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Aquí murió un río. Queda solo su carcasa. Un cauce seco. Un lecho polvoriento, con enormes rocas y piedras de todos los tamaños, donde otrora nadaban peces. Su cadalso está unos metros arriba, entre las montañas del Jilguero: un embalse de cemento donde van a morir las aguas del río Zapotal y todo lo que las habitaba. Corona el embalse una gran manta plástica en la que aún es reconocible el rostro de la diputada Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso; presidenta del Partido Nacional que busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y esposa del propietario de esta represa que lleva su nombre: Aurora 1. Ante el retrato sonriente de la congresista se muere El Zapotal. A partir de aquí, el agua corre entubada durante algunos kilómetros para terminar más abajo en unas turbinas.

Caminamos por lo que alguna vez fue río abajo con Magdaleno Aguilar, un recio lenca de 61 años que pescó aquí toda su vida; que se bañó aquí toda su vida. A pesar de que la ley exige a las hidroeléctricas dejar parte del caudal del río para preservar los ecosistemas, aquí ya no hay agua. Este es un cauce árido en plena temporada lluviosa, salvo por una charca formada por la caída de una raquítica cascada que desliza por una de las laderas de la montaña del Jilguero. “Ya ve -dice Magdaleno Aguilar-: Ya no hay río. Ya no hay peces. Ya no hay nada”.

Este río se secó por decreto. Con licencias del ministerio de Medio Ambiente de la administración de facto de Roberto Micheletti, otorgadas sin que se llevaran a cabo consultas ni estudios previstos por la ley. Con permisos de construcción aprobados por la alcaldía de San José sin la consulta popular a la que obligan la ley hondureña y los convenios internacionales. Con un contrato en el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se comprometió a comprar durante el siguiente medio siglo la energía producida por Aurora 1. A pesar de que tanto la diputada como su esposo han dicho que el proyecto fue aprobado durante la administración del depuesto Manuel Zelaya, los documentos oficiales revelan que el contrato se realizó en junio de 2010, un año después del golpe de Estado y cuando Gladis Aurora López ya era diputada nacional, a pesar de que la ley prohíbe la firma de contratos estatales con funcionarios públicos.

El Zapotal se encuentra en una reserva natural protegida, en el departamento hondureño de La Paz, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador. Aquí es territorio lenca. Pero ni siquiera una reserva protegida impidió que Inversiones Aurora, la empresa de la prominente familia nacionalista hondureña, obtuviera autorización para construir la hidroeléctrica.

Poco después de recibir los permisos, en 2010, Arnold Castro, el propietario de Inversiones La Aurora y esposo de la diputada López, firmó un acuerdo con representantes de los patronatos de cinco comunidades del municipio de San José La Paz en el que se listan las obras que cada patronato solicitaba a cambio de apoyar la construcción de la represa. Leer esa lista ayuda a dimensionar la pobreza de estas comunidades: repello de la escuela o la iglesia, apertura de caminos, asignación de un vehículo para evacuar enfermos en caso de emergencia, mejoramiento del centro de salud, electrificación de la comunidad etc. Hay otras, como redes para las porterías de la cancha de fútbol y la construcción de una ermita. A cambio, los representantes de los patronatos autorizaron a Inversiones La Aurora el uso de los recursos naturales de sus comunidades para producción hidroeléctrica. Por los próximos 50 años.

El acuerdo se hizo a espaldas de los pobladores, pero eso bastó a Aurora para no llevar a cabo las consultas que la ley le exigía. Cuando le demandaron la consulta, la diputada organizó un mitin con simpatizantes del Partido Nacional y recolectó firmas. Asunto arreglado. En seguida mataron al río. Aurora ni siquiera cumplió con las míseras promesas que hizo a los representantes de los patronatos. Los caminos que llevan a la presa son los mismos senderos maltrechos que abrió, hace muchos años, una organización local de pequeños productores de café. No hay vehículo para evacuar a los enfermos en esa zona de difícil acceso. Nada. Solo la presa.

En Honduras este tipo de proyectos está viviendo su boom desde el golpe de Estado de junio de 2009. “El golpe se convirtió en una piñata”, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de la Radio Progreso, una estación reconocida como lugar de encuentro y plataforma de movimientos populares y denuncias de violaciones a derechos humanos. “Todo quedó sin asidero. Las multinacionales se aliaron con los capitales locales y con los políticos. En los primeros meses se desató una ola de decretos para concesiones”.

El gobierno de Micheletti derogó decretos previos que prohibían explotación de recursos hídricos en zonas protegidas; a partir de entonces comenzó una masiva privatización de ríos y concesión de represas. En un año se concesionaron 40 nuevos proyectos, entre ellos las Auroras.

Desde aquel golpe de Estado de 2009, las sucesivas administraciones de Micheletti, Lobo y Hernández han otorgado 111 concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Aprobaron también una ley de incentivos que otorga exenciones fiscales a quienes desarrollen estos proyectos. Algunas de las familias más poderosas de Honduras crearon empresas “verdes” para desarrollar proyectos hidrológicos en medio de comunidades extremadamente pobres. El Estado compra la mayoría de la producción energética.

Se otorgaron además centenares de concesiones mineras; de carreteras, de administración de reservas naturales y, a partir del próximo año, de administración privada de comunidades enteras en las llamadas ciudades modelo.

En el noroccidente, el gobierno hondureño ha iniciado la concesión de carreteras estatales a empresas privadas, y el experimento es tan agresivo que hoy no es posible salir de la ciudad de El Progreso, antigua capital de la industria bananera, si no es pasando por una caseta de peaje. Desde San Pedro Sula, la única manera de evadir la primera de cuatro casetas para llegar a Tegucigalpa es atravesando el peligroso barrio Rivera Hernández, controlado por pandillas. No hay escape de las otras tres casetas. Esa carretera, la que conecta a las dos ciudades más importantes del país, fue construida con fondos del Milenio -es decir, con fondos de los contribuyentes estadounidenses- y contrapartida del BCIE y el Banco Mundial, pero ha sido concesionada a una empresa privada ecuatoriana para que la mantenga y cobre el peaje.

El seguro social, prácticamente quebrado por un millonario fraude cometido por funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, ha comenzado en algunos hospitales a entregar vales para que los usuarios compren medicamentos en farmacias comerciales. El estado garantiza el negocio a las farmacias privadas.

La minería es probablemente el más rotundo ejemplo de la Honduras concesionada. Según el Equipo Jesuita de Investigación, Reflexión y Comunicación, ERIC, solo en proyectos mineros Honduras ha otorgado 155 concesiones que abarcan la tercera parte del territorio hondureño: 35 mil kilómetros cuadrados; es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.

La ley de Minería, aprobada en 1999, afrontó fuerte resistencia de las organizaciones sociales, que lograron una moratoria a nuevas concesiones hasta 2009, cuando el golpe de Estado puso en el gobierno a la administración que contrajo la fiebre de las concesiones y la heredó a las siguientes.

El gobierno de Roberto Micheletti autorizó a las mineras a explotar todos los recursos hídricos de cada zona de operación concesionada y dejó desarmadas jurídicamente el 90 por ciento de las áreas naturales protegidas. Los siguientes dos gobiernos ampliaron el espectro. El año pasado, Honduras fue sede de un cónclave mundial minero denominado “Honduras está listo para la Minería” que ofreció casi mil nuevos proyectos mineros a inversionistas extranjeros.

A ello se agrega el desplazamiento de campesinos para la utilización de tierras en la agroindustria, que también ha sido fuente mayúscula de conflictos sociales.

Honduras ha delegado el desarrollo de su población más pobre al sector privado. El Estado parece haber capitulado a favor de los empresarios.

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El lenca Felipe Benítez ha venido a Simpinula, a pocos kilómetros de donde termina la presa de Aurora, a dirigir una ceremonia maya. Viste jeans, una camisa americana de manga larga a cuadros y una gorra para protegerse del sol. Tiene 44 años; la tez curtida por el trabajo agrícola y una sonrisa que no se le va ni cuando habla de los proyectos hidroeléctricos que él ve como amenaza para su etnia.

Yo he venido tras él porque hoy, 21 de agosto de 2016, se celebra aquí un guancasco: una fiesta lenca en la que usualmente dos comunidades se encuentran para reafirmar su amistad y armonía, en las que suele haber bailes tradicionales. Pero el de hoy no es un guancasco usual. Representantes de varias comunidades lencas de La Paz han hecho el viaje a Simpinula por un tortuoso camino de tierra, cuesta abajo, para participar, dicen ellos, de un día histórico.

Simpinula es un pequeño valle, de difícil acceso, escondido entre cerros y altas montañas. La entrada, y centro de la vida comunal, es una enorme y maltrecha cancha de futbol con parches de grama cuyas porterías son apenas marcos oxidados, sin red, que también sirve de estacionamiento para camionetas y microbuses en los que llegaron decenas de peregrinos. Cuando hay partido, si alguien lanza el balón fuera habrá que irlo a rescatar a los maizales de algún vecino. Justo frente a la cancha está el cerro en el que tendrá lugar elguancasco.

Ha llovido esta mañana y las nubes mantienen ese color gris plomizo que lucen cuando están a punto de reventar y liberar un largo diluvio tropical, como han hecho todos los días durante las últimas dos semanas. Le digo esto a Felipe Benítez a manera de advertencia. Él mira al cielo, se sonríe y me responde que no. Que no caerá agua hasta entrada la tarde. Pronto saldrá el sol.

Los lencas se han reunido hoy en una pequeña planicie que corona el cerro frente a la cancha de futbol. Las mujeres abrieron tres agujeros cúbicos en la tierra en los que han encendido leña a manera de fogón y en grandes cazos preparan atol salado, elotes y un guisado de carne con yuca. En una comunidad pobre, este lujo indica la estatura de la fiesta.

Han preparado con esmero una pequeña alfombra ceremonial compuesta por aserrín y rodeada de hoja de aguja de pino. Al centro colocaron una vasija de barro; una estatuilla maya de las que venden en Copán a los turistas y una botella de plástico con dos litros de chicha para agradecer a la tierra por los cultivos. En los cuatro puntos cardinales, granos dispuestos según la tradición maya: al norte maíz blanco; al sur maíz amarillo; al este frijol rojo y al oeste negro. La alfombra está rodeada por un círculo de hierbas verdes y frutas y flores y candelas de los mismos colores de los granos, simbolizando la purificación, la fertilidad, el sol y la muerte. Una cruz cósmica. Una ofrenda a la madre tierra, la buena madre, que les ha dado el maíz y el frijol. Que les ha dado los ríos y las montañas.

Benítez encabeza una organización llamada Milpah (Movimiento de Indígenas Lencas de La Paz, Honduras) que se ha plantado en resistencia contra proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Inversiones La Aurora tiene los permisos para construir otra represa, llamada Aurora 2, arriba en Santa Elena, donde vive el Felipe Benítez. El gobierno hondureño no vio ningún impedimento para aprobar la concesión a pesar de que se encuentra, también, en una reserva natural protegida. Benítez y otros lencas sí vieron el problema: una empresa privada quiere apropiarse de sus ríos.

Hace algunos meses, organizaciones lencas como Milpah se tomaron la carretera impidiendo que la empresa ingresara tractores y maquinaria para la construcción de Aurora 2. Mientras resisten in situ, buscan soluciones definitivas. Su misión parece titánica, habida cuenta del poder político de los propietarios de Aurora. La ceremonia de esta mañana en Simpinula es parte de su estrategia. Eso explica la presencia de periodistas de varios medios de comunicación locales, entre ellos radios comunitarias, y algunos académicos, invitados por Milpah para registrar la ceremonia.

Un hombre sopla un caracol hacia el cielo, lo que anuncia el inicio de los oficios. Felipe Benítez toma un micrófono y explica la cruz cósmica maya: “Aquí tenemos la comida que nos quiere quitar Monsanto…”. Lee después un comunicado firmado por los líderes lencas presentes: “Este cerro será llamado, a partir de hoy, Guastes Tupayca”. Como casi ninguno de los lencas habla lenca, Benítez traduce: “El Cerro de Nuestro Señor”. A partir de hoy, pues, este cerro será un centro ceremonial. Los habitantes de Simpinula se comprometen a cuidarlo, a mantener la cruz cósmica en orden y fuera del alcance de los perros callejeros que en el campo, donde no hay calles, se llaman aguacateros.

Invoca al espíritu de Lempira y al de la nueva mártir del movimiento indigenista y ambientalista hondureño: “Berta Cáceres. Que su espíritu nos guíe en nuestra lucha para proteger a Maika Durra, la Madre Tierra”. Berta Cáceres, la líder ambientalista que dedicó los últimos años de su vida a resistir contra estos proyectos, asesinada hace seis meses y hoy colocada en el martirologio lenca junto a Lempira, el jefe que resistió a la colonización española hasta que un arcabús ibérico le partió el pecho. Por el pecho, también, penetró una de las tres balas que terminaron con la vida de Cáceres cinco siglos después.

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Poco antes de la medianoche del pasado 2 de marzo, tres hombres llegaron a la ciudad de La Esperanza, forzaron la puerta de la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. El mexicano Gustavo Castro, quien se hospedaba en la casa, recibió algunas heridas de bala. Pero sobrevivió.

Dice Felipe Benítez que habló con ella el día anterior al crimen. “Queríamos hacer un frente común de varias organizaciones indígenas”. El gran desafío que enfrentan hoy estas organizaciones es sobrevivir a la muerte de la más visible de entre ellos.

Cáceres era la activista hondureña más reconocida en el mundo, sobre todo tras haber ganado, algunos meses antes, el premio Goldman, conocido como el Nobel verde. Su asesinato puso en las portadas de los periódicos internacionales el conflicto entre comunidades indígenas y empresas beneficiarias de la fiebre hondureña por concesionarlo todo. Y también los riesgos para los ambientalistas y defensores de tierras en Honduras. Berta Cáceres murió la víspera de cumplir 45 años de edad.

Hija de una lideresa lenca, inició su actividad política en la guerra civil salvadoreña, a los 16 años. Siguiendo a su novio, el activista hondureño Salvador Zúñiga, cruzó la frontera entrando por Cabañas. Ambos se incorporaron al FMLN en 1988. “Estuvimos organizados con la Resistencia Nacional”, aclara Zúñiga. “No solo del lado salvadoreño. Apoyamos en otros momentos en la parte logística en Honduras, en Nicaragua también. Para la ofensiva del 89 estuvimos en Soyapango”.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, ambos regresaron a Honduras a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. “La experiencia revolucionaria nos ayudó a organizar a las comunidades, a plantearnos la estrategia pero en tiempos de paz”, recuerda Zúñiga, el primer coordinador de la organización. Mientras Centroamérica intentaba pasar página a los años de las revoluciones y las dictaduras, las banderas del COPINH ya estaban en una nueva lucha: la defensa medioambiental y la reivindicación de la identidad indígena.

El divorcio con Zúñiga terminó también con la sociedad y ella quedó sola al frente del COPINH. Demostró ser hábil para la organización y apta para el liderazgo. Ya había probado ser incombustible y visitaba con frecuencia lugares de muy difícil acceso, lo que ayudó a mitificar su omnipresencia.

Algunas personas a las que Berta fue conociendo en el camino la recuerdan especialmente insistente en el devocional respeto a la naturaleza, heredado de la cosmovisión lenca; y en la recuperación de la dignidad y el orgullo indígena. Pero lo hacía con la estrategia aprendida de los movimientos revolucionarios: participaba en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional, intercambiaba experiencias con otros movimientos en toda América Latina.

Frenó la labor de algunos aserraderos, una de las grandes industrias extractivas de Honduras y origen de violencia en todo el país. Marchó con otros activistas a Tegucigalpa para protestar contra las concesiones (en una de ellas tiraron abajo una estatua en honor a Cristóbal Colón y en su lugar colocaron una de Lempira). Creó talleres para hombres y mujeres lencas. El COPINH se convirtió en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2010, poco después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto de Roberto Micheletti otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque, que sirve de frontera a los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, zonas lencas también.

DESA es una empresa privada copropiedad de José Eduardo Atala y sus hermanos Pedro y Jacobo. El grupo familiar, llamado Jacaranda, importa y distribuye equipos de maquinaria y construcción, representa a la marca John Deere en Honduras y tiene inversiones en bienes raíces y energía. Los hermanos Atala son además propietarios del Club de Futbol Motagua.

Su proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, llamado Agua Zarca, obtuvo un financiamiento de $45 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. Agua Zarca es un proyecto a filo de agua que, a diferencia de las Auroras, sí contempla mantener el caudal ecológico; tiene proyectado producir 21 megawatts en el Gualcarque. Por eso calificó como proyecto de energía limpia para los donantes internacionales. En los albores del proyecto, el gigante chino de construcciones de presas, Sinohydro, fue subcontratado para la construcción.

Agua Zarca instaló su campamento original en Río Blanco, Intibucá, en la ribera oriental del río Gualcarque. Pero el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a Sinohydro. DESA tuvo que instalarse al otro lado del río, en el municipio de San Francisco Ojuera, Santa Bárbara, donde se encuentra ahora.

Tras la salida de los chinos, DESA contrató para la construcción del proyecto a la empresa Copreca, la misma acusada en El Salvador por fraude contra el Estado por $12 millones de dólares tras el fiasco en la construcción del Boulevard Diego de Holguín (Hoy llamado Monseñor Romero). Copreca, cuyo propietario Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de estafa, peculado y falsedad ideológica, está a cargo de la construcción de otras hidroeléctricas en Honduras.

Pero la presa de Agua Zarca no ha podido construirse a pesar de la inversión que DESA ha realizado ya para iniciar el proyecto (apertura de calles; contratación de ingenieros; instalaciones eléctricas; materiales de construcción; trabajadores sociales; agentes de seguridad privada; etc…), debido a la protesta de las comunidades que se oponen al proyecto. Berta Cáceres encabezó la resistencia contra Agua Zarca.

Hace tres años, Cáceres comenzó a recibir amenazas, de las que responsabilizó a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. El jefe de seguridad de la empresa era un militar retirado, Douglas Bustillo.

El Presidente de DESA, David Castillo Mejía, es también un militar. Se graduó de West Point y fue sancionado en noviembre de 2009 por el Tribunal de Cuentas hondureño, por estar recibiendo doble salario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y de las Fuerzas Armadas, donde fungía como subteniente de inteligencia militar. El Tribunal le obligó a devolver los sueldos. Lo encontró además culpable de vender equipos sobrevalorados a la Fuerza Armada, desde una empresa de su propiedad.

Debido a las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres. A pesar de las amenazas, el COPINH mantuvo la resistencia. A pesar de las medidas cautelares, Berta Cáceres fue asesinada.

El crimen causó tal indignación internacional que se convirtió en el principal problema político del gobierno de Juan Orlando Hernández. En las semanas posteriores, las autoridades hondureñas llevaron a cabo cinco capturas: Los gemelos sicarios Edilson y Emilson Duarte, presuntamente contratados para perpetrar el crimen; como cómplices continúan detenidos el ex jefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, a quien Cáceres había denunciado, además, por acoso; el Ingeniero Sergio Rodríguez, a cargo de las obras de construcción de DESA; y Mariano Díaz Chávez, un militar activo al momento del crimen. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Elvin Rápalo Orellana, el presunto tercer hombre en participar en el asesinato. Hay un prófugo, Henry Hernández, de quien las autoridades suponen que era el conductor, que esperó en el vehículo mientras los asesinos disparaban contra Cáceres y Castro.

Los investigadores armaron el caso a partir de los registros de llamadas telefónicas de los acusados, en los que habrían determinado no solo la ruta y las horas en que los asesinos entraron y salieron de La Esperanza, sino también una intensa comunicación entre ellos y el exjefe de seguridad de DESA; cuando la policía allanó la casa de los gemelos Duarte, encontró el arma con que se cometió el crimen. Posteriormente el Ministerio Público reveló que los gemelos sicarios habían confesado su participación y, según reportes de la prensa hondureña, dijeron haber sido contratados por Sergio Rodríguez, el ingeniero empleado de DESA.

Con las capturas, el gobierno alivió la presión. Y no hay ninguna novedad sobre la autoría intelectual ni ninguna línea de investigación para determinar la naturaleza de la participación de militares en el crimen. En junio pasado, un soldado hondureño dijo al periódico inglés The Guardian que había desertado después de recibir una lista de activistas a los que su unidad debía asesinar, entre los que se encontraba Berta Cáceres. El ejército desmintió estas declaraciones.

Ni el Copinh ni DESA están satisfechos con las investigaciones. “No tiene ningún sentido que responsabilicen al ingeniero Rodríguez o a DESA”, dice José Eduardo Atala, el principal accionista de la empresa. “Nadie se vuelve matón de la noche a la mañana. El ingeniero Rodríguez es un hombre de familia”. Atala asegura que desde que cambiaron el proyecto de Río Blanco a Ojuera habían estado trabajando sin problemas. “Llevábamos quince meses de trabajo ininterrumpido. Habíamos entrado en un diálogo con la señora Cáceres. No tiene ninguna lógica. Hoy tenemos parado un proyecto de $45 millones de dólares que ya iba caminando. Dígame usted si tiene sentido la tesis del Ministerio Público”.

Víctor Fernández, abogado, amigo y asesor legal de Berta Cáceres durante muchos años, es quien representa a la víctima en el juicio. Fernández cree que el caso fue mal armado, porque las investigaciones se basaron en llamadas telefónicas –y ni siquiera se conoce el contenido de esas llamadas- y no en personas. No ve ningún avance en la determinación de la autoría intelectual del crimen ni voluntad del ministerio público. “El caso sigue igual que en mayo, cuando fueron las audiencias iniciales.

Las sospechas sobre el accionar del Ministerio Público se deben también a su historial en un país con altísimos índices de corrupción y de impunidad. “Es el mismo Ministerio Público que en 2013 y 2014 la acusó de portación de armas, usurpación, coacción y daños continuados. Es la misma fiscalía la que llevaba el juicio contra Berta. ¿Cómo podemos confiar en el coyote para que cuide las gallinas?” reclama Tomás Gómez Membreño, quien asumió la coordinación interina del Copinh tras la muerte de Cáceres. Pide que sea la CIDH la que investigue el crimen, habida cuenta de que “en el asesinato han participado el poder económico, el político y el militar”.

Atala también quiere una investigación independiente. Dice haber contratado ya a una empresa internacional para que haga una investigación a fondo. “Mientras no se solucione el asesinato de Berta Cáceres no vendrán a Honduras más fondos internacionales para hidroeléctricas. Es en el interés del país resolver esto”.

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A San Francisco de Ojuera, el municipio que alberga hoy el proyecto de Agua Zarca, se llega tomando el desvío a Santa Bárbara y posteriormente decenas de kilómetros de caminos de piedra y tierra que se internan en las montañas. La plaza central lleva el nombre del actual alcalde, Raúl Pineda, que la pintó y remodeló. Berta Cáceres lo denunció por amenazas y por asociarse con policías, militares y guardias de seguridad privados para reprimir a manifestantes contra la represa. Desde el asesinato de la activista, ni el alcalde ni el vicealcalde quieren hablar sobre la presa. Dicen que no quieren más problemas. El vicealcalde ofrece, a cambio, guiarnos hasta la casa de Ramón Rivera, empleado de DESA a cargo de las relaciones con la comunidad y quien lleva, desde el encarcelamiento del ingeniero Sergio Rodríguez, la oficina de DESA en el pueblo.

Rivera es un hombre delgado, con el cabello entrecano que delata su edad mediana a pesar de su mirada juvenil. Tiene 40 años. Pulseras textiles en la muñeca, lentes y un habla más sofisticada que la de los habitantes locales le hacen parecer un profesor universitario de cualquier ciudad centroamericana. Sabe escuchar y cuando habla habla con una voz serena que fluye con argumentos, aspirando a convencer. En su escritorio hay una maqueta del proyecto de Agua Zarca y varias actas con cientos de firmas de habitantes de la zona que piden la reanudación de la construcción de la represa. El contraataque de DESA, pues, corre a cargo de este señor.

A pesar de su apariencia urbana, Ramón Rivera nació en esta zona rural aislada del mundo. Siendo aún niño se mudó con su familia a Las Vegas, un pueblo minero a orillas del lago Yojoa. Su padre trabajaba en la mina de El Mochito (propiedad de mineras internacionales desde su apertura, en 1948), que extrae zinc, plomo y plata. Esa experiencia temprana parece haber marcado su visión del progreso: “La mina nos dio una mejor casa, con piso y luz eléctrica. Una mejor escuela. Una mejor comida. La mina nos dio una mejor vida. Allí aprendí de desarrollo”.

Años después obtuvo una beca y se mudó a La Habana para estudiar medicina. Allí vivió cuatro años. No terminó la carrera, pero cree que la revolución cubana le enseñó algo más importante: “que todos tienen derecho a una vida digna. Que todos tienen la obligación de ayudar a que el prójimo esté mejor”. Se define como un revolucionario ambientalista y dice que por ello su relación con el proyecto de Agua Zarca es congruente: “Producir electricidad no es delito en ninguna legislatura. Este proyecto es de energía limpia; ha creado trabajos, ha abierto calles, traerá una clínica y una escuela. ¿Por qué se oponen los copines? ¡Si esto es lo que todos queremos… desarrollo!”.

Le pregunto si abrir una calle, poner una escuela y un centro de salud no son obligaciones básicas del Estado. “Sí. También es cierto que el Estado nunca ha cumplido ni está en capacidad de cumplir con su obligación de abrir estas calles y poner clínicas y dar educación y salud a todos los hondureños. ¿Pero por qué nos vamos a oponer a que una empresa privada nos traiga estos beneficios?” Rivera no es el único que piensa así. A este lado del río, son muchos los campesinos, los lencas, que están a favor del proyecto de Agua Zarca. Y Ramón Rivera los está organizando. Convive con las comunidades que están a favor y a todos les habla de medio ambiente. Las hidroeléctricas, dice, son el equilibrio perfecto entre desarrollo y medio ambiente.

Una vez que la hidroeléctrica sea terminada y comience a funcionar, DESA deberá trasladar a las comunidades el dos por ciento de la facturación por venta de energía. Pero por ahora el proyecto está en pausa, porque las entidades financieras internacionales suspendieron los desembolsos desde el asesinato de Berta Cáceres.

La semana pasada, el Banco Holandés de Desarrollo, uno de los donantes, publicó un reporte de situación en el área , realizado por una misión internacional independiente. El reporte es crítico con el proceso de instalación del proyecto y su efecto en las comunidades; sobre todo porque no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada como obliga el convenio 169 de la OIT.

Atala explica las razones: “El país es signatario de ese convenio pero nunca hizo un reglamento. Es el Estado el que está obligado a llevar a cabo esas consultas, no las empresas. Pero el Estado se ha deslindado de esa responsabilidad y nos pide a nosotros que hagamos las consultas, sin un reglamento que determine siquiera cómo se hacen”.

El entonces viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Laínez, enfrenta un juicio por otorgar esos permisos de manera ilegal no solo a Agua Zarca, sino a otras concesiones hidroeléctricas, entre ellas Aurora 2. El funcionario enfrenta un juicio; las empresas no están siendo investigadas por beneficiarse de la corrupción.

El informe del FMO coincide con muchas de las observaciones de Ramón Rivera sobre las posibilidades de desarrollo que el proyecto abre para las comunidades de la zona.

Rivera se ofrece a guiarnos hasta la represa por decenas de kilómetros de calle rural que DESA abrió para llegar hasta el Gualcarque. Vamos en un vehículo doble tracción hacia el lugar donde la empresa inició el desvío del río; hacemos paradas en el camino para subir a algunos campesinos que van de un caserío a otro. Todos saludan a Rivera con estima y se quejan del COPINH. Dicen que la organización de Berta Cáceres les ha quitado el trabajo; los acusan de ser violentos. Los responsabilizan de que ahora la calle esté en mal estado; de que no tengan más los servicios de DESA para sacar a los enfermos hasta una clínica en caso de emergencia. Acusan al COPINH, en resumidas cuentas, de condenarlos al subdesarrollo. De dividir a la comunidad. De negarles la posibilidad de optar a una vida como la que la mina de El Mochito le brindó a Ramón Rivera.

Paramos allí donde ha iniciado el desvío del río. Las palas de la compañía abrieron un canal y acumularon la tierra extraída en un macizo al centro del cauce original del Gualcarque. Así se divide un río: uno de los brazos seguirá corriendo por su cauce natural mientras el otro será guiado por un nuevo sendero hasta donde la empresa ha decidido construir el embalse, donde el agua se irá acumulando a la espera de que alguien abra las compuertas para dejarla correr entubada, por cinco kilómetros, hasta que desde un montículo y de manera natural aumente la aceleración y caiga en picada, con fuerza, hasta unas turbinas que producirán los 21 megawatts proyectados; y esa agua se volverá a unir con el caudal. Así se ha planificado el desvío del Gualcarque, pero hasta ahora solo está el pequeño macizo de tierra al centro que bifurca el caudal, que se vuelve a unir en su otro extremo porque lo demás no ha podido ser construido.

A pocos metros hay un puente colgante, construido también por DESA, que une a las dos riberas. Al cruzarlo se llega a la comunidad de Valle de Ángeles, en el departamento de Intibucá. Es uno de los cinco caseríos de Río Blanco y el más próximo al Gualcarque. Aquí, justo a la orilla del río, vive Lucila Mejía, una señora a la que los años han dado una voz ronca y contundente. Habla con un don de mando que contrasta con la voz suave de Rivera. “Con el proyecto no tenemos problemas. Nuestros problemas son con los copines. Ellos nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a matar”. Le pregunto cómo y cuándo le han dicho eso. “Directamente no. Pero todo mundo lo sabe. Nos dicen que andemos con cuidado porque los copines nos quieren matar”.

¿Cómo es que un proyecto de energía limpia se convirtió en un conflicto entre comunidades pobres? Lucila apunta el dedo acusador hacia la montaña a sus espaldas, allí donde está el caserío de La Tejera, foco de la resistencia contra la presa. “Ellos están peleando por el río. Pero no es de ellos. Es cierto, es un pleito entre comunidades. Pero ellos pelean por destruir. El río nunca se va a acabar y este proyecto nos trae beneficios. Ya ve usted, dicen que el rico vive del pobre. Pero el pobre también vive del rico. Los copines no quieren que nos den estos beneficios”.

Atrás de ella están dos de sus hijos. Son altos y musculosos. Ambos parecen rondar los 30 años. Uno de ellos cuenta que, hace algunas semanas, los vecinos alertaron que todas las tardes, a tiro de vista de aquí, doscopines se sentaban para registrar los movimientos de estos caseríos. Preocupados por un eventual ataque, uno de los hijos de Lucila decidió ir a confrontarlos. Lucila se quedó angustiada, pensando que podían matarle a su hijo. Él me cuenta la experiencia: “Llegué y no había nadie. Y nunca más volvieron”, me dice él. Le pregunto cómo sabe que alguna vez vinieron. “Eso decían. Pero nunca los vi”. El conflicto en Agua Zarca se ha llenado de fantasmas.

Hay dos elementos que parecen comunes a todos los proyectos de industrias extractivas: la división local de las comunidades a través de promesas de beneficios para quienes estén a favor; y los rumores que se esparcen como bolas de nieve, agravando las divisiones. El conflicto visto desde afuera del bosque parece ser entre corporaciones y comunidades pobres; pero al internarse entre los árboles se parece más a uno de pobres contra pobres.

Víctor Fernández, el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres, cree que lo que ha pasado desde el golpe de Estado es un plan para que los grupos de poder se hagan del control estratégico de los recursos naturales de los hondureños. “Estas empresas, que ofrecen hacer inversión social en las comunidades, están traficando con la dignidad de las personas”.

El reporte de misión del FMO recomienda que sigan los desembolsos al proyecto de Agua Zarca de DESA, porque, concluye, no hay ningún proyecto alternativo de desarrollo para las comunidades que viven alrededor del Gualcarque. En otras palabras, el gobierno hondureño no tiene ningún plan para propiciar el desarrollo de las comunidades más abandonadas, salvo delegarlo en empresas privadas que no tienen un interés social, sino de negocios.

El Estado, dice el mismo reporte, ni siquiera fue capaz de mediar cuando inició el conflicto en la zona. Por el contrario, actuó como históricamente ha actuado: envió soldados y policías. Y allí estalló todo.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas y defensores ambientalistas. Según la organización Global Witness, desde el golpe de Estado, 118 de ellos han sido asesinados. Ninguno tan visible, ninguno tan reconocido, ninguno tan claro, ninguno tan sonoro como el de Berta Cáceres.

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Muchas veces pasó Berta Cáceres por estos senderos de barro que conducen a La Tejera. Muchas pasaron los equipos de DESA que también ampliaron estos caminos; y los ingenieros chinos de Sinohydro que pretendían construir la represa; y los supervisores financieros; y las camionetas con materiales para instalar el campamento de los chinos a la vera del río Gualcarque. Desde entonces ha habido varios muertos. Incluso antes de que los chinos pasaran de regreso con sus cosas y abandonaran el proyecto.

Alan García tenía 16 años, en julio de 2013, cuando se encaminó con otros pobladores hacia el campamento de DESA para protestar contra el proyecto. Iba con su papá, Tomás, un líder local. Al llegar a las puertas del campamento, los manifestantes se toparon con soldados del ejército hondureño que custodiaban a los ingenieros chinos. Las versiones varían, pero no las armas: Entre quienes participaban en la protesta había ancianos, mujeres, niños desarmados; y algunos hombres con machetes. Las únicas armas de fuego a la vista, aquel día, estaban en manos de soldados y vigilantes privados. Uno de los soldados disparó contra Tomás García y lo mató. Alan, viendo cómo su padre caía, se lanzó a ayudarlo. Recibió otros dos balazos que lo dejaron inconsciente. Fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir.

Hoy, con 19 años y huérfano, es un muchacho que habla poco. Es menudo y aparenta tener aún la edad que tenía cuando fue herido. Se levanta la camisa y nos muestra las cicatrices de aquella jornada infausta en que perdió a su padre. Una adelante que ocupa medio torso. Otra atrás… Un cráter en la parte superior de la espalda. “El pleito fue porque ellos se metieron en nuestras tierras. En nuestros frijolares. Metieron tractores. No nos preguntaron nada. No aceptaron ningún diálogo”, dice. “Solo dispararon”.

Horas después de la muerte de Tomás García, un niño llamado Christian Madrid, de 14 años, fue asesinado mientras cultivaba las tierras de su familia. Sus hermanos mayores responsabilizan de su muerte a Berta Cáceres y al COPINH. Dicen saber quién es el asesino: “un compadre de mi papá que andaba con ellos”; y acusan a los ambientalistas de protegerlo. Dos muertes. Suficientes para dividir a una comunidad de tal manera que, aunque mañana mismo se clausurara el proyecto de Agua Zarca, sus diferencias son ya lo suficientemente grandes como para esperar que pronto los pobladores vuelvan a ser una sola comunidad.

“Aquí hemos quedado todos divididos”, dice Juan Bautista Madrid, uno de los hermanos de Christian. “Padres contra hijos, hijos contra padres. Primos contra primos. Aquí nos olvidó el gobierno, nos olvidó la alcaldía. Solo la empresa (DESA) nos trajo la calle y nos puso electricidad. Ellos, los copines , destruyeron el proyecto. Nos han amenazado. Aquí ahora nos matamos entre familias”.

Hay cinco caseríos en Río Blanco. La propiedad de los Madrid queda justo en una parada entre caseríos a la que llaman La Caseta. Algunos kilómetros más arriba se encuentra La Tejera. No avisamos a nadie que vendríamos, pero en cuanto llegamos al páramo que sirve de plaza se nos acercó una señora para decirnos que doña Mercedes nos estaba esperando. Ya sabían que nos habíamos detenido a hablar con la familia Madrid. Cuando entramos a su casa, ya había otras dos mujeres de la comunidad. Cuando salimos eran siete. Convocadas por doña Mercedes “para que ustedes estén bien informados”.

Mercedes Pérez es la líder de La Tejera y la cabeza de una familia matriarcal. Altiva y delgada, con el cabello pintando ya canas, parece la imagen que Lucila, la abuela de Valle de Ángeles, podría encontrar en su espejo si tuviera el cabello blanco. Mercedes habla con la misma firmeza pero desde el otro lado de esa frontera que la presa ha creado entre las comunidades de Río Blanco.

Su casa es la de una mujer pobre que sostiene a una familia grande. Piso de tierra y cocina de leña. En un rincón ha apilado decenas de mazorcas, almacenadas en forma de abanico, que terminan componiendo una figura armoniosa, geométrica, compacta. Hermosa. Encima de las mazorcas hay hierbas olorosas para espantar a los ratones del campo. Enfrente una pequeña hamaca, en la que reposa un bebé de dos años. Tres niños más grandes corren y gritan por la casa. Otro más, un poco más pequeño, nos mira fijo desde la esquina. Una veintiañera lava platos en la pila. Tiene a otro bebé colgando. Todos son nietos de doña Mercedes. Hijos de sus hijos que se los encargaron. Hijos de sus hijas cuyos maridos las abandonaron.

Junto a las mazorcas hay una puerta sin puerta, sino con una cortina, por la cual se entra una pequeña habitación. “Aquí dormía Bertita cuando venía”, dice, con orgullo. “Aquí comía”. A sus espaldas, otro cuarto que sirve de comedor tiene las paredes forradas de afiches con la foto de Berta Cáceres. Entrar a esta casa es saberse en territorio en pie de lucha contra la hidroeléctrica. La abuela Mercedes alza la voz: “¡Yo soy Copinh hasta la muerte! Aquí nunca aceptaremos la presa. ¡Nunca! Son unos sinvergüenzas”.

El origen del pleito, en el que todos coinciden, es muy simple: los tractores de DESA invadieron un frijolar. La gente se molestó con la empresa. Organizaron una protesta y voltearon los tractores. Los militares acudieron a proteger a los chinos. La protesta llegó hasta la entrada del campamento y el Estado utilizó a su brazo armado. Para defender a la empresa. Sonó el disparo que terminó con la vida de Tomás García y los dos siguientes, que hirieron gravemente a su hijo Alan. Alguien mató más tarde a Christian Madrid. Y la bolita fue creciendo. Después hubo otros muertos. Uno de paludismo. Otro asesinado en una borrachera. Una joven murió en un accidente automovilístico. Cada parte de la comunidad ha encontrado la manera de culpar a la otra por cada una de estas muertes.

Le pregunto a Mercedes Pérez por los muertos. Comienzo por Christian Madrid. “Mire, su mamá es mi comadre. Hoy ya no nos hablamos. Ese muchacho no murió por nada. Su familia es la que le vendió las tierras a la presa”. La presiono un poco más y termina responsabilizando a DESA también de esa muerte: “Lo mataron para echarle la culpa al Copinh”. Entonces habla de los otros muertos. El asesinato del borracho le parece sospechoso, porque el asesino actuó con premeditación: “lo llevó a tomar para matarlo”, dice. La joven que murió en un accidente de tránsito, murió intentando llegar hasta donde los tractores estaban invadiendo el frijolar. Si la presa no estuviera en construcción, si los tractores no se hubieran metido en el frijolar, si la comunidad no tuviera este problema… la joven estaría viva. Así que esa muerte también debe agregarse a la lista de víctimas de la represa. Y así. Y cada muerte que menciona le cierra un poco los ojos y le endurece la quijada. Con rencor.

En lo único en lo que parece estar de acuerdo con su comadre, la mamá de Christian Madrid, es en que será muy difícil reconciliar a esta comunidad. Es la misma experiencia en todas las comunidades divididas por estos proyectos, particularmente donde ya hay muertos. Pobres contra pobres. Lencas contra lencas.

Sentado en su oficina de La Esperanza, a pocas cuadras de la casa donde Berta Cáceres fue asesinada, el coordinador interino de Copinh Tomás Gómez Membreño me dirá después: “Estos problemas llegaron con las concesiones de los proyectos. El origen de estos conflictos está en las concesiones, no en las comunidades”.

***

La división entre comunidades, hasta ahora, es menor en La Paz. Ni hay muertos entre los que estaban a favor de las Auroras ni hay mucho desarrollo ni oportunidades que defender. La mayor oposición comunitaria a las organizaciones indígenas proviene de aquellos que se benefician del clientelismo político. Alcaldes, representantes patronales, empleados del Partido Nacional en la zona. Y es a través de ellos que el gobierno impulsa su plan.

En Simpinula hay postes de cemento, de esos que sostienen los cables eléctricos. Pero no hay cables. No hay electricidad. Solo postes de cemento. Es un paisaje absurdo en medio de las montañas. El gobierno prometió a los simpinulenses conectarlos a la red eléctrica justo cuando comenzaron los proyectos de las Auroras, pero la comunidad se negó a que se llevara a cabo un catastro para delimitar las propiedades de la comunidad. Sin catastro, les dijeron, no hay electricidad.

No hay electricidad. Los simpinulenses se amparan en el derecho comunal ancestral de los lencas, por el que las tierras de la comunidad son propiedad comunal, no individual, para oponerse al catastro. Esa es parte de su resistencia a las concesiones; su manera de amarrarse al mástil para resistir a los cantos de sirena: Si la comunidad es la dueña de todo, ninguna empresa podrá tentar a un campesino para comprarle las tierras en las que desarrollará los proyectos concesionados. Pero es solo una parte de su resistencia. Negarse al catastro es también reafirmar el carácter indígena de la comunidad.

Las organizaciones indígenas hondureñas, que representan también a las otras etnias (pech, tawaka, misquito, tolupán, garífuna, chortí…), saben que Honduras es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio prevé derechos especiales para las comunidades indígenas y aborígenes, siempre y cuando sus condiciones sociales, económicas y culturales las distingan “de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones…”. Por ejemplo: propiedad comunal de la tierra y un cerro sagrado para sus propias ceremonias, como el que acaban de proclamar en Simpinula.

El Convenio les otorga además el derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres sociales, sus creencias, su bienestar espiritual o sus tierras. Y obliga a los estados signatarios a respetar y proteger sus organizaciones sociales y su forma de vida. Pero uno de los requisitos más importantes, desde luego, es que los indígenas se asuman como indígenas. Por eso es tan trascendente el esfuerzo que están haciendo por recuperar su identidad. Y llevan muchos años en ello.

Berta Cáceres y el Copinh cimentaron buena parte de su estrategia en el 169 y lograron mediante él presionar al gobierno a que cumpliera sus compromisos internacionales. En julio de 2011, Cáceres firmó un convenio con el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el que este se comprometía a no autorizar ninguna concesión sin “una consulta previa, libre e informada”, para lo cual se redactaría un reglamento en coordinación con el Copinh. Además, el gobierno de Lobo reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal.

El convenio tenía dos problemas: que la mayoría de concesiones ya habían sido otorgadas y que el gobierno de Lobo ya iba de salida. Con la llegada de Juan Orlando Hernández, el acuerdo fue engavetado. No hay ningún reglamento. En cambio, la presidencia de Hernández promovió internacionalmente una política de concesiones sin precedentes, que incluyen la creación de “ciudades modelo” en las que las corporaciones extranjeras ganen licitaciones podrán trabajar con ventajas arancelarias en grandes zonas geográficas, con legislación diferente, que en la práctica serán administradas de manera privada. La primera ciudad modelo será inaugurada a finales de este año.

Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEPRODEH y uno de los principales promotores del 169 como herramienta de resistencia, visita frecuentemente la zona de La Paz y reúne a decenas de indígenas para informarles sobre el tratado de la OIT y escuchar sus inquietudes y su situación.

Cuando lo conocí, hacía una presentación a unos 40 indígenas de la zona de Marcala, en la sede local de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Su lenguaje era claro: “quieren forzarnos a la emigración para que les dejemos nuestros ríos y nuestras montañas y nuestros minerales. Quieren que nos sintamos avergonzados de ser indígenas. ¡Pero somos indígenas! Preguntemos a nuestros abuelos. Que nos cuenten nuestras historias. No veamos a los pies a nadie, nunca más. Tenemos muchas historias; y muchos muertos”.

Uno de los asistentes preguntó cómo podían evitar el avance corporativo sobre sus tierras. Donald Hernández, antes de explicar el 169, respondió: “¡Rescatemos nuestra cultura! Nos dicen robatierras pero no estamos robando nada. Nosotros re-cu-pe-ra-mos tierras. Siempre fueron nuestras. Tierras indígenas comunales. Que un alcalde se las haya titulado a un extranjero no las hace de ese extranjero. Son nuestras.” Entonces les habló del convenio de la OIT.

En la reunión estaba también Margarita Posada, cofundadora de Copinh y una activista local muy respetada, quien fuera cercana a Berta Cáceres. Ha dado seguimiento al proceso de construcción de las Auroras y tiene un archivo del que echa mano para explicar las irregularidades en la concesión de los permisos. Le pregunto cuál es el problema con que se produzca energía limpia, a partir del agua de un río. “Con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en vez de consultarnos, en vez de darnos facilidades para que las comunidades mismas produzcamos nuestra energía limpia, los organismos financieros internacionales le dan dinero a empresas privadas que no lo necesitan para que sean ellos los que se lucren de nuestros ríos. Los que los controlen. Los que los destruyan. Ese es el problema. Somos nosotros, las comunidades, las que debemos decidir en qué ríos queremos hacer estos proyectos y cómo los vamos a administrar, de tal manera que nos permitan producir nuestra propia energía en vez de pagarles a estas empresas por controlar nuestros ríos”.

Intenté hablar con Arnold Castro, el propietario de Aurora y esposo de la vicepresidenta del Congreso, pero me canceló a última hora dos reuniones pactadas en la ciudad de Marcala y después alegó estar en reuniones de negocios para no atenderme por teléfono, a pesar de mis insistencias durante más de un mes. Quería preguntarle cómo ha afectado a su empresa el asesinato de Berta Cáceres; cuestionar las alegaciones de irregularidades en la obtención de sus contratos con el Estado; quería que me explicara por qué una empresa de la familia de Gladis Aurora López no ha sido multada ni castigada por no cumplir con la ley. Por qué no respetó el caudal ecológico. Cómo ha beneficiado a las comunidades.

Intenté hablar también con el ministro de Recursos Naturales, José Galdámez, pero me advirtió que lo que lo que yo quería abordar es “muy sensible”. Me ofreció hablarlo en su oficina, después de recibir una solicitud formal de entrevista que incluyera las preguntas que le quería formular. He turnado ya la solicitud. Aún no he recibido respuesta.

En el cerro de Simpinula, el lenca Felipe Benítez lee el acta firmada por todos los representantes de comunidades presentes en el guancasco. En ella, los lencas de la zona se declaran en alerta permanente frente a las “amenazas como las leyes que violentan nuestros derechos indígenas”. Amparados en el convenio 169 de la OIT, “damos el mandato de seguir con el proceso de defensa y organización de los pueblos lencas…”.

Al final de la ceremonia, me siento con Felipe Benítez bajo un árbol, en la cima del cerro que acaba de oficializar como centro ceremonial. ¿Cuántos cerros ceremoniales tienen los lencas? Este, responde, es el primero. Por primera vez se le llenan los ojos de lágrimas cuando le pregunto por Berta Cáceres y qué cambia tras su asesinato. “Es difícil”, me dice. “Estábamos por hacer grandes cosas”. Me pregunta qué me parece la ceremonia de hoy. Le digo que es un hermoso intento de rescate de sus tradiciones, cuyo objetivo es político, no cultural. Benítez me mira de lado y vuelve a sonreir. “Ya le entendió”. Toma un poco de carne con yuca, que han preparado las mujeres del pueblo, y come con gusto. “Pero en el camino vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido durante siglos”. Miro al cielo. Las nubes se han ido. Hoy no llovió.

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Comienza a leer despacio, en voz alta: “Algunos años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Saravia se quitó el rango militar, abandonó a su familia y se
 mudó a California”. En la mano sostiene varias páginas con la impresión de una nota periodística publicada hace cinco años. Se reacomoda los lentes -dos grandes vidrios sostenidos por un alambre-. Tiene las uñas rotas y sucias, y los ojos muy abiertos y agitados. Alertas. Vuelve a leer el primer párrafo. “Algunos años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Saravia…” Hace una pausa y repite ese nombre, que no ha dicho en mucho tiempo: “El capitán Álvaro Rafael Saravia”.

Levanta la cabeza y me mira fijamente.

—Usted escribió esto, ¿verdad?
—Sí.
—Pues está mal.
—¿Por qué?
—Aquí dice “Algunos años después de asesinar a Monseñor Romero”. Y yo no lo maté.
—¿Y quién lo mató?
—Un fulano.
—¿Un extranjero?
—No. Un indio, de los de nosotros. Por ahí anda ese.
—Usted no disparó, pero participó.
—30 años y me voy a morir perseguido por eso. Sí, claro que participé. Por eso estamos hablando.

Tiene las manos gastadas por la miseria y el trabajo del campo. Unas manos que nada tienen que ver con las de aquel piloto de la Fuerza Aérea convertido en lugarteniente del líder anticomunista salvadoreño Roberto d’Aubuisson, y después en repartidor de pizzas, lavador de dinero para la mafia colombiana y finalmente en vendedor de autos usados en California. Ahora ya no es nada de eso. Perdió un juicio al que no asistió, en el que fue encontrado culpable del asesinato de Monseñor Romero.

—Cuénteme cómo fue.
—Se lo voy a contar todo, pero despacio. Esto es largo.

***

En 1979, Saravia, un indisciplinado capitán de aviación, querido por todos sus compañeros pero demasiado inclinado por el alcohol y las reyertas, terminó convencido por el mayor Roberto d’Aubuisson de trabajar con él en la formación de un frente anticomunista. Lo convenció en las visitas que D’Aubuisson, un mayor del ejército experto en inteligencia contrainsurgente, hacía a los cuarteles de la Guardia Nacional para reclutar a los oficiales para su lucha.

El mayor D’Aubuisson fundó un par de años más tarde el partido Arena y se convirtió en el máximo líder de la derecha política salvadoreña. Fue también el presidente de la Asamblea Constituyente de 1983 y prominente miembro de la Liga Anticomunista Mundial.

El capitán Saravia aún recuerda cómo, sentados en la arena de una playa salvadoreña y con una botella de ron entre ambos, D’Aubuisson lo terminó incorporando a su movimiento. Se perdió 15 días con él, se fueron a Guatemala, y le pusieron sueldo, un carro y lo demás que necesitara para cumplir el encargo del mayor: “Me vas a llevar unas cosas a mí, particulares”.

D’Aubuisson murió en 1992 de cáncer en la lengua, tras haber llevado a su partido a la presidencia de El Salvador y poco después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil. Para entonces, el capitán Saravia ya vivía en Estados Unidos, se había librado de un juicio en El Salvador por el asesinato de Monseñor Romero y de otro en Estados Unidos por lavado de dinero. Se mudó a Modesto, una pequeña ciudad en el centro de California, y ahí vendió carros usados hasta 2004.

En octubre de ese año comenzó a huir de sí mismo, cuando el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), una organización no gubernamental con sede en San Francisco, California, le metió un juicio civil que lo encontró culpable del asesinato de Monseñor Romero y lo condenó a pagar 10 millones de dólares a los familiares. Saravia desapareció poco antes del juicio y ahora vive oculto. Ha vuelto a un país en el que se habla español.

De él me dijo alguna vez un viejo arenero con fama de duro: “Saravia estaba loco. Te veía con un dolor de muelas y te preguntaba qué te pasó. Le decías que un dentista te jodió y al siguiente día el dentista estaba muerto”.

El capitán Álvaro Rafael Saravia fue un activo miembro de un grupo señalado como responsable de asesinatos y torturas, un escuadrón de la muerte. “Un sicópata”, lo llama Ricardo Valdivieso, uno de los fundadores de Arena.

El Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos consigna información de la embajada de ese país en San Salvador, notificando a Washington el secuestro y asesinato de Carlos Humberto Guerra Campos en 1985. Su familia pago el rescate, pero él nunca apareció. Según la embajada estadounidense, los secuestradores fueron el Capitán Álvaro Saravia y “Tito” Regalado, el hombre que posteriormente sería jefe de seguridad de la Asamblea cuando D’aubuisson asumió la presidencia del Órgano Legislativo.

Saravia vivió rodeado de secuestradores y asesinos, pero niega su participación en este u otro asesinato. “Yo no dirigí nunca una operación para ir a matar a nadie. Se lo digo francamente”. Se le olvida que estamos sentados aquí precisamente porque participó en el asesinato más trascendente de la historia de El Salvador.

No niega la participación de su jefe, el mayor Roberto d’Aubuisson, en operativos clandestinos para matar a seres humanos, pero alega que esto lo hacía mediante contactos en otros cuerpos de seguridad.

En su agenda, que le fue capturada en la finca San Luis pocos días después del asesinato de Monseñor Romero, están consignadas varias listas de armas y el teléfono de un hombre llamado Andy. Andy del Caribe. Un traficante de armas estadounidense que traía desde su país, por tierra, camionetas llenas de armamento que disfrazaba bajo revistas Playboy que regalaba gustosamente a los agentes de aduanas en todas las fronteras. Esas armas, dice Saravia, eran para su uso personal y para armar a los miembros del Frente Amplio Nacional, el FAN, que lideraba D’Aubuisson antes de fundar ARENA.

De su rompimiento con el mayor al que servía hay dos versiones. Una es la suya, según la cual se cansó de esa vida agitada y no sentía ya la confianza de D’Aubuisson, por lo que partió a Estados Unidos. Otra es de Ricardo Valdivieso, fundador de Arena y ahora director del Instituto Roberto d’Aubuisson: un día, durante las largas temporadas que pasaban en Guatemala conspirando, les llamaron de una cantina en Izabal para decirles que el capitán Álvaro Rafael Saravia estaba peleándose con varios hombres. Cuando lo fueron a traer, Saravia golpeó también a D’Aubuisson, y ahí acabó la relación.

Del asesinato de Monseñor Romero, Saravia alega que él no participó en la planificación, y pretende probarlo asegurando que el día del crimen él no llevaba más armas que las dos que portaba siempre. “Si usted mata es porque va a tener… anda con un machete aunque sea en la mano, un cuchillo, una gillette, un tenedor, cualquier cosa, lo que le vaya a meter, un lapicero, pero usted no me viene a mí a decir fijate que necesito un carro… “.

No hay órdenes de captura en contra del capitán Saravia, salvo en Estados Unidos, donde lo buscan para deportación. Pero no importa porque no está ahí. Hace algunos años habló con el periódico estadounidense The Miami Herald para adelantar que había pedido perdón a la Iglesia y que contaría todo en un libro. No dijo que donde vive ni siquiera hay papel y que el vecino más cercano que sabe leer y escribir vive a 20 minutos de su casa. A falta de libro, quiere contar todo en una entrevista.

Nos citamos la primera vez en un pequeño hotel, de un pequeño pueblo, al que llegó después de cinco horas en las que combinó la caminata a campo traviesa, el aventón en pick ups y dos buses. Yo lo recordaba como aquel hombre gordo, con relieves en la papada, el bigote y el cabello rubio que aparece en el cartel de “Se Busca” que publicó el Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos en 2004, “por sospechas de violaciones de derechos humanos”. Esa foto, en la que el cuello y el torso se confunden adentro de una camisa hawaiana, adornó mi refrigerador durante más de un año, mientras lo buscaba en California. Así esperaba encontrar a uno de los asesinos de Monseñor Romero. Gordo, bronceado y con una camisa hawaiana. Me topo en cambio con un anciano demacrado, flaco, con la piel marchita y lacerada; el rostro oculto detrás de una barba canosa y silvestre, y con un profundo olor a rancio. Qué pequeño se ve.

—¿Y por qué quiere hablar ahora?
—Por mis hijos. Es que hasta ellos me ven como Hitler.

Por primera vez desde que empezamos a conversar, Saravia agacha la cabeza. Aprieta la boca. Está solo en esta mesa en la que también estoy yo. Y soy yo quien rompe el silencio.

—¿Hace cuánto no habla con ellos?
—¡Uffff! ¡Ufff! ¡10 años! Me recuerdo de ellos todos los días. Aunque hasta miedo tengo de hablarles yo.

Durante las siguientes jornadas el capitán Saravia confesará también otros motivos para hablar: de todos los involucrados, es el único juzgado y el único que vive escondido. Amado Garay, el chofer, también vive oculto, pero en condición de testigo protegido de Estados Unidos. Pero es preciso subrayar algo: la primera condición para vivir escondido es estar vivo. Otras cinco personas involucradas en este crimen, o en su ocultamiento, no pudieron esconderse. Una murió decapitada, otra se suicidó, otra desapareció, a otra la mataron en un retén en la carretera. Otra terminó en pedacitos. En Guatemala. Eso dicen. Pero de esta última no hay nombre ni certificado de defunción.

Es cierto, Saravia es el único que vive escondido. Ha intentado, en reiteradas ocasiones, comunicarse con algunos de sus antiguos compañeros de lucha, pero nadie le ha respondido. “30 años han pasado y sigue la misma mierda. Ya no tengo nada que ocultar. ¿Para qué? Ya más hecho mierda de lo que estoy, cómo voy a estar. ¡Nada! A mí se me hace que hay una conspiración de que no quieren saber quién putas mató a Romero”.

Él mismo ha sido parte de esa conspiración, pero ahora está solo. Su único amigo es un hombre que tiene un viejo pick up y una pequeña propiedad rural. Ahí hay una cabañita de madera, parecida a la del Unabomber, compuesta por cuatro paredes con una ventana que protegen un piso de tierra y nada más. Ahí vivió Saravia más de un año, hasta que se metieron los ladrones y le robaron un cincho y una camiseta y un machete, que era lo único que tenía.

La segunda vez que nos vemos, en el mismo hotel, baja de su cuarto 15 minutos después de la hora convenida. Viene pálido.

—¿Qué le pasa, capitán?
—Acabo de verme en el espejo. Tenía cinco meses de no verme en un espejo.

***

Ahora comienza a hablar. Me deja sacar una grabadora y dice: “Dele, Carlitos, que esto se va a poner bueno”. Quiere mencionar nombres. Solo hace una solicitud: “Que los capturen. ¡Que les peguen una apretada de huevos como hacían antes, a ver si no cantan!”

El juicio en su contra se basó principalmente en dos elementos: uno, el testimonio de Amado Garay, el chofer que condujo al asesino hasta la iglesia en la que Monseñor Romero daba misa el 24 de marzo de 1980; y dos, la agenda que el ejército le capturó en marzo de ese mismo año, en la que se consignaba un operativo llamado Operación Piña cuyas características coinciden con las del asesinato. “No he visto esa agenda desde que me la quitaron”, admite Saravia. “Yo no podía andar en la cabeza todas mis cosas, así que las anotaba en una agendita, era natural que las anotara. Ahí estaba la Operación Piña, que la habíamos llevado desde hace tiempo, que recogíamos unas granadas en la frontera con Guatemala”.

Le enseño una fotocopia de su agenda y el capitán recibe un golpe del pasado. La observa detenidamente. La Operación Piña incluye un tirador. Extraño porque no se necesita un tirador para ir a recoger granadas a la frontera. “Sí, eso es cierto”, admite. Sigue observando esa paginita, con el título Operación Piña y, de pronto, el capitán Álvaro Rafael Saravia tiene una epifanía. “Esa no es mi letra. Esa es la letra de Roberto”.

La letra, efectivamente, es distinta a la que aparece en las demás páginas de la agenda. ¿Por qué habría consignado Roberto d’Aubuisson la Operación Piña en la agenda de su lugarteniente? Saravia no lo sabe, pero hay alguien que sí.

En 1980 el coronel Adolfo Arnoldo Majano era miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y uno de los últimos militares que aún creían en una salida negociada al conflicto. Fue él quien ordenó la captura de D’Aubuisson y sus seguidores en la finca San Luis, de Santa Tecla, y quien primero tuvo acceso a la agenda Saravia y a su contenido.

“La Operación Piña coincide con los datos de lo que pasó”, dice Majano, “pero no estaba en la agenda de Saravia. Eso es un papel capturado a D’Aubuisson. El oficial del Estado Mayor que me ayudó a sacar las fotocopias lo juntó con las páginas de la agenda para que no se perdiera”.

La Operación Piña aparece escrita en un papel en blanco, sin impresiones de la agenda, y con un sello al borde de la página que corresponde a Mariscos Tazumal, una empresa pesquera fundada por D’Aubuisson y Fernando “El Negro” Sagrera.

Fue D’Aubuisson, y no Saravia, el autor de esa lista que, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, corresponde al homicidio de Monseñor Romero. Esta es la lista:

Operación Piña

1. Starlight
1. 257 Robert*s
4. Automáticos
Granadas
______________
1. Motorista
1. Tirador
4. Seguridad

El Starlight es una mira telescópica para rifles de precisión, necesarios para una operación de este tipo. De la calle al altar de la Iglesia de la Divina Providencia hay unos 35 metros, y el tirador necesitaba una mira telescópica.

El 257 Roberts es un rifle calibre 25 fabricado por la casa Remington, muy utilizado para tiro de precisión con mira telescópica. Es dudoso que haya sido el rifle con el que fue asesinado Monseñor Romero. La autopsia revela que recibió un proyectil calibre 22 en el corazón. Pero el tirador no salió del equipo de D’Aubuisson, sino del otro conspirador: Mario Molina, hijo del ex presidente Arturo Armando Molina. Mario Molina aportó el asesino, el arma y el equipo de seguridad.

Los cuatro automáticos y granadas estaban en la lista como parte del armamento de los cuatro elementos de seguridad que acompañarían el operativo.

El motorista salió del equipo de D’Aubuisson, bajo la supervisión de Saravia. Amado Garay, un ex soldado oriundo de Quezaltepeque, condujo al asesino frente a la puerta de la iglesia y después lo llevó a un lugar seguro. Garay -hasta hoy el único de los participantes en la operación que había dado su testimonio- vive en Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos.

El tirador es salvadoreño, ex guardia nacional y era miembro del equipo de seguridad de Mario Molina. El 24 de marzo, de un disparo certero, acabó con la vida del arzobispo de San Salvador.

Saravia solicita que los capturen. Hace una segunda solicitud al día siguiente. Me pide que lo lleve a la ciudad más cercana que tenga un Burger King. Cuando vivía en Modesto, California, cerraba la venta de autos y camino de su casa pasaba todos los días comprando una Whopper doble. Esta vez, aquí, me pide un favor especial:

—¿Me podría comprar dos?
—Tiene usted hambre, capitán.
—La otra es para mañana. Me la quiero llevar a la montaña.
—Pero de aquí a mañana se le va a podrir.
—Si yo todo lo que como está podrido, no se preocupe.

***

Para encontrar a Saravia hay que bajar al infierno. Hace varios kilómetros que se terminó el mundo y en este paraje solo habitan gentes con deseos de despedazarse a machetazos y emborracharse para engrosar el número de viudas o al menos mitigar el dolor de las gusaneras. La hombría, aquí, se mide por muertos. Allá va Danilo, que ya mató a tres; Tomás acaba de regresar, andaba huyendo porque mató a su hermano.

El paisaje parece copiado de un cuadro naturalista del siglo XIX. Bosques de pino apenas interrumpidos por pequeños páramos en los que se alzan aldeas, verdes y hermosas si no fuera porque han sido levantadas por la miseria y el garrote. Los niños deambulan desnudos y las mujeres a los 30 años parecen ancianas, sin dientes, con las manos curtidas y los pechos caídos de tanto amamantar criaturas.

Una niña de cinco años se acurruca para defecar en el monte. El microcosmos que se apoderó hace tiempo de su sistema digestivo desecha los alimentos en forma de una diarrea verde, apestosa. No ha terminado cuando ya algunas moscas comienzan a invadir la escena. Al acecho, un perro espera a que la niña termine para alimentarse de esa plasta verde. Esta es la cadena alimenticia de la miseria. Aquí no se desperdicia nada.

Solo las moscas tienen la nutrición adecuada. Enormes y ruidosas, se aparean para después desovar en la espalda de las vacas, de los perros, de los niños. A los pocos días, la picadita se va abultando y adquiere vida propia. Es un tórsalo que comienza a moverse solo en la espalda de la vaca, del perro, del niño. Y pica, pica, pica con desesperación hasta que duele de tanto rasparse la espalda. Son gusanos que solo salen a pedazos, exprimiéndolos como una espinilla gigante, morada.

En esta tierra de morenos curtidos por el sol y disminuidos por el hambre y el trabajo del campo, vive El Gringo, un hombre blanco curtido por el sol y disminuido por el hambre y el trabajo del campo. Cuando llegó aquí, hace tres años, pesaba 282 libras. Ahora pesa 165, come de lo que le regala una vecina y aprovecha las pocas monedas que gana cuando le sale trabajo para comprar alcohol trasegado que le permita recordar su nombre y olvidar de dónde viene y por qué está aquí. La única persona que le ha tendido la mano en este macondo recuerda cuando apareció por aquí: “Cuando vino ni siquiera sabía usar el machete”, dice, burlándose.

El Gringo vive en una pequeña casa de bahareque, con ventanas de madera sin vidrio y con apenas tres prendas de vestir colgadas de una pita que atraviesa el cuarto. Una colchoneta roída y sucia le sirve de cama. Vive aquí de prestado. La dueña de la vivienda barre, mientras le cuenta que alguien le quiere quemar la casa. “Le estuvieron tirando piedras pero ninguna cayó en la ventana, yo pensé que se la iban a destruir”, dice. Los atacantes son algunos de los 10 hijos que ella trajo al mundo y que amamantó y crio hasta cuando tuvieron edad suficiente para asesinar a su propio padre. “De los 10, cinco me salieron buenos”, cuenta. Una noche, hace tres meses, dos de los otros cinco se sentaron a beber en familia con su padre. La conversa terminó en reyerta, hubo gritos y amenazas. “Lo salieron a perseguir y le pegaron con un palo. ¡Ay no!, les dije, ya me lo mataron. Pero no me hicieron caso. Ahí quedó el viejo. Muerto”. Ella misma los fue a denunciar a la policía, que los capturó días después pero que los dejó libres hace dos semanas. Han jurado volver para matar a su mamá.

“Tenga cuidado”, le dice la anciana al Gringo. “Una de mis hijas le va a quemar la casa para quitármela”. Esta mujer no sabe que El Gringo es salvadoreño. Ni que se llama Álvaro Rafael Saravia. Tampoco sabe que es piloto de aviones. Ella nunca ha visto un avión. Tampoco sabe que El Gringo participó en el asesinato de un arzobispo. Pegada a su falda camina su nieta, huérfana de padre, que tiene una hermosa sonrisa y una infección en un ojo.

30 años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Saravia está en el infierno.

—Claro, es un castigo. Todo donde estaba metido yo era una podredumbre, todos andaban detrás del dinero como sea. Los medios no importaban, pero querían dinero. Enriquecerse.
—Usted también.
—Yo también. ¡Claro! Vaya a verme ahora. He aprendido a vivir con lo que tengo. He vivido con la gente que realmente sufre. Pero sufre una calamidad espantosa. ¡La peor desgracia del mundo! ¡La pobreza! ¿Cómo no iba a ser guerrillero el hombre si estaba viendo que sus hijos se estaban muriendo de hambre? Y cuando iban a cagar cagaban lombrices. Yo agarro mi fusil y me voy a la verga. No lo espero dos veces. Ni tres. Ni necesitan convencerme mucho.
—Hoy la está viviendo.
—La estoy viviendo. En carne propia. Si algún día yo pudiera hacer algo por esa gente lo hago. Aún tomar las armas.
—Cómo da vueltas la vida.
—Ha dado vuelta mi vida. Terriblemente. Y he sufrido a la par de esa gente: que no hay maíz. Vayan a cortar guineos pues. En veces hay maíz y no hay con qué. Entonces a la tortilla hay que echarle sal. Entonces se come con sal. Y en veces no hay. Yo tengo una familia enfrente. A veces me dejan unas cuatro tortillas. Y si eso es ser comunista… Es comunista. En aquel tiempo para todos los que estaban es comunista. Que lo saca, lo trompea de la casa y decirle hijueputa vos andás con la guerrilla. Cambia la vida. Esto no es vida.

***

Debajo de la cama de Álex “El Ñoño” Cáceres hay dos botellas de whisky y tres de champán. Las esconde cada vez que se va de viaje, pero sus inquilinos saben perfectamente dónde encontrarlas. En esta casa de la colonia San Benito, los hombres que conforman el equipo de seguridad de Roberto d’Aubuisson pasan algunas noches aprovechando que el propietario vive en Miami.

Fernando “el Negro” Sagrera y el capitán Saravia destapan una botella de whisky y comienzan su propia fiesta. Su jefe se ha ido a San Miguel todo el fin de semana, a la casa de unos amigos. Aún no ha vuelto.

Afuera, en el parqueo y la caseta de seguridad de la casa, hay al menos 12 hombres esperando instrucciones. Es domingo, un día tranquilo para la fiesta pero agitado para la política porque es el día en que el arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, celebra misa en catedral y aprovecha la homilía para hablar sobre la situación del país. “Se hablaba de que la homilía de Romero, que era un hombre que estaba alebrestando a la gente… Eso era comidilla del día en todos lados, la homilía de Romero”, recordará después el capitán Saravia.

Este domingo, 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero ha dicho unas cosas tremendas. Le habló a los soldados, a los guardias nacionales, a los policías… a todos los cuerpos de seguridad, para decirles que no deben matar a sus hermanos campesinos. Les dijo que la ley de Dios prohÍbe matar y que esa ley prevalece sobre cualquier otra. Que no deben obedecer ninguna orden de matar a nadie. “En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, ¡les ordeno, en nombre de Dios: cese la represión!”.

Para el grupo al que pertenecen los dos que ahora beben whisky escocés, estas palabras solo pueden provenir de un comunista. Y el comunista es el enemigo. Es hora de matarlo. Pronto. Aún hay whisky para rato, cortesía de Álex Cáceres.

***

Temprano en la mañana del 24 de marzo de 1980, el capitán Eduardo Ávila Ávila entra a la casa de Álex “El Ñoño” Cáceres y despierta a Fernando Sagrera y al capitán Saravia. Lleva en la mano un ejemplar de La Prensa Gráfica, abierto en la página 20, como prueba de que hoy es un buen día para matar al arzobispo. Esa página repite varias veces los dos apellidos del capitán Ávila Ávila. El periódico anuncia una misa conmemorando el primer aniversario de la muerte de la señora Sara Meardi de Pinto. Su hijo, Jorge Pinto; sus nietos y las familias Kriete-Ávila, Quiñónez-Ávila, González-Ávila, Ávila-Meardi, Aguilar-Ávila y Ávila-Ávila, entre otras, invitan “a la santa misa que oficiará el Arzobispo de San Salvador, en la Iglesia del Hospital de la Divina Providencia, a las 18 horas de este día”.

El capitán Eduardo Ávila Ávila les informa el plan: en esa misa será asesinado monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez. Ya todo ha sido coordinado con Mario Molina y Roberto d’Aubuisson.

D’Aubuisson no está en esa casa. Se ha ido el fin de semana para San Miguel, a descansar a la casa de la familia García Prieto. Les dará las órdenes por teléfono. Ávila les notifica primero que ya tiene al tirador: un miembro del equipo de seguridad de Mario Molina; sólo necesita un vehículo. Eso les toca a ellos. “Mario Molina nos mandaba a pedir un carro… que había que contactar a Roberto (d’Aubuisson). El Negro Sagrera se puso a hacer unas llamadas y averiguó dónde se encontraba. Le hablamos por teléfono. El Negro Sagrera me dijo: ‘Quiere hablar contigo’ . Le dije ‘mire, mayor, ¿y de qué se trata esto? A mí me parece raro que nos vengan a pedir un carro’. Las palabras de él fueron: ‘¡Hacete cargo!’. Bueno, está bien, mayor, lo vamos a hacer. Pah. ‘Sí, ahí te lo voy a llevar, ¿a qué horas nos podemos juntar para darte el carro, pues?’, le dije (a Ávila). ‘Mirá -me dijo-, si con seguridad nos vemos unos… pongámosle una hora antes de la muerte de Romero’”. A las 5 de la tarde, en el estacionamiento del hotel Camino Real.

***

Mario Ernesto Molina Contreras nació en cuna de oro. Así se refieren a él y su familia oficiales activos y retirados del ejército. Hijo del coronel Arturo Armando Molina, uno de los militares más poderosos en El Salvador del siglo XX y que presidió el país entre 1972 y 1977, Mario Molina creció con las comodidades con las que crece el hijo de un presidente militar salvadoreño del siglo XX: con seguridad, impunidad y dinero asegurado; con el sello de nobleza militar; con viajes al extranjero; con los beneficios de ser la parte más alta de la escala social de los uniformados.

Hijo del coronel Molina y hermano del general Jorge Molina Contreras, que fue ministro de Defensa del presidente Antonio Saca, Mario llevó una vida privada y apartada de la disciplina militar.

En la Casa Presidencial de su papá conoció a dos hombres con los que pocos años después coincidió en los movimientos ultraderechistas y que terminaron también involucrados en el asesinato de Monseñor Romero: Roberto d’Aubuisson revisaba y ordenaba los archivos de inteligencia y Álvaro Rafael Saravia formaba parte del equipo de seguridad de avanzada del presidente Molina.

En esa Casa Presidencial, según Saravia, se reunió un grupo de guardias nacionales que posteriormente conformaron el equipo de seguridad privado de Mario Molina y de donde salió el hombre que terminó con la vida de Monseñor Romero. “Eran miembros numerarios de la Guardia Nacional que le daba protección al presidente de la República. Ahí estaba gente civil. No andaban uniformados. Acompañaban al presidente en las giras. Entonces Mario Molina era el hijo menor de ellos. Ya le quedaron específicamente a él de seguridad porque ya los conocía”.

Molina, mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad y en el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha logrado mantener un bajo perfil durante todos estos años, alejado de la vida pública.

Su hermano Jorge, el ex ministro de Defensa, ni siquiera está seguro de que el hombre mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad sea su hermano: “¿No será otro Mario Molina? Hay muchos que se llaman así”. El general informa que su hermano Mario se encuentra fuera del país.

Pocos de los involucrados han dado alguna vez su versión de los hechos. El capitán Ávila Ávila se pegó un balazo pocos años después; el mayor D’Aubuisson murió de cáncer y Mario Molina nunca ha contado su historia. Ahora habla Saravia, el lugarteniente de Roberto d’Aubuisson, quien confiesa su participación en el crimen y el involucramiento de su jefe.

***

La casa del empresario Roberto Daglio es, como varias de las casas de seguridad, un centro de diversión para algunos de los hombres que rodean al mayor D’Aubuisson. Aquí se realizan entregas de drogas, por las noches llegan camionetas con prostitutas y corren el alcohol y la cocaína. La seguridad hecha fiesta para treintañeros casados, armados y en plena fiebre anticomunista.

El dueño casi nunca está. Roberto “Bobby” Daglio, un hombre de negocios y piloto aviador, pasa la mayor parte del tiempo en Miami, Florida. Abrir su casa a los grupos ultraderechistas es solo una de sus muchas maneras de apoyar la lucha anticomunista desde la distancia.

Según documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, Daglio pasó los primeros años de la década de los 80s reuniéndose en Miami con otros empresarios ultraderechistas en un grupo denominado “Miami Six”, que financiaba operaciones ilegales del grupo de D’Aubuisson. Ese grupo se dedicaba al terrorismo: ordenaba asesinatos, secuestros y la colocación de artefactos explosivos, financiaba a los escuadrones de la muerte y tenía como objetivo destruir cualquier intento de reforma en El Salvador y acabar con todos los comunistas.

Los otros integrantes de este grupo eran, según los documentos del Departamento de Estado que datan de 1981, el propietario de El Diario de Hoy (al que identifica en algunos documentos como “Viera Altamirano”, en otros como “Enrique Viera Altamirano” y en otros más simplemente como Enrique Altamirano, quien aún es director de El Diario de Hoy, el periódico de la extrema derecha salvadoreña); Luis Escalante; Arturo Muyshondt (en el caso de Muyshondt, el embajador estadounidense en el país, Robert White, admitió en una entrevista con El Faro que se había equivocado de nombre. “Estoy seguro de que se refería a su hermano, Roberto Muyshondt”, dijo) y los hermanos Salaverría (Julio y Juan Ricardo).

En Miami, Daglio fundó con Enrique Altamirano la “Freedom Foundation”, o Fundación para la Libertad. Contrataron a la consultora Fraser para hacer lobby en Washington. Fraser se comprometió a cambiar la percepción estadounidense sobre El Salvador, influenciada por “periodistas amarillistas” que titulaban sus notas sobre El Salvador con “el asesinato de monjas estadounidenses y fotos de militares salvadoreños cometiendo excesos”, y no por el “significante esfuerzo del sector privado por responder a las legítimas aspiraciones y deseos del pueblo salvadoreño”.

El 24 de marzo de 1980, en la casa de Daglio, en San Salvador, Saravia coordina la entrega del automóvil desde el cual se disparará contra el arzobispo. Es un Volkswagen Passat, rojo, cuatro puertas, donado a D’Aubuisson meses atrás por Roberto Mathies Regalado, propietario de la agencia Volkswagen, como un apoyo a la lucha anticomunista. Nadie recuerda a nombre de quién estaba matriculado ese vehículo. Sarava también tiene que localizar a Amado Garay, su chofer, para que conduzca el carro.

“Tenía que localizar a Garay, tenía que localizar en qué carro iba a ir… Y desgraciadamente fue en ese carro rojo. O el carro que hubiera sido se hubiera sabido. No sabíamos la planificación. Íbamos a entregar un carro. Claro, sabíamos para qué se iba a ocupar el carro”, recuerda Saravia.

A las 4:30 de la tarde, en el estacionamiento de la casa de Daglio, Amado Garay espera paciente indicaciones de su jefe. Una empleada doméstica se asoma por una puerta de servicio para ofrecerle un pan y un refresco. Saravia y Sagrera están adentro de la casa.

Pocos minutos después, Saravia le ordena que conduzca el Passat hasta el estacionamiento del Hotel Camino Real. Pero antes de que Garay se suba al carro, entra a la casa un hombre fornido, bajo y con voz ronca. Es amigo de Sagrera, pero ha llegado a recoger un encargo. Este es, probablemente, el momento más estúpido en la vida de Gabriel Montenegro. El momento más equivocado, en el lugar más equivocado y con el vicio más equivocado. Una torpeza que va a lamentar el resto de su vida.

Aquí interviene, entonces, su amigo Fernando Sagrera. Le pide que los lleve a entregar el carro. Y se van, los tres, detrás de Garay, al estacionamiento del Camino Real.

No hay mucha vigilancia en el estacionamiento del Camino Real. Es un lugar movido, pero en el que a nadie le extraña ver a hombres armados en marzo de 1980. No hay restricciones de ingreso y está bien ubicado. A veces, algunos desconocidos pasan arrojando cadáveres a la entrada del hotel, pero los tiran afuera, en la calle. No entran.

Ambos carros se estacionan. Garay se queda en el Passat rojo y Montenegro en la Dodge Lancer blanca. El capitán Saravia y El Negro Sagrera se bajan a encontrarse con cinco hombres que ya están ahí, en una camioneta blanca. Un hombre alto, delgado, barbado, se sube en el asiento trasero del Passat rojo. Lleva un fusil.

—Lo metieron al carro y ahí les dije: ‘Bueno, sacate al motorista porque el motorista lo voy a llevar yo’. No, pero es que no tenemos, que tiene que manejar, porque el carro pidieron ustedes, no, que no sé qué. Entonces se metió el Negro Sagrera, como siempre, en esa mierda… ‘Mirá, hombre, dale, que no sé qué, que ya están en esto, que no puede fallar este asunto’. Por último, ¡otra vez vuelvo a meter las patas yo! Al ver que iba a fallar todo… ¡Andate, pues! Entonces viene Garay y se va. Se van para la iglesia.
—¿Y usted se queda ahí?
—No. Nosotros nos vamos a buscar la iglesia. Porque no conocía ni el Negro ni el Bibi ni yo dónde quedaba.
—¿Quiénes van a buscar la iglesia?
—Los tres que estábamos en el carro. Encontramos la iglesia después de un rato y nos parqueamos enfrente. No enfrente, aquí (a un costado de la entrada).
—Y no lo habían matado todavía.
—No. Ahí estábamos parqueados nosotros, no habíamos pasado ni cinco minutos cuando se oyó el disparo. Si es que esos fueron llegando y matándolo.
—¡O sea que usted estaba enfrente de la iglesia cuando lo mataron!
—Sí, estábamos nosotros. Ahí estaba el Negro Sagrera, Bibi Montenegro y yo en la parte de atrás del asiento del carro.
—¿Y veía?
—No, no, no. Solo la entrada se miraba. Y el carro estaba parqueado, ese Volkswagen. El carro salió para abajo y dobló a donde estábamos nosotros. De ahí se perdió y nosotros dijimos vámonos.
—¿Y por qué decidieron ir?
—Bueno, nosotros fuimos… hasta imbécil parece ser tal vez… Por saber, por curiosidad, por ir a ver. Ridículo, ¿verdad? Ridículo.

***

Se presenta como un fascista. Lleva una gorra que dice “KGB. We are still watching you”, jeans y una camisa de leñador. Porta un bigote blanco y tupido, cuyos extremos rozan la barbilla, en un estilo que los expertos llaman “camionero” o “trailero”. Gabriel Montenegro, un hombre que lleva casi 30 años viviendo en Norteamérica, acude a la entrevista sin saber exactamente de qué vamos a hablar. “No soy nazi, soy fascista, que es distinto”, dice, para abrir el encuentro. “Creo en las organizaciones de los gremios, y controladas desde arriba. Como en los tiempos de mi general Maximiliano Hernández, que no había mareros. A los ladrones la primera vez el primer dedo. La segunda vez el otro, y así hasta la mano. A los violadores los castraban y a los asesinos les aplicaban la ley fuga”.

Cuando le digo que sé dónde estuvo él el 24 de marzo de 1980, su primera reacción es negarlo. “Eso es falso”, dice. Después pide acogerse a “la Quinta Enmienda”, una provisión estadounidense que da derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. Comienza a ver nerviosamente a su alrededor. Con una paranoia que se contagia. Yo también comienzo a ver alrededor, buscando entre las mesas de esta cafetería una mirada torva ocultándose detrás de un periódico o alguien hablando solo, con la boca torcida y un alambre discreto alrededor de su oreja. No encuentro nada. Sigo la mirada de Montenegro, como quien busca algo en el cielo sólo porque la persona de al lado dirige su mirada hacia arriba. En una mesa contigua hay dos chicas que recién estrenan la mayoría de edad. Una lleva falda escocesa a cuadros y una camisa manga corta, blanca. La otra parece recién bañada, lleva jeans y una camiseta amarilla. Toman café y conversan como conversan todas las chicas de esa edad, con una seguridad adulta, madura para sostener el cigarillo y darle una bocanada, pero con la sonrisa naïf que devela que aún no han terminado de desarrollarse. Montenegro les fija el reojo. Las observa, intentando que ellas no vean que él las está viendo. A mí no me parecen agentes de nada, pero él sabe más que yo de estas cosas. Las colegialas se han convertido ya en sospechosas.

Montenegro enciende su tercer cigarro en 15 minutos, y yo comienzo a leerle el testimonio de Saravia. Da un trago a su botella de agua, observa con dureza a las agentes de la mesa contigua y fuma con intensidad. Le tiembla la quijada. Cuando termino, la sangre se le ha subido a la cabeza y parece que va a estallar en cualquier momento. “Llevo 30 años huyendo de ese día”, dice. En eso se parece al Capitán Saravia. “Ni siquiera mi familia sabe que yo estuve ahí. Pero no le voy a dar declaraciones”. Nos despedimos con su confesión sin narración. Al siguiente día, Bibi Montenegro llega al mismo café, pero dispuesto a contarme su 24 de marzo de 1980.

“Yo llegué a esa casa a recoger ciertas cosas que eran para mi consumo, ellos me pidieron un ride y yo se los di. Les dije hay que esperar a esta persona, me dijeron no te preocupés, aquí tenemos nosotros un poco, venite, danos el ride”.

Bibi Montenegro conduce su camioneta Dodge Lancer blanca hasta el estacionamiento del Camino Real. Anda armado con una Colt 45, y cargado con su medicina. A su lado, Fernando Sagrera. Ha traído un arma automática, una subametralladora Hechler & Koch MP 5. Atrás, un hombre del que Bibi Montenegro había escuchado muchas historias, pero al que mira por primera vez: Álvaro “el Chele” Saravia. Este lleva las dos pistolas que siempre carga: una en la cintura, 45 gold K, y otra en el tobillo, la 380. Cuando llegan al estacionamiento del hotel, Montenegro estaciona su camioneta muy cerca del Volkswagen Passat que conduce Amado Garay, y sus dos acompañantes se bajan a discutir con otros hombres. Bibi se queda en el carro, inspeccionando su medicina. Alcanza a ver a un hombre alto y barbado, con un rifle, meterse al Passat, y cuando Saravia y Sagrera regresan, el Passat arranca y se va. Montenegro y sus acompañantes deciden ir también a la Divina Providencia.

—Yo creí que se iban a dar verga con algún militar o algún hijueputa que lo cuidaban. Yo andaba preocupado por mi asunto que fui a traer y nada más -dice Montenegro.

Partieron a la colonia Miramonte y se detuvieron dos veces en el camino para preguntar dónde quedaba la iglesia. Cuando la encontraron, se estacionaron a unos 50 metros de la entrada, sobre la calle.

—Me miraban a mí bastante nervioso y yo les decía: ¡Puta, miren, aquí nos puede agarrar la policía con estas cosas y va a ser un problema!

Saravia y Sagrera volvieron a bajarse del carro. No llegaron hasta la puerta de la iglesia. A casi una cuadra de distancia, esperaron apenas unos segundos hasta que se escuchó el disparo que mató a Monseñor Romero. Uno solo. Un estruendo que algunos de los presentes en la misa recuerdan como un bombazo. Una explosión potente, sin silenciador. Un estallido que Gabriel “Bibi” Montenegro no alcanzó a escuchar. Él seguía adentro del carro, concentrado en su medicina.

Saravia y Sagrera se subieron y la Dodge Lancer blanca, con Gabriel Montenegro al timón, partió de regreso a la casa de Roberto Daglio. El conductor no recuerda la conversación en el carro. “Yo iba tan fuera de mí, porque yo había estado tomando mi medicina, que yo no iba poniéndole atención a eso. Yo iba poniéndole atención a que no hubiera un retén. Y yo todavía pregunté: ‘¿Qué pasó?’ ‘No, nada, dale. Andá a dejarnos’. ‘¿Y ahí va a estar la persona?’ ‘Sí, hombre, no te preocupés, quedate con lo que te dimos.’ ‘Ah, vaya, vergón pues’”.

Tres décadas y ocho operaciones de corazón después, Gabriel Montenegro enciende otro cigarillo. Suspira y los ojos se le humedecen. Le tiemblan la quijada y el bigote. Aprieta los dientes. El cigarro parece sostenido por una mano con Parkinson. Tiene cólera, dice, contra los que le cambiaron la vida ese día. “Si yo hubiera sabido a qué íbamos, quizás no hubiera pasado. Hubieran sido otros los dos muertos”. Otros dos, en un carro en el que iban tres. “Hubiera hecho lo imposible por evitarlo. Sin embargo, como me tuvieron a mi de pendejo ahí, a un pobre adicto dándole su droga. Pero ahora tengo 27 años de estar limpio, gracias a Dios y de los amigos que están allá arriba”.

Según él, hasta el siguiente día se enteró de dónde había estado la tarde anterior. Supo que había ido a matar a Monseñor Romero y se alejó para siempre de aquel círculo de salvadores de la patria, de drogas y prostitutas.

Le pregunto si alguna vez le reclamó a D’Aubuisson y a su gente por el crimen. “Sí. Se los reclamé. Y me recordaron que todos los días aparecía gente en las calles. Después en las noticias salió de un carro blanco. Entonces yo le hablé a una amistad y le dije ‘¡Puta, mi carro es blanco, cabrón!’… ‘Deshacete de ese carro y te damos otro’, me dijo. Y ahí cambió mi vida, pues”.

***

Fernando Sagrera y Álvaro Rafael Saravia eran inseparables. Así los recuerda Marissa d’Aubuisson, hermana de Roberto y creadora de la Fundación Romero. “A todos lados iban juntos, siempre los veía con Roberto”, dice. Saravia en el asiento de adelante, junto al mayor. Sagrera en el de atrás.

Una vez, coincidió con su hermano en la casa de su mamá. Afuera, en una camioneta Cherokee, Saravia vigilaba. Marissa se acercó a hablar con él. “Le dije que si estaba blindada y me dijo que sí, pero que la mayor protección era la pintura. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Es antibalas? No, me dijo. Pero tiene tantas capas de pintura que ya resiste todo. Un día es gris y al otro día negra”.

Otro día, su hermano insistió en llevarla a su casa. Ella se negó, porque no creyó muy conveniente para su seguridad personal que los vecinos se enteraran del parentesco con el mayor. Pero ante la insistencia de su hermano, se subió a la camioneta. “No se podían poner bien los pies, porque venía forrada de armas”, dice.

Estacionaron el carro a varias cuadras. Sagrera y Saravia se bajaron, y caminaron con ella hasta su casa. En esos días los dos estaban gordos. El Chele y el Negro. “Es que Roberto no podía dar un paso sin que anduvieran estos dos atrás. Para todos lados iban juntos”.

***

Fernando Sagrera siempre ha sido hombre de llegar temprano a casa. A las 7 u 8 de la noche. No sabe qué hacían sus amigos después de esa hora, pero él, dice, jamás se metió en nada. Por eso le extraña que tres personas distintas -Amado Garay; el capitán Saravia y Bibi Montenegro- lo involucren con los hechos. “Yo no tengo nada que ver”.

Le extraña más aún el hecho de que estas tres personas no tienen comunicación entre sí, y que dos de ellas coincidan en su versión “difamatoria” justo 30 años después. Le extraña tanto, dice, como cuando lo interrogaron de la Comisión de la Verdad por este mismo crimen, y él les aclaró que no había tenido nada que ver, y aún así lo mencionaron en su informe. O enterarse, justo ahora, de que también es señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero todas estas acusaciones son falsas. ¿Dónde estaba, entonces, Fernando Sagrera, el 24 de marzo de 1980? “No me acuerdo. Si para mí es un día común y corriente. ¿Cómo me voy a estar fijando qué pasó?”

De Saravia nunca fue amigo, “porque estaba loco. Ese es un alcohólico demente”. Fue, eso sí, amigo de Roberto d’Aubuisson. Muy amigo. “Ese es mi pecado. A Saravia solo lo veía cuando me daban ride a algún lado”.

Tampoco ha matado a nadie, ni participó en operaciones clandestinas. “Fui borracho y pendenciero, eso sí. Pendenciero de esos de darse verga. Pero nada más”.

Sagrera tiene un rostro que no debió haber parecido inocente ni siquiera cuando era un bebé. El ceño fruncido, dos bolsas oscuras debajo de los ojos y un bigote cano componen la fachada de un hombre que durante toda su vida fue conocido como rudo, malencarado y poco sofisticado. “Siempre fue rústico”, dice un amigo suyo.

En 1979, cuando abrieron la pista de carreras de El Jabalí, Fernando Sagrera se asoció con Elías Hasbún y juntos formaron un equipo de autoracing que competía con un Aston Martin propiedad del terrateniente Juan Wright. El carro era ligero, y para llevarlo a la meta de salida Sagrera lo halaba con una cuerda y se paseaba frente a los pits de los demás corredores, amedrentándolos con el Aston Martin a cuestas. A su equipo de carreras, los demás competidores lo bautizaron como los “Really Rotten”, los verdaderamente podridos.

Tiene el cuerpo marcado por las huellas de una quemada. Cuando Napoleón Duarte ganó la presidencia sobre el candidato de Arena, que era Roberto d’Aubuisson, en 1984, Sagrera intentó hacer una barbacoa de documentos de la campaña, y el fuego se le vino encima. Tuvieron que llevarlo a Estados Unidos, a un hospital militar, a curarlo, a pesar de que él no era estadounidense y de que ni siquiera tenía visa de ese país. Lo metieron por el sistema militar.

Mientras estaba postrado, recuperándose, lo vinieron a interrogar hombres que, cree él, eran de la CIA. “Más que todo andaban detrás de las armas que entraban aquí a El Salvador, (creían) que yo las traía y yo las financiaba”. Ante la presión de los interrogatorios, dice, se fugó del hospital. “Para salirme del hospital me hice chero de un gringo, me fui a las 9 de la mañana y él me tuvo en su casa. Y me obligaron a venirme clandestinamente”.

Sagrera fue, según el capitán Saravia, “la única baja que tuvimos durante toda la guerra”. Además de la quemadura, Sagrera recibió un balazo que él mismo se pegó, sentado en una camioneta.

Sobre el asesinato de monseñor, Sagrera no recuerda mucho. A pesar de que antes ya ha dicho que le extraña haber visto su nombre en el informe de la Comisión de la Verdad, ahora dice que ni siquiera sabía que su nombre aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. Porque no lo ha visto. “¿A usted no le sucede que cuando usted no tiene en algo que ver, usted no ocupa la palabra ‘a mí me vale verga porque yo no tengo nada que ver en eso?’”

De Bibi Montenegro tampoco fue amigo. Le digo que yo sé que el 24 de marzo él iba en una Dodge Lancer blanca, rumbo a la iglesia de la Divina Providencia.

—Fíjese que no me cuadra. No me acuerdo, no tengo… no sé.
—Había una tercera persona en ese carro, un amigo suyo. ¿Lo recuerda?
—No.
—Bibi Montenegro.
—¿Este Montenegro de cuáles Montenegros?
—Bibi Montenegro, su amigo.
—Vaya le negaría que no… hoy ya me hizo clic, ¿veá? Sí lo conozco, pero no somos ni amigos ni nada. Yo lo he visto cinco veces en mi vida… tal vez, cuatro.

Elías Hasbún recuerda con mucho entusiasmo los días de los “Really Rotten” en El Jabalí. Él y Sagrera, corriendo juntos, y el tercer amigo en el apoyo: Gabriel “Bibi” Montenegro. “Siempre llegaba, como éramos muy amigos, llegaba con su esposa a todas las carreras. El Bibi era como el fan del equipo, después nos íbamos juntos todos”.

Hasbún, conocido como “Urly” en el mundo de los automóviles, todavía corre y todavía, también, mantiene un tallercito especializado en autos de carrera. En 1980 el taller Voglione ocupaba un local alquilado en la colonia La Rábida de San Salvador, a una cuadra de la embotelladora Canada Dry. Ahí varios talleres operaban en el mismo espacio, abierto. Hoy ese edificio es la ampliación de la fábrica de plásticos Mondini. Ahí, asegura el capitán Saravia, llevaron el Passat rojo cuatro puertas desde el que fue asesinado Monseñor Romero: “Se le dio la misión al Negro Sagrera, de decirle mirá que ese carro hijueputa que no… Que se bote, que se queme. Detrás de la Canada Dry hay una calle. En esa calle hay un taller. El Negro Sagrera dice que a ese se lo llevó. Que a esta persona de aquí se lo llevó para que lo destruyera”.

Hasbún dice que no recuerda quién llevó ese carro. “Sí me acuerdo que lo vi ahí, un Passat rojo. Nuevito. Un día llegó y después me enteré que estaba metido en lo de Monseñor Romero, pero ya no pregunté más porque en esos días era peligroso andar averiguando. Me quedé calladito”. El carro, dice Hasbún, permaneció casi un mes en ese taller, hasta que un día desapareció y no supo nada más.

***

Dos o tres días después del asesinato de Monseñor Romero, el grupo de D’Aubuisson sostiene una reunión en la casa de Eduardo Lemus O’byrne. Saravia conoce de esta reunión, porque él mismo, saliendo de ahí, fue a pagarle al hombre que disparó contra Monseñor Romero. Fue a pagarle por sus servicios.

“Yo no conocía al tirador. Ese día lo vi yo en el carro, meterse al carro de barba. Y después le fui a entregar yo personalmente los mil colones que le entregó, que los pidió prestados D’Aubuisson a Eduardo Lemus O’byrne. En la casa de él estábamos nosotros cuando llegaron a decirle que… ¡A cobrar! Y Roberto d’Aubuisson jamás manejaba dinero. Le prestó mil colones a este para entregárselos.”

Eduardo Lemus O’byrne es un conocido empresario salvadoreño. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, propietario de granjas avícolas y un hombre muy conocido en los círculos empresariales centroamericanos.

Fue un acérrimo enemigo de la reforma agraria, desde los tiempos del coronel Molina, y se acercó, casi de manera natural, al grupo de D’Aubuisson. De Saravia y Sagrera dice: “Esos eran unos matarifes. Yo con ellos nunca tuve nada que ver. Yo defiendo principios, pero estos se habían vuelto guerreros y mafiosos”. Asegura que nunca, nunca le dio dinero a D’Aubuisson y que, si le hubiera pedido mil colones para dárselos al asesino de Romero, sin duda lo recordaría. “Y no, no recuerdo esa reunión. Esa reunión nunca pasó”.

Lemus O’byrne se separó de D’Aubuisson y los fundadores de Arena poco después. El 14 de septiembre de 1982, su cuñado, Julio Vega, piloto aviador, desapareció en una pista aérea en Guatemala. “Creo que lo eliminaron porque andaba traficando armas para el FAN”, dice Lemus. El FAN era el Frente Amplio Nacional, un movimiento paramilitar dirigido por D’Aubuisson que sentó las bases de Arena.

La viuda de Vega se casó poco después con D’Aubuisson, y Eduardo Lemus O’byrne aún no descarta que haya alguna relación entre el homicidio y la relación amorosa. Solo eso explica que, cuando uno de sus amigos comenzó a investigar el crimen, pronto fue amenazada su vida: “Lo trató de matar el grupo de D’Aubuisson, Sagrera y Saravia. Entonces yo le dije a Roberto: conmigo no estés jodiendo, que yo sí te voy a quebrar el culo”.

El capitán Saravia insiste en que el dinero lo puso Lemus O’byrne. “Dio los mil pesitos. Yo mismo se lo fui a entregar. Llegué donde él y le dije, mirá, dice Roberto d’Aubuisson que no quiere saber ni mierda de vos, que te arreglés con tu jefe”.

El dinero se lo fue a entregar al estacionamiento de un pequeño centro comercial en el oeste de San Salvador, llamado Balam Quitzé. Ahí lo esperaba el tirador, ya sin barba, acompañado de Walter “Musa” Álvarez, un extraño hombre que murió asesinado poco después.

“Dio el pisto. Dio los mil pesitos, se los fui a dejar yo y le dije lo siguiente. ¡De ahí yo jamás! De ahí lo empecé a ver a este, a cómo se llama, al, al… llegaba a las oficinas de Daglio, así pasaba. Y (Jorge) “el Chivo” Velado ya era un hombre de edad, andaba con él exhibiéndose. El tipo en la calle y él manejando. Y no sólo lo vi yo, pues. Y le ha de haber dicho a la gente “este fue el que lo mató”. Él sabe los movimientos correctos de él”.

Jorge Velado es ya un hombre mayor. Fue fundador de Arena y trabajó al lado de D’Aubuisson durante muchos años. Pero eso, dice Velado, nada tiene que ver con el asesinato de Monseñor Romero. Solo después de varias semanas de intentos de hablar con él, Velado acepta hacerlo brevemente y por teléfono. “Yo no conocí a ese Saravia, y no me anduve paseando con nadie nunca. Yo de eso no tengo nada que decir”.

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Marissa d’Aubuisson recuerda otra escena: pocos días después de la muerte de Monseñor Romero, comenzaron a circular los rumores de que Roberto d’Aubuisson había ordenado el asesinato.

Su hermana mayor decidió averiguarlo y confrontó al hermano paramilitar. “Roberto, dicen por ahí que vos tuviste algo que ver con la muerte de Romero”. El mayor D’Aubuisson respondió: “Mirá, mejor callate si no sabés, porque al que mató a ese hijueputa le van a hacer un monumento”.

El asesinato, y los rumores del involucramiento de D’Aubuisson en los escuadrones de la muerte, ayudaron a consolidar su liderazgo entre las filas de la extrema derecha salvadoreña, y lo convirtieron en ícono de la lucha anticomunista.

Algunos años después de participar en el asesinato de Monseñor Romero, el mayor Roberto d’Aubuisson se convirtió en candidato presidencial, presidente de la Asamblea Constituyente de 1985 y figura mítica, padre y guía de la derecha salvadoreña. El partido que fundó, Arena, gobernó El Salvador durante 20 años, hasta que en marzo de 2009 fue derrotado en las urnas por la ex guerrilla, el FMLN.

Saravia, trastornado por el giro que ha dado su vida y su contacto directo con la pobreza y la marginalidad, ha cambiado ya también su manera de ver el mundo. Ahora quisiera fusilar al mismo hombre al que él le entregó mil colones. “¡Que lo fusilen!… Porque no hay pena de muerte en El Salvador, pero merece la muerte. Quisiera creerlo así y quisiera confrontarlo. Porque él sabe. Y si está vivo, ¿qué mejor que agarrarlo?”

Sobre la participación de Roberto d’Aubuisson: “Me dijo: ‘Hacete cargo’. Hacete cargo de entregar el carro, pues. ¿verdad? Ahora, que a la larga, ¿sabe qué pensé yo? Esa fue una orden de matar, pues. ¿Verdad? Yo lo pensé. Yo lo pensé. Yo no sé ciertamente si D’Aubuisson se metió en ese asunto y el pendejo fui yo, que en todo estoy yo, sabiendo lo que sé y lo que le estoy contando quiero saberlo también, y si no me cago en la madre de D’Aubuisson yo. ¿Ah? Por lo menos tengo más…”.

El padre Jesús Delgado, biógrafo de Monseñor Romero y quien desde hace años promete que algún día, en un libro, revelará quiénes ordenaron el asesinato del arzobispos, asegura que el mayor Roberto d’Aubuisson fue solo una pieza operativa, no el autor intelectual del asesinato. “A Duarte se le hizo muy fácil descargar toda la responsabilidad en una sola persona. D’Aubuisson sí participó, pero no lo ordenó”, dice.

Con el capitán Saravia pactamos un nuevo encuentro en una cafetería de pueblo. Cuando él llegó, me encontró sentado a una mesa justo debajo de un cuadro que representaba la última cena. Se detuvo a verla.

—¿Por qué se vino a sentar aquí?
—Era la única mesa que quedaba libre, capitán.
—¿Ya vio? Se vino a sentar debajo de la última cena. Eso tiene que ser una señal.

Me dijo que quería una foto bajo la última cena, y se la tomé con un celular. Abusé y le pedí que posara frente al cartel de Se Busca en el que aparecía su foto, y aceptó. Ya en esas, le dije que la próxima vez vendría con un fotógrafo, y aceptó también.

La última vez que nos reunimos, recién había terminado una labor agrícola que le dejó unos cuantos reales machete en mano. Lo encontramos rasurado, con el cabello recién cortado y unas gafas nuevas. “Ahora sí, tómenme las fotos que quieran”.

Aprovecho para ponerle la grabación de la última misa de Monseñor Romero. El capitán frunce el ceño, y escucha atento. Monseñor dice sus últimas palabras: “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues, íntimamente en fe y esperanza, a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros”.

Se escucha una explosión y el capitán Saravia se estremece. Da un pequeño brinco en la silla. Una corriente eléctrica recorre su cuerpo y se detiene en sus ojos, que ahora sí se abren completamente detrás de sus gafas nuevas y se humedecen. Me mira fijamente sin decir nada por un par de segundos. Respira profundamente.

—¿Ese es el disparo?
—Sí, capitán. Ese es el disparo.