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Al Boixo, cuando habla de sus enemigos, se le llena la boca de saliva y parece que un percutor le ha activado una rabia descontrolada.

—¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Es español, de Barcelona, y cuando entró a la sala hace unos minutos saludó tímido, como si fuera él y no yo quien está de visita en esta cárcel. Se sentó erguido en la silla de madera y aluminio, con las manos en las rodillas, y esperó callado a que la educadora hiciera las presentaciones y le explicara el por qué de la reunión. Le acompaña su camarada Topo, que como él cumple condena por robo. La educadora es la única figura de autoridad en esta sala diáfana y sellada con una puerta de apariencia común pero capa interior de acero, cristal reforzado y bisagras de seguridad. En todo el recorrido por el penal no he visto a nadie armado. Supongo que donde hay autoridad no es necesario exhibir la fuerza.

La educadora es también, probablemente, una de las pocas personas de esta prisión en las que el Boixo confía. Por eso ahora, después de repasar su pasado y hablar de su pandilla, este chele alto y rubio que habla español con ligero acento catalán me está confesando que unos gitanos con celdas en su mismo módulo le amenazan constantemente. A él, a un agresivo miembro de la Mara Salvatrucha.

—Me dicen “te vamos a cortar la cara”.
—¡Pero cómo te van a cortar la cara, si esto es Gran Hermano! —le dice la educadora para calmarle. Y le explica que en esta moderna cárcel plagada de cámaras de vigilancia nadie le va a hacer daño.
—Me dicen: “mira con quién vas, con ese tapón peruano, la Mara 13 no sirve para nada”. Fffffff —el Boixo resopla como una olla a presión. A lo largo de la conversación se ha ido poniendo nervioso y aquí es donde estalla, se descontrola— ¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Tartamudea, gira la cabeza hacia los lados para sacudirse el riesgo de que se le humedezcan los ojos, pero no lo logra y vuelve a resoplar. Se hace un silencio. En España, como en El Salvador, de las lágrimas de un pandillero no se habla. Topo —el peruano del que los gitanos se burlan por bajito— y la educadora le dan tiempo para recomponerse. El Boixo no parece un mal chico. Tampoco muy listo. Le faltan palabras y asiente constantemente para que tú también lo hagas y así saber que le estás entendiendo. Por momentos da la impresión de que cuando era más joven consumió demasiadas drogas o recibió demasiados golpes en la cabeza. Dice que se hizo de la Mara hace un año, en busca de emociones fuertes. Estaba en otra pandilla, los Ñetas, desde que abandonó la escuela a los 14.

—Me sentía solo y vi que ellos me apoyaban. “Hermanito nosequé, hermanito nosecuantos…” Pero llegué a lo máximo en la banda, estaba juramentado, y pedí la verde, ¿no?
—Y te la dieron, te saliste.
—Sí, pero quise entrar en la Mara para probar, porque es la banda más violenta. —Y asiente dos veces para que yo lo haga tambien.

El Boixo nunca ha salido de Cataluña. Podría ser un gamberro de barrio obrero cualquiera en cualquier ciudad de España. Pero la cicatriz rosada que tiene en el entrecejo se la hicieron de una patada cuando le brincaron a la MS-13. Dice que el día que le patearon habían venido a Barcelona pandilleros hondureños de Valencia y Madrid.

—Contaron hasta trece y repitieron tres veces el diez —dice con una sonrisa infantil.

***

Cuando en 2005 la periodista Lisa Ling, de National Geographic, adjudicó a la Mara Salvatrucha (MS-13) el superlativo mérito de ser “la pandilla más peligrosa del mundo” la MS-13 se confirmó de forma irreversible, fuera de Centroamérica y de ciertas ciudades de Estados Unidos en las que su poder sí es real, como una amenaza por encima de sus propias posibilidades. Los miedos llegan siempre más lejos que quienes los engendran, y avalado por la elevada cifra de homicidios en El Salvador —el promedio de 7 diarios se consideraba entonces alarmante— y por la brutalidad con que los cometía, desde ese momento el miedo a la Mara se volvió transfronterizo.

No ayudó, desde luego, que en 2004 el ministro de seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, hubiera dicho que existían vínculos entre la MS-13 y grupos terroristas internacionales, o que el Washington Times hubiera publicado en septiembre del mismo año que había contactos entre la Mara y Al Qaeda. Pese a los esfuerzos del FBI por desmentir esa relación, hubo quien llegó a escribir, y habrá incluso quien se lo crea, que la Salvatrucha compartía negocios con el grupo terrorista ETA.

En Perú o Ecuador, donde por esos años se comenzaron a detectar supuestas células de la MS-13, las autoridades se encontraron ante el desafío de administrar su propio pánico.y el de la población. En España, pese a la insistencia de los cuerpos policiales por restar importancia a la evidente presencia de la Mara Salvatrucha, el terror asociado a su nombre siguió creciendo en los años siguientes a base de reportajes televisivos en los que jóvenes con el cuerpo y el rostro tatuados hacían gestos desafiantes con un fondo músical de hip hop y de constantes publicaciones en prensa.

En noviembre de 2008, El Periódico de Cataluña publicó un largo reportaje titulado “La mafia mexicana envía a Barcelona a jóvenes sicarios para ʻconquistarʼ la UE”. En el texto, dos responsables de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), españoles ambos, sentenciaban: “los cárteles mexicanos están enviando a Barcelona y a otras ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao, Oslo y Amsterdam a jóvenes sicarios de las maras centroamericanas para que sean la avanzadilla que conquiste esos territorios”. El objetivo de “las maras” —el nombre genérico usado a menudo para referirse tanto a la Mara Salvatrucha como al Barrio 18— y de sus socios mexicanos era supuestamente “controlar todo el tráfico de cocaína del continente”. Todo el tráfico de cocaína, decían.

En febrero del año siguiente, el diario El Mundo, uno de los de mayor tirada del país, tituló entre exclamaciones un artículo a toda página en el que se hablaba de un perverso efecto secundario de la migración centroamericana a España: “¡Que viene la mara!” Y basado en las mismas fuentes de la ONU que El Periódico, el 30 de octubre de 2009 un reportaje de la veterana revista Tiempo se sumó a la alarma: “Las dos principales maras que operan a escala suprarregional, la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla de la Calle 18 o 18 Street, quieren hacerse con el control del crimen organizado en Europa, desde el narcotráfico al mercado negro de órganos.”

“Vendrán sin tatuajes y con corbata, porque vendrán los líderes máximos”, vaticinaba en ese reportaje Amado Philip de Andrés, encargado de la ONUDD. Según él, un muñado de pandilleros centroamericanos se bastarían, por su carácter enormemente violento, para arrebatar el negocio de las drogas, las armas y la trata de personas a los tradicionales grupos criminales locales, y a la mafia rusa, a la italiana o a la china. “Con que haya 17 (miembros de la MS-13 o la 18) bien organizados ya es suficiente”, decía el supuesto experto.

Como si la Mara y la 18 fueran un ébola aniquilador y alguien estuviera utilizando como parte de un plan maestro.

Ese mismo año, Jesús María Corral Gómez, jefe de la Unidad de Planificación y Estrategia del Cuerpo Nacional de Policía de España, admitió en un congreso internacional sobre pandillas celebrado en Los Ángeles que la MS-13 había desembarcado en la península, pero aclaraba que su trascendencia era la de “una gota de aceite en el océano”. Esa proporción no ha cambiado. La alarma que aún resuena cada vez que un miembro de la MS-13 comete un delito convive con otra realidad que admiten los mismos mareros catalanes y que repiten miembros de otras pandillas, trabajadores sociales y autoridades: “en Barcelona, la Mara Salvatrucha no tiene la calle”.

***

Sentado al lado del Boixo está Topo, el peruano bajito. En su país era de la barra brava de la U. Ese era su historial criminal cuando llegó a España. No llevaba demasiado tiempo en Barcelona cuando se metió en la Mara Salvatrucha casi por azar. El Topo admite que le gusta mucho beber. Los amigos de un primo suyo le invitaban a beber por horas en un parque del barrio del Raval y para él eso era hermandad. Al cabo de un mes sus amigos de trago le tenían rifando MS-13 con las manos sin explicarle lo que eso significaba. Tardó unas semanas más en entender que ya estaba dentro.

—Yo no sabía nada. A mí lo que me gustaba era la noche —dice, y se carcajea.

Lo que no sabía, se lo enseñaron. Sus amigos, centroamericanos la mayoría y mayores que él, no le sometieron a ningún ritual de entrada pero le enseñaron los gestos, los códigos e incluso la historia de la Mara Salvatrucha. Topo sabe que la MS-13 nació en Los Ángeles y sabe que el 13 es el número de las pandillas Sureñas vinculadas a la Méxican Mafia, aunque no entienda con detalle su vínculo, si es que existe con un océano de por medio, con ese grupo. Probablemente es de los pocos mareros en España que conoce esos detalles. La mayoría de miembros de la Mara en Barcelona piensan que la Mara Salvatrucha nació en El salvador y la llaman coloquialmente “la 13”, asumiendo que también la 18 es mara y sin saber que en California hay decenas de pandillas 13.

El líder del grupo era un salvadoreño musculoso y tatuado en el pecho y el brazo, que presumía de su pasado pandillero en El Salvador y solía mostrar un video colgado en Youtube en el que aparecía él, más joven y delgado que ahora, empuñando un AK-47. A los más jóvenes, como Topo les fascinaba esa imagen que, en un país como España, en el que el acceso a armas está muy limitado, parecía de película. La invitación a formar parte de la MS-13 era, en Barcelona, una invitación a ser parte de esa película.

—Me han contado cómo es la cosa en El Salvador, en Honduras… —presume Topo—. Me han dicho que se para un loco tatuado ahí y la gente pum, pum, pum.

El pandillero hace como si disparara una pistola. La televisión y el cine han hecho que todos sepamos simular mejor o peor un disparo aunque, como Topo, nunca hayamos empuñado un arma de fuego.

—¡Yo me iba a ir para allá! ¡A correr a lo grande!
—¿A El Salvador? ¿Querías ser pandillero en El Salvador?
—¡Sí! Es que en ese tiempo estaba bien activado. Iba a irme a llevar el tiro de allá.

No puedo dejar de pensar que Topo no duraría ni una semana en las calles de San Salvador o San Pedro Sula. Tiene 22 años, una edad con la cual la mayoría de pandilleros centroamericanos ha participado en delitos de sangre y olvidado el yo que eran antes de entrar a la Mara. En Guatemala niños de 15 años presumen de su experiencia pandillera y muestran heridas de bala. Veo a Topo al lado de esos niños adultizados y pienso que aunque sea mayor de edad parece un simple adolescente.

La educadora me contará más tarde la historia de vida del Topo y me dirá que se repite casi como un calco en la mayoría de pandilleros con los que ha trabajado: se criaron con sus abuelas porque sus padres migraron a España cuando ellos tenían pocos años, y han llegado a Cataluña siendo adolescentes, para encontrarse con un país y una cultura diferentes, unos padres que trabajan todo el día y a los que apenas conocen, y unas calles en las que se encuentran con jóvenes de nacionalidades distintas pero historias similares. Ecuatorianos, colombianos, chilenos, peruanos, marroquíes, búlgaros o rusos, a la mayoría no les importa, en realidad, pertenecer a una u otra pandilla ni conocer el origen de las siglas por las que pelean. Cuando empiezan, simplemente buscan el abrigo de un grupo y tener una causa propia.

—¿Qué es ser de la Mara en España?
—Ser los más violentos. El primer lugar en todo.
—Pero no lo sois. Acá sois una pandilla pequeña.
—Sí, los más grandes son Latin Kings, Ñetas, Trinitarios… hay que ir subiendo.
—¿Y cómo se sube?
—No sé, brincando gente, a quien se vea con fuerza…

***

El barrio del Raval está junto a las Ramblas, en el patio trasero del puerto de Barcelona, en el distrito de Ciudad Vieja. Fue durante muchos años una zona roja conocida por sus calles estrechas y oscuras repletas de prostitutas y de locales nocturnos sin más pedigrí que el que da, cuando es deseada, la sordidez. Lo llamaban el barrio chino —aún hay quien lo hace— porque a principios del siglo XX en sus recodos los rateros cortaban con una cuchilla de afeitar, a la que llamaban “la china”, los bolsillos de tela de los distraídos para distraerles la cartera y el dinero. En el viejo Raval, a ese mal arte se le llamaba chinar.

En las últimas tres décadas el ayuntamiento ha intentado modernizar el barrio y lo ha convertido en una zona de profundos contrastes. Ahora tiene dos museos de arte contemporáneo, hoteles para turistas, bares de moda y un paseo con una escultura del colombiano Fernando Botero, que conviven con la prostitución de siempre, su propio mercado de droga y estrechos edificios que nadie restaura y en los que se siguen alquilando habitaciones baratas. Una cara del barrio se adorna con el mítico y hermoso mercado de La Boquería. La otra tiene su propia clica de la Mara Salvatrucha. Hay quien piensa que la del Raval fue, de hecho, la primera clica catalana de la MS-13, aunque eso no es del todo cierto.

Los Mossos de Esquadra —la policía autonómica de Cataluña— tuvieron la primera pista de la presencia de la Mara Salvatrucha en Barcelona en febrero de 2004. Fue un pequeño “Arriba la MS” escrito con plumón en los azulejos blancos de la estación de metro Universitat, en el centro de la ciudad, justo en los límites del Raval. Pero los jóvenes detrás de ese rudimentario grafitti se reunían por aquel entonces en el parque de la Pegaso, unos kilómetros más al norte, cerca de la Avenida Meridiana. Se trataba de chicos de 12 a 14 años, de distintas nacionalidades, que apenas sabían de la Salvatrucha lo que les contaba algún compañero salvadoreño en el colegio y lo que habían encontrado en internet. No tenían planes de futuro. No querían dominar el mundo. Su único deseo era distinguirse de los Latin Kings y los Ñetas.

Barcelona, como el resto de capitales españolas, era en esos días un vivero fértil para las dos pandillas hegemónicas en Ecuador. Si una década antes las deportaciones habían transplantado a Centroamérica a la MS-13 y el Barrio 18 por la simple razón de que eran las pandillas angelinas con mayor presencia de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, bastaba saber que en los primeros dosmiles el principal grupo de inmigración de latinoamérica a España fueron los ecuatorianos para comprender qué los Latin Kings y los Ñetas serían las primeras pandillas americanas en asentarse y crecer en la península.

Los chicos de la Pegaso buscaban ser diferentes. El Detective, un mosso de esquadra de hablar frontal y más de diez años de trabajo en contacto directo con pandillas en Barcelona, dice que durante sus tres primeros años como grupo los pseudomareros de la Pegaso no delinquieron, o al menos no cometieron ningún robo o acto violento que se les pudiera achacar claramente.

—Eran solo emuladores. No tenían ningún contacto en absoluto con Centroamérica. Conocí a uno que incluso caminaba con los Latin King aunque decía que él era mara —dice el Detective.— Los primeros dos o tres años nos pasaron desapercibidos, hasta que en 2007 llegó un salvadoreño que quiso organizarles en serio.
—¿Un marero venido desde El Salvador?
—No, un chico de 23 años nacido en España pero que es también salvadoreño porque nació allí su padre o su madre, no recuerdo bien. En uno de sus viajes a su país conoció el fenómeno de las maras y lo quiso copiar aquí. Pero no le funcionó. Cuando les dijo a los de la Avenida Meridiana lo que quería, los chavales se asustaron y se le fueron todos menos dos.

Ese emprendedor con ganas de levantar en serio la Mara Salvatrucha se llamaba —se llama— Alexander Fuentes, y es un hispano-salvadoreño nacido en 1984 que no tardó en entender que para plantar una cepa firme de la MS-13 necesitaría simiente original. La encontró pronto. En 2008 ya caminaba por Barcelona con el Crazy, un marero de 18 años brincado en El Salvador que tenía la experiencia y las ganas de sembrar clicas por toda la ciudad.

El Crazy se llama Marvin Flores, tiene hoy 25 años y es el pandillero musculoso y tatuado que enseñó a Topo a hacer con la mano la garra de la Mara Salvatrucha. También reclutó y formó en los siguientes dos años a muchos otros jóvenes en la zona centro y Sur de Barcelona. Por un tiempo, las autoridades lo identificaron como uno de los líderes de la MS-13 en Cataluña.

—¿Alexander mandó a traer al Crazy o él llegó a España por su cuenta? —le pregunto al Detective.
—En teoría el Crazy vino con el mandato de la cúpula de la Mara para crear una clica potente en Barcelona. Así lo vendieron Alex y él al resto del grupo aquí, pero yo creo que no hay nada cierto. Sí es verdad que quisieron crear algo parecido a lo de allí, para demostrar a El Salvador que aquí se podía hacer lo mismo, pero no pudieron. No ha sucedido. No les dejamos.
—¿Qué quieres decir con que no les dejásteis?
—En cuanto supimos lo que estaba pasando los encaramos y dialogamos con ellos, les pusimos claro el escenario. No se puede decir que fuera una negociación porque en realidad fue decirles: “sabemos quiénes sois, donde es vuestra casa, qué queréis hacer… y estos somos nosotros y esto va a pasar en el momento en que cometáis un delito”.

Alex vivía cerca de la Plaza Cataluña, a pocas cuadras del Raval, y por eso él y el Crazy se alejaron de Avenida Meridiana y comenzaron a moverse por la zona de Ciudad Vieja, más céntrica. Se les unieron un chileno y dos o tres bolivianos, pero el Detective asegura que la clica nunca levantó vuelo del todo. Sus comienzos no fueron fáciles. Un compañero del Detective cuenta que una noche los mareros que caminaban con el Crazy se aproximaron a un grupo de jóvenes migrantes filipinos que solían reunirse a beber y vaguear en una cancha de baloncesto detrás de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la plaza Terenci Moix. Querían incorporarles a la mara, brincarles. Los filipinos no estaban interesados y les forzaron a abandonar el parque. Un puñado de amigos filipinos diciéndole no a la MS-13 mientras en El Salvador cientos de colonias, municipios enteros, cientos de miles de personas, se sometía día tras día a la ley de esas mismas siglas. Sometida a la prueba de la calle, la temida y publicitada transnacionalidad de la Mara Salvatrucha —la amenaza global— se convertía en un concepto difuso, inservible.

Con esa búsqueda desesperada de nuevos homeboys arrancó en realidad la historia de la clica del Raval.

***

El Guerrero es Ecuatoriano. Tenía 13 años y el rostro devorado por el acné cuando entró en la MS-13 y vio por primera vez el video de Youtube en el que el Crazy aparece con un AK-47. Lleva cinco años en la Mara y eso le convierte, como a Topo, casi en un veterano. Como él, entró sin saber bien lo que hacía. Cuenta que quería ser uno de esos chicos duros a los que nadie plantara cara y que triunfan con las chicas. Los buenos estudiantes no suelen ser los más populares en ningún patio de colegio, menos aún si ese colegio está en el barrio de Pubilla Casas, al norte de Hospitalet, uno de los muchos municipios de antigua vocación agrícola devorados por el crecimiento de Barcelona de los años 60 y convertidos hoy en periferia obrera y enclave tradicional de migrantes. La mayoría de adolescentes de Pubilla no pertenecen a ninguna pandilla, pero conviven con varias de ellas. Hospitalet es, según las autoridades, el principal asentamiento y el centro neurálgico de casi todas las pandillas que operan en Cataluña.

—Un amigo y yo íbamos a hacernos de los Blood Little Warrior, pero unos hondureños que conocimos nos dijeron que mejor nos metiéramos en la Mara.
—¿Y cómo te convencieron?
—No me convencieron. Yo les dije: “Voy a ver en internet. Si son conocidos, entonces sí.” Y me fui a ver.

Sudaba el verano de 2008. El Guerrero googleó a la Mara Salvatrucha como un ritual para decidir qué hacer con su vida y se encontró de bruces con el pánico que infundían sus siglas. Sí, la MS-13 era muy, muy conocida. Dice que le gustaron el despliegue de violencia sobre el que leyó y los tatuajes de gangster. Se brincó, mediante el ritual de la paliza de los 13 segundos, un 13 de septiembre, junto a su amigo y a otro vecino boliviano.

Antes de que acabara el año ya había conocido a los mareros del Raval. No quiere decir sus nombres porque dice que eso sería ratear, traicionar al secreto de la Mara, pero a medida que describe a “los mayores”, como él los llama, se hace evidente que esos pandilleros no podían ser sino el Crazy, Alex y quienes caminaban con ellos.

—Eran maras antiguos. Había dos salvadoreños, y un chileno, y una vez nos reunimos y había un mexicano enorme, que llevaba una camiseta negra, pantalón corto negro y calcetines blancos, y otro como de 40 años que tenía un escudo de El Salvador tatuado en el pecho.
—¿Qué te dijeron?
—Hablamos de que teníamos que hacernos notar porque había muchas otras bandas y estaban creciendo —recuerda el Guerrero.

A él y sus dos compañeros recién brincados les ordenaron crear en Pubilla Casas una nueva clica que se llamaría Morritos Locos Salvatrucha (MLS) y que debía funcionar como la división junior de la que integraban los mayores. Se conviertieron en un esqueje con tres miembros que debían contagiar a otros su devoción por la Mara. El Guerrero presume de que en solo dos semanas, rebosantes de energía y ganas de agradar a sus mayores, habían brincado a otros doce vecinos, ecuatorianos y bolivianos la mayoría, deseosos como ellos de ser los dueños del parque de Pubilla.

Entre 2008 y 2010 los Morritos Locos Salvatrucha quisieron vivir la vida loca y se hicieron notar con una constante cadencia de pequeños robos y varias peleas a cuchillo. Por una de ellas, el Guerrero fue a la cárcel en 2009. En Hospitalet, la Mara Salvatrucha llegó incluso a matar. En España, donde la tasa de homicidios es de 0.9 por cada 100 mil habitantes, casi cada muerte es una alerta que se comenta en las mesas familiares, que asalta los noticieros y que obliga a decisiones en los cuerpos policiales.

En 2010 Cataluña fue catalogada como la región más peligrosa del país con una tasa de 1.27 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de El Salvador, ese año, fue 60 veces mayor.

***

Hay dos versiones de por qué Tommy llevaba un cuchillo de cocina al salir de la estación de metro del Hospital Clinic la tarde del miércoles 1 de diciembre de 2010. El Guerrero asegura que acababa de comprarlo para su madre y volvía de hacer el recado cuando se encontró casualmente con King Yahá, el líder de los Latin Kings en la zona, su enemigo, y tras un intercambio de insultos decidió acuchillarle. Debían ser las 6 y media. Las cámaras de vigilancia del metro de Barcelona registraron el inicio de la discusión en el recibidor de la estación y cómo los dos, y un tercer Latin King, salían a la calle. Minutos después King Yahá, Luis Diego Fernández, un pandillero peruano de 17 años, se estaba desangrando a las puertas del cercano hospital, con una profundísima herida en el vientre. Al día siguiente, cuando los periódicos dieron la noticia de la muerte, enfatizaron que la víctima tenía antecedentes penales. “Las bandas latinas llevan su rastro mortal al Eixample”, tituló La Vanguardia el viernes.

El hermano menor del Guerrero, Control, le inyecta grandeza al crimen y dice que la clica entera se la tenía jurada a King Yahá. “Siempre nos jodía, y jodemos a quien nos jode”, sentencia. Dice que era cuestión de días que alguien ejecutara la decisión de asesinarlo. Por eso supone que Tommy fue armado y consciente a buscar a King Yahá. Como si fuera poco honroso que Tommy, a sus 14 años, le hiciera los recados a su madre. Como si una muerte planeada y ejecutada en frío con una herramienta de carnicero engrandeciera a Tommy, que a sus 14 años ya era el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha.

Tommy es ecuatoriano, fibroso y muy alto para su edad, casi metro ochenta de estatura. También es un chico listo. Sus camaradas dicen que siempre fue mente y tomaba las decisiones adecuadas. Por eso les marcaba el paso a chicos mucho mayores que él. Anochecía el 1 de diciembre de 2010 cuando el Guerrero, que acompañaba a su novia a casa, se lo encontró en la calle.

—Tuve un problema con King Yahá, pero ya está solucionado —dice el Guerrero que le dijo sin más detalle. Parecía agitado. Se despidieron.

Al cabo de un rato volvió a encontrárselo. Esta vez huía. Los compañeros de Fernández habían desatado una cacería en busca de venganza. El Guerrero le propuso llevarlo a un lugar seguro pero Tommy prefirió correr hacia su casa, peligrosamente cerca del Clínic. No sabía que un grupo de Latin Kings ya había estado allí y le había advertido a su madre que rezara por que la Policía lo capturara antes que ellos. Cuando el palabrero de los Morritos se asomó a su calle obviamente le estaban esperando. Corrió y corrió con sus enemigos corriendo a sus espaldas y acabó por refugiarse en un bar y esconderse en el baño mientras gritaba desesperado que le querían matar, que alguien llamara a la Policía.

A Tommy se le debieron hacer largos los minutos de espera, escondido en el baño de aquel bar sitiado por Latin Kings decididos a terminarlo. Nunca ver el uniforme de los Mossos de Esquadra, confesar un homicidio y sentir las esposas fue tan alegre para un pandillero de la Mara Salvatrucha.

Un homicida de 14 años lo es por muy poco, por meses. La ley penal española considera no responsables de sus actos y por tanto inimputables a los menores de esa edad, y es especialmente cuidadosa en las medidas de castigo o reeducación que impone a delincuentes jóvenes. Tommy fue a la cárcel por el enorme impacto mediático que tuvo el caso en Cataluña pero, sobre todo, porque su vida corría peligro fuera de ella. “Para proteger su propia seguridad y vida”, justificó el juez que decretó su internamiento por seis meses en un centro para menores. Dos años después sigue encerrado. También sigue siendo, con 16 años, el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha. “Si él brinca, brincamos todos”, le declara lealtad Control, que tiene 17.

—El fuking estaba allí y él estaba cuchillo en mano, así que se defendió -le justifica el Guerrero.

A uno u otro lado del Atlántico, cuando hablas con pandilleros acerca de una muerte, se repite una paradoja sutil, íntima. Para ninguno es una opción reconocerse débil o admitir miedo; la muerte se encara de forma consciente, se administra desde el poder, se ejecuta como una habilidad. Se mata porque se puede y se quiere. Pero tambien, y ahí se abre una grieta, un respiradero, se mata porque se debe. En los relatos del que ha matado hay siempre un pero susurrado, una puerta en la pared del fondo, que da a otro cuarto donde se guarda una razón o una excusa. “Tenía que defenderme”, “Era él o yo”, “Así tenía que ser”, “Era inevitable”. Como si el pandillero quisiera preservar su alma y necesitara aclarar que no es un malvado puro, sino solo la más eficaz y valiente herramienta del destino.

***

Cuando en octubre de 2003 un grupo de Ñetas asesinó al joven colombiano Ronny Tapias en una parada de metro pensando que era un miembro de los Latin Kings y desató la primera alerta social sobre la presencia de pandillas latinas en Cataluña, los Mossos de Esquadra llevaban apenas unos meses lanzados a una búsqueda compulsiva de respuestas sobre un fenómeno, el de las pandillas de origen latinoamericano, que prometía darles trabajo. Su prioridad era, lo decían entonces y lo dicen ahora, comprender con el mayor detalle posible qué estaba pasando. Viajaron a Estados Unidos, enviaron a agentes a Centroamérica y a Ecuador, conformaron equipos de análisis, y diseñaron estrategias preventivas que involucraban a otros actores como centros escolares y de salud, asistentes sociales, organismos de justicia o centros penitenciarios, y que se basaban en la no simplificación del diagnóstico ni de las respuestas. En 2004, sus primeros estudios revelaron la existencia en Cataluña de alrededor de 400 simpatizantes de cuatro pandillas distintas: Latin Kings, Ñetas, Vatos Locos y Mara Salvatrucha. La cifra de miembros auténticos, vinculados de manera estable a su grupo, era sin embargo mucho menor: 70 personas.

Nueve años después las autoridades estiman que las pandillas que operan en Cataluña ya suman alrededor de 3500 miembros. Es evidente que el fenómeno pandilleril ha crecido, pero también lo es que no se ha desbordado. Los Mossos insisten en un dato que rompe el estereotipo del migrante pandillero: solo el 1% de los jóvenes que migran a Cataluña se integran a una pandilla. Y solo 20 de los 403 homicidios que se han cometido en los últimos cinco años en Cataluña están relacionados con miembros de pandillas, o fueron motivados por la pertenencia del autor o de la víctima a pandillas. “En 2003 pensábamos que en número de homicidios hoy día, en 2013, estaríamos mucho peor”, admite un agente que estudia el fenómeno de las pandillas desde entonces.

El detallado trabajo estadístico de las autoridades catalanas permite además dimensionar el escaso arraigo que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han logrado incluso en la región de España donde, según los cuerpos de seguridad, tienen mayor presencia. En la actualidad, los miembros de las dos pandillas en Cataluña apenas suman entre 100 y 300. Los integrantes de la MS-13 representan un 7.13% del total de pandilleros catalanes. Los del Barrio 18 son menos aún: un 3.24%.

Las cifras desafían a la propia historia de la MS-13. En Los Ángeles, en apenas diez años, durante la década de los 80, la recién nacida Mara Salvatrucha se convirtió en una pandilla Sureña, conocida por su brutalidad y capaz de disputar territorios y algunos mercados de drogas a pandillas históricas como Playboys o el Barrio 18. En El Salvador, en los 90, una década bastó para que dejara de ser un vínculo invisible entre algunos cientos de deportados y lograra como pandilla presencia en todo el país, control sobre municipios enteros e incluso conquistara por la fuerza, ante las autoridades, el privilegio simbólico de tener sus propias cárceles.

En Cataluña, sin embargo, el embrión de la Mara Salvatrucha que hace diez años quemaba las horas en el parque de La Pegaso sigue siendo un embrión aunque ocupe otros parques y haya cambiado a parte de sus miembros. La MS-13 no tiene control territorial en los barrios que habita ni ha evolucionado en sus actividades delincuenciales. Inoculado en una sociedad menos enferma que la centroamericana, el temido virus de la Mara Salvatrucha no se ha llegado a desarrollar. En las calles, la mera mención de la Mara no ha bastado para hacerla realidad.

Aunque cada cierto tiempo vuelve a a parecer la sombra de la alarma, actualmente a la Policía catalana le preocupan mucho más otras pandillas.

Por un lado, los Mossos de Esquadra diferencian entre aquellas pandillas que tienen vínculos o dependencia jerárquica directa de su país de origen, como los Latin Kings, y otras que se han creado y expandido pero son puramente miméticas. Ese es el caso de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Por otro, tanto los Mossos de Esquadra como la Policía Nacional han detectado que los Black Panther y Los Trinitarios están siguiendo un camino alterno al de los Latin Kings, los Ñetas o la misma MS-13: son más restrictivos en cuanto a la nacionalidad de sus integrantes o compartimentan la información dependiendo de si estos son o no dominicanos.

Según un portavoz oficial de los Mossos de Esquadra, todo indica que estas pandillas están tratando de pasar a otro estadio organizativo, con menos presencia en la calle pero más rentabilidad en sus negocios.

—Hay ciertos grupos que están dando un paso más, que muchas veces se caracteriza por dejar de lado el tema de las caídas y centrarse en obtener un beneficio económico.
—Buscan llamar menos la atención.
—Correcto. Black Panthers llama menos la atención. No es un grupo que dé problemas un fin de semana con peleas o incidentes en discotecas o zonas de ocio… Es un grupo más hermético y mucho menos numeroso que Latin Kings o Ñetas, pero que se ha estructurado para llevar a cabo actividades delictivas.
—¿Como mover kilos de droga?
—Los Trinitarios o los Black Panters no van a hacer un narcotráfico fuerte, es decir, no van a traer un contenedor de cocaína al puerto de Barcelona, pero pueden hacer un tráfico de drogas interesante, un goteo constante a través de países productores o adquiriendo la sustancia aquí: 2 o 3 kilos de cocaína en maletas, 4 o 5… Cantidades intermedias pero que en Cataluña son consideradas de notoria importancia. Después, los escalafones más bajos de la banda se ocupan del narcomenudeo en la plazas, en las calles.

El Detective coincide con la versión de sus superiores. Aclara que no quiere restar importancia a las pandillas pero asegura que se trata de un fenómeno controlado y presume de que no hay un solo homicidio cometido por la Mara Salvatrucha o por otra pandilla en Cataluña en la última década que no haya terminado con el autor en la cárcel o en un centro para menores.

—¿Quieres saber cuál es la realidad? —dice subiendo el tono de voz, para enfatizar sus ideas.— La realidad es que las clicas de la MS-13 aquí no forman todas una red entre ellas, y ninguna tiene contacto directo con la gente en El Salvador ni en Honduras.
—¿Tampoco la gente del Raval, los mayores?
—La clica del Raval sigue existiendo pero es pequeña. Y como son más mayores, son menos violentos.
—Pero los pandilleros más jóvenes siguen venerando al Crazy.
—Todos estos son grandes vendedores de humo. Mira, el chaval brasileño que está al frente de la MS-13 de Can Vidalet, en Esplugues, vive de una pelea de cuatro cuchilladas en la que participó cuando tenía 17 años. Y ahora tiene 25. En esto se basa el respeto de su gente.

Alex y el Crazy, que en 2007 se sentían llamados a ser los grandes nombres de la Mara Salvatrucha en Cataluña, están desde hace años en la cárcel, pero en los parques, los homeboys del Boixo, Topo, el Guerrero o Tommy no se resignan. Siguen soñando con un futuro dominio de la Salvatrucha y deslizan la idea de que están esperando a alguien pesado, a un homie de Centroamerica que va a parar el barrio de a de veras, pero suena a mito. En realidad, cuando le preguntas al Boixo si tiene él contacto con gente en El Salvador te responde que sí, que tiene a pandilleros centroamericanos como amigos en facebook. Topo recuerda que allá por 2008 el Crazy tenía el teléfono de gente en El Salvador, y que de vez en cuando hablaban con ellos:

—“Tal fecha viene tal a Tarragona”, nos decían. Cosas así.
—¿Y llegó esa persona?
—No… Parece que hubo un chivatazo, eso me dijeron.

Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas han advertido varias veces de supuestos planes de la Salvatrucha para enviar a representantes a España. Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman haber trasladado a los cuerpos de seguridad en Madrid al menos una alerta de este tipo en los últimos años, basada en una wila, una carta, interceptada a la salida de la cárcel de Ciudad Barrios, donde cumple pena la cúpula salvadoreña de la MS-13. En Barcelona, sin embargo, el Detective insiste en desmitificar la posible llegada de ese Mesías al que los mareros catalanes esperan para que cambie radicalmente el rumbo de la pandilla en España.

—Desde 2009 al menos lo estamos esperando también nosotros. No ha llegado nadie.

***

El Guerrero cuenta que iba muy drogado y muy borracho cuando acuchilló a aquel joven en la puerta de aquel instituto de Cornellá, algunos kilómetros al este de Pubilla Cases.

—En ese colegio estudian unos 18 y estábamos ilusionados por hacerles daño. Habíamos estado en el parque de San Ildefonso fumando y bebiendo, y fuimos. Nos pusimos a gritar cosas contra los 18, pero nadie decía nada. Al rato salieron unos Latin King y uno de nosotros le intentó robar a uno de ellos el teléfono y la pulsera…

El resto de su relato coincide con el que apareció en los periódicos. El hermano pequeño del joven Latin King salió en su defensa, y un compañero del Guerrero, otro ecuatoriano al que apodan Danger, le clavó un sacacorchos en el pecho. Sí, un sacacorchos.

—Y yo saqué una navaja, una mariposa, y le acuchillé en un lado.
—¿Porque era Latin King?
—A saber. Yo al boliviano no lo conocía para nada.

El boliviano es el chico de 14 años al que acuchilló y que salvó la vida de milagro. El Guerrero cuenta aquello sin orgullo. Parece cansado de repetirlo o de recordarlo. Ha pasado casi tres años en la cárcel por aquello y dice que eso le pesa. Le condenaron a dos de encierro y cinco de libertad vigilada por tentativa de homicidio, pero una vez en prisión le fueron saliendo clavos anteriores, robos, reyertas, y la condena se fue alargando.

Salió hace solo tres meses de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins, el único centro penal que hay en Cataluña para internos de entre 18 y 25 años. En España hay un nivel intermedio entre los centros para menores y las cárceles para adultos. Si cometes un delito, por grave que sea, y tienes entre 18 y 25 el Estado considera que tienes más posibilidades de reformarte y reinsertarte que si eres mayor aún, y te procura un sistema de atención psicológica y educativa focalizado. En estos momentos el 80% de internos de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins son extranjeros. En el formulario de registro que se usa para entrevistar a los nuevos reclusos, la tercera pregunta, después del nombre y la edad, es “¿Cuánto tiempo llevas en España?”

Al regresar a Pubilla Cases el Guerrero se ha encontrado con una clica de cerca de 20 miembros que se reúnen los fines de semana a beber y fumar hachís o consumir pasta base —bazuco— en un parque. Aquel fuerte impulso de los primeros años de los Morritos Locos Salvatrucha no derivó en una epidemia de brincos ni cambió el mapa de las calles de Hospitalet. “Es que en un colegio le aparece uno de las maras a un niño y el niño se pone a llorar”, dice un oficial de la Policía Nacional que trabaja en Cataluña. “No es como los Latin Kings, que venden una historia muy bonita de defensa de la identidad latina, y que él se lo va a creer y se lo van a llevar. Las maras tienen muy limitado el tema de la adscripción.”

Los últimos han sido años difíciles para los MLS, asumiendo que una clica de la Mara Salvatrucha en España haya habido alguna etapa fácil. Sus principales líderes están en la cárcel, y las deportaciones, la crisis económica que ha forzado a familias enteras a regresar a su país de origen en busca de trabajo, y otras que mandaron a sus hijos de vuelta a Centro y Suramérica para que no se siguieran metiendo en líos, estuvieron a punto de hacer desaparecer la clica. Hubo además problemas internos. El Guerrero dice que hay muchos traidores, y que los hay también que andan rifando MS-13 “más por la droga que por la Mara”.

Los Morritos dejaron incluso de reunirse unos meses, pero la amenaza de otras pandillas que los supieron divividos les hizo reactivarse, por seguridad. Ser de la MS-13 en Cataluña es un dilema: jugar a la ley del más fuerte no es tan interesante como parecía cuando descubres que tú eres el débil.

—Al principio todo era muy leal, muy unido. ¡No podíamos ni hablar con gente de otras bandas! Todo era unión. Pero luego se fue viendo la doble cara de la gente —dice el Guerrero.
—¿A qué te refieres?
—Que tuvimos problemas con los mayores.
—¿Qué problemas?
—Una vez tuvimos problemas con los Blood pequeños, que se llaman Pride Juniors, y les arrinconamos, pero cuando ya los teníamos llegaron los mayores de ellos, y nosotros llamamos a los nuestros y no llegaron.
—Os dejaron valiendo…
—Nos regalaron. Eso nos enfadó y nos dejamos de ajuntar un tiempo, cada uno por su lado.

A la mayoría de aquellos rudos y veteranos pandilleros que le hicieron soñar con replicar en España la grandeza de la MS-13 en Centroamérica no los ha vuelto a ver.

El Guerrero está pensando en colgar las armas. Sabe que ahora que es mayor de edad las condenas que le pueden tocar por un robo o un navajazo son más fuertes. Además, está recibiendo un subsidio que el Estado concede a quienes salen de la cárcel mientras consiguen un trabajo. Alrededor de 400 euros al mes durante un año y medio. En España, alguien pensó que no es fácil que te empleen si dices que acabas de salir de prisión, y que si un delincuente que cumplió su pena no tiene de dónde vivir es probable que vuelva a delinquir. Por eso el Guerrero recibe un pago que es tres veces el salario mínimo en El Salvador, a cambio de asistir a cursos de formación profesional. Está aprendiendo cocina. Todas las mañanas se pone un mandil y empaniza, fríe, sazona, emplata.

—¿Va a ser un problema calmarse? ¿Te dejará hacerlo tu clica?
—Yo he dado mucho por la Mara y hay otros que solo esperan que dés por ellos, pero los que llevan más tiempo saben cómo era yo antes y que después de mucho tiempo encerrado uno tiene otra mente. Ya hablé con ellos. —Parece que el cansancio se le carga al Guerrero hasta en la forma de hablar y me insinúa que quiere terminar la conversación cuanto antes.
—¿Y qué vas a hacer?
—Voy a estar calmado, a lo mío. No puedo andar con otras bandas, pero sí puedo estar yo solo, con mi novia, a mis cosas.

De la Mara Salvatrucha en Barcelona se puede salir. Los mareros que se asustan, los que se emparejan y consiguen trabajo, los que se cansan de correr, lo dejan y ya. Se avisa al grupo, no se le da la espalda, pero nadie te cobra esa carísima membresía que en Los Ángeles o El Salvador la mayoría de homeboys paga durante la vida entera o con su equivalente, la muerte.

No todas las pandillas en España tienen una puerta de salida tan ancha. Ha habido casos de pandilleros muertos por querer alejarse de los Black Panthers, y de palizas a presuntos traidores, pero normalmente están vinculadas a cambios de grupo, a flirteos con el enemigo. En noviembre de 2012, Los Trinitarios marcaron a cuchillo una enorme equis en la espalda a un antiguo miembro suyo. En los pasillos carcelarios de Cataluña se dice que fue porque se había brincado a la Mara Salvatrucha.

Las pandillas, las bandas, los grupos criminales, coinciden en una lógica invariable: levantan más complejos códigos de lealtad, ejercen más violencia hacia sus filas y más control de salida, en la medida en que tienen más y más oscuros secretos que guardar. En las paredes del Raval, de Pubilla Cases, de Can Vidalet, de Vilapiscinas y de otros barrios en los que tiene presencia, la Mara Salvatrucha no ha grafiteado todavía la ley del ver, oir y callar. La Mara, en Barcelona, no guarda secretos lo suficientemente oscuros.

***

La incesante musiquita de la máquina tragamonedas hace que este bar de Hospitalet parezca más alegre de lo que es. Control, el hermano del Guerrero, ha pedido un jugo de naranja y me mira desconfiado, altivo, como si fuera el cancerbero de una puerta que lleva al mundo secreto de la pandilla. Su hermano no quería que entrara a la Mara, pero en los últimos tres años no ha estado ahí para impedirlo y ahora Control tiene todas las ganas que a él le faltan de crecer en el grupo.

Vive con su padre, que es, dice, paleta —albañil—. A él le pide, cuando no ha podido hacer algún pequeño hurto, los dos euros semanales que todo miembro de la clica debe aportar para un fondo común. Dice que con eso compran drogas y armas, aunque no es probable que 40 euros semanales les alcance para demasiado. Decido provocarle:

—Otros grupos dicen que la Mara no tiene la calle, que sois pequeños.
—Ya… —es evidente que se ha incomodado. El gesto se le ha arrugado.— A nosotros nos vale verga. Ellos no saben nada de nosotros y nosotros no queremos saber nada de ellos, ni lo que opinan ni nada… Ellos no saben lo que vamos a hacer.
—¿Y cuál es vuestro objetivo como pandilla?
—Ser una sola banda en Barcelona, que quedemos solo nosotros. Aunque haya otros hijos de puta por ahí sueltos, como pandilla que estemos solos.
—Eso parece imposible.
—La gente solita está dando piso, y se exponen a que les demos verga. Les vamos a dar duro siempre. Que corra sangre…
—¿Qué significa que corra sangre?
—Que los partamos. En una misión, por ejemplo.
—¿Ya has pensado alguna vez en en matar a alguien?
—Sí… pero a mí me gusta hacer las cosas cuando estoy jalado, fumado.

Control se siente rudo. Es evidente que tiene cierta escuela centroamericana: llama “chavalas” a sus enemigos, cualquiera que sea su pandilla, y “diecihoyo” a la dieciocho, como hacen muchos mareros en El Salvador o Guatemala. Tiene un tatuaje grande en el brazo izquierdo. Un enorme dibujo de un animal que camufla un 1 y un 3 que se hizo hace un par de años. También tiene tatuados los tres puntos que simbolizan, explica, la vida loca. Control se siente fuerte. Asegura que si el Crazy estuviera en la calle en vez de en la cárcel, él sería ahora su mano derecha.

Es tarde. Le espera su padre en casa para cenar. Después de despedirse, sonríe y me hace un último comentario con el tono de quien regala una primicia:

—Mañana hemos quedado para ajustar cuentas a un chavala.

Cuando se ha marchado, el educador de centro de menores que me lo ha presentado, que ha permanecido en silencio durante la charla, me dice: “Conmigo no se hace tanto el duro”. En realidad, pienso, Control no ha logrado representar del todo el papel de maldito, de pandillero dispuesto a todo. Hace unos minutos, después de hablar del futuro de la Mara Salvatrucha, le pregunté cuál es su objetivo en la vida, cómo se imagina a sí mismo dentro cinco años

—Seguiré con la Mara.
—Pero, ¿qué quieres haber logrado en cinco años?

Y aquí el pandillero que acababa de hablar de sus planes para asesinar y aniquilar a sus enemigos pensó unos segundos y lanzó un deseo:

—Traerme a mi abuela. Está en Guayaquil, en Ecuador.

I. El fin de la primavera de Claudia Paz.

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves. La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11. Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo.
—¿Y qué le respondieron ustedes?
—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

Se trataba de un movimiento defensivo. Aunque Paz y Paz pensaba que el pulso por la duración de su mandato estaba resuelto, sabía que vendrían otras acometidas. Con el traslado de Aguilar pretendía sembrar en otras instituciones la experiencia de sus tres años de gestión encarnada en su equipo, una decena de jóvenes abogados penalistas y de Derechos Humanos con los que trabaja desde hace más de una década. El mayor de ellos tiene 50 años. Los hay, como Aguilar, que apenas superan los 30.

Díaz tiene 29. Tiene maneras de estudiante aventajado. Le gusta hablar rápido, tiene un humor cortante y la risa ácida, de sarcasmo destilado. Justo después de la reunión tenía un almuerzo con dos periodistas de Plaza Pública. Con ellos estaba cuando recibió la llamada: la CC había acortado el periodo de la Fiscal.

—En diciembre se juntaron un grupo de abogados de Zona 10 con Pérez Aguilera, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, y él ya les anticipó que Paz y Paz se iba en mayo —dice—. Nosotros sabíamos eso…Y aun así llevábamos una semana como cantando victoria. Ellos nos engañaron, lo hicieron bien, no les vamos a quitar el mérito.

***

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. Lo dice, con esas palabras exactas, uno de los hombres que más influyó en él para que lo hiciera: Carlos Menocal, un experiodista que en aquel momento era ministro de Gobernación.

Corpulento, saco informal, mochila al hombro, barba cuidada y lentes de diseño, Menocal duda si pedir o no un café. Transmite siempre la idea de tener prisa, de estar extremadamente ocupado y a punto de irse, pero da detalles y explicaciones por casi una hora, como si que se sepa lo que sucedió hace cuatro años fuera parte de su trabajo. En eso, el Carlos Menocal periodista se impone al político.

—Álvaro Colom estaba un poco acomplejado porque en su gobierno no avanzaba el sistema de justicia transicional —dice.— El nombramiento de Claudia Paz, experta en Derechos Humanos, caía como anillo al dedo.
—¿Poner a Paz y Paz fue entonces una batalla personal de Colom para hacer justicia a las víctimas de la guerra?
—Digamos que una batalla personal y de algunos de quienes éramos sus colaboradores.

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie. El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social. La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

En 2009 arrancó una pequeña revolución en el sistema de justicia para evitar que Guatemala se convirtiera en un Estado fallido. La CICIG, creada en 2006 para ser bastón internacional de un país cojo, comenzó a desnudar el aparataje paralelo ilegal que operaba dentro del Estado, y tanto su presión como la cooperación extranjera lograron dotar a la Fiscalía de nuevas herramientas legales y científicas de investigación como escuchas telefónicas y laboratorios de balística. Además, la paulatina aparición de nuevos grupos de poder económico ajenos a las familias tradicionales alteró el mapa de influencia en el poder judicial y permitió que la Corte de Constitucionalidad levantara el secreto de documentos militares y resolviera que la desaparición, un crimen habitual durante la reciente guerra civil, no prescribía por ser de carácter permanente. Incluso en la Policía, considerada un irrecuperable foco de corrupción, los gobiernos de España y Estados Unidos patrocinaron y formaron pequeños grupos de agentes jóvenes especializados en la persecución de homicidios y extorsiones.

Pero no bastó. Para marzo de 2010, Colom se había visto forzado a destituir, por corrupción, a tres ministros de Gobernación consecutivos y a dos directores generales de la Policía en solo dos años. Su gobierno había estado a punto de enfrentar un golpe de Estado en 2009 y navegaba con dificultad en medio de pulsos de poder en los que resultaba difícil distinguir las ambiciones puramente políticas de las que tenían raíces criminales. Pese a los avances aislados, el mágico país al que millones de turistas llegaban cada año en busca de ruinas mayas era una ruina en sí mismo.

La convulsión final vendría en junio de 2010: el Comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana, renunció públicamente a su cargo alegando que una semana antes Colom había elegido como Fiscal General a un corrupto pese a saber, por informes que él mismo le había dado, que tenía vínculos con el narcotráfico. El fiscal bajo sospecha, Conrado Reyes, fue forzado a renunciar y se inició un nuevo proceso de selección. Por eso Colom pudo elegir en diciembre a Claudia Paz y Paz.

Cuando le pregunto a Menocal cómo explica que el mismo Álvaro Colom que eligió como Fiscal a Paz y Paz hubiera elegido meses antes a Reyes, le renace el político y trata de lavar las manos del presidente:

—Colom escucha mucho. Fue una decisión demasiado democrática —dice.— Escuchó a muchos sectores y especialmente a su partido.
—Y todo el mundo dice que en diciembre le escuchó a usted.
—Y a otros funcionarios cercanos. Pese a las presiones de su partido, empresariales y dentro de su mismo gobierno, en diciembre tomó la decisión más acertada para el país, no para su partido, ni siquiera para él.

Los miembros de la comisión de preselección del nuevo Fiscal incluyeron a Paz y Paz en la lista final de seis aspirantes para que su perfil académico y progresista adecentara el proceso de cara a la opinión pública, en un momento en el que la legitimidad del sistema político flotaba en las cloacas. Daban por hecho que el presidente no sería tan estrafalario como para seleccionar a una abogada de ideas provocadoras, dedicada por años al esclarecimiento de los crímenes de la guerra y sin amigos ni deudas en la política. Se equivocaron. A las 12 del mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, Colom le dijo a Menocal que se preparara, que Paz y Paz sería nombrada a las seis de la tarde y él sería el único miembro del gabinete presente. También pidió que se enviara invitaciones urgentes al resto de poderes del Estado y a las delegaciones diplomáticas.

Al evento solo llegaron seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos. La Fiscal que en los siguientes años revolucionaría el Ministerio Público tomó juramento en una ceremonia exprés en un salón pequeño, lejos de los boatos con que se solía investir a sus predecesores. Colom tenía que salir de viaje al día siguiente y quería dejar instalada a la fiscal general. Temía que, si esperaba, en su ausencia pudieran fortalecerse y contraatacar quienes se oponían a ese nombramiento.

En esas precarias circunstancias, era de esperar que el respaldo político de Colom no le sirviera de mucho a Paz y Paz una vez en el cargo. Con evidente intención de obstaculizar su trabajo, el Congreso pasó los siguientes cuatro años sin nombrar al Consejo Asesor del MP, que debe autorizar decisiones administrativas como los despidos. Aunque agitó el MP por dentro e intentó una depuración interna, Paz y Paz no pudo despedir a ninguno de los 286 fiscales y empleados del MP a los que destituyó por corruptos o inútiles durante su gestión. Cuando ella dejó el cargo muchos seguían cobrando su salario a pesar de estar fuera de servicio.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

—¿Qué logran los sectores privados que se opusieron a Claudia Paz y Paz con su salida adelantada? —le pregunto a Menocal.
—Disipan el fantasma de una cacería de brujas en torno al concepto genocidio. El sector poderoso del país piensa que si fue procesado Ríos Montt, el general de generales, el gendarme de la oligarquía, puede caer cualquiera. Se abrió la puerta. Se abrió el dique, y el agua te puede arrastrar. Por eso el primer objetivo es que el tema del genocidio no avance. Mirá, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, por poco que sea, levanta olas. Yo creo que Colom jamás midió las dimensiones políticas de nombrar a Claudia Paz y Paz.
—¿No sabía la que estaba liando?
Exacto. Él que en su gobierno se hizo cientos de miles de peticiones de perdón por crímenes durante la guerra, que llegó a pedir perdón en nombre del Estado por el asesinato de su propio tío a manos del Ejército en el 79, no vio las olas que iba a generar.

***

La jueza Yassmin Barrios hasta para ir a comprar flores se sube a una patrulla policial. Va al supermercado en un pickup con sirenas y rodeada de los agentes de policía que la protegen desde que hace diez años, el día antes a que iniciara el juicio por el asesinato del obispo Juan Gerardi, alguien arrojó una granada de fragmentación al patio de su casa. El año pasado recibió de nuevo amenazas de muerte y el sistema judicial le asignó un vehículo blindado, pero ella solo lo usa dos veces al día: para ir y regresar de la torre de tribunales. Nada más. Dice que el vehículo no es suyo y gasta mucha gasolina. “Uno debe ser austero, no abusar de las cosas”, argumenta con lógica maternal. Yassmín Barrios, la jueza que en mayo de 2013 condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, trata de reducir lo más complejo a lógicas simples. Y no tiene vehículo propio.

Su casa es pequeña, objetivamente pequeña. Minúscula al lado de su renombre. Nos ha recibido ella misma en el portón que da a la calle, bajo la mirada incómoda de sus escoltas, resignados a las formas sencillas de la jueza. Viste como lo haría, probablemente, cualquiera de sus vecinas, con una falda a cuadros y un suéter azul ajenos a modas. La jueza apenas se permite la vanidad de pedir que la dejemos ir a maquillarse, cuando descubre que en la entrevista habrá un fotógrafo. Regresa con el rostro lavado, los labios rojos y la línea de los ojos pintada rutinariamente de negro. Hasta la vanidad de Yassmín Barrios renuncia a la grandeza.

—¿Es difícil ser jueza en Guatemala?
—Sí, definitivamente sí lo es. No por los casos que se juzgan sino por el contexto que nos rodea.
—¿Qué contexto?
—La situación de violencia que impera, y la inseguridad para los juzgadores.
—¿Cree que hay jueces que se excusan de conocer ciertos casos por miedo?
—No puedo contestar lo que es referente a otras personas. Eso lo contestarían ellos. Cada quién sabrá por qué se excusa. Lo que sí puedo decirles es que las excusas solo se pueden plantear cuando existe un motivo. No hay por qué excusarse. Uno está obligado a cumplir con su deber.
—Pero por ejemplo, un motivo podría ser que le lancen dos granadas en el patio de casa, como le ocurrió a usted.
—Eso fue una noche antes, el debate era al día siguiente. Y me presenté a trabajar.
—¿Qué la mueve a usted a seguir adelante en unos casos que son tan complicados?
—Simplemente soy juez. Cuando empecé a trabajar hice un juramento. Esto es parte del ser juez.

Antes de que la salida de Claudia Paz y Paz de su cargo redibujara el mapa de la Justicia en Guatemala, la idea original de este texto era perfilar al puñado de personas que en los últimos años parecían haber arrebatado el país de los brazos del crimen organizado y los pactos de impunidad. Un puñado de intocables. Mandos medios policiales, fiscales de carrera, mujeres de la proyección internacional de Paz y Paz o Barrios. Una casta de equilibristas que en un entorno político minado y trabajando en instituciones altamente contaminadas asentaban precedentes impensables en países vecinos como El Salvador u Honduras, incapaces de juzgar al 95% de sus criminales de hoy y ni a uno solo de los violadores de Derechos Humanos del pasado.

Durante las ocho semanas que duró el juicio contra Ríos Montt, Barrios fue una pequeña David de pelo rizado que se batía contra la historia, las estridencias de los abogados defensores y el Goliat invisible de la presión política y mediática. Los querellantes intentaron maniobrar con cuidado para no incendiar el país, mientras los partidarios de Ríos Montt y las cúpulas empresariales acusaban a Paz y Paz y a Barrios de resquebrajar Guatemala y poner en riesgo los acuerdos de paz. La derecha guatemalteca cerró filas, restableció lazos con influyentes militares retirados y olvidó sus diferencias por un fin común. Hubo varios intentos legales de detener las audiencias y en todo momento se temió que una zancadilla política truncara el proceso.

Sabedora de que caminaba por un puente estrecho, la Fiscalía llegó a retirar testigos a última hora para no incriminar al presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante en el terreno durante las masacres de aquellos años, y así evitarle la tentación de intervenir en secreto para detener el juicio.

En una breve encuesta hecha por la universidad Rafael Landívar aquellos días, un 72% de los entrevistados dio por hecho que el proceso no llegaría a su final o el exdictador sería declarado inocente sin tomar en cuenta las pruebas en su contra. Otro estudio de la misma universidad apuntó que el 61% de los columnistas de los principales periódicos del país respaldaron el juicio en sus artículos, pero la sensación de la jueza Barrios era, lo afirma ella, de cerco mediático.

Tal vez sea que las élites guatemaltecas ni siquiera necesitan generar mayorías para vencer balanzas. A medida que el juicio avanzaba se acrecentó la sensación de que su voz penetraba en las carnes del proceso. Puede que fuera un resorte anidado en la conciencia colectiva del resto del país, que reaccionó a la voz de sus viejos amos como el hipnotizado que revive recuerdos al escuchar una palabra clave o una melodía determinada.

Aun así, marzo y abril de 2013 fueron meses de esperanza para quienes llevaban décadas pidiendo reformas en la justicia guatemalteca. En menos de una década se había pasado de los ajusticiamientos trogloditas a manos de la Policía a investigar y llevar a juicio tanto a delincuentes comunes como a exdictadores que en nombre de las ideas fueron tan asesinos como los gatilleros de Berger. Si a eso le añadimos que desde 2010 el país experimentó un lento pero constante descenso en la cifra de homicidios, Guatemala vivía una primavera de la Justicia.

Pero desde que el 10 de mayo de 2013 Barrios condenó a Ríos Montt se comenzaron a encadenar mensajes de retroceso. Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Primero fue la rápida anulación del juicio, solo diez días después de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad, controlada, según fuentes tanto de izquierda como de derecha, por la cúpula empresarial tradicional y en menor medida por el Ejecutivo de turno, alegó defectos de forma para ordenar que el juicio completo se repita. En teoría debe celebrarse en enero de 2015. Después vino la arremetida contra Claudia Paz que terminó en su salida adelantada del cargo.

En medio, el Colegio de Abogados de Guatemala intentó suspender en su cargo a Yassmín Barrios, por supuestas faltas éticas en el trato a un abogado defensor durante el juicio. Su sanción nunca llegó a aplicarse y terminó siendo desestimada por la CC, pero una mancha negra cayó sobre quienes habían intentado juzgar al exdictador.

Es como si alguien estuviera cerrando por decreto la primavera.

—¿Se siente parte de un pulso entre dos Guatemalas? —le preguntamos a Barrios.
—¿Por qué me pregunta esto?
—Porque hay claramente dos Guatemalas, como mínimo. Una que quería que el juicio a Ríos Montt llegara a término y otra que no quería que se completara. Hay una parte de Guatemala que se identifica con usted, y otra que la denuncia y presiona.
—Soy una mujer que cree en la justicia, nada más. Soy abogada. Creo en la justicia. Así de fácil. Sin mucha confusión.
—Lo cuenta usted como si fuera sencillo.
—Lo es. Soy una mujer. Soy una abogada. Creo en la justicia. Así de directo y concreto.

Las respuestas de la jueza son de una sobriedad frustrante para cualquier entrevistador. Todo intento por conseguir que se pronuncie sobre el contexto del juicio o sobre la política guatemalteca es inútil. Se niega a responder las preguntas acerca del impacto del juicio en la sociedad o del grado de independencia que hay en la Justicia guatemalteca. Ni siquiera entra a valorar si Guatemala es racista 30 años después del genocidio.

Por momentos se comporta como si estuviéramos en su sala de audiencias y ella estuviera presidiendo. Responde desde su sofá con la espalda estirada y las manos en el regazo, casi inmóvil, con una sonrisa perpetua, y pide en cuatro ocasiones que se reformule alguna pregunta porque no comparte su premisa o porque el asunto excede sus competencias como jueza. Tiendo a pensar que es tan prudente porque sabe que cualquier palabra suya puede ser usada en su contra por sus adversarios.

Pero existe otra posibilidad. Una más probable. Yassmín Barrios es tan pulcra al conducirse y obrar, tan de libro, que como periodista te desafía a buscarle grietas, defectos, lados oscuros. En su caso no los encuentras. Puede que no se trate de una mujer prudente por miedo a sus enemigos, sino de que solo alguien de carácter tan discreto y comedido como el de Yasmín Barrios haya podido sobrevivir más de una década en primera línea de un sistema de Justicia acorralado por intereses económicos, políticos y de grupo.

—Un nuevo juicio a Ríos Montt, ¿qué significa para la Justicia?
—Puedo hablar de lo que nos correspondió a nosotros jueces —se mide, de nuevo, Barrios—. Nuestra sentencia, porque somos los tres jueces del tribunal quienes la dictamos, constituye un avance. No solo la realización del debate sino llegar a la sentencia. Hay valoración de testigos, de peritajes, de documentos, y hay responsabilidad del acusado por delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Constituye un avance no solo para Guatemala sino para América Latina y para el mundo entero.
—Existe otra lectura: sentar a un exjefe de Estado para juzgarlo por genocidio sin duda es un avance, pero por otro lado las reacciones fuera del tribunal y el resultado final, de nulidad de la sentencia…
—Le aclaro que no se anuló la sentencia. Se anuló el proceso. Son cosas diferentes. La Corte no anuló el análisis que efectuamos. No señaló ningún defecto en la sentencia, no entró a estudiarla, y eso es muy importante.
—O sea, que…
—Es un caso sui generis. No hay un antecedente de esa naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico penal.
—¿Y usted cree que la anulación fue contra el ordenamiento jurídico?
—Creo que lo más importante es lo que los demás piensen.

“Lo que los demás piensen” es un concepto confuso. Cuando la CC anuló el juicio contra Ríos Montt hubo organismos internacionales que lo consideraron una aberración jurídica. Organizaciones de sociedad civil denunciaron el carácter político de la decisión tomada. Y el entonces comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anesse dijo en público tres meses después que se trataba de una “anulación ilegal”.

En el otro extremo reaccionaron, cabía esperarlo, los representantes del CACIF, la organización que históricamente ha concentrado a la cúpula empresarial del país. Ellos mismos habían pedido la nulidad del juicio, y acusaron al comisionado Dall’Anesse de vulnerar la Constitución guatemalteca al desafiar una decisión judicial. A ese punto, el costarricense le quedaba solo un mes en el cargo y ya estaba, por tanto, fuera de la partida. Un comunicado de la CICIG durante el juicio, denunciando la campaña mediática de presión para que Ríos Montt fuera declarado inocente, lo enfrentó con el gobierno de Pérez Molina, que se quejó por vía diplomática ante la ONU y forzó su salida del cargo. Tomar postura contra Ríos Montt en el juicio por genocidio te granjea enemigos poderosos en Guatemala.

***

Yassmín Barrios y Pablo Xitumul durante el juicio contra Rios Montt. Foto Plaza Pública/Sandra Sebastián

El magistrado Pablo Xitumul, que junto a Patricia Bustamante y Yassmín Barrios conformó el tribunal que condenó a Ríos Montt, asegura que no recibió presiones o amenazas directas durante el proceso, pero dice que su teléfono estaba intervenido y no olvida que uno de los abogados defensores del militar le gritó en plena sala de audiencias: “no voy a descansar hasta verlo tras las rejas”. En otro caso, esas palabras no hubieran significado demasiado. En este resultaba tan difícil medir su alcance que el juez las recuerda un año después de que todo acabara.

—Aquellos días, frente a mi residencia pasaban patrullas militares por la vía, porque yo vivo a la orilla de la carretera. Ahí estuvieron durante todo el juicio. Yo al inicio dije “qué bueno, están prestando seguridad”, pero 8 o 15 días después de terminar el juicio se fueron y hasta ahora no han vuelto. ¿Será una coincidencia?
—¿Usted cree que lo era?

Xitumul, originario de una pequeña aldea indígena en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, calla un instante, sonríe y achina un poco más, si eso es posible, sus ojos rasgados.

—Y la otra: que la Policía Nacional Civil retuviera en esos días como en cinco oportunidades a mi hijo mayor, que trabaja en una cadena de restaurantes y a veces regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Justo llegando a la casa lo paraban, le bajaban de la moto y le pedían su identidad. ¿Será una coincidencia o casualidad? Yo creo que no.

Pablo Xitumul acaba de salir de audiencia y me recibe en su despacho, en el que se hacinan un escritorio, tres sillas y un sofá que apenas dejan espacio para caminar. Junto a Barrios y Bustamante acaba de condenar a una veintena de años de cárcel a seis hombres que formaban una banda de secuestradores. Como sucedió en el juicio por genocidio, él no ha abierto la boca en todo el proceso. Se ha mantenido tieso y callado en su silla, deliberando entre susurros con sus compañeras alguna que otra vez, pero sin hacer pública su voz. Me atrevo a decir que en Guatemala poca gente la ha escuchado. Para la mayoría, el Juzgado A de Mayor Riesgo tiene un solo rostro: el de Yassmín, centro de todas las miradas y ataques —a su peinado, a sus gestos, a su supuesta ideología— de quienes querían que Ríos Montt fuera declarado inocente.

—Ellos tenían objetivos específicos. El primero era desintegrar el tribunal. ¿Y cómo se desintegra el tribunal? Cambiando a la presidencia. Cualquiera de nosotros que estuviera en la presidencia hubiera sido atacado. Hubieran buscado la manera —dice Xitumul.
—¿Y por qué cree que eran esos ataques?
—Por el tipo de juicio, el tipo de personaje a juzgar y también el tema subyacente, que es el conflicto armado.
—Pero se ha juzgado otros casos de crímenes de guerra, sin este revuelo.
—Esta vez el objetivo inicial era no permitir que fueran llevados a juicio estos personajes, pero no por el personaje en sí, sino porque en Guatemala y en otros países se ponen de acuerdo la cúpula militar, empresarial y política. Ellos temían que el juzgamiento de un individuo de estos produjera un efecto dominó hasta llegar a los empresarios.
—Parece que ese es el punto clave: los empresarios.
—Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. No lograron evitar el inicio del debate, y entonces la consigna era parar el juicio: a la cuarta parte, a la mitad, casi al final… Pero tampoco. Entonces hicieron lo que pudieron hacer.

A estas alturas es evidente que el hombre callado del tribunal es, en privado, mucho menos reservado con sus opiniones que Yassmín Barrios. Pablo Xitumul tiene algo de desprendido en su manera de hablar. Como si lo que le pudieran arrebatar no importara, como si ya estuviera de vuelta de todo. Será porque su padre desapareció en 1982, cuando él tenía siete años, y desde entonces le ha tocado encarar poderes. Cuenta cómo, tres meses después de la desaparición, fue con su madre a la presa Chixoy, en cuya construcción trabajaba su padre, para reclamar sus salarios pendientes. Les pidieron un acta de defunción. Les sugirieron que investigara todos los cadáveres encontrados en esos meses en la carretera de Guatemala a Cobán. Él dice que se plantó, que argumentó, que consiguió que le dieran a su madre “un chequecito”.

No es que sea un justiciero: cuando años después decidió estudiar derecho lo hizo por eliminación. Ya antes había tenido que interrumpir sus estudios por falta de dinero y no quería volver a hacerlo. La de Derecho era la única carrera cuyos horarios le permitían continuar trabajando para pagarse la universidad. En eso, Xitumul se parece a Barrios: tiene una mirada y un juicio eminentemente prácticos.

—¿Oiga, la justicia en Guatemala está sometida a un pulso político?
—Bastante. Bastante. Bastante. La carrera judicial inicia en el juez de paz y llega a juez de instancia, donde estamos nosotros. Todos pasamos por un proceso de selección, evaluación y nos nombran para un periodo de cinco años. ¿Pero qué pasa con los magistrados de Corte, de sala de apelaciones, de Corte de Constitucionalidad?
—No sé. Dígamelo usted.
—Pues que vienen de afuera, sin haber sido jueces muchos de ellos, pero apadrinados por partidos políticos o grupos empresariales. Y todo eso hace que se comprometa su actuar. Ha habido muchas personas que por compadrazgos, por conectes, llegaron a una magistratura. Siempre hay grupos que van a luchar por llegar ahí. Por eso para mí no hay una garantía de que realmente se administre justicia.
—Pinta usted un escenario oscuro. Es pesimista.
—Solo le soy honesto. Mire, yo vivo en Guatemala, y he visto que nada más tomar posesión la Corte Suprema ya los magistrados se reunían en desayunos, almuerzos, pláticas, charlas, con grandes grupos económicos. Yo, como juez, no podría ir a sentarme con ellos. Yo me dedico a mi trabajo y no quiero comprometer mi forma de resolver. Tengo para comer, tengo para lo básico. Muchos quisieran abarcar más y vivir en lujos, por eso se olvidan de la Justicia.

Las palabras de Xitumul se podrían atribuir a la decepción. En 2009, lo admite, él también participó como candidato a magistrado de sala de apelaciones. Pensó que no tenía perfil suficiente para optar a la Corte Suprema, pero sí los méritos académicos y la experiencia para integrar un ente, el de apelaciones, más técnico. En la fase de preselección le adjudicaron 46 puntos sobre 100 y no le incluyeron en la lista final sobre la que decide una comisión nombrada por el Congreso. Se frustró. Dice que no va a participar nunca más en uno de esos procesos.

—Pero no crea: tampoco entraron quienes tenían 86, 88, 89 puntos, incluyendo a mi compañera Yassmín, que fue de las mejores calificadas.
—¿Tampoco llegaron?
—A ella la incluyeron en el listado solo para cumplir. Pero a la hora de la votación en el Congreso de la República no la tomaron en cuenta. Y en mi caso tampoco fueron los puntos, porque se fueron en el listado final personas que habían sacado 29, 30 puntos y que son los actuales magistrados de sala.

***

Antes de forzar la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes en 2010, la CICIG ya había sacudido el sistema de justicia guatemalteco con otra denuncia pública. El 6 de octubre de 2009, el comisionado Carlos Castresana denunció que un grupo de abogados estaba tratando de tomar control de la Corte Suprema de Justicia para beneficio propio. Aseguraba que seis de los trece candidatos finales a integrar la Corte estaban vinculados a un abogado y empresario que, en secreto, había movido los hilos para ponerlos allí: Roberto López Villatoro, conocido popular y despectivamente en Guatemala como “el rey del tenis”.

De él se ha escrito que encarna a un sector de empresarios emergentes, enriquecidos a la sombra del Estado —su apodo proviene de una vieja adjudicación pública de compra de calzado—, y que durante la última década él personalmente le ha disputado al CACIF el control de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral, antes campo de cultivo exclusivo de sus influencias. López Villatoro es un hombre público que se mueve con soltura en las zonas grises del sistema. Es un operador al que uno recurre cuando necesita atajos, soluciones políticas a problemas legales o soluciones pseudojurídicas a disputas políticas.

Le he pedido una entrevista para que me confirme la versión de Xitumul acerca de que el sistema de Justicia guatemalteco descansa en una cadena de favores. A él, a quien todos señalan como un maestro en ese negocio de los favores.

Me cita en una cafetería de zona 10 en la que se venden tanto cócteles naturales como ropa de diseño que solo he visto en puertos deportivos y en fotografías de criquet. Antes de comenzar, me pregunta si quiero que hablemos on the record o prefiero que me diga toda la verdad. Cuando le respondo que necesito ambas cosas estira una sonrisa de joker y rompe los protocolos:

—Tengo un amigo que dice que Guatemala es un ajedrez en el que el rey es hueco —homosexual—, la reina puta, y los alfiles de los dos bandos hacen negocios entre sí. Todo en un tablero redondo.

Entre líneas, el rey del tenis me está diciendo que es un alfil.

—Dicen usted mueve los hilos para que a uno le elijan magistrado de la Corte Suprema.
—En este país se exagera, se sobredimensiona a las personas. Efectivamente, creo que tengo conocimiento sobre cómo opera el sistema de justicia. Me he preparado. He estudiado tres maestrías…
—Sabe cómo moverse en el sistema de elección.
—Conocer a muchas personas y saber cómo opera el sistema de Justicia te da la experiencia para conocer las fuerzas que operan en el país y saber cómo llegar. Siempre de acuerdo con las normas que establecen la Constitución de la república y la ley judicial, claro.
—Dígame qué tengo que hacer para ser magistrado.
—Tiene que hablar con académicos, con decanos de las facultades de derecho del país, con los líderes de las agrupaciones gremiales del Colegio de Abogados y luego, obviamente, tiene que hablar con los líderes políticos del país. El sistema fue creado con la buena intención de dar peso a diferentes sectores, pero en todo ese camino se pierde la independencia judicial.
—Osea, que cuando llegara a una alta magistratura debería demasiados favores.
—Obviamente, porque tiene que hacer una labor de lobby. Nadie va a llegar por sí solo. Nadie llega si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Esa es la realidad.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por López Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema. Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales, interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Estos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

—El tiempo nos dio la razón —dice.— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar. Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los viejos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta. Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

II. El regreso de los viejos dueños.

El hijo de Claudia Paz leía aburrido y paciente en el despacho de su madre mientras esperaba que termináramos la entrevista. Yo, de alguna manera, también quería que terminara. O que empezara de nuevo. Había viajado desde San Salvador esperando escuchar de la Fiscal un análisis profundo y diseccionador, que me ayudara a entender su duelo con las fuerzas conservadoras del país y abocetar el futuro, pero solo obtenía de ella previsibles respuestas institucionales, algunas de ellas propias de un comunicado de prensa.

—Anularon una sentencia contra Ríos Montt. ¿Estamos en un punto de avance o de retroceso?
—Yo sostengo que es un avance. La posibilidad de que las víctimas declararan frente al perpetrador en una situación de igualdad frente a la ley… Según las palabras de las víctimas, para ellas fue reparador. Luego la sentencia de la Corte nos coloca frente a la necesidad de repetir el juicio.
—En los últimos años parece que la Corte de Constitucionalidad hay momentos en los que se abre a la construcción de una nueva institucionalidad, y hay momentos en los que se cierra.
—Desde la Fiscalía hay decisiones que compartimos y decisiones que no compartimos, pero igual las respetamos.
—¿Y cree que esas decisiones se basan en un proceso honesto de reflexión jurídica, o que están influidas por otros intereses?
—Son argumentos jurídicos que vemos desde otro punto de vista, y en su momento los impugnamos, y la Corte falló… Cómo falló ahí sí que…
—¿Diría que la judicatura en Guatemala es en general independiente? ¿Casos como el de Yassmín Barrios son la mayoría?
—Hay jueces muy buenos, y hay jueces que no actúan con independencia.

Algo no cuadraba. Había leído un artículo aún inédito de Francisco Goldman, autor de “El arte del asesinato político”, el libro medular para saber cómo fue el asesinato de Juan Gerardi y cómo opera el poder en Guatemala. El artículo incluía una intensa entrevista con la Fiscal y dos de sus colaboradores, Arturo Aguilar y Mynor Melgar. En ella, el nivel de transparencia y los señalamientos a las personas que boicotearon el juicio a Ríos Montt eran extraordinarios, fuera del tono habitual de la templada Paz y Paz y a años luz de la entrevista que me estaba dando a mí.

Ante Goldman, Paz y Paz habló de “ellos”, de los “intereses arraigados” que durante el juicio al exdictador habían aparecido “sin disfraz, ni nada” en defensa de la impunidad. Entre ella, Aguilar y Melgar nombraron a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), a “los ideólogos del sector privado”, al presidente Otto Pérez Molina, al CACIF, que agrupa a la cúpula empresarial del país…

—(…) Fue para el caso por genocidio que se unieron los sectores más conservadores de este país —dice en la entrevista Aguilar.
—Los “Ellos” —señala Paz y Paz.

Y cuando Goldman le pregunta, sin algodones:

—¿“Ellos” eran cómplices del genocidio?

Ella le responde:

—Pues, imagino, porque tuvieron tanto miedo…

Por eso esperaba a una Fiscal más deslenguada, más directa, e interpreté incluso como una buena señal, de confianza, que me citara en su despacho un sábado. Pero la encontré parapetada, cauta. Cuando le hice referencia al texto de Goldman, a sus propias palabras ahí citadas, se mostró sorprendida y dijo no recordar haber dicho aquello. Se hizo un silencio incómodo. Aunque la conversación siguió, la entrevista terminó con un deje de desconcierto.

Después. Mientras bajábamos hacia la salida en el ascensor privado que la Fiscal General usa por motivos de seguridad, Claudia Paz me preguntó si podía obtener una copia del artículo que había citado. Le expliqué que era parte del libro “Crecer a Golpes”, que iba a ponerse a la venta en pocas semanas. Parecía no terminar de salir de la sorpresa. Al despedirnos, le entregué mi copia del artículo, fotocopiada y llena de anotaciones.

Ese encuentro sucedió el 25 de enero. Una semana después, el viernes 31, la revista Contrapoder publicó en seis páginas un extracto de la entrevista de Goldman. Claudia Paz y Paz piensa aún hoy que esa publicación, la de Contrapoder, le costó el puesto.

***

El tiempo que se ha retrasado Ricardo Sagastume en llegar a nuestra cita en su despacho me ha servido para dos cosas: una, ver el primer tiempo del último e intrascendente partido de España en el Mundial de Brasil; otra, pasear por los títulos de abogado de su padre, Ricardo Sagastume Vidaurre, colgados en las paredes de madera de esta sala de visitas. Él mismo me mostrará más tarde, con evidente orgullo, una fotografía de su padre como presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1982, tras ser colocado en el cargo, a dedo, por Efraín Ríos Montt.

Al frente de un Poder Judicial de papel, sometido al dictador, el viejo Sagastume respaldó la desaparición del habeas corpus y legitimó los tribunales de fuero especial, formados por jueces secretos que se alimentaban de confesiones bajo tortura y ordenaron al menos 15 fusilamientos en un año. De ese legado parece estar orgulloso, treinta años después, el hombre que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad el amparo que consiguió, como deseaba el CACIF, acortar siete meses el mandato de Claudia Paz y Paz.

Ricardo Sagastume hijo, abogado también, tiene su propia trayectoria pública en Guatemala. Antes de que la CC le diera la razón y decidiera que el periodo de Paz y Paz era la continuación del de Conrado Reyes y por tanto debía cerrarse justo cuatro años después de la elección de aquel, en mayo, Sagastume fue jugador profesional de fútbol. Y candidato a la presidencia en 2011 con el respaldo de AVEMILGUA, cuyos dirigentes testificaron a favor de Ríos Montt en el juicio. Y llegó a ser director ejecutivo de la Cámara de Industriales. Su despacho legal está precisamente en la cuarta planta del edificio de la Cámara, una de las gremiales más influyentes en el CACIF. Evidentemente Sagastume no esconde sus ideas ni sus filias.

Es de hecho un hombre de inusual transparencia. “A quienes de alguna manera podemos incidir en el país poco o nada nos importa la institucionalidad”, se lamentará en un punto de nuestra conversación. Crítica la miopía de los grupos de poder desde el asiento que él mismo se reserva entre la derecha ilustrada de Guatemala. Sagastume es una de esas personas que, pese a moverse en un mundo, el de las élites empresariales, que se alimenta de secretos, presume de honestidad intelectual y trata de mentir o esconder lo menos posible. Se ve a sí mismo como un buen hombre. Tal vez en el fondo lo sea.

—Usted hizo lo que el CACIF no se atrevió a hacer…
—Lo que nadie se atrevió a hacer. Y lo seguiré haciendo. Se debía respetar la Constitución.
—Pero además es de los que piensan que lo mejor para el país era que Claudia Paz y Paz dejara cuanto antes la Fiscalía.
—Sí. De haber seguido hubiéramos llegado a una debacle peligrosa, se hubiera perdido la gobernabilidad del país. Si estamos con esta polarización sin la doctora Paz y Paz, con ella hubiera sido terrible. Además, el juicio del señor Sperisen ha generado un elemento adicional. Con o sin Claudia Paz y Paz, el tema es un polvorín.

No es el primero que me habla del caso Sperisen, aunque me sorprende oírlo de él. Defensores de Derechos Humanos y periodistas me han advertido en las últimas semanas que los mismos columnistas de ultraderecha que en 2013 prendieron las primeras chispas del “si condenan a Ríos Montt condenan a toda Guatemala” han comenzado defender que la cadena de juicios que se están dando en Europa por el Caso Pavón son una ofensa a la soberanía y a los guatemaltecos de bien. Que la izquierda internacional está queriendo manchar, igual que hizo con el juicio por genocidio, la bandera de Guatemala. Que antes en Austria y ahora en Suiza y España se está linchando a funcionarios ejemplares, a hombres justos, a patriotas.

El asunto tendía algún interés si no estuviera tan claro lo que sucedió en la Granja Penitenciaria Pavón, a las afueras de Ciudad de Guatemala, el 25 de septiembre de 2006.

Ese día, bajo el argumento de recuperar el control de la principal cárcel del país, gobernada desde hacía años por bandas de presos en complicidad con las autoridades, esas mismas autoridades entraron en el penal con un ejército de policías, detuvieron a más de mil setecientos presos y ejecutaron a siete de sus líderes. La versión oficial atribuyó las muertes a un enfrentamiento. Aun si no sobraran evidencias y testigos de lo contrario, los balazos a quemarropa que tenían las víctimas hubieran bastado para desnudar la mentira.

La justicia guatemalteca condenó en 2013 a varios de los autores materiales de esas muertes, pero para ese entonces los funcionarios del gobierno de Berger que fueron responsables de la operación ya habían huido a Europa. El subdirector de Investigación Criminal de la Policía, Javier Figueroa, pidió refugio en Austria. Erwin Sperisen, orondo y rubio director de la Policía, y Carlos Vielman, ministro de Gobernación, huyeron a Suiza y España respectivamente haciendo uso de su doble nacionalidad. En Centroamérica, pero especialmente en la racista Guatemala, a la élite de la élite le gusta presumir de su origen europeo y, si se puede, de su nacionalidad europea. Es una forma de distinguirse del resto de guatemaltecos.

Figueroa fue absuelto en Austria de cualquier responsabilidad sobre las ejecuciones de Pavón, pero a Sperisen, líder del operativo y, según la CICIG, uno de los responsables de los grupos de exterminio que operaron en las calles de Guatemala entre 2004 y 2005, le condenaron en Suiza el 5 de junio de 2014 a cadena perpetua por aquellas siete ejecuciones extrajudiciales. Vielman está en una cárcel española, a la espera de enfrentar juicio allí.

—¿Por qué es un polvorín el juicio a Sperisen y a Vielman?
—Porque las heridas de ideologización que creíamos superadas se volvieron a abrir —responde Sagastume.
—¡Pero si un juicio fue en Suiza y otro será en España!
—Sí, pero involucran lo que percibimos como ciudadanos los guatemaltecos. Hay que admitir que la justicia no ha sido lo que esperábamos. Y cuando en un país la justicia funciona para algunos y para otros no, surge la frustración y ya no importa a quién se juzgue porque alguien tiene que pagar. El tema del genocidio y ahora el caso Sperisen colocan a una élite socioeconómica versus una gran mayoría que piensa que alguien tiene que pagar lo que ha venido ocurriendo en el país.
—¿Insinúa que esto es una revuelta contra las élites? ¿No cree que exagera?
—Es que son eventos demasiado trascendentes. El señor Sperisen y el señor Vielman pertenecieron a un gobierno que todo el sector empresarial apoyó. Apoyó abiertamente al candidato Óscar Berger y finalmente se hizo parte del mismo gobierno.
—Lo que usted dice es que a Sperisen y Vielman, sean o no sean culpables, se les juzga con la intención de dañar a grupos de poder.
—Esa es la percepción. Si quisiéramos ser objetivos deberíamos estar procesando a varios exministros de gobernación, a jefes del sistema penitenciario e incluso a expresidentes del país, pero se escogió a estos.

Cuando Sagastume habla de “los guatemaltecos” es evidente que se refiere a las élites tradicionales, a industriales, terratenientes, grandes comerciantes o inversores que, efectivamente, financiaron e incluso participaron en algunas de las operaciones militares del gobierno de Ríos Montt en los 80, y que durante el gobierno de Berger se integraron públicamente en el Ejecutivo hasta casi copar el gabinete. El canciller Jorge Briz había presidido la Cámara de Comercio. El principal maquilero del país, Miguel Fernández, fue nombrado comisionado para Inversión y Competitividad. Que Vielman, miembro de una destacada familia de empresarios y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala fuera ministro de Gobernación no era una decisión aislada. La reacción al juicio en su contra es, en concordancia, de grupo.

De un grupo que según el transparente Sagastume siente que la justicia se le está yendo de las manos.

—Las élites han perdido el control que tenían en los procesos de nominación de determinados funcionarios públicos en el sistema de Justicia—dice.— Hace 20 años participar en el proceso y ser electo era fácil, porque era menor el número de abogados y había más control. Hoy ya no hay control.
—¿Por eso la élite empresarial del país tenía miedo de hasta dónde podía Paz y Paz llevar ciertos casos?
—Había una serie de eventos diseñados para primero perseguir a actores del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado, y la siguiente etapa perseguir a otros actores que colaboraron o contribuyeron a que militarmente el Estado de Guatemala ganara la guerra. Había una fase subsiguiente que justa o injustamente se iba a ensañar con el sector empresarial. Eso es lo que sucede con el caso Vielman. Independientemente de lo justo o injusto del proceso, en Guatemala hay una cacería de brujas.
—Y los que se sentían víctimas de esa cacería de brujas reaccionaron y frenaron a Paz y Paz.
—No, yo creo que, yo creo que… el… —Es impresionante cómo este hombre, de discurso seguro, de repente tartamudea— Yo creo que eso no se ha hecho como sector privado. Quisiera pensar que no se hizo nada para detener la labor de ella… Lo mío fue una cuestión individual, absolutamente independiente. El sector empresarial está preocupado por la producción, la competencia, los mercados… en fin, eso que ellos saben hacer.

Dice él que ser como es y decir lo que dice le ha traído problemas “con ellos”, y ha señalado hacia el techo, hacia los pisos más altos del edificio, en los que están las oficinas de la Cámara de Industriales a la que él pertenece. Es fácil creerlo. Cuando ya casi me despido, Sagastume hace un último comentario que suena a confesión.

—¿Sabe? Nos da miedo que nos digan que somos de una élite específica. ¿Y qué? ¡Si somos ciudadanos como todos! Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a participar, porque desde siempre, cuando hace falta, somatamos la mesa —el abogado hace el gesto, el puñetazo en la mesa—y todo se arregla. Pero claro, eso a la larga nos hace daño como país…

***

A puñetazo en la mesa sonó que el Congreso aprobara el 13 de mayo, con el proceso de elección de nueva Fiscal ya en marcha y Paz y Paz inscrita en busca de la reelección, un documento que afirmaba que en Guatemala no hubo genocidio. “Los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio…”, se lee en los considerandos del texto. Hubo quien reaccionó con indignación e insistió en que una afirmación como esa solo la puede hacer un juez. Hubo quien pidió a los diputados, como burla, que decretaran también que Guatemala había ganado un mundial, pese a no haber clasificado nunca a uno.

El documento no tiene ningún valor legal. El delito de genocidio sigue vigente en el Código Penal guatemalteco y por tanto un juez puede aplicarlo si considera que hay pruebas. Además, Guatemala ratificó en 1951 la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y el Estatuto de Roma, que lo recogen. Sin embargo ese acuerdo legislativo, técnicamente un “punto resolutivo”, fue un agresivo mensaje político.

El subjefe de la fracción del Partido Patriota, Luis José Fernández Chenal, fue el hombre que consiguió los votos para que el punto se aprobase. La propuesta fue de los dos diputados del PRI, el residuo de lo que la década pasada fue el poderoso Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por Ríos Montt y llave para la resurrección política que le hizo presidente del Congreso en 2009. Tiene sentido. Dos diputados de un partido venido a menos, honrando su historia y a su antiguo líder. La pregunta es por qué Fernandez Chenal, un joven de 33 años con carrera meteórica en el partido de gobierno, ahijado político de Otto Pérez Molina, un tiburón legislativo que presume de haber crecido después de la guerra y considera un mérito no tener ideología, maniobró para sacar adelante una resolución tan polémica como inútil.

—Al fin y al cabo un punto resolutivo, como dice mi jefa de bancada, es un poema de amor político. No tiene ningún tipo de vinculación jurídica —reconoce, sentado en una oficina tan lujosa como vacía, a pocos metros del hemiciclo del Congreso—. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar de meter un punto resolutivo por los 40 años de la muerte de Miguel Ángel Asturias.

—¿Y de dónde salió el poema sobre el genocidio?
—Es que como bancada oficial vos tenés que conceder temas que no son tuyos. Nosotros decimos: “queremos incluir un préstamo”, y dice la otra bancada: “perfecto, pero a mí me dejás meter cierto tema”. Eso sucedió. Dijo el PRI “yo les doy los dos votos y me dan a cambio el punto resolutivo”.
—Así. Y ya.
—Así. Nunca se supo exactamente qué iba a decirse en el texto, te lo digo con toda la claridad. “Vamos a hacer un punto resolutivo sobre la reconciliación nacional”, dijeron. Como el tema lo propuso un diputado que tiene cuatro o cinco legislaturas, nadie pensó que fuera a escribir una pendejada.

El texto se procesó como si fuera un trámite bancario. Nadie lo leyó antes. Casi nadie prestó atención a su contenido mientras se leía en la plenaria. Se aprobó con desgana por 87 votos a favor de 158. Por muy poco. 47 diputados no estaban presentes.

—Yo le dije a la gente de la URNG, que son de izquierda: “¿Ustedes ya leyeron el punto resolutivo?, vayan a leerlo, no vayan a ser mulas de votar a favor. Porque ahí estamos diciendo de que el juicio del siglo y no sé qué y no sé cuánto…” —cuenta Fernández, sin indicios de estar bromeando.

Los votos de LIDER, el principal partido de oposición, fueron fáciles de conseguir. Días atrás uno de sus fundadores, Edgar Ajcip, había renunciado a la bancada y acusado a sus diputados de negocios ilegales y abuso de privilegios. A cambio de los votos para el punto resolutivo, el Partido Patriota se aseguró de que la comisión legislativa que debía investigar esos delitos nunca se aprobara.

Nadie dimensionó la travesura hasta que los periódicos del día siguiente titularon “Congreso dice que no hubo genocidio”. Fueron, ahora sí, días de debate y desgaste. Dice Fernández Chenal que en la plenaria siguiente siete diputados se excusaron en público por haber votado a favor: “Perdonen, me equivoqué, yo oí mal”, dice que dijeron.

—Los únicos que de cierta forma iban contento eran los dos diputados del PRI. Uno viene del FRG, y el otro es abogado de la familia Castillo que es afín a la Cámara de Industria y al CACIF.
—¿Y ustedes, en el Partido Patriota?
—No vayas a creer que hubo fiesta dentro del partido. Mucha gente, al ser el presidente Pérez Molina militar, probablemente lo vio con buenos ojos. Pero fue un tema X. El guatemalteco está mucho más enfocado en salir a la calle y que no le roben el celular que en ver si en Chimaltenango hubo hace 20 o 25 años fosas clandestinas. Mirá, nosotros en el área ixil ganamos dos alcaldías y perdimos una. Y en Quiché ganamos ampliamente en votos. Tampoco es que el juicio nos afectara electoralmente. Como te digo, es un tema sobredimensionado.

El nivel de cinismo de Fernández Chenal encaja a la perfección en un Congreso como el guatemalteco, en el que la creación y desaparición de partidos es tan habitual que la mayoría de diputados han militado al menos bajo dos siglas. Catorce de los legisladores actuales militaron de hecho en las filas del FRG. El actual presidente del Congreso, Arístides Crespo, miembro del Patriota, es uno de ellos. Otro es el jefe de bancada del partido TODOS. Como los intereses están por encima de derivas ideológicas, todos los partidos tienen en su fracción al menos a un exmiembro del partido de Ríos Montt. Que el asunto del genocidio les parezca intrascendente, alejado de la política real, es más absurdo todavía si tenemos en cuenta que uno de los diputados del Partido Patriota es hermano de Francisco García Gudiel, el histriónico abogado defensor de Ríos Montt gracias al cual trataron de inhabilitar a Yassmín Barrios. Guatemala es una madeja, y sus elites políticas un nudo de conexiones personales en la cima de esa madeja.

—Aunque sí hay un segundo mensaje dentro del punto resolutivo… —advierte el subjefe de bancada del Patriota—: el Congreso es el que aprueba el presupuesto del MP, el Congreso es el que aprueba el presupuesto del OJ, así que el mensaje que le mandaron a la nueva Fiscal fue “miren, aquí no queremos que estén hablando de investigación de genocidio”.
—Clarísimo.
—Pues sí. Es algo que se lee entre líneas.

Le pregunto a Fernández Chenal cuál era el tema que su partido necesitaba aprobar de urgencia, a cambio de qué apoyó se negoció la aprobación del punto resolutivo.

—Tendría que…si me da cinco minutos me voy a acordar. Tuvo que ser un tema clave… O sea, tampoco vas a creer que…

El relato de Fernández asienta la incertidumbre sobre el peso real que Otto Pérez Molina y su partido han tenido en el cambio de escenario que la justicia guatemalteca ha experimentado el último año. Representantes de varias organizaciones de sociedad civil aseguran que el presidente, por militar retirado, por su pasado de campaña en Quiché y por presión de grupos empresariales, fue un factor clave en la anulación del juicio y en el fin del periodo de Paz y Paz. El entorno más cercano a la exfiscal, aunque no tiene una postura única, coincide en que sin el aval o la omisión consciente de Pérez Molina ninguna de las dos cosas pudo haber sucedido.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, exmilitar también y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, intenta diluir esa hipótesis. Hablo con él durante un largo desayuno. Es un hombre de respuesta rápida, inteligente, que cree conocer el camino hacia todas las soluciones. Trabajó muy de cerca con Paz y Paz, y tanto en el MP como en los niveles medios del Ejecutivo me confirman que el nivel de coordinación interinstitucional que hubo entre ambos fue extraordinario. Alguien como él, que aspira a ser un día presidente, no permite que las diferencias ideológicas le empañen la búsqueda de resultados.

—¿Este gobierno celebró la salida de Claudia Paz y Paz del Ministerio Público?
—No. En el equipo de Seguridad teníamos la expectativa de que ella pudiera continuar. Con los niveles de institucionalidad precaria que a veces tiene el país, los que sobresalen son las personas, pero nosotros creemos en procesos.
—¿Eso quiere decir que la preferían a ella o que no les importa la persona?
—Me refiero a que aquí ha sido tradicional que cada presidente quiera tener su propio Fiscal General. Lo hizo Colom, lo hizo Berger, lo hizo Portillo… Los presidentes ya vienen con un cuestionario para que el Fiscal no pueda responder y entonces le destituyen y nombran a otro. Igual que cada quien quiere tener su propio presidente del Banco de Guatemala y su Procurador General de la Nación. El presidente Otto Pérez, pese a todas las presiones que tuvo, derivadas de la lucha ideológica que pervive en el país, Mantuvo a Claudia Paz y Paz pese a todos los rumores de que la iba a destituir.
—¿Quién le presionaba para que quitara a Paz y Paz?
—Siempre ha habido presiones, de muchos grupos. Presiones de grupos de derecha, que pensaban que una Fiscal que viniera del área de Derechos Humanos no era la mejor opción. Pero les invito a preguntar a Claudia Paz y Paz si alguna vez tuvo una sola llamada del presidente para pedirle algún favor, para ejercer presión o para hablarle de un caso en específico. Jamás.
—¿Por qué no es entonces Fiscal?
—Lo que crea el presidente, lo que creamos en el gobierno sobre el relevo en el MP no garantiza ninguna decisión de las comisiones de postulación. Pero si Claudia Paz y Paz pasaba dentro del grupo de los seis existía una altísima posibilidad de que fuera designada por el presidente. Eso es algo que nosotros sabíamos.

Fuentes cercanas a las Comisiones de Postulación que hacen el filtro previo sugieren que fue precisamente eso lo que impidió a Claudia Paz y Paz ser una de los seis finalistas que se le ofrecen al presidente para que elija Fiscal. La Comisión de Postulación no quiso arriesgarse a que Pérez Molina, pensando en su imagen internacional y las buenas cifras del MP, la reeligiera en el cargo. Por eso, pese a tener en preparación y experiencia la segunda puntuación más alta de todos los aspirantes, solo cuatro de los trece comisionados votaron por ella. Cuatro.

Ese día los enemigos del juicio a Ríos Montt, los “ellos” de los que Claudia Paz hablaba en la entrevista con Goldman, respiraron aliviados. Ricardo Sagastume, el abogado que acortó el periodo de la Fiscal, me lo dijo así: “Cuando Paz y Paz no entró en la nómina de seis todo fue como un pastel que ya no siguió creciendo. El tema ideológico se eliminó y lo que quedó ya fueron solo los intereses, la pregunta habitual de quiénes estaban detrás de cada uno de los seis”. La ideología era un problema, pero los intereses, individuales o de grupo, negociables, son para “ellos” la solución para la Justicia.

—¿A Claudia Paz la sacó el CACIF?
—Esto entra en el marco de las especulaciones. El CACIF no es un ente absolutamente homogéneo. Hay corrientes.
—Pero hubo señalamientos oficiales del CACIF contra su gestión.
—Yo no recuerdo… no recuerdo un pronunciamiento institucional. Y también hubo demasiado ruido de grupos en favor de Claudia. Hubo inclusive gente haciendo acopio de pronunciamientos de otros países. Ya conoces el viejo dicho: “no me ayudes, compadre”. Muchas veces si hay mucha insistencia también aumenta la resistencia. Qué tan militante es la gente que te apoya también sube el nivel de la confrontación.
—¿Está diciendo es que quién tenía el poder de decidir si Claudia Paz seguía o no se sintió amenazado por el ala más radical de la sociedad civil?
—No. Digo que por algo Claudia Paz y Paz fue la candidata con mayor número de objeciones . Aquí lo que hubo fue una medición de fuerzas, si queremos verlo así.

***

Las oficinas de la revista Contrapoder están en lo alto de un edificio en la Zona 9 de ciudad de Guatemala, cerca, muy cerca, de la simbólica Zona 10 en la que, entre hoteles y bares de moda, se supone que se levantan los despachos de las mayores empresas del país y los bufetes de los abogados de esas empresas. Alrededor de una mesa de cristal están sentados los tres cerebros de la revista: el director Juan Luis Font, la subirectora Claudia Méndez y la editora Paola Hurtado.

Claudia y Paola son dos reporteras de investigación de larga trayectoria y prestigio. Juan Luis dirigió El Periódico en tiempos en que era referente de independencia en el país, y años en televisión le han convertido en el principal rostro de un periodismo de credibilidad pero que huye de estridencias. A Juan Luis le respeta la izquierda y le escuchan con atención las élites de derecha.

—Antes de nada quiero contarte lo que pasó con la entrevista de Frank —Me dice Claudia, amiga de Francisco Goldman desde hace mucho y su principal cómplice en la investigación que le permitió escribir en 2009 “El arte del asesinato político”. De hecho, fue ella quien le ayudó a conseguir la polémica entrevista con Paz y Paz.
—Para eso he venido —le respondo.

Probablemente fue el exceso de confianza entre el periodista y su fuente lo que hizo que Claudia Paz y sus colaboradores hablaran con tal franqueza a Goldman, y que imaginaran, sin preguntarlo, que la conversación era privada, entre amigos. El periodista grabó la conversación, y al no haber pactado con la Fiscal ningún off the record terminó publicándola. Claudia Méndez siempre supo que Goldman preparaba el texto para un libro, y cuenta que cuando escuchó que estaba por salir a la venta propuso a su responsable de cultura que comprara los derechos de reproducción sin ni siquiera leerlo. Cuando revisó las pruebas de impresión y vio el contenido, le pareció interesante pero no especialmente explosivo. Está claro que es menos sensible a los señalamientos que los miembros del CACIF.

—Yo tengo una fuente que dice que cuando vieron eso dijeron: “Ya, ya, no más, de una vez” —dice Paola.
—No, la decisión de que ella debía salir no dependió de un artículo —le discute Claudia.— Venía de hace tiempo. De hecho nosotros publicamos en diciembre. Yo estuve en una reunión con abogados que me dijeron: “Se está pensando preguntarle a la CC cuándo se tiene que ir Paz y Paz, si en mayo o en diciembre”.
—Claro, pero no seamos ingenuos: el artículo lo apresuró. Puso fecha a la decisión. Incidió. Incidió tanto que Claudia Paz, cuando vino a entrevista en el canal, venía furiosísima…

Juan Luis Font tiene la misma edad que Paz y Paz y la conoce desde que tenían tres años. Cosas de la microsociedad acomodada de Guatemala. Celebraron juntos algunos cumpleaños y las bodas de amigos comunes. Él asegura que nunca la había visto tan enojada como el día que, poco después de que la CC recortara su periodo, la invitaron al programa de televisión que los responsables de Contrapoder tienen todas las noches. Dice que en el camerino, con los ojos entrecerrados, la Fiscal le reclamó.

—Vos sabías lo que iba a provocar esto.
—Lo lamento, pero nosotros lo que hicimos fue reproducir una entrevista que vos habías dado —dice Juan Luis que le respondió.— Claudia ¿vos creés que el artículo incidió?

Ella fue cortante. Estaba dolida:

—No era el momento.

Al igual que en algún momento lo supieron Elvyn Díaz o la misma Paz y Paz, a los tres periodistas todas sus fuentes les habían hecho saber que la sentencia por genocidio había logrado que en la segunda mitad de 2013 empresarios y operadores políticos con intereses diversos, que parecían imposibles de aliar, se dijeran unos a otros: “si no nos defendemos, si no nos unimos, nos cuelgan”. Se creó la certeza de que la Fiscal pretendía perseguirlos a todos por su apoyo a Ríos Montt en los 80.

—Pero Claudia Paz y Paz me dijo a mí alguna vez: “Juan, con lo que costó armar este proceso, ¿vos creés que se podría armar uno igual contra alguien más?” —recuerda Juan Luis. Cree que la derecha inventó sus propios cuentos de terror, se asustó a sí misma.

Juan Luis se crió en una localidad del Sur de Guatemala llamada Retalhuleu, entre ganaderos y empresarios que simpatizaron con Ríos Montt y que, en algunos casos, participaron en misiones civiles de bombardeo contrainsurgente. Sabe qué hay en la mente de quienes tomaban y toman decisiones. Ha hablado miles de veces con muchos de esos hombres. Le pregunto hasta qué punto todo esto, todo este pulso por la Justicia, es ideológico o en realidad es miedo a perder la comodidad de estar por encima del bien y del mal, de no tener más juez que tu conciencia, si la tienes.

—No creo que sea ideológico. Yo creo que es más bien por intereses de grupo. Pero ellos interpretan esos intereses de grupo como ideología y consideran que los que cuestionen esos intereses de grupo son enemigos ideológicos.
—Nunca he visto que por razones ideológicas la gente aquí se rasgue las vestiduras y embista con tanta violencia a los contrarios —dice Paola—. La razón es el temor a que la persecución penal ampliara el radio y los abarcara a ellos.
—Ellos se beneficiaron de la derrota de la guerrilla —Juan Luis de nuevo—, y por eso no cuestionan los métodos que se usaron. “Fueron necesarios, muchá”, dicen.
—Pero cuando tú financiaste desde el sector privado el sueldo de Sperisen o a Figueroa, o le diste dinero a Vielman para comprar armas ilegales, cuando sabes que fuiste parte de eso, ahí se te encienden las alertas —añade Paola, apuntando al futuro, a lo que se viene encima.

Me llama la atención que llevan un buen rato hablando de “ellos”, de las élites sin nombrarlas, del mismo “ellos” que usaban Aguilar, Melgar y Claudia Paz y Paz en la entrevista con Goldman. Se lo hago notar, y Juan Luis salta como un resorte y toma de la mesa una edición mucho más reciente de la revista, de junio, en la que publicaron una entrevista con Otto Pérez Molina.

—¡También el presidente habla de “ellos”! —dice.

Y me muestra una parte en la que Pérez Molina habla de su relación con los empresarios y los pulsos con el CACIF por la regulación de la explotación hidroeléctrica y minera. Dice textualmente “Ellos temen que nosotros avancemos y tratemos otros temas, como que el Estado cobre más presencia y participación en esos negocios”.

—Pero es un gran “ellos” que al final está acuerpado por unas grandes capas medias —explica Juan Luis. —Por eso yo también creo que el caso de Sperisen y Vielman va a desatar más tensiones incluso que el caso de genocidio, porque en el caso de genocidio estaba más generalizada la responsabilidad, pero en este caso, imaginate que a alguien se le ocurriera realmente buscar las líneas concretas de financiamiento…

Se hace un silencio como de luto, como de cansancio anticipado antes de un gran esfuerzo.

—¿Creéis que la justicia en Guatemala algún día le llegue a esos “ellos”?
—Para los hechos de la violencia de la guerra, no —dice Juan Luis Font, que hace una breve pausa, piensa—. Y para otro tipo de hechos, tampoco.

***

—¿Teníais conciencia de hasta qué punto íbais a poner a prueba el sistema? —le pregunto a Elvyn Díaz, el sarcástico exsubsecretario privado de la Fiscal. Nos hemos reunido en un bar de ambiente bohemio. En una sala se expone una instalación de arte conceptual consistente en 200 cuchillos colgados del techo y en la de al lado te sirven gintónics, papas con tocino y croquetas de queso. Dice que deja el MP satisfecho de lo logrado, optimista, pero destila amargura en sus comentarios. No le ha gustado perder la batalla. Cree en el fondo que Claudia y los que estaban con ella no se merecían el golpe.

—Creo que no. Al menos yo no. Pero no evaluamos bien los actores que rodeaban el sistema. Olvidamos que ahí estaba la Corte de Constitucionalidad… y ya vimos de qué están hechos.

Me cuenta que le preocupa el desánimo que se ha contagiado a la mayoría de organizaciones de Derechos Humanos. Cree que él y el resto de la gente de Paz y Paz deben hablar con ellas, explicarles lo que se ha logrado, los precedentes que se han sentado en cuanto a procedimientos, transparencia, casos resueltos. Quiere decirles que su proyecto de reforma de la Justicia no acaba aquí.

—Si algo hizo bien Claudia es que puso el pecho para todo: para los éxitos y para los fracasos —me explica—. Detrás de Claudia se veía a un equipo, pero ella asumió todas las desgracias administrativas por las que nos podían hacer mierda, todos los antejuicios eran para ella… Fue bien cuidadosa en eso. A los que somos más jóvenes evitó quemarnos, conscientemente, porque sabe que tendremos que sacar la cara en otro momento. Y lo hizo bien.
—Tiene clara una visión de largo plazo.
—Siempre la hemos tenido.

Me dice que él y muchos otros valoran ahora como un error no haber presentado más carta que la de Claudia Paz en el proceso de elección de nuevo Fiscal. Siente que dejaron en manos de otros sectores la Fiscalía por no buscar candidatos alternos, un plan B, sabiendo que la candidatura de Paz y Paz tenía a un ejército en contra.

***

A Claudia Paz y Paz, su último día de trabajo como Fiscal, algunas secretarias y fiscales la despiden en la puerta del Ministerio Público con lágrimas. Afuera la esperan unas 70 personas, entre familiares de víctimas y defensores de Derechos Humanos, que le han hecho una alfombra de flores y agujas de pino para que camine, escalinata abajo, desde la puerta del edificio hasta la calzada en la que aguarda su vehículo. A medida que camina por la alfombra entre aplausos, le van saliendo al encuentro mujeres que la abrazan, le dan una o dos flores y le susurran palabras al oído. Abrazo tras abrazo Claudia, cara redonda, ojos pequeños, se va emocionando más y más hasta perder toda esa cáscara de frialdad de la que se reviste cuando representa el papel de Fiscal General. Ella también llora.

Benjamín Manuel, uno de los directivos de AJR, la asociación de víctimas de la guerra que se querelló contra Ríos Montt y logró sentarlo en el banquillo, asiste a la escena a unos metros de distancia, con el gesto de piedra que tienen mucho hombres de campo. Como si no escondiera emociones. Pequeño, más cerca de los 70 años que de los 60, tiene los zapatos y los bajos de los pantalones llenos de barro después de cuatro horas de viaje desde Baja Verapaz para estar aquí, en silencio, estos precisos minutos del viernes 16 de mayo.

Un paso detrás de Paz y Paz su hermana va recogiendo las flores, que ya forman un enorme ramo. Este día la Fiscal ha buscado el respaldo de su familia. Para ella encabezar el Ministerio Público, y sobre todo dejarlo, no ha sido solo un asunto de trabajo. Como para las personas que están aquí, la gestión de Claudia Paz no se mide solo en estadísticas. Es la mujer que derribó en el sistema de Justicia ciertas barreras simbólicas. Aunque en solo diez días algunas de ellas se levantaran de nuevo.

Paz y Paz llega por fin a su vehículo. Saluda, recibe un último abrazo y se oculta tras los vidrios tintados. El recorrido por la escalinata, unos 25 metros, ha durado más de un cuarto de hora. El vehículo arranca, desaparece. Benjamín se queda donde está, intercambia palabras con algunos conocidos, personas de la asociación, familiares de víctimas, y emprende el regreso a casa.

***

El Palacio de la Cultura es el símbolo del poder político de Guatemala. Está en el parque central y es perpendicular a la Catedral Metropolitana y la oficina de ODHA en la que trabajaron Gerardi y Claudia Paz y en cuyas columnas están tallados los nombres de todas las víctimas, muertos y desaparecidos, recogidos en el REHMI. Hay más de 200 invitados en el salón de las banderas, sentados en hileras de sillas a la espera de que inicie el protocolo. Casi todos son hombres vestidos con traje oscuro. En la octava fila hay una mujer con indumentaria típica Quiché. Es una diputada, me dicen. Suena música de marimba. Un minuto antes de que entren las autoridades llega al salón el expresidente Vinicio Cerezo, que reparte sonrisas y saludos según camina. Himno. Otto Pérez Molina toma juramento a la nueva Fiscal General, Thelma Aldana. Discursos.

La Fiscal habla de la búsqueda de la armonía social, afirma su “inquebrantable compromiso con la independencia del MP” y dice que continuará con las “acciones correctas” que pueda haber tenido su antecesora. Después de ella, el presidente de la República habla del magnífico trabajo que ha hecho Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público. Insiste tres veces en que siempre respetó la independencia y autonomía de la Fiscal, en que el proceso de elección de la nueva fue transparente, en que es un gran día para la institucionalidad del país.

Paz y Paz solo se levanta de su silla en la mesa principal para abrazar a Aldana y dar la mano al presidente cuando cada uno termina de hablar. Ella también ha traído un discurso de despedida escrito, pero nadie la invita a leerlo.

***

Después del evento me reúno con Paz y Paz en el edificio del MP. Aún le falta cumplir con el trámite administrativo de entregar el despacho a su sucesora. Los estantes están ya vacíos. A la Fiscal saliente la acompaña, hoy también, parte de su familia. Han pasado cuatro meses desde nuestra anterior cita y espero encontrarla despojada de los corsés del cargo, más relajada y dispuesta a opinar libremente, sobre todo después de la catarsis emocional de ayer en la escalinata.

Pero no.

Con una sonrisa constante, con diplomacia, Claudia Paz esquiva cada una de mis invitaciones a que dimensione el año que ha pasado desde la sentencia contra Ríos Montt, y las evidencias de que los sectores que forzaron la repetición del juicio siguen en pie de lucha. Le hablo del punto resolutivo del Congreso y del intento por inhabilitar a Yassmín Barrios, que podría ser considerado una amenaza a quien deba presidir el segundo juicio. Ella se mantiene en el plano de la valoración jurídica y califica de “sorprendente” lo primero y de “sumamente delicado” el ataque a Barrios. La sanción del Colegio de Abogados a la jueza le parece una aberración jurídica.

—Si el día de mañana la Corte Suprema emite una sentencia que no le guste a este grupo de abogados, ¿igual le podrían poner una sanción y pretender que dejaran de ser magistrados de la Suprema? —dice.

Es especialmente lacónica al hablar de su caso, de su destitución tácita. Oculta su enfado.

—¿Claudia, qué hizo para enojar a toda esta gente?
—En todos estos años el Ministerio Público hizo su trabajo. Es un proceso. Algunas personas sentirán que las sentencias protegen sus intereses y otras que no.
—Parece que quienes se sienten afectados tienen mucho poder en este país.
—Yo creo que por primera vez sí se juzgó a sectores, a personas, con poder.
—¿Cree que a esos sectores les ofendieron más los casos contra políticos corruptos o el juicio a Ríos Montt?
—Sin duda los grupos afines a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez hicieron un trabajo público para que se escuchara más su voz que la de las víctimas… Y hubo una reacción política en mi contra, está claro. Se han presentado más antejuicios contra mí en estos cuatro meses que en los tres años anteriores.
—Y finalmente no la reeligieron.
—La ley obligaba a los comisionados a puntuar los valores académicos, éticos, profesionales de los candidatos, pero de ahí ellos podían levantar la mano o no para seleccionarte. ¿Cuáles son las razones por las que no levantaron la mano en mi caso? No te lo puedo decir, no lo sé.
—¿Cree que el presidente de la república tuvo que ver en eso?
—El presidente siempre respetó la autonomía del Ministerio Público.

En nuestra entrevista de enero, Paz y Paz dijo que sostener las transformaciones en el MP dependería de que, tras su marcha, llegara una persona comprometida con el Estado de Derecho. Decía que lo importante es que a su sucesor o sucesora la eligieran por méritos. Thelma Aldana es, en ese sentido, una figura confusa, con luces y sombras en su pasado. En 2009 era una de los candidatos a la Corte Suprema a los que la CICIG acusó de estar controlados por el rey el tenis. Las críticas de Castresana contra ella fueron durísimas en aquel momento: “Aun cuando (…) la tabla de gradación tiene como objetivo seleccionar candidatos con un alto perfil, en el caso de la magistrada llama la atención la calificación que obtuvo en los siguientes rubros. Méritos de proyección humana: CERO en Participación en organizaciones y asociaciones civiles, CERO en Defensa del Estado de Derecho, CERO en Pro Derechos Humanos, CERO en Defensa y Promoción de Multiculturalidad…”

Aun así obtuvo la magistratura y en sus cuatro años en la Corte Suprema no recibió malas críticas. Claudia Paz pide darle el beneficio de la duda:

—Hay que esperar. Ella ejerció el cargo de presidenta de la Corte Suprema e hizo un trabajo muy importante a favor de las mujeres víctimas de violencia. Hay que esperar.

En un intento por que evite respuestas protocolarias, le recuerdo a Paz y Paz que ya puede decir lo que piensa porque ha dejado de ser Fiscal General. “Lo soy hasta las 4 de la tarde”, me responde con una sonrisa. “Entonces denos esta entrevista a las 5”, bromeo.

Ella encaja la burla pero no cede. El único momento en que logro romper su coraza es cuando destaco que hace dos días, 48 horas antes de irse del MP, logró la captura de Jairo Orellana Morales, un poderoso capo local de la región de Zacapa, especializado en dar tumbes de droga y vinculado, según informes de Estados Unidos, a los Zetas. Ahí sí, Claudia Paz sonríe de oreja a oreja, el rostro se le estira hasta casi cerrarle los ojos y se suelta a comentar el caso. El resto del tiempo responde con extraordinaria prudencia.

—¿La justicia aún hay que hacerla en Guatemala midiendo las consecuencias políticas de cada paso?
—La justicia hay que hacerla porque es lo que manda la ley y porque es lo que reclaman las víctimas.

Que salga del Ministerio Público no significa que Paz y Paz esté abandonando el tablero. Planea regresar a la academia, dar clases en una universidad en Washington, incidir desde allí, tal vez volver algún día. Por eso mantiene la cautela al hablar. Y no son sus únicas precauciones.

No lo sabré hasta dentro de dos semanas, pero Claudia Paz va a abandonar el país en avión esta misma noche. Ella y su equipo saben que, una vez despojada del fuero, las solicitudes de antejuicio contra ella se han convertido en denuncias, y temen acciones legales en su contra. Les han llegado, incluso, fuertes rumores de que las autoridades pretenden detenerla mañana domingo o el lunes. Sería un escándalo pero no están dispuestos a asumir el riesgo. Una vez fuera del cargo, la Fiscal General que logró condenar a Efraín Ríos Montt no se va a quedar en Guatemala ni cinco horas.

***

El vehículo se deshace por fin del tráfico de la capital y toma camino hacia el nororiente del país, hacia Nebaj. Son casi las diez de la mañana. Hoy 30 de junio es en Guatemala el día del Ejército, que antes se celebraba con una parada militar en las principales avenidas de la ciudad. Antes. En 2008 el Gobierno se rindió a la presión de las organizaciones de hijos de muertos y desaparecidos, que boicoteaban los desfiles e hicieron del 30 el día de memoria. Ahora los actos militares solo se celebran en los cuarteles y las calles del centro están llenas de murales e interminables mosaicos de fotos de desaparecidos, que permanecen en las paredes todo el año, todo el tiempo. En un muro de la Zona 1 alguien ha graffiteado: “Memoria, territorio en disputa”.

Hace un mes, el 10 de mayo, se cumplió un año desde la sentencia por genocidio. Pese a la anulación, tanto en la capital como en algunas aldeas del Quiché se conmemoró el día. En Chajul, uno de los tres municipios del departamento del Quiché que, con Nebaj y Cotzal, configuran el área Ixil, se reunieron algunos centenares de personas de toda la región para comer, dar testimonios y honrar con flores el día. Si antes se fingía que hay una sola Guatemala, desde la sentencia es más evidente que nunca que existen, en el debate sobre la historia y la justicia, al menos dos.

A los lados de la carretera los pueblos ocupan por unas horas el paisaje que antes era urbano pero terminan desapareciendo para dejar ver solo campo y bosques. Al timón está Allen González, que a finales de los 70 trabajó en Cáritas diocesana en Santa Cruz del Quiché junto al obispo Juan Gerardi. Tuvo que dejar la región cuando Gerardi, acorralado por las muertes de parroquianos y sacerdotes y tras escapar de dos atentados en su contra, decidió cerrar la diócesis. No solo irse él sino cerrar la diócesis. Allen creó en los 80 la Iglesia Guatemalteca en el Exilio y terminó regresando a finales de los 90 para trabajar en proyectos productivos con comunidades ixiles.

Es pesimista sobre el futuro. Toma la salida de Claudia Paz como un mensaje de que vienen tiempos malos para quienes exigen justicia por los crímenes de la guerra. Aun así, dice que el juicio sirvió para demostrar que no es la gente de las comunidades, de las aldeas indígenas, la que rehúye a la justicia, sino que es el mismo poder que elaboró las leyes el que las esquiva cuando la justicia no es esa que se fabricaron a medida.

—Este es un camino largo, que apenas está comenzando —dice.

Atravesamos el cantón Santabal. Allen me cuenta que a un par de kilómetros de la carretera hay dos pequeñas comunidades en las que ha llegado a contar más de 80 viudas de desaparecidos o asesinados en los años 80. Un poco más allá, me señala una enorme casona rodeada de muros blancos

—Esa la convirtieron en casa de tortura. En esos días los soldados subían a los buses encapuchados y se llevaban a quien querían para interrogarlo durante días.
—¿Tú crees que va a haber segundo juicio a Ríos Montt?
—No. Yo creo que van a darle largas al asunto hasta que se muera el señor. Van a estar en ese juego interminable que siempre se hace aquí. Además, está esa idea de que llegar a un juicio es dividir el país.
—(…)
—Tiene gracia, fijate. Pareciera que en Guatemala la injusticia une más que la justicia.

Llegamos a Nebaj, el pequeño pueblo que simboliza la represión contra los ixiles. En la plaza central, frente a la iglesia, se hacían los fusilamientos. Aun así, por años acá gobernó el FRG fundado por Ríos Montt y después el Partido Patriota. A esta plaza llegó, durante los días del juicio, Otto Pérez Molina con ropas típicas ixiles, a entregar sacos de comida. La guerra dividió a los ixiles entre quienes se refugiaron en el casco urbano bajo la tutela del Ejército y quienes huyeron a las montañas a malmorir de hambre y pasaron a ser considerados guerrilleros. Veo en un muro tras la iglesia una pintada de la Mara Salvatrucha. Hace unos días supe que Nebaj es el municipio con la tasa de suicidios adolescentes más alta de toda Guatemala. Si el pasado ixil es terrorífico su futuro también es sombrío.

***

Desde que conocí a Gaspar Velasco en 2010 le he escuchado decenas de veces enumerar el nombre de sus tres hijos asesinados durante el periodo de Efraín Ríos Montt: Miguel Velasco Hermoso, Francisco Velasco Hermoso, Juan Velasco Hermoso. En total perdió a nueve familiares, padres, hermanos, hijos, durante la guerra. El Estado de Guatemala, como parte de su política de reconciliación y sus medidas de resarcimiento, le ha compensado por dos de ellos. Es el límite. Puedes arrastrar 10, 20 muertos, pero solo se pagan dos muertos por familia. Cuenta que le dieron 44 mil quetzales, unos seis mil dólares. Los gastó en comprar tierra para cultivar. La otra que alguna vez tuvo la perdió cuando dejó su aldea, Bijolóm, huyendo del ejército.

También la casa en la que nos recibe la ha levantado en los últimos años con bloques de hormigón y láminas de aluminio entregadas por el Gobierno. A aquellos a quienes el ejército les quemó la casa en los 80 el Estado les ha dado materiales para construirse una casita de suelo de tierra y techo delgado, como las que se apelotonan en las zonas marginales de cualquier ciudad centroamericana.

El caserío La Libertad, 25 kilómetros al norte de Nebaj, era hace cuatro años todo de madera. Ahora está lleno de esas casas de bloque, aunque los más jóvenes, los que hace treinta años eran demasiado niños como para perder una casa propia y no han recibido ayuda del Estado, siguen viviendo entre tablones. Hablo de los jóvenes que se quedaron. En el centro de la comunidad hay una cuadrilla de obreros en un foso, levantando cimientos para la que será por mucho la casa más grande y moderna de La Libertad, de dos pisos y con instalación eléctrica completa. Es de una familia cuya hija migró a Estados Unidos.

Gaspar es un viejo bromista y de risa desdentada. Es de los pocos que habla español en la Libertad. Fue directivo de AJR pero poco antes del juicio delegó en otro vecino. Aun así, fue a testificar contra Ríos Montt y pasó semanas asistiendo día tras día a las audiencias. El día de la sentencia le vi sonreír por horas sin euforias, como quien ve un trabajo bien hecho. No había tenido oportunidad de hablar con él desde aquel día.

—¿Se sienten ustedes derrotados porque se anuló el juicio?
—¿Cómo vamos a estar débiles si pasamos lo que pasamos y sufrimos? Ellos tienen dinero y saben que nosotros somos pobres. Eso ha pasado. Pero todos los internacionales ya conocen los hechos. Todo el mundo sabe lo que Ríos Montt hizo. ¿Cómo vamos a estar débiles si ya fuimos dos veces al tribunal?

A veces es como irreal hablar con las víctimas que mantienen en pie la causa por genocidio. No hay en ellas resquicio para la derrota. Es como si midieran el éxito y sus plazos en un baremo distinto. En “Guatemala las líneas de su mano” Luis Cardoza y Aragón escribió que para los indígenas mayas el tiempo no existe. En el camino, Allen me ha dicho que la clave para entender a los ixiles es que no viven en ellos mismos sino en la comunidad, y por tanto su meta es el futuro de la comunidad, no el propio. Supongo que eso alimenta a un Gaspar que se muestra incombustible a sus 70 años.

—Siempre hay personas. Se desaniman. Pero no todos —dice Gaspar—. Los que damos testimonio sabemos que llegará el momento en que cambiemos la ley, en que cambiemos Guatemala. Porque aunque me quiten la vida esto no es para mí, es para Guatemala.
—¿Y qué dicen los jóvenes ixiles?
—Antes decían “no sabemos qué fue guerra, no sabemos qué pasó”. Pero ahora están sabiendo porque hay un libro de la sentencia. Eso ha servido. Los jóvenes saben ahora que no les mentíamos cuando les contamos qué pasó.

Gaspar me asegura que si se repite el juicio volverá a ir a testificar. A un lado suyo de pie, está Tomás Raimundo, que también dio su testimonio ante Yassmín Barrios. Al otro, como un Quijote flaco y oscuro, se para Francisco Matom. Solo habla ixil, pero con la ayuda de alguien más una vez me contó cómo vio arder el cadáver de su hermano en 1983, a la orilla de un camino. Como la mayoría de vecinos vive de sus cultivos y no falta nunca a una reunión en la que se hable del juicio, de movilizarse contra la explotación minera en la zona o de reparar la fuente. Le conozco como un hombre de ideas punzantes, de pocos rodeos:

—Ahora todos saben qué pasó —ha dicho—. Ahora hasta nuestros niños saben qué pasó. Y lo que pasó no se puede anular.
—Entonces —le pregunto de nuevo a don Gaspar—, ¿el juicio sirvió aunque lo anularan?
—¡Ay dios! El libro regó la verdad por toda Guatemala, no solo en Huehuetenango, no solo en el Quiché. Ya todo el mundo sabe cómo ocurrió todo, cómo fue el genocidio.
—¿Y si Ríos Montt muere antes de que lo condenen?
—Si muere sin el juicio, el mundo ya sabe lo que pasó y toda Guatemala deberá sentirse condenada.

Francisco usa otras palabras para expresar lo que queda, lo que ya nadie, aunque en ciudad de Guatemala se termine por archivar un proceso judicial, se destituya a una jueza o se sustituya a una Fiscal General, puede cambiar. Ajeno a los pulsos de poder, a los miedos de las élites a perder el control del país, Francisco se recuesta en la pared y emite su propia sentencia:

—Que yo me muera o Ríos Montt se muera ya no importa, porque está su familia, y está su historia, y está su conciencia.

Todo el mundo sabe lo que pasó en la cárcel de El Porvenir y todo el mundo, especialmente Honduras, parece haberlo olvidado: cuando a las 9:10 de la mañana del 5 de abril de 2003, 10 minutos después de que estallara el motín, la Policía y el Ejército entraron a los patios con sus armas largas y sus pistolas, en teoría para poner orden, solo habían muerto cinco personas. Dos horas después, en aquel penal de una veintena de celdas se amontonaban 68 cadáveres.

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La batalla la iniciaron los pandilleros del Barrio 18. Entre ellos y los Paisas -los presos no pandilleros- había un acuerdo de no agresión que se había respetado durante meses. A pesar de ser los eternos protagonistas de las portadas de diario, a pesar de encarnar todos los males y provocar todos lo miedos, a pesar de su talento para la violencia, la historia indica que en Honduras, cuando se trata de plantar batalla a otros grupos criminales o a las fuerzas de seguridad, los pandilleros llevan las de perder. En esa certeza descansaba la paz de El Porvenir, en la costera ciudad de La Ceiba. Los paisas cuadruplicaban a los pandilleros en número, aun contando a los recién llegados. Y eran paisas los “rondines”, el grupo de presos en los que las autoridades delegaban desde hacía años el orden en los patios, los hombres que a golpe de tolete o de machete imponían ley intramuros.

En plena explosión del plan “Cero Tolerancia” contra las pandillas impulsado por el gobierno del presidente Ricardo Maduro, si en las calles se temía y despreciaba a los pandilleros y la Policía había comenzado a perseguirlos a plomazo limpio con el aplauso de la población, en la cárcel se les vigilaba y trataba como a animales peligrosos. En El Porvenir, las autoridades habían dado a los rondines las llaves de las celdas 2 y 6, ocupadas por el Barrio 18. Los paisas, liderados por su coordinador general, Edgardo Coca, decidían quién entraba y salía, y cuándo. Hacían constantes registros, hasta tres al día. Establecían para los pandilleros castigos colectivos.

Esa paz desigual, sin embargo, comenzó a agrietarse el 7 de marzo, cuando Mario Cerrato, el Boris, aterrizó en El Porvenir con otros 29 dieciocheros. Habían sido trasladados desde la Penitenciaría de Támara, en teoría para evitar roces con otros presos. En teoría para evitar muertes.

Una vez en El Porvenir, el Boris no tardó en comprobar, indignado, que su Barrio bajaba la cabeza ante los abusos de los presos no pandilleros. Casi deinmediato conjuró reglas no escritas en la pandilla y logró desplazar al hasta entonces líder de los dieciocheros en el penal, Edwin Calona, El Danger, en la toma de decisiones. El Boris tenía en mente una guerra. Se sabe que sobornó a un custodio para que le proporcionara un arma y organizó un plan de ataque durante cuatro semanas. El sábado 5 de abril tomó su nueva pistola y se dirigió a la celda en la que estaban reunidos Coca y el resto de líderes de los rondines. Con él iban El Danger y otros ocho pandilleros armados con palos y cuchillos. El primer disparo de El Boris mató a José Alberto Almendárez, el subjefe de rondines. Encaramados a la confusión inicial, los pandilleros lograron abatir a balazos o machetear hasta matarlos a otros cuatro paisas. Buena parte de los rondines huyeron y buscaron refugio en los baños de sus celdas. Otros, los más veteranos, corrieron a buscar sus armas, para responder a El Boris.

Todos los testigos coinciden en que cuando, 10 minutos después del primer disparo, los policías que custodiaban el penal y los soldados de refuerzo entraron en los patios, lo hicieron a cañón suelto y con la intención clara de proteger a los paisas, matando a todo pandillero que encontraban a su paso. De inmediato, rondines, custodios y militares formaron un solo batallón que hizo retroceder a la mayor parte de dieciocheros hacia sus celdas. La carnicería estaba por comenzar.

Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.

A pocos metros, frente a la celda número 2, policías, soldados y rondines descargaron sus armas hacia los pandilleros que se habían refugiado allí, al tiempo que les gritaban que se rindieran. Por un instante cesó el fuego cruzado: los pandilleros se rindieron y lanzaron sus armas hacia el patio, pero los primeros que se atrevieron a salir con las manos en alto fueron acribillados. Uno murió en el acto. Los que quedaron en el suelo, heridos, retorciéndose, fueron rematados a golpes y cuchilladas por los rondines. Aquellos que en un primer momento se quedaron parapetados en la celda sufrirían una muerte más brutal: cuando el humo y las llamas que de la celda 6 ya pasaban a la 2 les forzaron a salir, fueron tumbados boca abajo en el suelo. En esa posición los ejecutaron. Después de lincharlos y acuchillarlos, todos fueron rematados a tiros. Los mismos tiros que más tarde permitirían reconstruir lo sucedido a Arabeska Sánchez.

En cada rincón del penal, respaldados por las armas de la Policía y los militares, los presos paisa completaron la venganza. Policías remataban a los pandilleros heridos, soldados contemplaban en silencio cómo rondines se ensañaban con cadáveres ya desfigurados.

El comandante a cargo del operativo, el subcomisionado Carlos Esteban Henríquez, detuvo la matanza alrededor de las 11, cuando supo que desde la escalera de un camión de bomberos que acababa de llegar a sofocar el incendio un camarógrafo lo grababa todo. Solo entonces ordenó a sus hombres dejar de disparar y trasladar hacia un hospital a los heridos. En su primera declaración a los periodistas, un vocero del Ministerio de Defensa, el subcomisario Leonel Sauceda, dijo que, de los incidentes carcelarios causados por pandilleros en los últimos meses, este había sido “el más grave”.

23 de las 68 víctimas tenían heridas por arma de fuego. 60 de ellas eran pandilleros del Barrio 18. Cinco murieron desangradas. Una recibió 20 machetazos en la cabeza. En la celda número 6 murieron 25 personas asfixiadas o quemadas. El cuerpo de una de ellas quedó calcinado a tal punto que fue imposible identificarla, y ni siquiera se pudo conocer su edad o su sexo. Los cuerpos de los muertos fueron trasladados a San Pedro Sula para que se les realizara la autopsia. Llegaron como podridos a la morgue. No aguantaron las cuatro horas de viaje a bordo de camiones sin refrigeración.

El presidente Ricardo Maduro, su ministro de Seguridad Óscar Álvarez y su viceministro Armando Calidonio, llegaron al penal a las 4 de la tarde, cuando todavía había cadáveres en el suelo. A los minutos, un miembro de la comitiva presidencial ordenó a los bomberos limpiar de inmediato el escenario de la masacre para que los presos sobrevivientes, que también habían sido evacuados tras el alto el fuego, regresaran lo antes posible a sus celdas. No importó —todavía hoy hay quien sugiere que ese era el propósito de la orden— que con el agua se borraran posibles pruebas y se convirtiera en tabula rasa la escena del crimen.

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La de El Porvenir fue la primera de las tres grandes masacres ocurridas en la última década en cárceles hondureñas. Un año después, en 2004, la quema del sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula causó 107 muertos. En febrero de 2012, como en una escalada macabra, otro incendio consumió casi totalmente la granja penal de Comayagua y murieron 361 hombres y una mujer que había llegado de visita. Medio millar de muertos en tres zarpazos bajo el aplauso de buena parte de la sociedad hondureña, que suele recibir la muerte de presos como una purga sanadora. Pero la huella puntiaguda de estos tres episodios en las gráficas oficiales de muertes violentas en los penales de Honduras no cuenta la verdadera historia. Es en el valle de los muertos casi diarios y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad por ellos donde brutalidad de la política penitenciaria en Honduras se vuelve transparente.

La hemeroteca y el relato de quienes sobreviven intramuros rebalsa de casos extraordinarios: en marzo de 2008 un grupo de expandilleros fue trasladado desde San Pedro Sula hasta Támara tras un motín en el que hubo nueve muertos. Una vez en la Penitenciaría Nacional fueron metidos en plena noche en sectores de paisas, pese a la certeza de que acabarían muertos. Así fue. Al amanecer había 18 pandilleros acuchillados. A mediados de 2009, dos juezas ordenaron medidas cautelares para proteger a un preso por homicidio cuya vida peligraba si era ubicado en el mismo sector en que cumplía pena el hermano de su víctima. Pese a haber recibido y leído las órdenes judiciales que explícitamente pedían que se le asignara al reo otro área del penal, el director del centro lo envió a la muerte. El director está hoy acusado de homicidio. En 2011 otro director penitenciario mantuvo a un preso epiléptico engrilletado de pies y manos en una pequeña celda de castigo en la base de un torreón de vigilancia, y se negó a que el personal de la clínica le diera su medicación. El preso murió y nadie señaló culpables. Son constantes los enfrentamientos entre internos, con armas de fuego. El 29 de marzo de 2012 un grupo de presos de la cárcel de San Pedro Sula derrocó por las armas a su coordinador general y estableció en el penal un nuevo orden. Tras varias horas de tiroteo se contaron 14 cadáveres.

Los informes de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o Naciones Unidas, han denunciado regularmente desde hace más de una década la crueldad de las condiciones de las cárceles hondureñas y el constante riesgo para la vida de los presos. Sin que haya habido cambios. Solo en los últimos tres años han muerto de forma violenta en cárceles de Honduras más de 450 presos. En promedio, uno cada dos días y medio. Baleados por los guardias, acribillados por disparos de otros reos, perforados por las esquirlas de una granada, estrangulados, acuchillados, ahorcados, apaleados, empalados, decapitados, quemados vivos.

Resulta imposible acceder a registros sistematizados y completos de muertes violentas en las últimas décadas, pero los datos oficiales de mortalidad en cárceles, que convenientemente mezclan los decesos naturales con homicidios y asesinatos, no logran esconder lo evidente: el promedio entre 2003 y 2012 fue de 106 muertes anuales dentro de prisión, la inmensa mayoría de ellas por hechos violentos. Si Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 79 por cada 100 mil habitantes en 2013, y tiene una mortalidad total de 4.78 por cada mil habitantes según datos de 2012, sus cárceles son el lugar más peligroso de Honduras con una tasa de mortalidad promedio que supera los 7.8 por cada mil presos en la última década.

Las autoridades hondureñas suelen sugerir que los incendios en cárceles son excepcionales e imprevisibles, que las muertes de presos en plena fuga son inevitables y justas, y que los motines o las venganzas entre internos son aleatorias. Como si las lógicas salvajes de los presos fueran incomprensibles. No es sino una forma de mentira institucional. En las cárceles, las muertes siempre tienen una explicación. Y las masacres de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua no son sucesos aislados sino cimas, cumbres, de la normalidad asesina del sistema penitenciario de Honduras. Unas veces el Estado mata directamente a través de sus funcionarios de prisiones; otras, facilita que sean otros los verdugos en un sistema de pena de muerte tácita.

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10 años después, sentada en el bar de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez reflexiona sobre la masacre. Es evidente que le alegra que a alguien le importen aquellos muertos tanto tiempo después y en un país que todavía aplaude sin pudor diversas formas de limpieza social.

Lo que llegó a la mesa de Arabeska Sánchez no parecía una bala. Ese pedazo de metal deforme podía ser cualquier cosa, y aun asumiendo que fuera un proyectil iba a ser imposible rastrear el arma del que salió. Ella, corpulenta, bajita, arrugó la cara, detrás de sus lentes entrecerró aun más sus pequeños ojos e intentó adivinar alguna pista en esa esquirla de plomo, pero terminó por rendirse. Había visto en televisión las escenas de la masacre de la cárcel de El Porvenir y la carcomía el deseo de ayudar a identificar a los perpetradores. Pero de los centenares de balas y casquillos recogidos por el Ministerio Público después de la matanza, su astilla era la más inútil. Incómoda, la devolvió a la bolsa en la que venía etiquetada como indicio y escribió en su dictamen: “El fragmento ha perdido masa y características de clase e individualizantes. No tiene valor analítico.”

Sentada en la parte menos ruidosa de un bar que pretende ser bohemio, en medio de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez se aferra a un vaso con hielo y seven up mientras rememora su intento de descifrar los secretos de aquel pedacito de plomo. No he conseguido que acepte una cerveza o que me acompañe con un trago de ginebra. Dice que mañana tiene que madrugar.

—Nada de alcohol si hay que trabajar.

Es, y lo demuestra en cada frase y cada gesto, una mujer serena. Dura, agresiva en sus opiniones, pero serena. Supongo que solo anclado en esa serenidad puede uno haber visto desfilar ante sus ojos toda la muerte que cabe en Honduras y continuar creyendo que se puede salvar a este país de sí mismo.

Aquel abril de 2003, como si se apiadara de su frustración, el azar quiso que el peritaje fallido le abriera a Arabeska Sánchez una puerta mayor en la investigación de la masacre. Puesto que era la única miembro del laboratorio que no presentaría prueba balística en el juicio, la fiscal del caso le asignó una nueva tarea: reconstruir con la mayor precisión posible, usando los informes de sus compañeros, la masacre de la granja penal de El Porvenir. Sin pedirlo, se convirtió en una pieza clave para probar cómo el Estado hondureño, en complicidad con una banda de matones, asesinó de manera salvaje en dos horas a seis decenas de seres humanos.

Asegura que, más aun que la masacre en sí, y por despiadado que parezca, fue el largo y tenso juicio posterior el que retrató el nivel de desprecio del gobierno de Honduras por la vida de los prisioneros.

—Si quieres saber cómo es, incluso 10 años después, el sistema penitenciario de Honduras, buscá y revisá el expediente del caso de El Porvenir. Fue la primera vez que se desnudaron todas sus debilidades.

Arabeska no lo dice, o lo dice con otras palabras: la de El Porvenir no es una historia del pasado. El país más violento del mundo mantiene aún hoy, como política no oficial, el exterminio sistemático de sus presos.

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El juicio por la masacre de El Porvenir inició en marzo de 2008 y fue un pulso del Estado hondureño consigo mismo. Mientras el Ministerio Público pujaba por el esclarecimiento de las 68 muertes, el Ejecutivo ponía todo su empeño en el encubrimiento. Quedó probado que la dirección del Sistema Penitenciario había alterado en su libro de incidencias la hora en que comenzó la masacre. Quedó probado que los informes de novedades de la Policía Preventiva se habían falseado para hacer ver que la voz de alarma se dio tarde y el operativo policial había durado una hora menos de lo que realmente duró. Quedó probado que el jefe policial a cargo del operativo mintió en su informe y escribió que sus agentes habían sido recibidos a balazos por los pandilleros y solo habían disparado en defensa propia. La Secretaría de Seguridad pagó los abogados de los custodios, contrató a peritos en balística e incluso reclutó a investigadores del Ministerio Público para que argumentaran en contra de las pruebas de la acusación.

Con la mirada endurecida detrás de sus inseparables lentes, Arabeska Sánchez explica la sensación de desventaja que tuvo el equipo fiscal durante todo el proceso que duró 159 días, algo más de cinco meses.

—Éramos cuatro personas: dos fiscales, un médico forense y yo, y delante teníamos un buró de 60 defensores, una barbaridad de gente. Sentíamos una presión terrible.
—¿Recibieron alguna amenaza?
—Hubo vehículos sospechosos siguiendo el carro de la Fiscalía que usábamos en La Ceiba, así que pedimos un vehículo de refuerzo que nos acompañara cada vez que nos desplazábamos del hotel a la audiencia. Después de cada sesión teníamos que encerrarnos. Balearon a un muchacho en el parqueo de mi hotel, y también hubo disparos frente al hotel en que se estaba quedando la fiscal.

Las salas de audiencia de los tribunales en La Ceiba eran demasiado pequeñas para un proceso de estas dimensiones, así que el juicio se celebró en la sede local del colegio de abogados. Todos los días se desplegaba un cordón policial que rodeaba el edificio en el que se estaba juzgando, principalmente, a policías por el asesinato de presos. Aunque se esgrimía razones de seguridad, para el equipo fiscal era una forma más de intimidación. Durante las audiencias, los jueces pidieron a los acusadores que no se levantaran al baño en los recesos para no exponerse a recibir ataques. A los pocos días de comenzar el juicio, una amenaza de bomba obligó a desalojar todo el edificio y suspender la audiencia durante horas.

Toda La Ceiba se convirtió para Arabeska Sánchez y su gente en territorio hostil. Mientras los acusados y sus familiares celebraban barbacoas por la noche, los cuatro miembros del equipo fiscal comían aislados en su hotel. No había quien quisiera sentarse con ellos ni se podían dar el lujo de caminar tranquilamente por la ciudad costera.

Las pruebas y testimonios eran, en todo caso, aplastantes. Durante el juicio se mostraron imágenes de televisión en las que se veía a agentes golpear a pandilleros moribundos de la mano de presos rondines. Los informes de balística confirmaron que la mayoría de víctimas habían muerto por disparos de armas asignadas a policías y soldados. También pusieron en evidencia que algunas de las armas homicidas nunca llegaron a ser entregadas a la Fiscalía por parte de la Policía. Simplemente desaparecieron.

21 de los 33 acusados fueron declarados culpables y recibieron condenas que oscilaron entre los 3 y los 1,035 años de cárcel. El comandante de la Policía al frente del operativo, Carlos Esteban Henríquez, fue declarado culpable de omisión en 19 asesinatos y condenado a 17 años de prisión. El director del penal, Danny Alexander Rodríguez Valladares, no fue en cambio ni siquiera imputado porque el día de la masacre, aunque no tenía permiso, no se presentó a trabajar. En el año siguiente a la masacre fue trasladado varias veces y dirigió los penales de Santa Bárbara y Danlí, y en 2012, como si en Honduras la burla fuera una política de Estado, fue enviado de urgencia a sustituir al director del penal de Comayagua, fulminantemente suspendido tras el incendio en que murieron 361 personas.

Desde junio de 2013, Rodríguez Valladares es el director del penal de San Pedro Sula, el segundo más grande del país. Allí, como una década antes en El Porvenir, comparte el poder con un equipo de rondines armados, presos que, bajo el liderazgo de otro preso, imponen disciplina, operan como la verdadera autoridad de la cárcel y deciden sobre la vida y la muerte del resto de internos. Como si no hubiera huella del pasado y la muerte de 68 reos fuera un apunte marginal, anecdótico, en la doctrina del sistema y la carrera de un funcionario.

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La noche lo calla todo menos al río, cuyo rugido parece advertir que en este suelo, donde hubo una vez risas y bailes con orquesta, nadie debe volver a construir nada. Por décadas la corrupción hizo de La Mora -el pabellón de los presos ricos en la antigua Penitenciaría Central de Honduras- un lugar feliz para quien pudiera pagar. Mientras los presos comunes, encerrados en la parte alta del recinto, malcomían y asistían a la escuela para aprender a leer, en las celdas de La Mora se instalaron mesas de casino y en su patio se celebraban a menudo veladas de boxeo con púgiles invitados.

El huracán Mitch barrió todo eso. El 30 de octubre de 1998 las aguas del río Chiquito, convertidas en el brazo de un gigante desbocado, redujeron La Mora a un predio baldío. Del resto del penal quedaron ruinas de cierta solemnidad, pero de La Mora solo sobrevive un torreón de vigilancia, en extraño equilibrio sobre sus bases mordidas.

Entre los cimientos de ese torreón, a oscuras, Dionisio Sánchez ordena sin prisa sus montículos de cartón, sus redes llenas de latas y sus amasijos de quincalla. El aire en Tegucigalpa está limpio, como entre lluvias. Dionisio es pequeño y tiene una sonrisa burlona. Al hablar despereza dos ojos sorprendidos, como si conversar fuera para él una excentricidad o un placer olvidado y redescubierto.

Se asentó bajo este techo prestado en el año 99, pocos meses después del paso del huracán y vive de vender basura y cargar bultos en el mercado mayorista. Nunca ha pisado una cárcel, pero sabe perfectamente qué sucedió acá el día que desapareció La Mora:

—Cuentan que se iban y los mataban. Los presos se iban y los mataban.

Aquel jueves, con Tegucigalpa entera en estado de alarma, con el río a punto de desbordarse, entre los presos de la Penitenciaría Central corrió el rumor de que nadie iba a llegar a evacuarlos. En mitad de la emergencia, mientras temblaban los muros que trataban de sostener el río y se filtraba el agua, decenas de reclusos de La Mora treparon uno tras otro por las paredes pensando que era su oportunidad de escapar o de salvar la vida. Los guardias dispararon a matar. Alrededor de 30 presos fueron arrastrados por el río heridos o ya muertos. Sus cuerpos nunca aparecieron.

Años después, en una nota que pretendía resultar entrañable, el diario El Heraldo escribió que en las ruinas de la vieja cárcel de Tegucigalpa hay fantasmas de guardias y de presos muertos. Como si la leyenda negra de un país que mata a sus presos fuera un juego de miedos infantiles. Como si los asesinatos en una cárcel hondureña fueran cosa del pasado o de otros mundos.

Esta noche, en mitad del antiguo patio de La Mora, a pocos metros de su torreón, Dionisio Sánchez parece uno de esos fantasmas. Sabe que desde este torreón mataron a gente porque se lo contó un amigo que cumplía sentencia en aquellos días en La Mora y vio con sus propios ojos morir y hundirse en los remolinos de agua a compañeros de encierro. Una rata del tamaño de un gato atraviesa el predio en dirección a Dionisio y se cuela entre sus cartones.

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El Doctor de la cárcel de Támara fue un fantasma en la vieja Penitenciaría Central en los años 90 y la condena de ver pasar cadáveres de presos le ha acompañado hasta hoy. “Aquí la primera causa de muerte es la herida por arma de fuego”, dice, y mantiene una postura fría, los brazos sobre el escritorio, la espalda recta, el gesto ausente, como si hubiera repetido esta frase mil veces y no sirviera para nada.

La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida popularmente como Támara, estuvo una vez llamada a ser la primera piedra de un nuevo sistema penitenciario en Honduras. Cuando Mitch derribó los muros de la antigua Penitenciaría Central, en Támara se estaba terminando de construir una cárcel modelo para 1,800 personas, diseñada para facilitar la clasificación de internos por perfil criminológico y tipo de delito, a la medida de un futuro sistema progresivo de reinserción. Apenas albergaba entonces a 300 presos y debía irse llenando paulatinamente, bajo nuevos criterios de administración.

También eso se llevó el huracán. Los presos de la Central fueron finalmente evacuados de urgencia la tarde del 30 de octubre e instalados temporalmente en los bajos de las gradas del Estadio Nacional, a 200 metros de distancia cruzando el río, pero a salvo de las aguas y al cabo de unas semanas se les trasladó a todos, a los 3,500 que se amontonaban en la Central, a la nueva penitenciaría, donde quedaron de nuevo amontonados. No hubo, claro, más criterio que la prisa a la hora de asignarles celda. Ni perfil, ni distinción entre condenados y pendientes de condena, ni clasificación por grado de peligrosidad. Aún hoy los sectores del penal de Támara se llaman Procesados 1 y 2, y Sentenciados 1 y 2. Una falsedad.

En los desagües del Estadio Nacional aparecieron a los pocos días restos humanos. Los presos de la Central habían hecho sangrientos ajustes de cuentas mientras estuvieron en ese albergue temporal y llevaban consigo hasta el nuevo penal la tradición carcelaria de muerte y corrupción de las décadas anteriores.

El Doctor vivió aquel tránsito de la Central a Támara y ha estado en esta cárcel los últimos 15 años. Él ronda los 60. Su pelo peinado hacia atrás, su afeitado riguroso de médico viejo, y su camisa impecable debajo de la bata blanca contrastan con la clínica en ruinas en la que trabaja, sin equipo de rayos x, sin apenas camas, entre telarañas y pasillos a los que les faltan las ventanas. Como el resto de médicos y enfermeros de Támara, trae cada día de casa sus bisturíes, sus tijeras, su estetoscopio, sus guantes.

El penal es una ciudad pobre, sobrepoblada por 4,000 personas a las que las autoridades alimentan con una dieta única de frijoles y arroz tres veces al día. Además, el agua de Támara, los días que no falta el suministro, no es potable. El Doctor dice que la tratan para eliminar algunos gérmenes, pero que de ninguna manera es potable. Aun así, se bebe. Hacinados, malnutridos, maltratados, enfermos, en los meses de verano tres cuartas partes de los presos tienen sarna.

—Hubo un tiempo en que sí, como a finales de los 80, por el sida, pero desde hace unos 15 o 20 años ya no son las enfermedades las que matan a la gente aquí en las cárceles —aclara el Doctor—. Primero crecieron las muertes por arma blanca, y ahora ya no, ahora son por arma de fuego.

En Támara, la cárcel más grande del país y la más cercana a la capital, conseguir un revólver .38 cuesta alrededor de 25 mil Lempiras, 1,300 dólares, y que las autoridades dejen pasar una pistola 9 mm. cuesta 45 mil, unos 2,300 dólares. Un AK47 o una granada tienen precios lógicamente mayores, pero igual se pagan. Los agentes policiales que custodian la cárcel se dejan sobornar tanto por paisas como por pandilleros y los surten de armas para que se maten entre ellos, como auténticos vendedores de muerte. En un círculo vicioso que se ha perfeccionado con el paso del tiempo, las mafias de los internos alimentan la corrupción y la corrupción a su vez fortalece a las mafias de los internos.

—Mire, en las cárceles hay un poder fáctico que está por encima del director —dice el Doctor—. Los llaman “los Toros”. Son los reos poderosos, los que en cada penal manejan el narcotráfico, los negocios ilícitos, el crimen…

El Doctor no ha necesitado hacer preguntas incómodas ni meterse en los asuntos de otros para averiguar lo que sabe. Por su clínica pasan las consecuencias de todos los problemas de la cárcel. Hace algunos años comenzaron a aparecerle heridos con unos extraños cortes circulares en el cuero cabelludo, un mosaico de incisiones regulares y profundas. Le llevó un tiempo deducir de dónde venían. Los coordinadores de los sectores usan un tablero lleno de corcholatas, chapas de botella, clavadas boca arriba, y colocan al reo con la cabeza sobre las chapas, con los pies levantados y apoyados en la pared, sin manos, para que todo el peso del cuerpo descanse sobre la cabeza y los filos dentados de las corcholatas atraviesen lenta pero profundamente la piel.

Es solo una de las muchas formas en las que Támara se autogobierna de muros para adentro con la absoluta complicidad de las autoridades. Al igual que sucedía con los rondines de El Porvenir, y como sucede en casi todos los penales de Honduras, en Támara los internos que regentan los patios disciplinan al resto con torturas sistemáticas. En cada sector tienen celdas reservadas expresamente para el castigo y la tortura. A esas salas las llaman CORE, como el CORE VII, la posta Metropolitana n°1 de la Policía Nacional en Tegucigalpa, en la que tradicionalmente se ha dicho que las autoridades torturan a su vez a sus detenidos.

15 años después del huracán, la que pretendía ser una cárcel ejemplar está carcomida por la corrupción y la desidia institucional. Las autoridades tratan a los presos como animales y les permiten gobernar su propia jungla. El resultado es un poder, el de los internos, que nadie logra ni -tal vez- quiere domar. Las autoridades se limitan a fingir que al menos pueden evitar que ese poder salga de su jaula. Por eso, cuando no se trata de un escape planeado y pagado a las redes de corrupción del penal, que inician en los coordinadores de cada sector y terminan en las oficinas administrativas del penal, los custodios disparan a quienes tratan de fugarse.

***

El 19 de mayo de 2009, Alexander Noé Moncada Zúñiga, un joven de 29 años condenado por allanamiento de morada trató de fugarse de la prisión Marco Aurelio Soto de Honduras, conocida por todos como Támara. Llevaba menos de un mes de reclusión, pero estaba nervioso como un adicto separado de sus dosis. La cárcel, al principio, puede ser un picor insoportable. A las 11 de la mañana de un martes de mayo, ese preso delgado y con bigote se lanzó, vestido con ropa deportiva, sobre el primer muro de los dos que forman el perímetro de seguridad del penal. Los vigilantes le descubrieron en la llamada “zona muerta” entre las dos paredes y le hicieron disparos de aviso. Él dudó unos instantes, midió sus remotas posibilidades de éxito y decidió que lo más seguro era volver a saltar de regreso a su sector. Pese a ver que el preso regresaba al recinto, un custodio le disparó por la espalda y le hirió en el glúteo.

El disparo no lo mató. El escapista frustrado recibió atención primaria y llegó incluso a hablar con los periodistas a su llegada al hospital Escuela de Tegucigalpa, un par de horas después del suceso. Explicó que quiso fugarse por la ansiedad de que su familia no lo llegara a visitar. Sonrió a las cámaras. Antes de que anocheciera estaba muerto. Desangrado, según la versión oficial. Un año después, el custodio fue condenado a 15 años de cárcel.

Es el único caso de este tipo por el que el Ministerio Público de Honduras ha conseguido jamás una condena. A los internos les da miedo denunciar o testificar porque al regresar al penal temen que los custodios, o los coordinadores de sectores, coludidos con las autoridades corruptas, los vayan a asesinar.

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El Fiscal batalla con cientos de casos como el de Moncada: torturas, abusos, violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Como El Doctor, cuenta sus anécdotas desde la protección que da el anonimato, porque ha recibido amenazas directas de muerte y porque en Honduras los asesinatos de fiscales y defensores de Derechos Humanos en los últimos tres años han hecho del miedo un rasgo de sentido común. Los canallas no quieren que cambie el sistema, y El Fiscal sabe que los canallas, especialmente los que trabajan en despachos oficiales, le conocen y le odian. Por eso aprendió a disparar y anda siempre armado.

—Es típico, ocurre a veces que un interno logra pasar la zona muerta y lo persiguen 10 o 15 policías, y cuando lo tienen casi sometido, y así es más fácil, le disparan en la espalda y muere. O lo capturan, lo ingresan al penal y muere.
—¿Se abren expedientes internos o investigaciones por esos casos?
—Al Ejecutivo no le interesa. Nunca hay sanción para el custodio que dispara. Nunca hay una investigación interna cuando muere un preso. Si la Policía se da cuenta, no investiga. Solo se abre un caso cuando el Ministerio Público toma su propia iniciativa o por denuncia de una oenegé.

Cuenta El Fiscal que una vez llegó a Támara para investigar un caso de abuso de autoridad y se le arremolinó alrededor un grupo de presos ansioso de que viera algo. “Ya le van a conseguir los lisiados”, le dijeron. Al poco vio acercarse a una docena de personas cojeando, malcaminando, apoyada en muletas. Una procesión de tullidos y gente rota. Se trataba de presos que habían intentado fugarse y recibido castigo de los guardias por ello. Muchos tenían brazos rígidos y doblados por fracturas que nunca les fueron enyesadas, o pies ladeados.

—Me han hablado de disparos en los pies, como castigo ejemplar -le pregunto.
—Varios me dijeron: “Mire, yo me escapé, pero cuando ya me tenían detenido me dispararon en la pierna, ‘para que no lo volvás a hacer’, me dijeron, y pummm”. En Támara hay muchos casos. Podés hacer un libro con ellos. Y no es lo peor que ha pasado y sigue pasando.

El 27 de marzo de 2014, a las 2 de la tarde, tres internos trataron de fugarse del penal de Támara después de, aparentemente, sobornar al soldado que ocupaba una torreta de vigilancia. Cuando otros centinelas se dieron cuenta de lo que sucedía, les persiguieron y, tras hacer disparos de aviso, terminaron por apuntar al cuerpo. Uno de los presos, Erik David Sevilla Salgado, recibió un tiro en una pierna. Aunque fue trasladado al hospital en Tegucigalpa, murió desangrado. Otro preso herido que, como Moncada en 2009, murió desangrado.

24 horas después, las autoridades de Támara no habían hecho llegar a las oficinas centrales del Sistema Penitenciario, que están a menos de un kilómetro de distancia del penal, ningún informe escrito sobre el suceso. El Fiscal sabe que, cuando algo así sucede, no va a encontrar ayuda policial para dar con un culpable.

—Ya te digo que estos asuntos no le interesan a nadie.

***

El preso más conocido -y probablemente uno de los más aplaudidos- de Honduras se llama Moncho Cálix. En los periódicos le han dado el apodo de “El exterminador de mareros” por la larga lista de ataques que, ya estando en la cárcel, ha perpetrado -con cuchillo, con pistola, con granada- contra presos pandilleros.

El 24 de julio de 2012 volvió a hacer gala de su sobrenombre. Ese martes, en el módulo de máxima seguridad de Támara, una cárcel aparte construida a un centenar de metros de la Penitenciaría Nacional, Moncho Cálix sacó un revólver .38 por la ventana de su celda y comenzó a disparar contra los pandilleros del Barrio 18 que en ese momento estaban en el patio. Hirió a tres. A uno de ellos, al que Cálix disparó primero, su verdadero objetivo, le acertó en la cabeza. Era Norlin Ardón Varela, “Lucifer”, uno de los principales líderes de la 18 en Honduras.

Ninguno de los pandilleros murió pero en Támara se dice que las secuelas de Lucifer son graves y le han dejado a merced de cualquier enemigo. Ya no puede valerse y menos defenderse solo. Por eso no regresó a Máxima Seguridad sino al módulo El Escorpión, donde está con sus homiesy el Barrio 18 puede atenderle y protegerle.

Es obvio que fue un custodio, un policía, quien proporcionó a Cálix el revólver. Al día siguiente del ataque se habló en los periódicos de la corrupción del sistema penitenciario y de revisar los videos para ver quién entregó el arma. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación. Pero casi dos años después no ha habido ningún detenido ni tiene sentido pensar, a estas alturas, que algún día lo habrá.

Cuando le pregunto a La Sombra por Moncho Cálix su respuesta es el inicio de una cita enciclopédica: “Moncho Cálix Urtecho… es familiar de los Urtecho, que han sido asesores de seguridad pública…”

De la Sombra diremos solo que, por su trabajo atraviesa a su antojo los muros y conoce desde hace años todos los rincones de las cárceles hondureñas. Conoce a los custodios, conoce coordinadores de cada módulo, conoce a los pobres diablos que sufren sus castigos y sabe tanto de las corruptelas administrativas como de los grandes negocios entre la dirección de cada penal y sus presos. Sabe, siempre, qué dicen los patios sobre cada muerte y sobre cada fuga.

Me recibe en su casa, una vivienda sobria en una colonia obrera del extrarradio de Tegucigalpa. Viendo las limitaciones del lugar, uno dría que La Sombra, pese a moverse entre la corrupción del sistema penitenciario de Honduras, tiene las manos limpias.

—Mucha gente me ha hablado de Cálix -le digo-. Le llaman el asesino de mareros.
—Es de Olancho, pero residía en la Mosquitia. Es un exmiembro de las Fuerzas Armadas con mucha experiencia militar que está ahí dentro por un tema de drogas. Heroína. Cayó con su esposa pero él se hizo responsable y cargó con todo. Y ya una vez en prisión se convirtió en sicario.
—¡¿Se convirtió en sicario ya estando dentro?!
—Pues sí. Él no tenía antecedentes violentos, pero al principio le hicieron atribuirse muertos que no eran suyos, y después ya él puso sus muertos. Es el principal enemigo de la 18. Lleva ya… mínimo… 40 o 50 cadáveres dentro de la prisión, pero en tu artículo ponele que son 20 o 30, para que no digan que ando exagerando.

La Sombra habla de los crímenes de Cálix con cierta naturalidad cínica, como lo haría un enterrador, pero poda los números que no puede probar para que nadie le tome por un charlatán. En Honduras la gangrena maloliente de la corrupción carcelaria es tan voraz y ramificada que hay que desbrozarla para que resulte verosímil. ¿Quién demonios va a creer que entre los muros de una cárcel se forjó un asesino en serie de esas dimensiones sin que las autoridades actuaran, sin que el periodismo lo advirtiera y la sociedad se indignara, sin que el esperpento fuera ya una novela o una película?

Yo mismo desconfiaría de La Sombra, de sus números, si no fuera porque el nombre de Moncho Cálix se ha repetido en cada conversación que he tenido las últimas dos semanas acerca de las muertes de presos en Honduras. Cálix es el sicario-símbolo de los penales de Honduras. Entró a la cárcel en 2001 con una condena a 19 años y, a base de cometer asesinatos a plena luz del día en diferentes penales y confesar muchos de ellos, ha sumado condenas hasta tener ahora 340 años de cárcel por cumplir.

Hace unos días, una defensora de Derechos Humanos que sigue su caso, que le teme, que nombra a Cálix en susurros, temiendo que él pueda oírle aunque con certeza sabe que estamos a muchos kilómetros de distancia, me confesó que las sentencias contra Cálix se quedan cortas y ella le atribuye más de 100 asesinatos.

—Analizando sus expedientes le conté 104 muertes en penales, la mayoría por ahorcamiento y casi todos pandilleros, eso entre 2003 y 2006 -me dijo en su pequeño despacho-. Después le perdí la cuenta, dejé de seguir sus casos, hasta que 2012 quiso matar a ese otro… Al pandillero que quedó fregado. Y ahí me vino todo otra vez a la cabeza.

Le pregunto a La Sombra quién ordena todas esas muertes y de repente transita del cinismo y la indignación. Parece que no termina de decidir si le importa, y cuánto, lo que pasa dentro de los muros. O cuánto está dispuesto a permitir que le importe.

—Lo que ocurre es que los organismos de Derechos Humanos no tienen valor, se acomodan, todos… porque ellos tienen que sobrevivir también.
—¿Quiere usted decir que denuncian solo parte de lo que saben?
—Sí, y no son preventivos, no ponen el dedo donde es, no denuncian a quienes controlan los sectores o las cárceles. Solo se dedican a pedir indemnizaciones.
—Pero ese dinero es para las víctimas.
—¿Y es que con una paga se solucionan las muertes? Mire, al final de todo el problema, la pelea, no es la muerte del recluso… sino lo que reclaman los vivos. Eso es lo que he aprendido.

Que los internos controlen de forma absoluta la vida de los sectores no solo implica que establezcan sus propios y brutales sistemas de disciplina. Significa que en complicidad con las autoridades del centro administran todo lo que hay y sucede en la cárcel como un bien privado. Puesto que la opinión de los coordinadores influye en el diagnóstico de peligrosidad del preso, cobran 300 mil lempiras, más de 15,000 dólares, por no enviar a máxima seguridad a un interno que no se pliegue a su jerarquía, o 150 mil por dejarlo en el sector de Diagnóstico, reservado a los recién llegados y en teoría más seguro. Y una vez allí cada cama, cada espacio para dormir, tiene un precio. Se pagan 6,000 lempiras (300 dólares), por el derecho a dormir en el suelo de un pasillo.

Y las vidas, privatizadas, también tienen un precio.

—En 2013 hubo dos muertes de 2 millones de lempiras cada una, pagadas por narcotraficantes y ejecutadas con autorización del director del centro: la de Tatum, un narco de la Mosquitia, y la de “El Chino”, que era de los Cachiros.

David Dalbet Golcher Tatum tenía 55 años y lo mataron el 19 de julio, en un tiroteo en el sector Diagnóstico de Támara, durante la jornada de visitas. Estaba condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Había llegado trasladado desde otro penal por haber recibido amenazas de muerte. “El Chino”, Wilmer Javier Herrera Sierra, fue ejecutado un mes antes, el sábado 15 de junio en la carretera de entrada a Tegucigalpa, junto a otros tres presos y la esposa de uno de ellos. Los tres tenían permiso de semilibertad y pasaban en casa los fines de semana. Dos vehículos en los que iban cuatro hombres encapuchados interceptaron el pick up en el que viajaban y los ametrallaron. Los tiradores se ensañaron especialmente con el rostro y la cabeza de Herrera. En el lugar quedaron más de 100 casquillos de bala. Oficialmente fueron dos muertes más, de entre las muchas que quedan sin explicación ni culpables en Honduras. La Sombra dice que cada una costó unos 100 mil dólares.

Hacemos una pausa. El hijo de La Sombra se acerca a la mesa y le dice que va a salir, que tomará su coche.

—Vaya, pero ya sabés: bajá el vidrio.

La Sombra ve mi rostro de extrañeza. Esta noche hace frío en Tegucigalpa y el vehículo tiene los vidrios tintados. El sentido común dice que sería más seguro llevar la ventana cerrada. Pero en Honduras conviven varias lógicas:

—No quiero que lo confundan conmigo y le hagan algo.

La Sombra teme porque conoce.

—Usted ya ha escrito sobre Chepe en San Pedro Sula, pero hablemos de Támara: Miguel Flores fue el primer coordinador general de la Penitenciaría Nacional después del traslado desde la PC en 1998. Cuando lo liberaron hace cinco años asumió Jacobo Ramírez, que estaba en Procesados 2. Quedó libre en 2013 y desde hace un año el coordinador es Cosme Flores, que está en Sentenciados 2. Y así seguirá la cadena. Ahorita el coordinador de Procesados 2 es el hermano de Jacobo Ramírez, y ya se dice que es el posible sucesor como coordinador general cuando Cosme Flores se vaya.

—Esos son los verdaderos dueños de la cárcel.
—Y está Wilmer Escoto, el coordinador de Casa Blanca (el módulo Sentenciados 1, aislado del resto), que es un histórico, muy sanguinario. No se equivoque, todos son más sanguinarios que Moncho Cálix. Él es solo un comodín, un sicario al que mantienen con comida y dinero desde los módulos. Pero en Honduras, en prisión, va a encontrar a más de 10 Monchos Cálix.
—¡Pero si él ha matado a decenas!
—Él es mediático, pero otros son los verdaderos sicarios en la prisión.

Pese a las denuncias generalizadas, en la última década no se ha desarticulado o juzgado una sola red de sicariato operada desde prisión. El sistema penitenciario de Honduras no se interpone en el camino de nadie que arroje presos muertos por el desagüe. Aplica un despiadado “dejar hacer y dejar pasar” que sujeta a los presos a los designios de una mano criminal invisible. Y a veces tiene la fortuna de que, gracias a que el Estado mantiene la infraestructura de los penales en permanente riesgo de colapso, el asesino a sueldo se llame fuego.

***

La celda número 19 del penal de San Pedro Sula era un cajón rectangular de concreto de 200 metros cuadrados en el que vivían 183 miembros de la Mara Salvatrucha. Un ataúd gigantesco sin ventanas ni ventilación, sin agua corriente, sin duchas ni lavabos y con una única puerta enrejada de salida, de alrededor de metro y medio de ancho.

A la 1:30 de la madrugada del lunes 17 de mayo de 2004, justo encima de esa puerta se produjo un cortocircuito y comenzó un incendio. Durante una hora los presos de la 19 clamaron por auxilio, pidieron extintores, agua, algo. Desde hacía una semana el agua de los retretes, la única que llegaba al lugar, estaba cortada. Pidieron que les abrieran la puerta, que los dejaran escapar de las llamas y el humo. Los custodios que les escucharon hicieron disparos al suelo para advertirles que no se acercaran a la reja. Algunos les insultaban. “Déjenlos, déjenlos”, se decían entre ellos. “Déjenlos morir quemados”. Las autoridades del penal tardaron 25 minutos en avisar a los bomberos. A las 2:30 los mismos presos, los que quedaban vivos, lograron forzar el portón y volver a respirar. Dentro quedaron 107 cadáveres. Unos pocos abrasados por las llamas, más de un centenar muertos por asfixia.

El gobierno de Ricardo Maduro, con la memoria de la masacre en El Porvenir todavía fresca, reaccionó rápido y dispuso una partida especial para indemnizar a las víctimas. Al siguiente día aún quedaban cuerpos por identificar y entregar, pero a las familias ya se les estaban dando 10,000 lempiras (525 dólares de ahora), como ayuda para los gastos del sepelio. El presidente, que estaba de viaje oficial en Europa, suspendió su asistencia a la boda del príncipe de España y regresó a Honduras. Dijo estar consternado. El sentido común hace suponer que debía estar, también, avergonzado: tras la masacre de El Porvenir Maduro ordenó la inmediata creación de una comisión para la reforma carcelaria y un mes después, el 13 de mayo de 2003, tenía en su mesa un informe de más de 100 páginas reconociendo errores, denunciando ilegalidades y corrupción en el sistema penitenciario, proponiendo reformas. Había pasado un año de aquello y 107 cadáveres desmaquillaban su voluntad política.

Lorena tomó los 10,000 lempiras por la muerte de Wilfredo, su esposo, un pandillero de 24 años que iba a salir libre la semana del incendio, y con ellos le compró un ataúd y una lápida. El mismo día que esperaba recibirlo en casa, lo enterró. Seis días llevaba preso y quizá nunca tuvo que haber caído por segunda vez, pero la suerte a veces te condena, de manera justa o injusta.

A Wilfredo, esa segunda vez, le tocó llegar a la cárcel de manera injusta. Por confiado, por creer que a Honduras le importan sus reos y la rehabilitación. Un año antes había pagado unos meses en la cárcel por vender cocaína en una esquina, y una vez dentro había aceptado en secreto entrar a un plan de rehabilitación que incluía borrarse los tatuajes. De regreso en las calles llevaba una carta de la pastoral penitenciaria que decía que estaba en el buen camino y que se iba a rehabilitar. Por eso no corrió como sus amigos cuando llegó la policía a su colonia, la Rivera Hernández, una de las más violentas de San Pedro Sula. Confió su suerte a la carta que llevaba en el bolsillo y no corrió. Los policías le rompieron la hoja de papel frente a la cara. Y se lo llevaron, por asociación ilícita.

Lorena es una mujer pequeña y redonda que parece sonreír hasta cuando llora. Siempre ha comido de vender. Elotes, yucas… Cuando niña, habitaba en La Satélite, otra de las colonias sampedranas famosas por la presencia de pandillas y por su rutina de homicidios. Su familia salió de allí porque el huracán Mitch, que como toda tragedia natural persiguió a los más pobres para ensañarse con ellos allí donde estuvieran, les arrebató la casa.

Tiene cierta coquetería de vendedora ambulante y descaro al hablar. Le caen tres rizos sobre la frente y cierra los ojos cuando asiente o emite una sentencia, como los niños aplicados de la clase.

—Mire, creen que con 10,000 lempiras le callan la boca a uno. Lo dieron rápido, como para que uno se callara y ya no hablara, pero con eso no pagan todos los años que hemos sufrido. ¡Las muertes tienen que servir para mejorar! -dice, y levanta los hombros en un salto, para convencerme de que lo que dice es obvio.
—¿A qué se refiere?
—A que el problema ahora es para los hijos, que quedan con aquel dolor, culpando a la sociedad, culpando a todo mundo. Mi hija tenía 6 años cuando lo del incendio y culpa a la Policía y culpa al gobierno.
—¿Porque no abrieron la puerta para que se salvara su papá?
—Claro.

Al lado de la tumba de Wilfredo, en el cementerio Los Laureles de la colonia Rivera Hernández, hay colocadas en línea otras siete lápidas de pandilleros muertos en el incendio del penal de San Pedro Sula. En Honduras hay colonias enteras en los que la cárcel es como una calle más del vecindario, por la que a veces se pasa por destino o por mala suerte, por culpa de otros o por los pies de uno mismo. La Rivera Hernández es una de ellas. Por eso, el día que se quemó una celda en el penal de San Pedro, en la Rivera Hernández lloraron ocho familias y ahora hay en la colonia una niña, Kailin, que ya tiene 16 años y odia a los policías porque dejaron morir a su padre.

***

Kaylin se volcó a llorar frente a la pantalla del televisor. Ningún canal de televisión hubiera mostrado en primer plano el cadáver sangrante de un viceministro, de una abogada, de un policía asesinado, pero los cuerpos semicalcinados de los presos no pasaron por los filtros éticos que las sociedades suelen aplicar a los muertos propios. Kaylin vio en la pantalla los humeantes pedazos de seres humanos y se echó a llorar aunque no conocía a ninguna de las víctimas.

—¡Mami, viera qué montón de muertos hay en Comayagua! —le dijo a Lorena por teléfono, entre sollozos—. ¡Otra vez! ¡Otra vez!

***

El esposo y el suegro de la mujer que tengo sentada delante rogaron por años que los trasladaran de la cárcel de San Pedro Sula porque tenían miedo a que volviera a incendiarse o estallara el enésimo motín. El padre había sobrevivido a la tragedia de 2004 y sentía que quedarse él y su hijo allí era tentar a la maldita suerte. Se alegraron en 2009 cuando supieron que los movían a la de Comayagua, una pequeña cárcel de pueblo, plácida, una granja penitenciaria de espacios abiertos en la que los presos paseaban sus sombreros por los patios.

Allí murieron tres años después. El 17 de febrero de 2012. En plena noche, un incendio se extendió a velocidad vertiginosa por 5 celdas y calcinó el cuerpo de los presos encerrados en ellas. Como en San Pedro antes, ningún custodio abrió las puertas y no había extintores ni mangueras para matar el fuego. Como en San Pedro, a las autoridades no creyeron necesario llamar a los bomberos. Como en San Pedro, la guardia disparó para evitar fugas porque los presos pueden morir pero no escaparse. Se quemaron vivos o asfixiaron 362 de los 852 internos que había en el penal. Más de la mitad no tenían condena. Eran, legalmente, inocentes.

La mujer que tengo delante viste toda de negro. Habló por teléfono con su esposo el día del incendio y escuchó de fondo, por el auricular, los gritos de los que se quemaban. Él había escapado de las llamas por los baños de su celda. Estaba agitado, pero a salvo. La amaba y le iba a llamar al día siguiente, le dijo. Después de colgar descubrió que su padre había quedado dentro y entró de nuevo a esa cueva de humo. Ninguno de los dos salió ya nunca.

La mujer tiene miedo a dar su nombre y a que se conozca el de sus muertos. Ha dejado de estudiar abogacía porque sola, viuda, no hay quien le ayude a mantener a dos hijas de tres y nueve años. Antes vivía del negocio de comidas que él tenía en el penal. La cárcel en Honduras es una ciudad más, un exilio forzoso desde el que se envían remesas. Ella está convencida de que lo de Comayagua no fue fruto del azar y como la mayoría de familiares de víctimas del incendio piensa que fue un ataque más de esa mano negra empeñada en limpiar de presos Honduras, exterminarlos.

—Imagínese. Sobrevivir a la quema de San Pedro Sula para ir a morir de la misma forma en Comayagua. Es como que los eligieran. ¡Este año vamos a quemar este!

La mujer de negro dice que a ella y al resto de viudas de Comayagua no les va a pasar como a las de San pedro Sula, que tuvieron que esperar diez años para que les hicieran caso. Dice que ya están listas para poner, ellas también, una demanda internacional.

***

“El Estado, con lo de Comayagua, lo que hizo fue ponerse una pistola en la cabeza”. Sentado en una cafetería de San Pedro Sula, Joaquín Mejía se sonríe como un jugador de ajedrez que ve que su oponente acaba de dejar desamparada la reina. Justo como debió sonreírse él mismo una mañana de febrero de 2012, al revisar su correo electrónico y encontrar uno de la asistente de la Procuradora de la República, Ethel Deras.

Joaquín Mejía lleva botas, unos jeans azules, camiseta ajustada, un pequeño collar de cuentas y pulseras de cuero y tela. Viste más como un cantante de rock o un estudiante universitario poco aficionado a las clases que como uno de los abogados más influentes de Honduras. Pero con su barba perfectamente recortada y su verbo descarado, en los últimos cinco años ha impulsado y ganado desde el ERIC, una oficina jurídica fundada por los Jesuitas, varios casos por atentados contra ambientalistas o contra activistas de los derechos campesinos, entre otros. Tiene 39 años y ya hay quien lo promueve como posible Procurador de los Derechos Humanos en el futuro.

Cuando ardió el penal de Comayagua, este enfant terriblede la lucha por los derechos humanos en Honduras formaba parte de un equipo creado por Cáritas y Pastoral Penitenciaria, que llevaba ocho años presionando sin suerte al Gobierno para que diera una señal de arrepentimiento por la quema del penal de San Pedro Sula en 2004 y asumiera su responsabilidad por lo sucedido. Puesto que en la justicia hondureña se había absuelto al director del penal sin investigar otros posibles culpables, ese equipo había llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. Las únicas respuestas del Estado habían sido la negación unas veces y el silencio administrativo otras.

Pero a los pocos días del nuevo incendio a Joaquín Mejía le llegó un correo electrónico. La Procuradora de la República, dependiente del despacho del Presidente de la República, quería reunirse con ellos. A esa maniobra desesperada, evidentemente causada por las muertes en Comayagua, llama él “ponerse una pistola en la cabeza”.

—¿En qué sentido? —le pregunto.
—El Estado iba a sentarse a negociar un caso previo pero con una tragedia reciente encima de la mesa, totalmente deslegitimado, abierto a aceptar cualquier cosa. De ahí en adelante nosotros nos aprovechamos… así, literalmente, nos aprovechamos, de la inexperiencia de la gente del Estado en litigios en el sistema interamericano.

El gobierno estaba repentinamente desesperado por lograr un acuerdo porque para el 28 de febrero estaba programada una audiencia de la Corte Interamericana en su sede en San José, Costa Rica, para resolver el caso de San Pedro Sula. Urgida por borrar en días la imagen de indolencia ante la muerte de presos que el gobierno se había forjado por años, Ethel Deras se trasladó a San Pedro Sula para tener reuniones con los abogados de las víctimas. Los encuentros, celebrados en la sede del obispado, no bastaron para cerrar un acuerdo pese a la inédita flexibilidad de los negociadores del gobierno, abogados privados contratados para la ocasión. El día 27, el diálogo se trasladó a Costa Rica.

La noche antes de la audiencia se celebró una reunión definitiva en un hotel de San José. Las discusiones fueron muy tensas: Joaquín Mejía cuenta que los abogados de Cáritas y él se habían repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Cada vez que había un desencuentro, él se levantaba de la mesa y amenazaba con irse y arrastrar al resto de la delegación. Normalmente, los abogados del Estado terminaban cediendo. Consciente de su superioridad moral en este caso y técnica en litigios internacionales, Joaquín Mejía admite que llegó, incluso, a engañar a sus interlocutores citando sentencias inexistentes de la Corte para sustentar sus puntos, ante la torpeza de las personas en las que el Estado había enviado a negociar, evidentemente legas en materia de legislación internacional en Derechos Humanos. El acuerdo que se terminó firmando cinco minutos antes de que iniciara la audiencia y en presencia de los magistrados de la Corte, era casi una rendición.

—Por lo que cuenta son ustedes unos cabrones.
—¡El estado es más cabrón! ¿Sabés por qué los engañé? Porque la procuradora, sabiendo eso de contratar gente privada para algo así es algo, pucha, terrible, se atrevió a decirme a mí, ella, en San José, que estos tres abogados privados, venían pagándose sus gastos y lo hacían por amor al país. ¡Piensa que uno es pendejo! Después me di cuenta de que al menos uno de ellos ganó por aquello medio millón de lempiras.

El 28 de febrero de 2012 el Estado hondureño aceptó formalmente su responsabilidad por los 107 muertos en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula y se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas. También se comprometió a emprender una profunda reforma del sistema penitenciario, y por ello en junio de 2013 comenzó a funcionar una comisión de transición llamada a sanear las cárceles del país. Sus primeros pasos han sido tímidos. El Ejecutivo le ha dado autoridad pero no presupuesto para nuevas cárceles, ni para formar a nuevos custodios, ni para investigar casos, ni para reforzar la seguridad…

Con la memoria puesta en la inutilidad de las promesas de reforma que Ricardo Maduro hizo tras la masacre de El Porvenir, Joaquín Mejía es pesimista respecto al proceso de reforma actual. Pero se consuela pensando que la sentencia de la Corte ayuda a hacer pública una verdad dolorosa:

—El Porvenir fue la confirmación de que la política de mano dura, de limpieza y exterminio social en las calles, se estaba trasladando a los centros penales —dice—. Y luego ves lo de San Pedro Sula y lo de Comayagua… No queda otra explicación lógica: hay una política de Estado, porque una política no sólo es hacer algo; la política de Estado puede ser no hacer nada.

La serenidad de Arabeska Sánchez contrasta con el ímpetu de Joaquín Mejía pero a ambos los une una tenaz filosofía de maratonista en su batalla contra esa política de Estado. Mientras termina su seven up, Arabeska Sánchez cuenta que su último trabajo para el Ministerio Público fue sistematizar en una base de datos toda la información forense de las víctimas del incendio de Comayagua. Cadáveres y más cadáveres. Después de eso renunció. Ahora trabaja en el Observatorio de violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la UNAH. Dice que aunque los testimonios hablan de custodios disparando a los presos para que no intentaran fugarse, ella no encontró en ningún informe de autopsia rastros de bala.

—Mi conclusión es que en Comayagua, a diferencia de lo que pasó en El Porvenir, aprendieron a matar sin dejar pistas.

***

En domingo de visita y con el día soleado, hasta un lugar tan sórdido como la cárcel de Támara ofrece una estampa de parque familiar. Parejas abrazadas, niños que corren por las canchas deportivas, bolsas de comida que van y vienen. Solo la mirada inquisitiva de los custodios, los límites que imponen a quien quiera moverse por el recinto, recuerdan que no todo lo controlan todavía los presos. Me impiden llegar hasta la celda de aislamiento en la que está Moncho Cálix; va a ser imposible entrar a los edificios de Sentenciados 1 y 2 en busca de los CORE, o llegar hasta El Escorpión, el sector que ocupan los presos del Barrio 18, para recoger su versión sobre la matanza más reciente.

El 3 de agosto de 2013, a las 7 de la mañana, pandilleros de la Mara Salvatrucha abrieron un boquete en uno de los muros que separa el sector el Barrio 18 del resto del penal y atacaron a sus enemigos con fusiles AK-47 y hasta once granadas. Murieron tres dieciocheros. La nueva comisión de transición para la reforma del sistema penitenciario llevaba apenas dos meses en sus cargos. Toda una bienvenida.

Desde que supe del ataque, dos detalles me llamaron especialmente la atención: por un lado, para llegar desde sus celdas hasta las de sus enemigos, los miembros de la MS-13 tuvieron que atravesar todo el penal, tres sectores, controlados totalmente por paisas. Es obvio que hubo una alianza entre pandilleros y no pandilleros para atacar al Barrio 18. Por otro, la reacción de las autoridades fue esencialmente aumentar la seguridad perimetral de la cárcel, pero no hubo grandes novedades o acciones hacia el interior. De hecho, en los registros de celdas que se hicieron a los pocos días, la Policía y el Ejército no fueron capaces de encontrar ni un solo arma larga de las utilizadas en el atentado.

Pero estando aquí, en Támara, paseando por sus patios y hablando con algunos internos, aparece una nueva sorpresa: justo sobre el lugar en el que la Mara perforó el muro tras al menos una hora de martillar, hay una torreta de vigilancia ocupada las 24 horas del día por un centinela. Las autoridades del penal, me resulta evidente, toleraron de alguna forma el ataque.

Sentado en una banqueta de madera dentro de una de las pequeñas tienditas ilegales que hay por todo el penal, comento con El Guitarrista mis conclusiones. Se limita a sonreír.

El Guitarrista es un hombre joven, que no tiene mucho más de 30 años pero lleva más de una década en cárcel por homicidio y sabe que de muros para adentro es mejor no cruzar acusaciones con otros presos. Por eso calla y solo sonríe. Estaba en El Porvenir el día de la masacre, hace once años. Era uno de los rondines bajo las órdenes de Coca. Asegura que él no participó en la muerte de ningún pandillero.

—A mí, cuando el forense pidió ayuda, me tocó embolsar los cuerpos de la mujer y la niña que estaban visitando a los pandilleros…. Mire, yo no justifico lo que allí ocurrió, pero sí le digo que la intención de esos mareros era matarnos a todos los que estábamos allí. De haberles dejado nos mataban a todos.

No le creo una palabra. No me lo imagino de brazos cruzados o debajo de su cama durante aquella guerra de las dos horas. Parece un hombre tranquilo pero en la cárcel la mayoría de los que destriparían al vecino con la pata de una silla si se sintieran en peligro son, en el día a día, hombres tranquilos.

Mientras juguetea con unos acordes al azar, el Guitarrista asegura que lo de El Porvenir fue solo un caso más. Que en realidad cada preso muerto es un éxito en los planes de las autoridades.

—Se hacen la vista gorda porque piensan que si en una cárcel hay un motín no es pérdida, sino ganancia. Es una depuración, y cada preso que muere es un ahorro de gasto para el gobierno. Aunque sean inocentes.
—Es una idea cruel aunque sean culpables.
—Pues sí, pero así reducen. Se lavan las manos. ¡Un delincuente menos! Se supone que así reducen el índice de criminalidad, pero los criminales son ellos.

A su lado, El Ronco asiente. Tiene bigote y cuerpo de boxeador. Uno diría que el torso se le ha comido el cuello y que todavía, aunque tiene más de 50 años, entrena todos los días. Me cuenta que se crió en Estados Unidos y fue a la universidad allí. No me dice dónde. Si yo me pregunto qué le haría cometer el error de regresar a Honduras, seguro que él se lo pregunta también. Habla de la cárcel con la concisión del viejo que lo ha visto todo y recibe mis preguntas y mis dudas con un dejo de desánimo: le fastidia mi ignorancia.

—Detrás de muchas de las masacres está el gobierno, él es —dice con su voz grave.
—Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas?
—¿Cómo va a ser de otra forma? El gobierno es aquí un simple mediador entre grupos. Nos echa leña, nos da las armas para que nos matemos, y si él es la Policía, al que tiene más dinero a ese apoya. Inclina la balanza para un lado o para el otro cada vez.

Támara debió ser una cárcel modelo y es actualmente un enjambre de negocios ilegales, odio y armas deseando purgar esos odios. Sentado en el corazón de este penal resulta difícil creer en soluciones. Cuando le pregunto a El Ronco si es posible que todo esto ocurra sin conocimiento del director del penal y también de sus superiores, él ríe.

—Como en cualquier empresa, nada pasa sin que el jefe reciba su parte del dinero. Créame. Yo he hecho negocios con ellos, con la administración del penal. Negocios ilícitos, pues.
—¿Así de simple?
—Así. Pero el gobierno es ciego y tonto, porque si esto sigue igual, si todo sigue podrido y sigue la matazón, ¿qué va a pasar con los hijos de ellos? ¿No los van a matar como a los hijos de usted o como a los míos?

Los colombianos tienen la llave de su celda y cuando alguien, toc, toc, golpea la gruesa puerta metálica, escrutan por una mirilla antes de dejarlo entrar a su refugio de paredes blancas, cocina propia, dos habitaciones y cuarto de baño privado con suelo y paredes de azulejos celestes. Hace solo un año, estos 25 metros cuadrados eran un comedor abandonado y abierto a una de las calles principales del penal de San Pedro Sula, Honduras. Ahora, una familia con negocios en Medellín lo ha convertido en su búnker de lujo en el núcleo mismo de esta cárcel mísera. Y no lo hubieran podido hacer sin el permiso de Chepe, el preso que reina en esta penitenciaría y que lleva 40 minutos sentado frente a mi en una silla de plástico, presumiendo de su cárcel.

Chepe habla con soltura y cecea como un amigo entrañable. Trata de convencerme de que al resto de presos él les pide, como un buen pastor, que se aparten “de esas vainas”, de la delincuencia.

—Porque la delincuencia a mí solo me dejó cárcel, heridas, enemigos.
—Hablame de tus heridas —le he dicho.

Porque José Cardozo, Chepe, es joven y se podría decir que guapo, pero tiene la cara cortada por un costurón que le baja de la oreja derecha hasta la comisura del labio y le dibuja una descomunal media sonrisa. Y también tiene la mano derecha salpicada de cicatrices con forma de estrella. Y le falta entero el dedo medio de la mano izquierda.

Chepe se levanta la camiseta y descubre una enorme cicatriz vertical en su vientre, debajo del ombligo.

—Afuera, cuando anduve en cosas ilícitas, en una balacera con la Policía tuvimos un inconveniente.

El inconveniente fue liarse a tiros con un vehículo policial y sus ocupantes, pensando que eran miembros de una banda enemiga. “Remitimos contra ellos, y ellos también contra nosotros”, dice. Le tuvieron que operar la vejiga. A sus 27 años, Chepe es un catálogo de cirugías.

—Pero esta del cachete fue un accidente en motocicleta. Y estas de la mano. Y este dedo fue con una sierra trompo para madera, de pequeño.

Y cuenta la historia de un niño pobre que por años labró la tierra con su padre. Maíz, frijoles, tomate, zanahoria, rábano, coco, de todo. Al terminar, se recuesta hacia atrás en la silla como la gente que no teme ni oculta nada. Todos los presos de San Pedro Sula dicen de él que es un rey bueno, generoso, justo, que tras imponerse por la fuerza trajo la paz. Que desde que llegó él, no ha habido asesinatos en este penal que antes era una mesa de carnicero.

***

En las cárceles de Honduras es fácil perder la noción de lo normal. Hace un par de años vi cómo dos pandilleros del Barrio 18 entraban en su sector de la penitenciaría de Támara, cerca de Tegucigalpa, con un enorme cerdo vivo sujeto con una cuerda. Cuando pregunté por el animal, un custodio me explicó que los pandilleros tenían permiso para terminar de criarlo y después convertirlo en filetes y embutido. “¿Con qué cuchillo?”, le pregunté con sorna, sabedor de que todos dentro de ese sector escondían, como mínimo, un machete, cuando no un arma de fuego. Con una seriedad casi convincente, el custodio me explicó que los familiares solían traerles animales vivos y, para sacrificarlos, los presos pedían prestado a la dirección un cuchillo, que después devolvían.

Fiel a esa pantomima representada por internos y autoridades penitenciarias, la cárcel de San Pedro Sula es, vista desde fuera, un sucio muro de hormigón que finge albergar una cárcel. Pero dentro, sobre lo que edificó el Estado, los internos han levantado un pequeño pueblo con su propia ley de mercado, sus historias secretas, sus gentes trabajadoras, sus tradiciones y sus caciques que desbordan lo gubernamental.

No es una metáfora. A lo largo de los años, con madera o cemento, y con la tolerancia o rendición de las autoridades, los presos han construido nuevas celdas, ventanas, escaleras, segundos pisos y nuevos muros que acabaron con cualquier atisbo de estructura regular. Resulta difícil distinguir la edificación original de sus añadidos. La cárcel es hoy una espiral de callejuelas en las que en cada rincón golpetean talleres de hamacas o zapatos, mesas de apuestas, cafetines, carnicerías, fruterías, barberías, una joyería —en la que un preso funde plata, diseña joyas y compravende oro—, o una iglesia de techos altos y amplitud extraordinaria para este lugar abigarrado, en el que deberían habitar 800 presos y se soportan todos los días cerca de 2,500.

A simple vista, en las partes más concurridas del penal, parece que ni siquiera queda espacio para las celdas, que se esconden tras puertas cerradas o entre los toldos de colores de los puestos de venta.

El cuerpo central de la cárcel lo ocupan los paisas o no pandilleros, aunque hay tres sectores segregados y mucho más pequeños para presos de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y para pandilleros retirados. El sector principal incluye además un módulo de mujeres, que durante el día comparten patios y actividades con los hombres, y recibe durante el día a decenas de madres, esposas e hijas de internos que tienen permiso para trabajar en los negocios que los presos han montado intramuros.

El reguetón y las rancheras de diferentes comedores se funden en los pasillos con las alabanzas del templo evangélico, y la algarabía de hombres y mujeres yendo y viniendo, serrando, pintando, comiendo, maquilla en cierto grado el abandono de las instalaciones. A pesar del suelo encharcado por las aguas sucias que escapan de los infinitos lavaderos y cocinas repartidos por el penal, la humedad tiene cierto olor jabonoso a novedad y limpieza.

El lugar es el símbolo perfecto de la falta de institucionalidad del sistema penitenciario de Honduras, abandonado presupuestariamente a su suerte y encomendado las últimas décadas a una Policía Nacional corrupta, acostumbrada a compensar con violencia arbitraria su falta de autoridad, porque no gobierna, en realidad, ni las calles ni esta cárcel.

***

La comisionada de Derechos Humanos que me ha facilitado el acceso al penal recorre el recinto anotando testimonios de abusos, olvidos administrativos y supuestas injusticias en un intento frágil por contagiar de orden y justicia esta cárcel. Es una abogada de más de 50 años, delgada y de voz maternal, que cree en su trabajo y lo ejecuta como quien achica agua a cubetazos de un bote agujereado: sin detenerse a medir sus posibilidades de éxito.

En el dormitorio de mujeres registra el caso de una mujer de 61 años que acaba de reingresar a la cárcel después de varios meses recibiendo el beneficio de casa por cárcel. Es diabética, y un pie ulcerado le impidió cumplir con la rutina semanal de firmar en el juzgado. Cuando por fin pudo acudir, la esperaban con una orden de captura. Ahora ocupa una de las camas bajas en este galerón para 70 reclusas.

—Como no aplicamos lo que dijo Couture sino lo que dijo Justiniano… —reflexiona en voz alta la abogada, en un ejercicio que no encaja con el lugar ni la escena—. Couture decía que cuando entra en conflicto la justicia con el derecho debes luchar por la justicia. ¡Eso decía Eduardo J. Couture! Pero Justiniano decía “Dura Lex Sed Lex” —y señala, sonriendo, a la pared del barracón, en la que hay pintado un enorme escudo del sistema penitenciario, que incluye esa leyenda. Y traduce— Dura es la ley pero es la ley.

El subdirector del penal, el oficial Escalón, un policía fibroso de unos 45 años, con maneras militares, acompaña testimonialmente nuestro recorrido simulando protegernos. Ha escuchado el comentario y pregunta desconcertado por el autor de esa frase extraña que él mismo tiene bordada en el hombro del uniforme:

—¿Quién decía eso?
—Justiniano.
—Justiniano… ¿y de qué nacionalidad era?
—Italiano. Bueno, romano. ¡Eran duros, los romanos!

También los hondureños deben creerse duros, pienso, por haber sido implacables con una anciana enferma que no fue a firmar su expediente una semana. En noviembre pasado Honduras eligió como presidente de la República a Juan Orlando Hernández, que ha prometido reforzar la presencia del ejército en las calles para combatir el crimen y que tiene como uno de sus hombres de confianza a Óscar Álvarez, el ministro de Seguridad que impulsó la Mano Dura el el país a inicios de los 2000 y bajo cuyo mandato murieron casi 200 presos quemados en esta misma cárcel y en la de El Porvenir, en La Ceiba. “Haremos lo que tengamos que hacer para combatir la delincuencia”, ha dicho el nuevo presidente, inflexible en apariencia, rígido como los lomos de una vieja enciclopedia con tapas nuevas.

A unos 20 metros del módulo de mujeres, ajenas a la amenaza de una nueva era de Mano Dura, Pirigüey y Bonita, las dos cabras de uno de los dueños de un taller de hamacas, se pasean entre seis mesas de billar en las que presos sin camisa apuestan el tiempo y unos pocos lempiras bajo el humo de cigarros y rodeados de mirones. Cerca de las mesas de billar, los estantes de una enorme pulpería ofrecen desde azúcar o chocolate hasta una infinidad de latas de maíz, chícharos u hongos en conserva. En este penal hay quien tiene dinero y no se conforma con la dieta de subsistencia que ofrece el Estado, a base de arroz, frijoles y espagueti. Para ellos hay en este pequeño supermercado incluso boquitas importadas, un dólar más caros que las nacionales.

—Se supone que la cárcel es represión, porque tú has cometido un delito, pero aquí hay mucha flexibilidad —dice El Italiano, un interno que frecuenta la pulpería—. Y al haber tanta flexibilidad la gente está más tranquila. Por ejemplo, el hecho de que los internos tengamos acceso a esto —y muestra un smartphone—, da a todo el penal una tranquilidad enorme.

—Tú tienes internet en ese teléfono.
—Claro. Pero hay también quien no puede pagar comodidades, quien no tiene nada y se lanza al vicio para mitigar el hambre, la soledad…

El Italiano lleva tres años encarcelado y conoce con detalle el negocio de la compraventa de favores en este lugar. Dice que llegó a San Pedro Sula hace cinco años cansado de la falta de oportunidades en Europa y que trataba de exportar palmeras decorativas cuando “los españoles” -así los llama- le ofrecieron llevar un dinero a Colombia. Los periódicos del día de su detención le muestran con bigote y dicen que entre él y sus tres cómplices llevaban adheridos al cuerpo más de un millón y medio de dólares.

El Italiano está condenado a 11 años de prisión y es de los que se pueden permitir privilegios. El mayor de ellos es ocupar una pequeña celda semiprivada con paredes de madera que solo comparte con otro preso y por la que pagó 2 mil dólares al llegar a la cárcel. Aquel pago, hecho a las autoridades oficiales del penal, pero que requirió el visto bueno previo del líder de los internos, le da también derecho a tener, hasta el día en que cumpla su pena, un cuarto de baño completamente equipado que solo comparte con otras tres personas, y un pequeño pasillo de dos metros en el que colocó una cinta andadora para hacer ejercicio. El Italiano habla a diario por skype con su familia y responde su correo electrónico desde una laptop colocada a la vista sobre un pequeño escritorio en su celda. Son los lujos, dice, de lo que él llama “la clase media de la cárcel”. Los verdaderos privilegiados llegan a pagar entre 5 mil y 7 mil dólares por vivir en minisuites completamente privadas, más amplias, mucho mejor acondicionadas.

Ese dinero, junto al impuesto ilegal que las autoridades del centro cobran a quienes desean tener un negocio en el interior, sirve en teoría para complementar el presupuesto general del penal, siempre corto para pagar los salarios administrativos y dar alimentación a los presos. Ese dinero, que no está sometido a ningún control oficial, señala también el cauce por el que se pueden comprar otros favores. Si tienes los contactos indicados, en la cárcel de San Pedro Sula puedes hacer incluso que tu familia, si ha viajado desde lejos para visitarte, se quede unos días o varias semanas contigo en el penal, en una especie de extrañas vacaciones.

—Tener a las mujeres, a los niños… eso da tranquilidad —confirma El Italiano—. Esto es un pueblo pequeño en el que los internos saben que no pueden salir, pero tienen acceso a todo.
—¿A todo?
—A todo, todo, todo, todo.

En la pulpería, del estante de la derecha cuelgan perfectamente alineadas media docena de brocas para taladro eléctrico, todavía en sus envoltorios, y algunos martillos. Un poco más arriba, un serrucho para metal sin estrenar se vende a quien lo quiera por 130 lempiras, poco más de 6 dólares. Como explica El Italiano, las autoridades de la cárcel de San Pedro Sula tienen un concepto muy flexible de la seguridad en el penal:

—Está la Policía, están los directores de los centros penales, pero aquí dentro existe lo que ellos llaman “la autoridad civil”, que son los coordinadores generales. Y todo es como con Dostoievski: Crimen y Castigo. Los internos saben cómo controlar a los propios internos.
—A golpes.
—A palos, sí, y a patadas también. Tú robas y te ponen en el piso, te agarran a patadas y te meten en una celda aparte. Y eso es ahora, con Chepe, porque antes si robabas mucho y se cansaban de ti aparecías ahorcado. Y si te ponías muy bravo… —El Italiano se pasa la mano por el cuello como si fuera un cuchillo—. En tres años he visto más de 40 muertos, y ni una sola investigación. Aquí te matan, te desaparecen, y lo único que dicen las autoridades es “hubo un motín entre internos”. Y le dan tu cuerpo a tu familia en una bolsita amarilla.

San Pedro Sula es la ciudad con más alta tasa de homicidios del mundo. Un enclave industrial y comercial que presume de ser capital económica de Honduras y al mismo tiempo es el centro neuronal del narcotráfico en el noroeste de un país casi en desgobierno. Mientras los políticos se acusan unos a otros de ser narcos, los jefes nacionales de Policía, que no escapan al torrente de acusaciones y sospechas, se suceden como las estaciones en un relevo inútil.

En ese contexto, las cárceles han encontrado su propia forma de gobernarse y sería absurdo pretender que lo hicieran en un idioma diferente al que el país en su totalidad habla extramuros. Las cárceles hondureñas, como lo hacen las calles, se autorregulan con violencia. Son las armas las que otorgan un poder efectivo y medieval. Y desde marzo de 2012, en San Pedro Sula, ese poder lo tiene Chepe. Lo obtuvo tras decapitar al anterior coordinador general de la cárcel.

***

Mientras esperamos en la celda-apartamento de los colombianos, Ángela, la madre de la familia, una mujer voluptuosa hasta el exceso por obra y gracia de un cirujano plástico, nos sirve café y cuenta por pedazos su captura, la arbitrariedad de la Policía, la injusticia que, asegura, se está cometiendo con ella, su esposo, su hija Tati y con el esposo de su hija. Viajaban de la paradisiaca isla de Roatán a La Ceiba, ciudad cabecera del caribe hondureño, y les detuvieron y llevaron a juicio por llevar un total de 23 mil dólares en efectivo entre seis personas. Ninguno superaba la cota de 10 mil que se obliga a declarar en los aeropuertos, y además estaban en un vuelo interno varios días después de haber entrado al país, pero de nada les sirvió protestar con acento colombiano. “¡¿Usted sabe cuánto cuesta una semana de buceo en Roatán?!”, le dijo Tati al policía que le preguntó por qué viajaba con tanto dinero.

Tal vez aquel policía y el resto de los asignados al caso nunca habían buceado entre los corales de Roatán, o quizá percibieron en el relato de los colombianos los mismos silencios extraños que yo encuentro cuando le pregunto a la chica el nombre completo de su padre o el del pueblo en la región de Antioquia, Colombia, en el que la familia dice tener negocios de ganadería. El caso es que creyeron que mentían. Dejaron ir a la abuela y al hermano pequeño de la familia, y acusaron a los otros cuatro de lavado de divisas.

La puerta se abre sin aviso previo y antes de que aparezca Chepe lo hacen un niño de apenas dos años y una niña de cinco. Son sus hijos. Viven fuera de Honduras —“por seguridad”, dirá más tarde su padre, “tengo demasiados enemigos”— y están pasando unos días de visita en el penal. Se lanzan a jugar en el suelo mientras Chepe saluda como un candidato sin prisa. Se sienta en una silla de plástico con la espalda contra la pared, acepta el café que amablemente le ofrecen las colombianas, y se lanza al grano. Sin sonreír:

—Bueno, ustedes dirán por dónde empezamos.

Los líderes carcelarios suelen ser hombres-sombra que no quieren ser vistos y ante visitas incómodas o intrascendentes se parapetan detrás de un hombre-fachada. Me habían advertido: “Te presentarán a Noé como representante de los presos, pero el que manda es Chepe”. Fueron la casualidad y las colombianas los que acabaron por ponerme enfrente al hombre al que buscaba. A pesar de que cumple prisión por robo agravado, y no por delitos ligados al narcotráfico, Chepe, que se lleva bien con todos y dice tratar a todos por igual, tiene una llamativa cercanía con los internos acusados o condenados por lavado de dinero.

Nació un 17 de diciembre en una pequeña aldea a dos o tres kilómetros de San Pedro y estudió hasta segundo de secundaria. Tenía 18 años cuando entró por primera vez a este penal en 2005 y desde entonces apenas ha vivido fuera de él. En 2009 volvió a saborear las calles, pero no llegó a completar dos años en libertad. El 16 de abril de 2011 regresó y lleva casi tres años a la espera de juicio, viviendo, dice, de la carpintería. No le creo en eso, pero sí es irónico pensar que, técnicamente, el rey armado que gobierna el penal de la ciudad más peligrosa del mundo sea todavía, y hasta que un juez diga lo contrario, un inocente, aunque puede que sea solo una cuestión de estadística: el 49.5 % de los presos de Honduras aún no han sido condenados.

—Empieza por contarnos cómo lograste calmar este penal. San Pedro Sula tiene una trayectoria de violencia enorme —le digo.
—Bien exagerada. Pero este es un cambio que se vino dando por necesidad.

No lo cuenta solo Chepe. Lo dice todo al que le preguntes: Mario Henríquez, el anterior coordinador general de la cárcel de San Pedro Sula, era un maldito entre malditos, que extorsionaba a los internos que tienen negocios y que retenía parte de la manteca y el arroz que entrega el Estado para los presos y la vendía por su cuenta a los comedores privados aunque eso significara recortar la ración de comida a los internos más pobres. Suyos y de los suyos eran la mayoría de negocios ilegales del penal, y trataba de ir haciéndose, poco a poco, por la fuerza, con los legales. La brutalidad de sus castigos roza la leyenda. Colgaba de las manos a los condenados por su justicia arbitraria, y les levantaba la piel a latigazos mientras su perro les mordía los pies. El penal entero rezaba por la venida de un salvador.

—Se degeneró eso, se desató una ola de violencia porque la gente ya no acataba órdenes de nadie. Desde ahí fue que nosotros tomamos la decisión de poner un orden específico, ¿verdad? —se aplaude Chepe—. Una norma bien establecida, de que no hay necesidad de llegar a un acto de violencia, ni pequeña ni grande.
—¿Quiénes son “nosotros”?
—Nos referimos a un pequeño grupo de gente que, unos 15 o 20, nos pusimos a pensar coherentemente que era necesario poner orden, control. Y entonces hicimos lo que tuvimos que hacer, tomamos las medidas que teníamos que tomar.
—¿Recuerdas el día en que las cosas cambiaron?
—Mire, específicamente no podría decirle “este fue el día que cambiaron las cosas”, porque hubo diferentes problemas… Hablando en el diálogo que hablamos nosotros aquí: hubo diferentes revueltas. Y hubo bajas, pérdidas humanas invaluables. Mire, es una historia muy larga…

***

Las historias carcelarias son siempre largas e intrincadas. Se tejen día a día, mirada a mirada, con malos comentarios, peleas postergadas y muchas horas de conversaciones susurrantes en las celdas. Luego, pum, un estallido, un machetazo, zas, o una cadencia de disparos que casi nunca se comprenden desde el otro lado de los portones, del lado de las autoridades, y que en los periódicos son parte de una masacre inexplicable. Para el mundo exterior, las muertes en una cárcel son como un rayo que corta un árbol, impredecibles y sin sentido.

La masacre que coronó a Chepe, sin embargo, comenzó a gestarse el día en que un líder brutal llamado Lázaro Francisco Brevé quedó libre y un hombre más brutal aun, Mario Henríquez, le sucedió al frente del penal. Hubo avisos, muertes previas, fumarolas por las que el penal liberó presión pero que auguraban más muertes. Una de esas fumarolas se levantó una tarde de febrero de 2012. Mario y su gente violaron a la visita de un preso de la celda 12 y durante toda esa noche la cárcel fue un campo de batalla. Fue la primera vez que Chepe intentó hacerse con el penal. Desde el exterior se escuchaban, cada pocos minutos, disparos, y en los callejones del sector paisa se desató una cacería esquina a esquina. Cuando amaneció y las autoridades lograron calmar los ánimos encontraron muerto a Luisito, el coordinador de la 12. Mario siguió en su puesto.

Un mes después, el 29 de marzo, sobrevino la erupción. Ese día hubo 14 muertos, asesinados a bala o a machete. A Mario, en venganza por sus propias formas, Chepe y los suyos le colgaron, le sacaron el corazón y se lo dieron a comer a su perro. Después mataron al perro. La cabeza del antiguo coordinador terminó sobre un tejado y el cuerpo de sus acólitos calcinados bajo una montaña de colchones en el patio del penal. La Policía, consciente de que asistía a una guerra por un territorio que no es suyo, solo se atrevió a entrar al recinto cuando los nuevos líderes paisas autorizaron la retirada de los cadáveres. Así se construyó la paz en el penal de San Pedro Sula.

Menos de dos años después de ajusticiar salvajemente al antiguo coordinador, Chepe se ha ganado el aplauso del resto de internos y de las autoridades porque ha puesto en marcha planes médicos y porque obliga a otros presos a ir a la escuela. Cada preso aporta dos lempiras semanales para sufragar las medicinas de los más pobres del penal o de sus familiares en el exterior. Desafiando lo absurdo, en un país en el que pocos tienen seguridad social, ir a la cárcel en San Pedro Sula te garantiza seguro médico. Además, cada preso paga los domingos una cuota, el “rolo”, para la limpieza de su celda y de las áreas comunes. En las celdas normales esa cuota es de cinco lempiras, pero los que tienen privilegios y celdas privadas pagan 10 o hasta 50 lempiras semanales. Con ese dinero, los presos que limpian los cuartos y letrinas reciben un pequeño salario.

Chepe presume de sus políticas sociales. Cuando a mediados de 2013 la gente de la Pastoral Penitenciaria le dijo que iba a cerrar su programa educativo en la cárcel porque solo tenían 36 alumnos y necesitaban un mínimo de 70, él reunió a toda la población y les amenazó con no firmarles cartas de buena conducta si no le mostraban antes un certificado de estudios.

—El que no tenía escuela, que mostrara un certificado de escuela; el que había cursado escuela, un certificado de colegio; el que tenía colegio, de computación o inglés…
—¿Pero qué es eso de la carta de buena conducta?
—Ah, le explico. Se le firma al interno cuando se va, siendo uno testigo de que el interno ha trabajado y se ha rehabilitado. Para que le sirva para la salida. Si no, le cuesta salir…
—Espera. Aclárame eso: ¿los certificados de buena conducta los haces tú?
—Actas de conducta. Es un papeleo que pide el juez para ver si cada uno se ha rehabilitado, si ha hecho algo que por lo menos beneficie salir afuera.

Los certificados de estudio los da la Pastoral Penitenciaria en nombre de una escuela de extramuros, la Leonel Zepeda, y no dicen que el estudiante ha estado en el penal. A los que se matriculan, Chepe les exime de pagar el rolo, para motivarlos, y cada vez que se gradúan les da un kit de aseo. En la cárcel de San Pedro Sula hay una política de incentivos para el estudio y la libertad se busca con un certificado de buena conducta firmado por un hombre que descabezó a otro preso. En el programa educativo ahora hay 140 matriculados.

El Flaco es un paria, un drogadicto marginado en la escala social interna de la cárcel. Hace maltallados barcos de madera que mete en botellas vacías, adornos feos que no imagino quién puede querer comprar, pero que él trata de vender por cien lempiras cada uno. El negocio no le va bien. Aun así, tiene los ojos encendidos por la última dosis de lo que sea que se mete en el cuerpo. Es salvadoreño, y al verme en un pasillo del penal me ametralla con palabras:

—¿Usted es de El Salvador? Necesito ayuda, acá a los salvadoreños quieren matarnos, quemarnos vivos, no hay derechos humanos acá, me estoy quedando loco, necesito salir, se ven cosas que no deben de verse y todo el mundo se queda callado, los policías se prestan para hacer cosas, tengo dos costillas quebradas y 18 puntadas en una nalga, de una paliza que me dieron y vomitaba sangre…
—A ver, tranquilo. ¿Por qué fue la paliza?
—Me acusaron de andar robando acá adentro, y era otra persona, no fui yo, pero cuando investigaron el asunto ya me habían golpeado.
—¿Lo ordenó Chepe?
—No, Chepito no, un señor que estaba antes, Brevé se llamaba. Es que aquí han pasado muchas etapas… Y el que vino después, Mario, no nos daba de comer. La comida él prefería dársela a los cerdos.
—¿Es cierto que colgaba a gente y castigaba con latigazos?
—Colgaba a gente hasta de los testículos. Yo pasé una etapa que me torturaron, me ataban y me subían los brazos así, por atrás. Por eso tengo rotas dos costillas.

El Flaco quiere dinero. “Sé muchas cosas de lo que pasa aquí”, me dice. “Pero necesito unos pesitos”. Lleva nueve años aquí. Una vida entera. Nueve vidas de gato. Decenas de motines, miles de días en los que tuvo suerte. Dice que espera volver a las calles en marzo.

—¿Y eso ya no pasa, lo de los golpes?
—Ya no, ahora hay amor y paz, Chepito se ha portado lo máximo, buena onda, me operaron del apéndice y él me ayudó bastante… Pero no me puedo confiar, así comienza todo siempre, porque cuando todo está calmado la Policía se confía y todos los coordinadores vuelven a lo mismo.

***

Los hijos de Chepe le interrumpen con sus juegos y él, sin levantarse, entreabre la puerta y llama a uno de sus guardaespaldas. Desde el exterior llega el sonido de una sierra eléctrica. El taller de carpintería de Chepe está justo enfrente de la celda-apartamento de los colombianos y cada vez que se abre y cierra la puerta, un chirrido agudo invade esta casa burbuja.

—Quédese pendiente de los niños usted. Lléveles por ahí —le dice a un hombre alto, vestido como un cantante de reguetón y que cumple el tópico del guarura que lleva gafas de sol.

Las anfitrionas, madre e hija, orgullosas de que esta entrevista sea prueba irrefutable de su alta posición en el sistema de castas carcelario, nos ofrecen más café y regresan a una posición de guardianas-sirvientas, de pie apenas a metro y medio de nosotros, atentas a la conversación. Sus maridos regresaron hace unos minutos de jugar al fútbol, sudados, jadeantes, y nos saludaron con desinterés, como si la presencia de Chepe fuera habitual, y se encerraron en uno de los cuartos a ver más fútbol por televisión.

—Si yo vengo y solo porque soy más malo o más grande que usted le pego un puñetazo en la cara… Al jodido que haga eso lo llevan castigado y lo golpean a él. Es una regla de antigüedad que no ha cambiado. Si alguien golpea, lo golpean.

Le he preguntado a Chepe por su ley, por las normas de disciplina con que mantiene el penal en orden, así que cuando dice “lo golpean” quiere decir “mi gente lo golpea”. El subdirector Escalón admite que son los líderes de los presos, la “autoridad civil”, los que determinan a qué hora se levanta y acuesta cada interno, sus horarios de ducha y comida, las cantidades del rancho, quién tiene derecho o no a participar en actividades formativas o talleres profesionales, quién es confinado en una celda de aislamiento y por cuánto tiempo, qué castigo se impone para cada falta. El director del penal, los hombres uniformados que representan esa ficción llamada Constitución, solo intervienen cuando no hay más remedio, cuando los disturbios se prolongan el tiempo suficiente como para que lleguen las cámaras de televisión. No hay cómo evitar una muerte aislada. Probablemente no interesa evitarla.

—Si uno mata a alguien aquí, ya como están establecidas hoy las cosas, si uno mata a otra persona, la misma población lo mata a él. Sin necesidad de que yo diga que sí o que no —explica Chepe, reconvertido de golpe en Pilatos.
—Ojo por ojo.
—Es una regla que se estableció entre toda la población. Si alguien rompe la paz que hay y jode a alguien, mata a alguien, ahí mismo se lo acaban a él también. Como les digo, yo siempre veo que la gente, a veces, en algunas cosas, toma sus decisiones, porque ellos también son la población y ellos también tienen mando.

La suerte de un ladrón, la vida de un homicida común, descansan en la voluntad popular porque no desafían a una autoridad que tiene por natural matar. O la de un pandillero, porque la ley de Chepe llega hasta donde termina el sector de los paisas y no responde de los muertos tatuados. Y su justicia tampoco persigue la venta de droga o el sicariato en la medida en que no desafíen a quien reina. En eso, el régimen de Chepe y el de la Policía hondureña se parecen demasiado.

—Yo lo que le digo a la gente que trabaja ilícitamente en su cuestión, tal vez de drogas, es que no me vayan a generar problemas —dice Chepe—. Pero uno no puede cerrar las puertas a muchas cosas…
—No hay cárcel sin drogas, dicen.
—Mire: una vez, hace ya tiempo, había pleitos a cada rato. Que uno le pegaba un leñazo al otro, que rayones con cuchillo… Y un día ingresó el director del penal, que yo creo que ya lo mataron, un tal García Méndez, y dijo: “¿Bueno, qué es lo que está pasando, que a cada rato hay heridos?” En este tiempo aquí estaban revueltos los paisas con los retirados de la 18 y de la MS-13, y brincó un jodido todo manchado: “Mire, jefe”, le dijo, “el problema es que aquí no tenemos marihuana, y nosotros sin la marihuana no podemos vivir”. “Esa es toda la bravura de la gente”, le dijo, jaja. “¿De verdad ustedes están…?” “Sí, jefe” “Vaya pues, pasen ahí…” Y el director les dejó meter al penal como dos libras. ¡Uy, hombre! ¡Una felicidad todos! ¡Hubo como varios días que no hubo problemas en el penal! Ja ja ja.

***

Chepe es solo un heredero más de la tradición de violencia y corrupción del penal de San Pedro Sula, en el que han muerto calcinados, asfixiados, desangrados, ahorcados o desmembrados más de 200 internos en los últimos 10 años. Es un heredero astuto, dotado por igual para la brutalidad y la sutileza, pero al fin y al cabo un nombre más en la historia. Una vieja serie de artículos de La Prensa, uno de los principales periódicos de la ciudad, recoge el testimonio de antiguos presos de esta cárcel, que aceptaron describir las redes de corrupción, tráfico de drogas y sicariato de las que participaron o que vieron operar durante su encierro. Aunque sus historias datan de 2006, justo el año en en que Francisco Brevé se hizo cargo del penal, el relato es atemporal: sobornos que permitían fugas, pagos desde fuera para asesinar a enemigos dentro de los muros, y constantes luchas entre bandas de paisas por el control del penal y sus mercados de droga.

El de San Pedro Sula siempre fue un penal paisa. El 17 de mayo de 2004, en pleno fervor de la política policial antipandillas del presidente Ricardo Maduro, en plena Mano Dura, un cortocircuito provocó un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha y los custodios mantuvieron los candados cerrados hasta que se quemaron vivos o asfixiaron 107 pandilleros. Tampoco llamó nadie a los bomberos, que tardaron hora y media en llegar. Ese día los paisas entendieron que incluso un Estado tan cruel con sus reos como el hondureño odia más a unos presos que a otros. A diferencia de lo sucedido en El Salvador o Guatemala, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha nunca han logrado que se les asigne penales propios y sus miembros cumplen pena en sectores minoritarios de cárceles controladas por presos comunes.

Eso, sin embargo, no ha evitado que los penales, vencidos por el hacinamiento y la corrupción, acumulen una tasa de homicidios muy superior a la del resto del país. Por eso Chepe es valioso. Porque con sus hombres y las armas de sua hombres logra administrar lo que al Estado le estalla en las manos. En los 21 meses que lleva al frente del penal ha conseguido, incluso, que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se sometan a su régimen y no crucen las fronteras de sus sectores. El brazo de la justicia de Chepe no llega hasta los módulos de las pandillas y el de los retirados, pero los tres grupos saben que si causan problemas en territorio paisa sufrirán su ira.

A finales de 2012 una parte de los paisas le empezaron a pedir a Chepe sangre de pandillero. En Honduras hace años que buena parte de la población, incluidos la mayoría de funcionarios, considera la ejecución de un pandillero un acto limpio de justicia. Los internos de la cárcel de San Pedro Sula comparten esa idea y querían deshacerse de sus 18, sacarlos del penal vivos o muertos. Chepe no quiso ser líder de esa escabechina y, para buscar una solución que no le costara el respeto de los suyos, pidió ayuda al hombre que lo media todo y lo trata de pacificar todo en San Pedro Sula: el obispo Rómulo Emiliani, un cura panameño de voz ronca que lleva 12 años tratando con pandillas y buceando en las cárceles de Honduras. Emiliani fue testigo del primer encuentro del rey paisa con Flash, Termita y el resto de líderes dieciocheros en el penal de San Pedro.

La reunión fue en el patio de acceso al penal, enfrente mismo del despacho del director. Chepe acudió solo. Los pandilleros en grupo y armados hasta los dientes. En los penales, los dieciocheros hondureños visten como lo hacían en los 70 y 80 los pandilleros de Los Ángeles, y aquel día bajo sus camisas de cuadros, anchas, sueltas fuera del pantalón y abrochadas en el cuello, se entreveían las formas y los cañones de pistolas y de fusiles AK-47. También el líder paisa iba armado, con una pistola y con una granada por si la escena se desesperaba. Y se sentía más fuerte que sus adversarios. “La onda, Flash, es que si quisiéramos perjudicarlos a ustedes toda esta gente paisa se los come. Sólo les digo ʻtírenseles amorʼ, y ustedes van a matar a un montón, no lo niego, pero ellos se los van a comer a todos”, le dijo al que tenía enfrente. Y los dieciocheros se midieron, pensaron, y con Chepe acordaron evitar cualquier provocación, limitarse a su propio sector y gobierno, tratar de pasar inadvertidos, conscientes de que en Honduras el gran crimen organizado vuela más alto que las pandillas, y es paisa.

Emiliani, que antes y después de aquello ha visto cómo administra Chepe su destreza para amenazar, habla bien de él:

―No vamos a discutir si eso está bien o mal, pero ha mantenido la paz y tiene un control muy efectivo ―dice.
―Tienen la autoridad que la supuesta autoridad no tiene.
―Sí, ellos tienen la autoridad que la autoridad ha ido perdiendo. La Policía puede poner orden en el penal, claro, pero eso implicaría entrar con soldados y matar a un montón de gente.

Para que eso no ocurra, Emiliani dice que Chepe y la dirección del penal han llegado a un equilibrio no firmado que evita por partes iguales los motines y la injerencia del Estado en los asuntos de los internos. Un pacto similar al que alcanzó el líder paisa con la 18, o al que ya había forjado con la Mara Salvatrucha unos meses antes.

En septiembre de 2012 cayó preso en San Pedro Sula un empresario de transporte conocido como Cheno: Arsenio Rodríguez García. Chepe dice que nada más entrar a la cárcel Cheno buscó su protección porque temía que la MS-13 le castigara por dejar de pagar el impuesto de guerra ahora que estaba en desgracia, y que él se sintió llamado a ayudarle porque el hombre no tenía nada, ni dinero, ni buses ya, ni casa, porque todo se lo había quitado la Fiscalía. Echar una mano a Cheno era, casi, una obra de caridad. Cuenta Chepe que volaron mensajes de un sector a otro y se concertó una reunión en las oficinas de la guardia, junto al despacho del director del penal. Y cuenta que una vez allí amenazó a Marcos, el representante de la Salvatrucha: “Colabóreme con esto, hermano, porque yo le voy a estipular una cosa bien clara: si a este señor le llega a pasar algo acá adentro, o a la esposa o a los hijos de él afuera, yo los voy a perder a todos ustedes”. Y les hizo ver que no era justo cobrarle a Cheno ahora en las malas cuando él, en las buenas, les había ayudado a ellos pagándoles renta y quién sabe qué más. “Más bien colabórenle con algo, que este hombre está jodido”, dice que les dijo.

Al día siguiente, en una oficina de la guardia, el representante de la Mara Salvatrucha entregó a Chepe una bolsa negra con 100 mil lempiras -unos 5 mil dólares- en efectivo, para Cheno Rodríguez García. Y dice que a él le dio otros 10 mil lempiras, como gesto de buena voluntad. Desde entonces, la MS-13 incluso le ha ayudado a comprar una silla de ruedas para un enfermo paisa y participa de vez en cuando en los fondos comunes para pagar alguna operación o medicina. De eso presume Chepe.

Escuchándole, uno creería que el rey del penal de San Pedro Sula se jugó la vida por un preso anónimo y que la MS-13 se le hizo dócil por arte de magia. Lo que Chepe no dice, entre otras cosas, es que Arsenio Rodríguez era en San Pedro Sula mucho más que un antiguo motorista convertido en empresario de buses. La Fiscalía hondureña lo investigaba desde 2007 por enriquecimiento ilícito, había ordenado su captura en 2010 y le incautó 12 viviendas, tres terrenos, una discoteca, tres buses, siete taxis e igual número de vehículos particulares.

Cuando la Policía se presentó en su casa, Cheno la recibió a disparos. Para la anécdota queda que el personaje por el cual los paisas y la MS-13 pensaron que valía la pena negociar la paz en la cárcel, tenía en su jardín un venado cola blanca.

―¿Quién era Chepe antes de ser coordinador? ―le pregunto a Emiliani.
―No figuraba. Pero ya había estado antes en la cárcel y era un poder detrás del trono, como de segunda categoría. Y sube y se mantiene en el poder con mucha elegancia, digamos, en un contexto difícil. Gracias a él en el penal no hay muertos.
―Siempre tuvo cierto poder entonces.
―No tengo mucho detalle, pero no era un nadie, claro. La gente lo respeta, la gente le tiene confianza y hace muchas cosas positivas. Es un hombre fiable, que hace el bien a su manera.

***

A mediados de octubre, una muchacha llegó al portón principal del penal de San Pedro Sula a preguntar por Chepe. Estaba nerviosa y solo eso decía: quiero ver a Chepe.

En las cárceles hondureñas no hace falta estar inscrito en ninguna lista ni tener un vínculo especial con un interno para entrar de visita. Dar un nombre y un número de celda o módulo bastan para que un policía que no conoce a sus prisioneros, ni sabe quién o qué eres tú, anote tus datos en un gastado libro de registro y, sin levantar la vista del papel, te deje entrar al país de los de adentro. La muchacha ni siquiera necesitó eso. En el penal de San pedro Sula, Chepe no necesita apellido ni tiene celda fija. Estuvo en la 2A, después quiso estar en la 22. Hoy duerme “buscando más tranquilidad y estar un poco más seguro, también para beneficio de todos”, en un cuarto privado que se mandó construir en la zona de visita conyugal. En la puerta de ese cuarto estaba cuando uno de sus coordinadores llegó con la muchacha que le buscaba.

—Mire, Chepito, que viene esta muchacha ahí de la guardia. Lo anda buscando.
—¿Y qué pasó?
—Es que mire —le dijo ella—, a mi mamá nosotros la trajimos desde Tegucigalpa y la tenemos internada en el hospital Mario Catarino, y necesito 900 lempiras para hacerle estos exámenes, porque si no, de puro gusto la fui a traer…
—¿Y a quién viene a visitar usted? ¿Tiene algún pariente usted aquí?
—No, usted, si yo me vine para acá porque me dijeron afuera que fuera al centro penal, que ahí me podían ayudar…

Las historias de quien llega al penal en busca de trabajo, protección o un simple plato de comida gratis, están en cada pasillo de la cárcel de San Pedro Sula. “Aquí afuera la gente es tan pobre que hasta viene a comer a la cárcel”, me dijo una interna. Días después de la entrevista con Chepe, mientras esperaba a alguien junto a los muros del penal, un activista de Derechos Humanos señaló a la densa columna de mujeres que esperaban ser revisadas para entrar a visita y me desafió con una frase que pretendía ser un enigma:

—Un tercio de esas mujeres vienen a visitar a alguien.

Aunque llevábamos parados más de una hora bajo el calor, volví a escrutar con la mirada a aquel grupo heterogéneo. Faldas largas y faldas cortísimas, rostros casi siempre maquillados, enormes bolsas llenas de comida casera, algunas chicas jóvenes vestidas como para ir a una discoteca…

—¿Y el resto?
—Algunas vienen a comprar mercadería de la que fabrican los internos para venderla afuera. Las hay que se prostituyen. Y muchas vienen a probar suerte.
—¿Cómo que a probar suerte?
—Sí, a ver si conocen a alguien y se acompañan.
—Eso no tiene sentido…
—Claro que lo tiene. En las comunidades de las que vienen estas mujeres, tener un novio o un marido que está dentro del penal las coloca en otra posición, no solo económica, sino sobre todo de seguridad.

En el San Pedro Sula que no se esconde bajo el aire acondicionado de los centros comerciales, la cárcel es un corazón poderoso que igual bombea muerte que dinero o protección. En las comunidades más pobres, a las que pertenecían los 107 pandilleros muertos en el incendio de 2004 y en las que crecieron la mayoría de internos de este mísero penal para hondureños sin suerte, la cárcel forma parte de la vida y las rutinas. Y tiene para bien y para mal voz y voto sobre el futuro inmediato de los supuestos hombres y mujeres libres.

Cuando Chepe entró a su cuarto, salió con unos cuantos billetes gastados que sumaban 900 lempiras y se los dio a esa muchacha que casi lloraba. Hizo algo parecido a lo que en la calle se considera justicia. A la leyenda de la cárcel en la que las cosas funcionan y los pobres tienen un rey ladrón con la cara cortada, que es más justo que los políticos y más honesto que la Policía de Honduras, le nació otro capítulo.

***

Ya fuera de la celda de los colombianos, paseo con Chepe hasta topar con un gran cajón de madera en mitad de un callejón. Tiene alrededor de un metro y medio de alto, dos ventanas de cristal y una puertecita con candado. Me sorprende descubrir que esta especie de casita de muñecas gigante tiene aire acondicionado en un lateral, y más aun ver asomarse a las ventanas a dos huskies siberianos.

—Son míos —ataja Chepe cuando le pregunto por los perros, y les abre la puerta para que salgan. Se llaman Gol y Sissi.

Cuando los perros, después de juguetear con las caricias de su amo, se lanzan a correr por el callejón y se pierden por una esquina, tomo conciencia de que el penal entero es la celda, el jardín, la finca de Chepe. Aun así, los tiempos de paz tienen en la cárcel la consistencia de una figura de origami, y por eso pasea por sus dominios rodeado siempre de 10 hombres fornidos, de vestir pulcro y, es un secreto a voces en la cárcel, armados con algo más que cuchillos. Si le pasara algo, probablemente volverían los tiempos de zozobra y de lucha por el poder. O si le trasladaran. O si saliera libre, porque en teoría este año Chepe debería ir por fin a juicio.

—¿Crees que te van a declarar inocente?
—Siendo realistas, tengo todos los problemas encima. Si voy hoy, sería solo a que me sentencien. Pero estoy agarrado del mero todopoderoso y creo que Él me va a sacar libre cuando yo esté preparado.
—¿Cómo?
—Es que mire, yo puedo arreglar ahorita mismo mi situación jurídica y salir libre, ¿me entiende? Porque se puede. Se puede apelar a errores en la captura, o hasta la misma Policía se puede robar las evidencias, y si no le ponen evidencia a uno, ¿cómo le van a comprobar el delito? Pero yo es que antes de salir estoy dejando que Dios me transforme.
—Y si sales, ¿qué va a pasar acá dentro?
—Mucha gente tiene miedo a eso. Hasta el mismo director y el subdirector me dicen que no les gusta que les hable de eso.

La tarde de su condena por genocida, a Efraín Ríos Montt le recibieron en la sala de audiencias con aplausos y gritos de viva Guatemala. No eran aún las 4 y una treintena de familiares y seguidores se soltó a vitorearle en su camino al banquillo. Nunca, en ninguno de los días del juicio, había tenido el anciano exdictador tanto respaldo en la sala, a 30 personas arropándolo. Los aplausos solo tardaron unos segundos en quedar sepultados bajo un breve pero eficaz manto de abucheos. La mayor parte de las 500 personas que abarrotaban el salón, las que ocupaban asientos, gradas y pasillos, las decenas reunidas en la plaza que se abre frente al edificio de la Corte Suprema de Guatemala con ganas frustradas de entrar, estaban allí para condenar a Ríos Montt.

Miente quien diga que la tarde del viernes 10 de mayo no esperaba una condena. Los mismos defensores del general retirado la habían anunciado el día antes, en su caso como una supuesta prueba de prejuicio del tribunal, de injusticia. Durante semanas habían denunciado que el proceso era “un linchamiento jurídico” y que la sentencia contra Ríos Montt, gobernante de facto en Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y contra su exjefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados ambos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya estaba escrita. Y habían anticipado la intención de apelarla.

Los partidarios del castigo lo consideraban, en cambio, una consecuencia lógica de la avalancha de testimonios, pruebas y peritajes presentados por los acusadores para probar que la muerte de más de 1,770 indígenas ixiles, el desplazamiento de decenas de miles, y su persecución y tortura con la excusa de su supuesta vinculación con la guerrilla, constituían un plan de exterminio. En más de un mes de juicio, la defensa se había mostrado torpe en la sala de audiencias, aunque agresiva en los pasillos de las cortes de apelaciones; había estado más interesada en frenar el juicio o anularlo que en probar la inocencia de sus defendidos. Durante las últimas tres semanas había logrado constantes suspensiones del juicio, que en algún momento pareció estar herido de muerte. Pero no. En tres días la jueza Yassmín Barrios había esquivado trabas legales, precipitado el fin del debate público y dejado el caso visto para sentencia.

Barrios ya tenía como credencial de carácter el haber condenado en 2001 a los asesinos del obispo Juan Gerardi, y había demostrado desde el inicio del juicio el 19 de marzo un evidente interés en escuchar testimonios y dictar sentencia lo antes posible. Enzarzada en una batalla personal contra los intereses políticos opuestos por años a la tesis histórica del genocidio, que ahora trataban junto a la defensa de detener el juicio, en las últimas jornadas la jueza había interpretado de forma claramente restrictiva cada posición de la Corte de Constitucionalidad o cada derecho de los acusados y sus abogados que pudiera implicar una nueva suspensión. Ninguna de las posibles razones -apegadas a la ética y al derecho o no- a las que se pudiera atribuir al deseo de Barrios por dictar sentencia favorecían al exdictador.

Por eso la mayoría de los presentes en esa sala el viernes 10 a las 4 de la tarde se sabían parte de un pedazo de historia. Y ansiaban ver el gesto del general en el momento preciso en que por fin escuchara la sentencia. Pero una cerrada barrera de fotógrafos volcados al acecho de ese mismo morbo ocultó desde el primer minuto a Ríos Montt y a sus abogados, y el público, privado de la tentación del escarnio, sin esa distracción, quedó a solas con las palabras de la jueza, obligado a masticarlas en absoluto silencio como si las escuchara por radio.

La nueva verdad histórica

Barrios comenzó la lectura de la sentencia con ritmo vivo, tras anunciar que se trataba de una versión condensada de la misma y que la sentencia completa se haría llegar a las partes el viernes 17 de mayo. Desde los primeros compases fue obvio que daba por válidas las pruebas y argumentos de la acusación: “… a los ixiles se les estigmatizó para exterminarlos…”; “… el ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada…”; “… se persiguió la creación de un nuevo modelo de indígena…”; “… matarlos de hambre…” La sala permanecía muda. Sentada en la cuarta fila, entre decenas de mujeres ixiles y de otras etnias mayas, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se frotaba nerviosa las manos, con cierto disimulo, y no dejaba de hacer temblar la pierna derecha. Los labios fruncidos. La mirada al suelo, arriba, de nuevo al suelo…

A las 4:13 de la tarde, tras la detallada enumeración de hechos, Yassmín Barrios afirmó por primera vez en la historia que en Guatemala se había cometido el delito de genocidio. Lo repetiría a las 4:37. Y varias veces más hasta el final de su sentencia. Silencio aún. Solo miradas cruzadas entre quienes, ante el nacimiento de una nueva historia oficial en Guatemala, necesitaban confirmar que habían escuchado bien. Soplidos, miradas, pero ni una palabra. Solo las de Barrios.

Como brotes en ese huerto de tensión, comenzaron a rodar las lágrimas de algunas de las víctimas. Primero una mujer de rostro triste e inmutable, sentada en la cuarta fila justo al lado de Rigoberta Menchú, que le pasó el brazo sobre los hombros; después, un hombre en la fila tercera, sombrero, bastón de autoridad indígena, inclinado hasta casi guardar la cabeza en su saco rojo de líder ixil para intentar secarse con las solapas los ojos, por debajo de las gafas; y otra mujer en la fila siete, y una anciana sentada a tres asientos de la primera. En diferentes puntos de la sala, en desorden, pañuelos, mangas y manos se pusieron a enjugar en movimientos lentos. Ni un sollozo, ni siquiera un gesto de dolor… solo lágrimas calladas. A medida que escuchaban a la jueza describir lo sucedido “… violación para destruir la semilla ixil…”, “… prueba objetiva de la intención de destruir al grupo ixil…”, “… por querer cambiar sus condiciones de vida se les llegó a considerar enemigos…”, y nombrarlo como verdad probada, las víctimas indígenas revivían el dolor de su historia de muerte, tortura, rapto, huida y hambre, y lloraban la alegría de que a partir de ahora nunca nadie en Guatemala pudiera volver a llamarles mentirosos por contarla. “… Siendo el racismo la base para el genocidio…”

En cuidado orden lógico, Barrios fue encajando como piezas los peritajes de la defensa hasta llegar a la afirmación de que Efraín Ríos Montt estaba informado de la estrategia de exterminio que su ejército ejecutaba en las aldeas del área ixil, y recurrió incluso a lo declarado en juicio por un perito de la misma defensa, el general José Luis Quilo Ayuso, para sustentar que el exdictador estaba, desde su despacho en la capital, al mando de esas operaciones. Sentenció que los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía concordaban entre sí, que la mayoría de masacres cometidas por el ejército tenían el mismo patrón de conducta, que lo sucedido “no fue espontáneo sino planificado”.

La versión de la defensa del exdictador, y de buena parte de la élite empresarial del país, y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y del presidente de la república, el también militar Otto Pérez Molina, y del mismo Ríos Montt, empeñados todos ellos en decir una y otra vez que en Guatemala no hubo genocidio, que durante la guerra se habían cometido solo “excesos” aislados imposibles de evitar por las autoridades, se convertía en apócrifa.

Cumplida media hora de lectura ininterrumpida, el silencio entre el público seguía siendo absoluto. Sentada entre varios periodistas, la defensora de derechos humanos Helen Mack mantenía los labios apretados y el gesto concentrado. A su hermana Myrna la asesinaron en 1990 por documentar y denunciar la tragedia de los ixiles. El juicio a Ríos Montt y su gobierno era el juicio a la brutalidad de décadas de gobiernos militares. Mientras, Barrios avanzaba imparable -“… desde su posición podía haber impedido…”, “… la responsabilidad alcanzó al jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt…”, “tuvo conocimiento de todo y no lo detuvo a pesar de tener capacidad para hacerlo…” Apuntalada ya, su siguiente afirmación cayó por su peso: “Consideramos que la conducta del acusado Efraín Ríos Montt se encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, de forma que debe imponerse la condena correspondiente”. Culpable.

Culpable por saber. Culpable por ser, como jefe de Estado, el responsable. Aun dando por posible que Ríos Montt no ordenara expresamente el genocidio, culpable por ampararlo y por no hacer nada para impedirlo.

Eran las 4:44 de la tarde. De forma inexplicable la sala se aferró todavía al silencio. Con gesto compungido Rigoberta Menchú comenzó a buscar miradas en las que apoyarse. Como si se sintiera sola y necesitara ayuda para sobrellevar las emociones que se le agolpaban en el cuerpo 14 años después de haber iniciado ella, ante la Audiencia Nacional de España, el primer proceso por genocidio contra el exdictador en nombre de las mismas víctimas que ahora estaban venciendo en este juicio guatemalteco. Barrios anunció que absolvía a Mauricio Rodríguez por falta de pruebas: “… la duda favorece al reo…” Y hubo entre el público un rumor de descarga. La jueza repitió afirmaciones para referirse al segundo delito imputado, el de crímenes contra la humanidad, o “crímenes contra los deberes de humanidad”, según el Código Penal de Guatemala, y declaró a Ríos Montt de nuevo culpable, y a Rodríguez otra vez inocente.

Los alegatos del abogado de Rodríguez, un día antes, habían sido sólidos, rocosos, centrados en el supuesto carácter consultivo de la figura de Director de Inteligencia dentro de la cadena de mando del ejército y en la falta de pruebas en su contra. El mismo general retirado comentaba una hora antes de la lectura de la sentencia: “No han demostrado que yo haya participado en la elaboración de esos planes ni que yo tuviera mando operativo de las acciones. Pero es que tampoco soy yo el que les importa: la joya de la corona en este juicio es Efraín Ríos Montt”.

Como si la condena no lo significara todo, como si el castigo fuera la verdadera medida de la justicia, fue el anuncio de la pena de cárcel la que desató la respiración de la sala e hizo estallar gritos de “¡Bravo, bravo!” Las víctimas se permitieron, por fin, sonreír, celebrar: “El artículo 376 del Código Penal establece delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables”. Y 30 más por crímenes contra la humanidad. 80 años de cárcel para un hombre que casi tiene 87. Una cifra para sentar precedente.

Y un gesto para no dejar dudas de la decisión de castigar: la anulación de las medidas sustitutivas que, desde que comenzó el juicio en su contra hace más de un año, habían permitido al exdictador permanecer en su casa, bajo arresto domiciliario, en lugar de en una celda. Solo las cámaras de fotos, las de televisión, las de los documentalistas que pretenden firmar la historia de este juicio en sus imágenes, vieron el gesto de Efraín Ríos Montt cuando se oyó culpable. Y solo ellas captaron su reacción cuando escuchó que se ordenaba su detención y su ingreso inmediato a prisión, una medida que muy pocos de sus adversarios esperaban, dada la edad del exgobernante.

Leída la sentencia, Barrios prohibió al condenado salir de la sala hasta que llegaran agentes de la Policía para llevárselo. Rodríguez, que asistió a todo el juicio en silla de ruedas, fue empujado hacia la salida entre abrazos de sus familiares. No quedará libre hasta que la sentencia sea firme pero no podía deshacer la sonrisa. La mayoría de quienes acompañaban a Ríos Montt también salieron, por órdenes del tribunal, para evitar enfrentamientos con otros asistentes. Un joven del público gritó a la jueza “¡egoísta!”, “¡con el mal no se combate el mal!” antes de retirarse. El resto, el salón aún repleto, no quiso marcharse. No hasta ver al exdictador, al genocida, encaminarse a la cárcel, tal vez esposado.

Una sala en catarsis

Siguieron momentos de desorden, casi de riesgo. El enjambre de camarógrafos que habían permanecido todo el juicio volcados sobre la mesa de Ríos Montt y sus abogados se convirtió de repente en una animalesca marabunta hambrienta de una frase del condenado y una fotografía más cercana aún, como si la intimidad de la imagen se alimentara de centímetros. Los empujones derribaron la mesa, acorralaron a Ríos Montt, hicieron temer por su seguridad. “Señora jueza, me están maltratando”, se oyó gritar al anciano, aprisionado entre sus guardaespaldas y la turba de periodistas. Por momentos pareció que el exdictador saldría herido.

Hubo un conato de pelea entre un periodista y uno de los nietos del general retirado que intentó intervenir para garantizar espacio a su abuelo. Los gritos de la jueza, entre la exigencia de orden, la insistencia en que el acusado no podía salir de la sala y los ruegos tardíos a los periodistas, no consiguieron nada. Tuvo que ser el público el que, al clamor de “quítense, quítense”, obrara la cordura.

Después vendrían la paz y cierto ambiente de milagro. La larga espera, de casi una hora, hasta que el general retirado fue formalmente detenido y escoltado -sin esposas, nunca se le esposó- hacia una patrulla policial, convirtió el salón de audiencias en una vigilia que fue asentando emociones y destilando los gestos. Mack, sin levantarse de la silla, hundida la mirada en el suelo, lloró en silencio, agotada y feliz. El día que la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores trató de anular este juicio había dicho: “No hay un mínimo respeto a seres humanos que han esperado 30 años para obtener justicia. No puedes tener paz cuando el Estado ignora a sus propios habitantes.” Lloraba porque se acababa de asentar una esquina de esa paz.

Rigoberta Menchú, entre abrazos y abrazos, daba declaraciones a la prensa. De fondo, el murmullo de las conversaciones se fue volviendo un canto, suave al principio, más fuerte luego: “… aquí no lloró nadie / aquí sólo queremos ser humanos…” Era un poema de Otto René Castillo al que el cantautor Fernando Pérez puso música hace algunos años.

“A partir de ahora el ladino no tiene que ser siempre el que nos juzga, el que nos dice que no hablamos bien, que dice que solo inventamos, el que nos acusa una y otra vez”, decía Menchú. Detrás de su voz, el canto parecía acallarse por momentos, avergonzado de ofender la presunta solemnidad de la sala. Pero cada vez que los versos parecían diluirse, la alegría de parte del público vencía y se repetía con más fuerza la estrofa: “… aquí sólo queremos ser humanos / comer, reír, enamorarse, vivir / vivir la vida y no morirla…” Rigoberta Menchú también seguía: “Hoy se sienta un precendente contra el odio que nos han tenido todos estos años. Aquí se están rompiendo esquemas muy grandes; espero que los guatemaltecos tengamos la altura para soportarlo.”

El canto se prolongó por minutos, mientras Ríos Montt, siempre invisible, ahora tras un cordón de agentes de seguridad, permanecía arrinconado a un extremo de la sala, asediado aún por las cámaras. La fiesta en la sala se celebraba sin él. Maryelena Bustamante, hermana de desaparecido y activista pro derechos humanos, vertida en lágrimas, se acercó a dar la mano, uno por uno, a los 12 abogados que conformaban la acusación. Bustamante había sido una presencia constante durante las audiencias del juicio. Llevó flores rojas a las mujeres ixiles que testificaron sobre las violaciones que habían sufrido en los 80, gritó “¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” a Ríos Montt en su cara cuando salía de una audiencia, volvió a regalar flores el día que Yassmín Barrios se nego a acatar, por considerarla ilegal, una orden de anular el juicio.

“Hemos esperado 31 años. Este no es directamente el caso de Emir, pero no solo es él, no son solo los ixiles, en todo el territorio hubo miles de desaparecidos”, decía Bustamante, ladina, entre lágrimas, a quien le escuchaba. “Esta sentencia es un canto a la vida. Sé que no me van a regresar a mi hermano, y no se puede resarcir todo el dolor de este pueblo, pero por algo se empieza a escribir el nunca más en esta tierra.” Y luego, como si se lo dijera a sí misma, como si se tratara de pellizcar para salir del sueño, repetía, en referencia al tribunal: “Se atrevieron. Se atrevieron”.

Justo antes de que la Policía se llevara al exdictador, los partidarios de la causa ixil comenzaron a corear a la que ya consideran “su” jueza: “Justicia, justicia”, “Yassmín, Yassmín”, gritaban en medio de la alegría por la condena. Barrios, en un gesto que da más combustible a quienes la acusan de ser parcial, de estar volcada hacia el lado de la acusación, se levantó sonriente y cruzó los brazos simulando un abrazo. Después saludó con la mano en alto a quienes la coreaban. Una complicidad incómoda en un proceso como este.

Por la noche ya circulaba por la ciudad un lema que se ha convertido rápidamente en viral en ciertos círculos: “La justicia es colocha”, una referencia al cabello rizado de las dos nuevas heroínas de los defensores de los derechos humanos, la fiscal general Claudia Paz y Paz y la jueza Yassmín Barrrios.

El juicio no termina

La sentencia, aplaudida por los organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, no cierra sin embargo el debate que durante el último año se ha ido asentando en la sociedad guatemalteca acerca de la conveniencia de juzgar el pasado y de encarar su propia historia negra. En un país en el que las estructuras militares, políticas y económicas que administraron la guerra contrainsurgente en los años 80 conservan todavía una fuerte cuota de poder, la batalla de apelaciones que ya han prometido los abogados de Efraín Ríos Montt será, como lo ha sido en estas semanas en que el juicio pendía de un hilo, una prueba constante para la institucionalidad y los ríos de influencias que desembocan en la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a botar esta sentencia. El juicio nació muerto. El juicio nació viciado. Con la zurda boto este fallo, se lo garantizo”, amenazaba el defensor del exdictador, Francisco García Gudiel, la mañana del día 10, antes de conocer oficialmente la sentencia. Ya después del veredicto, su colega Francisco Palomo le complementaba: “Lo tendremos que resolver (el caso) a través de los recursos. Si los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que son gente mucho más seria, no cede ante las presiones de la comunidad internacional, los recursos deberían prosperar”.

De momento, la absolución de Rodríguez puede tener un efecto de vacuna para la sentencia, puesto que divide los intereses de una defensa que hasta hoy actuó unida. Al ex jefe de inteligencia de Ríos Montt le interesa ahora que la sentencia sea firme cuanto antes, para quedar libre. Los amparos pendientes, que buscaban anular el juicio, se convierten en un peligroso obstáculo para ello. Queda ver si Efraín Ríos Montt insiste en anular el juicio a costa de arrastrar de nuevo a un largo proceso a su antiguo subordinado.

La reacción del presidente Otto Pérez Molina al fallo del tribunal puede servir, en cualquier caso, de medida para el nivel de crispación política que el juicio ha provocado en Guatemala. Otto Pérez dijo a El Faro el pasado 24 de abril que no se sentía “políticamente implicado” en el juicio contra Ríos Montt. En una entrevista a CNN en español concedida el mismo día de la condena, su primera respuesta al periodista Fernando Rincón fue sin embargo para recordar que la sentencia del tribunal que preside la jueza Barrios no es todavía firme y que, por tanto, todavía se pueden permitir, él y quienes piensan como él, afirmar que en los 80 no hubo genocidio.

Él, general retirado, que en 1982 estuvo destinado como comandante en el área ixil de Nebaj bajo el alias de “Tito Arias”, está especialmente interesado en que así se corrija el fallo de la jueza Barrios. Durante el juicio, uno de los testigos de la acusación contra Rios Montt le nombró directamente como responsable de torturas y de ataques a aldeas ixiles, y si su nombre no resonó más veces en la sala es porque el Ministerio Público, temeroso de agitar más el avispero político que amenazaba con detener el juicio, retiró a los testigos que pudieran incriminarle.

El tribunal dejó además en su sentencia un mensaje ambivalente para quienes, como el presidente, se sienten amenazados por esta justicia incómoda que se niega a olvidar el pasado. Por un lado, la absolución de Mauricio Rodríguez podría interpretarse como una clarificación de la prioridad que, en términos de justicia restaurativa, se marca el sistema judicial guatemalteco, enfocado en el castigo ejemplarizante de los máximos responsables políticos de lo sucedido, por encima de la persecución de los autores materiales. Sin embargo, Barrios anunció explícitamene lo contrario durante su veredicto: “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos que se señalan.” Al escuchar esta frase, el público presente en la sala, especialmente los ixiles que seguían la sesión por el sistema de tradicción simultánea instalado por la asociación querellante AJR, estallaron en aplausos.

Pesonas cercanas a la otra de las organizaciones querellantes, CALDH, consideran lejana la posibilidad de abrir una serie de nuevos casos contra responsables directos de las masacres de los 80 en territorio ixil, por el enorme esfuerzo humano y económico que supone un juicio de estas dimensiones, pero es, al fin y al cabo, lo que desean muchas de las víctimas.

Tomás Raimundo, de la aldea Salquil Grande, lo decía claro a la salida de la audiencia del viernes, quizá contagiado de la euforia de la victoria judicial: “Tanta mentira en lo que hablan, tanta discriminación… Ya se confirmó que es la verdad lo que contamos. Creímos que no lo lograríamos. El día de ayer teníamos baja la moral, porque los abogados de los militares dijeron que éramos ignorantes, y eso nos bajó la moral, pero ganamos. Ahora lo que queremos es que ojalá siga y salgan en juicios todos los oficiales que fueron, porque no fueron nada más estos dos”.

A su lado, Gaspar Velasco, por años miembro de la directiva de AJR, pero que hace tres años delegó el puesto en un vecino de su comunidad, asentía: “Hay más. Solo los están tapando”. ¿Tienen fuerzas para seguir?, le pregunté. “Claro. Solo si nos morimos vamos a parar. O tal vez no pueda caminar pronto, pero siempre puedo ser testigo sentado”.

Capítulo I. El origen del odio.

No es que el joven palabrero de la Fulton fuera muy dado a hacer las paces. De hecho, no se ganó el sobrenombre de Satán por promover treguas con sus enemigos.

Era el líder de la clica de la Mara Salvatrucha en el Valle de San Fernando, que colinda con la ciudad de Los Ángeles.

Había recibido uno de los mejores entrenamientos del ejército salvadoreño y fueron precisamente sus habilidades militares las que lo convirtieron, al cabo de apenas un año, en el líder de una de las más poderosas clicas de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos. Decir eso no es poco. Dentro de los protocolos pandilleriles casi nadie pasa en solo un año de ser un bulto movido a patadas durante el bautizo inaugural, el brinco, a ser el que decide quién se convierte en bulto y quién no.

Era capaz de armar y desarmar armas cortas y armas largas; sabía de repliegues estratégicos, de emboscadas, de la función de las pequeñas unidades, de la importancia de mantener firmes algunas plazas. Probablemente sabía matar. Sabía mucho de guerra el Satán.

Ernesto Deras, que con ese nombre nació el Satán, jamás fue un Rambo de película salvo tal vez por su voz cansada, porque susurra más que habla, porque parece alguien infinitamente triste. Salvo porque quienes lo conocen dicen que nunca lo han escuchado gritar, ni reírse a carcajadas. Salvo porque se formó con el entrenamiento de Boina Verde que impartían los asesores gringos a los Batallones de Reacción Inmediata durante la guerra civil salvadoreña.

Fuera de eso, Ernesto bien podría ser el cliché del migrante salvadoreño que llegó a Los Ángeles en 1990: era un veinteañero flaco y duro como una rama de guayabo, lampiño y huraño. Venía huyendo de la guerra civil y había entrado a los Estados Unidos a hurtadillas, como un animalillo nocturno.

También es importante decir de nuevo que Ernesto era Satán y que no era muy dado a hacer las paces con los enemigos.

Por eso en 1993, cuando una pareja de mediadores intentaron convencerlo de que asistiera a reuniones de paz, tuvieron que mencionar a los que no se mencionan, tuvieron que explicarle que el asunto tenía el visto bueno de la Mafia. Y en esos ambientes todos saben que a los Señores es mejor no hacerles el feo.

***

La pandilla a la que se incorporó Satán en 1990 era una pandilla paria.

Cuando los salvadoreños llegaron en masa a California en los últimos años 70 y en los primeros 80 –buscando refugio del horror que presentían en su tierra-, los mexicanos y sus descendientes, los chicanos, ya tenían décadas de organizarse en pandillas para plantar cara a los desprecios blancos y no estaban dispuestos a que los recién llegados tuvieran en aquellas calles una bienvenida que ellos no tuvieron.

Por eso cuando los salvadoreños fundaron su propia pandilla para plantar cara a los desprecios morenos, los mexicanos y sus descendientes los miraron con asco. No es fácil ser el nuevo del barrio y esperar que los demás te inviten a jugar con ellos. Incluso si el juego consiste en hacerse la guerra.

Como en todo ecosistema, lo esencial para sobrevivir es aprender quién se come a quién. Cuando la Mara Salvatrucha apareció, hacía ratos que en el Sur de California eso estaba claro: cada pandilla podía ser presa de cualquier otra, y en la cúspide de la cadena alimenticia habitaba sola y voraz la Mafia, la organización de los Señores, que a fin de cuentas decidía quién jugaba y quién no.

La Mara Salvatrucha, por ejemplo, no podía jugar.

La Fulton, la clica que Satán comenzó a dirigir en 1991, era la única célula de la Mara Salvatrucha en todo el Valle de San Fernando, en el sureste de California, donde guerreaban al menos otras 75 pandillas por esa época. Para todas ellas la Mara era un enemigo común.

La conciencia de saberse presa universal hizo de la Fulton una clica arisca, huraña y muy violenta. Los años de ser el enemigo común le enseñaron a desconfiar de todos… por eso cuando en 1993 dos tipos se acercaron a Satán para invitarlo a entrar a una potencial trampa, el instinto militar del muchacho le aconsejó tener un plan de salida, o al menos un plan para que –dado el caso- no fueran los homies de la Fulton los únicos muertos de la jornada.

***

Del excampeón mundial de Kick Boxing, William “Blinky” Rodríguez, y de su socio, Big D, hablaremos luego. Por lo pronto basta decir que estos dos amigos de infancia renacidos en el cristianismo se habían embarcado en una cruzada por conseguir lo que parecía una simple tontería de fanáticos religiosos: un acuerdo de paz entre todas las pandillas del Valle de San Fernando.

El asunto se vuelve más terrenal al decir que ambos tenían permiso para ondear el estandarte de la Mafia. Los Señores habían dado el visto bueno a este par de cruzados y eso les garantizaba, como mínimo, la atención de los líderes de todas las pandillas.

El día de Halloween de 1993, los dos mediadores consiguieron reunir por primera vez a decenas de pandillas en el parque Pacoima, en uno de los distritos del Valle de San Fernando, sin que hubiera ningún incidente violento entre ellas. Les hablaron de Dios y les invitaron a acercarse a dirimir sus conflictos hablando… y ocurrió. La prensa californiana miró aquello con una ceja arqueada: ante sus cámaras estaba ocurriendo lo que parecía imposible. A partir de ese día, aquellas reuniones tuvieron lugar cada domingo. Como era de esperar, la Mara Salvatrucha fue de las últimas en ser invitada.

Satán sabía lo que estaba ocurriendo y sabía también que la invitación no tardaría en llegarle:

“Llegaron a buscarme. Me llamó la atención y les dije que sí. No a hacer paz, pero que íbamos a ir, porque si no íbamos iban a decir que nos estábamos acobardando. Les dije que llegaría el siguiente domingo, pero me dijeron que esperara para que ellos prepararan el terreno. Dijeron que iban a preparar a los demás para la llegada de la Mara. Tiramos un meeting y les dije a los homeboys: ‘parece que los Señores están arriba de esto, pero lleven el armamento necesario porque vamos a ver a nuestro enemigo cara a cara, vamos a entrar como una liebre a una jaula de leones’. Fuimos los últimos en llegar al parque de Pacoima. Entramos unos 30 y se quedaron unos 10 afuera, armados. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer si algo pasaba. Ahí entramos diciendo: salimos o no salimos.

“Había reporteros, el parque estaba lleno de pandillas, se levantaron todos. Algunos comenzaron a buscar bronca, pero no pasó nada. Cuando los reporteros se enteraron de que era la Mara la que estaba llegando corrieron a buscarnos, pero los homeboys los mandaron al carajo, no los dejaron entrevistarlos ni tomarles fotos. A mí uno de los organizadores me llegó a decir que si me quitaba el gorro, por respeto.”

Para dejar claro con quién estaban hablando, Satán se había vestido para la ocasión: llevaba sus holgados atuendos de cholo y la cabeza tocada con un gorro en el que se leía: “Fuck everybody”, que en en una muy libre traducción al español vendría siendo como un “váyanse todos a la mierda”. El palabrero de la Fulton entró en aquel parque con talante buscapleitos. El excampeón de kickboxing, Blinky Rodríguez, temió que aquel gorro terminara en una batalla campal y le pidió a Satán, con las mejores maneras que supo, que se lo quitara por respeto a sus enemigos. Satán accedió sin darle mucha importancia. Aquel fue el primer gesto de paz de la Mara Salvatrucha.

Los últimos migrantes

Hay quien cree que la Mara Salvatrucha nació en la calle 13 del Suroeste de Los Ángeles. El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, ha llegado a decirlo en público sin ruborizarse. El problema es que esa calle no existe. Su lugar en esta ciudad de avenidas con estrellas y calles plagadas de pandillas lo ocupa el pulcro Boulevard Pico, muestrario de comercios latinos y paralelo con la calle 12, que corre al Norte hacia el ahora revalorizado Downtown, y a la 14, que aparece y desaparece en los mapas una cuadra al Sur.

Hay también quien piensa que la Mara Salvatrucha brotó de una escisión en la Eighteen Street Gang. Y sí, esas cosas ocurren en el mundo de enormes promesas de gloria callejera y frágiles lealtades en que habitan las pandillas: la misma Eighteen Street, la Pandilla 18, nació a finales de los años 40 como una fractura de la veterana Clanton 14, que desde la década de 1920 callejea por la ciudad y es probablemente la pandilla latina de mayor antigüedad de las que aún existen en California.

Pero no, la MS no nació de la 18. El 13 es en realidad un apellido que indica pleitesía a una fuerza criminal mayor, a los Señores, a la Mafia Mexicana, que reina en el Sur de California. Y la MS tardaría algunos años en necesitar, desear y merecer esa amistad y esos números.

A finales de los 70 en Los Ángeles la Mara Salvatrucha era solo una panda de adolescentes desarrapados y aficionados al heavy metal. Se hacían llamar “stoners” en traducción del término “roquero” y por influencia de los Rolling Stones, como muchos otros grupos de jóvenes -los Mid City Stoners, los The Hole Stoners…- que por esos días consumían rock y marihuana en las esquinas y parques de sus barrios.

Ninguno de los miembros de la Mara Salvatrucha Stoners pasaba de los 18 años. La mayoría había llegado a Estados Unidos hacía poco, con sus padres que huían de la pobreza en El Salvador. Eran los últimos migrantes en arribar y ninguno podía decir todavía que fuera territorio suyo ni un solo pedazo de asfalto en aquella ciudad compleja plagada de afroamericanos, mexicanos o coreanos.

Aun así, hablar hoy de stoners en la Mara Salvatrucha es invocar lo puro, lo radical, lo auténtico. En la Mara, que tiene la memoria borrosa de las tradiciones orales, se suele decir que ya no queda vivo ninguno de aquellos pioneros, pero aún hay pandilleros que aseguran con aparente desinterés haber entrado al juego en aquellos días, conscientes de la herencia de prestigio que eso deja. Los pasados borrosos abundan en la constante guerra por el respeto que se libra en las pandillas.

La policía de Los Ángeles tiene memoria de la existencia de grupos de la Mara Salvatrucha Stoners en 1975. Investigadores como Tom Ward, de la Universidad de California, han constatado la fundación de pequeñas clicas o núcleos de stoners de la MS en 1978.

No hay certeza de cuál fue su primer asentamiento, pero algunos veteranos salvatruchos angelinos cuentan que a finales de los 70 una docena de stoners comenzaron a reunirse habitualmente en el Seven Eleven que aún existe en el cruce de Westmoreland Avenue y James M. Wood Street. Esa, la Seven Eleven, fue probablemente la primera clica de la Mara Salvatrucha. Todavía hay, en Los Ángeles y en El Salvador, pandilleros que se brincaron años después y pertenecen a ella.

Los salvatruchos se sentían malvados. Vestían jeans ajustados y rotos a la altura de las rodillas, camisas negras con portadas de discos de ACDC, Led Zeppelin o Kiss, y largas melenas que gritaban rebeldía. Se involucraban en peleas con grupos similares, robaban caseteras de carro y se hacían respetar en escuelas como la Berendo Middle School, a cuatro cuadras del cruce entre Normandie Avenue y Pico Boulevard. Algunos incluso presumían de ser satánicos mientras cantaban Hell Bent for Leather, de Judas Priest. Pero apenas tenían más horizonte y ambición que sentirse fuertes e ir juntos al próximo concierto y levantar el puño simulando con los dedos un par de cuernos. De momento.

Miembros de la clica Western Locos de la Mara Salvatrucha Stoners a mediados de los 80 en Los Ángeles. Uno de ellos, el Puppet, regresó años después a El Salvador y vivió en la colonia Amatepec de San Salvador, donde murió asesinado.

Miembros de la clica Western Locos de la Mara Salvatrucha Stoners a mediados de los 80 en Los Ángeles. Uno de ellos, el Puppet, regresó años después a El Salvador y vivió en la colonia Amatepec de San Salvador, donde murió asesinado.

***

En la primavera de 1984 la cercanía de la inauguración de los Juegos Olímpicos hizo que la alcaldía de Los Ángeles decidiera barrer de sus calles todo aquello, y a todos aquellos, que pudieran ensuciar la fotografía de lo que debía ser una demostración de la superioridad deportiva y social de occidente sobre el enemigo soviético.

En plena Guerra Fría, cuatro años después del boicot estadounidense a los Juegos de Moscú, Ronald Reagan quería que los de Los Ángeles no solo pasaran a la historia como los primeros Juegos rentables y organizados por una corporación privada, sino como un escaparate de la armonía social prometida por la receta única del modelo capitalista.

En un planeta atenazado por la amenaza nuclear, Los Ángeles debía ser una ciudad segura. Y esa seguridad pasaba por limpiar de pandillas el Centro-Sur y el Oeste de la ciudad, aunque fuera por unas semanas. Las calles se militarizaron. Hubo redadas y planificadas detenciones masivas. Los sospechosos habituales fueron encarcelados. Los cabecillas de las principales pandillas latinas, negras y asiáticas de la ciudad estaban entre ellos.

La Chele ya era por esos días miembro de la Mara Salvatrucha y vestía como una stoner. Aunque nació en El Salvador, se crió en Los Ángeles. A los 8 años soportó burlas de otras niñas porque, aunque hablaba mejor inglés que castellano, no sabía jugar a las Cuatro Esquinas, un típico juego infantil estadounidense. A los 11 una amiga de la escuela trató de convencerla de que se uniera al Barrio 18 y no quiso. Cuando tenía 13 años, harta de soportar golpes y sentirse acorralada por las pandillas chicanas de su instituto, se unió a la Mara.

─Para los Juegos Olímpicos de 1984 los policías levantaron a los cholos pesados de las pandillas grandes, y el vacío ayudó a asentarse a la Mara. -dice.
─¿Por qué solo a la Mara?
─No, no solo a la Mara. En todo Los Ángeles el número de pandillas aumentó, y sus membresías crecieron.

Descabezadas, muchas clicas de pandillas angelinas pasaron durante los años 84 y 85 por violentas batallas internas para redefinir liderazgos. La Mara, ajena todavía a la luchas intestinas por un poder que no tenía, se dedicó únicamente a crecer por la vía de cautivar a los cada vez más y más adolescentes salvadoreños que llegaban a Los Ángeles con sus familias, huyendo de la guerra civil; y a ganar territorio peleándolo con los puños o con cuchillos.

─Sam, el águila, la mascota de aquellos Juegos, fue el culpable de lo que la Mara es hoy -dice la Chele. Y se ríe.

Los detalles de cómo la Mara fue arrebatando terreno a las pandillas chicanas dependen de quién relate la historia. Pandilleros de Los Ángeles cuentan hoy lo que quieren recordar o lo que oyeron de sus homeboys más veteranos: que armados de juventud y furia guanaca arrebataron ferozmente las esquinas y las calles a hombres menos locos, menos tenaces o simplemente menos hombres.

Pero hay versiones menos épicas. Un veterano de la pandilla Playboys cuenta, por ejemplo, que en los primeros años 80 el Flaco, palabrero de la clica Playboys Normandie Locos, que controlaba el cruce entre Normandie Avenue y la 8th street, recibió una grave herida de bala en la espalda y tuvo que someterse a varias operaciones. Cuando al cabo de algunos meses el Flaco salió del hospital, atado para siempre a una silla de ruedas, algunos de sus homeboys se habían dispersado por la ciudad y su clica estaba deshecha. La Mara Salvatrucha, antes sometida, huesped en territorio Playboys, heredó ese cruce de calles sin dueño e hizo suyo el nombre de la desaparecida clica de los Playboys para alumbrar una de sus clicas más poderosas: la Normandie Locos Salvatrucha.

Fueron meses de crecimiento y de cambios frenéticos para la Salvatrucha. Quienes se integraron a la Mara en la segunda mitad de los 80 cuentan que la mayoría de las pandillas chicanas no aceptaba a aquel grupo de recién llegados y los condenó a un constante acoso, a una evidente enemistad. Como si pensaran que discriminar al recién llegado, al nuevo migrante, otorgara al victimario un carné de no-migrante. Como si uno tuviera que discriminar como un estadounidense para ser estadounidense.

Los mareros eran ridiculizados en las cárceles y en las calles por utilizar palabras como cipote, cerote, vergo y mara, que los chicanos consideraban vulgares. Pero esa reivindicación de origen, de carácter, los fue consolidando. Solos, se unieron más. Golpeados, se fortalecieron. La Mara Salvatrucha no gustaba pero cada vez pasaba menos desapercibida. Pronto se ganó fama de brutal. Mientras otros grupos peleaban con cadenas y cuchillos, la MS comenzó a utilizar cumas; antiguos miembros de la Playboys dicen haber conocido a mareros que caminaban armados con hachas.

A medida que algunos de sus miembros eran detenidos por pequeños delitos y enviados a las prisiones juveniles, su identidad metalera fue quedando en un segundo plano y su carácter de pandilla callejera cobrando forma. Con las melenas afeitadas a la fuerza nada más ingresar al penal, aislados de sus compañeros en las calles e indefensos frente a grupos enemigos más numerosos en los patios , los salvatruchos fueron aprendiendo los códigos carcelarios del Sur de California y se vieron en la necesidad de asumir la estética de los cholos para tratar de diluirse en el grupo.

Si la calle fue en los primeros años de la Salvatrucha un espacio relativamente libre en el que abrirse camino, la cárcel se convirtió en el verdadero espacio de socializac ión para esos nuevos migrantes. Como una procesadora de carne que te convierte en lo que el sistema te dice que eres, la cárcel acabó de educar en la lógica pandilleril de Los Ángeles a los miembros de la Mara.

Si el sistema te dice que eres como los demás, un pandillero latino, tú lo asumes y te vistes como lo que te han convencido que eres: un pandillero latino.

Para 1985 la mayoría de clicas de la MS habían dejado atrás la estética, la identidad y el apellido stoner y en los años siguientes se fueron integrando en la rutina de la venta de drogas a pequeña escala, o extorsionaban a los dealers de su zona. Dominar la calle no tenía sentido si no se podía obtener beneficio económico por ello. Competir con otras pandillas era querer ganar en todas las categorías: presencia, control, violencia… dinero. La Chele recuerda cómo los homies que salían de la cárcel iban aleccionando a los nuevos en las artes de la intimidación y el poder, aprendidas en largas conversaciones de celda. Ella misma, a la salida de una breve estancia en un penal, se encargó de poner orden en su clica, que según ella perdía dinero porque solo cobraba el impuesto a los vendedores de droga una vez a la semana.

─El homie que había estado encargado me dijo: “¿Como venís de la pinta creés que podés mejorar la teoria?”, y yo le dije: “Simón, la renta se cobra cada dia, y además los traqueteros te miran a leguas llegar con esa troca roja tuya, se te esconden y por eso no apañas nada.”
─¿Explicaron las nuevas reglas a los dealers?
─Ellos ya sabían cómo era la onda. Pero se les dejó decidir: si querían vender droga en territorio de la pandilla debían pagar renta, o se podían ir a otro territorio. Siempre tiene que haber más de una opcion; sin eso el ser humano no dispone de, digamos, voluntad. Y la voluntad es lo que realmente nos separa de las bestias.
─¿No hubo quién se resistió a pagar a diario?
─Siempre lo hay, pero cuando alguien abre un negocio sin registrarse en el Ministerio de Hacienda tarde o temprano llega alguien a pedirle el tributo. Hubo que dar algún castigo ejemplar, claro, de la misma manera que un padrote cachetea una prostituta para dar un ejemplo o que una monja en un orfanato golpea las manos de un huerfano con la biblia… Creeme, todo en las pandillas es un reflejo de la sociedad.
─¿La mara mató a alguien para dar ejemplo?
─Eso te lo puede contestar mejor la Policía… La violencia es mala para el negocio, pero nadie dijo que estos locos tenían un MBA (Master in Business Administration).

La Mara había conservado el símbolo de los cuernos metaleros, al que ahora los salvatruchos llaman “la garra”, pero sin tiempo apenas para disfrutar su adolescencia era ya una pandilla adulta. Tenía al menos 12 clicas en el Centro-Oeste de Los Ángeles, entre las que destacaban la Normandie, la Hollywood, la Leeward y la Western.

Había cultivado en el vecino Valle de San Fernando una clica más, especialmente díscola y desafiante, la Fulton, que rápidamente creció y se ganó respeto entre sus iguales. Esa clica que algunos años después iba a liderar Ernesto Deras, Satán.

La Salvatrucha tenía ya incluso un primer mártir, asesinado ese mismo año, 1985, en el parqueo posterior del Seven Eleven de la James M. Wood Street. En ese mundo, matarte es de alguna manera aceptarte, dejar claro que se te considera parte del juego de la guerra por las esquinas. El apodo del primer MS muerto en las guerras entre pandillas, un apodo todavía stoner, era Black Sabath.

Miembros de la pandilla Playboys de Los Ángeles. Durante los años 80, las pandillas sureñas más antiguas solían usar vestimenta de “pachuco” en las noches de fiesta. Abajo a la derecha aparece El Flaco, antiguo palabrero de la clica Normandie Locos.

Miembros de la pandilla Playboys de Los Ángeles. Durante los años 80, las pandillas sureñas más antiguas solían usar vestimenta de “pachuco” en las noches de fiesta. Abajo a la derecha aparece El Flaco, antiguo palabrero de la clica Normandie Locos.

Un paseo por gangland

El edificio Curacao no va a aparecer nunca en un atlas de arquitectura. Al menos en ninguno sobre obras bonitas, o construidas para adornar nada. Es un monstruo gordo de cemento y vidrios oscurecidos, con el mismo encanto de un general golpista parado en medio del distrito de Pico Union, en la frontera sureña del West Side de Los Ángeles.

La única virtud de esa mole –al menos si uno no tiene que pasar en ella ocho horas diarias- es la fragancia única que despide la sucursal de Pollo Campero que perfuma los primeros pisos. Esta cadena guatemalteca de pollo frito se ha convertido en el centro de las nostalgias estomacales de los salvadoreños y quizá ese perfume, que recuerda a la tierra dejada, pueda darle a este edificio duro algún ligero baño de ternura.

El Downtown angelino no consigue sacudirse aún la mala fama que le dejaron las décadas de los años 80 y 90. En aquel tiempo se le presuponía un lugar lleno de chusma, de malolientes mendigos negros que arrastraban carretas de supermercado llenas de basuras acaso más malolientes que ellos mismos; de hordas de enloquecidos latinos matándose entre sí por cualquier esquina mugrosa; de lugar de despacho de drogas, de robos, de balaceras. En otras palabras, los gringos lo presuponían un lugar lleno de migrantes ilegales. Y tenían razón.

Con la llegada de nuevas oleadas migratorias, los barrios poblados de indocumentados fueron corriéndose hacia las periferias del Downtown, arrastrando con ellos el sonido molesto que hacen los marginados al llegar. Uno de esos lugares es el distrito de Pico Union, epicentro de la migración salvadoreña de aquellas décadas. Ahí está ahora la torre Curacao perfumada de Pollo Campero.

En el séptimo piso de ese lugar, en medio de un pasillo en el que las apretujadas oficinas comparten un baño, está la sede de Homies Unidos, que preside un salvadoreño pequeño y de barriga pronunciada llamado Alex Sánchez.

Una hoja de vida no oficial de Alex Sánchez diría algo así: llegó a Estados Unidos a los siete años huyendo de la guerra civil. Siendo muy joven ingresó a la Mara Salvatrucha y asegura que tiene el abolengo de haber sido stoner. Fue deportado a El Salvador en 1994. Volvió a entrar ilegal a los Estados Unidos un año después para fundar la organización de prevención y reinserción juvenil que aún dirige.

Homies Unidos goza en Los Ángeles de alta credibilidad, algo que en los últimos años ha perdido su homóloga salvadoreña.

En 2002 Alex Sánchez consiguió convencer a un jurado de estadounidenses de que en El Salvador su vida corría peligro debido a su pasado pandilleril y se convirtió en uno de los pocos casos en los que ese gobierno concede asilo humanitario. En 2009 una embestida del FBI en contra de la MS se lo llevó entre las patas: fue sacado de su casa y acusado de llevar una doble vida, como activista por la rehabilitación de pandilleros y como líder de la Mara. Junto a otras 24 personas fue acusado de una larguísima lista de crímenes, entre ellos el de asesinar y el de conspirar para asesinar. Estuvo dos años en la cárcel y tras un masivo movimiento civil en su favor fue puesto en libertad con la condición de que no abandone el estado de California, de que no beba alcohol y de que no tenga ninguna relación –eso incluye hablar- con miembros de la Mara Salvatrucha. Hasta la fecha, el caso sigue vivo en las cortes de California y su juicio está programado para 2013.

Habrá que decir que no encontramos a nadie en Los Ángeles, luego de hablar con funcionarios públicos, pandilleros activos y retirados, investigadores académicos y expertos, que creyera que Alex Sánchez es culpable de esos cargos. Él dice al que quiera oírlo que ha sido víctima de un complot tramado por policías vengativos.

En resumen, la vida de Alex Sánchez ha estado cruzada, como una cicatriz en la cara, por las pandillas; y cuando le pedimos que nos explicara algo importante sobre ese mundo nos dijo lo siguiente:

─El de las pandillas es un juego en el que, desde el momento en que te brincas, autorizas al enemigo a matarte en el momento en que te vea, por el solo hecho de ser de la pandilla que eres. En realidad, ser pandillero es, esencialmente, autodestructivo. Es solo una forma de suicidio.

Alex dejó la pandilla hace 10 años. En sus propias palabras dejó de suicidarse cada día hace 10 años.

─¿Por qué crees que las pandillas latinas se matan entre sí? Mira el rostro de un mexicano, de un salvadoreño, de un hondureño, un guatemalteco. ¿Qué ves? El mismo color de piel, y restos de los mismos rasgos aztecas, mayas. Y no ves a las pandillas latinas matando a blancos, ni peleando por el territorio de las pandillas afroamericanas, aunque sean enemigas.
─¿Qué quieres decir?
─Que la violencia de las pandillas nace de no querer ser quien eres. Es una lucha contra uno mismo, contra el espejo.

***

En los años 80, el mejor espejo de la Mara Salvatrucha era la veterana pandilla 18, que ya tenía 30 años de vida. Mientras otras pandillas de raigambre chicana rechazaban a los migrantes no mexicanos, o incluso se negaban a recibir a los nacidos en México, decididos a enarbolar únicamente la bandera chicana, la Eighteen Street se definió por ser una pandilla abierta a migrantes latinos de origen diverso, lo que le permitió convertirse rápidamente en una de las mayores pandillas de Los Ángeles. Todavía hoy, entre sus miembros, se usa el término “la grandota” para referirse a la 18.

La coincidencia geográfica de ciertas clicas de ambas pandillas, cierta visión paternalista de la 18 hacia los recién llegados, y la fuerte presencia de salvadoreños entre sus filas, facilitaron la afinidad entre la 18 y la Mara Salvatrucha. Las dos pandillas caminaban juntas. Miembros de una y otra acudían a las mismas fiestas y peleaban juntos frente a enemigos comunes.

Algunos dieciocheros con sangre salvadoreña admiraban, en secreto, la identidad de la Salvatrucha, que se negaba a ser igual que el resto. Si cuando llegué hubiera existido una pandilla salvadoreña como la MS, pensaban, yo ahorita no sería 18.

Muchos, para entrar en pandillas como la Playboys, habían ocultado y siguieron ocultando durante años que eran de San Julián, Chinameca o Santa Rosa de Lima. Otros, incluso en la plural pandilla18, habían borrado su acento para no ser menos, para ser uno más. Los salvatruchos no se obligaban a sí mismos a hablar como chicanos ni renunciaban a su origen: lo llevaban en el nombre de su pandilla.

Una antigua pandillera de la 18 recuerda que en los primeros 80 coincidía habitualmente en fiestas con los miembros de la MS y les ordenaba en son de broma que se cortaran el pelo, que vistieran mejor, que dejaran atrás su apariencia de vagos con pantalones rotos.

─Les decía que olían mal, y a alguno que me trató de conquistar le dije que ni se le ocurriera que iba a amarrar con uno de ellos. -dice- Pero éramos aliados. Y aunque se prohibía a las chicas de la 18 andar con chavos de otros barrios, varias homegirls mías acabaron de novias con homies de la MS.

Las barreras entre ambas pandillas eran tan porosas como la piel humana. Incluso ahora que la frontera entre la MS y la 18 tiene como centinela a la muerte, hay casos de dieciocheros que forman familia con chicas tatuadas con la M y la S, y viceversa. En aquellos días el cruce de miradas era normal. El lazo de afectos, tolerado.

Clicas de ambas pandillas llegaron a compartir territorio. Los MS de la Leeward y los dieciocheros de Shatto Park llegaron incluso a rifar barrio juntos, haciendo con la mano un gesto que unía en una sola seña la E de la Eighteen Street, la 18, y los cuernos de la joven MS. La Salvatrucha y el Barrio 18 juntos en una sola mano y unidos en el gesto por el que en una pandilla se grita, se mata o se puede morir.

Si alguna vez la Mara Salvatrucha tuvo un hermano en Los Ángeles se llamó Barrio 18. Tal vez por eso allí las dos pandillas colocan hoy su enemistad por encima de las que mantienen con el resto de grupos callejeros. El odio es siempre más profundo cuando se ha querido, cuando se ha estado cerca, cuando el sentimiento de traición esconde un dolor más íntimo: la vergüenza de haber confiado.

***

Alex Sánchez aprendió las reglas del odio primigenio por las malas y siendo un niño recién llegado a una jungla donde las normas ya estaban puestas: si tu acento y tus palabras suenan raras serás el bufón, a menos que tengás los huevos de marcar una raya a fuerza de puños.

A los ocho años propinó su primera paliza a un chicanito que le rompió un avión de papel. Fue suspendido de la escuela, pero su padre tenía dos trabajos y su madre estaba empleada en una fábrica a tiempo completo. De todos modos ninguno hablaba inglés, así que cuando llegó la notificación escolar, él mismo la firmó y asunto arreglado.

Los años le fueron borrando el acento salvadoreño y aprendió a desaparecer, a mimetizarse, a sentir vergüenza por el lastre heredado de sus padres: ese acento de mierda, esas palabras ridículas, ese país que era solo una sombra borrosa que no dejaba de perseguirlo. Con el tiempo descubrió que no era el único salvadoreño que iba por la vida disfrazado de chicano, que había otros muchachos que incluso habían conseguido colarse en algunas de las pocas pandillas que permitían el ingreso a personas de dudosa procedencia, como la Eighteen Street, o la Playboys.

Hasta que conoció al Cuyo.

Alex tenía 14 años cuando el Cuyo le presentó a la Mara Salvatrucha, una agrupación de adolescentes a la que la palabra pandilla aún le quedaba grande, como cuando los niños juegan a ponerse las corbatas y los zapatos de los adultos. Pero aquel grupo de jóvenes tuvo para Alex Sánchez un brillo genuino, abrazador: hablaban como lo que eran, un puñado de chavitos salvadoreños plantando cara a un mundo de chicanos y ganándose el derecho a estar ahí sin esconderse de nadie y levantando bandera. Claro que se sumó. Al poco tiempo él mismo se había embarcado en levantar las primeras clicas infantiles con estudiantes de la Berendo Middle School, cercada por las calles Berendo y Catalina. Fue parte de la clica Catalinos Locos, que luego, al descubrirse en conflictos abiertos con otras pandillas, tuvo que diluirse en una más grande, la Normandie, donde había muchachos un par de años mayores que él.

─Alex, ¿cómo comenzó entonces la guerra contra la pandilla 18?
─Esas primeras clicas de la MS se estaban defendiendo contra las otras pandillas que estaban en el área, sin embargo con la 18 siempre hubo una amistad, porque la pandilla 18 ya existía, y para muchos antes que la MS existiera, la 18 era la única pandilla que aceptaba inmigrantes centroamericanos. Entonces ya había pandilleros salvadoreños adentro de esa pandilla, y se mantuvo una relación con la 18 por muchos años. A veces los problemas suceden porque los muchachos acá se empiezan a pelear y ya van los malos acuerdos, los malos entendidos y de una pelea se llega a una enemistad y termina alguien muerto y empieza todo.
─Pero ¿cómo comenzó la guerra?
─Con la 18 se mantuvo una relación íntima.
─¿Íntima?
─O sea que la 18 y la MS tenían muchos enemigos y amigos comunes, con algunas excepciones como por ejemplo la pandilla Easy Riders, que siempre mantuvieron una relación buena con la MS pero no se llevaban con los 18. Pero en general la MS y la 18 nos defendíamos juntos en todo lugar. También a veces en las cárceles nos defendíamos entre todos contra otras pandillas. Pero el problema fue que había una clica de la MS que se llamaba King Boulevard Locos y ahí fue cuando hubo una pelea.
─¿Qué? ¿Llegó un 18 a matarlos?
─No… O sea, no, porque se llevaban… pero hubo una pelea parece que por una jovencita, y entonces el muchacho que perdió la pelea, de la 18, parece que no quedó satisfecho…
─¿Eso fue en la calle?
─Fue en un callejón, ahí donde se juntaban los MS entre King Boulevard y la Normandie.
─ (Tomando nota en la libreta) En-tr-e Ki-ng Bo-u-le-vard y la Nor-man-die.
─Mirá, si querés nos vamos a verlo.

***

Salimos del edificio Curacao en el Mazda compacto recién alquilado, con Alex Sánchez como copiloto, por el West Olimpic Boulevard, que conecta el Downtown con el West Side. Avanzamos hasta la calle Alvarado y doblamos a la izquierda. Pasamos el cruce con el Boulevard Pico, legendario en la nomenclatura pandilleril. Justo en la intersección de ambas calles hay un restaurante muy bien montado, que a simple vista parece una sucursal de cualquier cadena gringa de comida rápida y que en grandes letras rojas tiene escrito: “pupusería”.

Seguimos recto por la calle Alvarado, hasta que se convierte en Hoover, que corre paralela a la calle Bonnie Brea; atravesamos el Boulevard Venice –en la intersección hay otra ostentosa pupusería-, hasta cruzar a la derecha en el ancho Boulevard Washington. Durante todo el recorrido los rótulos son en español y mientras se van sucediendo las “lavanderías”, “taquerías” y ventas de autos –no cars, no vehicles- Alex Sánchez va pronunciando, como en una lotería, los nombres de las pandillas que reclaman cada cuadra: “Drifters”, “Playboys”, “Mid City”, “Harpies”, “Easy Riders”…

En el ecosistema angelino las pandillas tienen más de una preocupación. Generalmente sus territorios son estrechos, apenas divididos por callejuelas delgadas o, con suerte, por boulevares o avenidas que permiten mayor certeza acerca de quién controla cada acera. Algunas veces, dos pandillas vecinas se ven obligadas a rotular la misma esquina y a poner flechas en direcciones opuestas para que haya alguna seña que clarifique las fronteras. Otras veces –las más- simplemente viven en pleitos potencialmente mortales con sus vecinos más próximos. No siempre la 18 es la principal preocupación de la MS y viceversa. Se pelea con el que se tiene a la mano.

Los orígenes de este abanico de pandillas son muy variados: las hay que fueron un club de carros, o equipos de fútbol americano barriales, o no tan barriales, o agrupaciones de grafiteros… Actualmente se calcula que hay en Los Ángeles aproximadamente 400 pandillas latinas. Más de 700 en el Sur de California. Por no contar las pandillas negras, asiáticas, caucásicas…

Avanzamos sobre el Boulevard Washington, y aparece en paralelo, de forma intermitente, la calle 18. Un semáforo nos obliga a detenernos al lado del inmenso Angelous Rosadale Cementery. Ahí están sepultados cuatro hermanos amigos de nuestro guía. Los cuatro eran Easy Riders. Los cuatro murieron en las guerras pandilleriles de antaño. Un rótulo azul anuncia, justo después del cementerio, que esa calle ancha que atraviesa el Boulevard Washington es la avenida Normandie. Estamos entrando en territorio de la Mara Salvatrucha. Bajamos por la Normandie, que se introduce en una zona residencial de calles menos transitadas.

Durante los 80 y 90 aquí se libraron auténticas guerras. Las calles estaban rotuladas con la marca de sus dueños y los homeboys más jóvenes patrullaban las calles con armas de fuego, listos para defender el territorio que reclamaban. Los extraños eran de dos tipos: compradores de drogas o enemigos. En ambos casos había que estar listos para dar la respuesta adecuada.

Todo ese panorama cambió con las leyes conocidas como gang injunction, que aun hoy prohíben que tres o más pandilleros fichados por la policía como miembros de una organización delictiva estén juntos en la vía pública, so pena de ser arrestados y de pagar una multa de mil dólares. Sumado, siempre, el riesgo de ser deportados. Desde finales de los 80 y, sobre todo, durante la segunda mitad de los 90, las gang injunction hicieron a las pandillas cambiar de hábitos.

Ahora las calles del suroeste de Los Ángeles lucen como las de cualquier vecindario pacífico, donde los residentes pasean diminutos perros y las ancianas conversan en las aceras. De tanto en tanto, tatuadas en un árbol, o tímidas, sobre el propio suelo, se leen las iniciales de alguna clica. No hay pandilleros en las esquinas. Sin embargo, ojos desconfiados observan desde los balcones de los edificios.

El recorrido por este paisaje de calles con nombre de clica está por terminar. Dejamos la Normandie para entrar en el boulevard Martin Luther King Jr, donde Alex Sánchez nos da instrucciones de detenernos para entrar en un estrecho callejón, en el que el pequeño Mazda cabe justo. Es difícil en Los Ángeles encontrar una callejuela de tierra como esta. Sobre el piso se acumulan los charcos lodosos y a los lados crecen matorrales sin dueño al pie de cercas de madera. Unos mendigos negros han construido una champa de plástico al lado de la pared en la que alguna vez estuvo escrito “Rest in peace Shaggy”. Aquí fue donde todo comenzó.

Mural de la clica Leeward Locos de la Mara Salvatrucha situado en la parte trasera de Leward Avenue de Los Ángeles, entre las calles Westmoreland y Hoover. Fotografía tomada en la segunda mitad de los años ochenta.

Mural de la clica Leeward Locos de la Mara Salvatrucha situado en la parte trasera de Leward Avenue de Los Ángeles, entre las calles Westmoreland y Hoover. Fotografía tomada en la segunda mitad de los años ochenta.

La venganza del Shaggy

El cruce de Normandie Avenue con Martin Luther King Jr. Boulevard es territorio de la clica Western Locos de la Mara Salvatrucha. Y el largo callejón que se esconde a pocos metros, paralelo a la King Jr. y a Browning Boulevard, era en los 80 un lugar habitual de reunión para la MS. Todas las casas de la cuadra tienen todavía hoy dos pisos con ventanas de madera, una cochera y un pequeño jardín con puerta trasera al callejón. Dicen que la fiesta, aquella noche a finales de 1989, fue en una de esas casas.

En reuniones como aquella, pandilleros de la Salvatrucha y de diversas clicas de la 18 solían compartir cerveza y licor mientras en la atmósfera flotaba el olor alegre de la marihuana. La gente entraba y salía, y siempre había alguien nuevo a quien conocer en aquella telaraña de relaciones que era la estructura de clicas a lo largo y ancho de todo Los Ángeles. En la calle y en las casa de los vecinos resonaba con descaro la música a todo volumen: rock y hip-hop del momento, intercalado con algunos oldies de James & Bobby Purify, o de Mary Wells. Los dieciocheros insistían en pedir música de los 60, en llevar ellos trajes amplios de pachuco y sombrero, en hacerse ellas altísimos peinados. Vestir como pandilleros old school era una suerte de reivindicación de su historia, porque la tenían.

La Salvatrucha estaba apenas empezando a escribir la suya y solo respiraba el momento presente.

Nadie parece recordar el nombre de la chica por la que inició la discusión, pero la mayoría de versiones coinciden en que aquella noche la fiesta se rompió en una pelea entre el Shaggy, de la Western, y un dieciochero que acabó yendo por una subametralladora UZI y resolvió la disputa en el callejón, a balazos. Así lo cuentan, sin más. Como si las muertes nacieran de la nada, la memoria ha reducido aquel episodio trascendental a la imagen de un arma siendo disparada. Como si aquel estallido no necesitara explicación porque se diera por sobreentendido que la fiesta estaba bañada en pólvora. Dicen que el cuerpo del Shaggy quedó tendido sobre el suelo de tierra de ese callejón, en el que hoy duermen los vagabundos.

Pero ni siquiera eso es seguro. La génesis de la religión del odio es confusa.

El investigador estadounidense Tom Ward, que desde hace 20 años pregunta a pandilleros de los dos bandos cómo comenzó su guerra, ha recogido otros testimonios que hablan de un drive by, un ametrallamiento desde un carro en movimiento, en el que pandilleros de la MS quisieron matar a miembros de una pandilla rival, los Harpies, y por error alcanzaron a un dieciochero que se encontraba con ellos. Según esta versión, el Barrio 18 pidió a la MS una compensación económica por la muerte de su homeboy, un gesto habitual entre pandillas para demostrar arrepentimiento o pedir perdón. Pero la Mara no quiso pagar. Lo consideró una humillación y reclamó a la 18 por permitir que sus miembros se reunieran con los Harpies, enemigos de sus amigos.

Nadie cuenta, en ninguna de las versiones, quién apretó aquel primer gatillo. El nombre de quien desencadenó la guerra entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ha desaparecido hasta de los rumores.

***

Alex Sánchez cuenta que la noche que mataron al Shaggy él estaba con amigos en su cancha, cerca de la esquina de Normandie con la 8th, cuando llegó alguien a darle la noticia. “Ya se reventó”, le dijeron.

No le extrañó. En los últimos años los roces con la 18 se habían ido haciendo más y más habituales. Por disputa de negocios, por enemistades personales, porque la calle engendra odios. Pero por encima de todo, la lenta pero constante migración hacia las filas de la Salvatrucha de dieciocheros salvadoreños ansiosos por dejar de fingir que eran chicanos, que se toleró en un principio, se había tornado cada vez más incómoda para los líderes del Barrio 18, inquietos por ver crecer a su hermano pequeño e indignados porque lo hiciera a costa de ellos, robándoles.

─Sentían que la Mara Salvatrucha les estaba faltando al respeto. -dice Alex Sánchez.

Y en el mundo de las pandillas cuando desaparece el respeto no queda nada que preservar y se esfuma la hermandad. Roto ese himen simbólico, en las pandillas solo queda el diálogo escueto y brutal de la violencia.

La noche que mataron al Shaggy, según cuenta Alex Sánchez, hubo quien propuso de inmediato buscar una solución pactada, tratar de ahogar el eco de las balas ya disparadas, antes de que se confundiera con el sonido de las balas de respuesta.

─Dijimos que había que hablar de lo que había pasado, tratar de ver una solución. No se podía empezar una guerra así con esta gente porque… porque no.
─¿Por la amistad? ¿Para que la Mara no sumara un nuevo enemigo?
─No me crean, pero en la Normandie éramos diferentes, porque en la zona de la Normandie estaban todavía los Playboys y mi clica en esos años todavía se llevaba muy bien con los Playboys, aunque eran enemigos de la 18. A nosotros de cierta manera no nos caían muy bien los 18. Pero otras clicas estaban bien atadas a ellos, y esa era la relación que se tenía que mantener.
─¿Y qué hicieron para solucionarlo?
─Nada. Se iba a tratar pero no dio tiempo. Los muchachos de la Western y los amigos íntimos de Shaggy no dieron oportunidad, y al amanecer ya había como cuatro muertos.

Engrasar la maquinaria de la venganza después de aquello fue fácil. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha eran tan cercanas que cada pandilla conocía los escondites de la otra y dónde vivían sus miembros. En los años que siguieron, cuando a un enemigo se le encendía una luz verde, una condena de muerte, siempre había alguien que sabía dónde encontrarlo. Y los nombres de los muertos nuevos fueron haciendo olvidar a aquellos primeros.

─A los pandilleros no les importa la historia. Si les importara, estarían estudiando historia en la escuela. -dice Alex Sánchez.- Yo conocí al Shaggy. Cuando lo mataron tenía más o menos mi edad, 17 años. Solía verlo pasar la tarde en un Taco Bell cerca de aquel callejón, junto a su novia. Pero ahora casi nadie en la Mara se acuerda de él. Viene la gente, se va… y solo quedan leyendas.

***

─¿De verdad crees que todo esto empezó solo por una mujer?

Sentada en la terraza de un bar en San Salvador, con su segunda cerveza delante, la Chele lanza una mirada de cansancio y repite lo que nos ha dicho ya otras veces: que la gente inventa historias, que agarra los hechos y les pone orejas y rabo, que en este mundo de las pandillas los homies hablan como si lo supieran todo pero casi nadie sabe de verdad qué o quién pasó por la historia de la Mara. La Chele suele presumir de feminista y ha apuntado con una pistola a la cabeza de hombres que la quisieron mirar de menos, pero repite que la guerra entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 empezó por algo más importante que el cariño de una chica.

─Pues eso dicen: que esa noche comenzó el pleito y que a la mañana siguiente ya había cuatro muertos. -le insistimos.
─Pues sí, pero la cosa no pasó de un día para otro. Venía de antes. La onda es que por esos días tres salvadoreños de la 18 se habían brincado a la Mara, pero por decirlo de algún modo no se habían salido de la 18 primero. Y dos de esos se habían brincado a la clica Western Locos.
─¿Y estaban en esa fiesta?
─Parece que sí. La cosa es que en esa fiesta se discutió por eso, y ahí viene lo de la UZI. Al Shaggy las balas le volaron una mano y lo mataron. Pero no fue planeado. Y el siguiente muerto no fue esa noche. Fue días después, esa misma semana.
─¿Quién fue?
─El Funny, de la 18. El Funny pasaba por el territorio de la Normandie sin saber nada de lo que había ocurrido, y los homies de la Mara lo llamaron. En una casa lo tuvieron horas haciéndole de todo, hasta que lo mataron.
─¿Para vengar al Shaggy?
─Sí. Iban uno a uno. Ahora se ha perdido la cuenta. Pero no fue por una mujer.

Una mujer es, en la pandilla, un ser insignificante. Hay veteranas pandilleras en Los Ángeles que dicen que a ellas, en su barrio, se les ha respetado, que han sido un igual, que su barrio es diferente a los otros, pero en la mayoría de pandillas latinas de Los Ángeles y especialmente en sus ramificaciones centroamericanas, hoy una mujer es un ser insignificante que no vale nada.

En Los Ángeles, desde hace años, clicas de la Mara Salvatrucha como la Fulton -la clica de Satán- no brincan a mujeres y las condenan a caminar a su lado con un rango menor al del pandillero. Temen que sean más propensas a delatar a sus homies o que causen conflictos internos. La pandilla 18, en El Salvador, tampoco acepta ya a mujeres en sus filas. La mujer da apoyo logístico, colabora en los negocios, es concubina de uno o de varios pandilleros, pero no tiene voto ni voz, ni merece la venganza que el honor exige cuando el enemigo mata a un homeboy. La mujer es prescindible.

Hay aguerridas excepciones. Como la misma Chele, que en Los Ángeles acumuló y conserva respeto. O como La Reina, una agresiva líder de la Mara Salvatrucha en Honduras a la que pandilleros en varios países atribuyen el control de buena parte del negocio de la droga y las armas en San Pedro Sula. Mujeres con más hombría que sus propios hombres. Eso: excepciones.

Por eso resulta extraño, retorcido casi, que pandilleros de los dos bandos enemigos aseguren, tanto en Los Ángeles como en Centroamérica, que el odio entre la Mara Salvatrucha y la pandilla 18 se originó en una pelea por una chica.

─El tema de fondo es que ellos no querían que los salvadoreños de la 18 se hicieran de la Mara. -insiste la Chele.- Querían que estuviéramos siempre a la sombra del grupo hispano más dominante.
─…
─¿De verdad crees que por un pleito por una mujer alguien iba a torturar a un hombre durante horas? ¿Que por una mujer le iban a introducir a un infeliz un palo de escoba por el ano, como le hicieron al Funny? No, hombre… fue algo más importante.

***

No cambia nada saber si alguna vez existió esa Helena de Troya de los callejones de Los Ángeles por la que dicen que se desató la guerra entre la MS y la 18. No importa si tuvo un nombre y se ha olvidado. Hay pandilleros que aseguran incluso que el Shaggy no fue el primer muerto de la guerra, que poco antes la 18 había matado a otro homie de la MS apodado el Boxer. No importa. Veintitrés años después de la fiesta en el callejón de King Jr., el rencor entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no depende ya de a quién recuerdes.

Especialmente en Centroamérica, adonde ambas pandillas bajaron a comienzos de los 90 ya odiándose, ha habido tantos muertos, tantas decenas de miles de muertos, que cada pandillero tiene su propia razón para vengar. También se han deformado las dimensiones y límites de lo que se considera respeto.

Un antiguo pandillero del Barrio 18 cuenta que en la cárcel salvadoreña de Mariona, en 1995, hubo cursos de informática para presos que tuvieron que suspenderse porque sus antiguos homeboys de la 18 se negaban a usar computadoras cuyo sistema operativo era MS DOS. No es broma. Y las hebras envenenadas del conflicto son cada vez más imprevisibles y voraces. Una mala mirada puede importar lo suficiente como para matar, y una vida lo bastante poco como para canjearla por una palabra inoportuna.

Un veterano miembro de la MS en El Salvador, con más de 15 años en la pandilla, recuerda haber estado a finales de 2011 tomando con otros homies cuando uno más se incorporó al grupo. Le ofrecieron algo de beber y lo rechazó, con esta frase: “No, no quiero beber, ayer me puse una gran peda”. La reacción de la mayoría del grupo fue violenta, radical. Uno le dijo: “¿Cómo que una gran peda? Aquí uno se pone pedo, no peda. Solo los chavalas (los miembros de la pandilla 18) se ponen peda”.

─Y lo picaron, lo mataron. -dice con cierta repugnancia. Hace una década él pensaba que formaba parte de una fraternidad unida en una tradición y unos enemigos comunes. Pero uno de sus homeboys dijo una palabra en femenino y sus hermanos de clica, sus compañeros, lo condenaron por traición y lo mataron a puñaladas. Le repugna. Pero no revela asombro. En las pandillas salvadoreñas que alguien muera en nombre de un odio difuso, sin origen, no genera asombro.

***

Alejandro Alvardo tiene 38 años y fue pandillero de la 18. Aunque es guatemalteco lleva tanta vida en Los Ángeles que le cuesta hablar español. Hace años que está calmado, alejado de las armas y las calles, y trabaja en Homies Unidos, como Alex Sánchez, tratando de que otros pandilleros se calmen también. De eso habla mientras come sin ganas un sandwich en la planta baja del edificio Curacao: de la forma de romper el círculo de violencia en el que te mete la pandilla.

Le comentamos que en El Salvador la Mara Salvatrucha y la 18 acordaron el pasado marzo una tregua, que aseguran que ya no se van a matar entre ellos y han logrado una reducción drástica, casi increíble, de las cifras de homicidios. No parece sorprendido. A Alejandro Alvardo, que habla despacio y mira como si hubiera regresado hace solo unos minutos de un viaje de vida agotador, parece que nada de lo que le digamos o mostremos lo puede sorprender ya.

─Pues sí, se puede llegar a un acuerdo, pero también se necesita que haya más gente, porque ¿de qué sirven las paces si no hay recursos, si no hay alternativas? ¿Me entendés?
─Claro.
─Aquí también hubo un tiempo, por el año 93, en el que trataron de hacer paces, y no andar, you know, no andar balaceándose y todo eso. Funcionó por un rato. Pero comenzó a venir la función más antigua, la que dice que no puede ser así, porque somos enemigos y siempre va a haber algo muy adentro que no va a permitir que eso siga. Es como si esas paces fueran un refugio, como si tú pusieras vasos de agua en el desierto, ¿me entendés? Pero si alguien viene y quita esos vasos, como tu vida depende de tomar agua vas a regresar a lo mismo, porque la pandilla viene siendo como el agua para darte vida.
─¿Esa paz ya se rompió?
─Sí, ya se rompió. Sí.
─¿Por qué?
─Pues porque siempre hay alguien que va a comenzar algo. Porque en las pandillas no quiere decir que porque una persona cambie todos tienen que cambiar. Yo paré de tomar hace 12 años. No tomo, no fumo, y fumaba toda mi vida. Dos policías mataron a mi hermano y a mi primo, y yo no pienso ahora que todos los policías son malos, fíjate. O sea, yo soy un testimonio que una persona puede cambiar hasta esos extremos. Pero cada persona tiene su punto, cada persona tiene, you know, su check point para saber que hasta acá llegó.
─¿Entonces nadie te puede ordenar que te calmes?
─¿Y cómo? ¿Cómo si vienes herido, te han violado, te han maltratado, te han dañado físicamente y mentalmente? ¿Cómo vas a aceptar todo eso? ¿Me entiendes? Es como que le digas al borracho “ya no puedes tomar”. ¡Tu madre! Va a seguir tomando. Va a encontrar la manera de tomar, ¿tú me entendés?

Capítulo II. La letra 13.

El zumbido del helicóptero es una bendición. Si hubiera silencio la espera entre cada serie de golpes sería más estremecedora y los impactos parecerían más brutales todavía. Si hubiera silencio, el espectador lo llenaría imaginando el sonido de la porra al chocar con las rodillas, el torso y los brazos de ese hombre negro que rueda por el suelo lentamente mientras tres policías le vapulean. Uno de ellos abre las piernas como un bateador de beisbol para bajar su centro de gravedad y apalear con más fuerza y control. Un porrazo, otro, otro; una pausa; y de nuevo a la carga con una sucesión de tres golpes más en las piernas de ese saco de carne que se trata de incorporar desorientado; y otra pausa para respirar, y siete golpes más.

En las imágenes de televisión se pueden contar un total de 56 golpes. Si en la grabación no estuviera ese helicóptero para llenar el silencio con su atronador zumbido, uno imaginaría incluso el rechinar de los huesos a punto de romperse.

***

El video de la paliza a Rodney King dio la vuelta al mundo en 1991. Los bastonazos a aquel hombre negro de 25 años, un ex convicto por robo que esa noche de marzo se había negado a detener su carro pese a las órdenes de la policía, porque estaba bebido y temía regresar a prisión, fueron grabados por un videoaficionado y aparecieron en noticieros en los cinco continentes.

De inmediato se convirtieron en un símbolo de la brutalidad y el racismo de la policía de Los Ángeles, que desde la exitosa limpieza de calles del 84 había gozado de protección política para golpear o disparar con casi total impunidad. En el lugar de los hechos había quince agentes de uniforme que no movieron un dedo para detener la descarga de bastonazos, que duró más de diez minutos. Solo cuatro policías, los que usaron la porra y su sargento inmediato, fueron a juicio.

La sentencia para ellos se conoció un año y dos meses después, la tarde del 29 de abril de 1992: inocentes. Un jurado en el que diez de los doce integrantes eran blancos consideró que el video no era prueba suficiente de abuso de fuerza y desestimó los cargos.

En las calles de Los Ángeles, especialmente en los suburbios de Central South y South West, la noticia fue una inyección de furia. Primero fueron pequeños grupos de vecinos negros que gritaban en alguna esquina; después, descontrolados que apedreaban vidrieras e insultaban a los conductores blancos que atravesaban sus barrios. Al cabo de pocas horas el Suroeste de la ciudad ardía, literalmente. En los tres días que siguieron, la Policía tuvo que retirarse de barrios enteros y se generalizaron los saqueos y la violencia callejera. Gasolineras, comercios, edificios enteros fueron pasto de las llamas. Los bomberos registraron durante los disturbios un total de 7,000 incendios en todo el condado de Los Ángeles.

En medio del caos, la misma tarde del veredicto un helicóptero de un canal de televisión se encargó de responder a las imágenes de la paliza a King con una metáfora gráfica del ojo por ojo: los estadounidenses pudieron ver en directo, desde sus casas, cómo en el cruce de Florence Avenue y Normandie Avenue seis hombres negros detenían a pedradas un camión cargado de arena y sacaban de él a la fuerza al conductor, un hombre blanco llamado Reginald Denny. Lo tumbaron y se turnaron para molerlo a patadas, le golpearon en la cabeza con un martillo y, cuando ya estaba inconsciente, uno de los atacantes le aplastó el cráneo con un ladrillo de hormigón. Después de hacerlo, comenzó a danzar alrededor del cuerpo de Denny, que milagrosamente sobrevivió a las heridas.

Al macabro bailarín no le importaba ese detalle. Era un profesional de la violencia. Vestía una enorme camiseta blanca, pantalones anchos y un pañuelo azul en la frente. Era miembro de la pandilla Eight Tray Gangster Crips, una de las muchas bandas afiliadas a la gran federación Crips en Los Ángeles.

Mientras las autoridades desplegaban a la Guardia Nacional y convertían su sorpresa en un plan de reacción a los disturbios, los tres días consecutivos de estallido racial se convirtieron en el parapeto perfecto para quienes, en Los Ángeles, ya vivían al margen de la ley. No solo las principales pandillas negras -Crips y Bloods- se hicieron dueñas absolutas de sus territorios y se unieron para atacar a grupos de otras etnias; pandilleros latinos y blancos de toda la ciudad encabezaron acciones de pillaje y aprovecharon para saldar cuentas pendientes con bandas enemigas sin la incómoda presencia de la Policía. Cuando el día 2 de mayo el Ejército logró recuperar el control de las calles, ya se habían cometido 53 homicidios. Un tercio de las víctimas eran latinos.

También fueron latinos la mitad de los detenidos durante los disturbios. Uno de ellos, capturado por participar en uno de los miles de saqueos de esos días, era el pandillero fibroso y de mirada fría que dirigía la Fulton, la clica de la Mara Salvatrucha en el Valle de San Fernando. Su nombre era Ernesto y su apodo Satán.

***

Frosty y Silent, miembros de la pandilla Playboys de Los Ángeles mostrando armas de fuego. La imagen fue tomada entre los anos de 1993 y 1995.

Frosty y Silent, miembros de la pandilla Playboys de Los Ángeles mostrando armas de fuego. La imagen fue tomada entre los anos de 1993 y 1995.

Era la primera vez que iba a la cárcel, pero Satán sabía lo que le esperaba allí. Y sabía quiénes le esperaban.

Desde hacía algunos años, la Mara Salvatrucha vestía en su nombre un número que entre las pandillas del Sur de California lo significa casi todo: el 13. Muchas otras pandillas de Los Ángeles y sus alrededores, incluso algunas de las más antiguas -Florencia 13, Artesia 13, Norwalk 13- cierran hoy su nombre con esas cifras, que simbolizan la decimotercera letra del abecedario castellano: la M. Se trata de una cifra de lealtad. Y de sometimiento.

A finales de los años 50, en el correccional juvenil Deuel, en Tracy, muy cerca de San Francisco, una docena de adolescentes de diferentes pandillas, chicanos la mayoría, decidieron crear lo que concebían como una pandilla de pandillas, una banda integrada por los delincuentes juveniles de peor reputación y destinada a controlar por la fuerza ese y cualquier reclusorio al que los enviaran. Aunque todos eran menores de edad y muchos habían sido condenados solo por pequeños delitos, se bautizaron a sí mismos, con ambición desmedida, la Mafia Mexicana.

Pronto sus expedientes judiciales estuvieron plagados de asesinatos cometidos en cada cárcel a la que fueron destinados. Para inicios de los años 70 la fama, la brutalidad y el control de la organización se había extendido ya a todo el sistema penitenciario de California. Aunque apenas tenía una treintena de integrantes provenientes de distintas pandillas latinas del Sur de California, la Mafia Mexicana reinaba en los patios carcelarios y atemorizaba desde allí a casi todos los pandilleros latinos del Estado, que se sabían predestinados a pasar en algún momento por sus dominios amurallados.

Era como si en la cárcel te esperara el juicio final y la Mafia Mexicana se hubiera apropiado de las llaves del infierno. Para nombrarla y conjurar su influencia, en los ambientes pandilleriles comenzó a bastar con mencionar su inicial, la M, o la eMe.

Las cárceles californianas son además, desde hace casi un siglo, un hervidero de odios raciales en los que las pandillas encontraron la extensión de su guerras callejeras. Para gozar de la protección de la Mafia Mexicana ante las poderosas pandillas negras, por ejemplo, las pandillas latinas del Sur de California comenzaron paulatinamente a identificarse como Sureñas, a incorporar a su identidad el número 13 y a pagar tributo a los Señores. La cárcel manda en la calle porque la calle teme a la cárcel. También la Eighteen Street, el Barrio 18, es una pandilla 13, aunque por tener ya otro número no lo exhiba en su nombre.

Diferentes clicas de la Mara Salvatrucha comenzaron a considerarse a sí mismas sureñas y a rendir lealtad y tributo a la eMe desde mediados de los 80, a medida que sus líderes iban cayendo en manos de la ley y pasando por los penales juveniles, del condado o estatales. Los primeros en entrar a los dominios de la eMe sufrieron las violentas consecuencias de la indefensión, pero para finales de la década toda la pandilla había entendido que necesitaba el blindaje del 13.

En palabras de la Chele, que vivió la convulsión de aquellos años en la Mara, “fue como un proceso de difusión de innovaciones. Nadie dio una orden, ni hubo un meeting general para acordarlo. Simplemente, en unos pocos años, las clicas fuimos incorporando el 13 y haciéndonos todos sureños.”

En 1992 la Fulton ya era sureña y Satán sabía que en la cárcel lo esperaban los Señores. Como palabrero de su clica, era de hecho el encargado de recoger cada mes el dinero que se iba a tributar a la eMe, salido de los negocios de extorsión o venta de droga de los miembros de la clica, y de entregarlo en un meeting general de la Mara a la persona encargada de hacer llegar a la Mafia Mexicana el pago de toda la pandilla. Mes a mes, sin falta, como un diezmo que se entrega mirada al suelo. La violencia es solo uno de los dos idiomas de la pandilla, el que los extraños escuchamos más fuerte. El otro es el dinero.

Pero Satán también sabía que, pese a ser sureño, era un mal momento para entrar en el territorio de la eMe.

La teoría dice que iba a tener garantizada su seguridad física entre los muros porque, bajo la autoridad de la eMe, en la cárcel rige una tregua entre todas las pandillas sureñas, incluso entre aquellas que en la calle son enemigas. En las cárceles californianas, bajo la mirada paternal y estricta de la Mafia Mexicana, miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, por ejemplo, comparten celdas y patios sin problemas. Es lo que se conoce como correr El Sur.

Pero El Sur tiene excepciones. La Mafia Mexicana protege pero también castiga. Y la MS-13, a principios de las 90, era sometida a continuos castigos por contravenir alguna orden, por atrasarse en un pago, por matar a quien no se debía o en el lugar que no se debía. La luz verde que autoriza u ordena a los sureños castigar en nombre de la Mafia Mexicana se encendía a menudo, en aquellos años, contra la díscola MS-13. Unas veces contra una clica en específico; otras, para la Mara Salvatrucha al completo.

Cuando Satán entró a la cárcel por primera vez, la Mara tenía encendida una de esas luces verdes que en las calles te buscan para golpearte o matarte y que con suerte puedes esquivar, pero que en la cárcel te alumbran con toda su fuerza, sin escapatoria. Ya en la estación de policía otros pandilleros detenidos, de otras pandillas sureñas, le habían dado una primera golpiza. El primer mensaje de parte de la eMe. Cuando llegó a la cárcel del condado la cosa fue peor.

“En esas luces verdes no es que te digan ‘ok, ya te dimos, te dejamos con los brazos quebrados y ya estuvo’. Si te madreaban, los guardias te sacaban de la celda y te ponían en otra, pero en esa también te tocaba. Así hasta que te mandaban al hospital. Llegó un momento en que a todos los homeboys de la Mara los ponían en una sola celda; pero a todos ibas a verlos con los ojos morados, con las manos quebradas…”

Él solamente tuvo que aguantar dos meses esa rutina de castigo. A principios de julio, un oportunísimo sarampión le regaló pasar en el hospital el tercer mes de condena mientras sus homeboys seguían recibiendo golpizas todos los días en la cárcel del condado.

Tres meses después, el 7 de octubre, un partido de fútbol iba a complicar aún más las cosas para los miembros de la Mara. El Salvador jugó un partido amistoso contra México en el Coliseo de Los Ángeles, el orgulloso estadio donde en el 84 Reagan había inaugurado los Juegos Olímpicos. Tres meses antes, el 26 de julio, en otro amistoso en el estadio Cuscatlán de San Salvador, los mexicanos ya se habían impuesto por 2 a 1, y en este juego volvió a ganar “El Tri”: 2 a 0. Pero lo más importante no fue el resultado ni ocurrió en la cancha. Durante el partido, en las gradas, ante las omnipresentes cámaras de televisión, un hincha salvadoreño quemó una bandera de México. Ese hombre con 15 minutos de fama era un homeboy de la MS-13 y se apodaba Ardilla.

A la Mara le salió cara la fama del Ardilla. La eMe, que presume de pureza azteca -se dice que desde los años 60 solo admite entre sus miembros a pandilleros de sangre mexicana-, se sintió directamente ofendida por ese gesto y respondió encolerizada. Desde la cárcel de máxima seguridad de Pelican Bay, donde la mayoría de los Señores cumplen pena, encerrados 23 horas al día en pequeñas celdas de aislamiento, se enviaron órdenes inapelables: la Mafia Mexicana ponía luz verde a todos los salvadoreños del Sur de California. No solo a los miembros de la Mara Salvatrucha, sino a todos los salvadoreños de la región. Aunque solo durara unos meses, la quema de esa bandera provocó la mayor luz verde que se haya puesto nunca en California.

“Nos ponían luces verdes por tonteras para que todos los sureños se fueran contra nosotros, pero fueron formando un monstruo. Ahora ya no tan fácil nos ponen luces verdes, porque ahora somos fuerza, fuerza para los mismos Señores, pero saben que si esa fuerza se les rebela automáticamente pierden fuerza, y la Mara Salvatrucha ya es muy reconocida.”

A Satán y a otros miembros de la MS-13 en Los Ángeles les gusta decir hoy que aquella época, aquella constante sucesión de luces verdes, los hizo más fuertes.

Stranger, pandillero de la clica Adams Locos, frente a un mural de la MS-13 situado en los alrededores de la calle Norton de Los Ángeles. La Adams se fundó a principios de los años 90. Fue una de las últimas clicas de la Mara Salvatrucha surgidas en Los Á

Stranger, pandillero de la clica Adams Locos, frente a un mural de la MS-13 situado en los alrededores de la calle Norton de Los Ángeles. La Adams se fundó a principios de los años 90. Fue una de las últimas clicas de la Mara Salvatrucha surgidas en Los Á

***

Una mañana de 1988 al ex campeón de kickboxing William “Blinky” Rodríguez lo despertó una llamada inesperada. Era Danilo García. Big D, como lo conocía todo el mundo, era un veterano miembro de la Mafia Mexicana -hay quien lo nombra incluso como uno de los fundadores de la eMe- que había pasado la mayoría de los últimos 31 años entre rejas. Hacía solo unos meses que había salido de la cárcel del condado de Los Ángeles.

Blinky le conocía bien. Aunque Big D era 13 años mayor, ambos habían crecido en el Valle de San Fernando y alguna vez habían coincidido en fiestas y bares. Se habían seguido la pista mutuamente. Blinky cuenta que en los años 70 tuvo un sueño en el que aparecía Big D. Un sueño en el que el mafioso se convertía al cristianismo y se unía a él en una especie de cruzada evangelizadora. Unos meses después le contó su sueño a Big D, que se encontraba en las calles con libertad condicional. El mafioso se limitó a mirar con desconfianza al ex campeón. Blinky se conformó con un silencio como respuesta. Probablemente agradeció que Big D no lo mandara matar.

Pasó más de una década antes de que uno volviera a saber del otro. Por eso aquella madrugada de 1988 a Blinky Rodríguez le costó reconocer la voz al otro lado del teléfono.

─Soy Dano… This is the Big D, man!
─Hey, Big D… What happens? -alcanzó a preguntar, todavía adormecido.

Desde el otro lado del teléfono, exaltado, eufórico, el mafioso le respondió:

─Jesus Christ happens!

***

─¿El de la silla del centro es (Augusto) Pinochet?
─¡Sí! Se llamaba Pinochet Ugarte. Aquí estamos en el palacio de Pinochet en Chile. Benny, Fumio Demura y yo. ¡Era el campeonato mundial de Karate, man, y recorrimos todo el país haciendo exhibiciones!

El recorte de periódico de El Mercurio está bien conservado para ser de 1982. En la fotografía en blanco y negro aparece el sonriente dictador chileno, vestido de civil y con las gafas oscuras bajo las que solía esconder sus ojos pequeños y mortecinos. Está en un salón del palacio de La Moneda, sentado junto a tres hombres corpulentos enfundados en trajes y corbata. El titular de la nota los llama “los karatecas invencibles”, y el pie detalla: “El presidente de la república de Chile Augusto Pinochet recibió a los campeones de karate Blinky Rodríguez, Fumio Demura y Benny Urquides”.

La fotografía ha salido de una carpeta atestada de otros recortes, de carteles, de revistas enteras en las que Blinky es portada o se hace referencia a su carrera como karateka y como experto en artes marciales mixtas. Es evidente que en los años 70 y 80 William “Blinky” Rodríguez fue una celebridad.

Tenía un estilo de pelea desgarbado, bravucón, poco técnico, pero en aquellos tiempos en los que las disciplinas de lucha y las reglas oficiales de las artes marciales se confundían entre sí y variaban de una pelea a otra en plena fiebre de innovación y mestizaje, se hizo un nombre. Junto con su cuñado, Benny “The Jet” Urquídez, para algunos el mayor campeón de artes marciales mixtas de todos los tiempos, Blinky recorrió medio planeta para participar en exhibiciones y combates. Holanda, Japón, Brasil…

Las paredes de su despacho en la sucursal de Communities in Schools para el Valle de San Fernando, la ong especializada en prevención e intervención en pandillas que él mismo abrió en 1995 en los suburbios de Los Ángeles, están plagadas de recuerdos de aquellos buenos tiempos. “Tenía más pelo”, bromea a sus 58 años, con la cabeza completamente afeitada.

Las fotos y los trofeos del despacho de Blinky no son solo adornos. Tienen algo de declaración de identidad. Los pandilleros que se calman, que dejan de delinquir y matar, que se alejan de su clica y de los negocios de su clica, los que lo logran, suelen mantener cierta apariencia de luchadores en letargo, capaces de subirse a la guerra cuando haga falta. Conservar la fiereza es como un salvoconducto. Blinky nunca fue pandillero pero conecta con esa filosofía. Es un luchador retirado que trabaja con expandilleros, con hombres que se ven a sí mismos como luchadores retirados.

También es un hombre religioso. Extremadamente religioso.

El 3 de febrero de 1990, alrededor de la 1 de la madrugada, pandilleros de la zona de Pacoima dispararon desde un vehículo en marcha al joven Bobby Rodríguez, de 16 años, y lo mataron de un tiro en el pecho. Bobby era mejor atleta que estudiante y solía vestir como un pandillero. Muchos en su escuela aseguraban que lo era, aunque no tenía antecedentes policiales. Era uno de los de hijos de Blinky.

La noticia de la muerte de Bobby no salió en los périódicos, pero sí fue noticia que Chuck Norris, compañero de entrenamiento de su padre en los años 80, cubriría parte de los gastos del sepelio. Al funeral llegaron excampeones de lucha, estrellas de cine y palabreros de varias pandillas del Valle de San Fernando, compañeros de instituto y de las andanzas callejeras del chico. Allí, frente al ataúd de su hijo, se acercaron a Blinky y le ofrecieron venganza. El luchador dice que se aferró a su fe para decidir qué pasos dar. Los frenó y les invitó a visitarlo unos días después en su casa. Para rezar.

Quién sabe si por compromiso o fascinados por aquel hombre corpulento que había logrado con sus puños prestigio y dinero, seis de aquellos pandilleros llegaron a la cita. Eran miembros de diferentes barrios, es decir, de diferentes pandillas. Fue la primera de muchas reuniones que se celebrarían en los meses siguientes, en las que Blinky predicaba pero tambien había tiempo para hablar de la vida en las calles y de los problemas de cada pandilla. Sin saberlo, Blinky se estaba empezando a convertir en un mediador. Actualmente, cuando habla de la muerte de su hijo, la llama “la semilla”.

***

Cuando sus reuniones con pandilleros comenzaron, Blinky Rodríguez llamó a Big D y le pidió ayuda. Tras su conversión religiosa, el mafioso había logrado algo que aún hoy parece imposible: retirarse de la Mafia Mexicana y seguir vivo. En honor a sus años entregados a la causa de la eMe, los Señores le habían dado el pase; es decir, le habían permitido alejarse sin rencores. Pese a ser ahora un predicador, Big D todavía atesoraba un enorme respeto en el mundo pandilleril del Sur de California.

Justo lo que Blinky necesitaba. El exluchador sabía que para seguir su labor no bastaría con rezar más intensamente. No podía dar pasos más ambiciosos sin tener al lado a alguien que hablara a los pandilleros en su mismo idioma. Y lo más importante: sin alguien que explicara a la eMe que las intenciones de Blinky no eran perjudicarla. Las pandillas de Los Ángeles y sus alrededores son el agua en la que navegan los intereses económicos de la Mafia Mexicana. Cualquier viento que haga olas en ese mar atrae la mirada de los Señores.

Big D hizo consultas, logró avales y las reuniones se trasladaron de la casa de Blinky al Jet Center, el enorme gimnasio que el exluchador había montado a principios de los años 80 con su cuñado Benny “el Jet” Urquilla. El número de pandillas participantes creció. El impacto de lo que allí se hablaba tambien.

Blinky recuerda una vez que un chico, un pandillero de unos 25 años, llegó a una de las reuniones con hematomas en el rostro y golpes por todo el cuerpo. Decía que un grupo de pandilleros de otro barrio le había dado una paliza. Sus homies le acompañaban. Querían saber quiénes y por qué lo habían hecho. Hablaban fuerte. Querían justicia callejera. El sentimiento de irrespeto les causaba un hueco en el pecho y lo querían llenar con el dolor de alguien. De repente, desde el fondo del gimnasio, un pequeño pandillero se abrió paso entre el resto, avanzó y dijo: “Hey, no te brincaron, yo te hice eso”.

El culpable confeso medía menos de metro sesenta y aparentaba unos 16 años. Alegó que el otro pandillero le había faltado al respeto, que lo había insultado delante de su novia. “Yo solito te partí el queso”, dijo. Y dice Blinky que al otro se le vio en la cara que era verdad.

─Los de su barrio se lo llevaron. Pero si esa situación no se hubiera aclarado, ¡matazón! -dice Blinky- Por una mentira de alguien que no quería quedar como cobarde, man. Antes de que hiciéramos esas juntas, si algo pasaba, se montaban en un carro, iban y ¡pum!, pegaban a cualquier persona, porque no había comunicación. No me importa si hay celulares, si hay periódicos… ¡No hay comunicación! En las calles aún hoy se cae la casa sin que se comunique uno con el otro.

Durante dos años, el Jet Center fue el epicentro de la vida pandilleril del Valle de San Fernando, un enjambre de distritos residenciales y suburbios en el que habitan más de un millón 800 mil personas. Cada domingo, Blinky y Big D resolvían conflictos puntuales y sermoneaban a los pandilleros: “Mirá, no es lo que estás haciendo al resto, sino lo que te estás haciendo a ti mismo. Tienes a tu propia madre secuestrada, man. Tu madre y la de tus homeboys se tienen que esconder detrás de las cortinas y vuestras hermanas no pueden salir a jugar a la calle, man.” Acuñaron un lema: “No mothers crying no babies dying”. Ni madres llorando ni hijos muriendo.

Lograron que las pandillas del valle alcanzaran un acuerdo de no agresión entre ellas. Una tregua.

Desde 1992 parecía haberse desatado una epidemia de treguas entre pandillas callejeras en el Sur de California. Después de los disturbios por el caso Rodney King, las dos grandes agrupaciones de pandillas negras del Estado, Crips y Bloods, habían abierto un proceso de diálogo y logrado que muchas de sus pandillas afiliadas cesaran los enfrentamientos entre ellas. Además, en parques de Los Ángeles y sus alrededores se venían celebrando también meetings esporádicos de pandillas latinas en los que importantes miembros de la Mafia Mexicana llamaban a la unidad de la raza y pedían paz entre los barrios Sureños. La eMe prohibió a las pandillas latinas hacer drive-by, es decir, disparos desde vehículos en movimiento, y atentar contra la familia de pandilleros enemigos. La policía desconfiaba y estaba desconcertada. Casi tanto como los palabreros de muchas de esas pandillas, que tras décadas de guerra entre ellas veían ahora a los Señores hablar de cesar el fuego, de darse mutuo respeto.

En el Valle de San Fernando, ya con una paz firmada, también las reuniones se trasladaron a un espacio abierto. El día de la noche de Halloween de 1993, el 31 de octubre, cerca de 300 pandilleros entre los que estaban los líderes de más de 70 pandillas diferentes del valle se reunieron por primera vez en Pacoima Park, ante los ojos de sus vecinos. Y ante los de la Policía, que no disolvió la reunión de ese día ni las siguientes, ni hizo detenciones pese a que estaban en vigor diversas gang injuction, las leyes antipandillas que prohibían la reunión en lugares públicos de tres o más pandilleros con ficha policial.

Blinky advirtió a las autoridades de lo que estaba haciendo y, con el apoyo de otras organizaciones como YMCA o iglesias de la zona, logró de los jefes policiales una promesa tácita de tolerancia.

En las siguientes semanas, en el parque de Pacoima se celebraron todos los domingos partidos de baloncesto, fútbol, béisbol y tacofútbol, una especie de fútbol americano sin protecciones al que en Estados Unidos se suele jugar en familia. Las diferentes pandillas formaban equipos y se enfrentaban. Sin armas. Sin golpes. Como si se hicieran realidad los spots televisivos de una asociación de boy scouts.

En esos torneos deportivos había representantes de todas las grandes pandillas del valle menos de la Mara Salvatrucha. El resto de barrios, todavía impregnados del racismo chicano, no la querían allí. Pero Blinky y Big D insistieron. Sabían que si la MS-13 no estaba en los meetings tampoco la alcanzaría la tregua, y una bala suya o para ellos acabaría por romper la paz del resto. Tardaron semanas en reblandecer a los palabreros de pandillas de la zona como Langdon Street, Dead End Boys o de la misma Eighteen Street Northside, la clica del Barrio 18 que opera en el Valle de San Fernando. Las pandillas sureñas sabían, además, que solo un año antes la eMe había prendido luces verdes contra todos los salvadoreños del condado de Los Ángeles. Se podría decir que odiar a la MS-13 estaba bien visto.

Al final prevaleció el argumento de la necesidad de unir a la raza latina y Big D habló con Satán, el palabrero de la Fulton. Le tendió la mano en nombre del resto de pandillas. Le aseguró que los meetings en Pacoima Park tenían el visto bueno de la eMe. Le convenció de que la tregua era buena para todos. Satán, receloso, accedió a consultar a sus homeboys. Llamó a un meeting de la clica y propuso ir a la reunión, unirse a la tregua. La primera respuesta que recibió fue desafiante: “Con otros barrios puede haber paz, pero nunca con los 18”. Le costó convencer a sus homeboys: Pactarían pero no se estaban rindiendo. No estaban renunciando a sus odios.

Acudieron. Llegaron armados y desafiantes. Mientras 10 de sus homies esperaban fuera listos para disparar, Satán entró sin pistola, acompañado de un pequeño grupo de salvatruchos. Llevaba un gorro con la leyenda “Fuck everybody” -”Jódanse todos”- que había elegido especialmente para la ocasión. Los organizadores le rogaron quitarse el gorro que llevaba porque insultaba a los otros pandilleros presentes y lo hizo. Avanzó por el pasillo que le abrían sus enemigos, devolviendo miradas y llegó al frente, dispuesto a escuchar. Satán sabía que ni siquiera a la batalladora Fulton le interesaba estar completamente sola y en guerra abierta con el resto de pandillas del valle.

“Hicimos la tregua. La cosa era algo así como: ‘Ok, si mis homeboys llegan a tu barrio y tú los llegas a golpear o algo por el estilo esto se va a terminar, automáticamente vamos a ir para atrás. Pero si tú miras a mis homeboys y le das el respeto les vamos a dar el respeto a tus homeboys también cuando los encontremosʼ. Porque la onda es que tampoco vas a dar respeto a uno que llega a tu territorio con la camisa abierta, mostrando tatuajes, todo felón. Si te dan respeto tú respetas. Así es la cosa.”

En aquel meeting en Pacoima Park alguien trató de reclamar a Satán por una pelea en la que un marero había participado días antes. El palabrero de la Fulton lo paró en seco. “Hablame de lo que suceda de hoy en adelante”.

Blinky asegura que después de esa reunión, durante un año entero, no hubo en el Valle de San Fernando ni un solo asesinato relacionado con pandillas. Pero eso no es del todo cierto.

La noche del 17 de septiembre de 1994 fue asesinado un joven de 25 años llamado Daniel Pineda. Regresaba a casa tras ver por televisión cómo Julio César Chávez derrotaba una vez más a Meldrick Taylor por el campeonato mundial de los superligeros, y se estacionó junto a un parque para tomar las últimas cervezas con sus amigos. Una pareja de pandilleros se acercó, le reconoció como un enemigo y lo acuchilló. Pineda, al que apodaban Droppy, trabajaba como pintor y era miembro activo de los San Fers, una pandilla del valle. Y era esposo de una sobrina de Blinky. Fue como si un guionista hollywoodense hubiera decidido cargar de ironía familiar la historia del fin de la tregua.

Blinky defiende que la de su sobrino fue la primera muerte en 11 meses desde la tregua de Pacoima Park, pero los registros policiales dicen que para entonces ya se habían cometido ese año, en el valle, nueve asesinatos relacionados con pandillas. Menos, en todo caso, que los 15 cometidos en el mismo periodo del año anterior.

La tregua había dado algunos frutos pero comenzaba a perder fuerza. A la reunión dominical de la semana siguiente solo llegaron representantes de 18 pandillas. Aunque Blinky y Big D siguieron celebrando encuentros en Pacoima Park hasta abril de 1995, sabían tan bien como los pandilleros del valle que el sueño se estaba desmoronando. Nadie lo dijo nunca abiertamente en un meeting, pero todos tenían señales de que la Mafia Mexicana, cansada de supervisar desde la lejanía, quería tomar control absoluto de sus asuntos en el Valle de San Fernando.

Disparos con silenciador

René “Boxer” Hénriquez, originalmente miembro de la pandilla Artesia-13 fue elegido para ser “carnal” de la Mafia Mexicana en los años 80. En su pecho luce el tatuaje de una mano negra reservado solo para los que alcanzan ese estatus.

René “Boxer” Hénriquez, originalmente miembro de la pandilla Artesia-13 fue elegido para ser “carnal” de la Mafia Mexicana en los años 80. En su pecho luce el tatuaje de una mano negra reservado solo para los que alcanzan ese estatus.

─Blinky, sabemos que en 1993, al mismo tiempo que ustedes estaban haciendo esto en el Valle de San Fernando, se estaban celebrando reuniones similares en la ciudad de Los Ángeles, reuniones que no coordinaban ustedes sino la eMe.
─Mira, yo tengo cuidado de no pronunciar ese nombre. No lo uso.

En California no se nombra a la eMe. Ni a sus soldados, elegidos de entre los miembros de las pandillas sureñas para que ejecuten órdenes y se manchen las manos matando por la Mafia. Ni a sus carnales, los verdaderos miembros de esta pandilla de pandillas, elegidos en secreto por el resto de carnales de entre los pandilleros más influyentes y de trayectoria más firme en el Sur del Estado. Al igual que sucede en muchas comunidades salvadoreñas, donde a los pandilleros de la Mara Salvatrucha o del Barrio 18 se les llama tímidamente “los muchachos”, para no incomodar, para no invocarlos con la palabra, en Los Ángeles a la Mafia Mexicana y sus hombres se les llama con respeto reverencial “los Señores”, o se elude directamente hablar de ellos.

─No lo usemos, ok.
─Había una diferencia. No quiero parecer un fanático religioso pero sí, soy un fanático. Por esto sigo aquí, en esta labor, 22 años después. Aquí sigo, en el filo de la navaja, todos los días. Mirá, yo no le digo a la gente todo lo que hacemos… -Blinky baja la voz, como diciendo un secreto- porque se celan. Es triste, man. Acá en Los Ángeles el gobierno quiere poner lo que hacemos en una cajita, con un lazo, y lo quiere vender… Porque en estos días este trabajo se ha vuelto bien sexy. Pero esto es una obra, man. Y requiere el sudor de la frente.
─¿Cuál es la diferencia con lo que pasaba en la ciudad de Los Ángeles?
─Lo de aquí (el Valle de San Fernando) para mí era un milagro. Suena sencillo, pero no lo es. Ellos sabían que a mí me mataron a mi hijo y que era un hombre íntegro. Y teníamos el apoyo de dos iglesias: una popular, de calle; y otra grande, la Church on The Way. Sin firmas, sin contratos… Lo que estaba pasando aquí tenía la mano de Dios.
─¿Y lo de Los Ángeles no?
─Allí era diferente programa.
─¿Y por qué terminaron las reuniones de Pacoima Park?
─Ya habían pasado tres años y para seguir adelante necesitábamos fondos. Y estaba el cansancio, man. No había instructores, no había trabajos que ofrecer a los vatos, no había dónde meter a esa juventud y a los adultos para ir a escuelas… Y estaba de por medio la política, porque ellos estaban viendo todo desde la cárcel. Ellos saben siempre más que la gente aquí fuera.

A Blinky le gusta dramatizar con el cuerpo y la voz cuando habla. Más que decir la última frase la ha susurrado. Pero cuesta no creerle. Es decir, uno considera la posibilidad de que parte de que lo que dice no sea cierto o incluya imprecisiones, pero cuesta imaginar que esté mintiendo, que no crea sus propias palabras. Habla de forma apasionada y en su español con acento estadounidense se confunden identidades y argots. “Vatos”, “madrecita”, “commodities”. Se recuesta en la silla y se coloca las manos tras la cabeza. A los 58 años es tan corpulento que sus brazos parecen demasiado cortos para haber sido los de un luchador. De repente se lanza de nuevo hacia adelante, para seguir hablando.

─Mirá, yo no soy tan pendejo como para no saber que estaban pasando otras cosas, pero esos no eran mis asuntos. Mi asunto era parar la violencia. Es como una batería: tiene un polo positivo y otro negativo… ¡pero produce energía, man! La cosa era cómo parar la violencia, cómo hacer que las madres del barrio pudieran dormir bien por la noche, por el barrio, por la raza latina. Cuando empezamos a ver elementos externos tratando de usar lo que nosotros estábamos haciendo dejamos de hacer las reuniones, pero seguimos haciendo el trabajo. Entonces fue que nos convertimos en una ong.
─En el 95.
─Es complicado, porque es gente a la que rechazan adonde vayan: “No valen nada”, “Ustedes son una bola de piratas de cualquier mar”, “Y sus padres igual”… Y está el interés económico: en este país hay muchos que quieren llenar las cárceles, porque las cárceles son privadas, y cobran 55 mil dólares al año por tener a alguien ahí. Ahora la cárcel está en el stock market y han hecho de las vidas un commodity.
─¿No exageras?
─Mira lo de Columbine… Dos chicos entran en el campus y pam, pam, pam… Cuando eso mismo pasa en el barrio, en los noticieros todo es “Mira a estos animales”, “Mira a estos hijos de todos sus… ¿Dónde están sus padres?”. Y por balacear a alguien en el brazo te dan de 25 años a cadena perpetua. Y mira Columbine: estos vatos lo planearon, bien planeado… Entraron en una escuela. Y mataron a gente. Y en la televisión todo era “¿Qué pasó con ellos?”. Y música bien blanda… “¿Por qué pasó esto? ¿Qué podríamos haber hecho nosotros por evitarlo?” Como con el otro que en Arizona atacó a una congresista: “Oh, What did We do wrong?”

***

Ernesto Deras tiene el semblante de los que se toman todas las cosas en serio. Aunque poco después del fin de las reuniones en Pacoima Park dejó de ser palabrero de la Fulton y un año después se calmó y dejó los negocios de la Mara Salvatrucha, todavía camina erguido, casi tenso, como si de sus tiempos del batallón Belloso le hubiera quedado el gesto, o como alguien cuya vida depende de no botar plante, de demostrar que todavía es un hombre firme.

En realidad, así es. Nos recibe en una sala de reuniones en las oficinas de Comunity in Schools, la ong que Blinky Rodríguez fundó cuando fracasó la tregua. Ernesto trabaja aquí desde 2005. Blinky volvió a convencerle. Su tarea es asesorar a jóvenes en riesgo e intervenir cuando hay actos de violencia en las calles, hablar con los palabreros para evitar venganzas, alimentar el diálogo ahora que no son tan habituales las reuniones en parques. Y para eso necesitas que los barrios sepan que tu nombre es Satán y te sigan teniendo respeto. El que fue su supervisor hasta hace unos meses sabía de eso: era Danilo García, Big D, que murió el pasado junio de cáncer.

Ernesto se sienta frente a la mesa y saluda. Es cordial, pero no ablanda la mirada. Clava los ojos en la grabadora aún apagada y nos aclara que ha tenido malas experiencias con periodistas antes. Que unos le han achacado crímenes de guerra y que otros han usado fuera de contexto sus palabras para justificar cosas que no son ciertas. Nos damos por enterados.

─Oíme, ¿por qué se jodió el acuerdo del Valle de San Fernando?

─Mirá, durante un año hubo tregua. Las cosas se dialogaban. Y todo funcionó bien durante un tiempo. Pero en el 94, poco a poco, Blinky y Dano (Big D) se salieron de ahí porque ya no querían meterse en política, por decirlo así. Ya esto no se estaba viendo bien y ellos retrocedieron. Y ya las únicas reglas que quedaron eran prohibir los drive-by y no hacer jales con jefitas (matar a las madres de los pandilleros). Pero la mayoría de cosas volvieron a ser como antes. Lo único es que ahora si querías matar a alguien tenías que bajarte del carro y después pegarle.

─Lo de los drive by fue una norma que impuso la eMe. ¿La tregua del Pacoima Park pudo hacerse sin el aval de la eMe?
─Es muy difícil, muy difícil. Para que llegue a suceder lo que sucedió en ese tiempo… Es muy difícil algo por el estilo a menos que ellos den una autorización, porque casi todas las pandillas tienen un respeto, un temor hacia esta gente, ¿me entiendes? No pueden hacer nada mientras no sea bajo la mano de ellos.

“Esta gente”. “Ellos”. De nuevo el temor a nombrar a la Mafia Mexicana. De nuevo la sensación de que en Los Ángeles todo el que tiene alguna relación con las pandillas se siente observado y amenazado desde la cárcel.

─Ernesto, ¿por qué se teme a la eMe?
─No es que se le tema… Es más como un respeto. Desde el momento en que quieres ser pandillero en el área de Los Ángeles automáticamente tienes que ser Sureño, llevar el trece. Y al hacerlo estás aceptando las reglas. Aceptas quién está encima de ti.
─Y aceptas que te enciendan luces verdes, como a la Mara Salvatrucha en los 90.
─En esos días, ya al ver lo de las luces verdes nosotros nos encendíamos y decíamos “que venga lo que venga”. Pero cuando se trata de cumplir reglas no se piensa en los homeboys que están afuera, sino en los que están adentro, porque digamos que hay unos cinco homeboys de la Mara en una prisión y unos 200 en contra suya, ¿qué vas a hacer? Hay que hacerle huevos acá afuera, por los homeboys que están torcidos.

***

A comienzos de los 90 la Mafia Mexicana era ya mucho más que una pandilla carcelaria. Desde sus celdas pero apoyados en los carnales que salían libres, los principales líderes de la organización extorsionaban a pequeños comerciantes de droga o ya administraban sus propios negocios de venta de crack y heroína.

Ademas, el tributo de las pandillas sureñas estaba prácticamente generalizado. Cada clica y cada pandilla aportaban según su tamaño y la importancia de sus negocios. Como en una espiral que asfixiaba cada vez más a las pandillas latinas, a medida que estas crecían y se involucraban en delitos más graves y lucrativos, más debían pagar y mayor era el poder de coacción que la eMe ejercía sobre ellas. Cuando te arriesgás a una condena de 20 años, tener aliados en la cárcel es mucho más necesario que cuando sos un ladronzuelo que solo teme pasar unos meses entre rejas.

Aun así, miembros retirados de la eMe han admitido durante los últimos años que a comienzos de 1992 la Mafia Mexicana quería consolidar de forma definitiva su control sobre las calles, y el rumbo lo iba a marcar uno de sus carnales: Peter Ojeda.

En enero de ese año Ojeda, al que todos conocían como Sana, convocó a todas las pandillas sureñas del condado de Orange, al sur del condado de Los Ángeles, a una reunión en el parque El Salvador, de la ciudad de Santa Ana. Una vez allí, ante cerca de 200 homeboys, se subió a lo alto de las gradas metálicas de la cancha de beisbol y les arengó en contra de los traficantes de drogas que hacían dinero en las esquinas y comercios del condado sin ser Sureños. Hay grabaciones de aquel encuentro, que lo muestran aquel día diciendo: “Este es su barrio. Ustedes mueren por su barrio. Y ellos deberían pagar por vender drogas en su barrio. Deberían pagar un impuesto”.

Ojeda se acababa de convertir en el primer líder de la Mafia Mexicana que ordenaba a las pandillas de su zona de influencia extorsionar a los comerciantes mexicanos de droga que operaban en territorio sureño.

Después, habló en defensa de la identidad latina frente a las pandillas negras del Sur de California, mostró un documento escrito y les anunció que desde aquel momento quedaban prohibidos los drive-by contra miembros de la raza. Quien rompiera esa regla sería castigado igual que un soplón o un violador.

A muchos de los palabreros presentes les costó entender lo que estaba diciendo aquel hombre de 49 años que vestía una camisa de cuadros tan grises como su cabello. Ojeda era un pandillero veterano, un viejo miembro de F-Troop, la pandilla más fuerte del condado, y tras pasar por penales míticos como San Quintín, Folsom o Pelican Bay, estaba de nuevo en la calle, desde donde controlaba negocios de venta de droga y alimentaba su adicción a la heroína. Todos le conocían. A él y a su reputación como uno de los primeros y más letales integrantes de la Mafia Mexicana. Pero lo que decía no acababa de tener sentido. Nunca hasta ese momento la eMe se había distinguido por ser especialmente pudorosa en las formas a la hora de matar.

Ojeda siguió celebrando reuniones similares durante los meses siguientes y fue doblegando cualquier resistencia a su mandato amenazando desde la cárcel con el puño de la eMe. Además, los disturbios por la sentencia del caso Rodney King fueron un chorro de gasolina sobre su encendido mensaje de reivindicación racial, que entre líneas era un llamado al combate de los latinos contra las pandillas negras. El mes de agosto, Ojeda logró congregar en el Parque El Salvador a más de 500 pandilleros.

Otros miembros de la Mafia Mexicana comenzaron a convocar a reuniones similares en los condados de San Diego, San Bernardino o Los Ángeles. El 18 de septiembre de 1993, el carnal de la eMe Ernest Castro, conocido como Chuco, miembro de una vieja pandilla del este de Los Ángeles llamada Varrio Nuevo Estrada, llegó a reunir a aproximadamente mil pandilleros en Elysian Park, a apenas una cuadra de la sede de la Policía local. Los periódicos reportaron la noticia y cronicaron cómo los organizadores revisaron a los asistentes uno por uno para asegurarse de que no portaban armas y les hacían levantarse la camisa para comprobar por sus tatuajes que realmente eran miembros de una pandilla sureña. Públicamente, miembros de las pandillas involucradas dijeron que el acuerdo de suspender los drive-by era el inicio de una tregua entre ellas.

Los pandilleros se sentían respaldados por la eMe para incrementar su control sobre el territorio mediante el impuesto a los vendedores de droga, pero en realidad se estaban adentrando más y más en la telaraña de tributos de la Mafia Mexicana.

Al mismo tiempo, la Policía de Los Ángeles insistía en denunciar que era consciente de que lo que parecía un llamado a reducir la violencia en las calles era en realidad una maniobra estratégica de la eMe para, mediante la imposición de nuevas reglas, aumentar su control sobre las pandillas sureñas. Además, evitar los drive-by reducía el riesgo de que en un tiroteo hubiera víctimas no pertenecientes a pandillas, y contribuía a que una menor presencia policial. La paz es buena para el negocio de venta de drogas. El teniente Sergio Robleto, jefe del departamento de homicidios del Sur de Los Ángeles, llegó a declarar a Los Ángeles Times: “Estoy a favor de la paz, pero lo que estamos viendo es en realidad el comienzo del crimen organizado”.

La eMe estaba reservándose la potestad de regular las rutinas profesionales del sicariato. Para matar, para hacer una pegada ahora un pandillero tendría que parquear el carro. No era cuestión de evitar muertes, sino de imponer a los pandilleros una nueva regla de tránsito.

Ernesto Deras recibió la orden en 1994 y la transmitió al resto de la Fulton. Fue una de las últimas órdenes que dio como pandillero activo: “La cosa es que el carro no fuera en movimiento. Podías tirar desde el carro detenido. Si no podías bajarte, podías hacer lo que tenías que hacer e irte. Esto evitó muchas muertes que nada tenían que ver con pandillas.”

Aunque durante 1993 la actividad pandilleril pareció reducirse en zonas tradicionalmente violentas como el Este de Los Ángeles o Pico Rivera, las cifras policiales confirman que la supuesta tregua impulsada por la Mafia Mexicana nunca llegó realmente a serlo. En 1993 la cifra de homicidios relacionados con pandillas se redujo ligeramente en el condado de Los Ángeles -724 frente a los 803 registrados en 1992-, pero en los dos años siguientes repuntó de nuevo hasta los 807 cometidos en 1995. Variaciones ligeras en todo caso, casi imperceptibles estadísticamente de no ser porque en esos mismos años la cifra total de homicidios en el área sí iba en descenso. En 2001 las muertes relacionadas con pandillas llegaron a suponer un 54.9% del total en el condado de Los Ángeles.

Al mismo tiempo, la Mexican Mafia se alimentó de aquellos encuentros para entrar en una nueva etapa de relación con las pandillas sureñas para consolidar sus negocios de extorsión y comercio de drogas, pero en Los Ángeles cualquier pregunta sobre los negocios de la Mafia Mexicana se encuentra con el silencio del miedo. Nadie sabe con certeza qué tan grande es hoy la organización.

El palo y la rama

Estamos sentados en una pequeña salita de este hostal, intentando cazar la furtiva señal de Internet que viene y va. Se trata de un pequeño lugar para mochileros en medio del Downtown de Los Ángeles, que parece haber sido decorado muy meticulosamente bajo una sola directriz: si algún objeto tiene colores chillones y es muy feo, ponlo dentro. Las lámparas de la pared están sepultadas en flores de plástico y las sillas tienen la forma de manos inmensas, diseñadas para sostener el trasero del visitante.

El hostalito queda justo entre el pasado y el futuro del centro angelino: unas cuadras hacia el este se apretujan los carritos de hot dogs y tacos callejeros; los tenderetes latinos, bulliciosos y saturados de baratijas; los homeless que duermen en las aceras hasta el medio día, y los chicos con apariencia de cholos que se agrupan en las esquinas. Unas cuadras hacia el oeste los inversionistas remodelan edificios para adaptarlos a los exigentes gustos de una nueva generación de profesionales exitosos; comienzan a abrirse clubs nocturnos de moda, donde las chicas rubias hacen largas colas con sus zapatos caros para conseguir mesa. El centro de Los Ángeles se está transformando y los personajes de dos mundos distintos se mezclan cada día alrededor del hostalito kitsch en el que ahora intentamos hacer una llamada desde Skype.

Durante los últimos días hemos tenido varios encuentros con Ricardo Montano, el Hipster, un palabrero de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles al que conocimos casi por casualidad y que se ha mostrado muy interesado en que tomemos nota de que los mareros californianos no miran con buenos ojos lo que sus pares salvadoreños están haciendo “allá abajo”. Asegura que pocos homies gozan de tanto respeto como él en Los Ángeles y no ha tenido problema en que lo grabemos despotricando contra la manera en que los que llevan palabra en El Salvador están conduciendo la pandilla.

No solo eso. El Hipster nos ha prometido presentarnos a los palabreros de otras clicas que están interesados en darnos su opinión sobre la tregua pactada recientemente, en El Salvador, entre la MS-13 y la Eighteen Street. Le estamos llamando para acordar el lugar y la hora.

Al fin conseguimos enlazarnos, pero el Hipster suena diferente. Esta mañana ha recibido una llamada desde la cárcel de Ciudad Barrios, cuartel general de la MS-13 en El Salvador, y le habían hablado muy mal de El Faro. El dicharachero y amigable tipo con el que habíamos estado conversando los días anteriores ha desaparecido. Ahora tiene un tono amenazador. Nos queda claro desde un inicio que no habrá ninguna cita con sus homeboys.

─Vaya, mirá, la onda es que ustedes no me habían dicho que ustedes tenían pedo con los locos de abajo. Yo les hice el paro de hablar con ustedes y no quiero tener pedo por eso.
─A ver, Ricardo, ¿Qué te dijeron?
─La onda es que yo ni siquiera le dije al loco de qué medio eran ustedes, solo le dije que iba a hablar con unos periodistas de El Salvador y él me dijo que seguro eran de El Faro y que ustedes tenían sacados del cuadro a los locos de allá abajo, que habían dicho unas mierdas… La onda es que yo no sé qué pedo. Solo les digo una onda: yo sé que ustedes viven allá y que yo estoy aquí, pero si a mí me meten en pedos yo también puedo hacer cosas allá abajo.

Nos acabamos de enterar de dos cosas: la cúpula de la Mara Salvatrucha en Ciudad Barrios ha dejado saber a sus huestes que los tenemos sacados del cuadro, indispuestos, enojados, encabronados; y que este señor no se anda con tonterías para amenazar. Acordamos encontrarnos con él para arreglar las cosas cara a cara.

Unas horas después nos vemos en el parqueo de un Burger King. Nos saluda con un abrazo de medio lado y nos pide que sigamos su carro hacia un restaurante salvadoreño que él conoce. Nos volvemos a subir a nuestro Mazda alquilado. A medida que conducimos nos queda claro que el dichoso restaurante está dentro del territorio controlado por la clica del Hipster.

Dobla hacia el interior de un callejón estrecho que conduce a la puerta trasera de un local. Parqueamos junto a él y entramos en el lugar. A estas alturas la imaginación ya se ha echado a volar y cada uno, en secreto, está convencido de que hemos caído en una trampa.

Era el efecto deseado. Dentro del restaurante no nos aguarda ninguna celada, y el Hipster se destornilla de risa por nuestra cara de susto. “Ustedes creen que los traigo encaminados, jajajajajaja… No hombre. Si hubiera querido hacerles algo, ya lo hubiera hecho”, y se sigue cagando de risa.

Al final, el asunto se arregla más fácil de lo esperado: si hace dos días nos pidió explícitamente que lo citáramos mencionando su nombre, su apodo y la clica a la que pertenece -porque él es un homeboy con palabra y él no tiene que pedirle permiso a nadie para decir lo que le salga de los huevos-, ahora nos pide discreción y nos hace prometer que cambiaremos su nombre y su apodo, y que no mencionaremos su clica. Por eso Ricardo Montano es un nombre ficticio.

***

La relación entre los pandilleros de California y los de El Salvador ha cambiado profundamente desde que los primeros homeboys de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 fueron deportados a Centroamérica a finales de los 80 y 90. Los primeros bajados vivían pensándose en Los Ángeles. Pese a la distancia geográfica, aquellos que levantaron clicas de su pandilla lo hicieron intentando respetar los lazos de jerarquía y los códigos de “allá”.

Luego vinieron otras generaciones y ambas pandillas entraron en un proceso de expansión virulenta. No es extraño que la mayoría de deportados pertenecieran a aquellas pandillas que tras romper con el racismo chicano habían abierto sus puertas a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. El modo de vida y el carisma que irradiaban esos bajados atrajeron rápidamente a cientos de jóvenes que se brincaron en masa a los dos barrios y los hicieron mayoritarios. A la región también llegaron deportados miembros de otras pandillas sureñas como White Fence o Playboys, pero se hicieron casi invisibles ante el rapidísimo crecimiento de la MS-13 y la 18. Si Los Ángeles era un abanico amplísimo de pandillas, Centroamérica se volvió bipolar.

En 1993 las distintas clicas de la Mara Salvatrucha en El Salvador, conscientes de su nueva dimensión, se reunieron para tomar decisiones importantes en una especie de asamblea general que tuvo lugar en el estacionamiento del parque nacional “La Puerta del Diablo”. Aquella reunión cambiaría la historia de la Mara en Centroamérica y, a largo plazo, en Estados Unidos.

Hasta ese momento, cada vez que un homeboy fundaba una clica, por ejemplo, en Sonsonate, la bautizaba con el nombre de su propia clica en Los Ángeles. Por eso un montón de muchachos sonsonatecos aún hoy se consideran de la Normandie, o de la Hollywood. En aquella reunión se autorizó que las nuevas clicas fueran bautizadas con nombres locales, y así surgieron células como los Teclas Locos Salvatruchos, surgidos en Santa Tecla; o los Iberia Locos Salvatruchos, en la colonia Iberia de Soyapango. Fue el primer gesto de autonomía guanaca. Y era también el origen de un conflicto.

En los años siguientes, cuando un muchacho que se había brincado a la Mara en El Salvador migraba a Estados Unidos y buscaba refugio en la pandilla, los mareros angelinos le explicaban que en Los Ángeles no existía ninguna filial de la Teclas Locos, por ejemplo, y que tenía que volver a ser sometido a la golpiza bautismal para ser admitido en una de sus clicas. Del mismo modo, si en aquel grupo ya había alguien con su taca –su apodo pandillero-, el recién llegado tenía que resignarse a buscar una nueva. Así, el que llegaba a Los Ángeles siendo el Shadow de la Teclas Locos, podía terminar siendo el Goofy de la Leeward.

En justa respuesta, los pandilleros en El Salvador también fueron perdiendo el respeto a los deportados que siguieron llegando. Cuando uno de estos aparecía en una clica, altivo, reclamando un lugar de autoridad por su condición de californiano, los locales le explicaban que no señor, que eso ya no era así, y lo obligaban a someterse a las normas y jerarquías salvadoreñas.

El Hipster vivió en primera fila aquel conflicto noventero. Aunque nació en El Salvador y lleva cerca de 20 años indocumentado en Los Ángeles, se considera californiano, y para los pandilleros de su país natal reserva un descuidado “los de allá”, o “los locos de abajo”, o simplemente “los salvadoreños”.

─Hay muchos locos que llegaron deportados a El Salvador y que los mataron los mismos locos de allá.
─¿Por llegar muy felones?
─Simón. Eso creó, tipo 98, 99 y 2000, una mini guerra entre nosotros, porque a los que venían de El Salvador para acá también los reventábamos acá. Y muchas veces eran buenos soldados que traían ganas de aportar.
─¿Entonces hubo gente que vino a Los Ángeles y que aquí se encontró una bronca sin saber por qué?
─O sea que a veces llegaban a una clica queriéndose brincar y con el simple hecho de decir que venían de allá ya era motivo para que el que los recibía… no directamente los iba a matar, pero sí darles verga o no recibirlos en la clica, por el simple hecho de venir de allá. Se recibía mejor en ese tiempo a un civil que viniera de allá, pasmado, chúntaro, indio, paisa… que a uno que ya fuera miembro, por lo que estuvo pasando. Ahorita eso ya no pasa.
─¿Y cómo se calmó esa mini guerra?
─Eso se habla. Por ejemplo, cuando uno ya mira que eso está perjudicando, porque al final de cuentas somos homeboys, entre nosotros mismos no es difícil llegar a un acuerdo, porque siempre hay alguien con quien podés hablar.

***

Al Hipster lo conocimos en medio de un atestado restaurante salvadoreño. Justo un día en el que por enésima vez la selección de fútbol de Honduras derrotaba a la de El Salvador en un partido trepidante… o que al menos le resultaba trepidante a la hinchada salvadoreña que había colmado aquel lugar.

En la ciudad de Los Ángeles las cervezas Regias de litro o las Pílsener, o las pupusas de queso con loroco o los cócteles de conchas dejaron de ser productos nostálgicos hace rato. Desde antes de que en 2004 entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador.

Aquella tarde las meseras no eran suficientes para atender a la clientela y pasaban apuradas, arrastrando un montón de miradas y de piropos, con bandejas llenas de cervezas guanacas y de pupusas recién hechas. En una esquina, con los ojos fijos en el televisor, estaba Ricardo Montano vociferando consejos técnicos, maldiciendo a algún defensa.

Estaba parado justo al lado de la única mesa vacía del lugar y parecía custodiarla. Cuando nos vio el gesto de rapiña, nos invitó a sentarnos. En ese momento no lo sabíamos, pero Ricardo Montano no estaba ahí para ver el fútbol. Estaba trabajando. Nos sentamos los tres y nos enzarzamos en un debate futbolero que, según nosotros, era de alta factura técnica. A dos mesas de distancia, el único hondureño en el lugar aprovechó un error en la zaga salvadoreña para pronunciar una ligera burla. Se hizo un enorme silencio. Hasta que alguien se animó:

─¡Mirá hijuelagranputa: la Casa Catracha está allá a dos cuadras, este es un restaurante sal-va-do-re-ño. ¿Por qué no te vas a decir pendejadas allá?!

Y el lugar entero explotó en carcajadas y en insultos, que el hondureño recibió partido de risa. Era un conocido del lugar, amigo de todos en aquel sitio. Solo eso explica por qué salió de ahí gozando de toda su dentadura.

La broma rompió el hielo y Ricardo terminó contándonos cómo llegó a Los Ángeles y cómo su historia se fue complicando. Nos explicó que a los 13 años se había enrolado en una pandilla, y como quien dice una bobada nos contó que esa pandilla se llama la Mara Salvatrucha. Antes de que siguiera despachándose la vida le advertimos que éramos periodistas y que estábamos en la ciudad justo buscando pandilleros. Se le iluminó la cara y decidió probar su punto: en medio de aquella multitud Ricardo Montano se levantó la camisa para mostrarnos unas enormes letras azules que tatuaban su cuerpo: MS. La clientela y el servicio miraron para otro lado y ahí mismo supimos que aquel señor no era un pandillero cualquiera, que al menos era uno con la suficiente confianza para levantar su bandera en público. Uno que se sabía temido.

En el oficio de periodista se aprende que nadie te regala su historia solo porque sí. Que quien cuenta el cuento de su vida quiere que se sepa algo, que se diga algo, que algo quede escrito. Ricardo Montano quería que supiéramos que en Los Ángeles él es alguien importante para la Mara Salvatrucha y quería que dijéramos lo que él piensa sobre cómo está siendo dirigida la pandilla en El Salvador. Quedamos de reunirnos al día siguiente para conversar.

Nos vimos en el mismo sitio, que sin partido de la selecta lucía desierto. Éramos los únicos en el restaurante y Ricardo Montano, que ya se había presentado como el Hipster, nos advirtió que tendríamos que interrumpir la entrevista unos segundos para que pudiera atender a una clienta. Es vendedor de droga.

La clienta había quedado en encontrarse con él en el parqueo del local y mientras ella llegaba Hipster nos mostró el producto: una bolsita pequeña de ziploc con un conjunto de piedritas transparentes dentro, como pequeñas astillas de vidrio. Una droga que está causando furor en Los Ángeles y que algunos carteles mexicanos comienzan a producir masivamente debido a que su elaboración y su traslado implican mucho menos riesgo en comparación de las voluminosas marihuana y cocaína. El producto se llama cristal y el Hipster sacó un pequeño fragmento y jugueteó con él mientras nos daba una cátedra sobre cómo usar esta droga.

─Mirá… ¿y no creés que se pueden molestar los dueños del restaurante porque saqués eso?
─ (Con el rostro cambiado, como si le preguntaras al Papa si Dios existe) ¿¡Y qué putas van a decir!? Si ellos bien saben que no tienen derecho a opinar nada, que si abren la boca ya saben lo que va a pasar.

Salió a despachar a su clienta y volvió abanicándose con un puñado de billetes: “Vaya, 180 dólares en un ratito, jejejeje… vaya pues, pregúntenme ondas”.

***

“En Los Ángeles la Mara, simón, está loca, mantiene la misma reputación, pero las acciones que se hacen en El Salvador no se hacen acá. El estilo en que se cometen allá no es el mismo acá.

Aquí en los Estados Unidos, debido al sistema judicial, tenés que actuar con más cautela, aquí se agarra escuela, clecha, para hacer las cosas. Aquí no se hace un jale o una pegada hasta que uno no está seguro de que la va a librar sin poner en riesgo a nadie, porque aquí te dan años como darte dulces. No es como allá, donde el 90% de acciones queda impune.

Cuando vienen homeboys de allá abajo vienen acelerados, porque vienen acostumbrados a hacer pegadas, ondas, sin ver consecuencias. Se les hace difícil adaptarse acá. Yo he estado varias veces en El Salvador. No es que estén más locos ellos que nosotros, sino que tener más libertad para operar, para hacer las cosas, te da confianza y eso es lo que aquí no podés tener. Aquí hay un sistema de respuesta mucho más rápido, diez a uno comparado con El Salvador.

Como te digo, no es que estén más locos, sino es que, simón, hay locos de allá que vienen con dos o tres calaveras, huyendo porque han reventado gente allá abajo. A veces uno tiene que controlarlos. Hay muchos locos que solo viniendo de allá ya están haciendo tiempo en la cárcel, como uno de (la clica) San Cocos, otro de Prados de Venecia que están torcidos porque vinieron acelerados. Como te repito la diferencia de los locos que vienen de allá para acá es que quieren venir a aportar y quienes van de aquí para allá se quieren ir a calmar.

Nosotros estamos en la misma sintonía con El Salvador, solo que el programa es diferente. Como por ejemplo eso que están usando allá abajo los locos de que si alguien no está activo o no está colaborando con el barrio le están poniendo básicamente una cuota. Básicamente se le está poniendo una renta al que no está activo.

Hay cosas que acá nosotros no respaldamos, pero allá en El Salvador hay homeboys que corren el programa a su manera. Cuando uno habla con ellos de aquí para allá, los locos algunas veces se te rebelan en el aspecto que dicen: “Ustedes no están aquí, nosotros corremos el pedo aquí y ustedes corren el pedo allá”. Nosotros no estamos de acuerdo en que los homies deportados que llegan a El Salvador tengan el deber de aportar allá cuando ellos van de aquí de hacer tiempo en la cárcel y que tengan que ir a someterse a las exigencias de los locos allá… ¡No!

Allá está la clecha de que si traés las dos letras sos de la Mara y por lo tanto tenés que aportar y someterte al programa y que si no aportás te quitan. Ahorita básicamente es la ley de la cárcel. Estos locos de los tabos tienen a los bichos afuera cobrando renta para que los estén manteniendo a ellos y quieren que les manden la feria a la brava y los bichos no pueden agarrar ni diez dólares, porque si el loco de la cárcel se da cuenta de que se lo quitaste, te manda a pegar.

Lo que pasa es esto: los locos te amenazan, te dicen: “simón, ya sabe, hijueputa, que cuando venga aquí lo vamos a mirar, lo vamos a esperar.”

La desventaja es que si no estás de acuerdo con lo que están haciendo en El Salvador es poco lo que se puede hacer, porque no siempre respetan tu palabra, aunque seás un homeboy con palabra. Está el caso de un homie deportado para Sonsonate, que era un loco pegador, con palabra. Salió de la prisión, lo deportaron y la clica que estaba ahí en Sonsonate le estuvo cobrando renta a él y a su mamá. La señora tenía su tiendita, ¿ves que allá la gente acostumbra a tener tiendita en su casa? Entonces el homie llamó desesperado para decir: “¿Qué ondas con estos hijos de puta? A mi jefita le están cobrando renta y me vinieron a amenazar”. Nosotros llamamos de aquí para allá y no quisieron tomar en cuenta lo que dijimos… En un 80% de los casos hay respeto, pero en el otro 20% les vale verga.

En el aspecto de conocer sobre el barrio, sus orígenes, sus políticas, nosotros tenemos más clecha, pero en el aspecto de huevos, de valor, de palabra, ellos tienen mucho conocimiento sobre eso. Esa es la diferencia de la Mara de El Salvador y miembros de la Mara aquí en L.A. nosotros tenemos gente loca, simón… pero con los huevos que aquellos locos allá, unos pocos. Decididos a morir por el barrio, como allá, unos cuantos…

Quiero que quede claro que mucha gente que vino huyendo de la guerra de El Salvador para acá en los 80, 90 tiene una ideología respecto a la MS-13 diferente a la que tienen segunda y tercera generación como la de hoy. La generación de hoy, en su ignorancia, dicen que aman las letras: “Yo estoy loco por la bestia, por La Mara, las dos letras yo represento, la M y la S”; pero ellos se están dejando llevar por sus emociones, porque no saben los orígenes, el principio. No podés querer algo que no sabés lo que es, y no podés morir representando algo que no tiene sentido para vos. Básicamente ahorita lo que ha pasado es que… “Mi primo y mi hermano eran de la Mara, o mi colonia es de la Mara y entones yo me voy a meter”… diferentes motivos. Tal vez quieren respeto, no tienen mamá, papá, están pobres, están solos, quieren alivianarse.

Con los cabecillas en El Salvador tenemos contacto. Cada clica de acá tiene uno o dos miembros deportados o presos en El Salvador; entonces nosotros nos damos cuenta a través de ellos. Ahora: estos locos de allá no están en la obligación de comentarnos a nosotros nada de lo que ellos quieran hacer en El Salvador, como nosotros no estamos en la obligación de decirles a ellos nada de lo que hacemos nosotros en L.A. Pero tienen que entender algo: nosotros somos el palo y ellos son una rama y están conscientes. En L.A. comenzó y se creó y es algo que no les gusta, pero nosotros somos el palo y ellos la rama.

Algo en la Mara está cambiando…

Este año el sistema de inteligencia de la PNC entregó a El Faro un cuadro con imágenes de la estructura jerárquica de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Se trata de una lámina de Power Point titulada “Ranfla Nacional pandilla MS13” en la que aparecen 45 rostros, que según la policía constituyen la crema y nata de la elite marera en el país. En la cúspide de esa estructura aparecen Borromeo Enríquez Solórzano, El Diablito, de la clica Hollywood Locos y Ricardo Adalberto Díaz, La Rata, de la clica Leeward Locos, que son presentados como “Líderes Nacionales”.

Tanto El Diablito como La Rata ingresaron a la pandilla en Los Ángeles siendo unos adolescentes. De hecho, en las calles angelinas, al segundo aún se le recuerda como Little Rata, debido a que esa taca la heredó de su hermano mayor, que cayó en las guerras pandilleriles de los 90 abatido por cinco disparos.

A un lado de estos dos rostros la policía ha colocado un pequeño recuadro, el único sin fotografía en la lámina. Sobre el cuadrito sin rostro escribieron: “líder internacional” y abajo se lee: “(a) –de apodo- Comandari”.

Este organigrama parte de la vieja creencia en los organismos de seguridad centroamericanos de que la Mara Salvatrucha es una estructura con unas relaciones de jerarquía férreas, en cuyo trono máximo se sienta una especie de capo capaz de dirigir y de darle cohesión a la estructura.

Resulta que Comandari no es un apodo, sino el apellido de un salvadoreño llamado Nelson Comandari al que la Mara Salvatrucha encendió la luz verde hace años. Es decir que La MS-13 en lugar de obedecerlo más bien quiere matarlo.

Nelson Comandari apareció por las calles de California en los primeros años de este siglo y era un hombre de negocios -negocios no legales- que necesitaba esquinas y pies que movieran su mercancía. Comenzó una relación estrictamente comercial con la Mara; él tenía el producto y los homeboys las esquinas. Pero la posibilidad de mover cocaína no era lo único que hacía atractivo a Nelson Comandari para la Mara. Según varios pandilleros e investigadores -que desde luego pidieron no ser identificados al hablar de este tema- este señor ofrecía también a la MS-13 una conexión muy preciada: su suegro era El Perico, uno de los Señores de la Mafia Mexicana.

Por su herencia salvadoreña, la Mara nunca había conseguido que uno de sus miembros fuera tomado en cuenta dentro de la estructura de la eMe, que exige al menos una gota de sangre mexicana a quienes aspiran a llegar a ser carnales. Mientras que la Mara tenía vetado el paso a las camarillas de poder de la Mafia Mexicana, sus enemigos de Eighteen Street tenían desde hace años a varios de sus miembros ostentando el título de carnal. El vínculo directo de Comandari con El Perico era hasta ese momento lo más cerca que la MS había estado del Olimpo pandillero en California.

Interesados en sus lazos familiares, palabreros de la MS-13 no solo hicieron a Comandari miembro de la pandilla, sino que en poco tiempo le entregaron las llaves del barrio, es decir, lo nombraron corredor general del programa del Condado de Los Ángeles: palabrero de palabreros, un status por encima de los líderes de todas las clicas del Condado.

Pero el matrimonio de conveniencia duró poco. Ocho meses aproximadamente. El padrino de Comandari, El Perico, murió de una sobredosis de heroína dentro de la prisión y, sin su sombrilla, el corredor general perdió influencia. Además, su creciente visibilidad lo colocó en la mira de las autoridades. Al ser arrestado aceptó de inmediato convertirse en soplón del FBI y terminó delatando a varias personas vinculadas con la Mafia Mexicana. Pasó a ser recluido dentro del sistema de Protected Custody, cuyas siglas PC originaron el despectivo peceta que todas las pandillas utilizan para designar a los desertores.

Desde entonces tiene encendida la luz verde y desde entonces el gobierno de los Estados Unidos ha convertido su paradero en un secreto.

Aunque esto ocurrió en 2003, su leyenda sigue generando cuadritos sin fotografía en los organigramas que la policía salvadoreña elabora sobre la cúpula de la pandilla.

***

El viernes 13 de abril de este año, en algún lugar de Los Ángeles, la Mara Salvatrucha convocó a una reunión general de palabreros para discutir el “asunto” de El Salvador. California aún se siente con derecho a estar al tanto y a que su voz sea escuchada, y ha recibido como profunda ofensa que los homies en El Salvador ninguneen su opinión en un “asunto” tan relevante. El “asunto” es, por si queda duda, la inédita tregua entre la MS-13 y el Barrio 18 que ha desplomado la tasa de homicidios en El Salvador hasta fondos que no se creían posibles un año atrás.

Es difícil saber lo que se habló en aquella reunión. Los códigos de la pandilla convierten en rata a cualquiera que lo revele. Alguien que estuvo en ese meeting se limita a ronronear con desprecio unas pocas palabras: “Las cosas se van a poner más serias… De todos modos, en Los Ángeles tenemos cosas más importantes que discutir que lo que hacen los locos de allá abajo”.

La policía de Los Ángeles lanzó en las primeras semanas de junio una nueva embestida contra la Mara Salvatrucha y varios homeboys han cedido a la tentación de convertirse en informantes a cambio de protección judicial. Nadie confía en nadie en la calle, a los meetings se entra sin teléfonos y los pandilleros se miran entre sí con recelo. Algo está cambiando en la pandilla y las autoridades estadounidenses parecen saberlo.

El cambio no tiene nada que ver con lo que se esté tramando en El Salvador o en el resto de Centroamérica. Hace más o menos ocho meses, en un hotel de Hollywood, en la sofisticada parte norte de Los Ángeles, Little One, un pandillero, un muchacho de apenas 29 años, de madre mexicana, fue ungido como carnal de la eMe. Aunque en las calles angelinas aún hay homeboys que desconfían de la seriedad del nombramiento y temen que alguien en las cárceles esté tratando de engañar a la pandilla, otros celebran el hecho de que Little One se haya convertido en el primer miembro de la Mara Salvatrucha en ingresar a la Mafia Mexicana.

Los internos llaman a ese lugar Zacatillo, como la isla del Golfo de Fonseca en la que allá en 1915 se levantó un pequeño Alcatraz. En la cárcel de Mariona hay otras zonas de aislamiento, pero ninguna con el negro prestigio de esta, a la que las autoridades llaman con neutralidad “el sector 4”. En los años 90, esos tiempos en los que los cadáveres de presos ajusticiados en motines se amontonaban a las puertas de Mariona cada día, aquí se encerraba a quien había matado involuntariamente a alguien en un accidente de tránsito, para protegerlo del lado más salvaje de la cárcel. Ahora Zacatillo es un pozo al que se echa a los reos peligrosos, a los que no deben convivir con nadie más porque causan desórdenes y constantemente buscan pelea. Zacatillo es una cárcel dentro de una cárcel y alberga a hombres que en teoría deben estar alejados incluso entre ellos, aunque desde hace tiempo se amontonen cinco o siete en cada pequeña celda de dos camastros.

Es un jueves de octubre de 2011 y en Zacatillo las iniciales MD están por todas partes. Es imposible no verlas. Es como si un niño travieso hubiera jugado día tras día a estamparlas con pintura negra o con alguna cuchilla en las paredes sucias.

Alrededor de su minúsculo patio triangular, los muros del pasillo y de casi todas las celdas del sector 4 están cubiertas por grafitos. Algunos no tienen significado más que para quien los hizo: nombres, fechas, dibujos. Otros, al igual que sucede en las calles en las zonas que controla alguna pandilla, están dirigidos a todo el que los ve y son edictos, advertencias que convierten las paredes en las nuevas tablas de los mandamientos. El primero es una rigurosa trinidad que en la cárcel te mantiene vivo, como el oxígeno: “Ver, oír y callar”.

Ya digo que las siglas MD se repiten en todas las paredes, y cuesta creer que no signifiquen algo de gravedad. En la celda 6, junto a la cabecera del camarote de arriba, hay una pequeña M y una D separadas por puntos. Pregunto por esas letras a un preso alto y despeinado que sale de esa celda y me miente:

—No significan nada… Son cosas que pone la gente. Ya estaban ahí cuando yo llegué.
—¿Y esas otras?

Señalo un enorme MD que ocupa toda una pared, en el pasillo, encima de otro grafito mucho más comprensible, de un metro y medio de ancho, en el que se lee “100% TRASLADADOS”. Confío en que no va a ser capaz de responderme con otra nada. La importancia de esas siglas es demasiado evidente. Mariona es una cárcel de “civiles” -se supone que aquí no hay pandilleros- y los Trasladados son una de las bandas carcelarias de civiles más poderosas y sanguinarias del país. Nadie en su sano juicio pondría por capricho unas enormes letras vacías justo encima de una marca territorial de los Trasladados. En las calles y en la cárcel, donde exhibir autoridad es una herramienta esencial de supervivencia, eso se consideraría un desafío, un insulto. Y los insultos en la cárcel se pagan muy caro.

—Nada. No significan nada -me repite.

Inútil insistir. Me alejo y entablo conversación con otro preso, bajo y robusto, que resulta ser más hablador o tener más afán de protagonismo. Charlamos de las condiciones carcelarias, de las rutinas de Zacatillo. De repente se interrumpe y me pregunta si noto un olor extraño. “A sangre”, dice. Supongo que trata de impresionarme.

—Es porque anoche trataron de matar a un compañero aquí mismo, en ese camarote. Lo acuchillaron.
—¿Quién?
—Un loco que ahorita está en el hospital. Entre todos le dimos una buena penqueada.
—¿Y por qué atacó a tu compañero?
—Porque está loco.
—Ya, claro…

Aprovecho para preguntarle por esas siglas extrañas de las que parece prohibido hablar. El hombre duda, pero con un gesto me propone entrar a su celda. Allí, espera a que salga uno de sus compañeros y baja la voz:

—Es lo que les obligan a tatuarse a los de La Raza cuando se pasan a Los Trasladados.
—¿Y qué significa?
—Mara Desvergue.

***

A comienzos de los 90, recién firmados los acuerdos de paz, la mayoría de penales de El Salvador eran un ir y venir de pequeñas bandas y de efímeros líderes carcelarios que dormían con el corvo en la mano a la espera de que algún ambicioso tratara de destronarlos. De muros para adentro reinaban presos civiles, y los jóvenes mareros locales de la MZ, la Mao Mao o la Gallo, que no inspiraban más temor que cualquier delincuente común, trataban de pasar inadvertidos. Los primeros pandilleros deportados de la MS o la 18 eran hombres solitarios, anónimos y todavía sin poder en los patios. Los últimos presos vinculados a la guerrilla del FMLN, a los que aún se llamaba “los políticos” aunque muchos estuvieran entre rejas por cometer delitos comunes, gozaban de respeto entre el resto de internos, porque se sabía que en la libre tenían amigos que, con armas o ahora desde la política, podían responder por ellos o cobrar sus cuentas pendientes.

La cárcel de San Francisco Gotera estaba considerada un centro de máxima seguridad y tenía fama de recibir a reos problemáticos de todo el país, y los más violentos allí, en 1993, eran migueleños: los hombres de la banda de El Ruco. La memoria carcelaria, que es colectiva y se recita en los principales penales del país, ha olvidado el nombre de El Ruco, pero recuerda de él que era corpulento y había tenido entrenamiento militar. Presumía ante el resto de tener un pacto con el Diablo, y gobernaba Gotera como un demonio. Con un pequeño ejército de 30 hombres armados aplicaba impuestos, robaba impunemente a los recién llegados y sometía con violencia cualquier intento por organizarse en su contra. Los informes de trabajadores sociales de la época denuncian que El Ruco y su banda cometían constantes abusos sexuales contra aquellos que no se plegaban a su autoridad. En los días de visita, llegaron a violar a las madres o esposas de otros internos.

Entre los sometidos al yugo de El Ruco y sus migueleños estaba un grupo de presos llegados desde Mariona, la cárcel de la capital, y comandados por un ladrón de apellido Salamanca. A esos capitalinos, que se creían más duros que el resto y que tras su llegada cometieron pequeños robos entre la población interna, El Ruco y sus hombres -gentes de campo la mayoría-, los trataron como a la mala hierba y como castigo les golpearon y vejaron a diario durante meses. Hasta que en mayo la semilla de odio que El Ruco había sembrado por todo el penal germinó.

Una tarde, liderados por Salamanca, varias decenas de presos unidos por una enemistad común derribaron los muros internos que separaban los sectores de la cárcel y por primera vez atacaron a El Ruco y sus hombres, que se defendieron con piedras y armas hechizas. Esa vez no hubo muertos, pero El Ruco fue trasladado al penal de San Vicente y sus 30 soldados recluidos, para su propia protección, en celdas de aislamiento. El resto de presos había decretado sentencia de muerte contra ellos.

El 29 y 30 de octubre hubo un nuevo motín y perdieron la vida tres de los hombres de El Ruco. Al resto les tocó esperar, con la certeza de que también morirían, hasta que Salamanca consumara su venganza definitiva el 18 de noviembre.

Ese jueves, armados con corvos hechizos y con el rostro cubierto, Salamanca y su gente volvieron a recorrer el penal determinados a llevar al juicio final a quienes habían sido sus jueces. Acuchillaron, mutilaron y decapitaron. Para la macabra leyenda carcelaria del país quedará siempre el hecho de que que los verdugos acabaron jugando al fútbol con la cabeza de una de sus víctimas.

En aquel baile de cuchilleros encapuchados los hombres más cercanos a Salamanca, para reconocerse, gritaban una clave de dos letras, MD, que su jefe había ideado. Esa contraseña y su significado, Mara Desvergue, se convirtió con los años en un rasgo más de su identidad. Aunque esa banda carcelaria que nació sobre los cadáveres de 30 personas acuchilladas se la ha conocido más, durante años, como Los Trasladados.

El gobierno de Alfredo Cristiani, inmerso de lleno en la preparación de las elecciones presidenciales que se celebrarían cuatro meses después y con un delicado informe que una Comisión de la Verdad elaboró sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil recién terminada, respondió a la masacre de Gotera dispersando por otros penales a Salamanca y sus hombres, identificados como cabecillas del motín. Estos no tardaron en ganar adeptos allí donde llegaron y entre enero y febrero organizaron tres motines en los penales de Sensuntepeque y Santa Ana que terminaron con siete muertes. Los Trasladados acrecentaban su leyenda y su estela de miedo y respeto.

Hasta que las autoridades de Centros Penales, en un intento por frenar la epidemia de amotinamientos, decidieron concentrar a todos los agitadores en un único lugar; el mismo del que menos un año antes habían salido: La Esperanza, de Mariona. Corría marzo de 1994.

El Ruco, encerrado en el penal de San Vicente, recibió las noticias de lo sucedido con sus hombres y del contagio de la violencia a otros penales. Supo también que Salamanca y su gente habían regresado a Mariona. Por eso, cuando semanas después recibió la notificación de que él también sería trasladado allí, supo lo que le esperaba. Antes de morir a manos de un asesino que no fuera él, se ahorcó en su celda de aislamiento.

***

Era cuestión de tiempo. En la zona de Penados del sector 3 de Mariona, donde compartían celda los internos con más años de condena y más autoridad en la prisión, las discusiones sobre cómo acabar con la tiranía de Salamanca empezaban a generar fricciones entre los que reclamaban prudencia y aquellos que querían resolver la crisis por las armas. Desde su llegada, Los Trasladados habían instaurado un régimen de terror, aupados en el poder que les daba el rastro de sangre de los motines de inicio de año. Extorsionaban a otros internos y les aplicaban castigos arbitrarios más brutales aun que los que ellos habían sufrido en sus tiempos de sometimiento en Gotera. A diario salían de Mariona cadáveres mutilados o quemados. La tensión era tal que en cinco meses desertaron Mariona 27 custodios, huyendo de amenazas o de la certeza de que el penal iba a estallarles en la cara. Salamanca se había desbocado, actuaba como un tirano, y los presos que en los últimos años habían dirigido esa cárcel, agrupados en torno de hombres que ahora son mitos carcelarios, como Trejo, Posada o Guandique, se sentían relegados y ultrajados.

Pero no fueron ellos quienes derribaron a Salamanca. La tarde del 18 de agosto de 1994, en el taller de carpintería, dos internos que trataban de robar unos botes de thinner creyeron que un custodio les había visto. No era así, pero los presos estaban drogados y los nervios se les convirtieron en paranoia. Sin medir consecuencias, uno de ellos se lanzó contra el vigilante y lo macheteó hasta matarlo. Aquello fue la mecha que necesitaba el polvorín creado por Salamanca. La noticia llegó en pocos minutos a los sectores y los reos comenzaron a armarse para lo que pensaban que sería una batalla campal.

En realidad fue una cacería, que duró hasta la mañana del día 19. Varios internos que estuvieron en Mariona aquella larga noche aseguran que los custodios, con el aval de las autoridades del penal, irrumpieron en los patios disparando con el objetivo medido de matar a los hombres de Salamanca. Los buscaron, los hallaron y los asesinaron. Unos reportes hablan de 13 muertos, 12 internos y un custodio. Otros de hasta 20, la mayoría baleados. Un reo con respeto en los patios por aquellos días y que años después ha vuelto a caer preso, cuenta que a El Puro, uno de los hombres de Salamanca que había estado con él en Gotera, los custodios lo ejecutaron con un G-3 en un pasillo, en el lugar que hoy ocupa el despacho del subdirector de seguridad. A Salamanca lo capturaron vivo en el sector 1 cuando se le acabaron las balas del revólver que usaba y lo llevaron esposado hasta la zona de audiencias, a un salón de visitas conocido como “el de 10 minutos”. En todo Mariona se escucharon los disparos que lo mataron. Un interno del sector 2, que estaba allí aquel día, aferrado a un corvo temiendo lo que seguiría, completa el relato:

—Después de ejecutar a Salamanca, juntaron a todos los muertos y los picaron.
—¿Quiénes?
—Las autoridades.
—Pero, ¿por qué?
—Para decir después que los habían matado a machetazos otros internos.

Al día siguiente, mientras los medios de comunicación daban la noticia de lo que oficialmente fue un motin carcelario -¿qué vale la palabra de un reo frente a la de un custodio?-, las autoridades trasladaron a las bartolinas de la antigua Policía Nacional, en San Salvador, a 104 reos a los que identificaron como parte de la estructura de Salamanca. Unos lo eran; otros no, pero desde ese momento se convirtieron a la fuerza en miembros de la banda.

En los sótanos de la Policía Nacional estuvieron hasta octubre, cuando fueron llevados al penal de Cojutepeque, en aquel entonces considerado de máxima seguridad. Durante meses, allí se les sometió a la tortura de obligarles a hacer ejercicios físicos durante la madrugada mientras se les arrojaba agua helada. Muchos contrajeron tuberculosis, pero sobrevivieron. Y sobrevivió su identidad como grupo. 18 años después, la banda ha crecido y hay miembros de Los Trasladados en todos los penales de civiles del país. Pero nunca han vuelto a cobrar fuerza de Mariona.

***

A El Racero le gusta vestir bien. De hecho, hoy lo hace muchísimo mejor que yo, que hoy he venido a la cárcel con tenis gastados y una vulgar camiseta. Él luce zapatillas de un blanco impecable, pantalones perfectamente planchados y una camisa polo con un cocodrilo verde bordado en el pecho. No es extraño, supongo, en alguien que por su trayectoria de entradas y salidas de Mariona goza de cierto estatus entre los presos y que controla negocios muy lucrativos en la cárcel.

El Racero también estaba aquí cuando en 1994 los custodios mataron a sangre fría a Salamanca, y recuerda lo que en Mariona se aprendió de aquello. Fue uno de los que tomaron decisiones en aquellos días.

—Consolidamos la idea de que los reos necesitábamos una única estructura vigilante en el penal, alguien que prohibiera las extorsiones y los robos, y que mantuviera calmadas las aguas.
—¿Y que los protegiera de gente como Salamanca?
—Exacto. Después de aquello, por muchos años, aquí el que llegaba de otro penal se moría. Así de simple: se moría. Al final, el espacio en Zacatillo ya no daba, porque los trasladados ya ni llegaban a entrar a los demás sectores y se aislaban de un solo.

Hoy esa estructura que se creó en Mariona se llama La Raza, es el gobierno real del penal de Mariona, y su enemistad de sus integrantes -“marioneros” o “raceros”, los llaman en otros penales- con Los Trasladados permanece intacta. Ambos grupos se han expandido por diferentes cárceles y han crecido en miembros a medida que el sistema penitenciario salvadoreño se ha masificado. Todo el que ha pasado por Mariona queda marcado para Los Trasladados como sospechoso y tiende por tanto a buscar el amparo de La Raza allí donde llega. Cualquier preso con largo historial de traslados es, para quienes controlan Mariona, un posible infiltrado al que los mismos marioneros envían a aislamiento si no se somete de inmediato a la disciplina de los palabreros de La Raza.

Controlar una cárcel, un sector, es controlar los impuestos a los internos y la venta de drogas en el recinto, pero es algo más: es ser ley y justicia en ese lugar. Y desde ese lugar abanderar el odio a los enemigos. Los esporádicos motines son solo la punta del iceberg de la batalla permanente que ambos grupos libran por el control de los penales de reos comunes.

Que ya no son todos. En 2001, el evidente aumento de presos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, y la acumulación de muertos en motines causados por enfrentamientos entre ambas pandillas, hicieron que el gobierno salvadoreño las separara en cárceles distintas. No mucho después, la masacre de agosto de 2004 en Mariona, por un enfrentamiento entre pandilleros de la 18 y el ejército de La Raza, asentó la idea de que los pandilleros tampoco debían compartir espacio con reos comunes o civiles.

Con esa misma lógica, ocho años después se han vuelto necesarias, además, cárceles diferentes para las dos facciones enemigas en que se ha dividido el Barrio 18 -Revolucionarios y Sureños- y sectores aparte para el creciente número de presos que abandonan las pandillas y automáticamente pasaron a estar condenados a muerte por sus antiguos homies.

El sistema carcelario salvadoreño se ha convertido en un rompecabezas en el que las piezas, en vez de encajar, se repelen entre ellas.

Ástor Escalante, que fue director general de Centros Penales entre 2004 y 2006, admite que, en su época, la única forma posible de administrar los conflictos en el sistema penitenciario era una constante dinámica de traslados. Ante cada acto de violencia, el traslado -de un sector a otro o de un penal a otro- como castigo. Ante cada sospecha de que se estuviera gestando una fuga o un motín, el traslado como prevención. Con eso no se desarticulaban las estructuras de poder y negocios que los internos mantenían -y aún mantienen- en cada penal, pero en palabras de Escalante “se les desordenaba temporalmente, se les incomodaba”.

Seis años y un cambio de gobierno después la situación no ha variado demasiado. En marzo de 2012 había en todo el país más de 575 presos en islas como el Zacatillo de Mariona. Como las 146 celdas de aislamiento que tiene el sistema no son suficientes para albergar a todos los reos violentos o en peligro de ser violentados por otros, en Chalatenango se usan como celdas los dos cuartos que se construyeron junto a la clínica para que durmieran las enfermeras; en Mariona, las celdas destinadas a enfermos de tuberculosis reciben a presos hartos de ser violados una y otra vez por otros presos; en Cojutepeque hay reos en lo que deberían ser cubículos para visita íntima; en Sensuntepeque la antigua capilla es ahora una celda más, una isla más en este archipiélago de enemigos a los que las autoridades tratan de mantener separados, como quien trata de separar a las abejas dentro de una colmena.

***

La mañana del miércoles 25 de enero de 2012, el entonces director general de Centros Penales, Douglas Moreno, dio órdenes por teléfono a los directores de cuatro de las mayores cárceles del país: “Prepárense para un traslado masivo. Tienen 24 horas”. A las 5:30 a.m. del jueves, media hora antes del desencierro y el recuento matinal, en los penales de Usulután y San Vicente los custodios despertaron a cientos de reos que aún dormían en sus camarotes y les ordenaron vestirse y salir. Apenas les permitieron llevar consigo las pertenencias que pudieron cargar en las manos, aunque también eso les fue arrebatado en registros posteriores.

En Apanteos, el sector 11 completo fue embarcado en buses antes de que muchos de ellos apenas pudieran saber qué estaba sucediendo. Hacía semanas que todos dormían en colchones en el suelo. El director del penal les había retirado los camarotes para evitar que usaran su estructura metálica para hacer fierros, como los presos llaman a los corvos y cuchillos.

A las 8 de la mañana, 580 presos viajaban con las manos vacías y esposadas camino a Mariona y otros 580 acababan de salir de allí para ocupar los lugares que acababan de quedar vacíos en los otros tres penales. Los que salían de la penitenciaría central no sabían por qué los trasladaban. En realidad no había ninguna razón disciplinaria o de seguridad para moverlos. No era nada personal. Simplemente, el Estado necesitaba cuadrar cuentas y a ellos les había tocado ser hoy números. Cuando hay grandes traslados, la suma final en cada penal debe ser cero. A Mariona iban a llegar 580 y a 580 tipos les tocó hacer hueco.

Fue el mayor movimiento simultáneo de presos desde que en 2010 se acabó de partir el Barrio 18 y hubo que colocar a sus miembros en cárceles separadas.

Las razones del traslado, esta vez, eran más confusas. Una semana antes, el jueves 19, la Dirección de Centros Penales había trasladado de Usulután a San Vicente a 34 presos. A las autoridades habían llegado rumores de que preparaban un motín destinado a encubrir una fuga. Con el movimiento, Centros Penales creía desactivar esos planes.

Pero no. El penal estalló de todos modos al día siguiente. El viernes 20 de enero aparecieron los cuchillos y hubo disparos de los internos y de custodios. Dos grupos de presos se batieron en el patio durante más de una hora. Un interno cayó abatido a balazos cuando corría por los techos de un módulo de celdas camino a uno de los garitones militares en el muro perimetral. Se dijo que quería fugarse, pero todo parece indicar que en realidad ese preso muerto no pretendía saltar a la calle, sino arrebatar al militar su fusil y, con él, seguir matando dentro del penal. Si con un polín afilado se mata, en medio de una molleja carcelaria tener un fusil ametrallador es ser todo un arcángel robavidas.

Aparentemente el soldado fue más rápido, aunque tres meses después las autoridades siguen diciendo que no saben quién disparó al reo. A nadie en El Salvador le ha importado averiguarlo. En El Salvador solo su familia llora a un preso. Ese día, en el penal de Usulután, hubo cinco presos muertos.

Los informantes de las autoridades -siempre hay presos que hablan; siempre hay quien rompe la ley de silencio de la cárcel y traiciona al miedo- atribuyeron el motín a un grupo al que llamaron “la MD”, y aseguraron que el grupo operaba también en otros dos penales del país: San Vicente y Apanteos.

El traslado masivo que siguió a las muertes tuvo más espacio en los periódicos y los noticiarios televisivos que las propias muertes. “Detectan una tercera pandilla”, escribió La Prensa Gráfica en su portada, como si en el país antes de ese día solo operaran la MS-13 y el Barrio 18, como si no existieran grupos como Mao Mao, La Máquina o La Mirada. Por 48 horas, el país se escandalizó al saber que había “una nueva mara” con las mismas siglas, MD, de una conocida marca local de zapatos.

Aunque no es un hombre de eufemismos, Douglas Moreno dijo a los medios que el nombre de esa banda era “Mara Desorden”, porque la palabra “desvergue” le pareció inapropiada. Según él, el grupo estaba formado principalmente por pandilleros retirados de la MS-13 y el Barrio 18 y con su traslado a Mariona se había “desactivado una bomba” que amenazaba al sistema penitenciario entero. Presentó a los MD como el grupo de presos más peligroso del sistema penitenciario. Dijo que concentrar a todos sus miembros en un mismo lugar, el sector 5 de Mariona -un enorme galerón sin divisiones y con camarotes para 600 personas, vigilado por cámaras- iba a “destruir” a la nueva banda.

Pero casi nada de lo que dijo Moreno tenía mucho sentido. Y Moreno lo sabía. “Las identidades en la cárcel son complejas. Los internos a los que hemos movido a Mariona se identifican con las siglas MD; eso es lo que sabemos hasta el momento. Pero no tomes como definitivo que se trate de un grupo de expandilleros. No pongo las manos en el fuego por ello”, me diría días después en su despacho.

***

—Son los Trasladados. MD y Los Trasladados es lo mismo.

A pesar de las esposas, El Chapín no acaba de parecer uno de los reos más peligrosos del país. Está evidentemente pasado de peso y muy despeinado, como si acabara de despertar de una noche difícil. Su rostro agotado parece hinchado por el calor. Viste totalmente de blanco, como los internos del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Lleva una amplia camiseta, shorts y unas chancletas que le quedan pequeñas. Es la ropa que le han dado las autoridades. Sus pertenencias quedaron en una celda del penal de Usulután. Ha pasado una semana desde el traslado masivo y aquí en Mariona no tiene nada propio. Ni un cepillo de dientes.

—En Usulután se armó porque la MD trató de extorsionar a otro grupo, a los panaderos.
—¿Los panaderos? ¿Es una banda?
—No. Son los presos locales de Usulután, los representantes de La Raza allá, que controlan la panadería del penal y hacen buen dinero de eso. La MD lo vio y quiso cobrarles renta, y los panaderos se revolvieron contra esa extorsión y amenazaron con causar problemas si no sacaban de allí a la MD.
—Los denunciaron a las autoridades del penal.
—Cabal. Señalaron quiénes eran los de la MD y pidieron que los movieran. Pero igual se armó la molleja. Los panaderos tenían comprado al comandante de seguridad y al director del penal. Ellos los armaron. ¿De dónde si no iban a tener pistolas originales?

El Chapín lleva encarcelado 11 años y ha pasado ya por cuatro penales. Dice que hace al menos cuatro años que oye a Los Trasladados llamarse así: MD.

—¿Tú no eres de la MD?
—No. A mí me han traído acá porque la autoridad hizo atarrallazo en el penal de Usulután y no distinguió. Pero no soy de ellos. En realidad yo y muchos más aquí adentro somos su escudo humano.
—¿Cómo así?
—Aquí han traído a la crema y nata de Los Trasladados en todo el territorio nacional, pero no son tantos. Y saben que su seguridad depende en parte de ser muchos. Tienen que parecer grandes. Por eso les beneficia que estemos ahí con ellos.

Ser poderoso, o parecerlo, es un arma de doble filo en la cárcel. Puede ser el punto de partida para que alguien de verdad poderoso -con autoridad, dinero o armas ahí dentro- te considere una amenaza y te trate como a un enemigo, o que te extorsione confiando en que tengas dinero o negocios. Pero también puede ser tu salvoconducto para que nadie se atreva a tocarte. En este caso, para la MD, su aparente número de integrantes en Mariona es una batería de misiles más que garantiza que la guerra con La Raza siga siendo fría.

Junto al Chapín está sentado otro interno del sector 5 que ha asentido a cada palabra de su compañero. Lo llamaremos El Firme. Dice que tampoco él es miembro de la MD. Lleva a la vista un enorme tatuaje con el número 18.

—¿Eres expandillero? -le pregunto, siguiendo el rumbo de la versión oficial.
—No, yo estoy parado. Mis tatuajes están todos vivos- responde, mientras se levanta las mangas de la camisa y revela más tatuajes.
—¿Y qué hacías en Usulután, que es un penal para civiles?
—Pregúnteselo al sistema. El sistema sabe que somos pandilleros, pero él nos mueve adonde quiere.

En teoría no hay pandilleros en las cárceles de civiles, pero según El Firme los había en Usulután. Asegura que entre los 580 presos trasladados en enero hay 20 expandilleros de la 18 y 200 expandilleros de la MS-13 que sí se han brincado a la MD, pero también ocho pandilleros activos de la 18, algunos miembros de La Mirada Loca, la Máquina y la Mao Mao, y un sinfín de civiles no alineados, que en Usulután y Apanteos caminaban junto a la MD porque no les quedaba más remedio, porque la MD era la autoridad.

A todos ellos solo un muro los separa de los casi 3 mil internos del sector 3, entre los que se encuentran los dos centenares de dieciocheros y MS activos que, según dicen los mismos líderes de La Raza, se han infiltrado durante los últimos años en Mariona. Si ese muro cae, si algo pasa, si estalla una revuelta, a ojos de los machetes todos en el sector 5 serán MD si no demuestran lo contrario. En la cárcel, el sector en el que estás significa mucho. Y el 5 está acorralado.

El Chapín, con la mirada en el suelo, comenta, fúnebre:

—Creen que con habernos trasladado se soluciona todo, pero en verdad el problema se hace más grande. Esto se va a poner peor. En los otros penales quedaron solo unos pocos de la MD. Ahora La Raza se va a tomar los penales de Usulután, San Vicente y Apanteos. ¿A qué cree que han llegado los 580 que salieron de aquí para que entráramos nosotros?
—¿A qué?
—A tomar el control allá.

***

El director del penal de Apanteos es un hombre sonriente que parece saber todo lo que sucede dentro de los muros que le toca gobernar. Mientras sus ojos bailan inquietos detrás de unos lentes que parecen siempre querer caerse de su nariz, habla con fluidez de La Raza, de Los Trasladados y de sus alianzas y enemistades con la MS-13 y la 18. No conoce a El Chapín, pero su versión de la situación respecto a la MD coincide totalmente con la del preso del sector 5 de Mariona.

—Sí, son ellos, Los Trasladados. Solo han cambiado de nombre.
—¿Y son tan problemátcos como se ha dicho?
—A diferencia de la gente de La Raza, entre Los Trasladados o MD encuentras a más gente vinculada al crimen organizado, gente educada, pausada. Por lo general vienen de bandas, y tienen mucha identificación con el narcotráfico. La relación con la 18 es más reciente. Viene de lo que pasó a finales de 2010.

El director se refiere a lo que pasó el 24 de noviembre de 2010, al motín que terminó con dos muertos y con unos 200 pandilleros de la MS-13 desplazados a Gotera. Aquel día, pandilleros de la Salvatrucha se enfrentaron con Los Trasladados, que dominaban el penal, y se acabó de sellar una alianza entre Los Trasladados y la 18. Fue como si se cerrase un círculo: la 18 se consideraba enemiga de La Raza desde la masacre de 2004, y fue ese odio el que motivó la masacre siguiente, en 2007, precisamente en Apanteos. Pandillas y bandas de civiles con enemigos comunes no podían sino convertirse en aliadas.

Por eso podían sobrevivir pandilleros de la 18, como El Firme, en sectores de civiles en Usulután, siempre que se sometieran voluntariamente a la autoridad de Los Trasladados. Por eso, según asegura el director, el segundo coordinador del sector 11 de Apanteos, dominado por Los Trasladados, era hasta los traslados de enero un dieciochero.

—¿Y no se fortalece a Los Trasladados al reunirlos a todos?
—Puede ser, pero prefiero eso. Es un mal menor. Porque con Los Trasladados en Mariona vamos a tener tranquilidad en más penales, y eso nos permite trabajar en programas y talleres con el resto de internos.

En agosto de 2004 el entonces director General de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, usó esa misma lógica para explicar la masacre de Mariona. Decía que Mariona era el cuarto desordenado del sistema penitenciario, el lugar en el que se guardaban los problemas que se dejan para el final, mientras se hacían mejoras en el resto de penales. Parece que ocho años después Mariona sigue siendo la alfombra bajo la que se esconde lo que no se puede solucionar.

—¿Y si no logra esa calma en el resto de penales? Dicen que el traslado de la MD va a hacer más fuerte a La Raza en penales como el de Apanteos.
—Claro. Es como si en un ecosistema haces desaparecer a un depredador. Otras especies se hacen fuertes, se mulitiplican. De hecho, en Apanteos la MS ya está enviando órdenes a otros sectores para tratar de controlar el penal… pero controlarlo para La Raza.
—¿Y entonces? ¿Qué va a hacer usted?
—Bueno, ahora el depredador de La Raza va a tener que ser el sistema penitenciario.

***

La pregunta es cómo van a lograr las autoridades algo que durante las últimas décadas les ha resultado totalmente imposible: someter bajo su control a La Raza, Los Trasladados, la MS-13 y la 18.

La política de traslados masivos ha tenido, históricamente, consecuencias imprevisibles: En 1993, llevar a Salamanca y otros 50 hombres de Mariona a Gotera acabó en el nacimiento de Los Trasladados. En 2001, segregar a las pandillas MS-13 y 18 en cárceles diferentes consolidó sus estructuras jerárquicas y forjó sus primeros líderes nacionales, un paso necesario para que se convirtieran en las poderosas organizaciones que conocemos hoy. En 2002 sacar repentinamente a José Edgardo Bruno Ventura de Mariona y poner fin a su reinado sobre La Raza destruyó el equilibrió de intereses -corrupción, extorsión y venta de drogas- en que se basaba la tregua entre bandas en el penal y el poder que en esa cárcel mantenía sometidas a las pandillas, y el mismo día de su traslado reos del sector 3 asesinaron a dos policías. Sacar en 2003 de Mariona a los últimos pandilleros de la MS-13 recluidos allí alteró los balances de fuerzas en los patios de la cárcel, permitió a miembros de la 18 armarse y derivó en la masacre de agosto de 2004.

Si uno cree a las autoridades, haber reunido en enero a Los Trasladados -o los MD, como se quiera llamarlos- en el sector 5 de Mariona fue una acción calculada, un ejercicio de pericia politica y policial. Pero a veces es difícil no sentir que estamos frente a un malabarista que lanza al aire sus cuchillos más afilados con los ojos vendados.

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El Tatuado es uno de esos cuchillos afilados. Es uno de los nuevos huéspedes del sector 5 de Mariona y luce en la piel, a la vista, el MD que desde la masacre de Gotera ha identificado a Los Trasladados. El tatuaje indica que fue en algún momento parte de La Raza, de los Marioneros. Se lo tuvo que hacer para disipar cualquier duda sobre su lealtad al grupo.

—No somos un problema social.

Lo dice con la serenidad del que dice la verdad. El Tatuado es en general un hombre sereno, de andares lentos, y tiene el cuerpo menudo de alguien a quien elegirías enfrentarte si tuvieras que pelear. Y te equivocarías. El hombre al que tengo delante cumple una larga pena por homicidio y su baja estatura no le ha impedido sobrevivir a golpe de corvo a una docena de motines. Forjó su serenidad en los peores años de los peores penales del país y no pienso que esté tratando de convencerme de que tiene las manos limpias ni de que la banda a la que pertenece sea un club de lectura.

Pero realmente cree lo que dice y trata de disipar el prejuicio que, parece opinar, arrastramos casi todos los que estamos fuera de una cárcel:

—Los Trasladados es un movimiento que creció queriendo aportar algo positivo a la sociedad, siendo una balanza en las cárceles.
—¿Balanza de qué?
—Balanza frente a las pandillas. En las cárceles somos como un Stop para que pasen los peatones. Creeme, hemos evitado asesinatos, robos… Esto tiene más de 20 años pasando, desde el 94 que estalló todo en este mismo penal.

El Tatuado es uno de los 104 hombres que en 1994 fueron sacados de Mariona tras la ejecución de Salamanca y ahora ha vuelto a casa, a esta penitenciaría central por la que parecen haber pasado la mayoría de historias de odio y alianzas entre grupos organizados del país.

—Hubo cosas horrendas que pasaron en este centro penal. Cosas injustas, como en toda guerra. Pero el problema de fondo es que siempre se nos ha tratado mal a los internos comunes, a los que los pandilleros llaman “civiles”, que somos el 75% de la población interna general. ¿Por qué el gobierno no entiende que el verdadero problema son las pandillas?
—¿Por qué crees que no lo entienden?
—Porque antes las autoridades tenían una visión más realista de la situación en las cárceles. Distinguían y ayudaban a quienes hacemos cosas positivas.

Ayudar, en boca de El Tatuado, quiere decir privilegios. Y cuando habla de cosas positivas, se refiere al compromiso de no matar, de gobernar la cárcel en silencio y con mano de hierro. A ayudar a que el sistema penitenciario no aparezca en las secciones de sucesos de los noticiarios, a cambio de un encierro más cómodo y de que que nada entorpezca los negocios de los reos. Mientras hablo con El Tatuado, a finales de febrero, parece que esos tiempos ya habían quedado atrás.

Unos días después de hablar con El Tatuado vuelvo a ver a El Chapín. Parece haberse adaptado rápidamente a su nuevo sector. Está peinado y recién afeitado. Diría, incluso, que ha empezado a hacer ejercicio y camina más erguido. Me cuenta que ya han recibido visita familiar y por eso tienen útiles de aseo. Asegura que en el sector ya circula la droga sin problema.

—Todo el mundo tiene corvos. Al principio empezaron a hacerlos los retirados de la MS, con polines de los catres, y la MD se los prohibió. Pero a los días les valió y siguieron fabricándolos. Ahora ya todo el mundo tiene algo para defenderse. Los de la MD se está preparando para lo que pase.
—¿Y los custodios no se dan cuenta? ¿No dicen nada?
—Eso me pregunto yo. No entiendo cómo no lo han visto con las cámaras. Ojalá estén mirando lo que pasa.