos, seguramente te destruirían el negocio o te matarían. Era lo normal. Hasta 2004 apenas nadie denunciaba las extorsiones a la policía. Para dar la vuelta a tanta resignación, era necesario que muchos comerciantes se rebelaran al mismo tiempo y que tuvieran una protección de la sociedad”. Tras la campaña de los adhesivos, los jóvenes de Addio Pizzo tantearon en 2005 a aquellos empresarios y comerciantes palermitanos que parecían dispuestos a rechazar el chantaje públicamente. Pidieron a Maisano que presidiera una comisión de garantías: un grupo de jueces, escritores, periodistas, sacerdotes y otras personalidades palermitanas que apoyaban la iniciativa. Maisano aceptó y en 2006 presentaron la primera lista de cien empresas y comercios que decían no a la Mafia.

“Vivimos un momento crítico cuando los mafiosos quemaron la ferretería Guajana, uno de los negocios de la lista”, explica Zaffuto. “Ahí se jugó nuestra credibilidad como garantía antimafia. Pero la reacción fue muy buena: teníamos mucho eco en los medios y conseguimos presionar al Gobierno para que diera un nuevo local a Guajana, como preveía la ley, pero para que lo hiciera inmediatamente. La respuesta rápida era clave”. Gracias a un apoyo social cada vez mayor, el activista cree que están derrotando el miedo paso a paso: “Ningún comercio adherido al Addio Pizzo volvió a sufrir ataques. A la Mafia le interesa la discreción, no le conviene atacar a una iniciativa que hace mucho ruido en la sociedad. Tres mafiosos detenidos explicaron ante el juez que existía una orden de dejar en paz a nuestros comercios. Así que poner el adhesivo de comercio afiliado al Addio Pizzo en el escaparate ya no es exponerse a un ataque, sino la mejor manera de defenderse”.

Addio Pizzo también edita una guía de “consumo crítico”, en la que aparecen los negocios que no pagan a la Mafia: “Pedimos a los palermitanos que consuman en esas tiendas. Es una decisión ética: así apoyan a los valientes, animan a que se sumen más comercios y dejan de financiar a la Mafia. Porque cuando los ciudadanos consumimos en una panadería, una carnicería, una sala de cine o una librería que paga el pizzo, una parte de nuestro dinero acaba llegando a la Cosa Nostra”.

Andrea, un palermitano de 40 años que prefiere ocultar su verdadero nombre, abrió un pequeño restaurante en el centro de la ciudad a principios de 2012. Asegura que no paga el chantaje: “Los de mi generación ya no funcionamos con la mentalidad tradicional. Tenemos formación universitaria, conocemos nuestros derechos, sabemos la importancia de una economía legal… En otros barrios de Palermo, donde la vida sigue siendo más cerrada, casi todos los comerciantes pagan el pizzo. Pero los negocios más modernos del centro no lo hacemos. La sociedad está cambiando. Si yo recibiera alguna extorsión, iría inmediatamente a poner una denuncia. Por suerte, los jueces y la policía luchan contra la Mafia con más decisión que hace veinte años, que en tiempos de Libero Grassi, y los mafiosos han perdido fuerza en las calles”.

Con un creciente número de denuncias, con su poderío militar debilitado por las instituciones y por la resistencia ciudadana, los nuevos capos renunciaron a los atentados callejeros y desplazaron sus negocios a los tráficos ilegales, las finanzas y los altos despachos. “Pero en la calle tampoco podemos cantar victoria. La mayoría de los negocios de Palermo sigue pagando el pizzo”, dice Zaffuto. “Cambiar la mentalidad exige un trabajo enorme: para una panadería de barrio que lleva cincuenta años pagándola, la extorsión ya está incorporada como un impuesto más, no la consideran anormal”.

En cualquier caso, los avances son considerables. Si en la primera guía publicada en 2006 aparecían cien comercios de Palermo que rechazaban el pizzo, en la última, de 2011, ya son más de setecientos.

Macarrones libres de mafia

Los sicilianos también pueden comprar “macarrones libres de Mafia”. Y vino, aceite, legumbres o mermelada. Los encuentran, por ejemplo, en la Tienda de la Legalidad, donde se venden productos elaborados por cooperativas agrícolas muy peculiares: cultivan tierras incautadas a la Cosa Nostra, no pagan chantajes y así lo proclaman en sus envases. La Tienda de la Legalidad es una casa confiscada a Bernardo Provenzano, el capo de todos los capos, detenido en 2006. Y está situada en Corleone.

“Todo el mundo relaciona Corleone con la Mafia. Es una relación innegable, como en tantos otros lugares de Sicilia, y encima le pusieron nuestro nombre al capo de El Padrino… Pero lo verdaderamente específico de este pueblo es la antimafia: aquí han nacido algunas de las luchas cívicas más valientes”, explica Massimiliana Fontana, gerente del CIDMA (Centro Internacional de Documentación sobre la Mafia y la Antimafia), una institución situada en este pueblo del que salieron los capos más sangrientos del siglo XX: Navarra, Leggio,Riina y Provenzano.

La historia de Corleone, una pequeña ciudad agrícola y ganadera de la provincia de Palermo, representa un ejemplo ideal para ver cómo la Mafia ha tiranizado a los sicilianos y cómo en los últimos años se están sacudiendo esa opresión.

El viajero inglés W. A. Paton describió Corleone en 1897 como un pueblo de “mujeres pálidas y anémicas, hombres de ojos hundidos, niños anormales y andrajosos que mendigaban pan, gruñendo con voz ronca como viejos cansados del mundo”. El interior rural de Sicilia, según los informes de la época, era una región de miseria, hambre, analfabetismo, malaria, en la que los campesinos vivían sometidos a los terratenientes en condiciones cercanas a la esclavitud. Una organización militarizada velaba por mantener esa situación de dominio feudal: los primeros grupos mafiosos.

Los terratenientes vivían en sus palacios de Palermo y encargaban la administración de las tierras a losgabelloti, unos intermediarios tiránicos que cobraban las rentas, se quedaban con parte de ellas, extorsionaban a los campesinos, organizaban bandas de asaltantes y cuatreros, y asesinaban a quien hiciera falta para controlar el comercio de alimentos con la ciudad. Como relata Dickie, el recién nacido Estado italiano fue incapaz de imponer una fuerza legal y democrática en la remota Sicilia, así que los capataces rurales se instalaron en ese vacío, formaron bandas violentas, se extendieron de negocio en negocio y se especializaron hasta constituir una eficaz “industria de la violencia”, un gremio más del sector servicios siciliano: si un agricultor o un comerciante quería que sus negocios prosperaran, que nadie destruyera las cosechas ni asaltara los transportes, debía contratar los servicios de “protección” de los mafiosos. En las siguientes décadas, este sistema de chantaje y violencia se fue consolidando como una gran estructura de familias coordinadas y dirigidas por una comisión central. Se infiltró en las ciudades, controló ayuntamientos, saqueó fondos públicos, manejó empresas, se apoderó de grandes negocios como el de la construcción y dio el salto al tráfico mundial de drogas y armas. Por el camino cayeron cientos y cientos de cadáveres, los de cualquier persona que se opusiera a sus negocios.

El Estado italiano recién nacido tampoco fue capaz de proveer un bienestar mínimo para los sicilianos. Por eso, ante el paro, la pobreza y la falta de oportunidades, la Mafia cultivó una imagen de organización preocupada por los suyos, que daba trabajo y protección a sus paisanos, que defendía valores como la familia, la lealtad y el honor. Esa propaganda moral sedujo a muchos sectores de la sociedad. Y maquilló un sistema de opresión implacable, cuyos únicos criterios eran la acumulación de riqueza y poder. La Cosa Nostra concedía favores a cambio de una sumisión absoluta, imponía la extorsión y el silencio obligatorio, establecía pactos de corrupción y complicidad con los poderes políticos, fueran del color que fueran, y asesinaba a cualquiera que incordiara.

Algunas de las primeras rebeldías brotaron precisamente en Corleone. En la década de 1890, Sicilia vivió una proliferación de los llamados fascios, embriones de los actuales sindicatos: eran ligas locales de campesinos y mineros, inspirados en una amalgama de ideas socialistas, cristianas y democráticas, que peleaban por mejorar las atroces condiciones laborales de la época. En Corleone, la hermandad de campesinos estaba liderada por Bernardino Verro, un funcionario municipal que fue despedido por denunciar el poder abusivo de los mafiosos y los terratenientes. Predicaba el socialismo, la unión de los trabajadores y la igualdad de hombres y mujeres. Y montó una iniciativa que atacaba directamente a la Cosa Nostra: dirigió una cooperativa agrícola en la que los propios socios arrendaban la tierra, la gestionaban, se repartían los beneficios de manera equitativa y prescindían de los intermediarios mafiosos. Los corleoneses, entusiasmados por este sistema más justo y libre, votaron en masa por Verro y lo convirtieron en alcalde de Corleone en 1914. Un año más tarde, varios sicarios lo mataron a tiros en una calle del pueblo.

Así se inauguró la tradición mafiosa de asesinar a quienes luchaban por los derechos de los trabajadores. En 1948, el sindicalista corleonés Placido Rizzotto, impulsor de una campaña para que los campesinos sicilianos obtuvieran la propiedad de las tierras, fue secuestrado, asesinado y arrojado a una sima en las montañas. Sus restos no se encontraron hasta 2009 y no se pudieron identificar hasta marzo de 2012. La noche del asesinato, un pastor de 13 años llamado Giuseppe Letizia, que cuidaba su rebaño, presenció el crimen. Al día siguiente su padre lo encontró tirado en el campo, delirando, con fiebre alta, y lo llevó al hospital. Allí, cuando empezó a recuperarse, el niño relató el asesinato. Y a las pocas horas murió tras recibir una inyección letal. El director del hospital era el doctor Michele Navarra, el capo de Corleone. El médico que atendía al niño bajo las órdenes de Navarra abandonó su puesto de trabajo y a los pocos días emigró a Australia.

En esos años de la posguerra mundial se estaba gestando la terrible dinastía corleonesa. A Navarra lo mató en 1956 su vecino y antiguo subordinado Luciano Leggio, que así se convirtió en el nuevo capo. A partir de los años 70, a Leggio lo sucedieron sus socios Totò Riina y Bernardo Provenzano. Los corleoneses dirigieron el “saqueo de Palermo” (la fiebre de construcción salvaje que arruinó la capital siciliana, con la ayuda de los alcaldes corruptos Salvo Lima y Vito Ciancimino) y después, con el propósito de dominar en exclusiva el tráfico mundial de heroína, lanzaron una guerra de liquidación contra las facciones mafiosas rivales, que dejó más de mil muertos en apenas dos años, entre 1981 y 1983.

La campaña de exterminio les dio el poder pero acabó volviéndose en su contra. Uno de los enemigos a los que derrotaron fue Tommaso Buscetta, capo de los dos mundos, emperador de la heroína en Sicilia y América: los corleoneses le mataron dos hijos, un hermano, un yerno, un cuñado y cuatro sobrinos. Cuando fue apresado en 1983, Buscetta decidió vengarse testificando contra los corleoneses. Pidió una entrevista con el juez Falcone y empezó a desvelar el entramado de la Mafia como nunca nadie había hecho antes. Así arrancaron las investigaciones del macrojuicio de Falcone y Borsellino, que acabaron con cientos de mafiosos condenados y con la organización muy dañada.

En diversas épocas, los capos corleoneses fueron detenidos y condenados a cadena perpetua: Leggio en 1974, Riina en 1993 y Provenzano en 2006. Con los grandes nombres de la Mafia entre rejas, los vecinos de Corleone se empeñaron en rescatar los grandes nombres de la antimafia. En 2001 unos jóvenes agricultores del pueblo se atrevieron a cultivar terrenos incautados a la Cosa Nostra, y a su cooperativa le dieron el nombre de Placido Rizzotto, el sindicalista corleonés asesinado y olvidado en una sima durante seis décadas.

Esta singular iniciativa de las cooperativas antimafia también surgió como una reacción ciudadana tras los asesinatos de Falcone y Borsellino. El sacerdote Luigi Ciotti, conocido en Italia por su trayectoria de luchas sociales, aprovechó las protestas masivas de Palermo para proponer un plan contra el crimen organizado. Recogió un millón de firmas en todo el país, consiguió que se convocara un referéndum y que en 1996 se promulgara una ley: la que permite que los bienes confiscados a la Cosa Nostra sean cedidos a organizaciones con fines sociales. También fundó Libera, una red antimafia que hoy une a más de 1.500 asociaciones, sindicatos y escuelas de toda Italia. En esos años nació el proyecto de especializar Corleone como ciudad antimafia: allí fundaron el Centro Internacional de Documentación de la Mafia, montaron la Tienda de la Legalidad en una casa confiscada al capo Provenzano y una casa rural en terrenos incautados a Riina, dedicaron una plaza a Falcone y Borsellino…

En ese ambiente de reacción social contra la Mafia, los quince agricultores de la cooperativa Rizzotto se unieron para enfrentarse al miedo. “Al principio resultó muy difícil”, explica Simona Sgroi, palermitana de 32 años y miembro de Libera. “Nadie del pueblo se atrevía a trabajar en terrenos confiscados al capo Riina, nadie quiso dejar en alquiler una máquina cosechadora a la cooperativa, después los mafiosos les quemaron los tractores…”. Pero mantuvieron el pulso hasta ganar la batalla del arraigo social: “La gente del pueblo empezó a ver que la cooperativa les hacía contratos, que por fin cotizaban, tenían seguro médico y derechos laborales, no como cuando mandaban los mafiosos. Vieron que una economía limpia les beneficiaba”, explica Sgroi. “Además las cooperativas salen en los medios de comunicación, en verano llegan voluntarios de toda Italia para la cosecha, y a los mafiosos no les compensa meterse con un movimiento tan popular. La repercusión es el mejor escudo. A la Mafia se la derrota cuando se quiebra el silencio”. Los agricultores antimafia llevan años aumentando la producción, venden en supermercados de toda Italia y han comenzado a exportar vino y pasta.

Incluso conquistan símbolos. Muchos de ellos se forman ahora en el Instituto Profesional para la Agricultura, en Corleone, que tiene una sede asombrosa: una villa con torres, jardines, suelos de mármol y muebles de maderas nobles. Es una mansión confiscada a Totò Riina, el capo que dirigió la guerra mafiosa de los mil muertos, que dominó el negocio de la heroína y que se encargaba de estrangular personalmente a sus víctimas después de que sus sicarios las torturaran. Riina fue precisamente quien ordenó las matanzas de los jueces Falcone y Borsellino. Pero no calculó que del cráter dejado por sus bombas emergería un movimiento antimafia capaz de perseguirlo, encarcelarlo, confiscarle los bienes y hasta de convertir su suntuoso palacio en un centro de educación pública.

El Ayuntamiento de Corleone recicló los salones de los narcotraficantes en aulas para agricultores, en un gesto de democracia simple y cotidiana. Y así lanzó un mensaje poderoso: la sociedad siciliana empieza a recuperar los recursos y la libertad que la Mafia le ha vampirizado durante siglos.

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Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía has registrado 4,716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

—Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero –le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
—No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
—Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15, y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

—Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4,716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3,925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.

“Escogíamos a los más chirretes”

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200,000 a 500,000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió: “Sí, patroncito, voy para allá”. Colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial” que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (cincuenta centavos de dólar).

—Él no distinguía el valor del dinero –dice Luz Marina Bernal–, pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: “Mira, mamá, me acordé de ti”.

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 100 dólares) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él, y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. “El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro”, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban “el bobito”, explicó.

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 200,000 pesos, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2:24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

—Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

Le pedían casi $7,000 por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

Uribe: “No fueron a coger café”

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, “por no cerrar la boca”. Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: “Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las FARC”.

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: “No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales”. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: “No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”.

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, su sucesor en la Presidencia de Colombia. Y dijo: “En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes”. Luego anunció la destitución de 27 militares.

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. “Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas”, declaró al final de su estancia, “pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”. El término “falsos positivos”, según Alston, “da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro”. Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos “por algunas manzanas podridas dentro del Ejército”, como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban “una estrategia sistemática”, ejecutada por “una cantidad significativa de elementos del Ejército”.

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

El presidente Uribe respondió que “la mayoría” de las acusaciones eran falsas. Que venían de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales”, cargados “de odio y de sesgos ideológicos”. Y salió una y otra vez a defender a los militares: “Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones”.

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: “Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas”.

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba “como una boba”. Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

“Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla”, dice Sanabria, “a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado”.

A $2,000 el muerto

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara “negligencia” y “falta de cuidado en los procedimientos” del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los $2,000 por un combatiente raso, hasta $2.5 millones por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de 9,000 miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a 7,000 personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: “Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas”. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. “La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad”, denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: “Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19,405 combatientes fueron “abatidos” (un eufemismo para no decir “muertos”), 63,747 fueron capturados y 44,954 fueron desmovilizados.

La suma alcanza 128,106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32,000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad “la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos”.

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3,796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3,084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

Una grieta en la impunidad

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

—Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4,700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5,500 rosas y 25,000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

—Nos siguen acosando –dice Luz Marina Bernal–, pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

La Corte Penal Internacional tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la Corte Penal Internacional afirmó que había “bases razonables” para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado.

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

Como crímenes contra la humanidad

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4,716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

—A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice–. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.
—Necesitamos la verdad para seguir viviendo –dice Luz Marina Bernal–. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

Una carrera abominable

Publicado: 14 julio 2012 en Ander Izagirre
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La leyenda del Tour nació con un grito. En 1910 el ciclista Octave Lapize atacó desde la salida en la etapa Luchon-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante catorce horas y por el camino se topó con cinco monstruos que entonces nadie conocía: Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soulor y Aubisque. Lapize excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó a la cumbre del Aubisque gimiendo; tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del Tour y, cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo: “¡Asesinos!”.

Octave Lapize resumió en una palabra lo que muchos corredores han descubierto durante más de un siglo: el instinto criminal del Tour. También lo descubrió Paco Cepeda, que se mató en el descenso del Galibier en 1935. Y Wim Van Est, el holandés que marchaba con el maillot amarillo en 1951, se despeñó por un barranco de setenta metros en el Aubisque y apareció vivo cuando bajaron a buscar su cadáver. Y Roger Riviére, un chaval que volaba hacia la victoria en 1960 cuando se estrelló en el Perjuret: se partió la columna vertebral y pasó el resto de sus días en una silla de ruedas. Y Fabio Cassartelli, el campeón olímpico que en 1995 se quedó para siempre en una curva del Portet d’Aspet. Y Jean Robic, un escalador de bolsillo que en los descensos se cargaba de plomo para compensar su poco peso y que llevaba un anillo con la inscripción bretona Kenbeo kenmaro, a vida o muerte. Robic, vencedor del Tour de 1947, se fracturó a lo largo de su carrera la muñeca izquierda, las dos manos, la nariz, la clavícula izquierda, el omoplato derecho, el fémur; se abrió una ceja y sufrió el desplazamiento de cuatro vértebras; se partió el cráneo dos veces y se lo tuvieron que reforzar con una plancha de acero. Era Robic trompe-la-mort, el engañamuertes. También Louis Malléjac esquivó el filo de la guadaña en 1953: “He creído morir subiendo el Mont Ventoux”. Malléjac acababa de intuirlo: la muerte esperaba en aquella montaña para llevarse un ciclista. En 1967 Tom Simpson dio sus últimas cuarenta pedaladas en el Ventoux y cayó fulminado por una mezcla de fármacos, alcohol y calor. El fallecimiento de este inglés, que en 1965 se había proclamado campeón del mundo en San Sebastián, removió las entrañas de miles de espectadores que seguían la tragedia en directo por televisión. Simpson se les murió en el salón de casa.

Esta competición de instinto feroz empezó a gestarse  a finales del siglo XIX, en las redacciones de dos diarios deportivos parisinos. En 1891, el diario Vélo organizó la París-Brest-París, una prueba ciclista de 1.260 kilómetros que ganó Charles Terrot tras 71 horas de pedaleo. Los lectores, ansiosos por conocer el relato de semejante aventura, agotaron los ejemplares de Vélo. El éxito asombró al director del diario, Pierre Giffard, quien no tardó en crear la Burdeos-París y la París-Roubaix, un monumento del ciclismo que aún hoy recorre las rutas empedradas de hace un siglo, conservadas exclusivamente para que los ciclistas sufran en ellas una vez al año. Aquellas primeras maratones ciclistas eran en el fondo un escaparate de dos negocios en simbiosis: la venta de diarios y la venta de bicicletas. El diario Vélo se financiaba en gran parte por los anuncios de los fabricantes de bicicletas, y ambos, periodistas y fabricantes, se aliaban para organizar grandes espectáculos deportivos. El objetivo era seducir con las hazañas ciclistas tanto a los espectadores que presenciaban en directo el paso de las carreras como a los lectores de las crónicas del Vélo, teñidas de épica rimbombante. Lo consiguieron: la venta de diarios deportivos y bicicletas se disparó en Francia.

Y así, otros periodistas franceses se inventaron el Tour para vender más diarios. El hombre clave fue Henri Desgrange. Este antiguo ciclista, que entre otras hazañas había establecido en 1893 el récord de la hora en 35,325 kilómetros, trabajaba de jefe de publicidad para Adolphe Clément, fabricante de bicicletas. Organizaba carreras ciclistas para promocionar las bicicletas Clément,  incluso lanzó la idea de construir el velódromo del Parque de los Príncipes -donde terminaría el Tour todos los años, hasta 1977-. Pero Clément y Desgrange rabiaron: el diario Vélo jamás publicaba noticias sobre las competiciones que ellos organizaban. Y cuando se dignó a mencionar el velódromo del Parque de los Príncipes, solo fue para sentenciar que resultaba “demasiado grande” y quedaba “demasiado lejos” del centro de París. Desgrange y Clement, indignados por el monopolio informativo y publicitario que ejercía Vélo, se reunieron con los presidentes de varios clubes y fabricantes automovilísticos -entre ellos, un tal Édouard Michelin- y en 1900 decidieron fundar un diario sobre automovilismo y ciclismo: L’Auto-Vélo. Henri Desgrange fue el primer director. Pero Pierre Giffard contraatacó pronto: denunció al nuevo diario por uso indebido de una marca registrada y ganó el juicio, por lo que Desgrange tuvo que eliminar la palabra Vélo y quedarse solo con L’Auto, a pesar de que también hablara de ciclismo.

Henri Desgrange, alias El Patrón, decidió luchar contra Giffard con su misma fórmula, y como primer ensayo organizó la carrera ciclista Marsella-París. La prueba tuvo cierto éxito, pero L’Auto no vendía más de 20.000 ejemplares mientras que el Vélo de Giffard rondaba los 80.000. Por eso, el 20 de noviembre de 1902, Desgrange reunió a sus colaboradores para pensar en algún proyecto más ambicioso que permitiera dar un revolcón a las cifras de ventas. La idea germinó en el cerebro del redactor Géo Lefèvre:

—Últimamente nos llegan cartas desde las ciudades de provincias, porque quieren ver a las figuras del ciclismo. Podríamos organizar una carrera por etapas que saliera de París y que recorriera las ciudades principales. Sería una vuelta a Francia.

El proyecto apasionó al Patrón, quien durante los siguientes días se reunió con Lefèvre en el restaurante Madrid para concretar los detalles de semejante carrera. Por fin, el 19 de enero de 1903, la portada del diario L’Auto anunció el nacimiento de la criatura: “La mayor prueba ciclista del mundo entero. Una carrera de un mes, del 1 de junio al 5 de julio, por Lyon, Marsella, Toulouse, Burdeos y Nantes. 20.000 francos en premios”. El proyecto aún estaba prendido con alfileres, pero Desgrange, publicista hábil, solo redactó esa especie de telegrama porque sabía que causaría expectación y que las cábalas de los demás diarios y de los lectores engordarían como una bola de nieve: “Una prueba monstruosa llamada a causar sensación” (Le Figaro), “Una carrera gigantesca, un espectáculo grandioso” (Le Soleil), “Nunca jamás se había anunciado una prueba deportiva de tal calibre” (Le Matin).

Hay que entender aquella euforia efervescente dentro de su contexto. A principios del siglo XX se vivía una fe algo ingenua en el progreso material. Era la época de las hazañas deportivas y las proezas técnicas, del avance imparable de las comunicaciones y los medios de transporte, de la creencia en que el progreso tecnológico acercaría a los pueblos del mundo y abriría camino a una fraternidad universal. Como escribió Josep Pla, aquellos hombres que estrenaron siglo creían que la paz y la tranquilidad humana dependían del mejoramiento del motor de explosión o de la telegrafía sin hilos. Divinizaban el tornillo, el cambio de marchas y la carburación.

También lo hacían los franceses de 1900: se inauguró el metro parisino, el piloto Blériot atravesó el canal de la Mancha en aeroplano, se organizó la prueba automovilística París-Madrid, los ferrocarriles se habían extendido ya por todo el país y todo el continente, los transatlánticos que zarpaban de El Havre tardaban menos de doce días en llegar a Nueva York. Y donde aún no se podían construir raíles, carreteras o motores, se dejaba vía libre a la poesía y la imaginación: el cineasta Georges Méliès estrenó su delicioso Viaje a la Luna. Muy poco después, en 1914, estalló la Gran Guerra y sobrevino la peor catástrofe jamás conocida, precisamente porque el progreso material había aumentado también la potencia de los horrores. Quedó un mundo en ruinas, amargo y perplejo. Pero aquella oleada de optimismo que bañó los primeros años del siglo XX dejó algunas huellas perdurables: el Tour de Francia, por ejemplo. Con la bicicleta, ese invento genial, los hombres se movían por su propio esfuerzo a velocidades similares o superiores a las que alcanzaban los automóviles de la época. Y esa máquina tan sencilla permitiría recorrer Francia entera, en una ruta que de paso era una exploración por los límites de la capacidad humana.

Porque la magia del ciclismo nace siempre de ese misterio que existe más allá de la frontera del sufrimiento. El corazón late como una lavadora a punto de estallar, hierven los muslos, los pulmones se ahogan. Saltan todas las alarmas y el cuerpo pide clemencia, pero el ciclista prolonga cuanto puede esa agonía: “Cuántas veces cerré los ojos sobre la bicicleta -escribió Pello Ruiz Cabestany-. Me acuerdo de esos momentos tan duros, en los que me olvidaba de todo: de mis amigos, de mi familia y de mí mismo. Todas mis fuerzas concentradas en las bielas que subían y bajaban. Toda mi imagen enfocada en la rueda trasera de quien me precedía. Mis ojos se cerraban para que no entrase ningún pensamiento que pudiera distraerme. Llegaba a los límites físicos, a salirme de mi cuerpo”. Cuestión de límites. La diferencia entre un buen ciclista y un campeón reside en la capacidad agonística, en ese punto del sufrimiento que distingue a unas personas de otras. “He llegado muy lejos en el dolor”, confesó Miguel Induráin.

Y el Tour de Francia dibujó esa ruta del dolor: 2.428 kilómetros divididos en solo seis etapas. Henri Desgrange perfiló los detalles de la prueba. Entre una etapa y otra habría dos o tres jornadas de descanso. Por miedo a quedarse sin corredores, Desgrange permitió que los ciclistas pudieran participar en algunas etapas y renunciar a otras, pero el triunfo final solo se disputaría entre quienes completaran todo el recorrido. Se establecían, además, dos categorías: una para los ciclistas que competían en equipos profesionales y disfrutaban de la ayuda de mecánicos y masajistas al final de las etapas, y otra para los isolés -aislados-, también conocidos como desherités -desheredados-, que se las apañaban para buscar comida y alojamiento, para lavarse la ropa y curarse las heridas, para reparar la bicicleta y parchear los neumáticos. Al contrario que en muchas pruebas de la época, no se permitía pedalear a rueda de motoristas o ciclistas ajenos a la prueba. Los corredores no podían llevar “coches de apoyo con víveres, repuestos o entrenadores”, ni “recibir comida o bebida de una mano amiga” -deberían buscarla en las posadas y fuentes del camino-; tampoco cambiar de bicicleta -“salvo que encontréis fortuitamente a un ciclista desconocido que acepte la vuestra en mal estado y os dé la suya en bueno”- y la ayuda mecánica estaba totalmente prohibida.

Desgrange contrató al ciclista y poeta italiano Rodolfo Muller, para que meses antes recorriera en solitario todo el trazado de la prueba, a modo de ensayo. Desde el final de cada trayecto, enviaba un telegrama para informar al Patrón sobre las condiciones de la ruta y los lugares adecuados para establecer controles de paso. Sobre aquellas carreteras de tierra y socavones, Muller dibujó la primera huella ciclista a través de toda Francia. Y los organizadores temieron que quizá fuera la última: a pocas semanas de la fecha de inicio, solo se habían inscrito quince ciclistas. Eso sí, entre ellos figuraban los nombres más prestigiosos del ciclismo europeo, como Maurice Garin, Léon Georget, Hippolyte Aucoutourier y el alemán Joseph Fischer. Pero Desgrange no estaba dispuesto a poner en marcha el Tour si al menos no participaban sesenta corredores. Para darle un impulso a las inscripciones, los organizadores retrasaron la fecha de salida y redujeron la duración de la prueba: se celebraría del 1 al 19 de julio, para que los corredores no profesionales pudieran participar con más facilidad, sin tener que abandonar el puesto de trabajo tanto tiempo. Y además de los premios, L’Auto ofreció una dieta de cinco francos para los primeros cincuenta de cada etapa, una pequeña ayuda que permitiría a muchos sufragarse los gastos mínimos de la aventura. En pocos días, la redacción recibió 78 nuevas inscripciones, aunque algunos de ellos decidieron borrarse al final.

Por fin, el 1 de julio de 1903, frente a una posada de carretera llamada Reveil Matin (“el despertador”) se apelotonaron 76 figuras extravagantes, ataviadas como una mezcla de aviador, minero y vagabundo, con los tubulares enrollados a la espalda, con un maletín de cuero en el manillar para cargar con la comida y una botella de vidrio. Al frente de ellos, hablaba un hombre de mostacho, chaqueta de tela y sombrero de panamá: el periodista Georges Abran, encargado de dar la salida.

—Señores, debido a unas obras en la carretera, la prueba comenzará seiscientos metros más adelante, en dirección a Draveil.

Los corredores recorrieron ese tramo a pie, con la bici en la mano, charlando y bromeando con amigos, familiares y seguidores.

—Alto.

Todos se detuvieron en silencio, mientras Abran levantaba un banderín amarillo -el color de las páginas de L’Auto, que en 1919 se convertiría en el color del maillot del líder-. A las 15 horas y 16 minutos de aquel 1 de julio de 1903, Abran bajó la bandera y los 76 ciclistas emprendieron la marcha en esa primera etapa de 467 kilómetros hasta Lyon. Nada más empezar, Aucoutourier lanzó el primer ataque de la historia del Tour. Este ciclista impaciente, que recurría al vino tinto para soportar el esfuerzo, acabó derrengando en una cuneta y se tuvo que subir al tren para llegar hasta Lyon.

Dentro del pelotón pedaleaba otro personaje insólito: Géo Lefèvre, el redactor de L’Auto a quien se le había ocurrido la idea original del Tour de Francia. Lefèvre cumplía los papeles de director de carrera, vigilante de los controles de paso, cronista y cronometrador. Tomaba la salida con los corredores y les seguía en bici durante veinte o treinta kilómetros, paraba en una estación y se subía al tren para adelantarse hasta otro tramo de la carrera, donde volvía a unirse a los corredores de cabeza. Al final, buscaba otro tren que le llevara a meta y allí se encargaba de tomar los tiempos. Fue el primer enviado especial al pelotón y el único de la historia que lo siguió con la fuerza de sus piernas.

El deshollinador Maurice Garin, ganador del primer Tour, venció también en esa primera etapa, después de pedalear durante toda la tarde, la noche y la madrugada, hasta alcanzar la meta de Lyon a las nueve de la mañana del día siguiente, tras dieciocho horas de esfuerzo. Cerca de él llegó su compañero de equipo Pagie, a un minuto, y en tercer lugar entró otro de los favoritos, Georget, a 35 minutos. Al mediodía, Géo Lefèvre dejó el cronómetro en manos de un ayudante y se marchó a redactar la crónica. Aún faltaban muchos participantes por llegar, pero gotearon hacia la meta de Lyon durante toda la tarde. El último llegó tras veintiocho horas de pedaleo, diez horas más tarde que Garin. Y como en esa etapa inaugural, era frecuente que los ciclistas se pasaran la noche entera pedaleando. La etapa Toulouse-Burdeos, por ejemplo, comenzó a las tres de la mañana mientras un cinematógrafo proyectaba en una sábana imágenes de las etapas anteriores.

Antes, en la segunda etapa, un suceso obligó a Desgrange a cambiar el reglamento sobre la marcha. Aucoutourier, el ciclista que bebió demasiado tinto y llegó a Lyon en tren, quedó descalificado para la clasificación general y ya solo optaba a las victorias parciales, de modo que alcanzó un acuerdo con Georget, el tercer clasificado: se fugarían juntos para atacar al líder Garin. Así lo hicieron, y se presentaron en una Marsella abarrotada de espectadores con 26 minutos de ventaja sobre Garin. Los dos compinches se repartieron el botín: Aucoutourier ganó la etapa y Georget recortó casi toda la ventaja perdida en la primera jornada. Desgrange, consciente de que los llamados “parciales” como Aucoutourier podrían influir en el resultado final, decidió dividir el pelotón en dos. Quienes no optaran a la clasificación general saldrían unas horas más tarde que el resto.

Garin aprovechó las siguientes etapas para vapulear a sus rivales. Este es un fragmento de la crónica nocturna escrita por Géo Lefèvre durante la tercera etapa: “Léopold Alibert y yo pedaleamos por la carretera de Nimes. En plena noche, luchamos contra las ráfagas del mistral desencadenado y las nubes de polvo. Alrededor de nosotros, la oscuridad completa. Solo la carretera blanca reluce bajo la luna. De pronto, cuatro fantasmas nos sobrepasan. Yo salgo tras ellos y les grito: “¿Quiénes sois?”. Me responde una voz: “¿Quién eres tú?”, y reconozco a Maurice Garin. Me presento. “¡Monsieur Géo! ¡Buenas noches!”, dice Garin. “He dejado atrás a Georget, lo tengo ya dominado”. Entonces habla la otra voz: “¡Yo soy Dargassies, Dargassies de Grisolles!”. Las sombras de Garin y Dargassies desaparecen en la noche. Pronto llegan los siguientes corredores, en plena persecución rabiosa. Nos gritan: “¡Apartaos a la derecha!”. Es la voz nasal de Rodolfo Muller, quien me grita: “¡Muy bien, Géo, cumples muy bien con la vigilancia!”.

La carrera fue un éxito completo. La tirada de L’Auto pasó de 20.000 ejemplares a los 50.000 que se vendían durante el Tour, y la cifra seguiría creciendo año tras año hasta los 320.000 en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Los lectores seguían con avidez las crónicas pedaleadas de Lefèvre, las entrevistas, las semblanzas de los campeones, los mínimos detalles magnificados por el plantel de periodistas de L’Auto. Cuando los 21 ciclistas supervivientes llegaron al atestado velódromo del Parque de los Príncipes de París, el público rompió en una ovación estruendosa. En la clasificación final, Garin, ganador de tres etapas, aventajó en casi tres horas a Pottier; y Muller, el ciclista que corrió dos Tours el mismo año, concluyó cuarto a cinco horas. El vencedor consiguió una velocidad media de 26 kilómetros por hora, superior a la que podían obtener los automóviles de la época por aquellas rutas.

Ya se iba gestando el mito. Los periodistas ensalzaban a los ciclistas con apelativos y epítetos de estilo homérico: acuñaron la expresión “gigante de la ruta” como sinónimo de ciclista; Garin era “el pequeño deshollinador”; Dargassies, “el herrero de Grisolles”; estaban “el poeta Muller”, “el terrible Aucoutourier” y “el escalador Fischer”. ¿El escalador, en un Tour plano, sin montañas? El apodo le había caído unos meses antes, al final de las 72 horas de París, una de esas pruebas ultramaratonianas tan del gusto de la época, en la que los ciclistas pasaban tres días seguidos dando vueltas al velódromo del Parque de los Príncipes. El alemán Fischer terminó la carrera al borde de la locura. Tiró la bici, salió del velódromo, escaló un árbol y se sentó allí, sobre una rama, en silencio. Durante un par de horas, el alemán no dijo media palabra y nadie le convenció para que bajara. Joseph Fischer, el escalador. Había nacido la leyenda del Tour y la leyenda de sus primeros personajes.

“He sufrido penurias; he pasado sed, frío y sueño; lloré entre Lyon y Marsella”, declaró Garin en L’Auto. “Ahora que la carrera ha terminado y que no estoy obsesionado con la siguiente etapa, puedo decir que vuestra carrera es la más abominablemente dura que se pueda imaginar. Habéis revolucionado el ciclismo. El Tour marcará un hito en la historia de las carreras en ruta”.

El balón salió rechazado hacia el pico del área, justo donde llegaba Lidia Galván, la extremo derecha boliviana: “Pateé fuerte y de pronto vi la bola en la red. No me lo podía creer. Salí corriendo pero no sabía adónde ir, me sentí medio mareada”. Sus compañeras se le echaron encima, la abrazaron, saltaron, gritaron.

Galván es la mayor del equipo (39 años), la que más hijos tiene (siete) y la que más goles metió en el primer partido (dos). Cuando se separó del abrazo colectivo, se tapó la cara con las manos y volvió caminando a su posición, con la cabeza baja. Al reanudarse el juego, recibió un par de broncas del entrenador: corría despistada, había dejado marchar a la lateral contraria banda arriba, sin seguirla.

“Anoche estaba muy nerviosa, me costó dormir”, contó al final del partido, en un campo de San Sebastián, durante el torneo internacional Donosti Cup. Para Galván, como para casi todas sus compañeras, era la primera vez que salía del Chaco boliviano. “Quería meter un gol, por lo menos uno en todo el campeonato, por mi familia, por mis hijos, por mi país, por los auspiciadores que nos ayudaron a venir. Marqué y lo primero me acordé de mi familia. Hace unos días llamé por teléfono y casi no pude hablar con ellos, me entraron ganas de llorar. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos. Ahora me siento feliz pero mi marido y mis hijos aún no saben que marqué dos goles”.

Galván luce con orgullo sus dos empeños más recientes: el fútbol y el trabajo en el vertedero de Camiri donde, con otras veinte mujeres, recicla botellas. “Soy la reveterana del equipo. Pero no me siento vieja, estoy muy viva”, dice. “Siempre me gustó el deporte, de niña jugué a voleibol y a básquet, pero luego ya no pude. Tuve que criar a mis hijos, cuidar a mi mamá, llevar la casa. Por muchos años no pude hacer deporte ni tener un trabajo. Pero mis hijos ya crecieron, algunos incluso salieron bachilleres, estoy muy orgullosa. El año pasado empecé a trabajar en el vertedero, y dos días por semana voy a los entrenamientos del equipo”.

Revolución a balonazos. Galván es una de las veintidós futbolistas que el pasado julio viajaron a San Sebastián con la selección del Momim (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo). Esta organización se fundó en el Chaco para apoyar a las mujeres guaraníes, que padecen condiciones muy duras: muchas viven con cinco o seis hijos, a veces nueve o diez, hacinados en casetas de adobe sin agua ni electricidad, acosados por el hambre y las enfermedades parasitarias. Los maridos a menudo se marchan y no vuelven. O vuelven borrachos, gritando y golpeando. Ellas trabajan sin descanso para cuidar a los niños y llevar la casa, limpiar, coser, cocinar, cultivar un poco de maíz en una parcelita, criar algún chancho, unas gallinas y salir unas horas a la ciudad para vender empanadas en la calle o limpiar casas a cambio de unos pesos. A partir de 2003, el Momim les ofreció cursos de salud, talleres de formación profesional y asesoría para las víctimas de violencia de género. Con el tiempo, empezaron a organizar equipos de fútbol.

“Estas señoras que vienen a los entrenamientos dos o tres veces por semana tienen un mérito extraordinario”, explica Margoth Segovia, directora del Momim en el Chaco. “Llegan agotadas pero participan porque el fútbol representa para ellas mucho más que un deporte: es su espacio de libertad, el momento de la semana en el que se juntan con las amigas, charlan, se ríen, practican un juego en grupo, y durante unas horas se olvidan de sus vidas tan duras. La sociedad guaraní es muy machista. Aquí las mujeres no tienen vida propia, sólo hacen lo que les permita el marido, pero ellas han ido ganando sus espacios”.

En apenas dos años, el fútbol impulsó una revolución social en el Chaco: “Al principio, muchos hombres se negaban a que las mujeres jugaran”, cuenta Segovia. “Les parecía algo ridículo, vergonzoso. ¡Sus mujeres jugando al fútbol! Las que se atrevían a venir recibieron más de una paliza. Pero los hombres se fueron acostumbrando poco a poco y cada vez vienen más a ver los partidos. Un domingo me di cuenta de que estábamos cambiando las cosas: vi cómo una de las jugadoras dejaba el bebé a su marido y salía a la cancha. Aquello era revolucionario: ¡el hombre con el niño en brazos, mientras la mujer jugaba! No me lo podía creer”.

Muchas de estas mujeres padecen además el Mal de Chagas, una enfermedad transmitida por la vinchuca, un insecto al que llaman “el vampiro de los pobres”, porque se reproduce en condiciones de miseria y de insalubridad. Hace unos años la doctora valenciana Pilar Mateo viajó a Bolivia con una pintura de su invención, que se aplica a los muros de adobe y repele a la vinchuca. Desde entonces la pintura de la doctorita ha salvado muchas vidas. Pero los inicios fueron desalentadores: “Llegué al Chaco con mi pintura para las paredes y descubrí que a veces no tenían ni paredes, que algunas familias vivían con esteras y lonas. Al principio pensaba que la enfermedad requería una solución simplemente científica, pero me di cuenta de que el verdadero problema es la pobreza, la desesperanza, la resignación. No es una cuestión de química sino de justicia: el Mal de Chagas tenía que haberse erradicado hace cien años, pero persiste porque aún persiste la miseria. Y los científicos no estamos solo para escribir publicaciones y decir que los guaraníes se mueren, sino para denunciarlo y para poner el conocimiento en acción”.

Mateo fundó el Momim para ayudar a que las mujeres, responsables principales de las familias, pelearan por mejorar sus condiciones. En esa lucha por la autoestima llegó el fútbol. Y unos años después, llegó la oportunidad para que una veintena de jugadoras volaran a Europa. En ese proyecto, y en la búsqueda de patrocinadores, tuvieron mucho que ver otras dos personas: Íñigo Olaizola, director del torneo Donosti Cup, que todos los veranos reúne en San Sebastián a más de cinco mil jóvenes futbolistas de todo el mundo, y Xabier Azkargorta, el entrenador guipuzcoano que en 1994 llevó a Bolivia a un Mundial por única vez en su historia, y que se ofreció para entrenar a las mujeres guaraníes.

Estreno con goleada. El Profe Azkargorta, el Bigotón, es un ídolo semidivino en Bolivia. Unas semanas antes del torneo viajó al Chaco para entrenar a las mujeres del Momim, y su presencia lanzó la historia a las televisiones y a las portadas de los diarios bolivianos: “El Bigotón dirigirá a jugadoras guaraníes en torneo mundial en España”. Las futbolistas se convirtieron de pronto en estrellas. Las empresas locales se apuntaron como patrocinadoras del viaje. A Azkargorta lo llevaron de acá para allá, por ruedas de prensa y platós, y cuando lo bombardeaban con preguntas de la actualidad futbolera boliviana, él siempre insistía en que estaba allí para contar la historia de las mujeres del Momim.

El Profe enseñó a las jugadoras a repartirse el espacio, ese inmenso campo de fútbol once en el que antes naufragaban y se perdían de vista. Ya en San Sebastián, en los partidillos previos al torneo, les gritó hasta perder la voz para que vigilaran sus posiciones, para que las centrales no se quedaran atrás rompiendo el fuera de juego, para que la arquera se colocara más adelantada, para que formaran un 4-4-2 muy apretado, en el que pudieran mantenerse cerca unas de otras. Las chicas aprendieron los movimientos para sacar el balón desde atrás con apoyos, empezaron a jugar pendientes de las compañeras, se organizaban a voces, tomaron soltura. Se atrevieron a regatear. Perdieron el miedo a chutar. Y así llegaron los goles.

En el primer partido del torneo, contra el equipo vasco del Bidebieta, las centrocampistas bolivianas tenían la lección bien aprendida: buscaban siempre a Griselda, la 10, la más habilidosa. A los quince minutos, Griselda recibió el balón en la banda izquierda, dribló a dos rivales con dos ruletas dignas de Zidane, y entró al área. Cuando le salió al paso la última defensora, pasó la bola al otro extremo, por donde llegaba embalada Esther Medina, la Niña, la 9, su compañera en el ataque doble del Momim, que pegó un zambombazo en diagonal y coló el balón junto al poste.

La Niña se volvió loca de alegría, corrió por el campo, chilló, se quitó la camiseta, pegó saltos, recibió el abrazo tumultuoso de sus compañeras. “De pronto me dio miedo”, explicó al final del partido. “Pensé que el árbitro me iba a enseñar tarjeta por sacarme la polera”.

No hubo tarjeta. El árbitro estaba distraído contemplando el baile del pollo con el que las bolivianas celebraban el 1-0 –“¡el pollo, el pollo con una pata, el pollo con una alita, el pollo con la colita!”-, igual que se distrajeron las rivales del Bidebieta, igual que se distrajo el público, entre el que había un grupo de emigrantes bolivianos afincados en San Sebastián, que animaban con banderas y con las caras pintadas de rojo, verde y amarillo.

Las futbolistas del Momim se crecieron. Jugando muy juntas, replegadas en su propio campo, robaban balones y salían al contragolpe con chispa. En el descanso ya ganaban tres a cero. Algunos bolivianos bajaron de la grada para felicitar a las jugadoras, y Azkargorta se enfadó: “¡Eso al final, al final! Chicas, no se relajen, empezamos la segunda parte como si fuéramos cero a cero”.

En el segundo tiempo llegaron otros tres goles del Momim, incluidos los dos de la reveterana Lidia. Con el 6-0 definitivo –dos de Lidia, dos de Griselda y dos de la Niña-, corrieron al centro del campo las jugadoras, las suplentes y los espectadores bolivianos, que querían fotografiarse con ellas y con el míster. Azkargorta posó rápido y se llevó a su equipo al vestuario, donde recibió un maremoto de besos y abrazos. Luego pidió silencio.

—Chicas, clasificar a Bolivia para el Campeonato del Mundo fue el mayor éxito de mi carrera como entrenador. Pero la alegría más grande que jamás me ha dado el fútbol ha sido esta victoria de ustedes.

Las mujeres lo abrazaron de nuevo, lloraron y le cantaron a pleno pulmón: “¡Te queremos, Profe, te queremos!”.

Derrotas y orgullo. Al día siguiente jugaron otros dos partidos contra rivales muy superiores: perdieron 12-0 por la mañana y 11-0 por la tarde. En el primero, cuando las catalanas del AEM marcaron el undécimo gol en un clamoroso fuera de juego, a Azkargorta se lo llevaban los demonios. Era el undécimo, quedaban tres minutos para acabar, pero corrió por la banda en pleno arrebato de furia, sacudiendo los brazos y chillando al árbitro como si le hubieran robado un penalti en la final de la Copa del Mundo. El duodécimo, justo después, también lo marcaron en un fuera de juego de libro. Al final del partido, algunas futbolistas del Momim se acercaron al árbitro y le reclamaron que descontara esos dos últimos goles y que dejara el marcador en un 10-0. No lo hizo, claro, pero ese detalle de rebeldía entusiasmó a Azkargorta, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Cada día estoy más orgulloso de estas madres y su espíritu, su gran capacidad de lucha y sus ganas de vivir. Han cantado a pesar de la derrota”.

También cantaron y bailaron tras los dos partidos siguientes, perdidos por 7-1 y 5-1, con nuevos goles de Griselda. El entrenador insistió en la idea: “Estas mujeres ya han ganado el partido más valioso. Su participación en la Donosti Cup es una manera de decir que son pobres, que tienen el Mal de Chagas… ¡y qué! Esos problemas no son ahora lo importante, lo importante es que han aprendido a luchar, a levantarse”.

A Barbarita Saavedra, coordinadora de la expedición, tampoco le importaron las derrotas: “Nuestro triunfo es que ya no somos invisibles. Allá en nuestras casas muchas mujeres no tienen voz ni capacidad de decidir. Sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Pero en este torneo somos futbolistas como todas las demás, venimos a competir de igual a igual con cualquiera. Si nos meten gol, no importa: recogemos la bola y empezamos de nuevo. Queremos mostrar a las mujeres de nuestras comunidades que tenemos que pelear, y que, si caemos, nos levantamos otra vez. Cuando vuelvan a casa, estas futbolistas van a ser líderes en sus comunidades. Van a tomar la iniciativa y no van a callar más”.

El partido entre los equipos de Urundaiti y Boyuibe se retrasa unos minutos: Susana, una de las jugadoras, está detrás del córner dando el pecho a su bebé. Por fin, entrega la criatura a una amiga, sale corriendo al campo y se instala en el borde de su área, donde no dejará pasar ni un balón en todo el partido. Susana, defensa central infranqueable, es una mujer guaraní que tiene 25 años y seis hijos.

El partido sufre otra demora: alguien avisa de que tres de las futbolistas están embarazadas y no deberían participar. Se reorganiza el equipo. Unas señoras obesas de unos 35 o 40 años se visten la camiseta y sustituyen a las embarazadas. Con ellas sale otra chica de 15 años, que también ha estado amamantando a su bebé en la banda.

El árbitro lleva por fin el balón al centro del campo, una explanada de tierra en la aldea guaraní de Urundaiti, bacheada y generosamente alfombrada por cagadas de oveja. Las futbolistas se acercan y forman un corro para escuchar las palabras de Margoth Segovia, promotora de estos encuentros: “Amigas, nos reunimos para disfrutar todas juntas del deporte. No se trata de jugar a muerte. Queremos que perdure la amistad, el respeto y la solidaridad entre todas nosotras. Hacemos deporte para distraernos de lo que ustedes ya saben”.

La revolución del fútbol

Lo que ellas ya saben: cinco o seis hijos, a veces nueve o diez, hacinados en una caseta de adobe sin agua ni electricidad, acosados por el hambre y las enfermedades parasitarias. Maridos que se marchan y no vuelven. O que vuelven borrachos, gritando y golpeando. Trabajo sin descanso para cuidar a los niños y llevar la casa, limpiar, coser, cocinar, cultivar un poco de maíz en una parcelita miserable, criar algún chancho, unas gallinas, y salir unas horas a la ciudad para vender empanadas en la calle o limpiar casas a cambio de unos pesos. Y por la noche, fútbol.

“Estas señoras que vienen a los entrenamientos dos o tres veces por semana tienen un mérito extraordinario”, explica Segovia. “Llegan agotadas pero participan porque el fútbol representa para ellas mucho más que un deporte: es su espacio de libertad, el momento de la semana en el que se juntan con las amigas, charlan, se ríen, practican deporte en grupo, y durante unas horas se olvidan de sus vidas tan duras. La sociedad guaraní es muy machista. Aquí las mujeres no tienen vida propia, sólo hacen lo que les permita el marido, pero ellas han ido ganando sus espacios”.

En apenas dos años, el fútbol ha impulsado una pequeña revolución social en el Chaco: “Al principio, muchos hombres se negaban a que las mujeres jugaran. Les parecía algo ridículo, vergonzoso. ¡Sus mujeres jugando al fútbol! Las que se atrevían a venir recibieron más de una paliza. Pero los hombres han ido poco a poco acostumbrándose y cada vez vienen más a ver los partidos. Un domingo me di cuenta de que estábamos cambiando las cosas: vi cómo una de las jugadoras dejaba el bebé a su marido y salía a la cancha. Aquello era revolucionario: ¡el hombre con el niño en brazos, mientras la mujer jugaba! No me lo podía creer”.

Sí que hay bastantes hombres viendo el partido Urundaiti-Boyuibe, aunque permanecen en grupos, un poco alejados, a la sombra de los árboles. Las que más jaleo montan son las espectadoras, volcadas en la misma línea de banda: los universales gritos al juez, aunque siempre con educación (“¡marque bien la barrera, señor árbitro!”), las bromas contra algunas jugadoras mayores que pierden el balón ante las jóvenes más ágiles (“¡está muy pesada!”) y la carcajada general cuando la extremo derecha de Urundaiti se queja a voces de los malos pases de sus compañeras (“¡me hacen correr como pelotuda para nada!”).

No es fácil dirigir el balón entre los hoyos y los bultos del terreno, así que las chicas de Urundaiti intentan pases largos y aéreos hacia sus dos delanteras. “Al principio pateaban la bola y corrían todas detrás como ovejas, hasta las arqueras”, dice Carlos, el entrenador. Después de unos meses, las jugadoras han aprendido a repartirse el campo. Carlos interrumpe las explicaciones para pedirle un cambio al árbitro: un bebé llora y llora en la banda, así que la madre debe abandonar el terreno para atenderlo.

Pero no hay manera de calmar al bebé. Llora y no quiere mamar. “Es que tengo la teta caliente de tanto correr y no toma”, dice la madre. Y luego chilla: “Señoras, ¿quién tiene una teta fría?”. Se ríen las espectadoras y también las futbolistas, que andaban peleando el balón en un barullo dentro del área. “Mírenlas, toditas juntas, parecen hormigas nomás”, grita otra espectadora. Más cachondeo.

Mostrarse al mundo

En el descanso, las chicas de Boyuibe están contentas: ganan por dos a cero. Pero su arquera Yobinka Guzmán ha tenido que trabajar bastante. “Necesitamos más fuerza en la defensa para que no me lleguen tantos balones al arco”, dice. Yobinka tiene 29 años, cuatro hijos y un sobrino adoptado en su propia casa. Todos los días se levanta a las seis de la mañana, da la leche a su chiquito de 2 años, prepara el desayuno a los mayores y sale al trabajo: es educadora en una escuelita de la aldea guaraní de Pueblo Nuevo, donde atiende a niños pequeños. Al mediodía prepara la comida y arregla a los hijos para que vayan al colegio por la tarde. Luego dedica varias horas a limpiar las ropas y la casa. Y por la noche acude a los entrenamientos. “Duermo como muerta”, dice, entre risas. “Pero tenemos que practicar fuerte para viajar a España”.

Yobinka y sus compañeras anhelan formar una selección de madres guaraníes que vuele a España y participe en torneos como la Donosti Cup de San Sebastián, que en su última edición intentó traerlas pero no consiguió superar algunos trámites. A pesar de las destrezas de ciertas jugadoras, el criterio para seleccionar a las que viajen tendrá que ser más biológico que futbolístico. “Aquella chica tan hábil irá a la Donosti Cup, ¿no?”, preguntamos, señalando a una adolescente que controla, regatea y pasa con una precisión admirable. “Sí”, suspira Segovia, “si no se queda embarazada…”.

A Inocencia, de 23 años, el calendario le cuadra. En diciembre dará a luz a su cuarto hijo, de modo que le quedarán seis meses para preparar el torneo donostiarra: “Ojalá podamos viajar, para nosotras sería una oportunidad única en la vida. El fútbol es importante, nos ayuda a desarrollarnos: yo cuido a mis niños, limpio las ropitas, hago la casa, trabajo tejiendo y haciendo pan, pero siempre guardo tiempo para los entrenamientos porque gracias al fútbol nos reunimos las mujeres, conocemos nuestros problemas, nos ayudamos. Los hombres ya van entendiendo. Les parece bien. En mi casa jugamos los dos: mi marido es futbolista y me apoya, está dispuesto a cuidar los niños si yo viajo a España. Es importante que vayamos: tenemos que enseñar a todo el mundo cómo nos estamos preparando las mujeres de Bolivia”.

Mineritos

Publicado: 31 diciembre 2010 en Ander Izagirre
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Hacia las seis de la tarde, la montaña empieza a escupir hombres azules. Salen de las bocaminas, rebozados de polvo de estaño, levantan la cara hacia la luz y enseguida la agachan, deslumbrados. Caminan cabizbajos, sin quitarse el casco, arrastrando las botas por la gravilla, en silencio. Diez mil mineros bajan como hormigas por las laderas del Cerro Rico hacia la ciudad de Potosí.

En un pedregal a 4.300 metros de altitud, en la caseta de adobe donde vive con su familia, Abigaíl Canaviri Canaviri se calza el casco, la lámpara frontal y las botas de goma. Esta niña de 14 años espera a que salgan los mineros para entrar a trabajar toda la noche bajo tierra.

El Cerro Rico es un montañón despellejado, destripado y desmochado. Esta pirámide rosácea, de la que manan hemorragias minerales por seiscientas heridas, alcanzaba los 5.200 metros de altitud cuando llegaron los colonos españoles y ha menguado hasta los 4.700. Durante cinco siglos la han perforado, socavado, dinamitado y triturado, le han roído noventa kilómetros de túneles, pozos y ramificaciones en las entrañas, quizá doscientos, quizá quinientos kilómetros. Le arrancaron quince mil toneladas de plata pura, quizá treinta, quizá cincuenta mil toneladas; hoy le siguen sacando tres millones de kilos de rocas al día para obtener estaño, cinc y plata. La montaña es un cascarón mineral cada vez más hueco, las laderas se derrumban aquí y allá, y los potosinos temen el día del colapso final, el hundimiento apocalíptico que culmine la historia del Cerro Rico: en sus entrañas yacen los huesos, o el polvo de los huesos, de docenas de miles de mineros. La montaña que devora hombres, la llaman.

Los supervivientes de hoy bajan caminando o apiñados en camiones a la ciudad, extendida en una meseta a 4.000 metros, con las iglesias alzando torres barrocas en medio de un oleaje de luz blanca, del mar de destellos que el sol arranca a los tejados de calamina del cinturón de chabolas, del esplendor de la miseria que inunda Potosí al atardecer.

Y a las ocho, cuando ya van saliendo los últimos hombres azules, Abigaíl entra por una bocamina angosta. Da pasos cortos, siempre pisando los raíles de las vagonetas para no hundirse en el fango anaranjado, en ese puré de metales y aguas fétidas, estirando el brazo derecho para palpar metro a metro la roca viva, agachándose cada poco para no golpearse con las vigas podridas que todavía apuntalan la galería pero ya resquebrajan el ánimo. Así camina por los bronquios del Cerro Rico, respirando un miasma caliente, pegajoso, saturado de sílice, asbesto y arsénico, abriendo en la oscuridad una cuña de luz con la lámpara de su casco.

Avanzar “como lagarto”

En el fondo del túnel, a 1.500 metros de la superficie, le esperan las rocas arrancadas por los mineros durante el día. A veces con la ayuda de su madre, casi siempre ella sola, amontona las piedras en una vagoneta y la empuja por los raíles hacia el exterior. La carga ronda los trescientos o los cuatrocientos kilos. “Cuando empecé con 12 años, se me hacía muy pesado”, explica. “Ahora ya me voy acostumbrando. Pero siempre es muy cansado. Hace calor. Y a veces tengo miedo”.

Abigaíl tiene miedo de que se le voltee el carro, cuando se lanza en los tramos cuesta abajo y ella intenta retenerlo. Tiene miedo de los lugares tan estrechos en los que apenas hay sitio para la vagoneta y ella tiene que agacharse, empujar y avanzar “como lagarto”. Miedo de los dolores en la espalda y los brazos. De la silicosis: un médico le dijo que debe dejar la mina para que no le ocurra como a su papá, que por la noches reventaba en un terremoto de toses, un derrumbe de alveolos, una sacudida de costillas que lo doblaba en dos. Su papá escupía pedazos de pulmón sanguinolentos. Y murió ahogado cuando ella tenía 8 años. Abigaíl también teme que algún minero borracho la viole: dos amigas suyas de 12 y 13 años ya han tenido bebés por este motivo. Pero le empuja otro miedo mayor: el miedo al hambre. “Hace pocos días murió un bebé en Pailaviri porque no tenía qué comer”, dice. Y piensa en su hermano de cuatro años.

Durante el día, entre los trabajadores de este submundo también pueden verse adolescentes: golpean la peña con mazo y cincel, horadan la galería con barrenas, insertan cartuchos de dinamita, incluso ayudan a los perforistas, que taladran la pared con martillos neumáticos en medio de un zumbido atronador y una polvareda tóxica que ciega y asfixia. Los chavales más pequeños reptan por túneles minúsculos, donde no cabe un adulto. Meten la cabeza en el hoyo, pasan los hombros y se tumban con el pecho sobre la roca. Reptan apoyándose sobre los antebrazos, arrastrando la perforadora con la mano, acercándose metro a metro hacia una cavidad ardiente. La temperatura suele superar los sesenta o setenta grados. Tienen diez minutos para excavar un poco más el hueco, enroscarse sobre sí mismos, girar y regresar arrastrándose al encuentro de sus compañeros y del aire fresco.

Durante la noche, la mina está desierta. En la oscuridad sólo resuena el chapoteo de las botas de Abigaíl. Puede que en alguna galería lejana un juku rasque rocas. Los jukus (búhos, en quechua) son ladronzuelos nocturnos, casi siempre jóvenes, que excavan túneles clandestinos para llegar a las vetas y robar mineral. Si los atrapan los mineros adultos, es probable que salgan con la cara hinchada, algún diente de menos y varios huesos rotos.

Abigaíl tarda dos horas en caminar hasta el fondo de la galería y sacar una vagoneta cargada. Repite la operación seis o siete veces. Comienza a las ocho de la noche y no suele terminar hasta las ocho o diez de la mañana. Por ese trabajo de doce o catorce horas nocturnas, la cooperativa de mineros le pagaba veinte pesos diarios (dos euros), cuatro veces menos de lo que cobra un adulto por la misma tarea. Pero desde hace varios meses Abigaíl trabaja gratis. Sus minúsculas ganancias se las restan a la deuda de 2.000 euros que le cargaron a su madre viuda.

La historia de doña Margarita, la madre de Abigaíl, es la de tantas viudas de mineros: al morir el marido y quedarse sin ingresos, tuvo que abandonar su vivienda y subir con los cuatro hijos a una caseta de adobe en la ladera pelada del Cerro Rico, a 4.300 metros, junto a la bocamina. La caseta es un refugio de seis metros por dos y medio, un cuartucho lóbrego, sin ventanas, cubierto por una chapa de cinc agujereada. Los vendavales del Cerro silban en las rendijas de las paredes, apenas tapadas por cartones y plásticos. Las goteras suelen embarrar el suelo de tierra, donde se aprietan los sacos con la ropa de la familia, una mesita con una cocina de gas y la cama donde duermen Abigaíl, su hermano y su madre, menos apretados desde que los dos hermanos mayores emigraron a Porco y Oruro para buscarse la vida. En esta casa comen maíz hervido, papas y arroz. Y acarrean el agua potable desde una cisterna cercana. En eso están mejor que otras familias, todavía acostumbradas a usar las aguas cargadas de metales que fluyen por la ladera.

Viven aquí, en la canchamina, porque sólo aquí pueden rascar algún sustento. Doña Margarita trabaja de palliri, partiendo rocas con un mazo para seleccionar los bloques más valiosos, barre el polvo de la mina para obtener algunas pizcas de estaño y ejerce de guarda, custodiando las herramientas y la maquinaria de los mineros en un anexo de su caseta. Entre una cosa y otra, gana unos 400 pesos mensuales (40 euros). Pero adquiere un compromiso: se hace absolutamente responsable del material guardado en la caseta, apenas cerrada por una plancha metálica que no encaja en el quicio.

Un domingo de diciembre del 2008, cuando doña Margarita y Abigaíl regresaban a casa cargando un bidón de agua potable, vieron que alguien había arrancado la puerta. Y que les habían robado tres máquinas de los mineros, valoradas en unos 700 euros cada una. Desde entonces, ambas trabajan gratis para la cooperativa, hasta satisfacer la deuda.

Para sobrevivir, Abigaíl escamotea algunos pedazos de mineral y los vende a los turistas de Potosí a cambio de unos pesitos.

Peor que hace cien años

Abigaíl es el eslabón más débil y machacado de un sistema perverso. En Bolivia, alrededor de 5.000 mineros trabajan para la empresa estatal Comibol, otros 9.000 lo hacen para compañías privadas, pero la gran mayoría, unos 45.000, se buscan la vida -y a menudo la muerte- por su cuenta y riesgo.

El caos empezó en 1985, cuando Comibol, ahogada por las deudas, la ineficacia y la corrupción, despidió a 23.000 mineros y dejó muchos yacimientos sin control. Modesto Pérez es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia: “Cuando se quedaron sin empleo, muchos saquearon las instalaciones para vender el material”, recuerda. “Se llevaron los raíles, las tuberías de ventilación, los cables, las máquinas; hasta el último fierro y el último perno se llevaron”. Los mineros despedidos se organizaron en unas mal llamadas cooperativas: cuadrillas de unos pocos socios que arrendan un yacimiento, lo explotan de manera artesanal y sin medidas de seguridad, y obtienen un rendimiento exiguo. Si las cosas van bien, ofrecen trabajo a otros mineros para seguir con la explotación: sin contratos, sin seguros, sin cotizaciones, con jornales que alcanzan para sobrevivir y poco más.

Y trabajan en peores condiciones que hace cien años, como explica Pérez: “Desde los saqueos, en muchas galerías no hay vagonetas ni raíles; tenemos que cargar los sacos de mineral al hombro y llevarlos andando tres o cuatro kilómetros hasta el exterior. Acá en el socavón de Cancañiri al menos funciona un generador, pero la electricidad falla a menudo, así que nos quedamos sin jaula [el ascensor que desciende a las galerías inferiores] y bajamos y subimos por las escalas, cuarenta o sesenta metros en vertical, cargados con las perforadoras o con los sacos. Es muy riesgoso. Un resbalón y adiós”. La falta de planificación también mata: “Ya no hay ingenieros ni técnicos. Antes se prohibían las zonas peligrosas, las que se podían derrumbar. Ahora cada cuadrilla taladra por donde quiere, arriba, abajo, en diagonal, sin plan. Harta gente muere porque excava sin saber lo que hay encima y se le derrumba la galería. Ayer mismo murió un compañero, Miguel Characayo, aplastado. Como no volvió a casa, bajaron a buscarlo hasta el nivel -250 y allá encontraron un derrumbe. Entre las piedras sacaron su cadáver”. El apuntalamiento de las galerías da escalofríos: el peso de la montaña descansa sobre vigas combadas, roídas, puestas hace demasiados años. “Ya no se cambian”, dice Pérez, “porque ganamos lo justito para sobrevivir y nadie puede gastar dinero en medidas de seguridad. Tampoco podemos reconstruir el sistema de ventilación. Algunos compañeros trabajan en pozos muy estrechos, donde sólo pueden entrar arrastrándose, y como ya no hay bombeo de oxígeno, encuentran una bolsa de gas y se ahogan allá dentro”. A los 59 años, a Pérez no le queda ningún compañero de su edad. Todos murieron aplastados por derrumbes o asfixiados por la silicosis.

Es difícil que un minero viva más de 35 o 40 años. Cuando muere el padre, la viuda y los hijos quedan al borde de la miseria, se instalan en las casetas de la bocamina y los adolescentes como Abigaíl empiezan a trabajar en las galerías. O en los ingenios exteriores, donde muelen el mineral con enormes quimbaletes manuales (corren el riesgo de aplastarse las manos o los pies, se les hinchan las articulaciones, sufren artritis y tendinitis), concentran el estaño utilizando aguas saturadas de ácidos y xantato (y por las noches sienten clavos incandescentes atravesándoles la cabeza) o acarrean el mineral hasta los almacenes (y quedan doblados por los dolores de espalda). Las autoridades calculan que unos 3.800 niños y adolescentes trabajan en las minas bolivianas, pero según la ONG local Cepromin (Centro de Promoción Minera), los buenos precios actuales del estaño atraen a los adolescentes que quieren hacer dinero y la cifra real de mineritos ronda los 13.000.

Cómo salir de la mina

Cepromin intenta sacar a los niños del subsuelo. Los acoge en sus centros al pie de mina, donde los pequeños trabajadores tienen asegurado un desayuno, una comida, un baño de agua caliente y un entorno amable, a salvo del alcoholismo y la violencia que azotan muchas casas. Cuentan con profesoras de apoyo, que ayudan a los niños con las tareas para evitar que se retrasen mucho en la escuela y abandonen los estudios. Los adolescentes reciben formación profesional y algunas familias obtienen microcréditos para poner en marcha pequeños negocios (panadería, mecánica, electricidad, costura, zapatería…). En la ciudad de Llallagua, donde 175 niños trabajaban en la minería, las ayudas de Cepromin consiguieron que casi todos abandonaran esas actividades y siguieran con sus estudios o los compaginaran con empleos más suaves.

A uno de esos centros acude Abigaíl muchas mañanas. Su empeño es asombroso: cuando sale de la mina, después de trabajar toda la noche, no se mete en la cama sino que acude al centro de Cepromin para desayunar y hacer las tareas del colegio, al que asiste algunas tardes. “Tengo que estudiar para tener una profesión. Es la única manera de sacar a mi mamá y a mi hermanito de la mina”, explica, mientras sorbe un puré de verduras. Con sus manos de minera, curtidas, agrietadas y teñidas por el polvo de estaño, hojea libros ilustrados de Disney y detiene la mirada en los vestidos de Cenicienta o la Bella Durmiente. Le quedan por delante cuatro cursos para sacarse el bachillerato. Suspira: “Pero la escuela se me hace difícil. A veces me quedo dormida”.

La lucidez de Abigaíl es demoledora. Sabe que debe buscarse la vida porque no puede esperar ninguna ayuda de las autoridades: “Se habla mucho de los derechos de los niños. Pero en Potosí esos derechos no existen. Nos maltratan. Y queremos que las autoridades nos expliquen por qué nadie protege nuestros derechos, por qué no vienen a visitar nuestras casas en la bocamina. Nosotros tenemos miedo. Pero ellos están muy ocupados”.

¿Qué hacen las autoridades? El Ministerio de Trabajo boliviano tiene un Plan para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. Pero cuenta con un presupuesto exiguo y, en el caso de la minería, su actuación no va más allá de enviar a unos pocos inspectores de trabajo a las bocaminas y organizar algunos talleres de sensibilización. “Es cierto que disponemos de pocos recursos”, reconoce Eva Udaeta, directora del Plan, “pero antes no había nada. El Gobierno de Evo Morales es el primero que dedica algo de dinero a esta cuestión y, lo que es más importante, ataca la base del problema: la pobreza. Con los bonos para ayuda escolar, para las madres embarazadas, para los jubilados, ayudamos a que las familias padezcan menos necesidades y no tengan que enviar a los niños al trabajo. Lo más importante es que con este Gobierno tenemos un sistema económico que por fin invierte los grandes recursos del país en la mejora de las condiciones de vida de los bolivianos. Para acabar de verdad con el trabajo infantil, hay que acabar con la pobreza”.

Los chavales no esperan de brazos cruzados. Muchos de ellos, con 12, 14 o 16 años, se reúnen en asambleas, debaten sobre los derechos de los menores y las leyes bolivianas, redactan informes con sus peticiones y las envían a las autoridades locales para reclamar su atención. Son los grupos nats (“niños y adolescentes trabajadores”), organizaciones dirigidas y gestionadas por los propios jóvenes, que convocan congresos con grupos de toda Bolivia y luchan por mejorar las condiciones de los mineritos, los vendedores callejeros, los empleados del hogar, los lustrabotas…

Fernando Pérez tiene 18 años y por eso cumple sus últimos días como presidente de los nats en la región minera de Llallagua y Uncía. Nos muestra la casita que han construido con ayuda de Cepromin y varias instituciones extranjeras y que los propios jóvenes administran: comedor, sala de reuniones, dormitorios… También cuentan con un horno de pan y tres pequeños invernaderos, cuya producción sirve para financiar los gastos. Fernando está organizando un encuentro de nats de toda Bolivia, que se ha retrasado varios meses porque falta parte del dinero: “Es importante que nos juntemos”, dice, “para conocernos, compartir nuestros problemas y plantearlos a los políticos”.

Fernando empezó a trabajar en la minería con 13 años, en una tarea típica de los adolescentes: se dedicaba a filtrar las aguas sobrantes que vierten los ingenios, aguas cargadas de ácidos que corren por una quebrada pestilente, alfombrada de basuras y cadáveres de animales putrefactos, donde los niños rescatan las últimas arenillas de estaño. Trabajando ocho horas diarias en ese arroyo tóxico, su hermano Ricardo y él sacaban veinte sacos de treinta o cuarenta kilos que luego acarreaban hasta los almacenes compradores de mineral. Ganaban dos o tres euros cada uno, a cambio de quemarse la piel de los brazos, machacarse la espalda, sufrir dolores de cabeza y tener dificultades para respirar.

“Entonces éramos changuitos y aquello era bien duro”, cuenta Fernando. “Después descargamos camiones y trabajamos en la construcción. Mi hermano entró a la mina pero yo nunca quise. Es muy riesgoso. Hace mucho calor, se respira mal, se clavan piedritas filosas en los ojos y hartos mueren por los derrumbes. Una vez a mi hermano se le hundió el suelo bajo los pies. Salió trepando, corrió por el socavón y unos segundos después se derrumbó toda la zona”.

Fernando tiene muy claro lo que no quiere. Y lo que quiere: marcharse a Sucre para matricularse en Bioquímica y ser farmacéutico. Abigaíl también sueña con estudiar Medicina “para darles medicinas a los niños pobres y curarlos gratis”. Ambos pertenecen a esa nueva generación de mineritos que no se resignan a un futuro acorralado por derrumbes y enfermedades. Ambos pelean por salir del subsuelo.