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Al Boixo, cuando habla de sus enemigos, se le llena la boca de saliva y parece que un percutor le ha activado una rabia descontrolada.

—¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Es español, de Barcelona, y cuando entró a la sala hace unos minutos saludó tímido, como si fuera él y no yo quien está de visita en esta cárcel. Se sentó erguido en la silla de madera y aluminio, con las manos en las rodillas, y esperó callado a que la educadora hiciera las presentaciones y le explicara el por qué de la reunión. Le acompaña su camarada Topo, que como él cumple condena por robo. La educadora es la única figura de autoridad en esta sala diáfana y sellada con una puerta de apariencia común pero capa interior de acero, cristal reforzado y bisagras de seguridad. En todo el recorrido por el penal no he visto a nadie armado. Supongo que donde hay autoridad no es necesario exhibir la fuerza.

La educadora es también, probablemente, una de las pocas personas de esta prisión en las que el Boixo confía. Por eso ahora, después de repasar su pasado y hablar de su pandilla, este chele alto y rubio que habla español con ligero acento catalán me está confesando que unos gitanos con celdas en su mismo módulo le amenazan constantemente. A él, a un agresivo miembro de la Mara Salvatrucha.

—Me dicen “te vamos a cortar la cara”.
—¡Pero cómo te van a cortar la cara, si esto es Gran Hermano! —le dice la educadora para calmarle. Y le explica que en esta moderna cárcel plagada de cámaras de vigilancia nadie le va a hacer daño.
—Me dicen: “mira con quién vas, con ese tapón peruano, la Mara 13 no sirve para nada”. Fffffff —el Boixo resopla como una olla a presión. A lo largo de la conversación se ha ido poniendo nervioso y aquí es donde estalla, se descontrola— ¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Tartamudea, gira la cabeza hacia los lados para sacudirse el riesgo de que se le humedezcan los ojos, pero no lo logra y vuelve a resoplar. Se hace un silencio. En España, como en El Salvador, de las lágrimas de un pandillero no se habla. Topo —el peruano del que los gitanos se burlan por bajito— y la educadora le dan tiempo para recomponerse. El Boixo no parece un mal chico. Tampoco muy listo. Le faltan palabras y asiente constantemente para que tú también lo hagas y así saber que le estás entendiendo. Por momentos da la impresión de que cuando era más joven consumió demasiadas drogas o recibió demasiados golpes en la cabeza. Dice que se hizo de la Mara hace un año, en busca de emociones fuertes. Estaba en otra pandilla, los Ñetas, desde que abandonó la escuela a los 14.

—Me sentía solo y vi que ellos me apoyaban. “Hermanito nosequé, hermanito nosecuantos…” Pero llegué a lo máximo en la banda, estaba juramentado, y pedí la verde, ¿no?
—Y te la dieron, te saliste.
—Sí, pero quise entrar en la Mara para probar, porque es la banda más violenta. —Y asiente dos veces para que yo lo haga tambien.

El Boixo nunca ha salido de Cataluña. Podría ser un gamberro de barrio obrero cualquiera en cualquier ciudad de España. Pero la cicatriz rosada que tiene en el entrecejo se la hicieron de una patada cuando le brincaron a la MS-13. Dice que el día que le patearon habían venido a Barcelona pandilleros hondureños de Valencia y Madrid.

—Contaron hasta trece y repitieron tres veces el diez —dice con una sonrisa infantil.

***

Cuando en 2005 la periodista Lisa Ling, de National Geographic, adjudicó a la Mara Salvatrucha (MS-13) el superlativo mérito de ser “la pandilla más peligrosa del mundo” la MS-13 se confirmó de forma irreversible, fuera de Centroamérica y de ciertas ciudades de Estados Unidos en las que su poder sí es real, como una amenaza por encima de sus propias posibilidades. Los miedos llegan siempre más lejos que quienes los engendran, y avalado por la elevada cifra de homicidios en El Salvador —el promedio de 7 diarios se consideraba entonces alarmante— y por la brutalidad con que los cometía, desde ese momento el miedo a la Mara se volvió transfronterizo.

No ayudó, desde luego, que en 2004 el ministro de seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, hubiera dicho que existían vínculos entre la MS-13 y grupos terroristas internacionales, o que el Washington Times hubiera publicado en septiembre del mismo año que había contactos entre la Mara y Al Qaeda. Pese a los esfuerzos del FBI por desmentir esa relación, hubo quien llegó a escribir, y habrá incluso quien se lo crea, que la Salvatrucha compartía negocios con el grupo terrorista ETA.

En Perú o Ecuador, donde por esos años se comenzaron a detectar supuestas células de la MS-13, las autoridades se encontraron ante el desafío de administrar su propio pánico.y el de la población. En España, pese a la insistencia de los cuerpos policiales por restar importancia a la evidente presencia de la Mara Salvatrucha, el terror asociado a su nombre siguió creciendo en los años siguientes a base de reportajes televisivos en los que jóvenes con el cuerpo y el rostro tatuados hacían gestos desafiantes con un fondo músical de hip hop y de constantes publicaciones en prensa.

En noviembre de 2008, El Periódico de Cataluña publicó un largo reportaje titulado “La mafia mexicana envía a Barcelona a jóvenes sicarios para ʻconquistarʼ la UE”. En el texto, dos responsables de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), españoles ambos, sentenciaban: “los cárteles mexicanos están enviando a Barcelona y a otras ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao, Oslo y Amsterdam a jóvenes sicarios de las maras centroamericanas para que sean la avanzadilla que conquiste esos territorios”. El objetivo de “las maras” —el nombre genérico usado a menudo para referirse tanto a la Mara Salvatrucha como al Barrio 18— y de sus socios mexicanos era supuestamente “controlar todo el tráfico de cocaína del continente”. Todo el tráfico de cocaína, decían.

En febrero del año siguiente, el diario El Mundo, uno de los de mayor tirada del país, tituló entre exclamaciones un artículo a toda página en el que se hablaba de un perverso efecto secundario de la migración centroamericana a España: “¡Que viene la mara!” Y basado en las mismas fuentes de la ONU que El Periódico, el 30 de octubre de 2009 un reportaje de la veterana revista Tiempo se sumó a la alarma: “Las dos principales maras que operan a escala suprarregional, la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla de la Calle 18 o 18 Street, quieren hacerse con el control del crimen organizado en Europa, desde el narcotráfico al mercado negro de órganos.”

“Vendrán sin tatuajes y con corbata, porque vendrán los líderes máximos”, vaticinaba en ese reportaje Amado Philip de Andrés, encargado de la ONUDD. Según él, un muñado de pandilleros centroamericanos se bastarían, por su carácter enormemente violento, para arrebatar el negocio de las drogas, las armas y la trata de personas a los tradicionales grupos criminales locales, y a la mafia rusa, a la italiana o a la china. “Con que haya 17 (miembros de la MS-13 o la 18) bien organizados ya es suficiente”, decía el supuesto experto.

Como si la Mara y la 18 fueran un ébola aniquilador y alguien estuviera utilizando como parte de un plan maestro.

Ese mismo año, Jesús María Corral Gómez, jefe de la Unidad de Planificación y Estrategia del Cuerpo Nacional de Policía de España, admitió en un congreso internacional sobre pandillas celebrado en Los Ángeles que la MS-13 había desembarcado en la península, pero aclaraba que su trascendencia era la de “una gota de aceite en el océano”. Esa proporción no ha cambiado. La alarma que aún resuena cada vez que un miembro de la MS-13 comete un delito convive con otra realidad que admiten los mismos mareros catalanes y que repiten miembros de otras pandillas, trabajadores sociales y autoridades: “en Barcelona, la Mara Salvatrucha no tiene la calle”.

***

Sentado al lado del Boixo está Topo, el peruano bajito. En su país era de la barra brava de la U. Ese era su historial criminal cuando llegó a España. No llevaba demasiado tiempo en Barcelona cuando se metió en la Mara Salvatrucha casi por azar. El Topo admite que le gusta mucho beber. Los amigos de un primo suyo le invitaban a beber por horas en un parque del barrio del Raval y para él eso era hermandad. Al cabo de un mes sus amigos de trago le tenían rifando MS-13 con las manos sin explicarle lo que eso significaba. Tardó unas semanas más en entender que ya estaba dentro.

—Yo no sabía nada. A mí lo que me gustaba era la noche —dice, y se carcajea.

Lo que no sabía, se lo enseñaron. Sus amigos, centroamericanos la mayoría y mayores que él, no le sometieron a ningún ritual de entrada pero le enseñaron los gestos, los códigos e incluso la historia de la Mara Salvatrucha. Topo sabe que la MS-13 nació en Los Ángeles y sabe que el 13 es el número de las pandillas Sureñas vinculadas a la Méxican Mafia, aunque no entienda con detalle su vínculo, si es que existe con un océano de por medio, con ese grupo. Probablemente es de los pocos mareros en España que conoce esos detalles. La mayoría de miembros de la Mara en Barcelona piensan que la Mara Salvatrucha nació en El salvador y la llaman coloquialmente “la 13”, asumiendo que también la 18 es mara y sin saber que en California hay decenas de pandillas 13.

El líder del grupo era un salvadoreño musculoso y tatuado en el pecho y el brazo, que presumía de su pasado pandillero en El Salvador y solía mostrar un video colgado en Youtube en el que aparecía él, más joven y delgado que ahora, empuñando un AK-47. A los más jóvenes, como Topo les fascinaba esa imagen que, en un país como España, en el que el acceso a armas está muy limitado, parecía de película. La invitación a formar parte de la MS-13 era, en Barcelona, una invitación a ser parte de esa película.

—Me han contado cómo es la cosa en El Salvador, en Honduras… —presume Topo—. Me han dicho que se para un loco tatuado ahí y la gente pum, pum, pum.

El pandillero hace como si disparara una pistola. La televisión y el cine han hecho que todos sepamos simular mejor o peor un disparo aunque, como Topo, nunca hayamos empuñado un arma de fuego.

—¡Yo me iba a ir para allá! ¡A correr a lo grande!
—¿A El Salvador? ¿Querías ser pandillero en El Salvador?
—¡Sí! Es que en ese tiempo estaba bien activado. Iba a irme a llevar el tiro de allá.

No puedo dejar de pensar que Topo no duraría ni una semana en las calles de San Salvador o San Pedro Sula. Tiene 22 años, una edad con la cual la mayoría de pandilleros centroamericanos ha participado en delitos de sangre y olvidado el yo que eran antes de entrar a la Mara. En Guatemala niños de 15 años presumen de su experiencia pandillera y muestran heridas de bala. Veo a Topo al lado de esos niños adultizados y pienso que aunque sea mayor de edad parece un simple adolescente.

La educadora me contará más tarde la historia de vida del Topo y me dirá que se repite casi como un calco en la mayoría de pandilleros con los que ha trabajado: se criaron con sus abuelas porque sus padres migraron a España cuando ellos tenían pocos años, y han llegado a Cataluña siendo adolescentes, para encontrarse con un país y una cultura diferentes, unos padres que trabajan todo el día y a los que apenas conocen, y unas calles en las que se encuentran con jóvenes de nacionalidades distintas pero historias similares. Ecuatorianos, colombianos, chilenos, peruanos, marroquíes, búlgaros o rusos, a la mayoría no les importa, en realidad, pertenecer a una u otra pandilla ni conocer el origen de las siglas por las que pelean. Cuando empiezan, simplemente buscan el abrigo de un grupo y tener una causa propia.

—¿Qué es ser de la Mara en España?
—Ser los más violentos. El primer lugar en todo.
—Pero no lo sois. Acá sois una pandilla pequeña.
—Sí, los más grandes son Latin Kings, Ñetas, Trinitarios… hay que ir subiendo.
—¿Y cómo se sube?
—No sé, brincando gente, a quien se vea con fuerza…

***

El barrio del Raval está junto a las Ramblas, en el patio trasero del puerto de Barcelona, en el distrito de Ciudad Vieja. Fue durante muchos años una zona roja conocida por sus calles estrechas y oscuras repletas de prostitutas y de locales nocturnos sin más pedigrí que el que da, cuando es deseada, la sordidez. Lo llamaban el barrio chino —aún hay quien lo hace— porque a principios del siglo XX en sus recodos los rateros cortaban con una cuchilla de afeitar, a la que llamaban “la china”, los bolsillos de tela de los distraídos para distraerles la cartera y el dinero. En el viejo Raval, a ese mal arte se le llamaba chinar.

En las últimas tres décadas el ayuntamiento ha intentado modernizar el barrio y lo ha convertido en una zona de profundos contrastes. Ahora tiene dos museos de arte contemporáneo, hoteles para turistas, bares de moda y un paseo con una escultura del colombiano Fernando Botero, que conviven con la prostitución de siempre, su propio mercado de droga y estrechos edificios que nadie restaura y en los que se siguen alquilando habitaciones baratas. Una cara del barrio se adorna con el mítico y hermoso mercado de La Boquería. La otra tiene su propia clica de la Mara Salvatrucha. Hay quien piensa que la del Raval fue, de hecho, la primera clica catalana de la MS-13, aunque eso no es del todo cierto.

Los Mossos de Esquadra —la policía autonómica de Cataluña— tuvieron la primera pista de la presencia de la Mara Salvatrucha en Barcelona en febrero de 2004. Fue un pequeño “Arriba la MS” escrito con plumón en los azulejos blancos de la estación de metro Universitat, en el centro de la ciudad, justo en los límites del Raval. Pero los jóvenes detrás de ese rudimentario grafitti se reunían por aquel entonces en el parque de la Pegaso, unos kilómetros más al norte, cerca de la Avenida Meridiana. Se trataba de chicos de 12 a 14 años, de distintas nacionalidades, que apenas sabían de la Salvatrucha lo que les contaba algún compañero salvadoreño en el colegio y lo que habían encontrado en internet. No tenían planes de futuro. No querían dominar el mundo. Su único deseo era distinguirse de los Latin Kings y los Ñetas.

Barcelona, como el resto de capitales españolas, era en esos días un vivero fértil para las dos pandillas hegemónicas en Ecuador. Si una década antes las deportaciones habían transplantado a Centroamérica a la MS-13 y el Barrio 18 por la simple razón de que eran las pandillas angelinas con mayor presencia de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, bastaba saber que en los primeros dosmiles el principal grupo de inmigración de latinoamérica a España fueron los ecuatorianos para comprender qué los Latin Kings y los Ñetas serían las primeras pandillas americanas en asentarse y crecer en la península.

Los chicos de la Pegaso buscaban ser diferentes. El Detective, un mosso de esquadra de hablar frontal y más de diez años de trabajo en contacto directo con pandillas en Barcelona, dice que durante sus tres primeros años como grupo los pseudomareros de la Pegaso no delinquieron, o al menos no cometieron ningún robo o acto violento que se les pudiera achacar claramente.

—Eran solo emuladores. No tenían ningún contacto en absoluto con Centroamérica. Conocí a uno que incluso caminaba con los Latin King aunque decía que él era mara —dice el Detective.— Los primeros dos o tres años nos pasaron desapercibidos, hasta que en 2007 llegó un salvadoreño que quiso organizarles en serio.
—¿Un marero venido desde El Salvador?
—No, un chico de 23 años nacido en España pero que es también salvadoreño porque nació allí su padre o su madre, no recuerdo bien. En uno de sus viajes a su país conoció el fenómeno de las maras y lo quiso copiar aquí. Pero no le funcionó. Cuando les dijo a los de la Avenida Meridiana lo que quería, los chavales se asustaron y se le fueron todos menos dos.

Ese emprendedor con ganas de levantar en serio la Mara Salvatrucha se llamaba —se llama— Alexander Fuentes, y es un hispano-salvadoreño nacido en 1984 que no tardó en entender que para plantar una cepa firme de la MS-13 necesitaría simiente original. La encontró pronto. En 2008 ya caminaba por Barcelona con el Crazy, un marero de 18 años brincado en El Salvador que tenía la experiencia y las ganas de sembrar clicas por toda la ciudad.

El Crazy se llama Marvin Flores, tiene hoy 25 años y es el pandillero musculoso y tatuado que enseñó a Topo a hacer con la mano la garra de la Mara Salvatrucha. También reclutó y formó en los siguientes dos años a muchos otros jóvenes en la zona centro y Sur de Barcelona. Por un tiempo, las autoridades lo identificaron como uno de los líderes de la MS-13 en Cataluña.

—¿Alexander mandó a traer al Crazy o él llegó a España por su cuenta? —le pregunto al Detective.
—En teoría el Crazy vino con el mandato de la cúpula de la Mara para crear una clica potente en Barcelona. Así lo vendieron Alex y él al resto del grupo aquí, pero yo creo que no hay nada cierto. Sí es verdad que quisieron crear algo parecido a lo de allí, para demostrar a El Salvador que aquí se podía hacer lo mismo, pero no pudieron. No ha sucedido. No les dejamos.
—¿Qué quieres decir con que no les dejásteis?
—En cuanto supimos lo que estaba pasando los encaramos y dialogamos con ellos, les pusimos claro el escenario. No se puede decir que fuera una negociación porque en realidad fue decirles: “sabemos quiénes sois, donde es vuestra casa, qué queréis hacer… y estos somos nosotros y esto va a pasar en el momento en que cometáis un delito”.

Alex vivía cerca de la Plaza Cataluña, a pocas cuadras del Raval, y por eso él y el Crazy se alejaron de Avenida Meridiana y comenzaron a moverse por la zona de Ciudad Vieja, más céntrica. Se les unieron un chileno y dos o tres bolivianos, pero el Detective asegura que la clica nunca levantó vuelo del todo. Sus comienzos no fueron fáciles. Un compañero del Detective cuenta que una noche los mareros que caminaban con el Crazy se aproximaron a un grupo de jóvenes migrantes filipinos que solían reunirse a beber y vaguear en una cancha de baloncesto detrás de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la plaza Terenci Moix. Querían incorporarles a la mara, brincarles. Los filipinos no estaban interesados y les forzaron a abandonar el parque. Un puñado de amigos filipinos diciéndole no a la MS-13 mientras en El Salvador cientos de colonias, municipios enteros, cientos de miles de personas, se sometía día tras día a la ley de esas mismas siglas. Sometida a la prueba de la calle, la temida y publicitada transnacionalidad de la Mara Salvatrucha —la amenaza global— se convertía en un concepto difuso, inservible.

Con esa búsqueda desesperada de nuevos homeboys arrancó en realidad la historia de la clica del Raval.

***

El Guerrero es Ecuatoriano. Tenía 13 años y el rostro devorado por el acné cuando entró en la MS-13 y vio por primera vez el video de Youtube en el que el Crazy aparece con un AK-47. Lleva cinco años en la Mara y eso le convierte, como a Topo, casi en un veterano. Como él, entró sin saber bien lo que hacía. Cuenta que quería ser uno de esos chicos duros a los que nadie plantara cara y que triunfan con las chicas. Los buenos estudiantes no suelen ser los más populares en ningún patio de colegio, menos aún si ese colegio está en el barrio de Pubilla Casas, al norte de Hospitalet, uno de los muchos municipios de antigua vocación agrícola devorados por el crecimiento de Barcelona de los años 60 y convertidos hoy en periferia obrera y enclave tradicional de migrantes. La mayoría de adolescentes de Pubilla no pertenecen a ninguna pandilla, pero conviven con varias de ellas. Hospitalet es, según las autoridades, el principal asentamiento y el centro neurálgico de casi todas las pandillas que operan en Cataluña.

—Un amigo y yo íbamos a hacernos de los Blood Little Warrior, pero unos hondureños que conocimos nos dijeron que mejor nos metiéramos en la Mara.
—¿Y cómo te convencieron?
—No me convencieron. Yo les dije: “Voy a ver en internet. Si son conocidos, entonces sí.” Y me fui a ver.

Sudaba el verano de 2008. El Guerrero googleó a la Mara Salvatrucha como un ritual para decidir qué hacer con su vida y se encontró de bruces con el pánico que infundían sus siglas. Sí, la MS-13 era muy, muy conocida. Dice que le gustaron el despliegue de violencia sobre el que leyó y los tatuajes de gangster. Se brincó, mediante el ritual de la paliza de los 13 segundos, un 13 de septiembre, junto a su amigo y a otro vecino boliviano.

Antes de que acabara el año ya había conocido a los mareros del Raval. No quiere decir sus nombres porque dice que eso sería ratear, traicionar al secreto de la Mara, pero a medida que describe a “los mayores”, como él los llama, se hace evidente que esos pandilleros no podían ser sino el Crazy, Alex y quienes caminaban con ellos.

—Eran maras antiguos. Había dos salvadoreños, y un chileno, y una vez nos reunimos y había un mexicano enorme, que llevaba una camiseta negra, pantalón corto negro y calcetines blancos, y otro como de 40 años que tenía un escudo de El Salvador tatuado en el pecho.
—¿Qué te dijeron?
—Hablamos de que teníamos que hacernos notar porque había muchas otras bandas y estaban creciendo —recuerda el Guerrero.

A él y sus dos compañeros recién brincados les ordenaron crear en Pubilla Casas una nueva clica que se llamaría Morritos Locos Salvatrucha (MLS) y que debía funcionar como la división junior de la que integraban los mayores. Se conviertieron en un esqueje con tres miembros que debían contagiar a otros su devoción por la Mara. El Guerrero presume de que en solo dos semanas, rebosantes de energía y ganas de agradar a sus mayores, habían brincado a otros doce vecinos, ecuatorianos y bolivianos la mayoría, deseosos como ellos de ser los dueños del parque de Pubilla.

Entre 2008 y 2010 los Morritos Locos Salvatrucha quisieron vivir la vida loca y se hicieron notar con una constante cadencia de pequeños robos y varias peleas a cuchillo. Por una de ellas, el Guerrero fue a la cárcel en 2009. En Hospitalet, la Mara Salvatrucha llegó incluso a matar. En España, donde la tasa de homicidios es de 0.9 por cada 100 mil habitantes, casi cada muerte es una alerta que se comenta en las mesas familiares, que asalta los noticieros y que obliga a decisiones en los cuerpos policiales.

En 2010 Cataluña fue catalogada como la región más peligrosa del país con una tasa de 1.27 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de El Salvador, ese año, fue 60 veces mayor.

***

Hay dos versiones de por qué Tommy llevaba un cuchillo de cocina al salir de la estación de metro del Hospital Clinic la tarde del miércoles 1 de diciembre de 2010. El Guerrero asegura que acababa de comprarlo para su madre y volvía de hacer el recado cuando se encontró casualmente con King Yahá, el líder de los Latin Kings en la zona, su enemigo, y tras un intercambio de insultos decidió acuchillarle. Debían ser las 6 y media. Las cámaras de vigilancia del metro de Barcelona registraron el inicio de la discusión en el recibidor de la estación y cómo los dos, y un tercer Latin King, salían a la calle. Minutos después King Yahá, Luis Diego Fernández, un pandillero peruano de 17 años, se estaba desangrando a las puertas del cercano hospital, con una profundísima herida en el vientre. Al día siguiente, cuando los periódicos dieron la noticia de la muerte, enfatizaron que la víctima tenía antecedentes penales. “Las bandas latinas llevan su rastro mortal al Eixample”, tituló La Vanguardia el viernes.

El hermano menor del Guerrero, Control, le inyecta grandeza al crimen y dice que la clica entera se la tenía jurada a King Yahá. “Siempre nos jodía, y jodemos a quien nos jode”, sentencia. Dice que era cuestión de días que alguien ejecutara la decisión de asesinarlo. Por eso supone que Tommy fue armado y consciente a buscar a King Yahá. Como si fuera poco honroso que Tommy, a sus 14 años, le hiciera los recados a su madre. Como si una muerte planeada y ejecutada en frío con una herramienta de carnicero engrandeciera a Tommy, que a sus 14 años ya era el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha.

Tommy es ecuatoriano, fibroso y muy alto para su edad, casi metro ochenta de estatura. También es un chico listo. Sus camaradas dicen que siempre fue mente y tomaba las decisiones adecuadas. Por eso les marcaba el paso a chicos mucho mayores que él. Anochecía el 1 de diciembre de 2010 cuando el Guerrero, que acompañaba a su novia a casa, se lo encontró en la calle.

—Tuve un problema con King Yahá, pero ya está solucionado —dice el Guerrero que le dijo sin más detalle. Parecía agitado. Se despidieron.

Al cabo de un rato volvió a encontrárselo. Esta vez huía. Los compañeros de Fernández habían desatado una cacería en busca de venganza. El Guerrero le propuso llevarlo a un lugar seguro pero Tommy prefirió correr hacia su casa, peligrosamente cerca del Clínic. No sabía que un grupo de Latin Kings ya había estado allí y le había advertido a su madre que rezara por que la Policía lo capturara antes que ellos. Cuando el palabrero de los Morritos se asomó a su calle obviamente le estaban esperando. Corrió y corrió con sus enemigos corriendo a sus espaldas y acabó por refugiarse en un bar y esconderse en el baño mientras gritaba desesperado que le querían matar, que alguien llamara a la Policía.

A Tommy se le debieron hacer largos los minutos de espera, escondido en el baño de aquel bar sitiado por Latin Kings decididos a terminarlo. Nunca ver el uniforme de los Mossos de Esquadra, confesar un homicidio y sentir las esposas fue tan alegre para un pandillero de la Mara Salvatrucha.

Un homicida de 14 años lo es por muy poco, por meses. La ley penal española considera no responsables de sus actos y por tanto inimputables a los menores de esa edad, y es especialmente cuidadosa en las medidas de castigo o reeducación que impone a delincuentes jóvenes. Tommy fue a la cárcel por el enorme impacto mediático que tuvo el caso en Cataluña pero, sobre todo, porque su vida corría peligro fuera de ella. “Para proteger su propia seguridad y vida”, justificó el juez que decretó su internamiento por seis meses en un centro para menores. Dos años después sigue encerrado. También sigue siendo, con 16 años, el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha. “Si él brinca, brincamos todos”, le declara lealtad Control, que tiene 17.

—El fuking estaba allí y él estaba cuchillo en mano, así que se defendió -le justifica el Guerrero.

A uno u otro lado del Atlántico, cuando hablas con pandilleros acerca de una muerte, se repite una paradoja sutil, íntima. Para ninguno es una opción reconocerse débil o admitir miedo; la muerte se encara de forma consciente, se administra desde el poder, se ejecuta como una habilidad. Se mata porque se puede y se quiere. Pero tambien, y ahí se abre una grieta, un respiradero, se mata porque se debe. En los relatos del que ha matado hay siempre un pero susurrado, una puerta en la pared del fondo, que da a otro cuarto donde se guarda una razón o una excusa. “Tenía que defenderme”, “Era él o yo”, “Así tenía que ser”, “Era inevitable”. Como si el pandillero quisiera preservar su alma y necesitara aclarar que no es un malvado puro, sino solo la más eficaz y valiente herramienta del destino.

***

Cuando en octubre de 2003 un grupo de Ñetas asesinó al joven colombiano Ronny Tapias en una parada de metro pensando que era un miembro de los Latin Kings y desató la primera alerta social sobre la presencia de pandillas latinas en Cataluña, los Mossos de Esquadra llevaban apenas unos meses lanzados a una búsqueda compulsiva de respuestas sobre un fenómeno, el de las pandillas de origen latinoamericano, que prometía darles trabajo. Su prioridad era, lo decían entonces y lo dicen ahora, comprender con el mayor detalle posible qué estaba pasando. Viajaron a Estados Unidos, enviaron a agentes a Centroamérica y a Ecuador, conformaron equipos de análisis, y diseñaron estrategias preventivas que involucraban a otros actores como centros escolares y de salud, asistentes sociales, organismos de justicia o centros penitenciarios, y que se basaban en la no simplificación del diagnóstico ni de las respuestas. En 2004, sus primeros estudios revelaron la existencia en Cataluña de alrededor de 400 simpatizantes de cuatro pandillas distintas: Latin Kings, Ñetas, Vatos Locos y Mara Salvatrucha. La cifra de miembros auténticos, vinculados de manera estable a su grupo, era sin embargo mucho menor: 70 personas.

Nueve años después las autoridades estiman que las pandillas que operan en Cataluña ya suman alrededor de 3500 miembros. Es evidente que el fenómeno pandilleril ha crecido, pero también lo es que no se ha desbordado. Los Mossos insisten en un dato que rompe el estereotipo del migrante pandillero: solo el 1% de los jóvenes que migran a Cataluña se integran a una pandilla. Y solo 20 de los 403 homicidios que se han cometido en los últimos cinco años en Cataluña están relacionados con miembros de pandillas, o fueron motivados por la pertenencia del autor o de la víctima a pandillas. “En 2003 pensábamos que en número de homicidios hoy día, en 2013, estaríamos mucho peor”, admite un agente que estudia el fenómeno de las pandillas desde entonces.

El detallado trabajo estadístico de las autoridades catalanas permite además dimensionar el escaso arraigo que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han logrado incluso en la región de España donde, según los cuerpos de seguridad, tienen mayor presencia. En la actualidad, los miembros de las dos pandillas en Cataluña apenas suman entre 100 y 300. Los integrantes de la MS-13 representan un 7.13% del total de pandilleros catalanes. Los del Barrio 18 son menos aún: un 3.24%.

Las cifras desafían a la propia historia de la MS-13. En Los Ángeles, en apenas diez años, durante la década de los 80, la recién nacida Mara Salvatrucha se convirtió en una pandilla Sureña, conocida por su brutalidad y capaz de disputar territorios y algunos mercados de drogas a pandillas históricas como Playboys o el Barrio 18. En El Salvador, en los 90, una década bastó para que dejara de ser un vínculo invisible entre algunos cientos de deportados y lograra como pandilla presencia en todo el país, control sobre municipios enteros e incluso conquistara por la fuerza, ante las autoridades, el privilegio simbólico de tener sus propias cárceles.

En Cataluña, sin embargo, el embrión de la Mara Salvatrucha que hace diez años quemaba las horas en el parque de La Pegaso sigue siendo un embrión aunque ocupe otros parques y haya cambiado a parte de sus miembros. La MS-13 no tiene control territorial en los barrios que habita ni ha evolucionado en sus actividades delincuenciales. Inoculado en una sociedad menos enferma que la centroamericana, el temido virus de la Mara Salvatrucha no se ha llegado a desarrollar. En las calles, la mera mención de la Mara no ha bastado para hacerla realidad.

Aunque cada cierto tiempo vuelve a a parecer la sombra de la alarma, actualmente a la Policía catalana le preocupan mucho más otras pandillas.

Por un lado, los Mossos de Esquadra diferencian entre aquellas pandillas que tienen vínculos o dependencia jerárquica directa de su país de origen, como los Latin Kings, y otras que se han creado y expandido pero son puramente miméticas. Ese es el caso de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Por otro, tanto los Mossos de Esquadra como la Policía Nacional han detectado que los Black Panther y Los Trinitarios están siguiendo un camino alterno al de los Latin Kings, los Ñetas o la misma MS-13: son más restrictivos en cuanto a la nacionalidad de sus integrantes o compartimentan la información dependiendo de si estos son o no dominicanos.

Según un portavoz oficial de los Mossos de Esquadra, todo indica que estas pandillas están tratando de pasar a otro estadio organizativo, con menos presencia en la calle pero más rentabilidad en sus negocios.

—Hay ciertos grupos que están dando un paso más, que muchas veces se caracteriza por dejar de lado el tema de las caídas y centrarse en obtener un beneficio económico.
—Buscan llamar menos la atención.
—Correcto. Black Panthers llama menos la atención. No es un grupo que dé problemas un fin de semana con peleas o incidentes en discotecas o zonas de ocio… Es un grupo más hermético y mucho menos numeroso que Latin Kings o Ñetas, pero que se ha estructurado para llevar a cabo actividades delictivas.
—¿Como mover kilos de droga?
—Los Trinitarios o los Black Panters no van a hacer un narcotráfico fuerte, es decir, no van a traer un contenedor de cocaína al puerto de Barcelona, pero pueden hacer un tráfico de drogas interesante, un goteo constante a través de países productores o adquiriendo la sustancia aquí: 2 o 3 kilos de cocaína en maletas, 4 o 5… Cantidades intermedias pero que en Cataluña son consideradas de notoria importancia. Después, los escalafones más bajos de la banda se ocupan del narcomenudeo en la plazas, en las calles.

El Detective coincide con la versión de sus superiores. Aclara que no quiere restar importancia a las pandillas pero asegura que se trata de un fenómeno controlado y presume de que no hay un solo homicidio cometido por la Mara Salvatrucha o por otra pandilla en Cataluña en la última década que no haya terminado con el autor en la cárcel o en un centro para menores.

—¿Quieres saber cuál es la realidad? —dice subiendo el tono de voz, para enfatizar sus ideas.— La realidad es que las clicas de la MS-13 aquí no forman todas una red entre ellas, y ninguna tiene contacto directo con la gente en El Salvador ni en Honduras.
—¿Tampoco la gente del Raval, los mayores?
—La clica del Raval sigue existiendo pero es pequeña. Y como son más mayores, son menos violentos.
—Pero los pandilleros más jóvenes siguen venerando al Crazy.
—Todos estos son grandes vendedores de humo. Mira, el chaval brasileño que está al frente de la MS-13 de Can Vidalet, en Esplugues, vive de una pelea de cuatro cuchilladas en la que participó cuando tenía 17 años. Y ahora tiene 25. En esto se basa el respeto de su gente.

Alex y el Crazy, que en 2007 se sentían llamados a ser los grandes nombres de la Mara Salvatrucha en Cataluña, están desde hace años en la cárcel, pero en los parques, los homeboys del Boixo, Topo, el Guerrero o Tommy no se resignan. Siguen soñando con un futuro dominio de la Salvatrucha y deslizan la idea de que están esperando a alguien pesado, a un homie de Centroamerica que va a parar el barrio de a de veras, pero suena a mito. En realidad, cuando le preguntas al Boixo si tiene él contacto con gente en El Salvador te responde que sí, que tiene a pandilleros centroamericanos como amigos en facebook. Topo recuerda que allá por 2008 el Crazy tenía el teléfono de gente en El Salvador, y que de vez en cuando hablaban con ellos:

—“Tal fecha viene tal a Tarragona”, nos decían. Cosas así.
—¿Y llegó esa persona?
—No… Parece que hubo un chivatazo, eso me dijeron.

Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas han advertido varias veces de supuestos planes de la Salvatrucha para enviar a representantes a España. Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman haber trasladado a los cuerpos de seguridad en Madrid al menos una alerta de este tipo en los últimos años, basada en una wila, una carta, interceptada a la salida de la cárcel de Ciudad Barrios, donde cumple pena la cúpula salvadoreña de la MS-13. En Barcelona, sin embargo, el Detective insiste en desmitificar la posible llegada de ese Mesías al que los mareros catalanes esperan para que cambie radicalmente el rumbo de la pandilla en España.

—Desde 2009 al menos lo estamos esperando también nosotros. No ha llegado nadie.

***

El Guerrero cuenta que iba muy drogado y muy borracho cuando acuchilló a aquel joven en la puerta de aquel instituto de Cornellá, algunos kilómetros al este de Pubilla Cases.

—En ese colegio estudian unos 18 y estábamos ilusionados por hacerles daño. Habíamos estado en el parque de San Ildefonso fumando y bebiendo, y fuimos. Nos pusimos a gritar cosas contra los 18, pero nadie decía nada. Al rato salieron unos Latin King y uno de nosotros le intentó robar a uno de ellos el teléfono y la pulsera…

El resto de su relato coincide con el que apareció en los periódicos. El hermano pequeño del joven Latin King salió en su defensa, y un compañero del Guerrero, otro ecuatoriano al que apodan Danger, le clavó un sacacorchos en el pecho. Sí, un sacacorchos.

—Y yo saqué una navaja, una mariposa, y le acuchillé en un lado.
—¿Porque era Latin King?
—A saber. Yo al boliviano no lo conocía para nada.

El boliviano es el chico de 14 años al que acuchilló y que salvó la vida de milagro. El Guerrero cuenta aquello sin orgullo. Parece cansado de repetirlo o de recordarlo. Ha pasado casi tres años en la cárcel por aquello y dice que eso le pesa. Le condenaron a dos de encierro y cinco de libertad vigilada por tentativa de homicidio, pero una vez en prisión le fueron saliendo clavos anteriores, robos, reyertas, y la condena se fue alargando.

Salió hace solo tres meses de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins, el único centro penal que hay en Cataluña para internos de entre 18 y 25 años. En España hay un nivel intermedio entre los centros para menores y las cárceles para adultos. Si cometes un delito, por grave que sea, y tienes entre 18 y 25 el Estado considera que tienes más posibilidades de reformarte y reinsertarte que si eres mayor aún, y te procura un sistema de atención psicológica y educativa focalizado. En estos momentos el 80% de internos de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins son extranjeros. En el formulario de registro que se usa para entrevistar a los nuevos reclusos, la tercera pregunta, después del nombre y la edad, es “¿Cuánto tiempo llevas en España?”

Al regresar a Pubilla Cases el Guerrero se ha encontrado con una clica de cerca de 20 miembros que se reúnen los fines de semana a beber y fumar hachís o consumir pasta base —bazuco— en un parque. Aquel fuerte impulso de los primeros años de los Morritos Locos Salvatrucha no derivó en una epidemia de brincos ni cambió el mapa de las calles de Hospitalet. “Es que en un colegio le aparece uno de las maras a un niño y el niño se pone a llorar”, dice un oficial de la Policía Nacional que trabaja en Cataluña. “No es como los Latin Kings, que venden una historia muy bonita de defensa de la identidad latina, y que él se lo va a creer y se lo van a llevar. Las maras tienen muy limitado el tema de la adscripción.”

Los últimos han sido años difíciles para los MLS, asumiendo que una clica de la Mara Salvatrucha en España haya habido alguna etapa fácil. Sus principales líderes están en la cárcel, y las deportaciones, la crisis económica que ha forzado a familias enteras a regresar a su país de origen en busca de trabajo, y otras que mandaron a sus hijos de vuelta a Centro y Suramérica para que no se siguieran metiendo en líos, estuvieron a punto de hacer desaparecer la clica. Hubo además problemas internos. El Guerrero dice que hay muchos traidores, y que los hay también que andan rifando MS-13 “más por la droga que por la Mara”.

Los Morritos dejaron incluso de reunirse unos meses, pero la amenaza de otras pandillas que los supieron divividos les hizo reactivarse, por seguridad. Ser de la MS-13 en Cataluña es un dilema: jugar a la ley del más fuerte no es tan interesante como parecía cuando descubres que tú eres el débil.

—Al principio todo era muy leal, muy unido. ¡No podíamos ni hablar con gente de otras bandas! Todo era unión. Pero luego se fue viendo la doble cara de la gente —dice el Guerrero.
—¿A qué te refieres?
—Que tuvimos problemas con los mayores.
—¿Qué problemas?
—Una vez tuvimos problemas con los Blood pequeños, que se llaman Pride Juniors, y les arrinconamos, pero cuando ya los teníamos llegaron los mayores de ellos, y nosotros llamamos a los nuestros y no llegaron.
—Os dejaron valiendo…
—Nos regalaron. Eso nos enfadó y nos dejamos de ajuntar un tiempo, cada uno por su lado.

A la mayoría de aquellos rudos y veteranos pandilleros que le hicieron soñar con replicar en España la grandeza de la MS-13 en Centroamérica no los ha vuelto a ver.

El Guerrero está pensando en colgar las armas. Sabe que ahora que es mayor de edad las condenas que le pueden tocar por un robo o un navajazo son más fuertes. Además, está recibiendo un subsidio que el Estado concede a quienes salen de la cárcel mientras consiguen un trabajo. Alrededor de 400 euros al mes durante un año y medio. En España, alguien pensó que no es fácil que te empleen si dices que acabas de salir de prisión, y que si un delincuente que cumplió su pena no tiene de dónde vivir es probable que vuelva a delinquir. Por eso el Guerrero recibe un pago que es tres veces el salario mínimo en El Salvador, a cambio de asistir a cursos de formación profesional. Está aprendiendo cocina. Todas las mañanas se pone un mandil y empaniza, fríe, sazona, emplata.

—¿Va a ser un problema calmarse? ¿Te dejará hacerlo tu clica?
—Yo he dado mucho por la Mara y hay otros que solo esperan que dés por ellos, pero los que llevan más tiempo saben cómo era yo antes y que después de mucho tiempo encerrado uno tiene otra mente. Ya hablé con ellos. —Parece que el cansancio se le carga al Guerrero hasta en la forma de hablar y me insinúa que quiere terminar la conversación cuanto antes.
—¿Y qué vas a hacer?
—Voy a estar calmado, a lo mío. No puedo andar con otras bandas, pero sí puedo estar yo solo, con mi novia, a mis cosas.

De la Mara Salvatrucha en Barcelona se puede salir. Los mareros que se asustan, los que se emparejan y consiguen trabajo, los que se cansan de correr, lo dejan y ya. Se avisa al grupo, no se le da la espalda, pero nadie te cobra esa carísima membresía que en Los Ángeles o El Salvador la mayoría de homeboys paga durante la vida entera o con su equivalente, la muerte.

No todas las pandillas en España tienen una puerta de salida tan ancha. Ha habido casos de pandilleros muertos por querer alejarse de los Black Panthers, y de palizas a presuntos traidores, pero normalmente están vinculadas a cambios de grupo, a flirteos con el enemigo. En noviembre de 2012, Los Trinitarios marcaron a cuchillo una enorme equis en la espalda a un antiguo miembro suyo. En los pasillos carcelarios de Cataluña se dice que fue porque se había brincado a la Mara Salvatrucha.

Las pandillas, las bandas, los grupos criminales, coinciden en una lógica invariable: levantan más complejos códigos de lealtad, ejercen más violencia hacia sus filas y más control de salida, en la medida en que tienen más y más oscuros secretos que guardar. En las paredes del Raval, de Pubilla Cases, de Can Vidalet, de Vilapiscinas y de otros barrios en los que tiene presencia, la Mara Salvatrucha no ha grafiteado todavía la ley del ver, oir y callar. La Mara, en Barcelona, no guarda secretos lo suficientemente oscuros.

***

La incesante musiquita de la máquina tragamonedas hace que este bar de Hospitalet parezca más alegre de lo que es. Control, el hermano del Guerrero, ha pedido un jugo de naranja y me mira desconfiado, altivo, como si fuera el cancerbero de una puerta que lleva al mundo secreto de la pandilla. Su hermano no quería que entrara a la Mara, pero en los últimos tres años no ha estado ahí para impedirlo y ahora Control tiene todas las ganas que a él le faltan de crecer en el grupo.

Vive con su padre, que es, dice, paleta —albañil—. A él le pide, cuando no ha podido hacer algún pequeño hurto, los dos euros semanales que todo miembro de la clica debe aportar para un fondo común. Dice que con eso compran drogas y armas, aunque no es probable que 40 euros semanales les alcance para demasiado. Decido provocarle:

—Otros grupos dicen que la Mara no tiene la calle, que sois pequeños.
—Ya… —es evidente que se ha incomodado. El gesto se le ha arrugado.— A nosotros nos vale verga. Ellos no saben nada de nosotros y nosotros no queremos saber nada de ellos, ni lo que opinan ni nada… Ellos no saben lo que vamos a hacer.
—¿Y cuál es vuestro objetivo como pandilla?
—Ser una sola banda en Barcelona, que quedemos solo nosotros. Aunque haya otros hijos de puta por ahí sueltos, como pandilla que estemos solos.
—Eso parece imposible.
—La gente solita está dando piso, y se exponen a que les demos verga. Les vamos a dar duro siempre. Que corra sangre…
—¿Qué significa que corra sangre?
—Que los partamos. En una misión, por ejemplo.
—¿Ya has pensado alguna vez en en matar a alguien?
—Sí… pero a mí me gusta hacer las cosas cuando estoy jalado, fumado.

Control se siente rudo. Es evidente que tiene cierta escuela centroamericana: llama “chavalas” a sus enemigos, cualquiera que sea su pandilla, y “diecihoyo” a la dieciocho, como hacen muchos mareros en El Salvador o Guatemala. Tiene un tatuaje grande en el brazo izquierdo. Un enorme dibujo de un animal que camufla un 1 y un 3 que se hizo hace un par de años. También tiene tatuados los tres puntos que simbolizan, explica, la vida loca. Control se siente fuerte. Asegura que si el Crazy estuviera en la calle en vez de en la cárcel, él sería ahora su mano derecha.

Es tarde. Le espera su padre en casa para cenar. Después de despedirse, sonríe y me hace un último comentario con el tono de quien regala una primicia:

—Mañana hemos quedado para ajustar cuentas a un chavala.

Cuando se ha marchado, el educador de centro de menores que me lo ha presentado, que ha permanecido en silencio durante la charla, me dice: “Conmigo no se hace tanto el duro”. En realidad, pienso, Control no ha logrado representar del todo el papel de maldito, de pandillero dispuesto a todo. Hace unos minutos, después de hablar del futuro de la Mara Salvatrucha, le pregunté cuál es su objetivo en la vida, cómo se imagina a sí mismo dentro cinco años

—Seguiré con la Mara.
—Pero, ¿qué quieres haber logrado en cinco años?

Y aquí el pandillero que acababa de hablar de sus planes para asesinar y aniquilar a sus enemigos pensó unos segundos y lanzó un deseo:

—Traerme a mi abuela. Está en Guayaquil, en Ecuador.

I. El fin de la primavera de Claudia Paz.

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves. La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11. Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo.
—¿Y qué le respondieron ustedes?
—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

Se trataba de un movimiento defensivo. Aunque Paz y Paz pensaba que el pulso por la duración de su mandato estaba resuelto, sabía que vendrían otras acometidas. Con el traslado de Aguilar pretendía sembrar en otras instituciones la experiencia de sus tres años de gestión encarnada en su equipo, una decena de jóvenes abogados penalistas y de Derechos Humanos con los que trabaja desde hace más de una década. El mayor de ellos tiene 50 años. Los hay, como Aguilar, que apenas superan los 30.

Díaz tiene 29. Tiene maneras de estudiante aventajado. Le gusta hablar rápido, tiene un humor cortante y la risa ácida, de sarcasmo destilado. Justo después de la reunión tenía un almuerzo con dos periodistas de Plaza Pública. Con ellos estaba cuando recibió la llamada: la CC había acortado el periodo de la Fiscal.

—En diciembre se juntaron un grupo de abogados de Zona 10 con Pérez Aguilera, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, y él ya les anticipó que Paz y Paz se iba en mayo —dice—. Nosotros sabíamos eso…Y aun así llevábamos una semana como cantando victoria. Ellos nos engañaron, lo hicieron bien, no les vamos a quitar el mérito.

***

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. Lo dice, con esas palabras exactas, uno de los hombres que más influyó en él para que lo hiciera: Carlos Menocal, un experiodista que en aquel momento era ministro de Gobernación.

Corpulento, saco informal, mochila al hombro, barba cuidada y lentes de diseño, Menocal duda si pedir o no un café. Transmite siempre la idea de tener prisa, de estar extremadamente ocupado y a punto de irse, pero da detalles y explicaciones por casi una hora, como si que se sepa lo que sucedió hace cuatro años fuera parte de su trabajo. En eso, el Carlos Menocal periodista se impone al político.

—Álvaro Colom estaba un poco acomplejado porque en su gobierno no avanzaba el sistema de justicia transicional —dice.— El nombramiento de Claudia Paz, experta en Derechos Humanos, caía como anillo al dedo.
—¿Poner a Paz y Paz fue entonces una batalla personal de Colom para hacer justicia a las víctimas de la guerra?
—Digamos que una batalla personal y de algunos de quienes éramos sus colaboradores.

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie. El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social. La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

En 2009 arrancó una pequeña revolución en el sistema de justicia para evitar que Guatemala se convirtiera en un Estado fallido. La CICIG, creada en 2006 para ser bastón internacional de un país cojo, comenzó a desnudar el aparataje paralelo ilegal que operaba dentro del Estado, y tanto su presión como la cooperación extranjera lograron dotar a la Fiscalía de nuevas herramientas legales y científicas de investigación como escuchas telefónicas y laboratorios de balística. Además, la paulatina aparición de nuevos grupos de poder económico ajenos a las familias tradicionales alteró el mapa de influencia en el poder judicial y permitió que la Corte de Constitucionalidad levantara el secreto de documentos militares y resolviera que la desaparición, un crimen habitual durante la reciente guerra civil, no prescribía por ser de carácter permanente. Incluso en la Policía, considerada un irrecuperable foco de corrupción, los gobiernos de España y Estados Unidos patrocinaron y formaron pequeños grupos de agentes jóvenes especializados en la persecución de homicidios y extorsiones.

Pero no bastó. Para marzo de 2010, Colom se había visto forzado a destituir, por corrupción, a tres ministros de Gobernación consecutivos y a dos directores generales de la Policía en solo dos años. Su gobierno había estado a punto de enfrentar un golpe de Estado en 2009 y navegaba con dificultad en medio de pulsos de poder en los que resultaba difícil distinguir las ambiciones puramente políticas de las que tenían raíces criminales. Pese a los avances aislados, el mágico país al que millones de turistas llegaban cada año en busca de ruinas mayas era una ruina en sí mismo.

La convulsión final vendría en junio de 2010: el Comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana, renunció públicamente a su cargo alegando que una semana antes Colom había elegido como Fiscal General a un corrupto pese a saber, por informes que él mismo le había dado, que tenía vínculos con el narcotráfico. El fiscal bajo sospecha, Conrado Reyes, fue forzado a renunciar y se inició un nuevo proceso de selección. Por eso Colom pudo elegir en diciembre a Claudia Paz y Paz.

Cuando le pregunto a Menocal cómo explica que el mismo Álvaro Colom que eligió como Fiscal a Paz y Paz hubiera elegido meses antes a Reyes, le renace el político y trata de lavar las manos del presidente:

—Colom escucha mucho. Fue una decisión demasiado democrática —dice.— Escuchó a muchos sectores y especialmente a su partido.
—Y todo el mundo dice que en diciembre le escuchó a usted.
—Y a otros funcionarios cercanos. Pese a las presiones de su partido, empresariales y dentro de su mismo gobierno, en diciembre tomó la decisión más acertada para el país, no para su partido, ni siquiera para él.

Los miembros de la comisión de preselección del nuevo Fiscal incluyeron a Paz y Paz en la lista final de seis aspirantes para que su perfil académico y progresista adecentara el proceso de cara a la opinión pública, en un momento en el que la legitimidad del sistema político flotaba en las cloacas. Daban por hecho que el presidente no sería tan estrafalario como para seleccionar a una abogada de ideas provocadoras, dedicada por años al esclarecimiento de los crímenes de la guerra y sin amigos ni deudas en la política. Se equivocaron. A las 12 del mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, Colom le dijo a Menocal que se preparara, que Paz y Paz sería nombrada a las seis de la tarde y él sería el único miembro del gabinete presente. También pidió que se enviara invitaciones urgentes al resto de poderes del Estado y a las delegaciones diplomáticas.

Al evento solo llegaron seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos. La Fiscal que en los siguientes años revolucionaría el Ministerio Público tomó juramento en una ceremonia exprés en un salón pequeño, lejos de los boatos con que se solía investir a sus predecesores. Colom tenía que salir de viaje al día siguiente y quería dejar instalada a la fiscal general. Temía que, si esperaba, en su ausencia pudieran fortalecerse y contraatacar quienes se oponían a ese nombramiento.

En esas precarias circunstancias, era de esperar que el respaldo político de Colom no le sirviera de mucho a Paz y Paz una vez en el cargo. Con evidente intención de obstaculizar su trabajo, el Congreso pasó los siguientes cuatro años sin nombrar al Consejo Asesor del MP, que debe autorizar decisiones administrativas como los despidos. Aunque agitó el MP por dentro e intentó una depuración interna, Paz y Paz no pudo despedir a ninguno de los 286 fiscales y empleados del MP a los que destituyó por corruptos o inútiles durante su gestión. Cuando ella dejó el cargo muchos seguían cobrando su salario a pesar de estar fuera de servicio.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

—¿Qué logran los sectores privados que se opusieron a Claudia Paz y Paz con su salida adelantada? —le pregunto a Menocal.
—Disipan el fantasma de una cacería de brujas en torno al concepto genocidio. El sector poderoso del país piensa que si fue procesado Ríos Montt, el general de generales, el gendarme de la oligarquía, puede caer cualquiera. Se abrió la puerta. Se abrió el dique, y el agua te puede arrastrar. Por eso el primer objetivo es que el tema del genocidio no avance. Mirá, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, por poco que sea, levanta olas. Yo creo que Colom jamás midió las dimensiones políticas de nombrar a Claudia Paz y Paz.
—¿No sabía la que estaba liando?
Exacto. Él que en su gobierno se hizo cientos de miles de peticiones de perdón por crímenes durante la guerra, que llegó a pedir perdón en nombre del Estado por el asesinato de su propio tío a manos del Ejército en el 79, no vio las olas que iba a generar.

***

La jueza Yassmin Barrios hasta para ir a comprar flores se sube a una patrulla policial. Va al supermercado en un pickup con sirenas y rodeada de los agentes de policía que la protegen desde que hace diez años, el día antes a que iniciara el juicio por el asesinato del obispo Juan Gerardi, alguien arrojó una granada de fragmentación al patio de su casa. El año pasado recibió de nuevo amenazas de muerte y el sistema judicial le asignó un vehículo blindado, pero ella solo lo usa dos veces al día: para ir y regresar de la torre de tribunales. Nada más. Dice que el vehículo no es suyo y gasta mucha gasolina. “Uno debe ser austero, no abusar de las cosas”, argumenta con lógica maternal. Yassmín Barrios, la jueza que en mayo de 2013 condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, trata de reducir lo más complejo a lógicas simples. Y no tiene vehículo propio.

Su casa es pequeña, objetivamente pequeña. Minúscula al lado de su renombre. Nos ha recibido ella misma en el portón que da a la calle, bajo la mirada incómoda de sus escoltas, resignados a las formas sencillas de la jueza. Viste como lo haría, probablemente, cualquiera de sus vecinas, con una falda a cuadros y un suéter azul ajenos a modas. La jueza apenas se permite la vanidad de pedir que la dejemos ir a maquillarse, cuando descubre que en la entrevista habrá un fotógrafo. Regresa con el rostro lavado, los labios rojos y la línea de los ojos pintada rutinariamente de negro. Hasta la vanidad de Yassmín Barrios renuncia a la grandeza.

—¿Es difícil ser jueza en Guatemala?
—Sí, definitivamente sí lo es. No por los casos que se juzgan sino por el contexto que nos rodea.
—¿Qué contexto?
—La situación de violencia que impera, y la inseguridad para los juzgadores.
—¿Cree que hay jueces que se excusan de conocer ciertos casos por miedo?
—No puedo contestar lo que es referente a otras personas. Eso lo contestarían ellos. Cada quién sabrá por qué se excusa. Lo que sí puedo decirles es que las excusas solo se pueden plantear cuando existe un motivo. No hay por qué excusarse. Uno está obligado a cumplir con su deber.
—Pero por ejemplo, un motivo podría ser que le lancen dos granadas en el patio de casa, como le ocurrió a usted.
—Eso fue una noche antes, el debate era al día siguiente. Y me presenté a trabajar.
—¿Qué la mueve a usted a seguir adelante en unos casos que son tan complicados?
—Simplemente soy juez. Cuando empecé a trabajar hice un juramento. Esto es parte del ser juez.

Antes de que la salida de Claudia Paz y Paz de su cargo redibujara el mapa de la Justicia en Guatemala, la idea original de este texto era perfilar al puñado de personas que en los últimos años parecían haber arrebatado el país de los brazos del crimen organizado y los pactos de impunidad. Un puñado de intocables. Mandos medios policiales, fiscales de carrera, mujeres de la proyección internacional de Paz y Paz o Barrios. Una casta de equilibristas que en un entorno político minado y trabajando en instituciones altamente contaminadas asentaban precedentes impensables en países vecinos como El Salvador u Honduras, incapaces de juzgar al 95% de sus criminales de hoy y ni a uno solo de los violadores de Derechos Humanos del pasado.

Durante las ocho semanas que duró el juicio contra Ríos Montt, Barrios fue una pequeña David de pelo rizado que se batía contra la historia, las estridencias de los abogados defensores y el Goliat invisible de la presión política y mediática. Los querellantes intentaron maniobrar con cuidado para no incendiar el país, mientras los partidarios de Ríos Montt y las cúpulas empresariales acusaban a Paz y Paz y a Barrios de resquebrajar Guatemala y poner en riesgo los acuerdos de paz. La derecha guatemalteca cerró filas, restableció lazos con influyentes militares retirados y olvidó sus diferencias por un fin común. Hubo varios intentos legales de detener las audiencias y en todo momento se temió que una zancadilla política truncara el proceso.

Sabedora de que caminaba por un puente estrecho, la Fiscalía llegó a retirar testigos a última hora para no incriminar al presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante en el terreno durante las masacres de aquellos años, y así evitarle la tentación de intervenir en secreto para detener el juicio.

En una breve encuesta hecha por la universidad Rafael Landívar aquellos días, un 72% de los entrevistados dio por hecho que el proceso no llegaría a su final o el exdictador sería declarado inocente sin tomar en cuenta las pruebas en su contra. Otro estudio de la misma universidad apuntó que el 61% de los columnistas de los principales periódicos del país respaldaron el juicio en sus artículos, pero la sensación de la jueza Barrios era, lo afirma ella, de cerco mediático.

Tal vez sea que las élites guatemaltecas ni siquiera necesitan generar mayorías para vencer balanzas. A medida que el juicio avanzaba se acrecentó la sensación de que su voz penetraba en las carnes del proceso. Puede que fuera un resorte anidado en la conciencia colectiva del resto del país, que reaccionó a la voz de sus viejos amos como el hipnotizado que revive recuerdos al escuchar una palabra clave o una melodía determinada.

Aun así, marzo y abril de 2013 fueron meses de esperanza para quienes llevaban décadas pidiendo reformas en la justicia guatemalteca. En menos de una década se había pasado de los ajusticiamientos trogloditas a manos de la Policía a investigar y llevar a juicio tanto a delincuentes comunes como a exdictadores que en nombre de las ideas fueron tan asesinos como los gatilleros de Berger. Si a eso le añadimos que desde 2010 el país experimentó un lento pero constante descenso en la cifra de homicidios, Guatemala vivía una primavera de la Justicia.

Pero desde que el 10 de mayo de 2013 Barrios condenó a Ríos Montt se comenzaron a encadenar mensajes de retroceso. Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Primero fue la rápida anulación del juicio, solo diez días después de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad, controlada, según fuentes tanto de izquierda como de derecha, por la cúpula empresarial tradicional y en menor medida por el Ejecutivo de turno, alegó defectos de forma para ordenar que el juicio completo se repita. En teoría debe celebrarse en enero de 2015. Después vino la arremetida contra Claudia Paz que terminó en su salida adelantada del cargo.

En medio, el Colegio de Abogados de Guatemala intentó suspender en su cargo a Yassmín Barrios, por supuestas faltas éticas en el trato a un abogado defensor durante el juicio. Su sanción nunca llegó a aplicarse y terminó siendo desestimada por la CC, pero una mancha negra cayó sobre quienes habían intentado juzgar al exdictador.

Es como si alguien estuviera cerrando por decreto la primavera.

—¿Se siente parte de un pulso entre dos Guatemalas? —le preguntamos a Barrios.
—¿Por qué me pregunta esto?
—Porque hay claramente dos Guatemalas, como mínimo. Una que quería que el juicio a Ríos Montt llegara a término y otra que no quería que se completara. Hay una parte de Guatemala que se identifica con usted, y otra que la denuncia y presiona.
—Soy una mujer que cree en la justicia, nada más. Soy abogada. Creo en la justicia. Así de fácil. Sin mucha confusión.
—Lo cuenta usted como si fuera sencillo.
—Lo es. Soy una mujer. Soy una abogada. Creo en la justicia. Así de directo y concreto.

Las respuestas de la jueza son de una sobriedad frustrante para cualquier entrevistador. Todo intento por conseguir que se pronuncie sobre el contexto del juicio o sobre la política guatemalteca es inútil. Se niega a responder las preguntas acerca del impacto del juicio en la sociedad o del grado de independencia que hay en la Justicia guatemalteca. Ni siquiera entra a valorar si Guatemala es racista 30 años después del genocidio.

Por momentos se comporta como si estuviéramos en su sala de audiencias y ella estuviera presidiendo. Responde desde su sofá con la espalda estirada y las manos en el regazo, casi inmóvil, con una sonrisa perpetua, y pide en cuatro ocasiones que se reformule alguna pregunta porque no comparte su premisa o porque el asunto excede sus competencias como jueza. Tiendo a pensar que es tan prudente porque sabe que cualquier palabra suya puede ser usada en su contra por sus adversarios.

Pero existe otra posibilidad. Una más probable. Yassmín Barrios es tan pulcra al conducirse y obrar, tan de libro, que como periodista te desafía a buscarle grietas, defectos, lados oscuros. En su caso no los encuentras. Puede que no se trate de una mujer prudente por miedo a sus enemigos, sino de que solo alguien de carácter tan discreto y comedido como el de Yasmín Barrios haya podido sobrevivir más de una década en primera línea de un sistema de Justicia acorralado por intereses económicos, políticos y de grupo.

—Un nuevo juicio a Ríos Montt, ¿qué significa para la Justicia?
—Puedo hablar de lo que nos correspondió a nosotros jueces —se mide, de nuevo, Barrios—. Nuestra sentencia, porque somos los tres jueces del tribunal quienes la dictamos, constituye un avance. No solo la realización del debate sino llegar a la sentencia. Hay valoración de testigos, de peritajes, de documentos, y hay responsabilidad del acusado por delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Constituye un avance no solo para Guatemala sino para América Latina y para el mundo entero.
—Existe otra lectura: sentar a un exjefe de Estado para juzgarlo por genocidio sin duda es un avance, pero por otro lado las reacciones fuera del tribunal y el resultado final, de nulidad de la sentencia…
—Le aclaro que no se anuló la sentencia. Se anuló el proceso. Son cosas diferentes. La Corte no anuló el análisis que efectuamos. No señaló ningún defecto en la sentencia, no entró a estudiarla, y eso es muy importante.
—O sea, que…
—Es un caso sui generis. No hay un antecedente de esa naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico penal.
—¿Y usted cree que la anulación fue contra el ordenamiento jurídico?
—Creo que lo más importante es lo que los demás piensen.

“Lo que los demás piensen” es un concepto confuso. Cuando la CC anuló el juicio contra Ríos Montt hubo organismos internacionales que lo consideraron una aberración jurídica. Organizaciones de sociedad civil denunciaron el carácter político de la decisión tomada. Y el entonces comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anesse dijo en público tres meses después que se trataba de una “anulación ilegal”.

En el otro extremo reaccionaron, cabía esperarlo, los representantes del CACIF, la organización que históricamente ha concentrado a la cúpula empresarial del país. Ellos mismos habían pedido la nulidad del juicio, y acusaron al comisionado Dall’Anesse de vulnerar la Constitución guatemalteca al desafiar una decisión judicial. A ese punto, el costarricense le quedaba solo un mes en el cargo y ya estaba, por tanto, fuera de la partida. Un comunicado de la CICIG durante el juicio, denunciando la campaña mediática de presión para que Ríos Montt fuera declarado inocente, lo enfrentó con el gobierno de Pérez Molina, que se quejó por vía diplomática ante la ONU y forzó su salida del cargo. Tomar postura contra Ríos Montt en el juicio por genocidio te granjea enemigos poderosos en Guatemala.

***

Yassmín Barrios y Pablo Xitumul durante el juicio contra Rios Montt. Foto Plaza Pública/Sandra Sebastián

El magistrado Pablo Xitumul, que junto a Patricia Bustamante y Yassmín Barrios conformó el tribunal que condenó a Ríos Montt, asegura que no recibió presiones o amenazas directas durante el proceso, pero dice que su teléfono estaba intervenido y no olvida que uno de los abogados defensores del militar le gritó en plena sala de audiencias: “no voy a descansar hasta verlo tras las rejas”. En otro caso, esas palabras no hubieran significado demasiado. En este resultaba tan difícil medir su alcance que el juez las recuerda un año después de que todo acabara.

—Aquellos días, frente a mi residencia pasaban patrullas militares por la vía, porque yo vivo a la orilla de la carretera. Ahí estuvieron durante todo el juicio. Yo al inicio dije “qué bueno, están prestando seguridad”, pero 8 o 15 días después de terminar el juicio se fueron y hasta ahora no han vuelto. ¿Será una coincidencia?
—¿Usted cree que lo era?

Xitumul, originario de una pequeña aldea indígena en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, calla un instante, sonríe y achina un poco más, si eso es posible, sus ojos rasgados.

—Y la otra: que la Policía Nacional Civil retuviera en esos días como en cinco oportunidades a mi hijo mayor, que trabaja en una cadena de restaurantes y a veces regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Justo llegando a la casa lo paraban, le bajaban de la moto y le pedían su identidad. ¿Será una coincidencia o casualidad? Yo creo que no.

Pablo Xitumul acaba de salir de audiencia y me recibe en su despacho, en el que se hacinan un escritorio, tres sillas y un sofá que apenas dejan espacio para caminar. Junto a Barrios y Bustamante acaba de condenar a una veintena de años de cárcel a seis hombres que formaban una banda de secuestradores. Como sucedió en el juicio por genocidio, él no ha abierto la boca en todo el proceso. Se ha mantenido tieso y callado en su silla, deliberando entre susurros con sus compañeras alguna que otra vez, pero sin hacer pública su voz. Me atrevo a decir que en Guatemala poca gente la ha escuchado. Para la mayoría, el Juzgado A de Mayor Riesgo tiene un solo rostro: el de Yassmín, centro de todas las miradas y ataques —a su peinado, a sus gestos, a su supuesta ideología— de quienes querían que Ríos Montt fuera declarado inocente.

—Ellos tenían objetivos específicos. El primero era desintegrar el tribunal. ¿Y cómo se desintegra el tribunal? Cambiando a la presidencia. Cualquiera de nosotros que estuviera en la presidencia hubiera sido atacado. Hubieran buscado la manera —dice Xitumul.
—¿Y por qué cree que eran esos ataques?
—Por el tipo de juicio, el tipo de personaje a juzgar y también el tema subyacente, que es el conflicto armado.
—Pero se ha juzgado otros casos de crímenes de guerra, sin este revuelo.
—Esta vez el objetivo inicial era no permitir que fueran llevados a juicio estos personajes, pero no por el personaje en sí, sino porque en Guatemala y en otros países se ponen de acuerdo la cúpula militar, empresarial y política. Ellos temían que el juzgamiento de un individuo de estos produjera un efecto dominó hasta llegar a los empresarios.
—Parece que ese es el punto clave: los empresarios.
—Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. No lograron evitar el inicio del debate, y entonces la consigna era parar el juicio: a la cuarta parte, a la mitad, casi al final… Pero tampoco. Entonces hicieron lo que pudieron hacer.

A estas alturas es evidente que el hombre callado del tribunal es, en privado, mucho menos reservado con sus opiniones que Yassmín Barrios. Pablo Xitumul tiene algo de desprendido en su manera de hablar. Como si lo que le pudieran arrebatar no importara, como si ya estuviera de vuelta de todo. Será porque su padre desapareció en 1982, cuando él tenía siete años, y desde entonces le ha tocado encarar poderes. Cuenta cómo, tres meses después de la desaparición, fue con su madre a la presa Chixoy, en cuya construcción trabajaba su padre, para reclamar sus salarios pendientes. Les pidieron un acta de defunción. Les sugirieron que investigara todos los cadáveres encontrados en esos meses en la carretera de Guatemala a Cobán. Él dice que se plantó, que argumentó, que consiguió que le dieran a su madre “un chequecito”.

No es que sea un justiciero: cuando años después decidió estudiar derecho lo hizo por eliminación. Ya antes había tenido que interrumpir sus estudios por falta de dinero y no quería volver a hacerlo. La de Derecho era la única carrera cuyos horarios le permitían continuar trabajando para pagarse la universidad. En eso, Xitumul se parece a Barrios: tiene una mirada y un juicio eminentemente prácticos.

—¿Oiga, la justicia en Guatemala está sometida a un pulso político?
—Bastante. Bastante. Bastante. La carrera judicial inicia en el juez de paz y llega a juez de instancia, donde estamos nosotros. Todos pasamos por un proceso de selección, evaluación y nos nombran para un periodo de cinco años. ¿Pero qué pasa con los magistrados de Corte, de sala de apelaciones, de Corte de Constitucionalidad?
—No sé. Dígamelo usted.
—Pues que vienen de afuera, sin haber sido jueces muchos de ellos, pero apadrinados por partidos políticos o grupos empresariales. Y todo eso hace que se comprometa su actuar. Ha habido muchas personas que por compadrazgos, por conectes, llegaron a una magistratura. Siempre hay grupos que van a luchar por llegar ahí. Por eso para mí no hay una garantía de que realmente se administre justicia.
—Pinta usted un escenario oscuro. Es pesimista.
—Solo le soy honesto. Mire, yo vivo en Guatemala, y he visto que nada más tomar posesión la Corte Suprema ya los magistrados se reunían en desayunos, almuerzos, pláticas, charlas, con grandes grupos económicos. Yo, como juez, no podría ir a sentarme con ellos. Yo me dedico a mi trabajo y no quiero comprometer mi forma de resolver. Tengo para comer, tengo para lo básico. Muchos quisieran abarcar más y vivir en lujos, por eso se olvidan de la Justicia.

Las palabras de Xitumul se podrían atribuir a la decepción. En 2009, lo admite, él también participó como candidato a magistrado de sala de apelaciones. Pensó que no tenía perfil suficiente para optar a la Corte Suprema, pero sí los méritos académicos y la experiencia para integrar un ente, el de apelaciones, más técnico. En la fase de preselección le adjudicaron 46 puntos sobre 100 y no le incluyeron en la lista final sobre la que decide una comisión nombrada por el Congreso. Se frustró. Dice que no va a participar nunca más en uno de esos procesos.

—Pero no crea: tampoco entraron quienes tenían 86, 88, 89 puntos, incluyendo a mi compañera Yassmín, que fue de las mejores calificadas.
—¿Tampoco llegaron?
—A ella la incluyeron en el listado solo para cumplir. Pero a la hora de la votación en el Congreso de la República no la tomaron en cuenta. Y en mi caso tampoco fueron los puntos, porque se fueron en el listado final personas que habían sacado 29, 30 puntos y que son los actuales magistrados de sala.

***

Antes de forzar la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes en 2010, la CICIG ya había sacudido el sistema de justicia guatemalteco con otra denuncia pública. El 6 de octubre de 2009, el comisionado Carlos Castresana denunció que un grupo de abogados estaba tratando de tomar control de la Corte Suprema de Justicia para beneficio propio. Aseguraba que seis de los trece candidatos finales a integrar la Corte estaban vinculados a un abogado y empresario que, en secreto, había movido los hilos para ponerlos allí: Roberto López Villatoro, conocido popular y despectivamente en Guatemala como “el rey del tenis”.

De él se ha escrito que encarna a un sector de empresarios emergentes, enriquecidos a la sombra del Estado —su apodo proviene de una vieja adjudicación pública de compra de calzado—, y que durante la última década él personalmente le ha disputado al CACIF el control de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral, antes campo de cultivo exclusivo de sus influencias. López Villatoro es un hombre público que se mueve con soltura en las zonas grises del sistema. Es un operador al que uno recurre cuando necesita atajos, soluciones políticas a problemas legales o soluciones pseudojurídicas a disputas políticas.

Le he pedido una entrevista para que me confirme la versión de Xitumul acerca de que el sistema de Justicia guatemalteco descansa en una cadena de favores. A él, a quien todos señalan como un maestro en ese negocio de los favores.

Me cita en una cafetería de zona 10 en la que se venden tanto cócteles naturales como ropa de diseño que solo he visto en puertos deportivos y en fotografías de criquet. Antes de comenzar, me pregunta si quiero que hablemos on the record o prefiero que me diga toda la verdad. Cuando le respondo que necesito ambas cosas estira una sonrisa de joker y rompe los protocolos:

—Tengo un amigo que dice que Guatemala es un ajedrez en el que el rey es hueco —homosexual—, la reina puta, y los alfiles de los dos bandos hacen negocios entre sí. Todo en un tablero redondo.

Entre líneas, el rey del tenis me está diciendo que es un alfil.

—Dicen usted mueve los hilos para que a uno le elijan magistrado de la Corte Suprema.
—En este país se exagera, se sobredimensiona a las personas. Efectivamente, creo que tengo conocimiento sobre cómo opera el sistema de justicia. Me he preparado. He estudiado tres maestrías…
—Sabe cómo moverse en el sistema de elección.
—Conocer a muchas personas y saber cómo opera el sistema de Justicia te da la experiencia para conocer las fuerzas que operan en el país y saber cómo llegar. Siempre de acuerdo con las normas que establecen la Constitución de la república y la ley judicial, claro.
—Dígame qué tengo que hacer para ser magistrado.
—Tiene que hablar con académicos, con decanos de las facultades de derecho del país, con los líderes de las agrupaciones gremiales del Colegio de Abogados y luego, obviamente, tiene que hablar con los líderes políticos del país. El sistema fue creado con la buena intención de dar peso a diferentes sectores, pero en todo ese camino se pierde la independencia judicial.
—Osea, que cuando llegara a una alta magistratura debería demasiados favores.
—Obviamente, porque tiene que hacer una labor de lobby. Nadie va a llegar por sí solo. Nadie llega si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Esa es la realidad.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por López Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema. Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales, interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Estos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

—El tiempo nos dio la razón —dice.— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar. Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los viejos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta. Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

II. El regreso de los viejos dueños.

El hijo de Claudia Paz leía aburrido y paciente en el despacho de su madre mientras esperaba que termináramos la entrevista. Yo, de alguna manera, también quería que terminara. O que empezara de nuevo. Había viajado desde San Salvador esperando escuchar de la Fiscal un análisis profundo y diseccionador, que me ayudara a entender su duelo con las fuerzas conservadoras del país y abocetar el futuro, pero solo obtenía de ella previsibles respuestas institucionales, algunas de ellas propias de un comunicado de prensa.

—Anularon una sentencia contra Ríos Montt. ¿Estamos en un punto de avance o de retroceso?
—Yo sostengo que es un avance. La posibilidad de que las víctimas declararan frente al perpetrador en una situación de igualdad frente a la ley… Según las palabras de las víctimas, para ellas fue reparador. Luego la sentencia de la Corte nos coloca frente a la necesidad de repetir el juicio.
—En los últimos años parece que la Corte de Constitucionalidad hay momentos en los que se abre a la construcción de una nueva institucionalidad, y hay momentos en los que se cierra.
—Desde la Fiscalía hay decisiones que compartimos y decisiones que no compartimos, pero igual las respetamos.
—¿Y cree que esas decisiones se basan en un proceso honesto de reflexión jurídica, o que están influidas por otros intereses?
—Son argumentos jurídicos que vemos desde otro punto de vista, y en su momento los impugnamos, y la Corte falló… Cómo falló ahí sí que…
—¿Diría que la judicatura en Guatemala es en general independiente? ¿Casos como el de Yassmín Barrios son la mayoría?
—Hay jueces muy buenos, y hay jueces que no actúan con independencia.

Algo no cuadraba. Había leído un artículo aún inédito de Francisco Goldman, autor de “El arte del asesinato político”, el libro medular para saber cómo fue el asesinato de Juan Gerardi y cómo opera el poder en Guatemala. El artículo incluía una intensa entrevista con la Fiscal y dos de sus colaboradores, Arturo Aguilar y Mynor Melgar. En ella, el nivel de transparencia y los señalamientos a las personas que boicotearon el juicio a Ríos Montt eran extraordinarios, fuera del tono habitual de la templada Paz y Paz y a años luz de la entrevista que me estaba dando a mí.

Ante Goldman, Paz y Paz habló de “ellos”, de los “intereses arraigados” que durante el juicio al exdictador habían aparecido “sin disfraz, ni nada” en defensa de la impunidad. Entre ella, Aguilar y Melgar nombraron a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), a “los ideólogos del sector privado”, al presidente Otto Pérez Molina, al CACIF, que agrupa a la cúpula empresarial del país…

—(…) Fue para el caso por genocidio que se unieron los sectores más conservadores de este país —dice en la entrevista Aguilar.
—Los “Ellos” —señala Paz y Paz.

Y cuando Goldman le pregunta, sin algodones:

—¿“Ellos” eran cómplices del genocidio?

Ella le responde:

—Pues, imagino, porque tuvieron tanto miedo…

Por eso esperaba a una Fiscal más deslenguada, más directa, e interpreté incluso como una buena señal, de confianza, que me citara en su despacho un sábado. Pero la encontré parapetada, cauta. Cuando le hice referencia al texto de Goldman, a sus propias palabras ahí citadas, se mostró sorprendida y dijo no recordar haber dicho aquello. Se hizo un silencio incómodo. Aunque la conversación siguió, la entrevista terminó con un deje de desconcierto.

Después. Mientras bajábamos hacia la salida en el ascensor privado que la Fiscal General usa por motivos de seguridad, Claudia Paz me preguntó si podía obtener una copia del artículo que había citado. Le expliqué que era parte del libro “Crecer a Golpes”, que iba a ponerse a la venta en pocas semanas. Parecía no terminar de salir de la sorpresa. Al despedirnos, le entregué mi copia del artículo, fotocopiada y llena de anotaciones.

Ese encuentro sucedió el 25 de enero. Una semana después, el viernes 31, la revista Contrapoder publicó en seis páginas un extracto de la entrevista de Goldman. Claudia Paz y Paz piensa aún hoy que esa publicación, la de Contrapoder, le costó el puesto.

***

El tiempo que se ha retrasado Ricardo Sagastume en llegar a nuestra cita en su despacho me ha servido para dos cosas: una, ver el primer tiempo del último e intrascendente partido de España en el Mundial de Brasil; otra, pasear por los títulos de abogado de su padre, Ricardo Sagastume Vidaurre, colgados en las paredes de madera de esta sala de visitas. Él mismo me mostrará más tarde, con evidente orgullo, una fotografía de su padre como presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1982, tras ser colocado en el cargo, a dedo, por Efraín Ríos Montt.

Al frente de un Poder Judicial de papel, sometido al dictador, el viejo Sagastume respaldó la desaparición del habeas corpus y legitimó los tribunales de fuero especial, formados por jueces secretos que se alimentaban de confesiones bajo tortura y ordenaron al menos 15 fusilamientos en un año. De ese legado parece estar orgulloso, treinta años después, el hombre que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad el amparo que consiguió, como deseaba el CACIF, acortar siete meses el mandato de Claudia Paz y Paz.

Ricardo Sagastume hijo, abogado también, tiene su propia trayectoria pública en Guatemala. Antes de que la CC le diera la razón y decidiera que el periodo de Paz y Paz era la continuación del de Conrado Reyes y por tanto debía cerrarse justo cuatro años después de la elección de aquel, en mayo, Sagastume fue jugador profesional de fútbol. Y candidato a la presidencia en 2011 con el respaldo de AVEMILGUA, cuyos dirigentes testificaron a favor de Ríos Montt en el juicio. Y llegó a ser director ejecutivo de la Cámara de Industriales. Su despacho legal está precisamente en la cuarta planta del edificio de la Cámara, una de las gremiales más influyentes en el CACIF. Evidentemente Sagastume no esconde sus ideas ni sus filias.

Es de hecho un hombre de inusual transparencia. “A quienes de alguna manera podemos incidir en el país poco o nada nos importa la institucionalidad”, se lamentará en un punto de nuestra conversación. Crítica la miopía de los grupos de poder desde el asiento que él mismo se reserva entre la derecha ilustrada de Guatemala. Sagastume es una de esas personas que, pese a moverse en un mundo, el de las élites empresariales, que se alimenta de secretos, presume de honestidad intelectual y trata de mentir o esconder lo menos posible. Se ve a sí mismo como un buen hombre. Tal vez en el fondo lo sea.

—Usted hizo lo que el CACIF no se atrevió a hacer…
—Lo que nadie se atrevió a hacer. Y lo seguiré haciendo. Se debía respetar la Constitución.
—Pero además es de los que piensan que lo mejor para el país era que Claudia Paz y Paz dejara cuanto antes la Fiscalía.
—Sí. De haber seguido hubiéramos llegado a una debacle peligrosa, se hubiera perdido la gobernabilidad del país. Si estamos con esta polarización sin la doctora Paz y Paz, con ella hubiera sido terrible. Además, el juicio del señor Sperisen ha generado un elemento adicional. Con o sin Claudia Paz y Paz, el tema es un polvorín.

No es el primero que me habla del caso Sperisen, aunque me sorprende oírlo de él. Defensores de Derechos Humanos y periodistas me han advertido en las últimas semanas que los mismos columnistas de ultraderecha que en 2013 prendieron las primeras chispas del “si condenan a Ríos Montt condenan a toda Guatemala” han comenzado defender que la cadena de juicios que se están dando en Europa por el Caso Pavón son una ofensa a la soberanía y a los guatemaltecos de bien. Que la izquierda internacional está queriendo manchar, igual que hizo con el juicio por genocidio, la bandera de Guatemala. Que antes en Austria y ahora en Suiza y España se está linchando a funcionarios ejemplares, a hombres justos, a patriotas.

El asunto tendía algún interés si no estuviera tan claro lo que sucedió en la Granja Penitenciaria Pavón, a las afueras de Ciudad de Guatemala, el 25 de septiembre de 2006.

Ese día, bajo el argumento de recuperar el control de la principal cárcel del país, gobernada desde hacía años por bandas de presos en complicidad con las autoridades, esas mismas autoridades entraron en el penal con un ejército de policías, detuvieron a más de mil setecientos presos y ejecutaron a siete de sus líderes. La versión oficial atribuyó las muertes a un enfrentamiento. Aun si no sobraran evidencias y testigos de lo contrario, los balazos a quemarropa que tenían las víctimas hubieran bastado para desnudar la mentira.

La justicia guatemalteca condenó en 2013 a varios de los autores materiales de esas muertes, pero para ese entonces los funcionarios del gobierno de Berger que fueron responsables de la operación ya habían huido a Europa. El subdirector de Investigación Criminal de la Policía, Javier Figueroa, pidió refugio en Austria. Erwin Sperisen, orondo y rubio director de la Policía, y Carlos Vielman, ministro de Gobernación, huyeron a Suiza y España respectivamente haciendo uso de su doble nacionalidad. En Centroamérica, pero especialmente en la racista Guatemala, a la élite de la élite le gusta presumir de su origen europeo y, si se puede, de su nacionalidad europea. Es una forma de distinguirse del resto de guatemaltecos.

Figueroa fue absuelto en Austria de cualquier responsabilidad sobre las ejecuciones de Pavón, pero a Sperisen, líder del operativo y, según la CICIG, uno de los responsables de los grupos de exterminio que operaron en las calles de Guatemala entre 2004 y 2005, le condenaron en Suiza el 5 de junio de 2014 a cadena perpetua por aquellas siete ejecuciones extrajudiciales. Vielman está en una cárcel española, a la espera de enfrentar juicio allí.

—¿Por qué es un polvorín el juicio a Sperisen y a Vielman?
—Porque las heridas de ideologización que creíamos superadas se volvieron a abrir —responde Sagastume.
—¡Pero si un juicio fue en Suiza y otro será en España!
—Sí, pero involucran lo que percibimos como ciudadanos los guatemaltecos. Hay que admitir que la justicia no ha sido lo que esperábamos. Y cuando en un país la justicia funciona para algunos y para otros no, surge la frustración y ya no importa a quién se juzgue porque alguien tiene que pagar. El tema del genocidio y ahora el caso Sperisen colocan a una élite socioeconómica versus una gran mayoría que piensa que alguien tiene que pagar lo que ha venido ocurriendo en el país.
—¿Insinúa que esto es una revuelta contra las élites? ¿No cree que exagera?
—Es que son eventos demasiado trascendentes. El señor Sperisen y el señor Vielman pertenecieron a un gobierno que todo el sector empresarial apoyó. Apoyó abiertamente al candidato Óscar Berger y finalmente se hizo parte del mismo gobierno.
—Lo que usted dice es que a Sperisen y Vielman, sean o no sean culpables, se les juzga con la intención de dañar a grupos de poder.
—Esa es la percepción. Si quisiéramos ser objetivos deberíamos estar procesando a varios exministros de gobernación, a jefes del sistema penitenciario e incluso a expresidentes del país, pero se escogió a estos.

Cuando Sagastume habla de “los guatemaltecos” es evidente que se refiere a las élites tradicionales, a industriales, terratenientes, grandes comerciantes o inversores que, efectivamente, financiaron e incluso participaron en algunas de las operaciones militares del gobierno de Ríos Montt en los 80, y que durante el gobierno de Berger se integraron públicamente en el Ejecutivo hasta casi copar el gabinete. El canciller Jorge Briz había presidido la Cámara de Comercio. El principal maquilero del país, Miguel Fernández, fue nombrado comisionado para Inversión y Competitividad. Que Vielman, miembro de una destacada familia de empresarios y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala fuera ministro de Gobernación no era una decisión aislada. La reacción al juicio en su contra es, en concordancia, de grupo.

De un grupo que según el transparente Sagastume siente que la justicia se le está yendo de las manos.

—Las élites han perdido el control que tenían en los procesos de nominación de determinados funcionarios públicos en el sistema de Justicia—dice.— Hace 20 años participar en el proceso y ser electo era fácil, porque era menor el número de abogados y había más control. Hoy ya no hay control.
—¿Por eso la élite empresarial del país tenía miedo de hasta dónde podía Paz y Paz llevar ciertos casos?
—Había una serie de eventos diseñados para primero perseguir a actores del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado, y la siguiente etapa perseguir a otros actores que colaboraron o contribuyeron a que militarmente el Estado de Guatemala ganara la guerra. Había una fase subsiguiente que justa o injustamente se iba a ensañar con el sector empresarial. Eso es lo que sucede con el caso Vielman. Independientemente de lo justo o injusto del proceso, en Guatemala hay una cacería de brujas.
—Y los que se sentían víctimas de esa cacería de brujas reaccionaron y frenaron a Paz y Paz.
—No, yo creo que, yo creo que… el… —Es impresionante cómo este hombre, de discurso seguro, de repente tartamudea— Yo creo que eso no se ha hecho como sector privado. Quisiera pensar que no se hizo nada para detener la labor de ella… Lo mío fue una cuestión individual, absolutamente independiente. El sector empresarial está preocupado por la producción, la competencia, los mercados… en fin, eso que ellos saben hacer.

Dice él que ser como es y decir lo que dice le ha traído problemas “con ellos”, y ha señalado hacia el techo, hacia los pisos más altos del edificio, en los que están las oficinas de la Cámara de Industriales a la que él pertenece. Es fácil creerlo. Cuando ya casi me despido, Sagastume hace un último comentario que suena a confesión.

—¿Sabe? Nos da miedo que nos digan que somos de una élite específica. ¿Y qué? ¡Si somos ciudadanos como todos! Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a participar, porque desde siempre, cuando hace falta, somatamos la mesa —el abogado hace el gesto, el puñetazo en la mesa—y todo se arregla. Pero claro, eso a la larga nos hace daño como país…

***

A puñetazo en la mesa sonó que el Congreso aprobara el 13 de mayo, con el proceso de elección de nueva Fiscal ya en marcha y Paz y Paz inscrita en busca de la reelección, un documento que afirmaba que en Guatemala no hubo genocidio. “Los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio…”, se lee en los considerandos del texto. Hubo quien reaccionó con indignación e insistió en que una afirmación como esa solo la puede hacer un juez. Hubo quien pidió a los diputados, como burla, que decretaran también que Guatemala había ganado un mundial, pese a no haber clasificado nunca a uno.

El documento no tiene ningún valor legal. El delito de genocidio sigue vigente en el Código Penal guatemalteco y por tanto un juez puede aplicarlo si considera que hay pruebas. Además, Guatemala ratificó en 1951 la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y el Estatuto de Roma, que lo recogen. Sin embargo ese acuerdo legislativo, técnicamente un “punto resolutivo”, fue un agresivo mensaje político.

El subjefe de la fracción del Partido Patriota, Luis José Fernández Chenal, fue el hombre que consiguió los votos para que el punto se aprobase. La propuesta fue de los dos diputados del PRI, el residuo de lo que la década pasada fue el poderoso Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por Ríos Montt y llave para la resurrección política que le hizo presidente del Congreso en 2009. Tiene sentido. Dos diputados de un partido venido a menos, honrando su historia y a su antiguo líder. La pregunta es por qué Fernandez Chenal, un joven de 33 años con carrera meteórica en el partido de gobierno, ahijado político de Otto Pérez Molina, un tiburón legislativo que presume de haber crecido después de la guerra y considera un mérito no tener ideología, maniobró para sacar adelante una resolución tan polémica como inútil.

—Al fin y al cabo un punto resolutivo, como dice mi jefa de bancada, es un poema de amor político. No tiene ningún tipo de vinculación jurídica —reconoce, sentado en una oficina tan lujosa como vacía, a pocos metros del hemiciclo del Congreso—. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar de meter un punto resolutivo por los 40 años de la muerte de Miguel Ángel Asturias.

—¿Y de dónde salió el poema sobre el genocidio?
—Es que como bancada oficial vos tenés que conceder temas que no son tuyos. Nosotros decimos: “queremos incluir un préstamo”, y dice la otra bancada: “perfecto, pero a mí me dejás meter cierto tema”. Eso sucedió. Dijo el PRI “yo les doy los dos votos y me dan a cambio el punto resolutivo”.
—Así. Y ya.
—Así. Nunca se supo exactamente qué iba a decirse en el texto, te lo digo con toda la claridad. “Vamos a hacer un punto resolutivo sobre la reconciliación nacional”, dijeron. Como el tema lo propuso un diputado que tiene cuatro o cinco legislaturas, nadie pensó que fuera a escribir una pendejada.

El texto se procesó como si fuera un trámite bancario. Nadie lo leyó antes. Casi nadie prestó atención a su contenido mientras se leía en la plenaria. Se aprobó con desgana por 87 votos a favor de 158. Por muy poco. 47 diputados no estaban presentes.

—Yo le dije a la gente de la URNG, que son de izquierda: “¿Ustedes ya leyeron el punto resolutivo?, vayan a leerlo, no vayan a ser mulas de votar a favor. Porque ahí estamos diciendo de que el juicio del siglo y no sé qué y no sé cuánto…” —cuenta Fernández, sin indicios de estar bromeando.

Los votos de LIDER, el principal partido de oposición, fueron fáciles de conseguir. Días atrás uno de sus fundadores, Edgar Ajcip, había renunciado a la bancada y acusado a sus diputados de negocios ilegales y abuso de privilegios. A cambio de los votos para el punto resolutivo, el Partido Patriota se aseguró de que la comisión legislativa que debía investigar esos delitos nunca se aprobara.

Nadie dimensionó la travesura hasta que los periódicos del día siguiente titularon “Congreso dice que no hubo genocidio”. Fueron, ahora sí, días de debate y desgaste. Dice Fernández Chenal que en la plenaria siguiente siete diputados se excusaron en público por haber votado a favor: “Perdonen, me equivoqué, yo oí mal”, dice que dijeron.

—Los únicos que de cierta forma iban contento eran los dos diputados del PRI. Uno viene del FRG, y el otro es abogado de la familia Castillo que es afín a la Cámara de Industria y al CACIF.
—¿Y ustedes, en el Partido Patriota?
—No vayas a creer que hubo fiesta dentro del partido. Mucha gente, al ser el presidente Pérez Molina militar, probablemente lo vio con buenos ojos. Pero fue un tema X. El guatemalteco está mucho más enfocado en salir a la calle y que no le roben el celular que en ver si en Chimaltenango hubo hace 20 o 25 años fosas clandestinas. Mirá, nosotros en el área ixil ganamos dos alcaldías y perdimos una. Y en Quiché ganamos ampliamente en votos. Tampoco es que el juicio nos afectara electoralmente. Como te digo, es un tema sobredimensionado.

El nivel de cinismo de Fernández Chenal encaja a la perfección en un Congreso como el guatemalteco, en el que la creación y desaparición de partidos es tan habitual que la mayoría de diputados han militado al menos bajo dos siglas. Catorce de los legisladores actuales militaron de hecho en las filas del FRG. El actual presidente del Congreso, Arístides Crespo, miembro del Patriota, es uno de ellos. Otro es el jefe de bancada del partido TODOS. Como los intereses están por encima de derivas ideológicas, todos los partidos tienen en su fracción al menos a un exmiembro del partido de Ríos Montt. Que el asunto del genocidio les parezca intrascendente, alejado de la política real, es más absurdo todavía si tenemos en cuenta que uno de los diputados del Partido Patriota es hermano de Francisco García Gudiel, el histriónico abogado defensor de Ríos Montt gracias al cual trataron de inhabilitar a Yassmín Barrios. Guatemala es una madeja, y sus elites políticas un nudo de conexiones personales en la cima de esa madeja.

—Aunque sí hay un segundo mensaje dentro del punto resolutivo… —advierte el subjefe de bancada del Patriota—: el Congreso es el que aprueba el presupuesto del MP, el Congreso es el que aprueba el presupuesto del OJ, así que el mensaje que le mandaron a la nueva Fiscal fue “miren, aquí no queremos que estén hablando de investigación de genocidio”.
—Clarísimo.
—Pues sí. Es algo que se lee entre líneas.

Le pregunto a Fernández Chenal cuál era el tema que su partido necesitaba aprobar de urgencia, a cambio de qué apoyó se negoció la aprobación del punto resolutivo.

—Tendría que…si me da cinco minutos me voy a acordar. Tuvo que ser un tema clave… O sea, tampoco vas a creer que…

El relato de Fernández asienta la incertidumbre sobre el peso real que Otto Pérez Molina y su partido han tenido en el cambio de escenario que la justicia guatemalteca ha experimentado el último año. Representantes de varias organizaciones de sociedad civil aseguran que el presidente, por militar retirado, por su pasado de campaña en Quiché y por presión de grupos empresariales, fue un factor clave en la anulación del juicio y en el fin del periodo de Paz y Paz. El entorno más cercano a la exfiscal, aunque no tiene una postura única, coincide en que sin el aval o la omisión consciente de Pérez Molina ninguna de las dos cosas pudo haber sucedido.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, exmilitar también y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, intenta diluir esa hipótesis. Hablo con él durante un largo desayuno. Es un hombre de respuesta rápida, inteligente, que cree conocer el camino hacia todas las soluciones. Trabajó muy de cerca con Paz y Paz, y tanto en el MP como en los niveles medios del Ejecutivo me confirman que el nivel de coordinación interinstitucional que hubo entre ambos fue extraordinario. Alguien como él, que aspira a ser un día presidente, no permite que las diferencias ideológicas le empañen la búsqueda de resultados.

—¿Este gobierno celebró la salida de Claudia Paz y Paz del Ministerio Público?
—No. En el equipo de Seguridad teníamos la expectativa de que ella pudiera continuar. Con los niveles de institucionalidad precaria que a veces tiene el país, los que sobresalen son las personas, pero nosotros creemos en procesos.
—¿Eso quiere decir que la preferían a ella o que no les importa la persona?
—Me refiero a que aquí ha sido tradicional que cada presidente quiera tener su propio Fiscal General. Lo hizo Colom, lo hizo Berger, lo hizo Portillo… Los presidentes ya vienen con un cuestionario para que el Fiscal no pueda responder y entonces le destituyen y nombran a otro. Igual que cada quien quiere tener su propio presidente del Banco de Guatemala y su Procurador General de la Nación. El presidente Otto Pérez, pese a todas las presiones que tuvo, derivadas de la lucha ideológica que pervive en el país, Mantuvo a Claudia Paz y Paz pese a todos los rumores de que la iba a destituir.
—¿Quién le presionaba para que quitara a Paz y Paz?
—Siempre ha habido presiones, de muchos grupos. Presiones de grupos de derecha, que pensaban que una Fiscal que viniera del área de Derechos Humanos no era la mejor opción. Pero les invito a preguntar a Claudia Paz y Paz si alguna vez tuvo una sola llamada del presidente para pedirle algún favor, para ejercer presión o para hablarle de un caso en específico. Jamás.
—¿Por qué no es entonces Fiscal?
—Lo que crea el presidente, lo que creamos en el gobierno sobre el relevo en el MP no garantiza ninguna decisión de las comisiones de postulación. Pero si Claudia Paz y Paz pasaba dentro del grupo de los seis existía una altísima posibilidad de que fuera designada por el presidente. Eso es algo que nosotros sabíamos.

Fuentes cercanas a las Comisiones de Postulación que hacen el filtro previo sugieren que fue precisamente eso lo que impidió a Claudia Paz y Paz ser una de los seis finalistas que se le ofrecen al presidente para que elija Fiscal. La Comisión de Postulación no quiso arriesgarse a que Pérez Molina, pensando en su imagen internacional y las buenas cifras del MP, la reeligiera en el cargo. Por eso, pese a tener en preparación y experiencia la segunda puntuación más alta de todos los aspirantes, solo cuatro de los trece comisionados votaron por ella. Cuatro.

Ese día los enemigos del juicio a Ríos Montt, los “ellos” de los que Claudia Paz hablaba en la entrevista con Goldman, respiraron aliviados. Ricardo Sagastume, el abogado que acortó el periodo de la Fiscal, me lo dijo así: “Cuando Paz y Paz no entró en la nómina de seis todo fue como un pastel que ya no siguió creciendo. El tema ideológico se eliminó y lo que quedó ya fueron solo los intereses, la pregunta habitual de quiénes estaban detrás de cada uno de los seis”. La ideología era un problema, pero los intereses, individuales o de grupo, negociables, son para “ellos” la solución para la Justicia.

—¿A Claudia Paz la sacó el CACIF?
—Esto entra en el marco de las especulaciones. El CACIF no es un ente absolutamente homogéneo. Hay corrientes.
—Pero hubo señalamientos oficiales del CACIF contra su gestión.
—Yo no recuerdo… no recuerdo un pronunciamiento institucional. Y también hubo demasiado ruido de grupos en favor de Claudia. Hubo inclusive gente haciendo acopio de pronunciamientos de otros países. Ya conoces el viejo dicho: “no me ayudes, compadre”. Muchas veces si hay mucha insistencia también aumenta la resistencia. Qué tan militante es la gente que te apoya también sube el nivel de la confrontación.
—¿Está diciendo es que quién tenía el poder de decidir si Claudia Paz seguía o no se sintió amenazado por el ala más radical de la sociedad civil?
—No. Digo que por algo Claudia Paz y Paz fue la candidata con mayor número de objeciones . Aquí lo que hubo fue una medición de fuerzas, si queremos verlo así.

***

Las oficinas de la revista Contrapoder están en lo alto de un edificio en la Zona 9 de ciudad de Guatemala, cerca, muy cerca, de la simbólica Zona 10 en la que, entre hoteles y bares de moda, se supone que se levantan los despachos de las mayores empresas del país y los bufetes de los abogados de esas empresas. Alrededor de una mesa de cristal están sentados los tres cerebros de la revista: el director Juan Luis Font, la subirectora Claudia Méndez y la editora Paola Hurtado.

Claudia y Paola son dos reporteras de investigación de larga trayectoria y prestigio. Juan Luis dirigió El Periódico en tiempos en que era referente de independencia en el país, y años en televisión le han convertido en el principal rostro de un periodismo de credibilidad pero que huye de estridencias. A Juan Luis le respeta la izquierda y le escuchan con atención las élites de derecha.

—Antes de nada quiero contarte lo que pasó con la entrevista de Frank —Me dice Claudia, amiga de Francisco Goldman desde hace mucho y su principal cómplice en la investigación que le permitió escribir en 2009 “El arte del asesinato político”. De hecho, fue ella quien le ayudó a conseguir la polémica entrevista con Paz y Paz.
—Para eso he venido —le respondo.

Probablemente fue el exceso de confianza entre el periodista y su fuente lo que hizo que Claudia Paz y sus colaboradores hablaran con tal franqueza a Goldman, y que imaginaran, sin preguntarlo, que la conversación era privada, entre amigos. El periodista grabó la conversación, y al no haber pactado con la Fiscal ningún off the record terminó publicándola. Claudia Méndez siempre supo que Goldman preparaba el texto para un libro, y cuenta que cuando escuchó que estaba por salir a la venta propuso a su responsable de cultura que comprara los derechos de reproducción sin ni siquiera leerlo. Cuando revisó las pruebas de impresión y vio el contenido, le pareció interesante pero no especialmente explosivo. Está claro que es menos sensible a los señalamientos que los miembros del CACIF.

—Yo tengo una fuente que dice que cuando vieron eso dijeron: “Ya, ya, no más, de una vez” —dice Paola.
—No, la decisión de que ella debía salir no dependió de un artículo —le discute Claudia.— Venía de hace tiempo. De hecho nosotros publicamos en diciembre. Yo estuve en una reunión con abogados que me dijeron: “Se está pensando preguntarle a la CC cuándo se tiene que ir Paz y Paz, si en mayo o en diciembre”.
—Claro, pero no seamos ingenuos: el artículo lo apresuró. Puso fecha a la decisión. Incidió. Incidió tanto que Claudia Paz, cuando vino a entrevista en el canal, venía furiosísima…

Juan Luis Font tiene la misma edad que Paz y Paz y la conoce desde que tenían tres años. Cosas de la microsociedad acomodada de Guatemala. Celebraron juntos algunos cumpleaños y las bodas de amigos comunes. Él asegura que nunca la había visto tan enojada como el día que, poco después de que la CC recortara su periodo, la invitaron al programa de televisión que los responsables de Contrapoder tienen todas las noches. Dice que en el camerino, con los ojos entrecerrados, la Fiscal le reclamó.

—Vos sabías lo que iba a provocar esto.
—Lo lamento, pero nosotros lo que hicimos fue reproducir una entrevista que vos habías dado —dice Juan Luis que le respondió.— Claudia ¿vos creés que el artículo incidió?

Ella fue cortante. Estaba dolida:

—No era el momento.

Al igual que en algún momento lo supieron Elvyn Díaz o la misma Paz y Paz, a los tres periodistas todas sus fuentes les habían hecho saber que la sentencia por genocidio había logrado que en la segunda mitad de 2013 empresarios y operadores políticos con intereses diversos, que parecían imposibles de aliar, se dijeran unos a otros: “si no nos defendemos, si no nos unimos, nos cuelgan”. Se creó la certeza de que la Fiscal pretendía perseguirlos a todos por su apoyo a Ríos Montt en los 80.

—Pero Claudia Paz y Paz me dijo a mí alguna vez: “Juan, con lo que costó armar este proceso, ¿vos creés que se podría armar uno igual contra alguien más?” —recuerda Juan Luis. Cree que la derecha inventó sus propios cuentos de terror, se asustó a sí misma.

Juan Luis se crió en una localidad del Sur de Guatemala llamada Retalhuleu, entre ganaderos y empresarios que simpatizaron con Ríos Montt y que, en algunos casos, participaron en misiones civiles de bombardeo contrainsurgente. Sabe qué hay en la mente de quienes tomaban y toman decisiones. Ha hablado miles de veces con muchos de esos hombres. Le pregunto hasta qué punto todo esto, todo este pulso por la Justicia, es ideológico o en realidad es miedo a perder la comodidad de estar por encima del bien y del mal, de no tener más juez que tu conciencia, si la tienes.

—No creo que sea ideológico. Yo creo que es más bien por intereses de grupo. Pero ellos interpretan esos intereses de grupo como ideología y consideran que los que cuestionen esos intereses de grupo son enemigos ideológicos.
—Nunca he visto que por razones ideológicas la gente aquí se rasgue las vestiduras y embista con tanta violencia a los contrarios —dice Paola—. La razón es el temor a que la persecución penal ampliara el radio y los abarcara a ellos.
—Ellos se beneficiaron de la derrota de la guerrilla —Juan Luis de nuevo—, y por eso no cuestionan los métodos que se usaron. “Fueron necesarios, muchá”, dicen.
—Pero cuando tú financiaste desde el sector privado el sueldo de Sperisen o a Figueroa, o le diste dinero a Vielman para comprar armas ilegales, cuando sabes que fuiste parte de eso, ahí se te encienden las alertas —añade Paola, apuntando al futuro, a lo que se viene encima.

Me llama la atención que llevan un buen rato hablando de “ellos”, de las élites sin nombrarlas, del mismo “ellos” que usaban Aguilar, Melgar y Claudia Paz y Paz en la entrevista con Goldman. Se lo hago notar, y Juan Luis salta como un resorte y toma de la mesa una edición mucho más reciente de la revista, de junio, en la que publicaron una entrevista con Otto Pérez Molina.

—¡También el presidente habla de “ellos”! —dice.

Y me muestra una parte en la que Pérez Molina habla de su relación con los empresarios y los pulsos con el CACIF por la regulación de la explotación hidroeléctrica y minera. Dice textualmente “Ellos temen que nosotros avancemos y tratemos otros temas, como que el Estado cobre más presencia y participación en esos negocios”.

—Pero es un gran “ellos” que al final está acuerpado por unas grandes capas medias —explica Juan Luis. —Por eso yo también creo que el caso de Sperisen y Vielman va a desatar más tensiones incluso que el caso de genocidio, porque en el caso de genocidio estaba más generalizada la responsabilidad, pero en este caso, imaginate que a alguien se le ocurriera realmente buscar las líneas concretas de financiamiento…

Se hace un silencio como de luto, como de cansancio anticipado antes de un gran esfuerzo.

—¿Creéis que la justicia en Guatemala algún día le llegue a esos “ellos”?
—Para los hechos de la violencia de la guerra, no —dice Juan Luis Font, que hace una breve pausa, piensa—. Y para otro tipo de hechos, tampoco.

***

—¿Teníais conciencia de hasta qué punto íbais a poner a prueba el sistema? —le pregunto a Elvyn Díaz, el sarcástico exsubsecretario privado de la Fiscal. Nos hemos reunido en un bar de ambiente bohemio. En una sala se expone una instalación de arte conceptual consistente en 200 cuchillos colgados del techo y en la de al lado te sirven gintónics, papas con tocino y croquetas de queso. Dice que deja el MP satisfecho de lo logrado, optimista, pero destila amargura en sus comentarios. No le ha gustado perder la batalla. Cree en el fondo que Claudia y los que estaban con ella no se merecían el golpe.

—Creo que no. Al menos yo no. Pero no evaluamos bien los actores que rodeaban el sistema. Olvidamos que ahí estaba la Corte de Constitucionalidad… y ya vimos de qué están hechos.

Me cuenta que le preocupa el desánimo que se ha contagiado a la mayoría de organizaciones de Derechos Humanos. Cree que él y el resto de la gente de Paz y Paz deben hablar con ellas, explicarles lo que se ha logrado, los precedentes que se han sentado en cuanto a procedimientos, transparencia, casos resueltos. Quiere decirles que su proyecto de reforma de la Justicia no acaba aquí.

—Si algo hizo bien Claudia es que puso el pecho para todo: para los éxitos y para los fracasos —me explica—. Detrás de Claudia se veía a un equipo, pero ella asumió todas las desgracias administrativas por las que nos podían hacer mierda, todos los antejuicios eran para ella… Fue bien cuidadosa en eso. A los que somos más jóvenes evitó quemarnos, conscientemente, porque sabe que tendremos que sacar la cara en otro momento. Y lo hizo bien.
—Tiene clara una visión de largo plazo.
—Siempre la hemos tenido.

Me dice que él y muchos otros valoran ahora como un error no haber presentado más carta que la de Claudia Paz en el proceso de elección de nuevo Fiscal. Siente que dejaron en manos de otros sectores la Fiscalía por no buscar candidatos alternos, un plan B, sabiendo que la candidatura de Paz y Paz tenía a un ejército en contra.

***

A Claudia Paz y Paz, su último día de trabajo como Fiscal, algunas secretarias y fiscales la despiden en la puerta del Ministerio Público con lágrimas. Afuera la esperan unas 70 personas, entre familiares de víctimas y defensores de Derechos Humanos, que le han hecho una alfombra de flores y agujas de pino para que camine, escalinata abajo, desde la puerta del edificio hasta la calzada en la que aguarda su vehículo. A medida que camina por la alfombra entre aplausos, le van saliendo al encuentro mujeres que la abrazan, le dan una o dos flores y le susurran palabras al oído. Abrazo tras abrazo Claudia, cara redonda, ojos pequeños, se va emocionando más y más hasta perder toda esa cáscara de frialdad de la que se reviste cuando representa el papel de Fiscal General. Ella también llora.

Benjamín Manuel, uno de los directivos de AJR, la asociación de víctimas de la guerra que se querelló contra Ríos Montt y logró sentarlo en el banquillo, asiste a la escena a unos metros de distancia, con el gesto de piedra que tienen mucho hombres de campo. Como si no escondiera emociones. Pequeño, más cerca de los 70 años que de los 60, tiene los zapatos y los bajos de los pantalones llenos de barro después de cuatro horas de viaje desde Baja Verapaz para estar aquí, en silencio, estos precisos minutos del viernes 16 de mayo.

Un paso detrás de Paz y Paz su hermana va recogiendo las flores, que ya forman un enorme ramo. Este día la Fiscal ha buscado el respaldo de su familia. Para ella encabezar el Ministerio Público, y sobre todo dejarlo, no ha sido solo un asunto de trabajo. Como para las personas que están aquí, la gestión de Claudia Paz no se mide solo en estadísticas. Es la mujer que derribó en el sistema de Justicia ciertas barreras simbólicas. Aunque en solo diez días algunas de ellas se levantaran de nuevo.

Paz y Paz llega por fin a su vehículo. Saluda, recibe un último abrazo y se oculta tras los vidrios tintados. El recorrido por la escalinata, unos 25 metros, ha durado más de un cuarto de hora. El vehículo arranca, desaparece. Benjamín se queda donde está, intercambia palabras con algunos conocidos, personas de la asociación, familiares de víctimas, y emprende el regreso a casa.

***

El Palacio de la Cultura es el símbolo del poder político de Guatemala. Está en el parque central y es perpendicular a la Catedral Metropolitana y la oficina de ODHA en la que trabajaron Gerardi y Claudia Paz y en cuyas columnas están tallados los nombres de todas las víctimas, muertos y desaparecidos, recogidos en el REHMI. Hay más de 200 invitados en el salón de las banderas, sentados en hileras de sillas a la espera de que inicie el protocolo. Casi todos son hombres vestidos con traje oscuro. En la octava fila hay una mujer con indumentaria típica Quiché. Es una diputada, me dicen. Suena música de marimba. Un minuto antes de que entren las autoridades llega al salón el expresidente Vinicio Cerezo, que reparte sonrisas y saludos según camina. Himno. Otto Pérez Molina toma juramento a la nueva Fiscal General, Thelma Aldana. Discursos.

La Fiscal habla de la búsqueda de la armonía social, afirma su “inquebrantable compromiso con la independencia del MP” y dice que continuará con las “acciones correctas” que pueda haber tenido su antecesora. Después de ella, el presidente de la República habla del magnífico trabajo que ha hecho Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público. Insiste tres veces en que siempre respetó la independencia y autonomía de la Fiscal, en que el proceso de elección de la nueva fue transparente, en que es un gran día para la institucionalidad del país.

Paz y Paz solo se levanta de su silla en la mesa principal para abrazar a Aldana y dar la mano al presidente cuando cada uno termina de hablar. Ella también ha traído un discurso de despedida escrito, pero nadie la invita a leerlo.

***

Después del evento me reúno con Paz y Paz en el edificio del MP. Aún le falta cumplir con el trámite administrativo de entregar el despacho a su sucesora. Los estantes están ya vacíos. A la Fiscal saliente la acompaña, hoy también, parte de su familia. Han pasado cuatro meses desde nuestra anterior cita y espero encontrarla despojada de los corsés del cargo, más relajada y dispuesta a opinar libremente, sobre todo después de la catarsis emocional de ayer en la escalinata.

Pero no.

Con una sonrisa constante, con diplomacia, Claudia Paz esquiva cada una de mis invitaciones a que dimensione el año que ha pasado desde la sentencia contra Ríos Montt, y las evidencias de que los sectores que forzaron la repetición del juicio siguen en pie de lucha. Le hablo del punto resolutivo del Congreso y del intento por inhabilitar a Yassmín Barrios, que podría ser considerado una amenaza a quien deba presidir el segundo juicio. Ella se mantiene en el plano de la valoración jurídica y califica de “sorprendente” lo primero y de “sumamente delicado” el ataque a Barrios. La sanción del Colegio de Abogados a la jueza le parece una aberración jurídica.

—Si el día de mañana la Corte Suprema emite una sentencia que no le guste a este grupo de abogados, ¿igual le podrían poner una sanción y pretender que dejaran de ser magistrados de la Suprema? —dice.

Es especialmente lacónica al hablar de su caso, de su destitución tácita. Oculta su enfado.

—¿Claudia, qué hizo para enojar a toda esta gente?
—En todos estos años el Ministerio Público hizo su trabajo. Es un proceso. Algunas personas sentirán que las sentencias protegen sus intereses y otras que no.
—Parece que quienes se sienten afectados tienen mucho poder en este país.
—Yo creo que por primera vez sí se juzgó a sectores, a personas, con poder.
—¿Cree que a esos sectores les ofendieron más los casos contra políticos corruptos o el juicio a Ríos Montt?
—Sin duda los grupos afines a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez hicieron un trabajo público para que se escuchara más su voz que la de las víctimas… Y hubo una reacción política en mi contra, está claro. Se han presentado más antejuicios contra mí en estos cuatro meses que en los tres años anteriores.
—Y finalmente no la reeligieron.
—La ley obligaba a los comisionados a puntuar los valores académicos, éticos, profesionales de los candidatos, pero de ahí ellos podían levantar la mano o no para seleccionarte. ¿Cuáles son las razones por las que no levantaron la mano en mi caso? No te lo puedo decir, no lo sé.
—¿Cree que el presidente de la república tuvo que ver en eso?
—El presidente siempre respetó la autonomía del Ministerio Público.

En nuestra entrevista de enero, Paz y Paz dijo que sostener las transformaciones en el MP dependería de que, tras su marcha, llegara una persona comprometida con el Estado de Derecho. Decía que lo importante es que a su sucesor o sucesora la eligieran por méritos. Thelma Aldana es, en ese sentido, una figura confusa, con luces y sombras en su pasado. En 2009 era una de los candidatos a la Corte Suprema a los que la CICIG acusó de estar controlados por el rey el tenis. Las críticas de Castresana contra ella fueron durísimas en aquel momento: “Aun cuando (…) la tabla de gradación tiene como objetivo seleccionar candidatos con un alto perfil, en el caso de la magistrada llama la atención la calificación que obtuvo en los siguientes rubros. Méritos de proyección humana: CERO en Participación en organizaciones y asociaciones civiles, CERO en Defensa del Estado de Derecho, CERO en Pro Derechos Humanos, CERO en Defensa y Promoción de Multiculturalidad…”

Aun así obtuvo la magistratura y en sus cuatro años en la Corte Suprema no recibió malas críticas. Claudia Paz pide darle el beneficio de la duda:

—Hay que esperar. Ella ejerció el cargo de presidenta de la Corte Suprema e hizo un trabajo muy importante a favor de las mujeres víctimas de violencia. Hay que esperar.

En un intento por que evite respuestas protocolarias, le recuerdo a Paz y Paz que ya puede decir lo que piensa porque ha dejado de ser Fiscal General. “Lo soy hasta las 4 de la tarde”, me responde con una sonrisa. “Entonces denos esta entrevista a las 5”, bromeo.

Ella encaja la burla pero no cede. El único momento en que logro romper su coraza es cuando destaco que hace dos días, 48 horas antes de irse del MP, logró la captura de Jairo Orellana Morales, un poderoso capo local de la región de Zacapa, especializado en dar tumbes de droga y vinculado, según informes de Estados Unidos, a los Zetas. Ahí sí, Claudia Paz sonríe de oreja a oreja, el rostro se le estira hasta casi cerrarle los ojos y se suelta a comentar el caso. El resto del tiempo responde con extraordinaria prudencia.

—¿La justicia aún hay que hacerla en Guatemala midiendo las consecuencias políticas de cada paso?
—La justicia hay que hacerla porque es lo que manda la ley y porque es lo que reclaman las víctimas.

Que salga del Ministerio Público no significa que Paz y Paz esté abandonando el tablero. Planea regresar a la academia, dar clases en una universidad en Washington, incidir desde allí, tal vez volver algún día. Por eso mantiene la cautela al hablar. Y no son sus únicas precauciones.

No lo sabré hasta dentro de dos semanas, pero Claudia Paz va a abandonar el país en avión esta misma noche. Ella y su equipo saben que, una vez despojada del fuero, las solicitudes de antejuicio contra ella se han convertido en denuncias, y temen acciones legales en su contra. Les han llegado, incluso, fuertes rumores de que las autoridades pretenden detenerla mañana domingo o el lunes. Sería un escándalo pero no están dispuestos a asumir el riesgo. Una vez fuera del cargo, la Fiscal General que logró condenar a Efraín Ríos Montt no se va a quedar en Guatemala ni cinco horas.

***

El vehículo se deshace por fin del tráfico de la capital y toma camino hacia el nororiente del país, hacia Nebaj. Son casi las diez de la mañana. Hoy 30 de junio es en Guatemala el día del Ejército, que antes se celebraba con una parada militar en las principales avenidas de la ciudad. Antes. En 2008 el Gobierno se rindió a la presión de las organizaciones de hijos de muertos y desaparecidos, que boicoteaban los desfiles e hicieron del 30 el día de memoria. Ahora los actos militares solo se celebran en los cuarteles y las calles del centro están llenas de murales e interminables mosaicos de fotos de desaparecidos, que permanecen en las paredes todo el año, todo el tiempo. En un muro de la Zona 1 alguien ha graffiteado: “Memoria, territorio en disputa”.

Hace un mes, el 10 de mayo, se cumplió un año desde la sentencia por genocidio. Pese a la anulación, tanto en la capital como en algunas aldeas del Quiché se conmemoró el día. En Chajul, uno de los tres municipios del departamento del Quiché que, con Nebaj y Cotzal, configuran el área Ixil, se reunieron algunos centenares de personas de toda la región para comer, dar testimonios y honrar con flores el día. Si antes se fingía que hay una sola Guatemala, desde la sentencia es más evidente que nunca que existen, en el debate sobre la historia y la justicia, al menos dos.

A los lados de la carretera los pueblos ocupan por unas horas el paisaje que antes era urbano pero terminan desapareciendo para dejar ver solo campo y bosques. Al timón está Allen González, que a finales de los 70 trabajó en Cáritas diocesana en Santa Cruz del Quiché junto al obispo Juan Gerardi. Tuvo que dejar la región cuando Gerardi, acorralado por las muertes de parroquianos y sacerdotes y tras escapar de dos atentados en su contra, decidió cerrar la diócesis. No solo irse él sino cerrar la diócesis. Allen creó en los 80 la Iglesia Guatemalteca en el Exilio y terminó regresando a finales de los 90 para trabajar en proyectos productivos con comunidades ixiles.

Es pesimista sobre el futuro. Toma la salida de Claudia Paz como un mensaje de que vienen tiempos malos para quienes exigen justicia por los crímenes de la guerra. Aun así, dice que el juicio sirvió para demostrar que no es la gente de las comunidades, de las aldeas indígenas, la que rehúye a la justicia, sino que es el mismo poder que elaboró las leyes el que las esquiva cuando la justicia no es esa que se fabricaron a medida.

—Este es un camino largo, que apenas está comenzando —dice.

Atravesamos el cantón Santabal. Allen me cuenta que a un par de kilómetros de la carretera hay dos pequeñas comunidades en las que ha llegado a contar más de 80 viudas de desaparecidos o asesinados en los años 80. Un poco más allá, me señala una enorme casona rodeada de muros blancos

—Esa la convirtieron en casa de tortura. En esos días los soldados subían a los buses encapuchados y se llevaban a quien querían para interrogarlo durante días.
—¿Tú crees que va a haber segundo juicio a Ríos Montt?
—No. Yo creo que van a darle largas al asunto hasta que se muera el señor. Van a estar en ese juego interminable que siempre se hace aquí. Además, está esa idea de que llegar a un juicio es dividir el país.
—(…)
—Tiene gracia, fijate. Pareciera que en Guatemala la injusticia une más que la justicia.

Llegamos a Nebaj, el pequeño pueblo que simboliza la represión contra los ixiles. En la plaza central, frente a la iglesia, se hacían los fusilamientos. Aun así, por años acá gobernó el FRG fundado por Ríos Montt y después el Partido Patriota. A esta plaza llegó, durante los días del juicio, Otto Pérez Molina con ropas típicas ixiles, a entregar sacos de comida. La guerra dividió a los ixiles entre quienes se refugiaron en el casco urbano bajo la tutela del Ejército y quienes huyeron a las montañas a malmorir de hambre y pasaron a ser considerados guerrilleros. Veo en un muro tras la iglesia una pintada de la Mara Salvatrucha. Hace unos días supe que Nebaj es el municipio con la tasa de suicidios adolescentes más alta de toda Guatemala. Si el pasado ixil es terrorífico su futuro también es sombrío.

***

Desde que conocí a Gaspar Velasco en 2010 le he escuchado decenas de veces enumerar el nombre de sus tres hijos asesinados durante el periodo de Efraín Ríos Montt: Miguel Velasco Hermoso, Francisco Velasco Hermoso, Juan Velasco Hermoso. En total perdió a nueve familiares, padres, hermanos, hijos, durante la guerra. El Estado de Guatemala, como parte de su política de reconciliación y sus medidas de resarcimiento, le ha compensado por dos de ellos. Es el límite. Puedes arrastrar 10, 20 muertos, pero solo se pagan dos muertos por familia. Cuenta que le dieron 44 mil quetzales, unos seis mil dólares. Los gastó en comprar tierra para cultivar. La otra que alguna vez tuvo la perdió cuando dejó su aldea, Bijolóm, huyendo del ejército.

También la casa en la que nos recibe la ha levantado en los últimos años con bloques de hormigón y láminas de aluminio entregadas por el Gobierno. A aquellos a quienes el ejército les quemó la casa en los 80 el Estado les ha dado materiales para construirse una casita de suelo de tierra y techo delgado, como las que se apelotonan en las zonas marginales de cualquier ciudad centroamericana.

El caserío La Libertad, 25 kilómetros al norte de Nebaj, era hace cuatro años todo de madera. Ahora está lleno de esas casas de bloque, aunque los más jóvenes, los que hace treinta años eran demasiado niños como para perder una casa propia y no han recibido ayuda del Estado, siguen viviendo entre tablones. Hablo de los jóvenes que se quedaron. En el centro de la comunidad hay una cuadrilla de obreros en un foso, levantando cimientos para la que será por mucho la casa más grande y moderna de La Libertad, de dos pisos y con instalación eléctrica completa. Es de una familia cuya hija migró a Estados Unidos.

Gaspar es un viejo bromista y de risa desdentada. Es de los pocos que habla español en la Libertad. Fue directivo de AJR pero poco antes del juicio delegó en otro vecino. Aun así, fue a testificar contra Ríos Montt y pasó semanas asistiendo día tras día a las audiencias. El día de la sentencia le vi sonreír por horas sin euforias, como quien ve un trabajo bien hecho. No había tenido oportunidad de hablar con él desde aquel día.

—¿Se sienten ustedes derrotados porque se anuló el juicio?
—¿Cómo vamos a estar débiles si pasamos lo que pasamos y sufrimos? Ellos tienen dinero y saben que nosotros somos pobres. Eso ha pasado. Pero todos los internacionales ya conocen los hechos. Todo el mundo sabe lo que Ríos Montt hizo. ¿Cómo vamos a estar débiles si ya fuimos dos veces al tribunal?

A veces es como irreal hablar con las víctimas que mantienen en pie la causa por genocidio. No hay en ellas resquicio para la derrota. Es como si midieran el éxito y sus plazos en un baremo distinto. En “Guatemala las líneas de su mano” Luis Cardoza y Aragón escribió que para los indígenas mayas el tiempo no existe. En el camino, Allen me ha dicho que la clave para entender a los ixiles es que no viven en ellos mismos sino en la comunidad, y por tanto su meta es el futuro de la comunidad, no el propio. Supongo que eso alimenta a un Gaspar que se muestra incombustible a sus 70 años.

—Siempre hay personas. Se desaniman. Pero no todos —dice Gaspar—. Los que damos testimonio sabemos que llegará el momento en que cambiemos la ley, en que cambiemos Guatemala. Porque aunque me quiten la vida esto no es para mí, es para Guatemala.
—¿Y qué dicen los jóvenes ixiles?
—Antes decían “no sabemos qué fue guerra, no sabemos qué pasó”. Pero ahora están sabiendo porque hay un libro de la sentencia. Eso ha servido. Los jóvenes saben ahora que no les mentíamos cuando les contamos qué pasó.

Gaspar me asegura que si se repite el juicio volverá a ir a testificar. A un lado suyo de pie, está Tomás Raimundo, que también dio su testimonio ante Yassmín Barrios. Al otro, como un Quijote flaco y oscuro, se para Francisco Matom. Solo habla ixil, pero con la ayuda de alguien más una vez me contó cómo vio arder el cadáver de su hermano en 1983, a la orilla de un camino. Como la mayoría de vecinos vive de sus cultivos y no falta nunca a una reunión en la que se hable del juicio, de movilizarse contra la explotación minera en la zona o de reparar la fuente. Le conozco como un hombre de ideas punzantes, de pocos rodeos:

—Ahora todos saben qué pasó —ha dicho—. Ahora hasta nuestros niños saben qué pasó. Y lo que pasó no se puede anular.
—Entonces —le pregunto de nuevo a don Gaspar—, ¿el juicio sirvió aunque lo anularan?
—¡Ay dios! El libro regó la verdad por toda Guatemala, no solo en Huehuetenango, no solo en el Quiché. Ya todo el mundo sabe cómo ocurrió todo, cómo fue el genocidio.
—¿Y si Ríos Montt muere antes de que lo condenen?
—Si muere sin el juicio, el mundo ya sabe lo que pasó y toda Guatemala deberá sentirse condenada.

Francisco usa otras palabras para expresar lo que queda, lo que ya nadie, aunque en ciudad de Guatemala se termine por archivar un proceso judicial, se destituya a una jueza o se sustituya a una Fiscal General, puede cambiar. Ajeno a los pulsos de poder, a los miedos de las élites a perder el control del país, Francisco se recuesta en la pared y emite su propia sentencia:

—Que yo me muera o Ríos Montt se muera ya no importa, porque está su familia, y está su historia, y está su conciencia.

Todo el mundo sabe lo que pasó en la cárcel de El Porvenir y todo el mundo, especialmente Honduras, parece haberlo olvidado: cuando a las 9:10 de la mañana del 5 de abril de 2003, 10 minutos después de que estallara el motín, la Policía y el Ejército entraron a los patios con sus armas largas y sus pistolas, en teoría para poner orden, solo habían muerto cinco personas. Dos horas después, en aquel penal de una veintena de celdas se amontonaban 68 cadáveres.

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La batalla la iniciaron los pandilleros del Barrio 18. Entre ellos y los Paisas -los presos no pandilleros- había un acuerdo de no agresión que se había respetado durante meses. A pesar de ser los eternos protagonistas de las portadas de diario, a pesar de encarnar todos los males y provocar todos lo miedos, a pesar de su talento para la violencia, la historia indica que en Honduras, cuando se trata de plantar batalla a otros grupos criminales o a las fuerzas de seguridad, los pandilleros llevan las de perder. En esa certeza descansaba la paz de El Porvenir, en la costera ciudad de La Ceiba. Los paisas cuadruplicaban a los pandilleros en número, aun contando a los recién llegados. Y eran paisas los “rondines”, el grupo de presos en los que las autoridades delegaban desde hacía años el orden en los patios, los hombres que a golpe de tolete o de machete imponían ley intramuros.

En plena explosión del plan “Cero Tolerancia” contra las pandillas impulsado por el gobierno del presidente Ricardo Maduro, si en las calles se temía y despreciaba a los pandilleros y la Policía había comenzado a perseguirlos a plomazo limpio con el aplauso de la población, en la cárcel se les vigilaba y trataba como a animales peligrosos. En El Porvenir, las autoridades habían dado a los rondines las llaves de las celdas 2 y 6, ocupadas por el Barrio 18. Los paisas, liderados por su coordinador general, Edgardo Coca, decidían quién entraba y salía, y cuándo. Hacían constantes registros, hasta tres al día. Establecían para los pandilleros castigos colectivos.

Esa paz desigual, sin embargo, comenzó a agrietarse el 7 de marzo, cuando Mario Cerrato, el Boris, aterrizó en El Porvenir con otros 29 dieciocheros. Habían sido trasladados desde la Penitenciaría de Támara, en teoría para evitar roces con otros presos. En teoría para evitar muertes.

Una vez en El Porvenir, el Boris no tardó en comprobar, indignado, que su Barrio bajaba la cabeza ante los abusos de los presos no pandilleros. Casi deinmediato conjuró reglas no escritas en la pandilla y logró desplazar al hasta entonces líder de los dieciocheros en el penal, Edwin Calona, El Danger, en la toma de decisiones. El Boris tenía en mente una guerra. Se sabe que sobornó a un custodio para que le proporcionara un arma y organizó un plan de ataque durante cuatro semanas. El sábado 5 de abril tomó su nueva pistola y se dirigió a la celda en la que estaban reunidos Coca y el resto de líderes de los rondines. Con él iban El Danger y otros ocho pandilleros armados con palos y cuchillos. El primer disparo de El Boris mató a José Alberto Almendárez, el subjefe de rondines. Encaramados a la confusión inicial, los pandilleros lograron abatir a balazos o machetear hasta matarlos a otros cuatro paisas. Buena parte de los rondines huyeron y buscaron refugio en los baños de sus celdas. Otros, los más veteranos, corrieron a buscar sus armas, para responder a El Boris.

Todos los testigos coinciden en que cuando, 10 minutos después del primer disparo, los policías que custodiaban el penal y los soldados de refuerzo entraron en los patios, lo hicieron a cañón suelto y con la intención clara de proteger a los paisas, matando a todo pandillero que encontraban a su paso. De inmediato, rondines, custodios y militares formaron un solo batallón que hizo retroceder a la mayor parte de dieciocheros hacia sus celdas. La carnicería estaba por comenzar.

Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.

A pocos metros, frente a la celda número 2, policías, soldados y rondines descargaron sus armas hacia los pandilleros que se habían refugiado allí, al tiempo que les gritaban que se rindieran. Por un instante cesó el fuego cruzado: los pandilleros se rindieron y lanzaron sus armas hacia el patio, pero los primeros que se atrevieron a salir con las manos en alto fueron acribillados. Uno murió en el acto. Los que quedaron en el suelo, heridos, retorciéndose, fueron rematados a golpes y cuchilladas por los rondines. Aquellos que en un primer momento se quedaron parapetados en la celda sufrirían una muerte más brutal: cuando el humo y las llamas que de la celda 6 ya pasaban a la 2 les forzaron a salir, fueron tumbados boca abajo en el suelo. En esa posición los ejecutaron. Después de lincharlos y acuchillarlos, todos fueron rematados a tiros. Los mismos tiros que más tarde permitirían reconstruir lo sucedido a Arabeska Sánchez.

En cada rincón del penal, respaldados por las armas de la Policía y los militares, los presos paisa completaron la venganza. Policías remataban a los pandilleros heridos, soldados contemplaban en silencio cómo rondines se ensañaban con cadáveres ya desfigurados.

El comandante a cargo del operativo, el subcomisionado Carlos Esteban Henríquez, detuvo la matanza alrededor de las 11, cuando supo que desde la escalera de un camión de bomberos que acababa de llegar a sofocar el incendio un camarógrafo lo grababa todo. Solo entonces ordenó a sus hombres dejar de disparar y trasladar hacia un hospital a los heridos. En su primera declaración a los periodistas, un vocero del Ministerio de Defensa, el subcomisario Leonel Sauceda, dijo que, de los incidentes carcelarios causados por pandilleros en los últimos meses, este había sido “el más grave”.

23 de las 68 víctimas tenían heridas por arma de fuego. 60 de ellas eran pandilleros del Barrio 18. Cinco murieron desangradas. Una recibió 20 machetazos en la cabeza. En la celda número 6 murieron 25 personas asfixiadas o quemadas. El cuerpo de una de ellas quedó calcinado a tal punto que fue imposible identificarla, y ni siquiera se pudo conocer su edad o su sexo. Los cuerpos de los muertos fueron trasladados a San Pedro Sula para que se les realizara la autopsia. Llegaron como podridos a la morgue. No aguantaron las cuatro horas de viaje a bordo de camiones sin refrigeración.

El presidente Ricardo Maduro, su ministro de Seguridad Óscar Álvarez y su viceministro Armando Calidonio, llegaron al penal a las 4 de la tarde, cuando todavía había cadáveres en el suelo. A los minutos, un miembro de la comitiva presidencial ordenó a los bomberos limpiar de inmediato el escenario de la masacre para que los presos sobrevivientes, que también habían sido evacuados tras el alto el fuego, regresaran lo antes posible a sus celdas. No importó —todavía hoy hay quien sugiere que ese era el propósito de la orden— que con el agua se borraran posibles pruebas y se convirtiera en tabula rasa la escena del crimen.

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La de El Porvenir fue la primera de las tres grandes masacres ocurridas en la última década en cárceles hondureñas. Un año después, en 2004, la quema del sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula causó 107 muertos. En febrero de 2012, como en una escalada macabra, otro incendio consumió casi totalmente la granja penal de Comayagua y murieron 361 hombres y una mujer que había llegado de visita. Medio millar de muertos en tres zarpazos bajo el aplauso de buena parte de la sociedad hondureña, que suele recibir la muerte de presos como una purga sanadora. Pero la huella puntiaguda de estos tres episodios en las gráficas oficiales de muertes violentas en los penales de Honduras no cuenta la verdadera historia. Es en el valle de los muertos casi diarios y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad por ellos donde brutalidad de la política penitenciaria en Honduras se vuelve transparente.

La hemeroteca y el relato de quienes sobreviven intramuros rebalsa de casos extraordinarios: en marzo de 2008 un grupo de expandilleros fue trasladado desde San Pedro Sula hasta Támara tras un motín en el que hubo nueve muertos. Una vez en la Penitenciaría Nacional fueron metidos en plena noche en sectores de paisas, pese a la certeza de que acabarían muertos. Así fue. Al amanecer había 18 pandilleros acuchillados. A mediados de 2009, dos juezas ordenaron medidas cautelares para proteger a un preso por homicidio cuya vida peligraba si era ubicado en el mismo sector en que cumplía pena el hermano de su víctima. Pese a haber recibido y leído las órdenes judiciales que explícitamente pedían que se le asignara al reo otro área del penal, el director del centro lo envió a la muerte. El director está hoy acusado de homicidio. En 2011 otro director penitenciario mantuvo a un preso epiléptico engrilletado de pies y manos en una pequeña celda de castigo en la base de un torreón de vigilancia, y se negó a que el personal de la clínica le diera su medicación. El preso murió y nadie señaló culpables. Son constantes los enfrentamientos entre internos, con armas de fuego. El 29 de marzo de 2012 un grupo de presos de la cárcel de San Pedro Sula derrocó por las armas a su coordinador general y estableció en el penal un nuevo orden. Tras varias horas de tiroteo se contaron 14 cadáveres.

Los informes de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o Naciones Unidas, han denunciado regularmente desde hace más de una década la crueldad de las condiciones de las cárceles hondureñas y el constante riesgo para la vida de los presos. Sin que haya habido cambios. Solo en los últimos tres años han muerto de forma violenta en cárceles de Honduras más de 450 presos. En promedio, uno cada dos días y medio. Baleados por los guardias, acribillados por disparos de otros reos, perforados por las esquirlas de una granada, estrangulados, acuchillados, ahorcados, apaleados, empalados, decapitados, quemados vivos.

Resulta imposible acceder a registros sistematizados y completos de muertes violentas en las últimas décadas, pero los datos oficiales de mortalidad en cárceles, que convenientemente mezclan los decesos naturales con homicidios y asesinatos, no logran esconder lo evidente: el promedio entre 2003 y 2012 fue de 106 muertes anuales dentro de prisión, la inmensa mayoría de ellas por hechos violentos. Si Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 79 por cada 100 mil habitantes en 2013, y tiene una mortalidad total de 4.78 por cada mil habitantes según datos de 2012, sus cárceles son el lugar más peligroso de Honduras con una tasa de mortalidad promedio que supera los 7.8 por cada mil presos en la última década.

Las autoridades hondureñas suelen sugerir que los incendios en cárceles son excepcionales e imprevisibles, que las muertes de presos en plena fuga son inevitables y justas, y que los motines o las venganzas entre internos son aleatorias. Como si las lógicas salvajes de los presos fueran incomprensibles. No es sino una forma de mentira institucional. En las cárceles, las muertes siempre tienen una explicación. Y las masacres de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua no son sucesos aislados sino cimas, cumbres, de la normalidad asesina del sistema penitenciario de Honduras. Unas veces el Estado mata directamente a través de sus funcionarios de prisiones; otras, facilita que sean otros los verdugos en un sistema de pena de muerte tácita.

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10 años después, sentada en el bar de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez reflexiona sobre la masacre. Es evidente que le alegra que a alguien le importen aquellos muertos tanto tiempo después y en un país que todavía aplaude sin pudor diversas formas de limpieza social.

Lo que llegó a la mesa de Arabeska Sánchez no parecía una bala. Ese pedazo de metal deforme podía ser cualquier cosa, y aun asumiendo que fuera un proyectil iba a ser imposible rastrear el arma del que salió. Ella, corpulenta, bajita, arrugó la cara, detrás de sus lentes entrecerró aun más sus pequeños ojos e intentó adivinar alguna pista en esa esquirla de plomo, pero terminó por rendirse. Había visto en televisión las escenas de la masacre de la cárcel de El Porvenir y la carcomía el deseo de ayudar a identificar a los perpetradores. Pero de los centenares de balas y casquillos recogidos por el Ministerio Público después de la matanza, su astilla era la más inútil. Incómoda, la devolvió a la bolsa en la que venía etiquetada como indicio y escribió en su dictamen: “El fragmento ha perdido masa y características de clase e individualizantes. No tiene valor analítico.”

Sentada en la parte menos ruidosa de un bar que pretende ser bohemio, en medio de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez se aferra a un vaso con hielo y seven up mientras rememora su intento de descifrar los secretos de aquel pedacito de plomo. No he conseguido que acepte una cerveza o que me acompañe con un trago de ginebra. Dice que mañana tiene que madrugar.

—Nada de alcohol si hay que trabajar.

Es, y lo demuestra en cada frase y cada gesto, una mujer serena. Dura, agresiva en sus opiniones, pero serena. Supongo que solo anclado en esa serenidad puede uno haber visto desfilar ante sus ojos toda la muerte que cabe en Honduras y continuar creyendo que se puede salvar a este país de sí mismo.

Aquel abril de 2003, como si se apiadara de su frustración, el azar quiso que el peritaje fallido le abriera a Arabeska Sánchez una puerta mayor en la investigación de la masacre. Puesto que era la única miembro del laboratorio que no presentaría prueba balística en el juicio, la fiscal del caso le asignó una nueva tarea: reconstruir con la mayor precisión posible, usando los informes de sus compañeros, la masacre de la granja penal de El Porvenir. Sin pedirlo, se convirtió en una pieza clave para probar cómo el Estado hondureño, en complicidad con una banda de matones, asesinó de manera salvaje en dos horas a seis decenas de seres humanos.

Asegura que, más aun que la masacre en sí, y por despiadado que parezca, fue el largo y tenso juicio posterior el que retrató el nivel de desprecio del gobierno de Honduras por la vida de los prisioneros.

—Si quieres saber cómo es, incluso 10 años después, el sistema penitenciario de Honduras, buscá y revisá el expediente del caso de El Porvenir. Fue la primera vez que se desnudaron todas sus debilidades.

Arabeska no lo dice, o lo dice con otras palabras: la de El Porvenir no es una historia del pasado. El país más violento del mundo mantiene aún hoy, como política no oficial, el exterminio sistemático de sus presos.

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El juicio por la masacre de El Porvenir inició en marzo de 2008 y fue un pulso del Estado hondureño consigo mismo. Mientras el Ministerio Público pujaba por el esclarecimiento de las 68 muertes, el Ejecutivo ponía todo su empeño en el encubrimiento. Quedó probado que la dirección del Sistema Penitenciario había alterado en su libro de incidencias la hora en que comenzó la masacre. Quedó probado que los informes de novedades de la Policía Preventiva se habían falseado para hacer ver que la voz de alarma se dio tarde y el operativo policial había durado una hora menos de lo que realmente duró. Quedó probado que el jefe policial a cargo del operativo mintió en su informe y escribió que sus agentes habían sido recibidos a balazos por los pandilleros y solo habían disparado en defensa propia. La Secretaría de Seguridad pagó los abogados de los custodios, contrató a peritos en balística e incluso reclutó a investigadores del Ministerio Público para que argumentaran en contra de las pruebas de la acusación.

Con la mirada endurecida detrás de sus inseparables lentes, Arabeska Sánchez explica la sensación de desventaja que tuvo el equipo fiscal durante todo el proceso que duró 159 días, algo más de cinco meses.

—Éramos cuatro personas: dos fiscales, un médico forense y yo, y delante teníamos un buró de 60 defensores, una barbaridad de gente. Sentíamos una presión terrible.
—¿Recibieron alguna amenaza?
—Hubo vehículos sospechosos siguiendo el carro de la Fiscalía que usábamos en La Ceiba, así que pedimos un vehículo de refuerzo que nos acompañara cada vez que nos desplazábamos del hotel a la audiencia. Después de cada sesión teníamos que encerrarnos. Balearon a un muchacho en el parqueo de mi hotel, y también hubo disparos frente al hotel en que se estaba quedando la fiscal.

Las salas de audiencia de los tribunales en La Ceiba eran demasiado pequeñas para un proceso de estas dimensiones, así que el juicio se celebró en la sede local del colegio de abogados. Todos los días se desplegaba un cordón policial que rodeaba el edificio en el que se estaba juzgando, principalmente, a policías por el asesinato de presos. Aunque se esgrimía razones de seguridad, para el equipo fiscal era una forma más de intimidación. Durante las audiencias, los jueces pidieron a los acusadores que no se levantaran al baño en los recesos para no exponerse a recibir ataques. A los pocos días de comenzar el juicio, una amenaza de bomba obligó a desalojar todo el edificio y suspender la audiencia durante horas.

Toda La Ceiba se convirtió para Arabeska Sánchez y su gente en territorio hostil. Mientras los acusados y sus familiares celebraban barbacoas por la noche, los cuatro miembros del equipo fiscal comían aislados en su hotel. No había quien quisiera sentarse con ellos ni se podían dar el lujo de caminar tranquilamente por la ciudad costera.

Las pruebas y testimonios eran, en todo caso, aplastantes. Durante el juicio se mostraron imágenes de televisión en las que se veía a agentes golpear a pandilleros moribundos de la mano de presos rondines. Los informes de balística confirmaron que la mayoría de víctimas habían muerto por disparos de armas asignadas a policías y soldados. También pusieron en evidencia que algunas de las armas homicidas nunca llegaron a ser entregadas a la Fiscalía por parte de la Policía. Simplemente desaparecieron.

21 de los 33 acusados fueron declarados culpables y recibieron condenas que oscilaron entre los 3 y los 1,035 años de cárcel. El comandante de la Policía al frente del operativo, Carlos Esteban Henríquez, fue declarado culpable de omisión en 19 asesinatos y condenado a 17 años de prisión. El director del penal, Danny Alexander Rodríguez Valladares, no fue en cambio ni siquiera imputado porque el día de la masacre, aunque no tenía permiso, no se presentó a trabajar. En el año siguiente a la masacre fue trasladado varias veces y dirigió los penales de Santa Bárbara y Danlí, y en 2012, como si en Honduras la burla fuera una política de Estado, fue enviado de urgencia a sustituir al director del penal de Comayagua, fulminantemente suspendido tras el incendio en que murieron 361 personas.

Desde junio de 2013, Rodríguez Valladares es el director del penal de San Pedro Sula, el segundo más grande del país. Allí, como una década antes en El Porvenir, comparte el poder con un equipo de rondines armados, presos que, bajo el liderazgo de otro preso, imponen disciplina, operan como la verdadera autoridad de la cárcel y deciden sobre la vida y la muerte del resto de internos. Como si no hubiera huella del pasado y la muerte de 68 reos fuera un apunte marginal, anecdótico, en la doctrina del sistema y la carrera de un funcionario.

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La noche lo calla todo menos al río, cuyo rugido parece advertir que en este suelo, donde hubo una vez risas y bailes con orquesta, nadie debe volver a construir nada. Por décadas la corrupción hizo de La Mora -el pabellón de los presos ricos en la antigua Penitenciaría Central de Honduras- un lugar feliz para quien pudiera pagar. Mientras los presos comunes, encerrados en la parte alta del recinto, malcomían y asistían a la escuela para aprender a leer, en las celdas de La Mora se instalaron mesas de casino y en su patio se celebraban a menudo veladas de boxeo con púgiles invitados.

El huracán Mitch barrió todo eso. El 30 de octubre de 1998 las aguas del río Chiquito, convertidas en el brazo de un gigante desbocado, redujeron La Mora a un predio baldío. Del resto del penal quedaron ruinas de cierta solemnidad, pero de La Mora solo sobrevive un torreón de vigilancia, en extraño equilibrio sobre sus bases mordidas.

Entre los cimientos de ese torreón, a oscuras, Dionisio Sánchez ordena sin prisa sus montículos de cartón, sus redes llenas de latas y sus amasijos de quincalla. El aire en Tegucigalpa está limpio, como entre lluvias. Dionisio es pequeño y tiene una sonrisa burlona. Al hablar despereza dos ojos sorprendidos, como si conversar fuera para él una excentricidad o un placer olvidado y redescubierto.

Se asentó bajo este techo prestado en el año 99, pocos meses después del paso del huracán y vive de vender basura y cargar bultos en el mercado mayorista. Nunca ha pisado una cárcel, pero sabe perfectamente qué sucedió acá el día que desapareció La Mora:

—Cuentan que se iban y los mataban. Los presos se iban y los mataban.

Aquel jueves, con Tegucigalpa entera en estado de alarma, con el río a punto de desbordarse, entre los presos de la Penitenciaría Central corrió el rumor de que nadie iba a llegar a evacuarlos. En mitad de la emergencia, mientras temblaban los muros que trataban de sostener el río y se filtraba el agua, decenas de reclusos de La Mora treparon uno tras otro por las paredes pensando que era su oportunidad de escapar o de salvar la vida. Los guardias dispararon a matar. Alrededor de 30 presos fueron arrastrados por el río heridos o ya muertos. Sus cuerpos nunca aparecieron.

Años después, en una nota que pretendía resultar entrañable, el diario El Heraldo escribió que en las ruinas de la vieja cárcel de Tegucigalpa hay fantasmas de guardias y de presos muertos. Como si la leyenda negra de un país que mata a sus presos fuera un juego de miedos infantiles. Como si los asesinatos en una cárcel hondureña fueran cosa del pasado o de otros mundos.

Esta noche, en mitad del antiguo patio de La Mora, a pocos metros de su torreón, Dionisio Sánchez parece uno de esos fantasmas. Sabe que desde este torreón mataron a gente porque se lo contó un amigo que cumplía sentencia en aquellos días en La Mora y vio con sus propios ojos morir y hundirse en los remolinos de agua a compañeros de encierro. Una rata del tamaño de un gato atraviesa el predio en dirección a Dionisio y se cuela entre sus cartones.

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El Doctor de la cárcel de Támara fue un fantasma en la vieja Penitenciaría Central en los años 90 y la condena de ver pasar cadáveres de presos le ha acompañado hasta hoy. “Aquí la primera causa de muerte es la herida por arma de fuego”, dice, y mantiene una postura fría, los brazos sobre el escritorio, la espalda recta, el gesto ausente, como si hubiera repetido esta frase mil veces y no sirviera para nada.

La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida popularmente como Támara, estuvo una vez llamada a ser la primera piedra de un nuevo sistema penitenciario en Honduras. Cuando Mitch derribó los muros de la antigua Penitenciaría Central, en Támara se estaba terminando de construir una cárcel modelo para 1,800 personas, diseñada para facilitar la clasificación de internos por perfil criminológico y tipo de delito, a la medida de un futuro sistema progresivo de reinserción. Apenas albergaba entonces a 300 presos y debía irse llenando paulatinamente, bajo nuevos criterios de administración.

También eso se llevó el huracán. Los presos de la Central fueron finalmente evacuados de urgencia la tarde del 30 de octubre e instalados temporalmente en los bajos de las gradas del Estadio Nacional, a 200 metros de distancia cruzando el río, pero a salvo de las aguas y al cabo de unas semanas se les trasladó a todos, a los 3,500 que se amontonaban en la Central, a la nueva penitenciaría, donde quedaron de nuevo amontonados. No hubo, claro, más criterio que la prisa a la hora de asignarles celda. Ni perfil, ni distinción entre condenados y pendientes de condena, ni clasificación por grado de peligrosidad. Aún hoy los sectores del penal de Támara se llaman Procesados 1 y 2, y Sentenciados 1 y 2. Una falsedad.

En los desagües del Estadio Nacional aparecieron a los pocos días restos humanos. Los presos de la Central habían hecho sangrientos ajustes de cuentas mientras estuvieron en ese albergue temporal y llevaban consigo hasta el nuevo penal la tradición carcelaria de muerte y corrupción de las décadas anteriores.

El Doctor vivió aquel tránsito de la Central a Támara y ha estado en esta cárcel los últimos 15 años. Él ronda los 60. Su pelo peinado hacia atrás, su afeitado riguroso de médico viejo, y su camisa impecable debajo de la bata blanca contrastan con la clínica en ruinas en la que trabaja, sin equipo de rayos x, sin apenas camas, entre telarañas y pasillos a los que les faltan las ventanas. Como el resto de médicos y enfermeros de Támara, trae cada día de casa sus bisturíes, sus tijeras, su estetoscopio, sus guantes.

El penal es una ciudad pobre, sobrepoblada por 4,000 personas a las que las autoridades alimentan con una dieta única de frijoles y arroz tres veces al día. Además, el agua de Támara, los días que no falta el suministro, no es potable. El Doctor dice que la tratan para eliminar algunos gérmenes, pero que de ninguna manera es potable. Aun así, se bebe. Hacinados, malnutridos, maltratados, enfermos, en los meses de verano tres cuartas partes de los presos tienen sarna.

—Hubo un tiempo en que sí, como a finales de los 80, por el sida, pero desde hace unos 15 o 20 años ya no son las enfermedades las que matan a la gente aquí en las cárceles —aclara el Doctor—. Primero crecieron las muertes por arma blanca, y ahora ya no, ahora son por arma de fuego.

En Támara, la cárcel más grande del país y la más cercana a la capital, conseguir un revólver .38 cuesta alrededor de 25 mil Lempiras, 1,300 dólares, y que las autoridades dejen pasar una pistola 9 mm. cuesta 45 mil, unos 2,300 dólares. Un AK47 o una granada tienen precios lógicamente mayores, pero igual se pagan. Los agentes policiales que custodian la cárcel se dejan sobornar tanto por paisas como por pandilleros y los surten de armas para que se maten entre ellos, como auténticos vendedores de muerte. En un círculo vicioso que se ha perfeccionado con el paso del tiempo, las mafias de los internos alimentan la corrupción y la corrupción a su vez fortalece a las mafias de los internos.

—Mire, en las cárceles hay un poder fáctico que está por encima del director —dice el Doctor—. Los llaman “los Toros”. Son los reos poderosos, los que en cada penal manejan el narcotráfico, los negocios ilícitos, el crimen…

El Doctor no ha necesitado hacer preguntas incómodas ni meterse en los asuntos de otros para averiguar lo que sabe. Por su clínica pasan las consecuencias de todos los problemas de la cárcel. Hace algunos años comenzaron a aparecerle heridos con unos extraños cortes circulares en el cuero cabelludo, un mosaico de incisiones regulares y profundas. Le llevó un tiempo deducir de dónde venían. Los coordinadores de los sectores usan un tablero lleno de corcholatas, chapas de botella, clavadas boca arriba, y colocan al reo con la cabeza sobre las chapas, con los pies levantados y apoyados en la pared, sin manos, para que todo el peso del cuerpo descanse sobre la cabeza y los filos dentados de las corcholatas atraviesen lenta pero profundamente la piel.

Es solo una de las muchas formas en las que Támara se autogobierna de muros para adentro con la absoluta complicidad de las autoridades. Al igual que sucedía con los rondines de El Porvenir, y como sucede en casi todos los penales de Honduras, en Támara los internos que regentan los patios disciplinan al resto con torturas sistemáticas. En cada sector tienen celdas reservadas expresamente para el castigo y la tortura. A esas salas las llaman CORE, como el CORE VII, la posta Metropolitana n°1 de la Policía Nacional en Tegucigalpa, en la que tradicionalmente se ha dicho que las autoridades torturan a su vez a sus detenidos.

15 años después del huracán, la que pretendía ser una cárcel ejemplar está carcomida por la corrupción y la desidia institucional. Las autoridades tratan a los presos como animales y les permiten gobernar su propia jungla. El resultado es un poder, el de los internos, que nadie logra ni -tal vez- quiere domar. Las autoridades se limitan a fingir que al menos pueden evitar que ese poder salga de su jaula. Por eso, cuando no se trata de un escape planeado y pagado a las redes de corrupción del penal, que inician en los coordinadores de cada sector y terminan en las oficinas administrativas del penal, los custodios disparan a quienes tratan de fugarse.

***

El 19 de mayo de 2009, Alexander Noé Moncada Zúñiga, un joven de 29 años condenado por allanamiento de morada trató de fugarse de la prisión Marco Aurelio Soto de Honduras, conocida por todos como Támara. Llevaba menos de un mes de reclusión, pero estaba nervioso como un adicto separado de sus dosis. La cárcel, al principio, puede ser un picor insoportable. A las 11 de la mañana de un martes de mayo, ese preso delgado y con bigote se lanzó, vestido con ropa deportiva, sobre el primer muro de los dos que forman el perímetro de seguridad del penal. Los vigilantes le descubrieron en la llamada “zona muerta” entre las dos paredes y le hicieron disparos de aviso. Él dudó unos instantes, midió sus remotas posibilidades de éxito y decidió que lo más seguro era volver a saltar de regreso a su sector. Pese a ver que el preso regresaba al recinto, un custodio le disparó por la espalda y le hirió en el glúteo.

El disparo no lo mató. El escapista frustrado recibió atención primaria y llegó incluso a hablar con los periodistas a su llegada al hospital Escuela de Tegucigalpa, un par de horas después del suceso. Explicó que quiso fugarse por la ansiedad de que su familia no lo llegara a visitar. Sonrió a las cámaras. Antes de que anocheciera estaba muerto. Desangrado, según la versión oficial. Un año después, el custodio fue condenado a 15 años de cárcel.

Es el único caso de este tipo por el que el Ministerio Público de Honduras ha conseguido jamás una condena. A los internos les da miedo denunciar o testificar porque al regresar al penal temen que los custodios, o los coordinadores de sectores, coludidos con las autoridades corruptas, los vayan a asesinar.

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El Fiscal batalla con cientos de casos como el de Moncada: torturas, abusos, violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Como El Doctor, cuenta sus anécdotas desde la protección que da el anonimato, porque ha recibido amenazas directas de muerte y porque en Honduras los asesinatos de fiscales y defensores de Derechos Humanos en los últimos tres años han hecho del miedo un rasgo de sentido común. Los canallas no quieren que cambie el sistema, y El Fiscal sabe que los canallas, especialmente los que trabajan en despachos oficiales, le conocen y le odian. Por eso aprendió a disparar y anda siempre armado.

—Es típico, ocurre a veces que un interno logra pasar la zona muerta y lo persiguen 10 o 15 policías, y cuando lo tienen casi sometido, y así es más fácil, le disparan en la espalda y muere. O lo capturan, lo ingresan al penal y muere.
—¿Se abren expedientes internos o investigaciones por esos casos?
—Al Ejecutivo no le interesa. Nunca hay sanción para el custodio que dispara. Nunca hay una investigación interna cuando muere un preso. Si la Policía se da cuenta, no investiga. Solo se abre un caso cuando el Ministerio Público toma su propia iniciativa o por denuncia de una oenegé.

Cuenta El Fiscal que una vez llegó a Támara para investigar un caso de abuso de autoridad y se le arremolinó alrededor un grupo de presos ansioso de que viera algo. “Ya le van a conseguir los lisiados”, le dijeron. Al poco vio acercarse a una docena de personas cojeando, malcaminando, apoyada en muletas. Una procesión de tullidos y gente rota. Se trataba de presos que habían intentado fugarse y recibido castigo de los guardias por ello. Muchos tenían brazos rígidos y doblados por fracturas que nunca les fueron enyesadas, o pies ladeados.

—Me han hablado de disparos en los pies, como castigo ejemplar -le pregunto.
—Varios me dijeron: “Mire, yo me escapé, pero cuando ya me tenían detenido me dispararon en la pierna, ‘para que no lo volvás a hacer’, me dijeron, y pummm”. En Támara hay muchos casos. Podés hacer un libro con ellos. Y no es lo peor que ha pasado y sigue pasando.

El 27 de marzo de 2014, a las 2 de la tarde, tres internos trataron de fugarse del penal de Támara después de, aparentemente, sobornar al soldado que ocupaba una torreta de vigilancia. Cuando otros centinelas se dieron cuenta de lo que sucedía, les persiguieron y, tras hacer disparos de aviso, terminaron por apuntar al cuerpo. Uno de los presos, Erik David Sevilla Salgado, recibió un tiro en una pierna. Aunque fue trasladado al hospital en Tegucigalpa, murió desangrado. Otro preso herido que, como Moncada en 2009, murió desangrado.

24 horas después, las autoridades de Támara no habían hecho llegar a las oficinas centrales del Sistema Penitenciario, que están a menos de un kilómetro de distancia del penal, ningún informe escrito sobre el suceso. El Fiscal sabe que, cuando algo así sucede, no va a encontrar ayuda policial para dar con un culpable.

—Ya te digo que estos asuntos no le interesan a nadie.

***

El preso más conocido -y probablemente uno de los más aplaudidos- de Honduras se llama Moncho Cálix. En los periódicos le han dado el apodo de “El exterminador de mareros” por la larga lista de ataques que, ya estando en la cárcel, ha perpetrado -con cuchillo, con pistola, con granada- contra presos pandilleros.

El 24 de julio de 2012 volvió a hacer gala de su sobrenombre. Ese martes, en el módulo de máxima seguridad de Támara, una cárcel aparte construida a un centenar de metros de la Penitenciaría Nacional, Moncho Cálix sacó un revólver .38 por la ventana de su celda y comenzó a disparar contra los pandilleros del Barrio 18 que en ese momento estaban en el patio. Hirió a tres. A uno de ellos, al que Cálix disparó primero, su verdadero objetivo, le acertó en la cabeza. Era Norlin Ardón Varela, “Lucifer”, uno de los principales líderes de la 18 en Honduras.

Ninguno de los pandilleros murió pero en Támara se dice que las secuelas de Lucifer son graves y le han dejado a merced de cualquier enemigo. Ya no puede valerse y menos defenderse solo. Por eso no regresó a Máxima Seguridad sino al módulo El Escorpión, donde está con sus homiesy el Barrio 18 puede atenderle y protegerle.

Es obvio que fue un custodio, un policía, quien proporcionó a Cálix el revólver. Al día siguiente del ataque se habló en los periódicos de la corrupción del sistema penitenciario y de revisar los videos para ver quién entregó el arma. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación. Pero casi dos años después no ha habido ningún detenido ni tiene sentido pensar, a estas alturas, que algún día lo habrá.

Cuando le pregunto a La Sombra por Moncho Cálix su respuesta es el inicio de una cita enciclopédica: “Moncho Cálix Urtecho… es familiar de los Urtecho, que han sido asesores de seguridad pública…”

De la Sombra diremos solo que, por su trabajo atraviesa a su antojo los muros y conoce desde hace años todos los rincones de las cárceles hondureñas. Conoce a los custodios, conoce coordinadores de cada módulo, conoce a los pobres diablos que sufren sus castigos y sabe tanto de las corruptelas administrativas como de los grandes negocios entre la dirección de cada penal y sus presos. Sabe, siempre, qué dicen los patios sobre cada muerte y sobre cada fuga.

Me recibe en su casa, una vivienda sobria en una colonia obrera del extrarradio de Tegucigalpa. Viendo las limitaciones del lugar, uno dría que La Sombra, pese a moverse entre la corrupción del sistema penitenciario de Honduras, tiene las manos limpias.

—Mucha gente me ha hablado de Cálix -le digo-. Le llaman el asesino de mareros.
—Es de Olancho, pero residía en la Mosquitia. Es un exmiembro de las Fuerzas Armadas con mucha experiencia militar que está ahí dentro por un tema de drogas. Heroína. Cayó con su esposa pero él se hizo responsable y cargó con todo. Y ya una vez en prisión se convirtió en sicario.
—¡¿Se convirtió en sicario ya estando dentro?!
—Pues sí. Él no tenía antecedentes violentos, pero al principio le hicieron atribuirse muertos que no eran suyos, y después ya él puso sus muertos. Es el principal enemigo de la 18. Lleva ya… mínimo… 40 o 50 cadáveres dentro de la prisión, pero en tu artículo ponele que son 20 o 30, para que no digan que ando exagerando.

La Sombra habla de los crímenes de Cálix con cierta naturalidad cínica, como lo haría un enterrador, pero poda los números que no puede probar para que nadie le tome por un charlatán. En Honduras la gangrena maloliente de la corrupción carcelaria es tan voraz y ramificada que hay que desbrozarla para que resulte verosímil. ¿Quién demonios va a creer que entre los muros de una cárcel se forjó un asesino en serie de esas dimensiones sin que las autoridades actuaran, sin que el periodismo lo advirtiera y la sociedad se indignara, sin que el esperpento fuera ya una novela o una película?

Yo mismo desconfiaría de La Sombra, de sus números, si no fuera porque el nombre de Moncho Cálix se ha repetido en cada conversación que he tenido las últimas dos semanas acerca de las muertes de presos en Honduras. Cálix es el sicario-símbolo de los penales de Honduras. Entró a la cárcel en 2001 con una condena a 19 años y, a base de cometer asesinatos a plena luz del día en diferentes penales y confesar muchos de ellos, ha sumado condenas hasta tener ahora 340 años de cárcel por cumplir.

Hace unos días, una defensora de Derechos Humanos que sigue su caso, que le teme, que nombra a Cálix en susurros, temiendo que él pueda oírle aunque con certeza sabe que estamos a muchos kilómetros de distancia, me confesó que las sentencias contra Cálix se quedan cortas y ella le atribuye más de 100 asesinatos.

—Analizando sus expedientes le conté 104 muertes en penales, la mayoría por ahorcamiento y casi todos pandilleros, eso entre 2003 y 2006 -me dijo en su pequeño despacho-. Después le perdí la cuenta, dejé de seguir sus casos, hasta que 2012 quiso matar a ese otro… Al pandillero que quedó fregado. Y ahí me vino todo otra vez a la cabeza.

Le pregunto a La Sombra quién ordena todas esas muertes y de repente transita del cinismo y la indignación. Parece que no termina de decidir si le importa, y cuánto, lo que pasa dentro de los muros. O cuánto está dispuesto a permitir que le importe.

—Lo que ocurre es que los organismos de Derechos Humanos no tienen valor, se acomodan, todos… porque ellos tienen que sobrevivir también.
—¿Quiere usted decir que denuncian solo parte de lo que saben?
—Sí, y no son preventivos, no ponen el dedo donde es, no denuncian a quienes controlan los sectores o las cárceles. Solo se dedican a pedir indemnizaciones.
—Pero ese dinero es para las víctimas.
—¿Y es que con una paga se solucionan las muertes? Mire, al final de todo el problema, la pelea, no es la muerte del recluso… sino lo que reclaman los vivos. Eso es lo que he aprendido.

Que los internos controlen de forma absoluta la vida de los sectores no solo implica que establezcan sus propios y brutales sistemas de disciplina. Significa que en complicidad con las autoridades del centro administran todo lo que hay y sucede en la cárcel como un bien privado. Puesto que la opinión de los coordinadores influye en el diagnóstico de peligrosidad del preso, cobran 300 mil lempiras, más de 15,000 dólares, por no enviar a máxima seguridad a un interno que no se pliegue a su jerarquía, o 150 mil por dejarlo en el sector de Diagnóstico, reservado a los recién llegados y en teoría más seguro. Y una vez allí cada cama, cada espacio para dormir, tiene un precio. Se pagan 6,000 lempiras (300 dólares), por el derecho a dormir en el suelo de un pasillo.

Y las vidas, privatizadas, también tienen un precio.

—En 2013 hubo dos muertes de 2 millones de lempiras cada una, pagadas por narcotraficantes y ejecutadas con autorización del director del centro: la de Tatum, un narco de la Mosquitia, y la de “El Chino”, que era de los Cachiros.

David Dalbet Golcher Tatum tenía 55 años y lo mataron el 19 de julio, en un tiroteo en el sector Diagnóstico de Támara, durante la jornada de visitas. Estaba condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Había llegado trasladado desde otro penal por haber recibido amenazas de muerte. “El Chino”, Wilmer Javier Herrera Sierra, fue ejecutado un mes antes, el sábado 15 de junio en la carretera de entrada a Tegucigalpa, junto a otros tres presos y la esposa de uno de ellos. Los tres tenían permiso de semilibertad y pasaban en casa los fines de semana. Dos vehículos en los que iban cuatro hombres encapuchados interceptaron el pick up en el que viajaban y los ametrallaron. Los tiradores se ensañaron especialmente con el rostro y la cabeza de Herrera. En el lugar quedaron más de 100 casquillos de bala. Oficialmente fueron dos muertes más, de entre las muchas que quedan sin explicación ni culpables en Honduras. La Sombra dice que cada una costó unos 100 mil dólares.

Hacemos una pausa. El hijo de La Sombra se acerca a la mesa y le dice que va a salir, que tomará su coche.

—Vaya, pero ya sabés: bajá el vidrio.

La Sombra ve mi rostro de extrañeza. Esta noche hace frío en Tegucigalpa y el vehículo tiene los vidrios tintados. El sentido común dice que sería más seguro llevar la ventana cerrada. Pero en Honduras conviven varias lógicas:

—No quiero que lo confundan conmigo y le hagan algo.

La Sombra teme porque conoce.

—Usted ya ha escrito sobre Chepe en San Pedro Sula, pero hablemos de Támara: Miguel Flores fue el primer coordinador general de la Penitenciaría Nacional después del traslado desde la PC en 1998. Cuando lo liberaron hace cinco años asumió Jacobo Ramírez, que estaba en Procesados 2. Quedó libre en 2013 y desde hace un año el coordinador es Cosme Flores, que está en Sentenciados 2. Y así seguirá la cadena. Ahorita el coordinador de Procesados 2 es el hermano de Jacobo Ramírez, y ya se dice que es el posible sucesor como coordinador general cuando Cosme Flores se vaya.

—Esos son los verdaderos dueños de la cárcel.
—Y está Wilmer Escoto, el coordinador de Casa Blanca (el módulo Sentenciados 1, aislado del resto), que es un histórico, muy sanguinario. No se equivoque, todos son más sanguinarios que Moncho Cálix. Él es solo un comodín, un sicario al que mantienen con comida y dinero desde los módulos. Pero en Honduras, en prisión, va a encontrar a más de 10 Monchos Cálix.
—¡Pero si él ha matado a decenas!
—Él es mediático, pero otros son los verdaderos sicarios en la prisión.

Pese a las denuncias generalizadas, en la última década no se ha desarticulado o juzgado una sola red de sicariato operada desde prisión. El sistema penitenciario de Honduras no se interpone en el camino de nadie que arroje presos muertos por el desagüe. Aplica un despiadado “dejar hacer y dejar pasar” que sujeta a los presos a los designios de una mano criminal invisible. Y a veces tiene la fortuna de que, gracias a que el Estado mantiene la infraestructura de los penales en permanente riesgo de colapso, el asesino a sueldo se llame fuego.

***

La celda número 19 del penal de San Pedro Sula era un cajón rectangular de concreto de 200 metros cuadrados en el que vivían 183 miembros de la Mara Salvatrucha. Un ataúd gigantesco sin ventanas ni ventilación, sin agua corriente, sin duchas ni lavabos y con una única puerta enrejada de salida, de alrededor de metro y medio de ancho.

A la 1:30 de la madrugada del lunes 17 de mayo de 2004, justo encima de esa puerta se produjo un cortocircuito y comenzó un incendio. Durante una hora los presos de la 19 clamaron por auxilio, pidieron extintores, agua, algo. Desde hacía una semana el agua de los retretes, la única que llegaba al lugar, estaba cortada. Pidieron que les abrieran la puerta, que los dejaran escapar de las llamas y el humo. Los custodios que les escucharon hicieron disparos al suelo para advertirles que no se acercaran a la reja. Algunos les insultaban. “Déjenlos, déjenlos”, se decían entre ellos. “Déjenlos morir quemados”. Las autoridades del penal tardaron 25 minutos en avisar a los bomberos. A las 2:30 los mismos presos, los que quedaban vivos, lograron forzar el portón y volver a respirar. Dentro quedaron 107 cadáveres. Unos pocos abrasados por las llamas, más de un centenar muertos por asfixia.

El gobierno de Ricardo Maduro, con la memoria de la masacre en El Porvenir todavía fresca, reaccionó rápido y dispuso una partida especial para indemnizar a las víctimas. Al siguiente día aún quedaban cuerpos por identificar y entregar, pero a las familias ya se les estaban dando 10,000 lempiras (525 dólares de ahora), como ayuda para los gastos del sepelio. El presidente, que estaba de viaje oficial en Europa, suspendió su asistencia a la boda del príncipe de España y regresó a Honduras. Dijo estar consternado. El sentido común hace suponer que debía estar, también, avergonzado: tras la masacre de El Porvenir Maduro ordenó la inmediata creación de una comisión para la reforma carcelaria y un mes después, el 13 de mayo de 2003, tenía en su mesa un informe de más de 100 páginas reconociendo errores, denunciando ilegalidades y corrupción en el sistema penitenciario, proponiendo reformas. Había pasado un año de aquello y 107 cadáveres desmaquillaban su voluntad política.

Lorena tomó los 10,000 lempiras por la muerte de Wilfredo, su esposo, un pandillero de 24 años que iba a salir libre la semana del incendio, y con ellos le compró un ataúd y una lápida. El mismo día que esperaba recibirlo en casa, lo enterró. Seis días llevaba preso y quizá nunca tuvo que haber caído por segunda vez, pero la suerte a veces te condena, de manera justa o injusta.

A Wilfredo, esa segunda vez, le tocó llegar a la cárcel de manera injusta. Por confiado, por creer que a Honduras le importan sus reos y la rehabilitación. Un año antes había pagado unos meses en la cárcel por vender cocaína en una esquina, y una vez dentro había aceptado en secreto entrar a un plan de rehabilitación que incluía borrarse los tatuajes. De regreso en las calles llevaba una carta de la pastoral penitenciaria que decía que estaba en el buen camino y que se iba a rehabilitar. Por eso no corrió como sus amigos cuando llegó la policía a su colonia, la Rivera Hernández, una de las más violentas de San Pedro Sula. Confió su suerte a la carta que llevaba en el bolsillo y no corrió. Los policías le rompieron la hoja de papel frente a la cara. Y se lo llevaron, por asociación ilícita.

Lorena es una mujer pequeña y redonda que parece sonreír hasta cuando llora. Siempre ha comido de vender. Elotes, yucas… Cuando niña, habitaba en La Satélite, otra de las colonias sampedranas famosas por la presencia de pandillas y por su rutina de homicidios. Su familia salió de allí porque el huracán Mitch, que como toda tragedia natural persiguió a los más pobres para ensañarse con ellos allí donde estuvieran, les arrebató la casa.

Tiene cierta coquetería de vendedora ambulante y descaro al hablar. Le caen tres rizos sobre la frente y cierra los ojos cuando asiente o emite una sentencia, como los niños aplicados de la clase.

—Mire, creen que con 10,000 lempiras le callan la boca a uno. Lo dieron rápido, como para que uno se callara y ya no hablara, pero con eso no pagan todos los años que hemos sufrido. ¡Las muertes tienen que servir para mejorar! -dice, y levanta los hombros en un salto, para convencerme de que lo que dice es obvio.
—¿A qué se refiere?
—A que el problema ahora es para los hijos, que quedan con aquel dolor, culpando a la sociedad, culpando a todo mundo. Mi hija tenía 6 años cuando lo del incendio y culpa a la Policía y culpa al gobierno.
—¿Porque no abrieron la puerta para que se salvara su papá?
—Claro.

Al lado de la tumba de Wilfredo, en el cementerio Los Laureles de la colonia Rivera Hernández, hay colocadas en línea otras siete lápidas de pandilleros muertos en el incendio del penal de San Pedro Sula. En Honduras hay colonias enteras en los que la cárcel es como una calle más del vecindario, por la que a veces se pasa por destino o por mala suerte, por culpa de otros o por los pies de uno mismo. La Rivera Hernández es una de ellas. Por eso, el día que se quemó una celda en el penal de San Pedro, en la Rivera Hernández lloraron ocho familias y ahora hay en la colonia una niña, Kailin, que ya tiene 16 años y odia a los policías porque dejaron morir a su padre.

***

Kaylin se volcó a llorar frente a la pantalla del televisor. Ningún canal de televisión hubiera mostrado en primer plano el cadáver sangrante de un viceministro, de una abogada, de un policía asesinado, pero los cuerpos semicalcinados de los presos no pasaron por los filtros éticos que las sociedades suelen aplicar a los muertos propios. Kaylin vio en la pantalla los humeantes pedazos de seres humanos y se echó a llorar aunque no conocía a ninguna de las víctimas.

—¡Mami, viera qué montón de muertos hay en Comayagua! —le dijo a Lorena por teléfono, entre sollozos—. ¡Otra vez! ¡Otra vez!

***

El esposo y el suegro de la mujer que tengo sentada delante rogaron por años que los trasladaran de la cárcel de San Pedro Sula porque tenían miedo a que volviera a incendiarse o estallara el enésimo motín. El padre había sobrevivido a la tragedia de 2004 y sentía que quedarse él y su hijo allí era tentar a la maldita suerte. Se alegraron en 2009 cuando supieron que los movían a la de Comayagua, una pequeña cárcel de pueblo, plácida, una granja penitenciaria de espacios abiertos en la que los presos paseaban sus sombreros por los patios.

Allí murieron tres años después. El 17 de febrero de 2012. En plena noche, un incendio se extendió a velocidad vertiginosa por 5 celdas y calcinó el cuerpo de los presos encerrados en ellas. Como en San Pedro antes, ningún custodio abrió las puertas y no había extintores ni mangueras para matar el fuego. Como en San Pedro, a las autoridades no creyeron necesario llamar a los bomberos. Como en San Pedro, la guardia disparó para evitar fugas porque los presos pueden morir pero no escaparse. Se quemaron vivos o asfixiaron 362 de los 852 internos que había en el penal. Más de la mitad no tenían condena. Eran, legalmente, inocentes.

La mujer que tengo delante viste toda de negro. Habló por teléfono con su esposo el día del incendio y escuchó de fondo, por el auricular, los gritos de los que se quemaban. Él había escapado de las llamas por los baños de su celda. Estaba agitado, pero a salvo. La amaba y le iba a llamar al día siguiente, le dijo. Después de colgar descubrió que su padre había quedado dentro y entró de nuevo a esa cueva de humo. Ninguno de los dos salió ya nunca.

La mujer tiene miedo a dar su nombre y a que se conozca el de sus muertos. Ha dejado de estudiar abogacía porque sola, viuda, no hay quien le ayude a mantener a dos hijas de tres y nueve años. Antes vivía del negocio de comidas que él tenía en el penal. La cárcel en Honduras es una ciudad más, un exilio forzoso desde el que se envían remesas. Ella está convencida de que lo de Comayagua no fue fruto del azar y como la mayoría de familiares de víctimas del incendio piensa que fue un ataque más de esa mano negra empeñada en limpiar de presos Honduras, exterminarlos.

—Imagínese. Sobrevivir a la quema de San Pedro Sula para ir a morir de la misma forma en Comayagua. Es como que los eligieran. ¡Este año vamos a quemar este!

La mujer de negro dice que a ella y al resto de viudas de Comayagua no les va a pasar como a las de San pedro Sula, que tuvieron que esperar diez años para que les hicieran caso. Dice que ya están listas para poner, ellas también, una demanda internacional.

***

“El Estado, con lo de Comayagua, lo que hizo fue ponerse una pistola en la cabeza”. Sentado en una cafetería de San Pedro Sula, Joaquín Mejía se sonríe como un jugador de ajedrez que ve que su oponente acaba de dejar desamparada la reina. Justo como debió sonreírse él mismo una mañana de febrero de 2012, al revisar su correo electrónico y encontrar uno de la asistente de la Procuradora de la República, Ethel Deras.

Joaquín Mejía lleva botas, unos jeans azules, camiseta ajustada, un pequeño collar de cuentas y pulseras de cuero y tela. Viste más como un cantante de rock o un estudiante universitario poco aficionado a las clases que como uno de los abogados más influentes de Honduras. Pero con su barba perfectamente recortada y su verbo descarado, en los últimos cinco años ha impulsado y ganado desde el ERIC, una oficina jurídica fundada por los Jesuitas, varios casos por atentados contra ambientalistas o contra activistas de los derechos campesinos, entre otros. Tiene 39 años y ya hay quien lo promueve como posible Procurador de los Derechos Humanos en el futuro.

Cuando ardió el penal de Comayagua, este enfant terriblede la lucha por los derechos humanos en Honduras formaba parte de un equipo creado por Cáritas y Pastoral Penitenciaria, que llevaba ocho años presionando sin suerte al Gobierno para que diera una señal de arrepentimiento por la quema del penal de San Pedro Sula en 2004 y asumiera su responsabilidad por lo sucedido. Puesto que en la justicia hondureña se había absuelto al director del penal sin investigar otros posibles culpables, ese equipo había llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. Las únicas respuestas del Estado habían sido la negación unas veces y el silencio administrativo otras.

Pero a los pocos días del nuevo incendio a Joaquín Mejía le llegó un correo electrónico. La Procuradora de la República, dependiente del despacho del Presidente de la República, quería reunirse con ellos. A esa maniobra desesperada, evidentemente causada por las muertes en Comayagua, llama él “ponerse una pistola en la cabeza”.

—¿En qué sentido? —le pregunto.
—El Estado iba a sentarse a negociar un caso previo pero con una tragedia reciente encima de la mesa, totalmente deslegitimado, abierto a aceptar cualquier cosa. De ahí en adelante nosotros nos aprovechamos… así, literalmente, nos aprovechamos, de la inexperiencia de la gente del Estado en litigios en el sistema interamericano.

El gobierno estaba repentinamente desesperado por lograr un acuerdo porque para el 28 de febrero estaba programada una audiencia de la Corte Interamericana en su sede en San José, Costa Rica, para resolver el caso de San Pedro Sula. Urgida por borrar en días la imagen de indolencia ante la muerte de presos que el gobierno se había forjado por años, Ethel Deras se trasladó a San Pedro Sula para tener reuniones con los abogados de las víctimas. Los encuentros, celebrados en la sede del obispado, no bastaron para cerrar un acuerdo pese a la inédita flexibilidad de los negociadores del gobierno, abogados privados contratados para la ocasión. El día 27, el diálogo se trasladó a Costa Rica.

La noche antes de la audiencia se celebró una reunión definitiva en un hotel de San José. Las discusiones fueron muy tensas: Joaquín Mejía cuenta que los abogados de Cáritas y él se habían repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Cada vez que había un desencuentro, él se levantaba de la mesa y amenazaba con irse y arrastrar al resto de la delegación. Normalmente, los abogados del Estado terminaban cediendo. Consciente de su superioridad moral en este caso y técnica en litigios internacionales, Joaquín Mejía admite que llegó, incluso, a engañar a sus interlocutores citando sentencias inexistentes de la Corte para sustentar sus puntos, ante la torpeza de las personas en las que el Estado había enviado a negociar, evidentemente legas en materia de legislación internacional en Derechos Humanos. El acuerdo que se terminó firmando cinco minutos antes de que iniciara la audiencia y en presencia de los magistrados de la Corte, era casi una rendición.

—Por lo que cuenta son ustedes unos cabrones.
—¡El estado es más cabrón! ¿Sabés por qué los engañé? Porque la procuradora, sabiendo eso de contratar gente privada para algo así es algo, pucha, terrible, se atrevió a decirme a mí, ella, en San José, que estos tres abogados privados, venían pagándose sus gastos y lo hacían por amor al país. ¡Piensa que uno es pendejo! Después me di cuenta de que al menos uno de ellos ganó por aquello medio millón de lempiras.

El 28 de febrero de 2012 el Estado hondureño aceptó formalmente su responsabilidad por los 107 muertos en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula y se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas. También se comprometió a emprender una profunda reforma del sistema penitenciario, y por ello en junio de 2013 comenzó a funcionar una comisión de transición llamada a sanear las cárceles del país. Sus primeros pasos han sido tímidos. El Ejecutivo le ha dado autoridad pero no presupuesto para nuevas cárceles, ni para formar a nuevos custodios, ni para investigar casos, ni para reforzar la seguridad…

Con la memoria puesta en la inutilidad de las promesas de reforma que Ricardo Maduro hizo tras la masacre de El Porvenir, Joaquín Mejía es pesimista respecto al proceso de reforma actual. Pero se consuela pensando que la sentencia de la Corte ayuda a hacer pública una verdad dolorosa:

—El Porvenir fue la confirmación de que la política de mano dura, de limpieza y exterminio social en las calles, se estaba trasladando a los centros penales —dice—. Y luego ves lo de San Pedro Sula y lo de Comayagua… No queda otra explicación lógica: hay una política de Estado, porque una política no sólo es hacer algo; la política de Estado puede ser no hacer nada.

La serenidad de Arabeska Sánchez contrasta con el ímpetu de Joaquín Mejía pero a ambos los une una tenaz filosofía de maratonista en su batalla contra esa política de Estado. Mientras termina su seven up, Arabeska Sánchez cuenta que su último trabajo para el Ministerio Público fue sistematizar en una base de datos toda la información forense de las víctimas del incendio de Comayagua. Cadáveres y más cadáveres. Después de eso renunció. Ahora trabaja en el Observatorio de violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la UNAH. Dice que aunque los testimonios hablan de custodios disparando a los presos para que no intentaran fugarse, ella no encontró en ningún informe de autopsia rastros de bala.

—Mi conclusión es que en Comayagua, a diferencia de lo que pasó en El Porvenir, aprendieron a matar sin dejar pistas.

***

En domingo de visita y con el día soleado, hasta un lugar tan sórdido como la cárcel de Támara ofrece una estampa de parque familiar. Parejas abrazadas, niños que corren por las canchas deportivas, bolsas de comida que van y vienen. Solo la mirada inquisitiva de los custodios, los límites que imponen a quien quiera moverse por el recinto, recuerdan que no todo lo controlan todavía los presos. Me impiden llegar hasta la celda de aislamiento en la que está Moncho Cálix; va a ser imposible entrar a los edificios de Sentenciados 1 y 2 en busca de los CORE, o llegar hasta El Escorpión, el sector que ocupan los presos del Barrio 18, para recoger su versión sobre la matanza más reciente.

El 3 de agosto de 2013, a las 7 de la mañana, pandilleros de la Mara Salvatrucha abrieron un boquete en uno de los muros que separa el sector el Barrio 18 del resto del penal y atacaron a sus enemigos con fusiles AK-47 y hasta once granadas. Murieron tres dieciocheros. La nueva comisión de transición para la reforma del sistema penitenciario llevaba apenas dos meses en sus cargos. Toda una bienvenida.

Desde que supe del ataque, dos detalles me llamaron especialmente la atención: por un lado, para llegar desde sus celdas hasta las de sus enemigos, los miembros de la MS-13 tuvieron que atravesar todo el penal, tres sectores, controlados totalmente por paisas. Es obvio que hubo una alianza entre pandilleros y no pandilleros para atacar al Barrio 18. Por otro, la reacción de las autoridades fue esencialmente aumentar la seguridad perimetral de la cárcel, pero no hubo grandes novedades o acciones hacia el interior. De hecho, en los registros de celdas que se hicieron a los pocos días, la Policía y el Ejército no fueron capaces de encontrar ni un solo arma larga de las utilizadas en el atentado.

Pero estando aquí, en Támara, paseando por sus patios y hablando con algunos internos, aparece una nueva sorpresa: justo sobre el lugar en el que la Mara perforó el muro tras al menos una hora de martillar, hay una torreta de vigilancia ocupada las 24 horas del día por un centinela. Las autoridades del penal, me resulta evidente, toleraron de alguna forma el ataque.

Sentado en una banqueta de madera dentro de una de las pequeñas tienditas ilegales que hay por todo el penal, comento con El Guitarrista mis conclusiones. Se limita a sonreír.

El Guitarrista es un hombre joven, que no tiene mucho más de 30 años pero lleva más de una década en cárcel por homicidio y sabe que de muros para adentro es mejor no cruzar acusaciones con otros presos. Por eso calla y solo sonríe. Estaba en El Porvenir el día de la masacre, hace once años. Era uno de los rondines bajo las órdenes de Coca. Asegura que él no participó en la muerte de ningún pandillero.

—A mí, cuando el forense pidió ayuda, me tocó embolsar los cuerpos de la mujer y la niña que estaban visitando a los pandilleros…. Mire, yo no justifico lo que allí ocurrió, pero sí le digo que la intención de esos mareros era matarnos a todos los que estábamos allí. De haberles dejado nos mataban a todos.

No le creo una palabra. No me lo imagino de brazos cruzados o debajo de su cama durante aquella guerra de las dos horas. Parece un hombre tranquilo pero en la cárcel la mayoría de los que destriparían al vecino con la pata de una silla si se sintieran en peligro son, en el día a día, hombres tranquilos.

Mientras juguetea con unos acordes al azar, el Guitarrista asegura que lo de El Porvenir fue solo un caso más. Que en realidad cada preso muerto es un éxito en los planes de las autoridades.

—Se hacen la vista gorda porque piensan que si en una cárcel hay un motín no es pérdida, sino ganancia. Es una depuración, y cada preso que muere es un ahorro de gasto para el gobierno. Aunque sean inocentes.
—Es una idea cruel aunque sean culpables.
—Pues sí, pero así reducen. Se lavan las manos. ¡Un delincuente menos! Se supone que así reducen el índice de criminalidad, pero los criminales son ellos.

A su lado, El Ronco asiente. Tiene bigote y cuerpo de boxeador. Uno diría que el torso se le ha comido el cuello y que todavía, aunque tiene más de 50 años, entrena todos los días. Me cuenta que se crió en Estados Unidos y fue a la universidad allí. No me dice dónde. Si yo me pregunto qué le haría cometer el error de regresar a Honduras, seguro que él se lo pregunta también. Habla de la cárcel con la concisión del viejo que lo ha visto todo y recibe mis preguntas y mis dudas con un dejo de desánimo: le fastidia mi ignorancia.

—Detrás de muchas de las masacres está el gobierno, él es —dice con su voz grave.
—Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas?
—¿Cómo va a ser de otra forma? El gobierno es aquí un simple mediador entre grupos. Nos echa leña, nos da las armas para que nos matemos, y si él es la Policía, al que tiene más dinero a ese apoya. Inclina la balanza para un lado o para el otro cada vez.

Támara debió ser una cárcel modelo y es actualmente un enjambre de negocios ilegales, odio y armas deseando purgar esos odios. Sentado en el corazón de este penal resulta difícil creer en soluciones. Cuando le pregunto a El Ronco si es posible que todo esto ocurra sin conocimiento del director del penal y también de sus superiores, él ríe.

—Como en cualquier empresa, nada pasa sin que el jefe reciba su parte del dinero. Créame. Yo he hecho negocios con ellos, con la administración del penal. Negocios ilícitos, pues.
—¿Así de simple?
—Así. Pero el gobierno es ciego y tonto, porque si esto sigue igual, si todo sigue podrido y sigue la matazón, ¿qué va a pasar con los hijos de ellos? ¿No los van a matar como a los hijos de usted o como a los míos?

Los colombianos tienen la llave de su celda y cuando alguien, toc, toc, golpea la gruesa puerta metálica, escrutan por una mirilla antes de dejarlo entrar a su refugio de paredes blancas, cocina propia, dos habitaciones y cuarto de baño privado con suelo y paredes de azulejos celestes. Hace solo un año, estos 25 metros cuadrados eran un comedor abandonado y abierto a una de las calles principales del penal de San Pedro Sula, Honduras. Ahora, una familia con negocios en Medellín lo ha convertido en su búnker de lujo en el núcleo mismo de esta cárcel mísera. Y no lo hubieran podido hacer sin el permiso de Chepe, el preso que reina en esta penitenciaría y que lleva 40 minutos sentado frente a mi en una silla de plástico, presumiendo de su cárcel.

Chepe habla con soltura y cecea como un amigo entrañable. Trata de convencerme de que al resto de presos él les pide, como un buen pastor, que se aparten “de esas vainas”, de la delincuencia.

—Porque la delincuencia a mí solo me dejó cárcel, heridas, enemigos.
—Hablame de tus heridas —le he dicho.

Porque José Cardozo, Chepe, es joven y se podría decir que guapo, pero tiene la cara cortada por un costurón que le baja de la oreja derecha hasta la comisura del labio y le dibuja una descomunal media sonrisa. Y también tiene la mano derecha salpicada de cicatrices con forma de estrella. Y le falta entero el dedo medio de la mano izquierda.

Chepe se levanta la camiseta y descubre una enorme cicatriz vertical en su vientre, debajo del ombligo.

—Afuera, cuando anduve en cosas ilícitas, en una balacera con la Policía tuvimos un inconveniente.

El inconveniente fue liarse a tiros con un vehículo policial y sus ocupantes, pensando que eran miembros de una banda enemiga. “Remitimos contra ellos, y ellos también contra nosotros”, dice. Le tuvieron que operar la vejiga. A sus 27 años, Chepe es un catálogo de cirugías.

—Pero esta del cachete fue un accidente en motocicleta. Y estas de la mano. Y este dedo fue con una sierra trompo para madera, de pequeño.

Y cuenta la historia de un niño pobre que por años labró la tierra con su padre. Maíz, frijoles, tomate, zanahoria, rábano, coco, de todo. Al terminar, se recuesta hacia atrás en la silla como la gente que no teme ni oculta nada. Todos los presos de San Pedro Sula dicen de él que es un rey bueno, generoso, justo, que tras imponerse por la fuerza trajo la paz. Que desde que llegó él, no ha habido asesinatos en este penal que antes era una mesa de carnicero.

***

En las cárceles de Honduras es fácil perder la noción de lo normal. Hace un par de años vi cómo dos pandilleros del Barrio 18 entraban en su sector de la penitenciaría de Támara, cerca de Tegucigalpa, con un enorme cerdo vivo sujeto con una cuerda. Cuando pregunté por el animal, un custodio me explicó que los pandilleros tenían permiso para terminar de criarlo y después convertirlo en filetes y embutido. “¿Con qué cuchillo?”, le pregunté con sorna, sabedor de que todos dentro de ese sector escondían, como mínimo, un machete, cuando no un arma de fuego. Con una seriedad casi convincente, el custodio me explicó que los familiares solían traerles animales vivos y, para sacrificarlos, los presos pedían prestado a la dirección un cuchillo, que después devolvían.

Fiel a esa pantomima representada por internos y autoridades penitenciarias, la cárcel de San Pedro Sula es, vista desde fuera, un sucio muro de hormigón que finge albergar una cárcel. Pero dentro, sobre lo que edificó el Estado, los internos han levantado un pequeño pueblo con su propia ley de mercado, sus historias secretas, sus gentes trabajadoras, sus tradiciones y sus caciques que desbordan lo gubernamental.

No es una metáfora. A lo largo de los años, con madera o cemento, y con la tolerancia o rendición de las autoridades, los presos han construido nuevas celdas, ventanas, escaleras, segundos pisos y nuevos muros que acabaron con cualquier atisbo de estructura regular. Resulta difícil distinguir la edificación original de sus añadidos. La cárcel es hoy una espiral de callejuelas en las que en cada rincón golpetean talleres de hamacas o zapatos, mesas de apuestas, cafetines, carnicerías, fruterías, barberías, una joyería —en la que un preso funde plata, diseña joyas y compravende oro—, o una iglesia de techos altos y amplitud extraordinaria para este lugar abigarrado, en el que deberían habitar 800 presos y se soportan todos los días cerca de 2,500.

A simple vista, en las partes más concurridas del penal, parece que ni siquiera queda espacio para las celdas, que se esconden tras puertas cerradas o entre los toldos de colores de los puestos de venta.

El cuerpo central de la cárcel lo ocupan los paisas o no pandilleros, aunque hay tres sectores segregados y mucho más pequeños para presos de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y para pandilleros retirados. El sector principal incluye además un módulo de mujeres, que durante el día comparten patios y actividades con los hombres, y recibe durante el día a decenas de madres, esposas e hijas de internos que tienen permiso para trabajar en los negocios que los presos han montado intramuros.

El reguetón y las rancheras de diferentes comedores se funden en los pasillos con las alabanzas del templo evangélico, y la algarabía de hombres y mujeres yendo y viniendo, serrando, pintando, comiendo, maquilla en cierto grado el abandono de las instalaciones. A pesar del suelo encharcado por las aguas sucias que escapan de los infinitos lavaderos y cocinas repartidos por el penal, la humedad tiene cierto olor jabonoso a novedad y limpieza.

El lugar es el símbolo perfecto de la falta de institucionalidad del sistema penitenciario de Honduras, abandonado presupuestariamente a su suerte y encomendado las últimas décadas a una Policía Nacional corrupta, acostumbrada a compensar con violencia arbitraria su falta de autoridad, porque no gobierna, en realidad, ni las calles ni esta cárcel.

***

La comisionada de Derechos Humanos que me ha facilitado el acceso al penal recorre el recinto anotando testimonios de abusos, olvidos administrativos y supuestas injusticias en un intento frágil por contagiar de orden y justicia esta cárcel. Es una abogada de más de 50 años, delgada y de voz maternal, que cree en su trabajo y lo ejecuta como quien achica agua a cubetazos de un bote agujereado: sin detenerse a medir sus posibilidades de éxito.

En el dormitorio de mujeres registra el caso de una mujer de 61 años que acaba de reingresar a la cárcel después de varios meses recibiendo el beneficio de casa por cárcel. Es diabética, y un pie ulcerado le impidió cumplir con la rutina semanal de firmar en el juzgado. Cuando por fin pudo acudir, la esperaban con una orden de captura. Ahora ocupa una de las camas bajas en este galerón para 70 reclusas.

—Como no aplicamos lo que dijo Couture sino lo que dijo Justiniano… —reflexiona en voz alta la abogada, en un ejercicio que no encaja con el lugar ni la escena—. Couture decía que cuando entra en conflicto la justicia con el derecho debes luchar por la justicia. ¡Eso decía Eduardo J. Couture! Pero Justiniano decía “Dura Lex Sed Lex” —y señala, sonriendo, a la pared del barracón, en la que hay pintado un enorme escudo del sistema penitenciario, que incluye esa leyenda. Y traduce— Dura es la ley pero es la ley.

El subdirector del penal, el oficial Escalón, un policía fibroso de unos 45 años, con maneras militares, acompaña testimonialmente nuestro recorrido simulando protegernos. Ha escuchado el comentario y pregunta desconcertado por el autor de esa frase extraña que él mismo tiene bordada en el hombro del uniforme:

—¿Quién decía eso?
—Justiniano.
—Justiniano… ¿y de qué nacionalidad era?
—Italiano. Bueno, romano. ¡Eran duros, los romanos!

También los hondureños deben creerse duros, pienso, por haber sido implacables con una anciana enferma que no fue a firmar su expediente una semana. En noviembre pasado Honduras eligió como presidente de la República a Juan Orlando Hernández, que ha prometido reforzar la presencia del ejército en las calles para combatir el crimen y que tiene como uno de sus hombres de confianza a Óscar Álvarez, el ministro de Seguridad que impulsó la Mano Dura el el país a inicios de los 2000 y bajo cuyo mandato murieron casi 200 presos quemados en esta misma cárcel y en la de El Porvenir, en La Ceiba. “Haremos lo que tengamos que hacer para combatir la delincuencia”, ha dicho el nuevo presidente, inflexible en apariencia, rígido como los lomos de una vieja enciclopedia con tapas nuevas.

A unos 20 metros del módulo de mujeres, ajenas a la amenaza de una nueva era de Mano Dura, Pirigüey y Bonita, las dos cabras de uno de los dueños de un taller de hamacas, se pasean entre seis mesas de billar en las que presos sin camisa apuestan el tiempo y unos pocos lempiras bajo el humo de cigarros y rodeados de mirones. Cerca de las mesas de billar, los estantes de una enorme pulpería ofrecen desde azúcar o chocolate hasta una infinidad de latas de maíz, chícharos u hongos en conserva. En este penal hay quien tiene dinero y no se conforma con la dieta de subsistencia que ofrece el Estado, a base de arroz, frijoles y espagueti. Para ellos hay en este pequeño supermercado incluso boquitas importadas, un dólar más caros que las nacionales.

—Se supone que la cárcel es represión, porque tú has cometido un delito, pero aquí hay mucha flexibilidad —dice El Italiano, un interno que frecuenta la pulpería—. Y al haber tanta flexibilidad la gente está más tranquila. Por ejemplo, el hecho de que los internos tengamos acceso a esto —y muestra un smartphone—, da a todo el penal una tranquilidad enorme.

—Tú tienes internet en ese teléfono.
—Claro. Pero hay también quien no puede pagar comodidades, quien no tiene nada y se lanza al vicio para mitigar el hambre, la soledad…

El Italiano lleva tres años encarcelado y conoce con detalle el negocio de la compraventa de favores en este lugar. Dice que llegó a San Pedro Sula hace cinco años cansado de la falta de oportunidades en Europa y que trataba de exportar palmeras decorativas cuando “los españoles” -así los llama- le ofrecieron llevar un dinero a Colombia. Los periódicos del día de su detención le muestran con bigote y dicen que entre él y sus tres cómplices llevaban adheridos al cuerpo más de un millón y medio de dólares.

El Italiano está condenado a 11 años de prisión y es de los que se pueden permitir privilegios. El mayor de ellos es ocupar una pequeña celda semiprivada con paredes de madera que solo comparte con otro preso y por la que pagó 2 mil dólares al llegar a la cárcel. Aquel pago, hecho a las autoridades oficiales del penal, pero que requirió el visto bueno previo del líder de los internos, le da también derecho a tener, hasta el día en que cumpla su pena, un cuarto de baño completamente equipado que solo comparte con otras tres personas, y un pequeño pasillo de dos metros en el que colocó una cinta andadora para hacer ejercicio. El Italiano habla a diario por skype con su familia y responde su correo electrónico desde una laptop colocada a la vista sobre un pequeño escritorio en su celda. Son los lujos, dice, de lo que él llama “la clase media de la cárcel”. Los verdaderos privilegiados llegan a pagar entre 5 mil y 7 mil dólares por vivir en minisuites completamente privadas, más amplias, mucho mejor acondicionadas.

Ese dinero, junto al impuesto ilegal que las autoridades del centro cobran a quienes desean tener un negocio en el interior, sirve en teoría para complementar el presupuesto general del penal, siempre corto para pagar los salarios administrativos y dar alimentación a los presos. Ese dinero, que no está sometido a ningún control oficial, señala también el cauce por el que se pueden comprar otros favores. Si tienes los contactos indicados, en la cárcel de San Pedro Sula puedes hacer incluso que tu familia, si ha viajado desde lejos para visitarte, se quede unos días o varias semanas contigo en el penal, en una especie de extrañas vacaciones.

—Tener a las mujeres, a los niños… eso da tranquilidad —confirma El Italiano—. Esto es un pueblo pequeño en el que los internos saben que no pueden salir, pero tienen acceso a todo.
—¿A todo?
—A todo, todo, todo, todo.

En la pulpería, del estante de la derecha cuelgan perfectamente alineadas media docena de brocas para taladro eléctrico, todavía en sus envoltorios, y algunos martillos. Un poco más arriba, un serrucho para metal sin estrenar se vende a quien lo quiera por 130 lempiras, poco más de 6 dólares. Como explica El Italiano, las autoridades de la cárcel de San Pedro Sula tienen un concepto muy flexible de la seguridad en el penal:

—Está la Policía, están los directores de los centros penales, pero aquí dentro existe lo que ellos llaman “la autoridad civil”, que son los coordinadores generales. Y todo es como con Dostoievski: Crimen y Castigo. Los internos saben cómo controlar a los propios internos.
—A golpes.
—A palos, sí, y a patadas también. Tú robas y te ponen en el piso, te agarran a patadas y te meten en una celda aparte. Y eso es ahora, con Chepe, porque antes si robabas mucho y se cansaban de ti aparecías ahorcado. Y si te ponías muy bravo… —El Italiano se pasa la mano por el cuello como si fuera un cuchillo—. En tres años he visto más de 40 muertos, y ni una sola investigación. Aquí te matan, te desaparecen, y lo único que dicen las autoridades es “hubo un motín entre internos”. Y le dan tu cuerpo a tu familia en una bolsita amarilla.

San Pedro Sula es la ciudad con más alta tasa de homicidios del mundo. Un enclave industrial y comercial que presume de ser capital económica de Honduras y al mismo tiempo es el centro neuronal del narcotráfico en el noroeste de un país casi en desgobierno. Mientras los políticos se acusan unos a otros de ser narcos, los jefes nacionales de Policía, que no escapan al torrente de acusaciones y sospechas, se suceden como las estaciones en un relevo inútil.

En ese contexto, las cárceles han encontrado su propia forma de gobernarse y sería absurdo pretender que lo hicieran en un idioma diferente al que el país en su totalidad habla extramuros. Las cárceles hondureñas, como lo hacen las calles, se autorregulan con violencia. Son las armas las que otorgan un poder efectivo y medieval. Y desde marzo de 2012, en San Pedro Sula, ese poder lo tiene Chepe. Lo obtuvo tras decapitar al anterior coordinador general de la cárcel.

***

Mientras esperamos en la celda-apartamento de los colombianos, Ángela, la madre de la familia, una mujer voluptuosa hasta el exceso por obra y gracia de un cirujano plástico, nos sirve café y cuenta por pedazos su captura, la arbitrariedad de la Policía, la injusticia que, asegura, se está cometiendo con ella, su esposo, su hija Tati y con el esposo de su hija. Viajaban de la paradisiaca isla de Roatán a La Ceiba, ciudad cabecera del caribe hondureño, y les detuvieron y llevaron a juicio por llevar un total de 23 mil dólares en efectivo entre seis personas. Ninguno superaba la cota de 10 mil que se obliga a declarar en los aeropuertos, y además estaban en un vuelo interno varios días después de haber entrado al país, pero de nada les sirvió protestar con acento colombiano. “¡¿Usted sabe cuánto cuesta una semana de buceo en Roatán?!”, le dijo Tati al policía que le preguntó por qué viajaba con tanto dinero.

Tal vez aquel policía y el resto de los asignados al caso nunca habían buceado entre los corales de Roatán, o quizá percibieron en el relato de los colombianos los mismos silencios extraños que yo encuentro cuando le pregunto a la chica el nombre completo de su padre o el del pueblo en la región de Antioquia, Colombia, en el que la familia dice tener negocios de ganadería. El caso es que creyeron que mentían. Dejaron ir a la abuela y al hermano pequeño de la familia, y acusaron a los otros cuatro de lavado de divisas.

La puerta se abre sin aviso previo y antes de que aparezca Chepe lo hacen un niño de apenas dos años y una niña de cinco. Son sus hijos. Viven fuera de Honduras —“por seguridad”, dirá más tarde su padre, “tengo demasiados enemigos”— y están pasando unos días de visita en el penal. Se lanzan a jugar en el suelo mientras Chepe saluda como un candidato sin prisa. Se sienta en una silla de plástico con la espalda contra la pared, acepta el café que amablemente le ofrecen las colombianas, y se lanza al grano. Sin sonreír:

—Bueno, ustedes dirán por dónde empezamos.

Los líderes carcelarios suelen ser hombres-sombra que no quieren ser vistos y ante visitas incómodas o intrascendentes se parapetan detrás de un hombre-fachada. Me habían advertido: “Te presentarán a Noé como representante de los presos, pero el que manda es Chepe”. Fueron la casualidad y las colombianas los que acabaron por ponerme enfrente al hombre al que buscaba. A pesar de que cumple prisión por robo agravado, y no por delitos ligados al narcotráfico, Chepe, que se lleva bien con todos y dice tratar a todos por igual, tiene una llamativa cercanía con los internos acusados o condenados por lavado de dinero.

Nació un 17 de diciembre en una pequeña aldea a dos o tres kilómetros de San Pedro y estudió hasta segundo de secundaria. Tenía 18 años cuando entró por primera vez a este penal en 2005 y desde entonces apenas ha vivido fuera de él. En 2009 volvió a saborear las calles, pero no llegó a completar dos años en libertad. El 16 de abril de 2011 regresó y lleva casi tres años a la espera de juicio, viviendo, dice, de la carpintería. No le creo en eso, pero sí es irónico pensar que, técnicamente, el rey armado que gobierna el penal de la ciudad más peligrosa del mundo sea todavía, y hasta que un juez diga lo contrario, un inocente, aunque puede que sea solo una cuestión de estadística: el 49.5 % de los presos de Honduras aún no han sido condenados.

—Empieza por contarnos cómo lograste calmar este penal. San Pedro Sula tiene una trayectoria de violencia enorme —le digo.
—Bien exagerada. Pero este es un cambio que se vino dando por necesidad.

No lo cuenta solo Chepe. Lo dice todo al que le preguntes: Mario Henríquez, el anterior coordinador general de la cárcel de San Pedro Sula, era un maldito entre malditos, que extorsionaba a los internos que tienen negocios y que retenía parte de la manteca y el arroz que entrega el Estado para los presos y la vendía por su cuenta a los comedores privados aunque eso significara recortar la ración de comida a los internos más pobres. Suyos y de los suyos eran la mayoría de negocios ilegales del penal, y trataba de ir haciéndose, poco a poco, por la fuerza, con los legales. La brutalidad de sus castigos roza la leyenda. Colgaba de las manos a los condenados por su justicia arbitraria, y les levantaba la piel a latigazos mientras su perro les mordía los pies. El penal entero rezaba por la venida de un salvador.

—Se degeneró eso, se desató una ola de violencia porque la gente ya no acataba órdenes de nadie. Desde ahí fue que nosotros tomamos la decisión de poner un orden específico, ¿verdad? —se aplaude Chepe—. Una norma bien establecida, de que no hay necesidad de llegar a un acto de violencia, ni pequeña ni grande.
—¿Quiénes son “nosotros”?
—Nos referimos a un pequeño grupo de gente que, unos 15 o 20, nos pusimos a pensar coherentemente que era necesario poner orden, control. Y entonces hicimos lo que tuvimos que hacer, tomamos las medidas que teníamos que tomar.
—¿Recuerdas el día en que las cosas cambiaron?
—Mire, específicamente no podría decirle “este fue el día que cambiaron las cosas”, porque hubo diferentes problemas… Hablando en el diálogo que hablamos nosotros aquí: hubo diferentes revueltas. Y hubo bajas, pérdidas humanas invaluables. Mire, es una historia muy larga…

***

Las historias carcelarias son siempre largas e intrincadas. Se tejen día a día, mirada a mirada, con malos comentarios, peleas postergadas y muchas horas de conversaciones susurrantes en las celdas. Luego, pum, un estallido, un machetazo, zas, o una cadencia de disparos que casi nunca se comprenden desde el otro lado de los portones, del lado de las autoridades, y que en los periódicos son parte de una masacre inexplicable. Para el mundo exterior, las muertes en una cárcel son como un rayo que corta un árbol, impredecibles y sin sentido.

La masacre que coronó a Chepe, sin embargo, comenzó a gestarse el día en que un líder brutal llamado Lázaro Francisco Brevé quedó libre y un hombre más brutal aun, Mario Henríquez, le sucedió al frente del penal. Hubo avisos, muertes previas, fumarolas por las que el penal liberó presión pero que auguraban más muertes. Una de esas fumarolas se levantó una tarde de febrero de 2012. Mario y su gente violaron a la visita de un preso de la celda 12 y durante toda esa noche la cárcel fue un campo de batalla. Fue la primera vez que Chepe intentó hacerse con el penal. Desde el exterior se escuchaban, cada pocos minutos, disparos, y en los callejones del sector paisa se desató una cacería esquina a esquina. Cuando amaneció y las autoridades lograron calmar los ánimos encontraron muerto a Luisito, el coordinador de la 12. Mario siguió en su puesto.

Un mes después, el 29 de marzo, sobrevino la erupción. Ese día hubo 14 muertos, asesinados a bala o a machete. A Mario, en venganza por sus propias formas, Chepe y los suyos le colgaron, le sacaron el corazón y se lo dieron a comer a su perro. Después mataron al perro. La cabeza del antiguo coordinador terminó sobre un tejado y el cuerpo de sus acólitos calcinados bajo una montaña de colchones en el patio del penal. La Policía, consciente de que asistía a una guerra por un territorio que no es suyo, solo se atrevió a entrar al recinto cuando los nuevos líderes paisas autorizaron la retirada de los cadáveres. Así se construyó la paz en el penal de San Pedro Sula.

Menos de dos años después de ajusticiar salvajemente al antiguo coordinador, Chepe se ha ganado el aplauso del resto de internos y de las autoridades porque ha puesto en marcha planes médicos y porque obliga a otros presos a ir a la escuela. Cada preso aporta dos lempiras semanales para sufragar las medicinas de los más pobres del penal o de sus familiares en el exterior. Desafiando lo absurdo, en un país en el que pocos tienen seguridad social, ir a la cárcel en San Pedro Sula te garantiza seguro médico. Además, cada preso paga los domingos una cuota, el “rolo”, para la limpieza de su celda y de las áreas comunes. En las celdas normales esa cuota es de cinco lempiras, pero los que tienen privilegios y celdas privadas pagan 10 o hasta 50 lempiras semanales. Con ese dinero, los presos que limpian los cuartos y letrinas reciben un pequeño salario.

Chepe presume de sus políticas sociales. Cuando a mediados de 2013 la gente de la Pastoral Penitenciaria le dijo que iba a cerrar su programa educativo en la cárcel porque solo tenían 36 alumnos y necesitaban un mínimo de 70, él reunió a toda la población y les amenazó con no firmarles cartas de buena conducta si no le mostraban antes un certificado de estudios.

—El que no tenía escuela, que mostrara un certificado de escuela; el que había cursado escuela, un certificado de colegio; el que tenía colegio, de computación o inglés…
—¿Pero qué es eso de la carta de buena conducta?
—Ah, le explico. Se le firma al interno cuando se va, siendo uno testigo de que el interno ha trabajado y se ha rehabilitado. Para que le sirva para la salida. Si no, le cuesta salir…
—Espera. Aclárame eso: ¿los certificados de buena conducta los haces tú?
—Actas de conducta. Es un papeleo que pide el juez para ver si cada uno se ha rehabilitado, si ha hecho algo que por lo menos beneficie salir afuera.

Los certificados de estudio los da la Pastoral Penitenciaria en nombre de una escuela de extramuros, la Leonel Zepeda, y no dicen que el estudiante ha estado en el penal. A los que se matriculan, Chepe les exime de pagar el rolo, para motivarlos, y cada vez que se gradúan les da un kit de aseo. En la cárcel de San Pedro Sula hay una política de incentivos para el estudio y la libertad se busca con un certificado de buena conducta firmado por un hombre que descabezó a otro preso. En el programa educativo ahora hay 140 matriculados.

El Flaco es un paria, un drogadicto marginado en la escala social interna de la cárcel. Hace maltallados barcos de madera que mete en botellas vacías, adornos feos que no imagino quién puede querer comprar, pero que él trata de vender por cien lempiras cada uno. El negocio no le va bien. Aun así, tiene los ojos encendidos por la última dosis de lo que sea que se mete en el cuerpo. Es salvadoreño, y al verme en un pasillo del penal me ametralla con palabras:

—¿Usted es de El Salvador? Necesito ayuda, acá a los salvadoreños quieren matarnos, quemarnos vivos, no hay derechos humanos acá, me estoy quedando loco, necesito salir, se ven cosas que no deben de verse y todo el mundo se queda callado, los policías se prestan para hacer cosas, tengo dos costillas quebradas y 18 puntadas en una nalga, de una paliza que me dieron y vomitaba sangre…
—A ver, tranquilo. ¿Por qué fue la paliza?
—Me acusaron de andar robando acá adentro, y era otra persona, no fui yo, pero cuando investigaron el asunto ya me habían golpeado.
—¿Lo ordenó Chepe?
—No, Chepito no, un señor que estaba antes, Brevé se llamaba. Es que aquí han pasado muchas etapas… Y el que vino después, Mario, no nos daba de comer. La comida él prefería dársela a los cerdos.
—¿Es cierto que colgaba a gente y castigaba con latigazos?
—Colgaba a gente hasta de los testículos. Yo pasé una etapa que me torturaron, me ataban y me subían los brazos así, por atrás. Por eso tengo rotas dos costillas.

El Flaco quiere dinero. “Sé muchas cosas de lo que pasa aquí”, me dice. “Pero necesito unos pesitos”. Lleva nueve años aquí. Una vida entera. Nueve vidas de gato. Decenas de motines, miles de días en los que tuvo suerte. Dice que espera volver a las calles en marzo.

—¿Y eso ya no pasa, lo de los golpes?
—Ya no, ahora hay amor y paz, Chepito se ha portado lo máximo, buena onda, me operaron del apéndice y él me ayudó bastante… Pero no me puedo confiar, así comienza todo siempre, porque cuando todo está calmado la Policía se confía y todos los coordinadores vuelven a lo mismo.

***

Los hijos de Chepe le interrumpen con sus juegos y él, sin levantarse, entreabre la puerta y llama a uno de sus guardaespaldas. Desde el exterior llega el sonido de una sierra eléctrica. El taller de carpintería de Chepe está justo enfrente de la celda-apartamento de los colombianos y cada vez que se abre y cierra la puerta, un chirrido agudo invade esta casa burbuja.

—Quédese pendiente de los niños usted. Lléveles por ahí —le dice a un hombre alto, vestido como un cantante de reguetón y que cumple el tópico del guarura que lleva gafas de sol.

Las anfitrionas, madre e hija, orgullosas de que esta entrevista sea prueba irrefutable de su alta posición en el sistema de castas carcelario, nos ofrecen más café y regresan a una posición de guardianas-sirvientas, de pie apenas a metro y medio de nosotros, atentas a la conversación. Sus maridos regresaron hace unos minutos de jugar al fútbol, sudados, jadeantes, y nos saludaron con desinterés, como si la presencia de Chepe fuera habitual, y se encerraron en uno de los cuartos a ver más fútbol por televisión.

—Si yo vengo y solo porque soy más malo o más grande que usted le pego un puñetazo en la cara… Al jodido que haga eso lo llevan castigado y lo golpean a él. Es una regla de antigüedad que no ha cambiado. Si alguien golpea, lo golpean.

Le he preguntado a Chepe por su ley, por las normas de disciplina con que mantiene el penal en orden, así que cuando dice “lo golpean” quiere decir “mi gente lo golpea”. El subdirector Escalón admite que son los líderes de los presos, la “autoridad civil”, los que determinan a qué hora se levanta y acuesta cada interno, sus horarios de ducha y comida, las cantidades del rancho, quién tiene derecho o no a participar en actividades formativas o talleres profesionales, quién es confinado en una celda de aislamiento y por cuánto tiempo, qué castigo se impone para cada falta. El director del penal, los hombres uniformados que representan esa ficción llamada Constitución, solo intervienen cuando no hay más remedio, cuando los disturbios se prolongan el tiempo suficiente como para que lleguen las cámaras de televisión. No hay cómo evitar una muerte aislada. Probablemente no interesa evitarla.

—Si uno mata a alguien aquí, ya como están establecidas hoy las cosas, si uno mata a otra persona, la misma población lo mata a él. Sin necesidad de que yo diga que sí o que no —explica Chepe, reconvertido de golpe en Pilatos.
—Ojo por ojo.
—Es una regla que se estableció entre toda la población. Si alguien rompe la paz que hay y jode a alguien, mata a alguien, ahí mismo se lo acaban a él también. Como les digo, yo siempre veo que la gente, a veces, en algunas cosas, toma sus decisiones, porque ellos también son la población y ellos también tienen mando.

La suerte de un ladrón, la vida de un homicida común, descansan en la voluntad popular porque no desafían a una autoridad que tiene por natural matar. O la de un pandillero, porque la ley de Chepe llega hasta donde termina el sector de los paisas y no responde de los muertos tatuados. Y su justicia tampoco persigue la venta de droga o el sicariato en la medida en que no desafíen a quien reina. En eso, el régimen de Chepe y el de la Policía hondureña se parecen demasiado.

—Yo lo que le digo a la gente que trabaja ilícitamente en su cuestión, tal vez de drogas, es que no me vayan a generar problemas —dice Chepe—. Pero uno no puede cerrar las puertas a muchas cosas…
—No hay cárcel sin drogas, dicen.
—Mire: una vez, hace ya tiempo, había pleitos a cada rato. Que uno le pegaba un leñazo al otro, que rayones con cuchillo… Y un día ingresó el director del penal, que yo creo que ya lo mataron, un tal García Méndez, y dijo: “¿Bueno, qué es lo que está pasando, que a cada rato hay heridos?” En este tiempo aquí estaban revueltos los paisas con los retirados de la 18 y de la MS-13, y brincó un jodido todo manchado: “Mire, jefe”, le dijo, “el problema es que aquí no tenemos marihuana, y nosotros sin la marihuana no podemos vivir”. “Esa es toda la bravura de la gente”, le dijo, jaja. “¿De verdad ustedes están…?” “Sí, jefe” “Vaya pues, pasen ahí…” Y el director les dejó meter al penal como dos libras. ¡Uy, hombre! ¡Una felicidad todos! ¡Hubo como varios días que no hubo problemas en el penal! Ja ja ja.

***

Chepe es solo un heredero más de la tradición de violencia y corrupción del penal de San Pedro Sula, en el que han muerto calcinados, asfixiados, desangrados, ahorcados o desmembrados más de 200 internos en los últimos 10 años. Es un heredero astuto, dotado por igual para la brutalidad y la sutileza, pero al fin y al cabo un nombre más en la historia. Una vieja serie de artículos de La Prensa, uno de los principales periódicos de la ciudad, recoge el testimonio de antiguos presos de esta cárcel, que aceptaron describir las redes de corrupción, tráfico de drogas y sicariato de las que participaron o que vieron operar durante su encierro. Aunque sus historias datan de 2006, justo el año en en que Francisco Brevé se hizo cargo del penal, el relato es atemporal: sobornos que permitían fugas, pagos desde fuera para asesinar a enemigos dentro de los muros, y constantes luchas entre bandas de paisas por el control del penal y sus mercados de droga.

El de San Pedro Sula siempre fue un penal paisa. El 17 de mayo de 2004, en pleno fervor de la política policial antipandillas del presidente Ricardo Maduro, en plena Mano Dura, un cortocircuito provocó un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha y los custodios mantuvieron los candados cerrados hasta que se quemaron vivos o asfixiaron 107 pandilleros. Tampoco llamó nadie a los bomberos, que tardaron hora y media en llegar. Ese día los paisas entendieron que incluso un Estado tan cruel con sus reos como el hondureño odia más a unos presos que a otros. A diferencia de lo sucedido en El Salvador o Guatemala, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha nunca han logrado que se les asigne penales propios y sus miembros cumplen pena en sectores minoritarios de cárceles controladas por presos comunes.

Eso, sin embargo, no ha evitado que los penales, vencidos por el hacinamiento y la corrupción, acumulen una tasa de homicidios muy superior a la del resto del país. Por eso Chepe es valioso. Porque con sus hombres y las armas de sua hombres logra administrar lo que al Estado le estalla en las manos. En los 21 meses que lleva al frente del penal ha conseguido, incluso, que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se sometan a su régimen y no crucen las fronteras de sus sectores. El brazo de la justicia de Chepe no llega hasta los módulos de las pandillas y el de los retirados, pero los tres grupos saben que si causan problemas en territorio paisa sufrirán su ira.

A finales de 2012 una parte de los paisas le empezaron a pedir a Chepe sangre de pandillero. En Honduras hace años que buena parte de la población, incluidos la mayoría de funcionarios, considera la ejecución de un pandillero un acto limpio de justicia. Los internos de la cárcel de San Pedro Sula comparten esa idea y querían deshacerse de sus 18, sacarlos del penal vivos o muertos. Chepe no quiso ser líder de esa escabechina y, para buscar una solución que no le costara el respeto de los suyos, pidió ayuda al hombre que lo media todo y lo trata de pacificar todo en San Pedro Sula: el obispo Rómulo Emiliani, un cura panameño de voz ronca que lleva 12 años tratando con pandillas y buceando en las cárceles de Honduras. Emiliani fue testigo del primer encuentro del rey paisa con Flash, Termita y el resto de líderes dieciocheros en el penal de San Pedro.

La reunión fue en el patio de acceso al penal, enfrente mismo del despacho del director. Chepe acudió solo. Los pandilleros en grupo y armados hasta los dientes. En los penales, los dieciocheros hondureños visten como lo hacían en los 70 y 80 los pandilleros de Los Ángeles, y aquel día bajo sus camisas de cuadros, anchas, sueltas fuera del pantalón y abrochadas en el cuello, se entreveían las formas y los cañones de pistolas y de fusiles AK-47. También el líder paisa iba armado, con una pistola y con una granada por si la escena se desesperaba. Y se sentía más fuerte que sus adversarios. “La onda, Flash, es que si quisiéramos perjudicarlos a ustedes toda esta gente paisa se los come. Sólo les digo ʻtírenseles amorʼ, y ustedes van a matar a un montón, no lo niego, pero ellos se los van a comer a todos”, le dijo al que tenía enfrente. Y los dieciocheros se midieron, pensaron, y con Chepe acordaron evitar cualquier provocación, limitarse a su propio sector y gobierno, tratar de pasar inadvertidos, conscientes de que en Honduras el gran crimen organizado vuela más alto que las pandillas, y es paisa.

Emiliani, que antes y después de aquello ha visto cómo administra Chepe su destreza para amenazar, habla bien de él:

―No vamos a discutir si eso está bien o mal, pero ha mantenido la paz y tiene un control muy efectivo ―dice.
―Tienen la autoridad que la supuesta autoridad no tiene.
―Sí, ellos tienen la autoridad que la autoridad ha ido perdiendo. La Policía puede poner orden en el penal, claro, pero eso implicaría entrar con soldados y matar a un montón de gente.

Para que eso no ocurra, Emiliani dice que Chepe y la dirección del penal han llegado a un equilibrio no firmado que evita por partes iguales los motines y la injerencia del Estado en los asuntos de los internos. Un pacto similar al que alcanzó el líder paisa con la 18, o al que ya había forjado con la Mara Salvatrucha unos meses antes.

En septiembre de 2012 cayó preso en San Pedro Sula un empresario de transporte conocido como Cheno: Arsenio Rodríguez García. Chepe dice que nada más entrar a la cárcel Cheno buscó su protección porque temía que la MS-13 le castigara por dejar de pagar el impuesto de guerra ahora que estaba en desgracia, y que él se sintió llamado a ayudarle porque el hombre no tenía nada, ni dinero, ni buses ya, ni casa, porque todo se lo había quitado la Fiscalía. Echar una mano a Cheno era, casi, una obra de caridad. Cuenta Chepe que volaron mensajes de un sector a otro y se concertó una reunión en las oficinas de la guardia, junto al despacho del director del penal. Y cuenta que una vez allí amenazó a Marcos, el representante de la Salvatrucha: “Colabóreme con esto, hermano, porque yo le voy a estipular una cosa bien clara: si a este señor le llega a pasar algo acá adentro, o a la esposa o a los hijos de él afuera, yo los voy a perder a todos ustedes”. Y les hizo ver que no era justo cobrarle a Cheno ahora en las malas cuando él, en las buenas, les había ayudado a ellos pagándoles renta y quién sabe qué más. “Más bien colabórenle con algo, que este hombre está jodido”, dice que les dijo.

Al día siguiente, en una oficina de la guardia, el representante de la Mara Salvatrucha entregó a Chepe una bolsa negra con 100 mil lempiras -unos 5 mil dólares- en efectivo, para Cheno Rodríguez García. Y dice que a él le dio otros 10 mil lempiras, como gesto de buena voluntad. Desde entonces, la MS-13 incluso le ha ayudado a comprar una silla de ruedas para un enfermo paisa y participa de vez en cuando en los fondos comunes para pagar alguna operación o medicina. De eso presume Chepe.

Escuchándole, uno creería que el rey del penal de San Pedro Sula se jugó la vida por un preso anónimo y que la MS-13 se le hizo dócil por arte de magia. Lo que Chepe no dice, entre otras cosas, es que Arsenio Rodríguez era en San Pedro Sula mucho más que un antiguo motorista convertido en empresario de buses. La Fiscalía hondureña lo investigaba desde 2007 por enriquecimiento ilícito, había ordenado su captura en 2010 y le incautó 12 viviendas, tres terrenos, una discoteca, tres buses, siete taxis e igual número de vehículos particulares.

Cuando la Policía se presentó en su casa, Cheno la recibió a disparos. Para la anécdota queda que el personaje por el cual los paisas y la MS-13 pensaron que valía la pena negociar la paz en la cárcel, tenía en su jardín un venado cola blanca.

―¿Quién era Chepe antes de ser coordinador? ―le pregunto a Emiliani.
―No figuraba. Pero ya había estado antes en la cárcel y era un poder detrás del trono, como de segunda categoría. Y sube y se mantiene en el poder con mucha elegancia, digamos, en un contexto difícil. Gracias a él en el penal no hay muertos.
―Siempre tuvo cierto poder entonces.
―No tengo mucho detalle, pero no era un nadie, claro. La gente lo respeta, la gente le tiene confianza y hace muchas cosas positivas. Es un hombre fiable, que hace el bien a su manera.

***

A mediados de octubre, una muchacha llegó al portón principal del penal de San Pedro Sula a preguntar por Chepe. Estaba nerviosa y solo eso decía: quiero ver a Chepe.

En las cárceles hondureñas no hace falta estar inscrito en ninguna lista ni tener un vínculo especial con un interno para entrar de visita. Dar un nombre y un número de celda o módulo bastan para que un policía que no conoce a sus prisioneros, ni sabe quién o qué eres tú, anote tus datos en un gastado libro de registro y, sin levantar la vista del papel, te deje entrar al país de los de adentro. La muchacha ni siquiera necesitó eso. En el penal de San pedro Sula, Chepe no necesita apellido ni tiene celda fija. Estuvo en la 2A, después quiso estar en la 22. Hoy duerme “buscando más tranquilidad y estar un poco más seguro, también para beneficio de todos”, en un cuarto privado que se mandó construir en la zona de visita conyugal. En la puerta de ese cuarto estaba cuando uno de sus coordinadores llegó con la muchacha que le buscaba.

—Mire, Chepito, que viene esta muchacha ahí de la guardia. Lo anda buscando.
—¿Y qué pasó?
—Es que mire —le dijo ella—, a mi mamá nosotros la trajimos desde Tegucigalpa y la tenemos internada en el hospital Mario Catarino, y necesito 900 lempiras para hacerle estos exámenes, porque si no, de puro gusto la fui a traer…
—¿Y a quién viene a visitar usted? ¿Tiene algún pariente usted aquí?
—No, usted, si yo me vine para acá porque me dijeron afuera que fuera al centro penal, que ahí me podían ayudar…

Las historias de quien llega al penal en busca de trabajo, protección o un simple plato de comida gratis, están en cada pasillo de la cárcel de San Pedro Sula. “Aquí afuera la gente es tan pobre que hasta viene a comer a la cárcel”, me dijo una interna. Días después de la entrevista con Chepe, mientras esperaba a alguien junto a los muros del penal, un activista de Derechos Humanos señaló a la densa columna de mujeres que esperaban ser revisadas para entrar a visita y me desafió con una frase que pretendía ser un enigma:

—Un tercio de esas mujeres vienen a visitar a alguien.

Aunque llevábamos parados más de una hora bajo el calor, volví a escrutar con la mirada a aquel grupo heterogéneo. Faldas largas y faldas cortísimas, rostros casi siempre maquillados, enormes bolsas llenas de comida casera, algunas chicas jóvenes vestidas como para ir a una discoteca…

—¿Y el resto?
—Algunas vienen a comprar mercadería de la que fabrican los internos para venderla afuera. Las hay que se prostituyen. Y muchas vienen a probar suerte.
—¿Cómo que a probar suerte?
—Sí, a ver si conocen a alguien y se acompañan.
—Eso no tiene sentido…
—Claro que lo tiene. En las comunidades de las que vienen estas mujeres, tener un novio o un marido que está dentro del penal las coloca en otra posición, no solo económica, sino sobre todo de seguridad.

En el San Pedro Sula que no se esconde bajo el aire acondicionado de los centros comerciales, la cárcel es un corazón poderoso que igual bombea muerte que dinero o protección. En las comunidades más pobres, a las que pertenecían los 107 pandilleros muertos en el incendio de 2004 y en las que crecieron la mayoría de internos de este mísero penal para hondureños sin suerte, la cárcel forma parte de la vida y las rutinas. Y tiene para bien y para mal voz y voto sobre el futuro inmediato de los supuestos hombres y mujeres libres.

Cuando Chepe entró a su cuarto, salió con unos cuantos billetes gastados que sumaban 900 lempiras y se los dio a esa muchacha que casi lloraba. Hizo algo parecido a lo que en la calle se considera justicia. A la leyenda de la cárcel en la que las cosas funcionan y los pobres tienen un rey ladrón con la cara cortada, que es más justo que los políticos y más honesto que la Policía de Honduras, le nació otro capítulo.

***

Ya fuera de la celda de los colombianos, paseo con Chepe hasta topar con un gran cajón de madera en mitad de un callejón. Tiene alrededor de un metro y medio de alto, dos ventanas de cristal y una puertecita con candado. Me sorprende descubrir que esta especie de casita de muñecas gigante tiene aire acondicionado en un lateral, y más aun ver asomarse a las ventanas a dos huskies siberianos.

—Son míos —ataja Chepe cuando le pregunto por los perros, y les abre la puerta para que salgan. Se llaman Gol y Sissi.

Cuando los perros, después de juguetear con las caricias de su amo, se lanzan a correr por el callejón y se pierden por una esquina, tomo conciencia de que el penal entero es la celda, el jardín, la finca de Chepe. Aun así, los tiempos de paz tienen en la cárcel la consistencia de una figura de origami, y por eso pasea por sus dominios rodeado siempre de 10 hombres fornidos, de vestir pulcro y, es un secreto a voces en la cárcel, armados con algo más que cuchillos. Si le pasara algo, probablemente volverían los tiempos de zozobra y de lucha por el poder. O si le trasladaran. O si saliera libre, porque en teoría este año Chepe debería ir por fin a juicio.

—¿Crees que te van a declarar inocente?
—Siendo realistas, tengo todos los problemas encima. Si voy hoy, sería solo a que me sentencien. Pero estoy agarrado del mero todopoderoso y creo que Él me va a sacar libre cuando yo esté preparado.
—¿Cómo?
—Es que mire, yo puedo arreglar ahorita mismo mi situación jurídica y salir libre, ¿me entiende? Porque se puede. Se puede apelar a errores en la captura, o hasta la misma Policía se puede robar las evidencias, y si no le ponen evidencia a uno, ¿cómo le van a comprobar el delito? Pero yo es que antes de salir estoy dejando que Dios me transforme.
—Y si sales, ¿qué va a pasar acá dentro?
—Mucha gente tiene miedo a eso. Hasta el mismo director y el subdirector me dicen que no les gusta que les hable de eso.

La tarde de su condena por genocida, a Efraín Ríos Montt le recibieron en la sala de audiencias con aplausos y gritos de viva Guatemala. No eran aún las 4 y una treintena de familiares y seguidores se soltó a vitorearle en su camino al banquillo. Nunca, en ninguno de los días del juicio, había tenido el anciano exdictador tanto respaldo en la sala, a 30 personas arropándolo. Los aplausos solo tardaron unos segundos en quedar sepultados bajo un breve pero eficaz manto de abucheos. La mayor parte de las 500 personas que abarrotaban el salón, las que ocupaban asientos, gradas y pasillos, las decenas reunidas en la plaza que se abre frente al edificio de la Corte Suprema de Guatemala con ganas frustradas de entrar, estaban allí para condenar a Ríos Montt.

Miente quien diga que la tarde del viernes 10 de mayo no esperaba una condena. Los mismos defensores del general retirado la habían anunciado el día antes, en su caso como una supuesta prueba de prejuicio del tribunal, de injusticia. Durante semanas habían denunciado que el proceso era “un linchamiento jurídico” y que la sentencia contra Ríos Montt, gobernante de facto en Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y contra su exjefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados ambos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya estaba escrita. Y habían anticipado la intención de apelarla.

Los partidarios del castigo lo consideraban, en cambio, una consecuencia lógica de la avalancha de testimonios, pruebas y peritajes presentados por los acusadores para probar que la muerte de más de 1,770 indígenas ixiles, el desplazamiento de decenas de miles, y su persecución y tortura con la excusa de su supuesta vinculación con la guerrilla, constituían un plan de exterminio. En más de un mes de juicio, la defensa se había mostrado torpe en la sala de audiencias, aunque agresiva en los pasillos de las cortes de apelaciones; había estado más interesada en frenar el juicio o anularlo que en probar la inocencia de sus defendidos. Durante las últimas tres semanas había logrado constantes suspensiones del juicio, que en algún momento pareció estar herido de muerte. Pero no. En tres días la jueza Yassmín Barrios había esquivado trabas legales, precipitado el fin del debate público y dejado el caso visto para sentencia.

Barrios ya tenía como credencial de carácter el haber condenado en 2001 a los asesinos del obispo Juan Gerardi, y había demostrado desde el inicio del juicio el 19 de marzo un evidente interés en escuchar testimonios y dictar sentencia lo antes posible. Enzarzada en una batalla personal contra los intereses políticos opuestos por años a la tesis histórica del genocidio, que ahora trataban junto a la defensa de detener el juicio, en las últimas jornadas la jueza había interpretado de forma claramente restrictiva cada posición de la Corte de Constitucionalidad o cada derecho de los acusados y sus abogados que pudiera implicar una nueva suspensión. Ninguna de las posibles razones -apegadas a la ética y al derecho o no- a las que se pudiera atribuir al deseo de Barrios por dictar sentencia favorecían al exdictador.

Por eso la mayoría de los presentes en esa sala el viernes 10 a las 4 de la tarde se sabían parte de un pedazo de historia. Y ansiaban ver el gesto del general en el momento preciso en que por fin escuchara la sentencia. Pero una cerrada barrera de fotógrafos volcados al acecho de ese mismo morbo ocultó desde el primer minuto a Ríos Montt y a sus abogados, y el público, privado de la tentación del escarnio, sin esa distracción, quedó a solas con las palabras de la jueza, obligado a masticarlas en absoluto silencio como si las escuchara por radio.

La nueva verdad histórica

Barrios comenzó la lectura de la sentencia con ritmo vivo, tras anunciar que se trataba de una versión condensada de la misma y que la sentencia completa se haría llegar a las partes el viernes 17 de mayo. Desde los primeros compases fue obvio que daba por válidas las pruebas y argumentos de la acusación: “… a los ixiles se les estigmatizó para exterminarlos…”; “… el ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada…”; “… se persiguió la creación de un nuevo modelo de indígena…”; “… matarlos de hambre…” La sala permanecía muda. Sentada en la cuarta fila, entre decenas de mujeres ixiles y de otras etnias mayas, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se frotaba nerviosa las manos, con cierto disimulo, y no dejaba de hacer temblar la pierna derecha. Los labios fruncidos. La mirada al suelo, arriba, de nuevo al suelo…

A las 4:13 de la tarde, tras la detallada enumeración de hechos, Yassmín Barrios afirmó por primera vez en la historia que en Guatemala se había cometido el delito de genocidio. Lo repetiría a las 4:37. Y varias veces más hasta el final de su sentencia. Silencio aún. Solo miradas cruzadas entre quienes, ante el nacimiento de una nueva historia oficial en Guatemala, necesitaban confirmar que habían escuchado bien. Soplidos, miradas, pero ni una palabra. Solo las de Barrios.

Como brotes en ese huerto de tensión, comenzaron a rodar las lágrimas de algunas de las víctimas. Primero una mujer de rostro triste e inmutable, sentada en la cuarta fila justo al lado de Rigoberta Menchú, que le pasó el brazo sobre los hombros; después, un hombre en la fila tercera, sombrero, bastón de autoridad indígena, inclinado hasta casi guardar la cabeza en su saco rojo de líder ixil para intentar secarse con las solapas los ojos, por debajo de las gafas; y otra mujer en la fila siete, y una anciana sentada a tres asientos de la primera. En diferentes puntos de la sala, en desorden, pañuelos, mangas y manos se pusieron a enjugar en movimientos lentos. Ni un sollozo, ni siquiera un gesto de dolor… solo lágrimas calladas. A medida que escuchaban a la jueza describir lo sucedido “… violación para destruir la semilla ixil…”, “… prueba objetiva de la intención de destruir al grupo ixil…”, “… por querer cambiar sus condiciones de vida se les llegó a considerar enemigos…”, y nombrarlo como verdad probada, las víctimas indígenas revivían el dolor de su historia de muerte, tortura, rapto, huida y hambre, y lloraban la alegría de que a partir de ahora nunca nadie en Guatemala pudiera volver a llamarles mentirosos por contarla. “… Siendo el racismo la base para el genocidio…”

En cuidado orden lógico, Barrios fue encajando como piezas los peritajes de la defensa hasta llegar a la afirmación de que Efraín Ríos Montt estaba informado de la estrategia de exterminio que su ejército ejecutaba en las aldeas del área ixil, y recurrió incluso a lo declarado en juicio por un perito de la misma defensa, el general José Luis Quilo Ayuso, para sustentar que el exdictador estaba, desde su despacho en la capital, al mando de esas operaciones. Sentenció que los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía concordaban entre sí, que la mayoría de masacres cometidas por el ejército tenían el mismo patrón de conducta, que lo sucedido “no fue espontáneo sino planificado”.

La versión de la defensa del exdictador, y de buena parte de la élite empresarial del país, y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y del presidente de la república, el también militar Otto Pérez Molina, y del mismo Ríos Montt, empeñados todos ellos en decir una y otra vez que en Guatemala no hubo genocidio, que durante la guerra se habían cometido solo “excesos” aislados imposibles de evitar por las autoridades, se convertía en apócrifa.

Cumplida media hora de lectura ininterrumpida, el silencio entre el público seguía siendo absoluto. Sentada entre varios periodistas, la defensora de derechos humanos Helen Mack mantenía los labios apretados y el gesto concentrado. A su hermana Myrna la asesinaron en 1990 por documentar y denunciar la tragedia de los ixiles. El juicio a Ríos Montt y su gobierno era el juicio a la brutalidad de décadas de gobiernos militares. Mientras, Barrios avanzaba imparable -“… desde su posición podía haber impedido…”, “… la responsabilidad alcanzó al jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt…”, “tuvo conocimiento de todo y no lo detuvo a pesar de tener capacidad para hacerlo…” Apuntalada ya, su siguiente afirmación cayó por su peso: “Consideramos que la conducta del acusado Efraín Ríos Montt se encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, de forma que debe imponerse la condena correspondiente”. Culpable.

Culpable por saber. Culpable por ser, como jefe de Estado, el responsable. Aun dando por posible que Ríos Montt no ordenara expresamente el genocidio, culpable por ampararlo y por no hacer nada para impedirlo.

Eran las 4:44 de la tarde. De forma inexplicable la sala se aferró todavía al silencio. Con gesto compungido Rigoberta Menchú comenzó a buscar miradas en las que apoyarse. Como si se sintiera sola y necesitara ayuda para sobrellevar las emociones que se le agolpaban en el cuerpo 14 años después de haber iniciado ella, ante la Audiencia Nacional de España, el primer proceso por genocidio contra el exdictador en nombre de las mismas víctimas que ahora estaban venciendo en este juicio guatemalteco. Barrios anunció que absolvía a Mauricio Rodríguez por falta de pruebas: “… la duda favorece al reo…” Y hubo entre el público un rumor de descarga. La jueza repitió afirmaciones para referirse al segundo delito imputado, el de crímenes contra la humanidad, o “crímenes contra los deberes de humanidad”, según el Código Penal de Guatemala, y declaró a Ríos Montt de nuevo culpable, y a Rodríguez otra vez inocente.

Los alegatos del abogado de Rodríguez, un día antes, habían sido sólidos, rocosos, centrados en el supuesto carácter consultivo de la figura de Director de Inteligencia dentro de la cadena de mando del ejército y en la falta de pruebas en su contra. El mismo general retirado comentaba una hora antes de la lectura de la sentencia: “No han demostrado que yo haya participado en la elaboración de esos planes ni que yo tuviera mando operativo de las acciones. Pero es que tampoco soy yo el que les importa: la joya de la corona en este juicio es Efraín Ríos Montt”.

Como si la condena no lo significara todo, como si el castigo fuera la verdadera medida de la justicia, fue el anuncio de la pena de cárcel la que desató la respiración de la sala e hizo estallar gritos de “¡Bravo, bravo!” Las víctimas se permitieron, por fin, sonreír, celebrar: “El artículo 376 del Código Penal establece delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables”. Y 30 más por crímenes contra la humanidad. 80 años de cárcel para un hombre que casi tiene 87. Una cifra para sentar precedente.

Y un gesto para no dejar dudas de la decisión de castigar: la anulación de las medidas sustitutivas que, desde que comenzó el juicio en su contra hace más de un año, habían permitido al exdictador permanecer en su casa, bajo arresto domiciliario, en lugar de en una celda. Solo las cámaras de fotos, las de televisión, las de los documentalistas que pretenden firmar la historia de este juicio en sus imágenes, vieron el gesto de Efraín Ríos Montt cuando se oyó culpable. Y solo ellas captaron su reacción cuando escuchó que se ordenaba su detención y su ingreso inmediato a prisión, una medida que muy pocos de sus adversarios esperaban, dada la edad del exgobernante.

Leída la sentencia, Barrios prohibió al condenado salir de la sala hasta que llegaran agentes de la Policía para llevárselo. Rodríguez, que asistió a todo el juicio en silla de ruedas, fue empujado hacia la salida entre abrazos de sus familiares. No quedará libre hasta que la sentencia sea firme pero no podía deshacer la sonrisa. La mayoría de quienes acompañaban a Ríos Montt también salieron, por órdenes del tribunal, para evitar enfrentamientos con otros asistentes. Un joven del público gritó a la jueza “¡egoísta!”, “¡con el mal no se combate el mal!” antes de retirarse. El resto, el salón aún repleto, no quiso marcharse. No hasta ver al exdictador, al genocida, encaminarse a la cárcel, tal vez esposado.

Una sala en catarsis

Siguieron momentos de desorden, casi de riesgo. El enjambre de camarógrafos que habían permanecido todo el juicio volcados sobre la mesa de Ríos Montt y sus abogados se convirtió de repente en una animalesca marabunta hambrienta de una frase del condenado y una fotografía más cercana aún, como si la intimidad de la imagen se alimentara de centímetros. Los empujones derribaron la mesa, acorralaron a Ríos Montt, hicieron temer por su seguridad. “Señora jueza, me están maltratando”, se oyó gritar al anciano, aprisionado entre sus guardaespaldas y la turba de periodistas. Por momentos pareció que el exdictador saldría herido.

Hubo un conato de pelea entre un periodista y uno de los nietos del general retirado que intentó intervenir para garantizar espacio a su abuelo. Los gritos de la jueza, entre la exigencia de orden, la insistencia en que el acusado no podía salir de la sala y los ruegos tardíos a los periodistas, no consiguieron nada. Tuvo que ser el público el que, al clamor de “quítense, quítense”, obrara la cordura.

Después vendrían la paz y cierto ambiente de milagro. La larga espera, de casi una hora, hasta que el general retirado fue formalmente detenido y escoltado -sin esposas, nunca se le esposó- hacia una patrulla policial, convirtió el salón de audiencias en una vigilia que fue asentando emociones y destilando los gestos. Mack, sin levantarse de la silla, hundida la mirada en el suelo, lloró en silencio, agotada y feliz. El día que la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores trató de anular este juicio había dicho: “No hay un mínimo respeto a seres humanos que han esperado 30 años para obtener justicia. No puedes tener paz cuando el Estado ignora a sus propios habitantes.” Lloraba porque se acababa de asentar una esquina de esa paz.

Rigoberta Menchú, entre abrazos y abrazos, daba declaraciones a la prensa. De fondo, el murmullo de las conversaciones se fue volviendo un canto, suave al principio, más fuerte luego: “… aquí no lloró nadie / aquí sólo queremos ser humanos…” Era un poema de Otto René Castillo al que el cantautor Fernando Pérez puso música hace algunos años.

“A partir de ahora el ladino no tiene que ser siempre el que nos juzga, el que nos dice que no hablamos bien, que dice que solo inventamos, el que nos acusa una y otra vez”, decía Menchú. Detrás de su voz, el canto parecía acallarse por momentos, avergonzado de ofender la presunta solemnidad de la sala. Pero cada vez que los versos parecían diluirse, la alegría de parte del público vencía y se repetía con más fuerza la estrofa: “… aquí sólo queremos ser humanos / comer, reír, enamorarse, vivir / vivir la vida y no morirla…” Rigoberta Menchú también seguía: “Hoy se sienta un precendente contra el odio que nos han tenido todos estos años. Aquí se están rompiendo esquemas muy grandes; espero que los guatemaltecos tengamos la altura para soportarlo.”

El canto se prolongó por minutos, mientras Ríos Montt, siempre invisible, ahora tras un cordón de agentes de seguridad, permanecía arrinconado a un extremo de la sala, asediado aún por las cámaras. La fiesta en la sala se celebraba sin él. Maryelena Bustamante, hermana de desaparecido y activista pro derechos humanos, vertida en lágrimas, se acercó a dar la mano, uno por uno, a los 12 abogados que conformaban la acusación. Bustamante había sido una presencia constante durante las audiencias del juicio. Llevó flores rojas a las mujeres ixiles que testificaron sobre las violaciones que habían sufrido en los 80, gritó “¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” a Ríos Montt en su cara cuando salía de una audiencia, volvió a regalar flores el día que Yassmín Barrios se nego a acatar, por considerarla ilegal, una orden de anular el juicio.

“Hemos esperado 31 años. Este no es directamente el caso de Emir, pero no solo es él, no son solo los ixiles, en todo el territorio hubo miles de desaparecidos”, decía Bustamante, ladina, entre lágrimas, a quien le escuchaba. “Esta sentencia es un canto a la vida. Sé que no me van a regresar a mi hermano, y no se puede resarcir todo el dolor de este pueblo, pero por algo se empieza a escribir el nunca más en esta tierra.” Y luego, como si se lo dijera a sí misma, como si se tratara de pellizcar para salir del sueño, repetía, en referencia al tribunal: “Se atrevieron. Se atrevieron”.

Justo antes de que la Policía se llevara al exdictador, los partidarios de la causa ixil comenzaron a corear a la que ya consideran “su” jueza: “Justicia, justicia”, “Yassmín, Yassmín”, gritaban en medio de la alegría por la condena. Barrios, en un gesto que da más combustible a quienes la acusan de ser parcial, de estar volcada hacia el lado de la acusación, se levantó sonriente y cruzó los brazos simulando un abrazo. Después saludó con la mano en alto a quienes la coreaban. Una complicidad incómoda en un proceso como este.

Por la noche ya circulaba por la ciudad un lema que se ha convertido rápidamente en viral en ciertos círculos: “La justicia es colocha”, una referencia al cabello rizado de las dos nuevas heroínas de los defensores de los derechos humanos, la fiscal general Claudia Paz y Paz y la jueza Yassmín Barrrios.

El juicio no termina

La sentencia, aplaudida por los organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, no cierra sin embargo el debate que durante el último año se ha ido asentando en la sociedad guatemalteca acerca de la conveniencia de juzgar el pasado y de encarar su propia historia negra. En un país en el que las estructuras militares, políticas y económicas que administraron la guerra contrainsurgente en los años 80 conservan todavía una fuerte cuota de poder, la batalla de apelaciones que ya han prometido los abogados de Efraín Ríos Montt será, como lo ha sido en estas semanas en que el juicio pendía de un hilo, una prueba constante para la institucionalidad y los ríos de influencias que desembocan en la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a botar esta sentencia. El juicio nació muerto. El juicio nació viciado. Con la zurda boto este fallo, se lo garantizo”, amenazaba el defensor del exdictador, Francisco García Gudiel, la mañana del día 10, antes de conocer oficialmente la sentencia. Ya después del veredicto, su colega Francisco Palomo le complementaba: “Lo tendremos que resolver (el caso) a través de los recursos. Si los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que son gente mucho más seria, no cede ante las presiones de la comunidad internacional, los recursos deberían prosperar”.

De momento, la absolución de Rodríguez puede tener un efecto de vacuna para la sentencia, puesto que divide los intereses de una defensa que hasta hoy actuó unida. Al ex jefe de inteligencia de Ríos Montt le interesa ahora que la sentencia sea firme cuanto antes, para quedar libre. Los amparos pendientes, que buscaban anular el juicio, se convierten en un peligroso obstáculo para ello. Queda ver si Efraín Ríos Montt insiste en anular el juicio a costa de arrastrar de nuevo a un largo proceso a su antiguo subordinado.

La reacción del presidente Otto Pérez Molina al fallo del tribunal puede servir, en cualquier caso, de medida para el nivel de crispación política que el juicio ha provocado en Guatemala. Otto Pérez dijo a El Faro el pasado 24 de abril que no se sentía “políticamente implicado” en el juicio contra Ríos Montt. En una entrevista a CNN en español concedida el mismo día de la condena, su primera respuesta al periodista Fernando Rincón fue sin embargo para recordar que la sentencia del tribunal que preside la jueza Barrios no es todavía firme y que, por tanto, todavía se pueden permitir, él y quienes piensan como él, afirmar que en los 80 no hubo genocidio.

Él, general retirado, que en 1982 estuvo destinado como comandante en el área ixil de Nebaj bajo el alias de “Tito Arias”, está especialmente interesado en que así se corrija el fallo de la jueza Barrios. Durante el juicio, uno de los testigos de la acusación contra Rios Montt le nombró directamente como responsable de torturas y de ataques a aldeas ixiles, y si su nombre no resonó más veces en la sala es porque el Ministerio Público, temeroso de agitar más el avispero político que amenazaba con detener el juicio, retiró a los testigos que pudieran incriminarle.

El tribunal dejó además en su sentencia un mensaje ambivalente para quienes, como el presidente, se sienten amenazados por esta justicia incómoda que se niega a olvidar el pasado. Por un lado, la absolución de Mauricio Rodríguez podría interpretarse como una clarificación de la prioridad que, en términos de justicia restaurativa, se marca el sistema judicial guatemalteco, enfocado en el castigo ejemplarizante de los máximos responsables políticos de lo sucedido, por encima de la persecución de los autores materiales. Sin embargo, Barrios anunció explícitamene lo contrario durante su veredicto: “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos que se señalan.” Al escuchar esta frase, el público presente en la sala, especialmente los ixiles que seguían la sesión por el sistema de tradicción simultánea instalado por la asociación querellante AJR, estallaron en aplausos.

Pesonas cercanas a la otra de las organizaciones querellantes, CALDH, consideran lejana la posibilidad de abrir una serie de nuevos casos contra responsables directos de las masacres de los 80 en territorio ixil, por el enorme esfuerzo humano y económico que supone un juicio de estas dimensiones, pero es, al fin y al cabo, lo que desean muchas de las víctimas.

Tomás Raimundo, de la aldea Salquil Grande, lo decía claro a la salida de la audiencia del viernes, quizá contagiado de la euforia de la victoria judicial: “Tanta mentira en lo que hablan, tanta discriminación… Ya se confirmó que es la verdad lo que contamos. Creímos que no lo lograríamos. El día de ayer teníamos baja la moral, porque los abogados de los militares dijeron que éramos ignorantes, y eso nos bajó la moral, pero ganamos. Ahora lo que queremos es que ojalá siga y salgan en juicios todos los oficiales que fueron, porque no fueron nada más estos dos”.

A su lado, Gaspar Velasco, por años miembro de la directiva de AJR, pero que hace tres años delegó el puesto en un vecino de su comunidad, asentía: “Hay más. Solo los están tapando”. ¿Tienen fuerzas para seguir?, le pregunté. “Claro. Solo si nos morimos vamos a parar. O tal vez no pueda caminar pronto, pero siempre puedo ser testigo sentado”.