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Inseguridad

Publicado: 15 septiembre 2008 en Florencia Abbate
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Estoy parada frente a un muro donde dice “En memoria del Chino”, en el corazón de la colonia DINA, una población en San Salvador, territorio de una de las pandillas más grandes y temidas de Centroamérica. Veo niños jugando en la calle y madres que conversan. No parece un lugar tan peligroso. Hasta que una vecina de gestos resignados y amables se acerca a hablar: “Yo lo conocí desde la cuna”, dice y mira el muro; “Sabía ser buen chico”.

El Chino Mariano Salazar era el jefe local de la Mara 18, una inmensa red de pandilleros nacida en Los Ángeles y hoy ramificada por casi diez países. A los veinte años controlaba la distribución de droga en la DINA y en la IVU, la colonia vecina. El 7 de enero del año pasado lo sacaron a golpes de una casa y lo acribillaron, a plena luz del día, con diecisiete impactos de fusil AK-47. La señora sacude la cabeza como si quisiera apartar una imagen horrible. Con un tono desconsolado, afirma: “Aunque se haya firmado la paz en el 92, la guerra aquí en El Salvador sigue”.

Las pandillas o maras son hoy el gran fenómeno social de Centroamérica, y también el blanco principal de sus gobiernos. El 15 de enero del año pasado, los presidentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala se reunieron para firmar un convenio que permite la captura de mareros en cualquiera de los cuatro países, sin importar su nacionalidad. Además, los jefes de policía acordaron actuar en bloque, a través de medidas especiales aprobadas por sus respectivos estados. México ha decidido seguirlos. Y en Panamá, con una carga de delincuencia menor a la del triángulo al norte del istmo, la ex mandataria Mireya Moscoso también llevó adelante un Plan Mano Dura, imitación de aquél dado a conocer por el ex presidente salvadoreño Francisco Flores el 23 de julio del 2003, con un discurso en la colonia DINA. Dicho Plan ha sido continuado por el presidente actual, Tony Saca, del partido de derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista). Afamado locutor y dirigente de la Asociación Nacional de Empresarios, a Saca le gusta jactarse de ser fiel a la consigna electoral que lo llevó al poder: “Vote por un país seguro”.

“Gracias al Plan Mano Dura trabajamos en cooperación con las Fuerzas Armadas”, explica Ricardo Menesses, Director de la Policía Nacional Civil. “Nos han otorgado un apoyo incondicional para que juntos luchemos por la paz de la población. La gente pide más.” A través de los megaoperativos que incluía “el Mano Dura”, la policía consiguió realizar el fichaje de más de 18 mil pandilleros. . De cara recia y pelo esculpido a la navaja, Pedro Baltasar González, subdirector de la policía salvadoreña, se muestra preocupado: “Si no les ponemos un límite, en el futuro el gobierno tendrá que firmar acuerdos de paz con las pandillas como los que ya firmó con la guerrilla”.

En los últimos tiempos, Menesses y González se han convertido en caras mediáticas. Desde los principales diarios e informativos, estos dos referentes del “puño de hierro” en la lucha anti-maras suenan la alarma. Aseguran que en su país, el más pequeño de Centroamérica (poco más de 20.000 kilómetros cuadrados), hay un promedio de nueve homicidios por día. Y que el 65 por ciento de esos crímenes son protagonizados por miembros de las pandillas más importantes a nivel regional: la 18th. Street (la 18, la del Chino) y la Mara Salvatrucha (MS). Las maras también son noticia en Estados Unidos: hace pocas semanas tres congresistas demócratas de Texas eligieron la frontera mexicana como escenario para denunciar supuestos contactos de Al-Qaeda con los líderes de estas pandillas, después de que la prensa norteamericana informara que un jefe de la red terrorista, el saudita Adnan Shukirjumah, se había reunido en Honduras con representantes de la Mara Salvatrucha.

“Yo soy de los mandos que sostienen que hay que sacarlos definitivamente de circulación, y no estoy hablando de que a lo mejor se recuperarán”, concluye González, tan falto de complejidades como sólo los hombres de uniforme consiguen parecer-. Hay que erradicar el problema de los pandilleros. Por eso estamos a la espera de nuevas reformas de la ley. Lo que se viene es el Plan Súper Mano Dura.”

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“Mi favorita”, dice Alexander Linares, alias el Crazy, y con la cabeza señala la 9 mm que ahora descansa, junto a dos revólveres, sobre una caja de cartón. Estoy en un departamento que sirve de refugio a la Mara 18 de la colonia IVU -que también supo ser territorio del Chino- en un edificio declarado inhabitable después de los terremotos del 2001. Miro la 9 mm, el arma que su jefe le dio a el Crazy. Para ganársela, debió superar el ritual para entrar a la pandilla: unos cuantos golpean brutalmente al iniciado durante dieciocho segundos y, si resiste, ya es un hermano más.

“La mara te da lo que hace falta: dinero, amigos, respeto. Existe una solidaridad bien fuerte entre los brotheres. Tienes a tus hermanos que te apoyan y en el barrio nadie se mete contigo. Yo pienso que la soledad siempre es mala compañía”, explica. Acaba de cumplir diecinueve años pero aparenta más. Habla lento y mientras lo hace no para de llenar bolsitas de nylon, prolijamente, con idénticas porciones de marihuana. Tiene un cuerpo musculoso y piel mestiza. Le pregunto qué tal se lleva con las tareas de dealer. “Ahorita no podría aspirar a un trabajo normal”, dice. “Ya ves que tengo tatuajes de mara por donde me mires. Tan marcado ni la escuela te recibe, en caso de que quisieras regresar…”

El Crazy nació en una humilde familia campesina. Sus padres murieron durante uno de los operativos militares que solían ser rutinarios durante la guerra. “Nos avisaron que venía la Guardia Nacional. Salimos de la casa a mirar. Ahí yo conocí un helicóptero. Hasta ahí no sabía cómo eran… Vimos cantidades de gente subiendo los volcanes hacia el lado de Honduras, y cómo rodaban. Rodaban cantidades de bultos, gente a la que le disparaban e iba cayendo.” Era la época en que, para combatir a la guerrilla, el Estado implementaba la estrategia de “tierra arrasada”, explicada en manuales de contrainsurgencia provistos por Estados Unidos.

“Quedé huérfano y una de mis tías me dejó en la capital. Muchos años andaba muy solo. Venía a ver los partidos de fútbol a la cancha de la IVU y cada vez me robaban los zapatos. Aquí fui conociendo a los homeboys (pandilleros). Algunos habían vivido en los Estados Unidos. Eran mis héroes. Me gustaban sus tatuajes y también su manera de vestir, los pantalones bien flojos y las zapatillas Nike. Ellos me enseñaron el inglés y a manejar las armas, a defenderme. Ahora la clica es mi familia.” Las clicas son representaciones zonales de las maras, compuestas hasta por cuarenta miembros. Se dice que ellas controlan el 80 por ciento de la droga en el país. Alexander levanta las cejas y agrega con orgullo que ya debe haber alrededor de seiscientas.

Del otro lado se oye una voz: “Soy el Sparky”. La puerta se abre e ingresa un chico flaquito, de doce o trece años. Se saludan con un choque de puños, expertos en un argot hecho de guiños y ademanes. Crazy le da una lata de Coca-Cola y exclama: “Join the conversation, man!” (que se sume a la conversación). Transpirado y manchado de grasa, Sparky se quita la gorra, suspira y sonríe como si recién ahora que cae la tarde empezara a vivir. Hace unos días entró a trabajar por quince dólares a la semana en un taller de mecánica. “Es para evitar arrestos”, aclara. “Con esto del Mano Dura me jalan (llevan) aunque no ande robando ni haciendo ningún mal. En sólo medio año ya me han capturado trece veces.” De ojos vivaces e inquietos, Sparky me estudia. “Cuéntele lo que quiera que se sepa”, le indica el Crazy. Sparky dice que sería muy largo, pero su amigo insiste: “A la argentina le gustan las historias largas”.

Xavier Rauda, alias Sparky, vivía hasta hace poco en el complejo habitacional Santa Teresa, un proyecto realizado con fondos de la Agencia de Cooperación Italiana y de la Fundación Salvadoreña para la Vivienda Mínima. En 1992, Santa Teresa era un sueño concretado para 2.334 familias. Hoy sólo quedan las ruinas: una escuela abandonada, ni una gota de agua en las cañerías, hacinamiento, y los más altos índices de enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual. Debido a la cantidad de homicidios, el complejo está sombreado con rojo en los mapas de riesgo de la policía. “Vivir en Santa Teresa es tener la vida prestada”, dice.

Toma un poco de Coca-Cola y queda con la vista extraviada. De pronto el silencio se hace añicos. “Ahí me lo mataron a mi hermano”, la voz de Sparky suena como un vidrio roto: “Yo lo encontré.” El cadáver de su hermano Antonio, marero también, tenía el dedo meñique cercenado, una práctica común entre los grupos paramilitares que actuaban en la guerra, a menudo encargados de las ejecuciones sumarias. Diversos “escuadrones de la muerte”, como la Sombra Negra, funcionan todavía bajo los mismos mandos. “Al lado del cuerpo había un perro queriendo comerlo, entre la sangre. Hacía tanto que no lloraba que me había olvidado de cómo era. Con ese odio que llevaba fui a pisar una zona que es de la Salvatrucha. Los vatos (muchachos) del Chele me dieron leña gruesa. Me partieron el maxilar y estos tres dientes de adelante.” José Lorenzo Aflato, alias Chele Lencho, y líder de la clica de la MS en Santa Teresa, fue fusilado unas semanas después.

Sparky se pasa la lengua por esos agujeros donde antes había dientes, traga saliva y me cuenta que muchos de los asesinados no mueren en riñas entre maras, sino con un único tiro en la cabeza y las manos amarradas. En toda Centroamérica están aumentando los sicarios que matan a los mareros. ¿Quiénes contratan sus servicios? Algunos padres de jóvenes que han muerto a manos de las pandillas. Y, fundamentalmente, grupos de empresarios que creen oportuno financiar una “limpieza social”, ya sea con el argumento de que en sus países la delincuencia aleja a turistas e inversores, o con el de que temen convertirse ellos mismos en objeto de ataques, robos y secuestros.

“Es hora de que salga a dar la vuelta”, anuncia Alexander el Crazy. Bajamos la escalera mientras se pone un suéter para que no se vean los tatuajes de sus brazos. Sparky bromea: “Si no fuera por el tatoo del cuello estarías salvado. A lo mejor podrías trabajar en la TV”. Apenas pisamos la calle, se oye el sonido de un auto. “Vienen los clientes”, susurra Crazy . Y cruza velozmente al corredor que conduce a la DINA. Momentos antes de esfumarse, me advierte: “Tú, como si nada”. Estos coches estilo pick-up tienen un uso exclusivo. En ellos van policías y soldados con la misión de aplicar Mano Dura. Descienden del autopatrulla dos agentes que empuñan fusiles automáticos. Sparky contrae los músculos como un animal en actitud de defensa. Se pone en posición de registro y baja la cabeza antes de escuchar la orden. “¡A ver! ¡Manos en la nuca, contra la pared!” Un agente le sube la camisa y desnuda tatuajes: abajo, el número 18; más arriba, el nombre de su hermano y una lágrima; cerca de los hombros, una leyenda que los mareros pintan en todas las paredes: “Perdóname Dios mío por mi vida loca”. Lo empujan adentro del coche. “Vamos a hacer un paseíto”, se burla el oficial y su compañero festeja la broma. Entre risas, el vehículo parte.

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Sparky ya está de nuevo trabajando en el taller de mecánica. Lo soltaron seis días después, por ser menor de edad. Me lo dice su madre en persona. Vine a verla a su casa en el reparto La Campanera, en el municipio de Soyapango. Sonia Rauda no me hace pasar. Abre apenas la puerta y se limita a responder mientras se aplica un repasador con hielos en el ojo derecho, morado y sangrante. Le pregunto por su marido, y ella duda. “Lo hizo sin intención”, dice. La frase es abrupta. Se despide con una prisa áspera. Cierra y permanezco bajo el sol, mirando aturdida la puerta de chapa.

Soyapango es una de las ciudades donde más operativos anti-maras se han realizado. Aquí, las opiniones sobre el Plan Mano Dura están bastante divididas “La policía caza pandilleros como antes cazaba guerrilleros”, opina Azucena Bonilla, detractora declarada de la Mano Dura. “Antes teníamos miedo por las balas de la guerra y hoy por estas otras. Nuestro país ha quedado destruido y los muchachos no tienen qué hacer. Hace ya muchos años que los jóvenes no encuentran empleo. Así no se puede mantener a la familia ni vivir. Yo creo que en vez de perseguirlos deberían darles la oportunidad de trabajar. A pesar de la guerra que hubo, supuestamente reivindicativa, nuestra situación no mejoró. Los ricos siguen ricos como siempre, y pobres los pobres.”

La guerra civil salvadoreña, que se desarrolló entre 1981 y 1992, es casi un tema tabú entre los habitantes. Dejó un saldo de 75 mil cadáveres y siete mil desaparecidos. Nadie desea recordar los viejos malos tiempos, aun cuando los Acuerdos de Paz, la Amnistía y la reconciliación democrática no hayan traído el bienestar que esperaban. “

Ana Muñoz, en cambio, elogia la Mano Dura: “Antes del Plan no se podía ni andar por esta calle de tantos mareros. Hoy es difícil encontrarlos. Se andan escondiendo”. Su esposo es transportista y ha pasado toda la vida arriba del camión. Estaba tranquilo hasta que se afianzaron las maras: miembros de la MS lo obligan a pagar tres dólares y medio para atravesar una zona que ellos han declarado propia, y en otra zona, los de la 18 le exigen un peaje de dos dólares. “Si no les pagas tu vida corre riesgo”, explica su esposa, con rencor: “Las maras son un cáncer que nos han enviado los gringos.”

No es infrecuente oír la explicación simplista de que la violencia pandillera la importaron los jóvenes que fueron deportados del “Norte” o que decidieron volver al país al terminar la guerra. Durante el prolongado conflicto, el reclutamiento obligado de soldados, la falta de empleo, la violencia indiscriminada y la polarización política desencadenaron una migración masiva: de los seis millones de habitantes, dos millones se establecieron de manera ilegal en Estados Unidos. La estrategia de supervivencia de gran parte de los jóvenes, principalmente asentados en Los Ángeles y Washington, fue integrarse a las pandillas de los guetos latinos.

Una vez concretados los Acuerdos de Paz con la guerrilla, el gobierno norteamericano se abocó a deportar a los refugiados salvadoreños. En El Salvador se cree que los que estuvieron “arriba” y retornan a la fuerza son (y acaso serán siempre) necesariamente delincuentes. El artículo 25 de la primera ley anti-maras formaliza esa creencia: “Cuando un nacional ingresare al país en calidad de deportado y por sus antecedentes o su apariencia o conducta se dedujere su pertenencia a una mara, el agente de autoridad lo detendrá y lo presentará ante el Juez de Paz de la jurisdicción en un plazo máximo de veinticuatro horas”. Para cualquier policía, un tatuaje es señal inequívoca de antecedentes y amerita el arresto de su portador.

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El Centro Penitenciario “La Esperanza” está atiborrado de personas que esperan ser juzgadas. Queda en la colonia Mariona, posee 150 celdas y fue diseñado para una capacidad de 800 internos. Hoy alberga a más de 3.200 reclusos; en un alto porcentaje son pandilleros. El paisaje tiene algo de bazar y de sociedad secreta, de zoológico y de perdido mercado de pulgas. Paso junto a un recluso en cuya mano distingo un tatuaje que identifica a los MS: la bandera de El Salvador y el lema “De mi madre nací, por mi barrio muero”. Con un diario abierto entre las manos, codea al de al lado: “Fíjate tú en lo que ha dicho el Tony Saca en su discurso de hoy: Los pueblos viven de la esperanza, y yo he enviado las señales adecuadas´”. El compañero suelta una risa cavernosa. Un tercero se suma: “Ya saben ustedes lo que voy a hacer si el Tony no nos Saca de este purgatorio…”.

Los cuerpos tatuados se desplazan, truecan mercadería, negocian. En cada rincón suenan guitarras; alguien entona un rock de Cristo, cae de rodillas y lanza gritos de gratitud y de dicha. Doce iglesias de diferentes corrientes se han establecido para alimentar espiritualmente a los presos. Pastores evangelistas adoctrinan a los mareros. A algunos la palabra divina les da una protección que en este sitio necesitan; a otros los ayuda con su adicción a las drogas y los insta a recordar, en las insoportables noches de abstinencia, que puede haber un mejor amanecer.

Funciona también un “Programa de atención integral a jóvenes de maras”. Su meta es fortalecer las relaciones interpersonales entre la 18 y la MS. En ciertos penales dispusieron sectores diferentes para cada pandilla, dividiéndolos con una gruesa reja; pero aquí no se puede y es preciso lograr que convivan pacíficamente. Una prueba de que no siempre se puede lidiar con el temperamento de los presos es que, el 19 de agosto pasado, 32 internos murieron y otros 28 resultaron heridos en un enfrentamiento con granadas caseras, objetos cortopunzantes, palos y piedras.

Otro tremendo inconveniente de La Esperanza es que no cuenta con un sector de visitas. Miles de personas de afuera ingresan cada día. Y resulta poco menos que imposible supervisar a un tiempo los intercambios que se traspapelan en el caos nivelador de esta geografía humana. “Tenemos conocimiento de que las mujeres de los reos se prestan a ingresar cocaína y celulares dentro de sus vaginas”, declaró recientemente el ministro de Gobernación René Figueroa.’

Las autoridades descubrieron, durante el 2004, varios túneles y planes de fuga. La seguridad fue reforzada. Los miembros de la Unidad de Mantenimiento y Orden recorren el antro en forma constante y hacen decomisos -incautan televisores, ventiladores y otros regalos que traen las visitas-. De pronto pasan unos internos organizando todo para una jornada de fumigación. Las enfermedades que propagan los insectos son uno más de los tantos flagelos del penal.

Rodolfo Garay Pineda, director de Centros Penales, explica que los operativos contra las maras han generado una ola de arrestos que supera con mucho las posibilidades de la infraestructura carcelaria: “Si una asamblea emite una política de mayor aprisionamiento, debería considerar los aspectos de ejecución de la pena y detención provisional. La cifra de reclusos se ha duplicado en los últimos dos años. Mientras se elija el incremento de penas y la eliminación de medidas sustitutivas, lo único coherente es que se construyan nuevas cárceles”.

El Presidente ya confirmó un proyecto que permitirá separar a los reclusos que esperan ser juzgados de aquéllos que cumplen su condena, y tener en distintas prisiones a “los MS” y a “los 18”. A lo largo de este año, se construirán dos reclusorios de máxima seguridad para hombres y un tercero para albergar a mujeres de inadaptación extrema. Más de once millones de dólares serán destinados a dicho objetivo.

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Margo Rodríguez se sienta sobre una frazada quemada y me mira de soslayo. En su brazo lleva escrito “Diablita”, pues así la bautizó la MS: “Me pareció bonito y me lo mandé tatuar”. Su función en la pandilla era llevar información de una clica a otra. Con su mejor amiga, Gatúbela, se iniciaron juntas en “la vida loca”. Todo comenzó como un intento de escaparle a eso que les deparaba el carácter patriarcal, machista y violento de la vida familiar salvadoreña. “Mi padre nos pegaba bien duro a mi madre y a mí. Entonces me fui de la casa… Para que una mujer entre a la MS existen dos maneras. O tenés sexo con varios mareros, todos de una vez, o te dan una brincada (golpiza). Yo elegí que me golpeen.”

Diablita cayó presa tras una mañana en la que estaba tan fuera de sí que disparó sin control. Más tarde le avisaron que había matado a una chica de su propia pandilla. Iban juntas al colegio y de niñas solían jugar en el mismo pasaje. Fue un vecino quien le dijo a la policía que, hacia el amanecer, la había visto caminando drogada por la calle central, alardeando a los gritos de que iba a matar a alguien.

Confiesa que se siente más segura en el penal que afuera: “Me iba a matar la policía. O si no, mi mara. O si no, la sociedad”. Su cuerpo se eriza como si sus sensaciones y recuerdos se hubiesen convertido en un pozo profundo. “Lo que pasa es que afuera está mi hija”, murmura con la voz estremecida, a punto de quebrarse.

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Rodrigo Ávila, el viceministro de Seguridad Pública, recién llega a su flamante oficina en el décimo piso de la Gobernación. Este joven empresario fue en la guerra un miembro fundador de las Brigadas Civiles, patrullas integradas por muchachos de familias ricas y dispuestos a colaborar con las Fuerzas Armadas en los fines de semana. En sus páginas, Newsweek las llamó las “BMW brigades”. Ávila evoca su pasado sin remordimientos: “Eso no necesita ninguna reflexión ni reconsideración de ningún tipo. Era una defensa civil de fin de semana. Todas las personas que ahí colaborábamos teníamos trabajos normales en el sector privado o en el gobierno. Estábamos defendiendo al país del embate del comunismo. Aparte de la emoción de ser joven, lo que nos movía era un sincero sentimiento patriótico”. Ante la pregunta por las operaciones de “tierra arrasada”, Ávila responde: “El objetivo era el aniquilamiento de la base logística y de apoyo del contrario. Cuando tú arrasas una población, no le dejas al enemigo qué comer, ni a quién reclutar, ni techo donde resguardarse. Le destruyes todo para que cuando llegue ya no tenga nada”.

El Presidente realizó una reunión con Ávila, el jefe policial Menesses y el ministro René Figueroa. En ella se delinearon “los primeros cien días” del Plan Súper Mano Dura, que ya entró en vigencia y redundó en un crescendo de violencia, fomentada por la captura de más de cuatro mil mareros en redadas nocturnas. Ávila puntualiza que este nuevo plan incluye el despliegue de 333 Grupos de Tarea, la creación de una policía rural y la designación de “fiscales especiales antipandillas”. Las Fuerzas Armadas aportaron más de mil soldados. Y Tony Saca acaba de comprar, con un millón de dólares, una flota de cincuenta vehículos y un helicóptero estadounidense, el Robinson R44, Raven II. Remata Ávila: “El próximo paso es que la ciudadanía participe con nosotros de este combate. Hay que organizarla. Como ha dicho el Presidente, a los pandilleros se les acabó la fiesta”. El FBI, por su parte, está por enviar sus equipos a El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de supervisar el modo y la eficacia con que estos gobiernos afrontan la lucha antipandillas. De esta fiscalización dependerán en alguna medida las políticas norteamericanas de fortalecimiento de la vía comercial con el Caribe y Centroamérica. Al menos así lo ha señalado nada menos que George W. Bush.

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Prófugo desde hace meses, Rodrigo de Jesús Ventura, alias el Duke, celebra la captura de Carlos Mojica Lechuga, el Viejo Lin, quien tiene cuarenta años y es el principal cabecilla de la 18. Estos líderes de la pandilla a nivel nacional están enemistados. Rodrigo se ríe al mostrarme el titular del diario: “Uno de los cabecillas de la temible Mara 18 fue condenado por tenencia de armas”. Ya antes habían encontrado, en su destroyer (refugio) de la colonia Soyapango, granadas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. “El Viejo ha ordenado sacrificios y decapitaciones. Trabaja para el narcotráfico. Tanta droga les llega a los cipotes (adolescentes), que ahora muchos matan por matar y se traicionan entre hermanos. Tiene decenas de muertos encima, y mira tú por la causa que cae.”

El Duke vive escondido en una casa con su esposa y sus dos hijos, que juegan al Nintendo mientras dialogamos. Tiene veintitrés años y pasó cuatro de ellos en la cárcel. Lo deportaron de Estados Unidos con numerosos cargos -sobre todo por organizar asaltos-, y ahora ha sumado una causa por matar a un policía. Su padre era guerrillero, y un grupo de tarea lo secuestró durante el funeral de un compañero. Fue ejecutado. Los hermanos de Duke se alistaron en las Fuerzas Armadas, tentados por el sueldo. Sobrevivieron a la guerra y hoy prestan servicios para Inteligencia. “Por culpa de uno de ellos fue que the fucking Police caught me (me pescó la maldita policía) la última vez.”

Al día siguiente acompaño a la esposa de Rodrigo a hacer averiguaciones a la clínica “Adiós Tatuajes”. Desde que rige el Súper Mano Dura, Elina insiste en que el Duke debe quitarse las identificaciones. Pero el precio de la operación con láser para borrar apenas un tatuaje chico asciende a mil dólares, y el método sólo está disponible en Estados Unidos y México. “Hay muchachos de los cantones rurales que se han hecho sus tatuajes a puro cuchillo. Y para quitarlos se aplican una plancha caliente, o se echan ácido, o se vuelven a picar con la máquina hechiza sin tinta. Mi marido no va a hacer eso porque es humillante. Además, el Duke odia el dolor como odia a los juras (policías)”.

La clínica es atendida por un hombre rubio de mediana edad, anteojos y barba candado, vestido de blanco. Graziano Culpo nació en Italia y vivió varios años en Rio de Janeiro. Trabaja por la reinserción social y laboral de los mareros. Pertenece a la orden de San Caetano y, de algún modo, sigue la línea de los curas tercermundistas de los 70. Nos enteramos de que para borrar los tatuajes se usa una pistolita de luz infrarroja que quema la epidermis hasta alcanzar el lugar donde se aloja la tinta. Este servicio es gratuito, pero hay que ser paciente y perseverante: el borrado no se logra sino con numerosas sesiones, y luego hay que esperar a que la piel desinflame y se caigan las costras de las heridas resultantes, similares a las quemaduras de un cigarrillo. Elina se corre a un costado, abre su celular y llama a su marido para contarle la noticia. La voz de Duke retumba en el teléfono: “¡¿Tanto dolor para dejarte todo cicatrizado?! ¿A qué sociedad reinsertarse si nosotros de eso no formamos parte? Olvídalo”.

“El modelo neoliberal no es moralmente sustentable”, opina Graziano Culpo: “Las maras son la reacción agresiva a la violencia estructural que viven los jóvenes… Siento lástima ante la actitud de estas sociedades, intentando abortar ese fruto de sus entrañas sin querer solucionar las causas de la enfermedad de sus hijos.”