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Una mañana de enero de 2015, con el fin de poner los cimientos de una casa, Máxima Acuña Atalaya picaba las piedras de una colina con golpes secos y certeros como los de un leñador. Acuña mide menos de un metro y medio, pero carga rocas del doble de su peso sobre la espalda y destaza un carnero de cien kilos en minutos. Cuando visita la ciudad de Cajamarca, la capital de la sierra norte del Perú donde ella vive, teme que la atropellen los autos, pero es capaz de enfrentar a una retroexcavadora en movimiento para defender el terreno que habita, el único con abundante agua para sus cultivos. Nunca aprendió a leer y escribir, pero desde 2011 ha impedido que una minera de oro la expulse de su casa. Para campesinos, defensores de derechos humanos y ecologistas, Máxima Acuña es un ejemplo de coraje y resistencia. Para quienes el progreso de un país depende de explotar sus recursos naturales, Máxima Acuña es una campesina terca y egoísta. O, peor aún, una mujer que busca sacarle dinero a una compañía millonaria.

—Me han dicho que debajo de mi terreno y de la laguna hay bastante oro —dice Máxima Acuña, con su voz aguda—. Por eso quieren que me largue de aquí.

La laguna se llama Azul, pero ahora luce gris. Aquí, en las montañas de Cajamarca, a más de cuatro mil metros de altitud, una espesa niebla lo cubre todo y disuelve el perfil de las cosas. No se oyen cantos de aves, ni hay árboles altos, ni cielo azul, ni flores en los alrededores, porque casi todas mueren congeladas por el viento frío cercano a los cero grados. Todas excepto las rosas y las dalias que Máxima Acuña lleva bordadas en el cuello de su blusa. La vivienda de barro, piedras y calaminas donde vive ahora, dice, está a punto de derrumbarse por las lluvias. Necesita construir una casa nueva, aunque no sabe si conseguirá hacerlo. Más allá de la niebla, a unos metros frente a su predio, está la Laguna Azul, donde hace unos años Máxima Acuña pescaba truchas junto a su esposo y sus cuatro hijos. La campesina teme que la empresa minera Yanacocha la despoje de la tierra donde vive y convierta la Laguna Azul en un depósito para unos quinientos millones de toneladas de desechos tóxicos que saldrán de un nuevo tajo minero.

En quechua, Yanacocha significa ‘Laguna Negra’. También es el nombre de una laguna que dejó de existir a inicios de los noventa para dar paso a una mina de oro de tajo abierto considerada en su mejor época la más grande y rentable del mundo. Debajo de las lagunas de Celendín, la provincia donde viven Máxima Acuña y su familia, hay oro. Para extraerlo, la minera Yanacocha ha diseñado un proyecto llamado Conga que, según economistas y políticos, llevaría al Perú hacia el Primer Mundo: vendrían más inversiones y por tanto más puestos de trabajo, modernas escuelas y hospitales, lujosos restaurantes, nuevas cadenas de hoteles, rascacielos y, como anunció el Presidente del Perú, quizá hasta un tren subterráneo en la capital. Para conseguir todo ello, sin embargo, Yanacocha dice que será necesario secar una laguna ubicada a más de un kilómetro al sur de la casa de Máxima Acuña, para convertirla en una mina de tajo abierto. Después, utilizaría otras dos lagunas para depositar allí los desechos. La Laguna Azul es una de ellas. Si eso sucede, dice la campesina, podría perder todo lo que su familia posee: las casi veinticinco hectáreas de tierra rebosante de ichu y otros pastos alimentados por manantiales. Los pinos y queñuales que le proveen de leña. Las papas, ollucos y habas que hay en su chacra. Y, sobre todo, el agua que beben su familia, sus cinco ovejas y sus cuatro vacas. A diferencia de sus vecinos que vendieron sus tierras a la compañía, la familia Chaupe-Acuña es la única que todavía vive junto a la futura zona de extracción del proyecto minero: el corazón de Conga. Ellos dicen que jamás se irán de allí.

—Algunos comuneros dicen que por mi culpa no tienen trabajo. Que la mina no funciona porque estoy acá —dice la campesina—. ¿Qué hago? ¿dejo que me quiten mi terreno y mi agua?

Máxima Acuña se detiene, deja de picar las rocas y se seca el sudor de la frente. Su pelea con Yanacocha, cuenta, se inició con la construcción de un camino. Una mañana de 2010, Acuña se levantó con un dolor punzante en el vientre. Tenía una infección en los ovarios que no la dejaba caminar. Sus hijos alquilaron un caballo para llevarla hasta la choza que heredaron de su abuela, en un caserío a ocho horas de allí, para que se recuperara. Un tío suyo se quedaría a cuidar su chacra. Tres meses después, cuando logró reponerse, ella y su familia regresaron a casa, pero encontraron algo distinto en el paisaje: la antigua trocha de tierra y piedras que cruzaba una parte de su predio se había convertido en un camino amplio y llano. Unos obreros de Yanacocha, les dijo su tío, habían llegado con aplanadoras. La campesina fue a reclamar a las oficinas de la compañía en las afueras de Cajamarca. Insistió durante días hasta que un ingeniero la recibió. Ella le mostró su certificado de posesión.

—Ese terreno es de la mina —dijo él, mientras ojeaba el documento—. La comunidad de Sorochuco lo vendió hace años. ¿Acaso no sabía?

Sorprendida y enfadada, la campesina solo tenía preguntas. ¿Cómo podía ser eso cierto si ella había comprado esa parcela en 1994 al tío de su marido? ¿Cómo podía ser si ella había criado ganado ajeno y ordeñado vacas durante años para ahorrar el dinero? Ella había pagado dos toros, de casi cien dólares cada uno, para adquirir ese terreno. ¿Cómo podía ser Yanacocha dueña del predio Tragadero Grande si ella tenía un papel que decía lo contrario? Esa tarde el ingeniero de la empresa la despidió de su oficina sin respuestas.

Medio año después, en mayo de 2011, días antes de su cumpleaños número cuarenta y uno, Máxima Acuña salió temprano a casa de una vecina para tejerle una frazada de lana de oveja. Al regresar encontró su choza reducida a cenizas. Los corrales de sus cuyes estaban tirados. La chacra de papas destruida. Las piedras que su esposo Jaime Chaupe juntaba para construir una casa estaban desperdigadas. Máxima Acuña denunció a Yanacocha al día siguiente, pero la denuncia fue archivada por falta de pruebas. Los Chaupe-Acuña construyeron una choza provisional. Intentaron seguir con sus vidas hasta que llegó agosto de 2011. El relato de Máxima Acuña y su familia sobre lo que Yanacocha les hizo a inicios de mes, es una secuencia de abusos que temen que se vuelva a repetir.

El lunes 8 de agosto un policía llegó hasta la choza y pateó las ollas donde preparaban el desayuno. Les advirtió que debían dejar el terreno. No lo hicieron.

El martes 9 unos policías y vigilantes de la minera confiscaron todas sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego.

El miércoles 10 la familia durmió a la intemperie sobre la pampa. Se taparon con ichu para protegerse del frío.

El jueves 11 un centenar de policías con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas fueron a desalojarlos. Una retroexcavadora venía con ellos. La hija menor de Máxima Acuña, Jhilda Chaupe, se arrodilló frente a la máquina para impedir que ingresara al terreno. Mientras unos policías intentaban apartarla, otros apaleaban a su madre y hermanos. Un suboficial golpeó a Jhilda en la nuca con la culata de una escopeta, ella se desmayó y el escuadrón, asustado, se replegó. Ysidora Chaupe, la hija mayor, grabó el resto de la escena con la cámara de su celular. El video dura un par de minutos y se puede ver en Youtube: su madre grita, su hermana está inconsciente en el suelo. Los ingenieros de Yanacocha miran de lejos, al lado de sus camionetas. Los policías formados están a punto de marcharse. Ese día fue el más frío de ese año en Cajamarca, aseguran los meteorólogos. Los Chaupe-Acuña pasaron la noche a la intemperie a siete grados bajo cero.

La empresa minera ha negado esas acusaciones una y otra vez ante jueces y periodistas. Piden pruebas. Máxima Acuña sólo tiene certificados médicos y fotos que registran los moretones que le dejaron en los brazos y las rodillas. Ese día, la policía redactó un acta que acusa a la familia de haber atacado a ocho suboficiales con palos, piedras y machetes, pero a la vez reconoce que no tenía poder para desalojarlos sin el permiso de un fiscal.

—¿Has escuchado que las lagunas se venden? —pregunta Máxima Acuña, mientras levanta una pesada roca con las manos— ¿O que los ríos se venden, el manantial se vende y se prohíbe?

Después de que los medios difundieran su caso, la lucha de Máxima Acuña ganó seguidores en el Perú y el extranjero, pero también escépticos y enemigos. Para Yanacocha, ella es una usurpadora de tierras. Para miles de campesinos en Cajamarca y activistas del medio ambiente ella es La Dama de la Laguna Azul, como la empezaron a llamar cuando su resistencia se hizo conocida. La vieja metáfora de David contra Goliat se volvió inevitable: era la palabra de una campesina contra la de la minera de oro más poderosa de Latinoamérica. Pero lo que estaba en juego, en realidad, involucraba a todos: el caso de Máxima Acuña enfrenta diferentes visiones de aquello que llamamos progreso.

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Salvo las ollas de acero en las que cocina y el diente postizo de platino que luce cuando sonríe, Máxima Acuña no tiene otro objeto de metal que sea valioso. Ni un anillo, ni una pulsera, ni un collar. Ni de fantasía ni de metal precioso. Le cuesta entender la fascinación que sienten las personas por el oro. Ningún otro mineral ha seducido y trastornado tanto la imaginación humana como el destello del metal con el símbolo químico Au. Basta revisar cualquier libro de Historia Universal para confirmar que el deseo de poseerlo ha precipitado guerras y conquistas, fortificado imperios, arrasado montañas y bosques. Hoy el oro convive con nosotros desde prótesis dentales hasta componentes de celulares y laptops, desde monedas y trofeos hasta lingotes de oro en bóvedas bancarias. El oro no es vital para ningún ser vivo. Sirve, sobre todo, para alimentar nuestra vanidad y nuestras ilusiones de seguridad: cerca del sesenta por ciento del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas. Y un treinta por ciento se utiliza como respaldo financiero. Sus principales virtudes —no se oxida, no pierde su brillo, no se deteriora con el tiempo— lo vuelven uno de los metales más codiciados. El problema es que cada vez hay menos oro para explotar.

Desde niños hemos imaginado que el oro se extrae por toneladas y que cientos de camiones lo transportan en forma de lingotes hasta las bóvedas de los bancos, pero en realidad es un metal escaso. Si pudiéramos juntar todo el oro que se ha obtenido a lo largo historia y lo derritiéramos, apenas alcanzaría para llenar dos piscinas olímpicas. Sin embargo, para obtener una onza de oro —cantidad suficiente para fabricar un anillo de matrimonio— hace falta extraer cerca de cuarenta toneladas de tierra, tanto como para llenar treinta camiones de mudanza. Los depósitos más ricos del planeta se agotan y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el mineral que queda por extraer —una tercera piscina— yace enterrado en minúsculas cantidades bajo montañas y lagunas inhóspitas. El paisaje que queda luego de la extracción revela un contraste superlativo: mientras que las compañías mineras dejan agujeros en la tierra tan descomunales que pueden verse desde el espacio, las partículas extraidas son tan diminutas que hasta doscientas de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Una de las últimas reservas de oro del mundo yace bajo los cerros y lagunas de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, donde la minera Yanacocha opera desde fines del Siglo XX.

El Perú es el exportador de oro número uno de América Latina y el número seis del mundo, después de China, Australia y Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a las reservas de oro que tiene el país y a las inversiones de transnacionales como Newmont, el gigante de Denver, quizá la minera más rica del planeta y dueña de más de la mitad de las acciones de Yanacocha. En un solo día Yanacocha excava unas quinientas mil toneladas de tierra y roca, un peso equivalente a quinientos aviones Boing 747. Montañas enteras desaparecen en semanas. Hasta fines de 2014, una onza de oro costaba cerca de mil doscientos dólares. Para extraer esa cantidad, necesaria para fabricar unos aretes, se producen casi veinte toneladas de residuos con restos de químicos y metales pesados. Estos desechos son tóxicos por una razón: hay que verter cianuro sobre la tierra removida para extraer el metal. El cianuro es un veneno mortal. Una cantidad del tamaño de un grano de arroz basta para matar a un ser humano, y un millonésimo de gramo disuelto en un litro de agua puede matar decenas de peces de un río. La minera Yanacocha insiste en que el cianuro se mantiene dentro de la mina y es tratado con los más altos estándares de seguridad. Muchos cajamarquinos no creen que esos procesos químicos sean tan limpios. Para probar que su miedo no es absurdo o antiminero cuentan la historia de Hualgayoc, una provincia minera donde las aguas de dos de sus ríos son de color rojo y donde ya nadie se baña. O la de San Andrés de Negritos, donde una laguna que abastecía a la comunidad se contaminó con el aceite quemado que se filtraba de la mina. O la del pueblo de Choropampa, donde un camión que transportaba mercurio derramó el veneno por accidente e intoxicó a cientos de familias. Como actividad económica, cierto tipo de explotación minera resulta inevitable y necesaria para llevar la vida que llevamos. Sin embargo, la minería, aún la más avanzada en tecnología y la menos agresiva con el ambiente, es considerada una industria sucia en todo el mundo. Para Yanacocha, que ya tiene antecedentes en el Perú, limpiar su imagen de errores ambientales puede ser una tarea tan difícil como resucitar las truchas de un lago contaminado.

El rechazo de las comunidades preocupa a los inversionistas mineros, pero no tanto como la posibilidad de que sus ganancias disminuyan. Según la empresa Yanacocha, solo quedan reservas de oro para cuatro años más en sus minas en actividad. El proyecto Conga —que será casi tan grande como una cuarta parte de Lima— permitiría continuar con el negocio. Yanacocha explica que deberá secar cuatro lagunas, pero que construirá cuatro reservorios de agua que se alimentarán de las lluvias. Según su estudio de impacto ambiental, será suficiente para abastecer a las cuarenta mil personas que beben de los ríos nacidos de aquellas fuentes. La minera explotará oro durante diecinueve años pero promete emplear a unas diez mil personas e invertir casi cinco mil millones de dólares que le darán al país más dinero en impuestos. Esa es su oferta. Los empresarios tendrían más dividendos y el Perú más fondos para invertir en obras y puestos de trabajo, la promesa de prosperidad para todos.

Pero así como hay políticos y líderes de opinión que apoyan el proyecto por motivos económicos, también hay ingenieros y ambientalistas que se oponen por razones de salud pública. Expertos en manejo de aguas como Robert Moran, de la Universidad de Texas, y Peter Koenig, ex funcionario del Banco Mundial, explican que las veinte lagunas y seiscientos manantiales que existen en la zona del proyecto Conga forman un sistema interconectado de agua. Una especie de aparato circulatorio creado durante millones de años que alimenta a los ríos y riega las praderas. Dañar cuatro lagunas, dicen los expertos, afectaría para siempre todo el conjunto. A diferencia de otras zonas de los Andes, en la sierra norte del Perú —donde vive Máxima Acuña—, no existen glaciares para abastecer de suficiente agua a sus habitantes. Las lagunas de estas montañas sirven como reservorios naturales. La tierra negra y los pastos funcionan como una extensa esponja que absorbe las lluvias y la humedad de la niebla. De ahí nacen los manantiales y los ríos. Más del ochenta por ciento del agua en el Perú se destina a la agricultura. En la cuenca central de Cajamarca, según un reporte del Ministerio de Agricultura de 2010, la cantidad de agua utilizada por toda la minería en un año representó casi la mitad de lo que consumió la población de la zona durante el mismo periodo. Hoy miles de agricultores y ganaderos temen que la explotación de oro contamine las únicas fuentes de agua que tienen.

En Cajamarca y otras dos provincias implicadas en el proyecto, los muros de algunas calles están pintados con grafitis: «Conga no va», «Agua sí, oro no». En 2012, el año más tenso de las protestas contra Yanacocha, la encuestadora Apoyo anunciaba que ocho de cada diez cajamarquinos estaba en contra del proyecto. En Lima, donde se toman las decisiones políticas del Perú, la bonanza crea el espejismo de que el país seguirá llenando sus bolsillos de dinero. Pero eso solo será posible si Conga va. De lo contrario, advierten algunos líderes de opinión, ocurrirá una catástrofe. «Si Conga no va, sería como dispararnos a los pies», escribió en una columna el ex ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski. Para los empresarios, el proyecto Conga sería un salvavidas: el hito del Antes y el Después. Para campesinos como Máxima Acuña, también significaría una bisagra en su historia: sus vidas no volverán a ser las mismas si pierden su principal riqueza. Hay quienes dicen que la historia de Máxima Acuña es utilizada por grupos antimineros que se oponen al desarrollo del país. Sin embargo, hace tiempo que las noticias locales empañan el optimismo de los que quieren inversiones a toda costa: hasta febrero de 2015, en promedio siete de cada diez conflictos sociales en el Perú fueron causados por la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. En los últimos tres años, uno de cada cuatro cajamarquinos ha perdido su empleo. De acuerdo a las estadísticas oficiales, Cajamarca es la región que más oro produce pero la que más pobres tiene en todo el país.

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Si alguien intentara visitar a Máxima Acuña puede que una tranquera de metal se lo impida. Para llegar a su casa, es necesario viajar cuatro horas en furgoneta desde Cajamarca a través de valles, cerros y abismos hasta los alrededores de la Laguna Azul. Hacerlo no sería complicado si no hubiera que pasar por el puesto de vigilancia del proyecto minero Conga. Si eres de Lima o del extranjero, no te dejarán continuar. Si dices que vas a visitar a Máxima Acuña no pasarás, a menos que saques una cámara de televisión. «Esa señora tiene problemas con la mina», dirá el vigilante, con chaleco naranja y walkie-talkie en la mano. Entonces te hará bajar del vehículo y anotará tu nombre en una libreta y le dirás que ese es un camino público y el repetirá que no, señor, no se puede, esta vía es sólo para comuneros. Si insistes, llamará a los policías que patrullan en una camioneta de la minera. «Es propiedad privada», dirán ellos. Entonces quizá pagues algo extra al chofer que te ha llevado hasta ahí para tomar un desvío y viajar dos horas más hasta Santa Rosa, la comunidad más cercana a la casa de los Chaupe-Acuña. Llegarás de noche. A cambio de más dinero, un campesino tal vez acepte llevarte en su motocicleta por una trocha llena de charcos, hasta llegar cerca a otro puesto de vigilancia. Entonces tendrás que bajar de la moto y cruzar una colina, a oscuras y agachado, para que los guardias de Yanacocha no te vean. Al otro lado, la motocicleta espera. Sigues. Diez minutos después llegas al terreno. Todo alrededor es barro y pasto y neblina. Ladran unos perros. Enciendes la linterna para divisar la casa. Caminar por allí de noche es como andar a ciegas.

—Aquí vivimos secuestrados —dijo Máxima Acuña la noche en que la conocí, mientras atizaba la leña para calentar una olla de sopa—. No podemos salir lejos, no podemos recibir visitas, no podemos caminar con libertad. Es muy triste vivir como yo vivo.

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Tres décadas antes de convertirse en La Dama de la Laguna Azul, Máxima Acuña era una niña a la que le aterraban los policías. Cada vez que veía uno por las calles de su pueblo, lloraba y se aferraba a la falda de su madre. La asustaban aquellos hombres de uniforme verde petróleo y botas polvorientas. Máxima, la tercera de cuatro hermanos, era demasiado tímida. Cuando llegaban visitas a su hogar en el caserío de Amarcucho, a setenta kilómetros al norte de Cajamarca, ella se escondía. No tenía amigas. No jugaba con muñecas, pero le gustaba confeccionar ropa para los recién nacidos de su barrio. Con los años su cuerpo cambió pero no su personalidad. No salía a fiestas. No hablaba con chicos. «En realidad, no hablaba con nadie y era bien terca», recuerda Jaime Chaupe, su esposo, quien se casó con ella cuando tenía dieciocho años, después de insistirle durante cuatro. Ella pasaba el día tejiendo sombreros o limpiando los corrales de los cuyes o recogiendo leña y ayudando a su madre en la chacra. Su padre murió cuando era una niña y nunca la enviaron a la escuela. Deseaba crecer pronto para trabajar, tener su propia chacra y comprarse un par de zapatos. Quería que, si algún día tenía hijos, no caminaran descalzos como ella.

Máxima Acuña dice que descubrió que tenía coraje cuando vio cómo la policía golpeaba a su familia, en el primer enfrentamiento con la minera Yanacocha. Durante sus primeros años de matrimonio la familia de su esposo la marginaba por ser analfabeta. Por eso siempre fue muy severa con sus hijos al punto de pegarles si no estudiaban. A lo largo de casi cinco años de juicios, apelaciones y audiencias que tuvo desde que la intentaron desalojar de Tragadero Grande, supo qué otras cosas no quería para su vida. Decidió, por ejemplo, que jamás viviría en una ciudad. La primera vez que fue a Cajamarca para denunciar la destrucción de su primera choza, casi la atropellan dos veces por no saber qué significaba la luz roja del semáforo. Descubrió que el humo de los autos le provoca sarpullido, que los tallarines de los restaurantes le saben asquerosos, que detesta el sabor de las aceitunas y que no puede salir a la calle sola porque siempre se pierde. También descubrió que podía expresar lo que sentía a través de canciones. A Máxima Acuña le gusta cantar. En las marchas junto a otros campesinos y activistas, nunca falta alguien que le anima a pararse ante la multitud e improvisar un yaraví —un canto andino triste— que narra su lucha. Cuando comenzó su pelea con Yanacocha descubrió también cómo se llamaba: siempre había pensado que ella era Maximina, como le decía su madre, hasta que su abogada, al leerle su documento de identidad, le dijo que su verdadero nombre era Máxima. El suyo era un nombre sin diminutivos.

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Un día antes de que Máxima Acuña tomara un avión rumbo a Ginebra para denunciar su caso en las Naciones Unidas, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que pasó la tarde con ella en su departamento en Miraflores. Silva Santisteban dice que cuando salieron a pasear por el malecón, Máxima miraba todo con curiosidad: jamás había visto construcciones tan altas, ni cruzado avenidas tan luminosas. Jamás había visto el mar de noche ni desde esa distancia. Pero lo que más le intrigaba era cómo hacían los limeños para llevar agua hasta el último piso de los edificios.

Antes de convertirse en un ícono de lucha antiminera, a Máxima Acuña le sudaban las manos y se ponía nerviosa al hablar ante una autoridad. Le costó aprender a defenderse delante de un juez. Después que intentaran desalojarla en agosto de 2011, Yanacocha denunció a la familia Chaupe-Acuña por el delito de usurpación agravada. Según los abogados de la empresa, los campesinos habían invadido el terreno luego de golpear a policías y vigilantes privados. Desde esa fecha, la familia tuvo que asistir a las audiencias —primero en Celendín, la provincia donde viven, y luego en Cajamarca— pero no tenían dinero para el transporte. Los esposos Chaupe-Acuña debían levantarse de madrugada y caminar durante ocho horas hasta la comunidad de Sorochuco para tomar un bus que los llevara al juzgado. Cuando por fin llegaban, los magistrados solían postergar la sesión porque los representantes de Yanacocha no podían asistir. En la ciudad de Cajamarca, los cuatro hijos de Máxima Acuña estaban alertas. Ellos viven juntos en un cuarto alquilado al fondo de una carpintería. Allí comen, estudian y duermen. Dicen que se mudan cada cierto tiempo por seguridad. Una noche dos hombres con pasamontañas amenazaron de muerte a Ysidora Chaupe cuando salía de la universidad donde estudia Contabilidad. Daniel Chaupe, su hermano menor, quien enfermó luego de que los policías lo golpearan en los pulmones, fue rechazado de un trabajo en una ferretería por ser hijo de «una antiminera». Mientras, en Tragadero Grande, Máxima Acuña y su esposo aseguran haber soportado el acoso de la empresa. Cuentan que las camionetas de Yanacocha se estacionaban frente al terreno hasta seis veces al día. Los vigilantes tomaban fotos, observaban qué hacía la familia. Un día, dice Máxima, un vehículo de la mina atropelló a dos carneros y robó dos más. En otra ocasión mataron a Mickey, el perro que cuidaba las ovejas y ladraba a todo aquel que se acercara a su terreno. Algunas noches dicen haber escuchado disparos. Lo cuenta toda la familia. Quisieran tener forma de probarlo.

En la corte de Celendín, los Chaupe-Acuña perdieron dos juicios. Fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de dos mil dólares como reparación a la minera. Debían abandonar ese terreno que habían invadido. Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, explica que los jueces y fiscales no tomaron en cuenta las pruebas que había presentado la familia, como el certificado de posesión y el testimonio de los parientes a quienes habían comprado el terreno. La defensa de los Chaupe-Acuña apeló a la Corte Superior de Cajamarca y se inició un nuevo juicio. Durante esos meses, con el apoyo de la cooperación internacional, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron a Europa para contar su caso en el extranjero. En Suiza —el país que más oro le compra al Perú— se entrevistó con una oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Francia se reunió con el sindicato metalúrgico y con una senadora que meses después fue a visitarla a su terreno. En Bélgica, durante un foro sobre derechos humanos, le contaron sobre otras mujeres con historias parecidas a la de ella. Yolanda Oqueli, Guatemala: madre de dos niños, baleada varias veces por liderar protestas pacíficas contra un proyecto minero que invadiría dos comunidades rurales. Carmen Benavides, Bolivia: amenazada por combatir la minería industrial que contamina el río donde habita su etnia. Francia Márquez, Colombia: perseguida por paramilitares que quieren en su pueblo minería de oro a gran escala. Francisca Chuchuca, Ecuador: denunciada por oponerse a un proyecto minero de oro que contaminaría dos ríos que abastecen a medio millón de campesinos. Entre 2012 y 2013, la Unión Latinoamericana de Mujeres registró cien agresiones a defensoras de la tierra y el agua en todo el continente. Las acusan de oponerse al progreso.

Máxima Acuña, sin embargo, es diferente a todas ellas: ella no es dirigente, ni activista, ni tiene aspiraciones de ser líder. «Solo quiero que me dejen vivir tranquila en mi terreno y que no contaminen mi agua», ha declarado. Sin proponérselo, la mujer que fue elegida Defensora del Año 2014 por la Unión Latinoamericana de Mujeres, pasó de ser una señora tímida a inspirar a quienes luchan para evitar el despojo de sus tierras. «Ella es una de las pocas personas que no se ha vendido a la mina», dice Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que pasó varias noches en Tragadero Grande, junto a cientos ronderos y defensores de las lagunas durante las protestas. Glevys Rondón, directora ejecutiva de la Fundación para el Monitoreo de la Actividad Minera en América Latina y traductora de Máxima Acuña durante su viaje a Europa, dice que a diferencia de la mayoría de defensoras, que tienen un discurso articulado, el de su amiga peruana es muy personal e íntimo. «En el mundo hay más Máximas», dice Rondón. En 2003, un empresario enjuició al argentino José Luis Godoy por la supuesta usurpación de un terreno que habita desde hace seis décadas y que tiene canteras de granito rojo. En 2011, la policía quemó la casa del ecuatoriano Alfredo Zambrano para que abandonara el pedazo de bosque tropical donde vive y que el gobierno expropió para construir una represa. En 2012, unos sicarios le sacaron los ojos al hijo de la venezolana Carmen Fernández por oponerse a que las tierras de su etnia sean entregadas a las mineras de carbón. En 2014, el nicaragüense Fredy Orozco fue acusado de guerrillero por no dejar que la policía lo desalojara de sus tierras de cultivos para construir un canal interoceánico. A ellos, al igual que a Máxima Acuña, los han acusado de sacrificar el progreso de sus países por un beneficio personal. De victimizarse delante de los periodistas para sacar provecho de las empresas. De ser utilizados por personas u organizaciones que trabajan para sus propios intereses.

—Todo el que cuestione a las compañías extractivas y sea un aliado de los defensores de la tierra y el agua va a ser atacado —dice el activista y ex sacerdote Marco Arana, denunciado en múltiples ocasiones por Yanacocha—. A Máxima la llaman terrateniente, a nosotros terroristas.

Máxima Acuña explica que solo quiere conservar la única vida que conoce y le pertenece: cultivar papas, ordeñar vacas, tejer mantas, beber el agua de sus manantiales y pescar truchas en la Laguna Azul sin que un vigilante le diga «esto es propiedad privada». Preferiría no tener que pelear para seguir con su vida, dice. Por eso cuando le piden que narre lo que le ha hecho la minera, a veces se niega. Dice que durante las reuniones en Europa repetía su historia diez veces al día. Terminaba tan harta y deprimida que al llegar al hotel solo podía dormir.

Cuando regresó a Lima de ese viaje, su salud colapsó. Durante esos meses, con la incertidumbre del proceso judicial, sufría dolores de cabeza, mareos y se desmayaba. Rocío Silva Santisteban la llevó al doctor. El diagnóstico: estrés severo, acentuado por los síntomas de la menopausia. Debía descansar. Le recetaron pastillas para dormir, jarabes y hormonas. Recibió terapia psicológica. Dejó de dar entrevistas. Mientras Máxima Acuña recuperaba fuerzas para su tercer juicio en Cajamarca, Yanacocha amplió su pool de abogados a seis y contrató a Arsenio Oré Guardia, una eminencia del derecho penal en el país y asesor de otras mineras poderosas como Barrick y Doe Run. La abogada Mirtha Vásquez reconoce que se sintió intimidada al litigar con Oré Guardia, autor de libros que ella había estudiado con obsesión en la universidad. Si antes habían perdido dos juicios, ahora existía el riesgo de perder contra un maestro del Derecho. La abogada Vásquez reunió a la familia Chaupe-Acuña en su oficina. Quería ser sincera: esa sentencia, les dijo, era la última oportunidad que tenían para ganar. Si perdían la familia debía considerar la posibilidad de irse a vivir a otra parte. Sí se quedaban sus vidas correrían peligro. Máxima Acuña le dijo que se quedaría a morir allí.

***

A fines de 2014, la Corte Superior de Cajamarca declaró que los Chaupe-Acuña eran inocentes de la supuesta ocupación ilegal de Tragadero Grande. Luego del fallo, Máxima Acuña creyó que la empresa minera Yanacocha dejaría de hostigarla para que se fuera. Entonces eligió con su familia una colina protegida por un cerro a doscientos metros de su casa para levantar una nueva vivienda, pues la que tenía estaba a punto de caerse por las lluvias. Ella y su familia abrieron zanjas, recolectaron piedras para las bases y empezaron a hacer las paredes con arcilla. Pero unas semanas después de que colocaran las primeras rocas, hombres de seguridad y obreros de Yanacocha ingresaron al terreno con picos y palas para destruir los cimientos. Máxima Acuña, su esposo y dos muchachos que en ese momento ayudaban a levantar los muros, intentaron defenderse con piedras. La seguridad de la minera los ahuyentó a garrotazos. Esa tarde, Yanacocha difundió un video de lo ocurrido. Dijo que el lugar donde los Chaupe-Acuña construían no pertenecía a las tierras en litigio, y que actuaron en defensa de su posesión. La abogada de Máxima Acuña desmintió a Yanacocha: el fallo de la Justicia, explicó, involucraba todo el territorio que abarca Tragadero Grande. Se trataba, dijo, de un acto intimidatorio. La policía de Cajamarca —que tiene un convenio para prestar seguridad a la minera— no intervino. Solo hubo un escuadrón de suboficiales a un lado del camino junto al terreno, observando desde lejos cómo Yanacocha deshacía en minutos lo que los Chaupe-Acuña habían construido.

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Algunas oficinas de la sede principal de la minera Yanacocha, en Lima, se llaman El Perol, Mamacocha, Chailhuagón, Azul. Son los nombres de lagunas que podrían desaparecer por la extracción de oro del proyecto Conga. El químico Raúl Farfán es director de Asuntos Externos de la compañía y tiene su despacho junto a esas oficinas. Es un hombre joven de pelo engominado y ojos atentos que una mañana me recibió en su departamento de Chacarilla, una zona residencial de Lima. Su trabajo es encargarse, entre otras cosas, de las buenas relaciones entre la minera y las comunidades. Él, quien ha dedicado la mitad de su vida a temas de responsabilidad social en compañías como Shell, Antamina y Xtrata, dijo que entendía las razones por las que la población desconfiaba de Yanacocha —«es normal que en estos casos sintamos simpatía por el más débil»— pero que no todo lo que había declarado la familia era cierto.

—No destruimos su casa —aseguró Farfán, quien llevaba diez meses en su cargo— sólo removimos los cimientos de una nueva construcción para que no sigan invadiendo nuestro predio.

Para explicar mejor las razones de esa decisión, el químico sacó un mapa. En él estaban contemplados dos terrenos comprados a la comunidad de Sorochuco en 1996 y en 1997 por el proyecto Minas Conga. Dentro de esas compras estaría incluido el predio Tragadero Grande que Máxima Acuña y su familia reclaman como suyo. La junta directiva de Sorochuco firmó los documentos de compra-venta. Samuel Chaupe, suegro de Máxima Acuña, también firmó y avaló la transferencia del terreno. De hecho, dijo Farfán, hay fotos satelitales para probar que los Chaupe-Acuña mienten al decir que vivieron allí desde 1994: en esas imágenes no hay chozas ni chacras. Para la empresa, la familia invadió los terrenos recién en 2011, cuando estalló el conflicto de Conga. Yanacocha dice que el certificado de posesión que muestra Máxima Acuña no es un título de propiedad. Que solo la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, podía vender esas tierras. Que por eso los denunció y pidió a la policía desalojarlos. Esa es su versión.

—Con la construcción de la nueva casa, estaban cometiendo una nueva invasión —dijo Farfán—. Si ves que alguien extraño construye en tu propiedad, tienes el derecho de remover esos cimientos en los quince días siguientes. Eso dice la ley. Hemos defendido nuestra posesión.

Miguel Ayala, quien era presidente de la comunidad de Sorochuco cuando se vendieron los primeros terrenos para el proyecto Conga, dice que la versión de la empresa está distorsionada.

—La minera dice que la familia ha invadido, pero cómo puede ser si hace quince años yo firmé y les di a los Chaupe el certificado de posesión de su terreno —dice—. La comunidad es testigo de que ellos vivían allí incluso desde antes de que tuvieran el certificado.

Sentado en un rincón de la bodega que tiene en Cajamarca, Ayala recuerda que los esposos Chaupe-Acuña llegaban desde Tragadero Grande a Sorochuco para hacer trueque. Traían papas y ollucos y las cambiaban por las arvejas o el maíz que otros comuneros como Ayala producían. En las alturas de Celendín, Máxima Acuña era vecina de su suegro, Samuel Chaupe, quien sí vendió su parcela a la mina porque firmó el documento que cedía los terrenos a Yanacocha.

—Máxima y Jaime no firmaron —dice Ayala— por lo tanto no vendieron su predio.

La disputa entre la familia de Máxima Acuña y la empresa minera se convirtió también en un asunto de números e interpretaciones geográficas. En 2012, cuando la disputa entre los Chaupe-Acuña y Yanacocha recién se iniciaba, un experto del Gobierno Regional de Cajamarca, el ingeniero civil Carlos Cerdán, viajó hasta Tragadero Grande, el predio de la discordia. Cerdán, un hombre flaco de nariz angulosa y de anteojos gruesos, es experto en mapas. Durante una mañana el especialista delimitó el área exacta del terreno usando tres GPS, la carta nacional y los límites que registran las escrituras de ambas partes. El estudio concluyó que la parcela adquirida por los Chaupe-Acuña —casi veinticinco hectáreas— no formaría parte de las tierras compradas por Yanacocha. O en todo caso, me explicó Cerdán, sólo una parte estaría dentro del terreno de la empresa, pero no toda la parcela. Esto ocurre por un detalle: si bien los límites están claros en los documentos de ambas partes, hay problemas de cálculo. Todo es una confusión de números y papeles que no se ajustan a la realidad. No hay mapas infalibles.

—Pero todos cometemos errores —dijo el ingeniero—. Incluso puede que yo esté equivocado.

El estudio del experto en mapas no fue considerado en ningún momento del juicio. Tanto la defensa de los Chaupe-Acuña como la de Yanacocha han reconocido que para resolver la disputa sería necesario ir a un juicio civil donde cada uno presentara sus pruebas para demostrar quién es el propietario. Aún cuando este proceso se inicie, Yanacocha no dejará que Máxima Acuña y su familia construyan una nueva casa.

—Queremos evitar que haya una invasión sistemática de terrenos, que venga otra familia y quiera invadir —dice Raúl Farfán, directivo de Yanacocha—. No queremos sentar un precedente.

El gerente de Asuntos Legales de la minera, el abogado Wilby Cáceres, es más enfático en su temor. Para él, la zona donde los Chaupe-Acuña intentan construir otra vivienda ha sido habitada por dirigentes antimineros durante las protestas contra el proyecto Conga. «Nos preocupa que la propiedad sea ocupada por ellos». Aunque otros ejecutivos de Yanacocha no lo reconocerían delante de una grabadora, hay otra razón evidente: si Máxima Acuña y su familia se quedan ahí, Conga no podría realizarse.

***

La Dama de la Laguna Azul está de pie, vigilando sus ovejas sobre la pampa. Lleva un radio a pilas colgado en el hombro derecho y escucha huaynos de una emisora evangélica llamada Tigre. Ha pasado un mes desde la vez que ella picaba y cargaba piedras en esta colina, solo que ahora el terreno que pisa está cubierto con escombros de barro, paja y madera mojada por las lluvias. Son los restos que quedaron de lo que iba a ser su nueva casa. Junto a ellos, a unos metros, la minera Yanacocha ha colocado un extenso cerco de malla a lo largo de una pradera para criar alpacas. Dentro hay una caseta de seguridad que mira directamente a la casa de Máxima Acuña. La campesina dice que uno de los vigilantes se acercó hace unos días para ofrecerle trabajo a su esposo. Le dijo que Yanacocha ya no quería pelear.

—Ahora quieren paz, quieren diálogo. ¿Acaso soy cualquier cosa para que me hagan lo que les da la gana y de ahí no pasa nada? —se queja Máxima Acuña, levantando la voz en medio de la pampa—. Me han difamado. Han golpeado a mis hijos. Ahora quieren darnos trabajo. Prefiero no tener plata. Mi tierra me hace feliz, pero el dinero no.

Por esos días, algunos medios habían difundido la existencia de unos títulos de propiedad que demostraban que los esposos Chaupe-Acuña era dueños de otros nueve terrenos —casi ocho hectáreas en total— en Sorochuco. Esas noticias daban a entender que la familia llegaba a un terreno vacío, lo ocupaba y luego se lo apropiaba. Sin sutilezas, presentaban a Máxima Acuña con una usurpadora profesional. Ysidora Chaupe, hija mayor de la campesina, recuerda que luego de esas noticias recibió decenas de llamadas de gente que apoyaba su causa y que le preguntaba si en verdad tenían más terrenos y por qué no lo habían mencionado antes.

—Nos han difamado diciendo que tenemos una casa en Cajamarca, que mi mamá es una terrateniente, que ella ha trabajado en un chifa de Lima, que quiere sacarle plata a la mina —me dijo Ysidora Chaupe, mientras amamantaba a su hijo recién nacido—. Pero no nos importa si la gente no nos cree. Tenemos los documentos. Ya declaramos todo en el juicio.

En las escrituras de compra-venta que guarda Máxima Acuña, esos terrenos aparecen como herencia de sus padres o compras a sus hermanos, por los que ha pagado un carnero o un toro. Son parcelas dispersas, ubicadas en laderas de cerros. Algunas tienen pasto, en otras hay leña, maíz o arvejas que solo se pueden cultivar cuando llueve. Se calcula que una familia campesina de la sierra del Perú necesita poseer treinta y dos hectáreas de tierra para producir el equivalente a una hectárea de tierra en la costa, por las dificultades que presenta. Tragadero Grande, dice Máxima Acuña, es el único lugar que tiene para vivir porque allí hay pasto abundante, el territorio es extenso para tener ganado y sobre todo porque, a diferencia de los otros terrenos, es el único que tiene fuentes de agua: allí hay manantiales por todos lados. A pesar de eso, algunos medios acusaron a su abogada Mirtha Vásquez y a Grufides, la oenegé que dirige, de victimizar a la familia Chaupe-Acuña. Dicen que Vásquez es inmoral y mentirosa. Incluso, cuenta la abogada, han ingresado a su casa dos veces para romper todas sus cosas. No puede asegurar quiénes fueron pero lo sospecha, porque no le robaron nada.

—Algo nos tenían que cobrar —dice Vásquez, que también es profesora en la universidad y madre de dos hijos—. Yanacocha no va a perdonarnos que le hayamos ganado un juicio. Solo temo por Máxima y su familia. A veces pienso que esto nos está costando más que lo que valen veinticinco hectáreas de terreno.

Hasta marzo de 2015, la minera Yanacocha había puesto seis denuncias más por usurpación a la familia Chaupe-Acuña. Los han denunciado por hacer una chacra de papas, por plantar pinos en sus linderos, por salir a pastar las ovejas en otra zona del terreno, incluso por quemar ichu para llamar a la lluvia, como es costumbre entre los campesinos de la zona. Ahora hay un cerco de metal al costado de su terreno que les ha cerrado el camino a Sorochuco donde hacen trueque o compran algunos alimentos. Los comuneros y activistas que defienden las lagunas de Cajamarca están organizándose para llegar hasta allí, construir la casa de los Chaupe-Acuña y montar guardia para protegerlos. El presidente regional de Cajamarca, Porfirio Medina, ha dicho que si algo le pasara a la campesina, «el pueblo librará todas las batallas necesarias contra los abusos de la minera». Máxima Acuña solo insiste en que así venga el dueño de Yanacocha a disculparse, no sacará de su mente lo que ha sufrido.

—Eso está sembrado dentro de mí —dice.

Una lluvia gruesa cae de pronto sobre Tragadero Grande. Máxima Acuña apura el paso de sus botas de jebe para volver a su casa. Un perro blanco y escuálido la sigue sin dejar de ladrarle.

—Se llama Johnny —dice la campesina y suelta una risa irónica.

Dice que es en “honor” al vigilante de Yanacocha que quemó su primera choza, y que tenía el mismo nombre.

Una de las últimas noches que pasé en Tragadero Grande, días antes de que destruyeran los cimientos de la nueva casa, la pareja de campesinos y yo cenamos un plato de sopa de fideos, envueltos en varias frazadas, sobre un par de colchones. Las camionetas de seguridad de Yanacocha se habían estacionado cinco veces frente a su terreno durante ese día. Unos vigilantes —acompañados de policías con cascos, garrotes y escudos, pero sin identificación— ingresaron al predio para tomar fotos y filmar lo que los esposos construían.

—Algo malo va a pasar, mi coca se ha puesto amarga —susurró Jaime Chaupe, un hombre supersticioso, mientras masticaba hojas de coca y fumaba un cigarrillo—. No sé, hay veces en que quiero largarme ya.

La lluvia golpeaba el techo de calamina, como si intentara romperlo.

—No te acobardes —dijo Máxima Acuña—. A esos policías no les tengo miedo.

Entonces apagó la vela y se acostó junto a su esposo.

Quienes lo conocieron dicen que Edwin Chota tenía una sonrisa exagerada, amplia, contagiosa, con un agujero visible por la falta de uno de los dientes delanteros. Alberto Chota Tenazoa, su padre, cuenta que dos años antes de que mataran al mayor de sus cinco hijos, Edwin Chota había perdido ese diente comiendo un plato de tallarines con tortuga. «Mordió un hueso —recuerda—, pero sólo se rió, tiró el diente y siguió comiendo». El cazador asháninka Jaime Arévalo, miembro de la etnia más numerosa de la selva peruana, se acordó de aquel diente ausente cuando desenterró el cráneo de su amigo. Llevaba toda la mañana sumergido junto a unos policías en un pozo de agua marrón, cerca de la frontera con Brasil, hasta donde un río había arrastrado el cadáver de Edwin Chota devorado por gallinazos y lagartos. De aquel pozo de siete metros de profundidad sacó un fémur, unas costillas, una camiseta hecha jirones, una bota agujereada y una pulsera de colores todavía unida al hueso de la muñeca. Eran de uno de sus cuatro compañeros asesinados dos semanas antes en una quebrada cercana. Lo confirmó por un detalle: al cráneo le faltaba un diente.

A pesar de sus cincuenta y tres años y de ser flaco como una rama, Edwin Chota era un agricultor recio y un hábil cazador con la escopeta. Tenía la nariz afilada como de águila, el cabello sin un asomo de canas y la piel tostada por el sol. Imitaba el canto del gorrión y el rugido del tigrillo, jugaba bien al fútbol, y bailaba huaynos y forró brasilero moviendo su escuálido cuerpo como una marioneta. Cuando Edwin Chota sonreía, ese diente perdido, su incisivo superior derecho, era lo más notable en su rostro. Pero también lo era cuando protestaba. Como jefe de Alto Tamaya-Saweto, una comunidad de la Amazonía con más de treinta familias, Chota —el único adulto que sabía leer y escribir allí— se enfurecía y levantaba los puños cuando denunciaba a los taladores ilegales que explotaban a los nativos saqueando el bosque donde vivía. «Era el único momento en que estaba serio», dice Julia Pérez, su viuda. «Después era un bromista». Si sonreír es a veces un acto de diplomacia, Chota nunca arqueaba la boca frente un traficante de madera.

Para ir hasta Pucallpa, la segunda ciudad más grande de la selva peruana donde había nacido y crecido, Edwin Chota debía viajar siete días en bote. Allí visitaba a su padre llevándole motelo, una tortuga de carne tierna y sabrosa que se había convertido en su plato favorito. La última vez que se vieron, en el Día del Padre, Chota le contó que iría a Lima para ver si por fin hacían caso a sus denuncias. Las amenazas de muerte eran cada vez más frecuentes. Su padre le rogó que se quedara.

—No puedo —le dijo—. Yo de allá he de salir muerto.

Dos meses después, el 1 de setiembre de 2014, Edwin Chota fue asesinado junto a otros tres dirigentes asháninkas —Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima— en la selva del Alto Tamaya, mientras se dirigían a una asamblea en Brasil para organizar la defensa de sus territorios. Una bala de escopeta calibre 16 —especial para cazar animales del monte— le atravesó el pecho. Otra bala perforó su cabeza. El comunero Jaime Arévalo, quien se había adelantado a la reunión, regresó por el mismo camino al ver que sus compañeros no llegaban. Cinco días después encontró los cuerpos en una quebrada, a doce horas de camino de la frontera, y huyó corriendo a su comunidad por miedo a que también lo mataran. Las viudas y los hijos de los dirigentes asháninkas asesinados tuvieron que viajar tres días en bote hasta Pucallpa, sin detenerse, para hacer la denuncia. En Saweto no hay policía. El radio de dos canales que tienen —su único contacto con el mundo— apenas funciona.

La última vez que Edwin Chota viajó a Lima para denunciar a los taladores que lo amenazaban llamó a su padre de ochenta y dos años, y prometió visitarlo. Antes le había dejado una foto suya como recuerdo: se lo veía de pie, sin sonreír, vestido con su túnica marrón, su sombrero de plumas y el rostro pintado con líneas rojas, en una reunión de las tantas a las que asistía como jefe asháninka. «Para que si algún día me pasa algo, me veas», le dijo su hijo al darle la foto, antes de despedirse.

***

El hombre que murió por su comunidad asháninka no siempre fue asháninka. Cuando le contaron que su padre era jefe de una tribu indígena, Perla Chota pensó que era una broma. Para ella era imposible que el hombre que había visto por última vez a los nueve años, el bailarín fanático de los Bee Gees y John Travolta, el señor que jamás salía de casa sin la camisa bien planchada y los zapatos lustrados, ahora vistiera túnica, corona de plumas y sandalias y viviera en una casa de paja en medio de la Amazonía. Las hermanas de Edwin Chota, que vivían en Lima, estaban igual de sorprendidas. «No lo podíamos creer —dice Sonia Chota—. Mi hermano hasta hablaba un idioma raro». Sus familiares de la ciudad dicen que hasta hoy no entienden porqué Edwin Chota decidió defender a un pueblo que no era el suyo. Cuentan que la muerte repentina de su madre, cuando él tenía diez años, lo hizo alguien preocupado por los demás. En una casa llena de niños pero escasa de dinero, el futuro líder asháninka que enfrentaría a mafiosos del bosque era un chico reservado, sobresaliente en la escuela, que prestaba sus cosas para conseguir la simpatía de los demás. Sus hermanos y sus amigos repiten lo mismo: Edwin Chota ayudaba a otros para que lo quisieran.

Sobre su juventud hay recuerdos incompletos. Se sabe que terminó la escuela secundaria en Pucallpa, y que dejó la chacra de su padre —un ex obrero que trabajaba perforando pozos de petróleo— para volverse militar. Luchó como infante de marina en la guerra entre Perú y Ecuador y trabajó como electricista instalando cables de alta tensión en Iquitos. Sus relaciones amorosas duraban poco. Mientras estuvo en la guerra tuvo una novia indígena. Luego tuvo dos hijos —que la familia Chota no conoce— con una mujer mayor que pertenecía a la secta israelita. Hay quienes dicen que en esa época Edwin Chota se dejó crecer la barba y hablaba de la Biblia. Después se separó, tuvo una hija con otra mujer que lo dejó, y regresó a Pucallpa.

Elva Risafol, quien fue su mujer en esa época, cuando regresó a la ciudad —con la que tuvo un hijo que hoy es policía—, recuerda que Chota deseaba ir algún día a la selva para hacer algo por las comunidades desprotegidas que había conocido durante la guerra. «Él formaba sus castillos en el aire. Era muy idealista. Yo era más práctica. Yo le decía, en broma, que si vivía con una nativa iba a ser feliz. Creo que me hizo caso», dice Risafol, que se separó de él en 1997. Luego Edwin Chota desapareció de la ciudad. Cuatro años después, una madrugada, Edgar Chota escuchó que golpeaban en su casa en Pucallpa. Era Edwin, su hermano mayor, que llegaba de visita. «Me alegré tanto —recuerda—. Todos pensábamos que se había muerto».

Los recuerdos de lo que hizo esos cuatro años tampoco son claros. Dicen que a finales de los noventa Edwin Chota llegó solo a la selva del Alto Tamaya. Dicen que fue con unos amigos para trabajar como peón de chacra o vendedor de cuero de sajino. Dicen que llegó para olvidar sus fracasos y que se quedó por amor a una nativa. Lo cierto es que cuando Edwin Chota pisó ese territorio, Saweto ya existía. O al menos un cimiento de ella.

Los asháninkas habían llegado desde la selva central del Perú hasta esa parte de la frontera con Brasil a comienzos del siglo XX, en pleno boom del caucho: Europa y Estados Unidos compraban por toneladas el látex de los árboles para fabricar llantas de automóviles. Los asháninkas de Saweto eran descendientes de los nativos que habían llegado hasta ahí con sus antiguos patrones. Durante siglos los indígenas han sido explotados como mano de obra barata. Cuando el caucho se acabó, siguieron las pieles de animales exóticos. Cuando las pieles se acabaron, siguió la madera.

Los líderes indígenas denuncian que hoy sigue pasando lo mismo que hace décadas: los patrones les dan cosas materiales a los nativos —ropa, escopetas, motores para el bote, radios, víveres— a cambio de cientos de troncos de madera. Como la mayoría son analfabetos, los estafan con las cantidades y precios, y siempre terminan sacando más madera para pagar deudas. Cuando llegan los madereros, los animales huyen por el rugido de las motosierras. Los comuneros deben caminar más días por el monte para poder cazar algo para comer, y a veces no consiguen nada. Al igual que los tractores, los troncos arrastrados por el suelo vuelven la tierra inservible para la siembra. Los madereros incluso llevan enfermedades que los indígenas jamás padecieron. Hubo épocas en que los nativos morían por decenas con un simple resfriado.

En Saweto muchos asháninkas vivieron así hasta 1999. Cuando Edwin Chota llegó, algunas familias ya habían decidido terminar con la explotación y querían ser reconocidas por el Estado como comunidad. Así ellos mismos podrían aprovechar sus recursos y, sobre todo, acceder a algo más preciado: una escuela.

—Antes vivíamos dispersos —recuerda Diana Ríos, ex mujer de Chota—. Pero él nos decía que debíamos unirnos para que no nos engañen. Nos enseñaba a leer, a escribir, me llevaba a capacitaciones de mujeres indígenas. Ahora sé mis derechos. No era como otros. Por eso me enamoré de él.

Durante doce años, en un intento por proteger el bosque de los traficantes de madera, Edwin Chota envió más de cien cartas a diferentes instituciones del Estado peruano exigiendo la titulación de su comunidad: ochocientos kilómetros cuadrados de selva —casi la cuarta parte de Lima— penetrada por ríos que se extienden hasta la frontera con Brasil. Pero el gobierno se negó. Ya había entregado el ochenta por ciento de ese territorio a dos madereras peruanas. En 2002, un año antes de que Saweto fuera reconocida como comunidad indígena, un funcionario desde su escritorio en Lima cedió por veinte años esas tierras sin averiguar quiénes vivían ahí. Para que Saweto reciba el título de propiedad necesita que el gobierno anule o reubique esas concesiones madereras. Hasta que eso suceda, los asháninkas de esta zona no tienen legalmente el derecho de evitar que otros saqueen el bosque que habitan. No es un reclamo exclusivo de ellos. Más de seiscientas comunidades nativas en el Perú —la mitad de todas las que existen en el país— siguen sin ser los dueños legales de sus tierras.

Edwin Chota no hablaba asháninka con fluidez, pero logró que su comunidad tuviera mucho más que el paquete de alimentos de programas sociales que llegaban al caserío vecino. Saweto consiguió electricidad con paneles solares, un radio de dos canales para comunicarse con la ciudad, un tanque elevado para el agua y una escuela inicial. Además, los comuneros recibieron documentos de identidad. Antes de morir, Chota estaba gestionando la construcción de un local para la escuela primaria, que hasta ese momento funcionaba en su casa. El líder asháninka logró todo eso por sus gestiones persistentes ante la municipalidad, el gobierno regional y el apoyo de distintas organizaciones. Pero sobre todo gracias a la alianza que había establecido con los asháninkas de la comunidad de Apiwtxa, en Brasil. Chota deseaba tener lo mismo que los indígenas brasileños: un criadero de huevos de tortugas y otro de peces, un jardín de flores para exportar y bosques reforestados. Eso era ‘desarrollo’ para él.

Su trabajo, sin embargo, no dependía solo de su carisma para conseguir aliados ni de su tenacidad para exigir. El antropólogo ambiental Mario Osorio, quien hizo su tesis de maestría sobre Saweto para la Universidad de Kent, Inglaterra, recuerda que Chota solía ayunar antes de salir a hacer trámites, y tomaba ayahuasca. Decía que esa planta alucinógena, sagrada para los nativos, lo ayudaba a conectarse con el bosque. «Para Edwin, la protección de los bosques era una lucha espiritual», recuerda Osorio, quien se hizo amigo de Chota y le enseñó a usar Word y enviar e-mails. Los asháninkas creen profundamente en el mal. Edwin Chota había aprendido de ellos que en el mundo hay enemigos invisibles que también debía doblegar.

—Para ser jefe no importa si no eres asháninka, solo debes tener amor por nosotros, por nuestra cultura —dice Ergilia López, vecina de Chota—. Lo que tiene un hombre, tiene el otro hombre.

Durante esos doce años, Edwin Chota hablaba muy poco de su otra familia, la que dejó en la ciudad. Solo su círculo más íntimo —su junta directiva, su mujer— sabían que había tenido otra vida. Chota había partido su realidad en dos: en la ciudad estaban sus hijos Perla y Edwin; en la comunidad estaban Kitoniro y Tsonkiri. Era mejor así, decía, pues no quería ponerlos en peligro. Los madereros lo acechaban.

—A veces nos decía: «Qué hacen sufriendo acá. En la ciudad, si no se compra, no se come. En el monte, en cambio, hay todo: animales, yuca, pescado. Allí no les faltaría nada» —recuerda su padre—. Nos quería llevar para que también seamos asháninkas. Se molestaba si hablabas mal de ellos.

Una noche Edwin Chota se reunió con sus hermanos para ir a bailar cumbia a una fiesta en Pucallpa. Llegó acompañado de dos mujeres nativas que estaban descalzas. Sus hermanos se enojaron con él. «Edwin nos reclamó, nos dijo que todos somos iguales, que aceptemos nuestra raza, que nosotros también éramos indígenas —recuerda su hermano—. Él amaba esa cultura».

Chota decía que había tenido un profesor asháninka en la secundaria que le enseñó a no avergonzarse de sus raíces indígenas. También juraba que una de sus abuelas pertenecía a una etnia amazónica de Iquitos, pero sus familiares no lo reconocían. Lo que más rabia le daba era darse cuenta de que las personas —los gobernantes, los empresarios, los ciudadanos— creyeran, muy dentro de sí, que ser indígena significa ser pobre e inferior.

Perla Chota supo cuánto le importaba a su padre ser asháninka cuando lo volvió a ver en Pucallpa a sus dieciocho años. Edwin Chota le pidió perdón «por haber sido un mal padre» y abandonarla cuando era niña. Quiso que ella comprendiera que se había marchado para luchar por algo importante. La reconciliación funcionó, pero duró poco. Días después, mientras Chota almorzaba con unos extranjeros, vio pasar a su hija por la calle y la llamó para presentarla. Ella no lo escuchó y siguió caminando. Unas horas más tarde, cuando se vieron, Chota le reprochó: «Te avergüenzas de mí porque soy asháninka». Gritaron. Discutieron. Ella le devolvió la pulsera que le había obsequiado y se marchó sin despedirse. Ocho años después, mientras subía pasajeros al bus donde trabaja de cobradora en Lima, ella volvió a tener noticias de él. La llamaron al celular: su padre había salido en los noticieros.

—No se preocupó por mí, pero saber todo lo que hizo me hace sentir bien —dice Perla Chota con voz quebrada—. «Yo voy a ser grande», me dijo él. Tuvo que morir para que eso sucediera.

***

Es difícil transmitir la pasión por los árboles cuando lo que sobra es la indiferencia. Desde fines de los noventa, Edwin Chota y los nativos asháninkas veían con impotencia a grupos de taladores armados que se robaban sus árboles. Se los llevaban desde las cabeceras de los ríos Alto Tamaya y Putaya, navegando por más de una semana, hasta los aserraderos en Pucallpa. Cuando Chota los denunciaba, las autoridades le decían que los inspectores investigarían sólo si él les pagaba el bote, la comida y la gasolina para ir hasta allá.

—¿Quién va a defendernos? ¿Quién va a defender nuestro bosque? —reclamaba Chota ante unos periodistas de The New York Times, que habían llegado hasta un aserradero para indagar sobre el tráfico de madera—. No hay ninguna ley. No hay dinero para investigar. Sólo hay dinero para destruir.

Hubo un hombre que lo conoció e intentó hacer justicia. En abril de 2013, Edwin Chota apareció en el despacho del fiscal Francisco Berrospi para denunciar que cerca de novecientos troncos de madera habían sido extraídos ilegalmente de su comunidad y que estaban en un aserradero de Pucallpa. Berrospi recuerda que cuando conoció al líder asháninka entendió que su trabajo de funcionario público iba más allá de reunir pruebas para acusar a los traficantes de madera ante un juez. «Él tenía una conexión muy intensa con el bosque», dice. Y conseguía transmitirla. Esa mañana en su oficina, Berrospi, que sólo tenía cinco meses como fiscal ambiental de Ucayali, la región con más aserraderos en el Perú, decidió prestar atención a Chota e ir con él a un aserradero.

—Tócalo —le dijo Chota mientras colocaba su mano sobre un tronco enorme—. ¿No sientes como si un familiar se hubiera muerto?

Esa tarde, al regresar a la fiscalía, el líder asháninka se encontró con una amenaza de muerte. Hugo Soria, supuesto dueño de los troncos que serían incautados, le dijo: «Un sawetino va a morir y te voy a denunciar por narcotraficante». Edwin Chota había empezado a fastidiar a las mafias.

El tráfico de madera podría ser la versión forestal del narcotráfico, salvo por un detalle: funciona con documentos legales. En su informe La Máquina Lavadora, publicado en 2012, la Agencia de Investigación Ambiental —EIA por sus siglas en inglés— detalla cómo funciona este sistema. Según las normas forestales peruanas, las empresas madereras deben presentar cada año un inventario de árboles que existen en su concesión y que planean talar durante ese período. Pero es frecuente que esas listas incluyan árboles que crecen en otros territorios y que las empresas reciban la aprobación para vender cientos de metros cúbicos de madera que no les pertenecen. Como nadie los controla en el bosque, el mecanismo es sencillo: declaran la tala de una especie certificada, pero en sus camiones transportan los troncos de otraespecie en extinción. Dicen que talan en un bosque permitido, pero en realidad lo hacen en una comunidad nativa. Cortan setecientos árboles y sólo declaran la mitad. Según un informe de la revista Scientific Reports, más del sesenta por ciento de las concesiones otorgadas por el Estado peruano han servido de fachada para blanquear la madera. «La tala sucede en todas partes excepto donde según la ley debe ocurrir», dice Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de EIA. El fraude sucede todos los días con el permiso de las autoridades. Los documentos con que se lava la madera son permisos oficiales llenos de información falsa, y fáciles de comprar en el mercado negro.

—No podemos ver si esa madera es legal porque no tenemos recursos —me dijo el ingeniero Marcial Pezo, cuando visité su oficina en Pucallpa—. Si la madera tiene documentos oficiales, pasa. No puedo ser adivino.

Por normas internacionales, solo la procedencia de los lotes de especies en peligro de extinción —como el cedro y la caoba de los muebles finos de Estados Unidos— debe ser registrada. Pero cuando los cargamentos de madera, sobre todo los de especies más comerciales, llegan a la Aduana trozados en tablas, investigar su origen es como rastrear huellas de hormigas.

En los exteriores de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, la institución que Pezo dirige y que se encarga de emitir licencias madereras, hay cientos de troncos decomisados pudriéndose con la humedad de las lluvias. Parte de esa madera es devuelta a los dueños que llegan con sus ‘papeles en regla’ para sacarla. En la oficina de Pezo hay un par de sillones hechos con cedro decomisado.

El presidente regional de Ucayali tiene más de cien denuncias por malversación de fondos. El vicepresidente es un empresario maderero que ha sido multado por el Estado por lavar madera ilegal. Los inspectores forestales que firman permisos fraudulentos siguen en sus puestos. Que las denuncias por tala ilegal —nueve de cada diez de las que llegan a la fiscalía— terminen archivadas es sólo el resultado lógico de un sistema corrupto. El ochenta por ciento de la madera que exporta Perú tiene origen ilegal según el Banco Mundial. A comienzos de 2014, la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas hicieron un operativo contra la tala ilegal en el país y sólo en tres meses decomisaron tantos troncos como para llenar casi setecientos camiones de mudanza. Durante el operativo, las exportaciones de madera se desplomaron a la mitad. El Perú pierde anualmente unos doscientos cincuenta millones de dólares por los impuestos que evaden las madereras ilegales. Es más de lo que gana la industria forestal que opera dentro de la ley.

Lavar madera es un negocio rentable. La madera ilegal mueve hasta veinte mil millones de dólares al año, la misma cantidad que ganaron en 2012 las compañías de Wall Street. Pero es menos arriesgado que la bolsa: un estudio en Brasil, Filipinas, Indonesia y México, descubrió que la probabilidad de que el crimen de tala ilegal sea castigado es de 0.084%. Esto sucede sobre todo en países ineficientes, corruptos o víctimas de la violencia política.

A diferencia del dinero del narcotráfico, la madera ilegal es más fácil de lavar porque parece inofensiva. Mientras la cocaína mata, la madera de la Amazonía adorna la sala de una casa en forma de una mesa. Pocos se enteran de que en la selva del Alto Tamaya, como en otras zonas de la jungla peruana, hay nativos cortando madera en condiciones cercanas a la esclavitud; que hay cocineras en los campamentos madereros que son violadas por los taladores; que los jefes indígenas y funcionarios son amenazados y asesinados por no aceptar sobornos. La ONU considera al tráfico de madera similar al de los ‘diamantes de sangre’, que ha financiado guerras y violaciones masivas de derechos humanos en África. Sin embargo, las autoridades de Lima y Pucallpa, una ciudad construida al lado del bosque, siguen acumulando denuncias que nadie revisa. Ningún maderero ha ido a la cárcel por talar o traficar árboles en el Perú.

El ex fiscal Francisco Berrospi recuerda que para la mayor parte de sus investigaciones necesitaba viajar a zonas remotas, pero su oficina no tenía ningún bote o helicóptero para alcanzar campos de tala inaccesibles. Si decomisaba camiones, motosierras y árboles, los jueces solían forzarlo a devolverlos. Los sobornos eran tan comunes, cuenta Berrospi, que un fiscal anticorrupción lo animó a tomar los cinco mil dólares que le ofrecían para detener una investigación. «Escucha —le dijo su colega— en un año aquí puedes ganar bastante para construirte una casa, comprarte un auto. Es mejor así». Su mayor decepción, sin embargo, vino de jueces que se ponían del lado de los madereros. Una vez el ex fiscal decomisó setenta troncos. Una jueza ordenó devolverlos pronto al maderero.

—¿Sabes qué me dijo? —pregunta Berrospi con sarcasmo—. «¿Cómo voy a enviar a una persona a la cárcel por setenta troncos si en la selva hay millones de árboles?».

Berrospi se volvió un fastidio, una pieza que no encajaba. A veces lo llamaban en la noche para amenazarlo: «Vas a morir, perro». «¿Qué te crees? ¿Un héroe?». Hasta que en agosto de 2013 lo sacaron del cargo por ‘motivos internos’. Al poco tiempo, los novecientos troncos decomisados con ayuda de Chota fueron devueltos al maderero. Otro caso archivado.

—Me sentía frustrado, gritaba de cólera —dijo Berrospi—. Pero Chota no era así. Él reclamaba pero luego se calmaba, movía la cabeza y se preguntaba por qué no investigaban. Decía que yo no tenía contacto con la naturaleza, por eso me sulfuraba. Que debía andar descalzo para conectarme con la tierra. Siempre recuerdo cuando me hizo tocar aquel tronco en el aserradero. Yo sentí mucha pena, como cuando estás en un entierro.

La última vez que Edwin Chota estuvo en Lima fue para las Fiestas Patrias de 2014. En Pucallpa ignoraban sus reclamos así que visitó distintas instituciones del gobierno central para presentar una vez más sus demandas: el Parlamento, el Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, las autoridades forestales. «Desde que amanecía hasta que anochecía, a veces sin comer, Edwin esperó una respuesta en esas oficinas», recuerda Margoth Quispe, ex defensora del pueblo de Ucayali y asesora de Chota en temas legales. De todas las instituciones, solo Osinfor —encargada de sancionar la tala ilegal en los bosques—, aceptó visitar Saweto pronto.

El 30 de agosto, dos días antes de que lo mataran, los inspectores de Osinfor llegaron a la comunidad. Chota los acompañó en el recorrido por el bosque. En su informe —publicado después de las muertes de los cuatro dirigentes asháninkas— los inspectores concluyeron que las dos concesiones que están en el territorio de Saweto —ECOFUSAC y Ramiro Edwin Barrios Galván— talaban especies no autorizadas, sin plan de trabajo y sin pagar impuestos por su actividad. Nunca antes las autoridades habían llegado hasta ahí para verificar lo que Chota denunciaba desde hacía más de una década.

Sus compañeros —hoy también muertos— le contaron a la esposa de Chota que durante la inspección él estaba débil, que no comía, que casi se muere en el monte. Los madereros lo habían enfrentado. «Quieras o no vamos a entrar», le dijo un talador armado. «Vamos a ver quién gana: la comunidad o nosotros». Dos días después lo mataron.

José Borgo, coordinador de ProPurús, oenegé que apoya a Saweto en la titulación de sus tierras, fue un gran amigo de Edwin Chota. Siempre lo hospedaba en su casa cuando el dirigente llegaba a Pucallpa para hacer trámites. Al enterarse del asesinato, Borgo pasó días armando un expediente de más de doscientas páginas: eran todas las cartas, propuestas, solicitudes y denuncias que Edwin Chota había hecho en la última década. Todas ignoradas. También escribió cinco nombres en su libreta de apuntes. Era su lista de sospechosos.

—¿Sabes lo que más me indigna? —me preguntó Borgo. Estábamos en un bar de Pucallpa; la voz le temblaba de rabia luego de leer la lista—. Ninguna de las denuncias que Edwin puso contra estos hijos de puta prosperó. Ni una sola.

El experto en conservación entregó su información al abogado de las viudas. Hasta noviembre de 2014, dos taladores ya habían sido capturados. Pero la policía casi ha paralizado el caso y la búsqueda del último de los cuerpos por falta de presupuesto. Borgo dice que tiene la mochila lista para ir a Saweto e investigar la muerte de su amigo por su cuenta.

***

En una de las pocas entrevistas a Edwin Chota que se pueden encontrar en Youtube, el líder asháninka lo anunciaba: «Me voy a poner al frente de mi comunidad. Quizá alguien tiene que morir para que nos hagan caso». No era su primera advertencia. En 2005, Chota pidió al gobierno peruano protección para él y las familias de Saweto porque los madereros ilegales amenazaban con matarlos. No recibió respuesta. Un año después denunció a un talador que intimidaba a los líderes indígenas. La justicia no lo atendió. El ciclo continuó por años: Edwin Chota denunciaba a los madereros ilegales y ellos respondían con amenazas de muerte. El gobierno no hacía nada. En 2012 puso otra denuncia por la deforestación de su territorio ante el fiscal ambiental de Pucallpa, pero fue archivada. Al año siguiente, el dirigente asháninka ubicó cada campamento ilegal con un GPS y fotografió a los taladores con sus motosierras tumbando en media hora árboles de más de cien años de antigüedad. Chota presentó las pruebas a la policía con los nombres y apellidos de cada uno de ellos. El caso también fue archivado. En 2014, cinco meses antes de que lo mataran, Edwin Chota lo advirtió una vez más: los mismos taladores, las mismas amenazas de muerte, el mismo rechazo. Las autoridades decían que no tenían dinero para ir hasta Saweto a investigar si lo que decía el jefe asháninka era cierto.

Para evitar la titulación del bosque, los traficantes de madera intentaron sacarse a Edwin Chota de encima: le ofrecieron sobornos de hasta diez mil dólares y lo acusaban de ganar dinero con las organizaciones que apoyaban a los nativos. Luego pasaron a las amenazas. Robaban los motores del bote comunal de Saweto, saqueaban sus chacras y animales, disparaban al letrero de bienvenida de la comunidad y a la bandera del Perú que los asháninkas izaban cada semana para cantar el himno. Durante la noche, los madereros pasaban por las casas disparando al aire. Corrían el rumor de que «alguien» de la comunidad iba a morir «si seguía jodiendo». En Saweto todos sabían que ese alguien era Edwin Chota.

Luego de la muerte repentina de un ser querido, solemos creer que las palabras que nos dijo la última vez, algunos sueños o incluso el canto de un ave que oímos eran señales de lo que vendría. Un día antes de que le dispararan, Edwin Chota tuvo un sueño: estaba en un campo en medio de la selva junto a su madre, su abuela y su tío, todos muertos años atrás. «Lo estaban llamando», dice Julia Pérez, su viuda, con siete meses de embarazo. Esa madrugada ella se despertó por los gemidos que hacía su marido mientras dormía. Eran las cuatro de la mañana. Chota se levantó tembloroso. Se puso unos jeans, un polo blanco de manga larga y unas botas de jebe. Empacó su mosquitero y su ropa en una bolsa negra, arregló su folder con documentos y se alistó para ir a la comunidad asháninka de Apiwtxa, en Acre. Allí coordinarían la defensa de sus tierras con los líderes brasileños, que eran atacados por los mismos madereros.

Aquella mañana Edwin Chota actuó de forma extraña. «Parecía enfermo, casi no hablaba», recuerda la viuda. El dirigente asháninka no quiso tomar el desayuno que su esposa le había preparado, así que ella empacó el arroz con carne y las yucas en una bolsa para los dos días de viaje rumbo a la frontera. Chota no era precisamente un padre cariñoso, pero abrazó a sus hijos Kitoniro (Alacrán) de siete años y Tsonkiri (Picaflor) de dos, antes de subir al bote. Julia Pérez pensó que su marido tenía resaca por el masato que había tomado la noche anterior al inaugurar una chacra, como se acostumbra entre los asháninkas.

Ergilia López, mujer de Jorge Ríos, el tesorero de Saweto asesinado junto a Edwin Chota, recuerda que la mañana que los dirigentes partieron a la frontera, el chicua chilló más fuerte de lo normal. Para los asháninkas el chicua es un ave que anuncia malas noticias. Una especie de gavilán enano de plumas marrones que vive en la selva y que cuando canta —¡chicua, chicua!—, los asháninkas creen que algo terrible va a suceder: que alguien va a morir ahogado en el río, mordido por una víbora o por brujería. López le advirtió a su marido que mejor no se fueran.

«Yo no estaba tranquila, las aves no se equivocan», dice ahora la viuda de Ríos. Días después de la muerte de su marido, ella declaró haber visto a Eurico Mapes, uno de los taladores ilegales y presunto asesino, subiendo por el río en su bote peque peque. Mapes se quedó mirando fijo a los dirigentes asháninkas, como si los contara.

Unos minutos antes de partir hacia la frontera hablaron sobre las últimas amenazas que habían recibido.

—Yo solito me he condenado —le dijo Edwin Chota a Ergilia López.

Eran las diez de la mañana del 1 de setiembre de 2014.

Faltaban seis horas para que los mataran.

***

Tres semanas después del asesinato de los dirigentes asháninkas en el centro de la selva peruana, una banderola con el rostro de Edwin Chota se agitaba en las calles de Nueva York. Casi medio millón de personas de diferentes ciudades del mundo se reunieron para la marcha medioambiental más grande de la historia, días antes de la Cumbre Climática organizada por la ONU. Periodistas, políticos, activistas y famosos —desde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon, hasta Leonardo DiCaprio y Sting— tomaron las calles para reclamar a sus gobernantes que hicieran algo para que sus países dejen de contaminar y depredar el planeta. Los activistas peruanos levantaban la banderola con la cara de Chota y letreros con los nombres de los líderes asháninkas asesinados para exigir que se encontrara a los culpables. Para entonces, The Wall Street Journal, National Geographic, BBC y El País habían publicado informes sobre el asesinato de Chota y sus intentos por evitar el saqueo del bosque donde vivía con su familia. Un artículo de La Folha de São Paulo dijo que Chota «era un Chico Mendes de su tiempo», comparándolo con el famoso activista cauchero asesinado a fines de los ochenta por defender la Amazonía. La prensa limeña llamaba a Edwin Chota «Mártir de la selva». Para esos peruanos en Nueva York, el líder asháninka representaba algo más: hasta dónde uno es capaz de llegar por defender lo que cree justo.

Pero a más de cinco mil kilómetros de esa marcha, al otro lado de los Andes, en el puerto de Pucallpa, la ciudad de la selva oriental del Perú donde Chota había nacido y crecido, pocos sabían quién era él. «¿Chota? Algo vi en el noticiero. Es el achaninga que han matado, ¿no?», dijo el comerciante Francisco Muñoz. «Él andaba con salvajes, no son civilizados. Antes comían gente. Ahora te atacan. Te tiran flecha», dijo el fotógrafo Jorge Aliaga. «Una vez lo he traído en mi bote. Buena gente era», dijo Santiago Luna. «Acá en Pucallpa nadie lo conocía. Ellos son líderes de sus comunidades, mas allá no salen», dijo Richard Romaina, vigilante del malecón. «Es el señor que andaba con su túnica, pintadito», dijo Luisa Rivera, vendedora de comida. «¿Usted sabe por qué lo han matado?».

Había varios rumores sobre Chota. Que venía del Vraem, ese valle de la selva central controlado por narcoterroristas. Que traficaba cocaína hacia el Brasil. Que compraba casas en Pucallpa con dinero ilícito. Que explotaba a los nativos. Que envenenaba el río para matar el ganado de sus opositores. Que era él quien traficaba madera. Que Edwin Chota Valera no era su verdadero nombre. De todo eso lo acusó un representante de una de las concesiones en las tierras de Saweto, a mediados de 2013, como venganza por las denuncias del líder asháninka. La fiscalía investigó a Chota durante un año. No halló nada. El caso fue archivado, pero las amenazas de muerte —y los rumores— continuaron.

—Chota estaba alterando el status quo —dijo David Salisbury, geógrafo y profesor de la Universidad de Richmond, Estados Unidos, quien conoció al dirigente asháninka durante más de diez años y lo ayudó a hacer conocida su lucha fuera del Perú—. Los taladores ilegales lo querían muerto.

Hoy ser un activista ambiental que defiende un territorio significa asumir que te pueden matar. En promedio, cada semana son asesinados dos ambientalistas en el mundo. Pero solo se han condenado a diez personas por estos crímenes: el uno por ciento. El historial de víctimas es elocuente. En 2001, unos paramilitares colombianos mataron al líder indígena Kimy Pernía por oponerse a una represa. En 2003, el ecuatoriano Ángel Shingre fue secuestrado y acribillado por enjuiciar a una petrolera. En 2009, el indígena mexicano Mariano Abarca fue baleado en la puerta de su casa por protestar contra una minera. En 2011, el congolés Fréderic Moloma Tuka fue golpeado hasta morir por unos policías durante una protesta contra la deforestación. Ese mismo año, la hondureña Diodora Hernández fue asesinada de un disparo por denunciar la contaminación de manantiales con desechos mineros. En 2012, dos militares dispararon al activista camboyano Chut Wutty por denunciar a traficantes de madera. Ese mismo año, el dirigente filipino Jimmy Liguyon fue acribillado delante de su esposa por rechazar un proyecto minero. Según la oenegé internacional Global Witness, más de novecientos ambientalistas han muerto en el mundo en los últimos doce años. En un planeta que exprime sus recursos, defender un bosque o un pedazo de tierra ya no es solo un asunto de sosegados idealistas: en 2011, después de matar a una pareja de brasileños que defendían una reserva natural, los sicarios les cortaron las orejas para detener desde el miedo las denuncias por la tala ilegal.

La misma organización internacional indica que el Perú es el cuarto país del mundo —detrás de Brasil, Honduras y Filipinas— más peligroso para estos activistas. En 2008, Julio García Agapito, teniente gobernador de un pueblo cercano a la frontera con Bolivia, recibió ocho balazos en la oficina de la autoridad forestal local luego de detener un camión con caoba ilícita. En 2013, dos sicarios mataron a Mauro Pío —líder histórico del pueblo asháninka— disparándole desde sus motocicletas. Pío llevaba veinte años pidiendo la titulación de sus tierras y la expulsión de la empresa forestal que invadía su comunidad. Entre 2002 y 2014 cincuenta y siete peruanos fueron asesinados por causas similares. Y esa cifra sólo registra los casos conocidos.

—El mayor peligro que sentimos como líderes es que el Estado, quien se supone nos debe defender, nos traiciona—dijo Ruth Buendía, reconocida líder asháninka, al enterarse de la muerte de Edwin Chota—. Nos deja a nuestra suerte a manos de criminales.

Hasta el día de su muerte, Chota se preparaba para llevar el caso de su comunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Mientras no tengamos un título, los taladores no respetarán la propiedad nativa», le dijo el jefe asháninka a Scott Wallace, periodista de National Geographic que viajó hasta Saweto en 2013 para seguir el tráfico de caoba. «Nos amenazan. Nos intimidan. Ellos tienen las armas». Por las amenazas, dice aquel reportaje, Chota tenía que refugiarse a menudo entre sus compañeros asháninkas de Brasil, a dos días de caminata. En ese mismo sendero lo encontrarían muerto.

Dos días después de la primera noticia del asesinato, el suboficial Carlos Napaico subía a un helicóptero militar para viajar al Cusco a contener un conflicto social cuando su comandante lo llamó para asignarle otra misión: él y sus setenta compañeros —todos policías antisubversivos— debían ir a la selva del Alto Tamaya, en la frontera con Brasil, a buscar los cadáveres de unos asháninkas. Luego de cinco días de rastreo con la ayuda del comunero Jaime Arévalo, los policías encontraron el cuerpo de Edwin Chota en un pozo. No tenían radio para comunicarse, así que metieron los restos de Edwin Chota en un costal y esperaron dos días a que llegara el helicóptero del ejército. Para el suboficial Napaico el cadáver del famoso líder indígena era un boleto de salida: una vez que lo hallaran, le habían dicho sus superiores, podía largarse de ahí.

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Cuando un líder se convierte en mártir, las personas lo recuerdan como la encarnación de sus propias luchas. Ahora que ha muerto, Edwin Chota significará muchas cosas para quienes lo siguen: la resistencia a la tala ilegal, la defensa de los derechos indígenas, la pelea solitaria del que espera una justicia que nunca llega, la extraña valentía de un hombre de campo que encara al Estado. Para las cuatro viudas de Saweto, la muerte de sus esposos es prueba de hasta dónde son capaces de llegar para que los escuchen.

—Sin título no valgo nada —dijo Ergilia López, una de las viudas, cuando fue a Lima para presentar su caso ante la prensa—. Nosotros cuidamos el agua, los bosques y no los cuidamos sólo para nosotros, sino también para los que viven en Lima. Nosotros no somos pobres. Yo soy rica, en mi tierra tengo todo. Pobres son los taladores que nos roban lo que tenemos.

Ahora las mujeres de Saweto han decidido continuar con los reclamos de sus maridos hasta conseguir la titulación de sus tierras. La hija de uno de los líderes asesinados viajó hasta Nueva York para recibir el premio anual de la Fundación Alexander Soros—un reconocimiento póstumo a los líderes indígenas como héroes ambientales— y una cantidad de dinero para financiar proyectos que Edwin Chota no logró terminar. Su muerte ha originado que el gobierno del Perú, además, inicie el proceso de titulación de Saweto e invierta cerca de trescientos mil dólares en planes para cultivar cacao, plantas medicinales y reforestación de bosques maderables. El Presidente de la República prometió una investigación exhaustiva de los asesinatos, pero hasta noviembre de 2014 el caso estuvo casi detenido por falta de presupuesto. Aún resta encontrar un cuerpo. Las viudas no quieren volver a su comunidad por miedo. Sin título ni protección, los madereros podrían vengarse.

Edwin Chota lo había advertido: quizás alguien tendrá que morir para que les presten atención. Sin embargo, dicen quienes mejor lo conocieron, eso no era lo que más le preocupaba. «Él decía que ya lo había asumido, que moriría en cualquier momento», afirma Margoth Quispe, abogada de la comunidad. A Chota, el único líder que sabía leer y escribir, le preocupaba que no hubiera otro asháninka con la preparación suficiente para enfrentar a los madereros. «Por eso educaba a otros líderes —dice Quispe—. Pero ahora ellos también están muertos».

Ergilia López, que quedó viuda y se convirtió en la nueva dirigente de Saweto, dice que no tiene miedo. Que seguirá defendiendo el bosque y denunciando a los traficantes de madera aunque deba arriesgar su vida. Solo una cosa le preocupa.

—El problema —me dijo— es que no sé leer ♦