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Las balas no se escucharon, se confundieron con el estrépito del helicóptero que se hizo visible tras un cerro. De repente, los campesinos comenzaron a esconderse entre matorrales. A 15 metros, en medio de la confusión, Euclides Castillo vio cómo un balazo le astilló una de las piernas a su primo. Sintió miedo, impotencia. ¿Vendrían a matarlos? ¿La policía antinarcóticos los confundía con guerrilleros? Había que admitirlo: sembraban matas de coca en casi dos hectáreas cuyos dueños habían abandonado para buscar suerte al casco urbano de Tierralta. Entonces escuchó otro grito desesperado detrás suyo: “Nos están matando”. Y más allá, vio cómo un grupo de militares comenzaba a cercarlos.

Los uniformados, al notar que unos campesinos comenzaron a salir con las manos en alto y otros auxiliaban a los heridos, bajaron sus fusiles. El pánico de los labriegos se convirtió en rabia, en reclamos. Cuatro de los suyos estaban heridos en piernas y brazos: no eran guerrilleros, sino padres de familia que intentaban sobrevivir sin más chance que ganar unos pesos de la ilegalidad; la policía lo sabía muy bien. Los uniformados, por su parte, aseguraron que no habían disparado. Hubo gritos, insultos. Lo cierto es que desde hacía una semana atrás los cultivadores de esta zona se oponían a que la policía erradicara de forma manual la coca, como lo había estado ejecutando en las partes accesibles del Nudo de Paramillo, evadiendo minas y tropas subversivas. Este hecho ocurrió el pasado 9 de agosto.

—Lo que más nos molesta es que casi siempre se equivocan al fumigar cultivos con aspersión. A mi me han dañado cinco cultivos de maíz –afirma Euclides.

Finalmente, los cuatro heridos fueron trasladados a hospitales de Tierralta y la capital Montería, desde la vereda Mata de Guineo del corregimiento de Crucito, en el mismo helicóptero que generó el pánico. Días después, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, manifestó que de ser cierto los disparos desde la aeronave, las balas que habrían herido a los hombres fueran punto 50, tan grandes como para destrozar un brazo. La policía barajó la posibilidad de que guerrilleros que vigilaban a los campesinos, al advertir la fuerza pública, dispararon para generar caos y confusión y así poder escapar.

Lo cierto, afirma Euclides, es que esta escena se ha repetido por años en cada uno de los 19 corregimientos de Tierralta. Según líderes de desplazados de la zona, por ejemplo, al menos el 80% de los campesinos de Crucito subsiste de los cultivos ilícitos. Afirman que no hay más alternativa, desde que el embalse de la hidroeléctrica Urrá inundó 8 mil hectáreas a finales de los años 90, quedaron incomunicados, atrapados: el agua se tragó la carretera que en 45 minutos los unía a Tierralta, donde comercializaban sus siembras de maíz, plátano, yuca, ñame y verduras. Ahora deben tomar un bus, una lancha y finalmente otro bus para llegar al municipio; ahora están a dos horas de camino.

Crucito, que hasta principios de los años 90 fuera un poblado próspero y envidiado, poco a poco se queda solo. Está en las estribaciones del Nudo de Paramillo, una cadena montañosa conformada por tres serranías que une al sur de Córdoba con el noroccidente de Antioquia, y cuyo dominio en gran parte lo ejerce el Bloque Iván Ríos de las Farc y las bandas criminales (bacrim): los que compran la coca.

Para los ilegales lo importante es que el Nudo de Paramillo se convirtió en una de las despensas de cultivos ilícitos más grande del país. La ventaja para ellos es que estas serranías, desde los años 90, son también un corredor estratégico para que hoy las Farc y las bacrim lleven la droga procesada hasta los puertos del Urabá antioqueño, por las ardientes tierras del Bajo Cauca. Su destino: centro América y Estados Unidos, afirman fuentes militares.

La travesía de la coca

Dos semanas antes del enfrentamiento entre campesinos y erradicadores, Euclides, padre de siete hijos, se levantó a las 4:00 de la madrugada y ensillo su burro Pepe. Trabajaría en algo que le daba miedo: recoger hojas de coca en lo profundo del Nudo para luego venderlas a la vera de un camino. Su mujer le empacó comida y le echó la bendición. A Euclides siempre lo atacaba un mal presagio cuando se aventuraba, a pesar de que había realizado casi 40 viajes en los últimos 4 años. Tenía dos cerdos, una vaca, 17 gallinas, dos burros y una pequeña huerta: insuficiente para sostener una familia tan numerosa. Él vivía en la vereda Colón Alto, en una parcela de hectárea y media, a un par kilómetros de donde, dos semanas después, miraría caer a su primo de un balazo. En los últimos 20 años se han llevado a cabo en Crucito más de 10 masacres.

Una de las más cruentas fue en 1999, cuando seis campesinos fueron asesinados en diferentes veredas de Crucito por parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas en esa región por Salvatore Mancuso, hoy purgando condena en Estados Unidos. Eran acusados de colaborar con las Farc, en una época en que las AUC buscaban ganarle terreno a la guerrilla en el Nudo, sin mucho éxito. Euclides tenía 15 años cuando ocurrió. Fue la primera vez que vio un muerto con disparos en la cabeza. “Desde entonces siento el corazón más duro”, confiesa.

Para recoger la coca, Euclides tuvo tres horas de camino bajo un calor y una humedad que le empapó pronto el cuerpo de sudor. Primero remontó leves cordilleras y luego se internó por una selva espesa, ruidosa de insectos y de aves por donde el sol entraban rebotando entre los ramajes. Saludó a un par de indígenas Emberá Katío que cazaban. Recuerda, también, que sintió miedo de que algún escuadrón del ejército, o guerrilleros o miembros de bacrim, lo confundiera con un enemigo y lo mataran. Había un enemigo más, las minas antipersonas sembradas por el Frente 58 de las Farc. Según cifras oficiales, entre el 2000 y el 2013, 498 personas fueron víctimas de ellas en el Nudo, es decir, como si por cada año 38 personas pisaran una.

—El Nudo es de todos y de nadie-, dice Euclides con la mirada grave.

Era un riesgo al que no logró acostumbrarse. Así que comenzó a cantar vallenatos de Diomedes Díaz, no tan alto, pero si lo suficiente para ser escuchado. La idea: dar a entender que él no representaba ningún peligro. Luego salió a un claro y comenzó a ver, allí y allá, arbustos de coca que crecían espontáneamente, en apariencia abandonados pero que tienen como fin que los campesinos tomen la coca y no tengan otra opción que canjearla con la guerrilla: es una estrategia que la subversión fraguó, ante la presencia esporádica del Ejército y el desconcierto entre bandas al margen de la ley.

Antes de que el Ejército conformara en el 2008 la Fuerza de Tarea Conjunta para recuperar el Nudo y comenzar con las erradicaciones, aún se podían hallar extensos cultivos de coca allí; cuatro, cinco, seis hectáreas sembradas una al lado de la otra, custodiadas por minas y guerrilleros, y al cuidado de campesinos. A finales de los noventa había coca al pie del embalse y alrededor del casco urbano de Crucito. Hoy hay más, pero diseminada en pequeñas siembras a todo lo ancho y largo del Nudo de Paramillo, incluso dentro de resguardos indígenas, víctimas también de esta guerra. En términos generales, según datos del Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos (Simci) entre 2001 y 2012 los cultivos de coca en el Nudo de Paramillo aumentaron en 295% al pasar de 805 hectáreas en el primer año a 3182 hectáreas en el último.

Los campesinos, que comenzaron a notar la coca desde mediados de los años 90, no tuvieron más alternativa que sembrar, al verse cercados por el agua de Urrá, embalse alimentado por el descomunal ríos Sinú, que a su vez nace gracias al río Esmeralda y al río Verde, que surgen en las entrañas del Paramillo. Era raspar coca o vivir en la indigencia.

—Comencé a raspar coca y a echarla en un costal –continúa Euclides con su relato-. Lo cierto es que uno ve maticas a media hora de camino en el mismo Crucito, pero es solo hasta dos horas más andando que uno puede raspar con tranquilidad.

En aquella ocasión, en hora y media, alcanzó a recoger cuatro arrobas de hoja de coca. Después caminó media hora más por el filo de una ladera. Dejó beber a su burro el agua de un arroyo, y luego salió hasta el camino de piedras y polvo anegado que corre hasta la vereda Santa Isabel del Manso, cuya población vive intimidada. Allí, en enero de 2013, ocurrió una supuesta masacre de seis personas por parte de, según información militar, Los Urabeños (grupo que las autoridades pasarían a llamar ‘Clan Úsuga’). Días después, miembros militares afirmaron que no hubo masacre, en contra de lo que dijeron habitantes del Manso.

Cierta la matanza o no, en aquella ocasión, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Manso, Clímaco Pitalúa, fue sacado a la fuerza de su casa ante las súplicas de sus vecinos, llevado hasta el monte, golpeado en la espalda. Le fracturaron uno de sus brazos con el fin de que suministrara información sobre unos hombres. Así lo relató cuando llegó moribundo al casco urbano de Tierralta. Logró, en medio de la selva, escaparse de sus captores; escuchó disparos. Siguió para él una travesía entre la vorágine del Nudo. Tres días después, en Tierralta, Clímaco se enteró que con él llegaron al tiempo 14 familias desplazadas del Manso. Ellas confirmaron que desde hacía una semana hombres armados intimidaban a la población tras un año de tensa paz.

El Paramillo sin dueño

Euclides, a la vera del camino accidentado, esperó, sin ver a nadie, una hora. “Me están vigilando”, pensó. Luego dos hombres jóvenes en una moto se detuvieron frente a él. No se cruzaron palabras. Recibieron el costal y le dieron a Euclides cinco billetes de 20 mil pesos. Atardecía cuando regresó a casa. Sus hijos jugaban en el patio.

—Aquí casi todos salimos a recoger coca de forma individual –afirma Euclides-. Y los que no, la siembra en grupos en las colinas más apartadas, y hasta levantan laboratorios con químicos suministrados por personas.

Con la plata que recibió Euclides pudo comprar, en parte, lo que no produce la tierra: panela, aceite, café, pan, azúcar, sal, jabón, crema dental, ropa, sábanas, cuadernos para sus hijos, tela, velas, fósforos, alambre, tejas de zinc, herramientas, clavos… Ahorró también para cuando alguien de su familia necesite ir de urgencias a Tierralta, ya que a Crucito llega solo un médico los martes. En este poblado, como en todos los incomunicados por el embalse, nadie compra cultivos. Lo que sí ocurre son trueques, en el casco de Crucito, que no tiene más de 80 casas, dos iglesias cristianas y una católica, cinco tiendas, dos restaurantes, una droguería, un bus, una cancha de microfútbol, y una escuela que solo da hasta octavo grado y que le brinda estudio a 150 niños, afirma Over Tesillo Castro, presidente de su JAC.

—Nosotros no le importamos ni al alcalde ni al gobernador –comenta Tesillo-. Con decirles que Crucito no tiene electricidad, y eso que estamos al pie de una de las hidroeléctricas más grandes del país. Hay una planta de energía a gasolina, que trabaja por ratos.

Tierra fértil y gente pobre

Rosa Epifanía, mujer de 54 años y viuda desde hace 18, es bien conocida en Crucito porque ha servido de partera y porque sabe de medicina natural. Ella afirma que ningún cultivo en esta parte de Tierralta es rentable porque el solo transporte del producto hasta Tierralta representa un gasto enorme. Afirma que si, por ejemplo, un campesino logra acumular una tonelada de maíz en cinco meses, esta se la comprarán en 250 mil pesos, y parte del dinero se quedará en el transporte: hay que tomar un bus, luego un bote hasta Puerto Frasquillo, un caserío militarizado, y luego otro bus hasta el mercado: dos horas de camino. Luego tomar el mismo transporte de regreso antes de las 3:30 de la tarde, cuando sale la última lancha hacia Crucito. La medida la tomó Ejército, que decomisa a los campesinos y a los Emberá Katío, en el puerto, cualquier tipo de insumo para cultivos. En transporte, si el labriego lleva consigo un bulto de maíz, le genera en promedio un gasto de 42 mil pesos.

—Además, ¿Quién trabaja medio año por tan poca plata? Lo mismo pasa con la yuca, el ñame y el plátano, se abarataron demasiado –afirma Rosa.

Y es que, según se cuenta, en el negocio de la coca todos ganaban y ganan. Antes del 2005, año en que comenzaba a terminar la desmovilización de las AUC, una hectárea coca podía, cada dos meses y medio, llegar a dar 300 arrobas de hoja de coca, capacitadas para dar 16 libras de mercancía (unos 8 kilos). Los campesinos recibían por ello, en promedio, 17 millones 600 mil pesos. “Te gastabas tu 4 millones de pesos en el proceso y el resto quedaba para ti”, reveló una fuente desplazada de Crucito desde hace cinco años. Y añade que “a principios del 2000, la coca la venían incluso a recoger en helicóptero. Hoy en día por 16 libras ya no pagan ni la mitad de lo de antes”.

Según Álvaro Álvarez, coordinado de la Mesa de Víctimas de Tierralta, hoy vivir en Crucito es casi imposible: hay tierra fértil pero no hay cómo sacar los productos, así que pocos siembran, y está la subversión que continuamente se enfrenta con el Ejército. Según las cuentas de Álvarez, quien ha sobrevivido a tres atentados, desde el año 2000 se han desplazado más de 510 familias desde Crucito y que no han vuelto a sus parcelas.

Y la situación sigue siendo grave. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Tierralta tuvo entre el 2012 y el 2013 un total de 2 mil 298 personas desplazadas provenientes de los corregimientos que se encuentran en el Nudo de Paramillo.

El párroco de la iglesia San José de Tierralta, Jorge Miranda Pérez, ha sido desde hace más de cinco años uno de los testigos más próximos de la problemática social que enfrentan las poblaciones aisladas por el dique, “en medio de un conflicto en que ningún enemigo es totalmente reconocible”, afirma. Y añade: “He visto a los campesinos más pobres rodeados de las tierras más fértiles de Colombia”. Cada par de días, Jorge viaja a diferentes veredas dentro del Nudo, escucha a la gente, ofrece misas. Ha enterrado a más de 200 asesinados.

—En esta problemática hay que echarle la culpa a todos por igual: al Gobierno por el abandono de años, a las bacrim, a las Farc y al narcotráfico, por las matanzas y por sembrar el terror en los rostros de la gente –afirma, y añade-: Vea como son las cosas, estamos rodeados de coca y no conozco a nadie adicto a ella en Tierralta.

La población Emberá Katío, conformada hoy por 33 resguardos en todo el Nudo de Paramillo (también llamado Alto Sinú), ha hecho parte también de esta disputa por el poder. Ellos llevan habitando estas tierras hace más de un siglo. Todos se opusieron a la construcción del embalse e incluso, a finales de 1994, llevaron a cabo un acto simbólico extraordinario para despedirse de los 365 kilómetros del río Sinú, de su belleza y riqueza llena de peces: navegaron por seis días en 72 embarcaciones adornadas con flores y vivos follajes. No dejaron de cantar, en un ritual en el que los caciques invocaron los dioses de la fertilidad y la abundancia, y recordaron las historias de sus orígenes.

La travesía comenzó en los nacimientos de los ríos Verde y Esmeralda, en el Alto Sinú (donde el embalse de Urrá años después estancó sus aguas), y finalizó en Boca de Tinajones, donde las espesas aguas de cobre del río Sinú se funden con las azules del mar Caribe, en el municipio de San Bernardo del Viento. Los Emberá Katío sabían que no volverían a navegar por sus aguas pues el dique cortaría el recorrido. El 31 de diciembre de 1994, las autoridades prohibieron la navegación.

Desde entonces los líderes de esta comunidad fueron exterminados paulatinamente. A finales de los 90 las AUC intentaron conquistar el Nudo combatiendo con las Farc. Pedro Domicó Domicó, líder indígena en el Alto Sinú, recuerda esa época cuando él era apenas un muchacho. “Con la llegada de Urrá nos quedamos sin peces, que pescábamos en los diferentes ríos, hoy el embalse se los llevó todos”, afirma, y añade: “Lo peor es que todos nuestros resguardos están rodeados de minas”.

En ocho meses, entre los años 2000 y 2001, fueron asesinados a bala y por las Farc, casi siempre delante de sus familias, los líderes indígenas Lucindo Domicó, Alonso Jarupia, Rafael Domicó, Alejandro Domicó, Santiago Domicó, José Manuel Domicó, Maximiliano Domicó, Jackelino Jarupia Bailarín y Maisito Domicó, entre otros, según registraron los medios.

Las promesas

En una visita del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a Crucito en octubre de 2013, junto con una comitiva humanitaria, afirmó que, en efecto, la empresa Urrá está obligada por ley a construir una nueva carretera para unir a esta población con Tierralta, y así beneficiar a más de 700 familias campesinas que viven en diferentes veredas en el Nudo de Paramillo. En aquella ocasión, Lyons entregó obras en Crucito por 600 millones de pesos, entre ellas mejoras al centro de salud y a la escuela.

En efecto, en agosto de este años, en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), por solicitud de las directivas de la hidroeléctrica Urrá, comenzó a realizar los avalúos de 76 predios con miras a habilitar una vía para Crucito, que comprenden una extensión de 81 hectáreas. Este proceso podría demorar hasta finales de este año.

La realidad de Crucito es la de cientos de poblados del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Euclides Castillo, por su parte, se ha trasladado a Montería a hacer otra vida y, en efecto, las dos hectáreas de coca que sembraban aquella tarde del helicóptero, quedaron abandonadas un par de semanas hasta que los campesinos volvieron. Esta guerra parece de nunca acabar.

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Erguida, con un ramo de flores entre las manos, entra a la iglesia arrastrando su inmensa cola de novia. Beatriz García Noreña no mira atrás. El vestido, de fino encaje y pedrería, ceñido hasta la cintura, se abre como un abanico hasta los pies que apenas soportan el temblor de sus piernas. Algunas miradas escrutan a la distancia y sus sombras se proyectan en el pavimento. Al fondo, apenas visible, un militar custodia un edificio con su fusil.

Apoyado en una columna del templo hay un cartel que reza: “La guerra la perdemos todos, ayudemos todos a construir un proceso de paz”.

El disparo silencioso de un fotógrafo registra la escena.

“Papá, dile que no tome más”, exige Beatriz.

El hombre, discreto, se aleja de inmediato.

El fotoperiodista Jesús Abad Colorado llegó a Granada, un pequeño pueblo en el oriente del departamento de Antioquia, en Colombia, a registrar la destrucción producida por la explosión de un carro-bomba con 400 kilos de explosivos, la segunda detonación más grande en la historia del país. El ataque, perpetrado el 6 de diciembre del año 2000, fue encabezado por los frentes 9, 34 y 47 de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y estaba dirigido a la estación de policía, en pleno corazón de Granada.

La imagen de la novia de espalda a este desastre, incluida en una serie fotográfica sobre la guerra en este pueblo, ganaría un año después el premio Simón Bolívar de periodismo en Colombia, transformándose en una metáfora de la resistencia. Del amor en tiempos de guerra. De la esperanza.

“Esta foto fue como un bálsamo en la adversidad de la guerra. Habla de resistencia. Beatriz y Óscar, su esposo, fueron un símbolo de esperanza”, explica Abad Colorado.

La reconstrucción de Granada comenzó cuando Beatriz decidió ponerse el traje de novia en medio del desastre.

Si Dios la tiene para casarse…”

Tres días antes del casamiento un eco sordo, semejante a un trueno, se expandió entre los valles que acunan las montañas de Granada hasta llegar a la localidad de Los Planes. Allí, Beatriz, poco antes del mediodía, sintió una brisa tibia, primero, y luego un estruendo.

Los habitantes del pueblo imaginaron lo peor. Al otro día se enteraron de lo sucedido. Granada había sido destruida.

“Ahí pensé que se acababa todo”, reflexionó Beatriz algo espantada.

La madre, en cambio, fue más optimista:

“Si Dios la tiene pa’ casarse esta semana, así será”.

Y así fue. Beatriz llegó a la iglesia en el mismo vehículo (un Dodge Dart blanco) donde habían trasladado a los muertos después de la bomba.

El destino, sin embargo, no pareció ensañarse con la novia. Ninguna de las personas a quienes había contratado para organizar la fiesta estaba muerta y el templo filial, ubicado a dos cuadras del desastre, aún se mantenía en pie. Lo corroboró la misma Beatriz quien, junto a sus padres y hermanos, acudió al casco urbano de Granada al otro día de la explosión. Aquella vez, recuerda, caminaron cinco horas por senderos accidentados, escondiéndose cada vez que aparecía un helicóptero.

“Lanzaban tiros desde arriba. ¡Ay Dios mío, nos van a matar!”, se lamentaba.

Al llegar al pueblo, Beatriz se enteró de lo que realmente había sucedido.

Cerca de las 11:15 de la mañana de aquel 6 de diciembre, un grupo de guerrilleros descendió de un pequeño camión, a una cuadra del comando de Policía, y empujó el vehículo en dirección a un antiguo edificio de cuatro pisos ubicado en pleno centro del pueblo.

Los rumores decían que las FARC se tomarían Granada a sangre y fuego. A María Olivia Gómez, que vivía arriba del comando de policías, días antes se lo había advertido el mismo comandante de la estación: “Señora, por el amor de Dios, abandone este lugar, algo muy malo va a pasar”. No había que ser adivino. La guerra entre los paramilitares y la guerrilla hacía intuir que algo así sucedería.

La mujer, junto a su esposo, se había mudado a una casa en un segundo piso, ubicada frente al recinto policial. El marido de María Olivia, Horacio López Montes, vio desde el balcón como los comerciantes cerraron sus negocios ante la llegada de los guerrilleros. Algunos policías se replegaron y observaron cómo el camión descendía lentamente en dirección a la garita de guardia.

Pocos segundos después se escuchó una ráfaga de metralla y, casi al instante, una inmensa explosión. Horacio alcanzó a ocultarse en el baño y Olivia en la cocina. El piso y las paredes se estremecieron. Al abrir los ojos, la mujer observó sorprendida que el largo pasillo que chocaba contra el balcón ya no estaba. En su lugar sólo había polvo, escombros y hierros retorcidos. Luego, suspiró con un hilo de voz: “¡Ay diosito, cómo es que nos salvamos!”.

El atentado dejó 23 muertos, 25 heridos, 131 viviendas destruidas, 82 locales destrozados y una novia en la incertidumbre.

La toma protagonizada por las FARC se prolongaría aún por 18 horas más, haciendo llover pipetas de gas cargadas de explosivos y metralla. Luego vendría el rescate de los cuerpos.

“El primero que saqué fue el de un policía”, recuerda Gustavo Giraldo, el sepulturero del pueblo. “Estaba destripado. Sólo lo armaba la ropa. Cogí su arma y una granada”.

Dos días después, cuando Beatriz caminaba rumbo al altar, Giraldo aún escarbaba entre los escombros, junto a personal de la Cruz Roja y una retroexcavadora, buscando el último cuerpo, el número 23, atrapado en las ruinas de la cervecería de don Arturo Zuluaga. La mayoría desconocía su nombre original. Todos lo llamaban Sabajón.

¿Y a éste qué le pasó?”

La fiesta fue en la casa de un amigo de la familia de Beatriz en Granada. Aunque habían previsto 150 invitados, apenas llegaron unos cuantos familiares. Por decisión de su padre no hubo música ni primer baile.

“Usted fue muy berraca en echar pa’lante”, la felicitaron algunos.

“Usted cómo no respetó el dolor del pueblo”, le recriminaron otros.

Su familia había gastado bastante dinero y, siendo honestos, no estaba dispuesta a arrojarlo a los escombros. Menos Beatriz que había recorrido todo el municipio de El Santuario por varios meses, buscando el traje de novia de sus sueños y por el que su padre desembolsó 250 mil pesos (un salario mínimo de la época).

La fiesta tuvo poco de memorable. El pueblo ya estaba de luto desde el 3 de noviembre, cuando un grupo de paramilitares, fuertemente armados, había ingresado a Granada disparando en contra de la población civil, matando a 19 personas.

Tras ambas masacres, el éxodo de habitantes se hizo inevitable. Cuando la foto de la novia apareció en el diario El Colombiano en primera plana, el 12 de diciembre de aquel año, 9 mil personas ya habían abandonado Granada.

Los novios no estaban para recuentos trágicos. Después de la luna de miel se fueron a vivir a una casita en la cima de una montaña, que pertenecía al padre de Óscar.

Fue el cierre de un ciclo que comenzó cuando ambos eran niños y compartían el mismo curso en la escuela. Ella era una tímida estudiante y él un, alumno revoltoso. “Era muy fastidioso, muy necio”, recuerda Beatriz.

Ambos continuaron juntos, en el mismo grado, hasta que Óscar decidió abandonar la primaria y viajar a Cali a trabajar en una tienda de abarrotes a comienzo de los noventa. Fue la misma época en que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de su frente Carlos Alirio Buitrago, realizó ofensivas en contra de la industria hidroeléctrica. La acusaban de haber desplazado a miles de campesinos de sus tierras. Estos ataques fueron especialmente fuertes en los alrededores de Granada.

Con el correr de los años, Óscar regresó al pueblo convertido en un hombre. La primera vez que Beatriz lo vio, recuerda que le guiñó uno de sus ojos.

“¿Y a este qué le pasó?, con lo gordo que me caía en el colegio”, se preguntaba una y otra vez.

Ahora que están juntos, cuando recuerdan aquellos años, Óscar siempre le dice que entre “el amor y el odio, hay un solo paso”. El refrán les calzó a la perfección. Beatriz quedó embarazada antes de terminar el primer año de matrimonio. La foto de su ingreso a la iglesia, inmortalizada por Jesús Abad, la colgó orgullosa en la sala de su casa. Eran años felices.

“¡Que se la quite!”

“Quítese la blusa”, le ordenaron a Beatriz mientras le apuntaban con un fusil.

“No, ¿por qué me la voy a quitar? Yo no tengo nada”, respondió.

“¡Que se la quite!”, le volvieron a ordenar.

Tres hombres armados habían ingresado a su casa. Ella estaba sola, cocinando, mientras su bebé de cuatro meses gateaba y jugaba con unos tarros en el suelo.

“Si quiere tóqueme aquí, para que vea que no tengo nada”, rogó con angustia señalándose las costillas.

“¡Se la quita o la mato!”, le gritaron.

Beatriz no tuvo más opción que quitarse la blusa, mientras rezaba para que no les hicieran nada a sus hijos; al que jugaba a su lado y al que tenía en su vientre.

“¿Y el sostén? Quítese el sostén”, le volvieron a ordenar apuntándola con un fusil.
Beatriz pensó que la iban a violar. Les rogó que no lo hicieran y se quitó la prenda entre lágrimas. Frente a su torso desnudo, los hombres que le apuntaban empezaron a reírse. “Esta señora no tiene nada, lo que tiene son unos senos muy bonitos”, le dijeron entonces en tono de burla. Justo en ese momento llegó otro hombre, que al parecer tenía un rango superior y los regañó. El sujeto del fusil salió de la cocina y lo siguieron los otros dos. Beatriz quedó ahogada en un llanto amargo.

Los encapuchados llegaron al hogar sin brazaletes de identificación. Simplemente aparecieron una noche y se quedaron. Beatriz no sabía si eran de la guerrilla o paramilitares. En cualquier caso, invasores. Se instalaron con sus inmensos morrales en el corredor, y allí dormían.

Esto sucedió en los últimos meses del año 2002, al comienzo de la ofensiva de Seguridad Democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe, quien había prometido que el oriente antioqueño por fin sería “un territorio de paz”, pero no mencionó de qué manera se alcanzaría.

“La connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares se tradujo en muchas atrocidades, desde saqueos a sus casas, abusos sexuales y hasta ejecuciones extrajudiciales. En Granada se ve claramente como la principal víctima del conflicto fue la población civil”, explica la investigadora Marta Villa, de la ONG Corporación Región.

Las cifras sobre violencia sexual en Colombia son elocuentes. Según estadísticas de la organización Oxfam, casi medio millón de mujeres fueron víctimas entre los años 2001 y 2009. Se estima, sin embargo, que el 80 por ciento de ellas nunca denunció.

“Cuando se empezó a atacar a las mujeres, se cruzó una línea y los granadinos entendieron la magnitud de la guerra que les estaba tocando”, agrega Marta Villa.

Pero Beatriz no solo sufrió abuso sexual. También observó, cuando iba de compras al pueblo, brutales asesinatos de hombres que bajaban de las chivas (camiones de transporte de pasajeros).

—Un día vi cómo mataban a un señor delante de su esposa y de sus dos hijos. Otro día a una señora le mataron a sus dos hijos, ella se puso enfrente de ellos y gritaba “mátenme a mí”- cuenta Beatriz.

El año 2002 fue particularmente sangriento. En junio, en la localidad de El Edén, integrantes del bloque Metro de los paramilitares ultimaron a cinco campesinos, en noviembre a otros cinco en Minita y, en diciembre, se reportaron 11 muertes más en el mismo lugar.

La mitad del territorio de Granada, por entonces, estaba sembrado con minas antipersonales. La guerrilla mataba campesinos con inyecciones letales cargadas con gasolina. Los paramilitares, incluso, llegaron a matar a ancianos sólo porque su cédula había sido expedida en Granada.

Era tal el festín de sangre que en ocasiones, en pleno entierro, llegaban los paramilitares a buscar a su siguiente víctima. Gustavo Giraldo, el sepulturero de Granada, lo vio varias veces: “Estaba enterrando un cadáver, llegaban los paramilitares y le decían a uno de los familiares en el entierro: ‘Venga para acá que quiero conversar una cosita’. Después se iban y a la media hora me llamaban que en tal parte había un cadáver para traerlo. Era el mismo ‘parcero’ que había cargado el ataúd”.

A tanto llegó el negocio de la muerte en el oriente antioqueño que, según cuenta Giraldo, en el cementerio de San Carlos, un municipio vecino de Granada, no había espacio para un muerto más. Desde entonces, cuenta, los muertos del municipio vecino comenzaron a ser enterrados en Granada.

El hostigamiento en toda la región fue constante. El mismo Óscar, esposo de Beatriz, lo vivió en las montañas cercanas a su finca.

“O nos colabora o lo borramos del mapa”, le dijo un paramilitar.

Beatriz no estaba enterada de que su marido estaba siendo presionado por ‘paras’ y guerrilleros para incorporarse a sus filas. No había otra opción: tenían que irse. Beatriz tenía ocho meses de embarazo.

Perros lamiéndose las heridas”

Después del nacimiento de Vanessa, su segunda hija, Beatriz partió a Cali a encontrarse con Óscar. Los cuatro se instalaron en un estrecho cuarto en la casa de un amigo de su marido, con la esperanza de que este consiguiera un trabajo. Fueron días difíciles. Pasaron hambre. A veces comían sólo una vez al día. Beatriz resistió ocho meses hasta que no soportó más. Empacó su ropa, cargó a sus hijos y tomó un bus hacia Medellín sin ni siquiera contarle a su marido.

“Le dije a Dios: ‘Tú sabrás qué vas a hacer conmigo, pero yo acá no me aguanto más’”, recuerda.

Luego de un breve paso por Medellín, Beatriz volvió a su pueblo, Los Planes, en Granada, donde la guerra ya sumaba más de 120 desaparecidos. Su forma de resistir fue el silencio, llorando de miedo debajo de las cobijas, rezando todos los días, o tapándole los ojos a sus hijos para que no vieran lo que estaba pasando a su alrededor.

Óscar volvió a su encuentro. La relación no marchaba bien y se separaron.

Al cabo de un año decidieron volver a vivir juntos.

En el casco urbano la resistencia de los granadinos a la guerra se hacía cada vez más fuerte. El primer viernes de cada mes, la organización de víctimas de Granada, Asovida, organizaba marchas con velas en honor a los muertos y desaparecidos. Una situación resistida en un principio por algunos sectores de la iglesia.

“Nos decían que parecíamos ‘como perros lamiéndose las heridas’”, cuenta Gloria Ramírez, directora de Asovida.

Las marchas derivaron en la creación del “Salón del Nunca Más”, que abrió sus puertas en 2009 y que hoy es un ejemplo en Colombia. “Preservamos la memoria por nuestra dignidad, por el perdón y para luchar contra el mayor defecto que tiene esta sociedad, la indiferencia”, agrega Ramírez.

En el Salón exhiben la foto de Beatriz vestida de novia. Ella ocasionalmente visita el recinto para recordar al tío, al primo, a un ex novio y a una decena de amigos que perdió en la guerra. “Nos frustraron tantos sueños”, dice mientras camina por el lugar.

Beatriz quería terminar el bachillerato, estudiar psicología y comprar su propia finca. Todo se esfumó. Apenas alcanzó para sobrevivir. Pero aun así sigue siendo “la novia” de Granada. Han pasado 14 años desde que Abad le tomó la foto y todavía la llaman para pedirle prestado su vestido de boda. El traje, para desgracia de las interesadas, lo vendió poco después de la ceremonia.

Beatriz fue la valiente que intentó, tal vez sin éxito, dar la espalda a la guerra. La mujer que decidió continuar con la vida a pesar de tanta muerte.

En Tuchín muchos afirman que hay un comerciante desleal; otros no lo creen así. Tiene su almacén en la calle más concurrida, frente a la parroquia, y su nombre es Elkin Aristizábal Ramírez, un paisa con un atino en los negocios que ningún tuchinero logra imitar: vende los accesorios más elaborados en caña flecha, desde sombreros hasta carteras, y tiene clientes en tres departamentos. El negocio no podía ser más redondo: se surte en el corazón del vueltiao, donde está uno de los grupos artesanales más importantes del país: los zenúes.

Ariztizábal, el ‘cachaco’, en sus más de cinco años de comerciante de artesanías, se creó una pequeña fama en Tuchín. Su almacén era (y es) el mejor del pueblo. Vendía sin problemas. Hasta la mañana del 17 de enero cuando 20 guardias indígenas zenúes irrumpieron en su local y le confiscaron 130 de los 516 sombreros chinos que hallaron en este poblado y en San Andrés de Sotavento. Dos semanas atrás había estallado el escándalo de que en el país, desde hacía un año, se comercializaba una vulgar imitación del vueltiao sinuano.

Aristizábal no se opuso al decomiso. Sabía que ese momento llegaría (pero no tan pronto) y se lo hizo saber a los medios de comunicación que lo habían asediado durante una semana. Así que cuando vio el tumulto de líderes escoltados por ocho policías y una romería de curiosos que se apostó a lado y lado de la calle, supo que había perdido parte de la inversión de hacía unos días.

El cachaco apenas lo sospecha, pero en Tuchín creen que hace un año trajo al pueblo una tragedia, una que vieron crecer sin declarar una palabra en su contra. Así es la naturaleza del indígena zenú: perspicaz, y antes que cargar con un conflicto declarado, prefiere el silencio. Hasta hace dos semanas, cuando luego de una reunión tardía de líderes de los cabildos con el Cacique Mayor Eder Espitia Estrada y el alcalde Eligio Antonio Pestana, decidieron barrer con todos los sombreros chinos, los impostores; la prenda que estaba haciendo tambalear su economía, además de burlarse de una tradición milenaria.

Y es que los artesanos leales a su cultura veían cómo al almacén del cachaco acudían vendedores de municipios de Córdoba y Sucre, con el fin de surtirse del polémico sombrero. No importaba si era temporada alta o no, en las playas de Coveñas, así como en las de San Bernardo del Viento y Arboletes, la prenda farsante se ofrecía como legítima. Elkin vendía el sombrero al por mayor a 6 y 5 mil pesos. En las playas este valor se triplicaba.

Y esto a pesar de que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, había ya prohibido desde el 11 de enero su comercialización tras la ola de reclamos que le llegó al revelarse la noticia de que al país estaba entrando, desde hacía un año largo, un sombrero de origen chino, de estéril fibra sintética, que imitaba un símbolo nacional: el vueltiao. Lo peor es que sigue una duda sin resolver: ¿por qué ingresaron al país casi un millón de imitaciones si existen leyes que protegen el vueltiao?

Aristizábal, en temporada baja, afirma él, vendía unos 200 sombreros chinos y unos 400 originales quincenalmente. En diciembre pasado vendió más de 700 chiviados y casi la misma cantidad de legítimos. Por esto, Aristizábal tenía dividida a la comunidad: la rentabilidad de la prenda impostora era tan buena, que una gran parte de artesanos del mismo Tuchín, cuyas ventas se estaban yendo al piso, no vieron otra alternativa que surtirse de la prenda farsante.

Chinos jodidos”

El maestro en tejido Medardo de Jesús Suárez tiene 74 años y ha viajado, entre otros países, por España, Alemania, Italia, Japón y Rusia promocionando el vueltiao. De hecho, le confeccionó uno a Bill Clinton. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 le pidieron 600 sombreros y se disparó su fama, y la de su resguardo indígena Tuchín, conformado por 63 cabildos, unos 36 mil habitantes. El 80 por ciento de las familias subsiste de las artesanías: sombreros, pulseras, collares, anillos, pendientes, carteras, cestas… Todo lo que se pueda tejer con caña flecha.

En el año de los Olímpicos el casco urbano de Tuchín era lo que es ahora: un par de calles (donde abundan los puestos de fritos, las cantinas y los juegos de azar), que se encuentran en la iglesia de la Inmaculada Concepción, una estructura simple donde caben doscientos feligreses, con un campanario mudo. No hay alcantarillado y el agua llega día por medio. Ese mismo año el vueltiao fue elevado a Símbolo Nacional por el Congreso de la República. “Eran buenos tiempos, todos estábamos vendiendo –dice pensativo Medardo-, ahora, al abandono en que nos tiene el Gobierno, se suma que nos metieron el chino”.

Y no es para más. Entre el 4 y el 7 de enero se realizó en Tuchín el XVII Festival de la Artesanía y el Sombrero Fino Vueltiao: toda una expectativa: todo un fracaso, aseguran los tuchineros. Marcial Montalvo Solano, organizador del evento y presidente de Fundarte, organización que agremia los artesanos, afirma que esto se debió a la falta de atención del Gobierno, de los grandes dirigentes de departamento que se jactan de decir que están buscando recursos para el progreso y la cultura. El alcalde de Tuchín, Eligio Antonio Pestana, puso un poco de dinero. El festival pasó desapercibido, como el año pasado y el antepasado.

Es increíble, afirma Montalvo, que siendo el vueltiao tan famoso ni MinCultura ni ninguna empresa se interesó en patrocinarlos. Al final, los 38 artesanos expositores no alcanzaron ni a vender la mitad de su mercancía. Todo volvió a los sacos. Los clientes potenciales no aparecieron. Según Medardo, si los
chinos hubiera logrado imitar las ‘pintas’ de la copa del sombrero, las figuras que caracterizan, (digamos, el 21, es decir, cuyo tejido se realiza con 21 pares de fibras), “nos hubiera arruinado, ¡Ah chinos jodidos!”.

Este estado de abandono ha puesto a reflexionar a académicos e investigadores. Uno de ellos es Roger Serpa Espinosa, quien afirma que al vueltiao convertirse en Símbolo Nacional, tanto el Gobierno como los zenúes adquirieron compromisos y responsabilidades “para conservar y proteger esta prenda, por ello no me explico la falta de apoyo del Estado con los zenúes, así como la aparición de esa vulgar imitación china”, asevera.

Tradición manchada de sangre

El vueltiao cobró más fama de la que ya tenía por Miguel el ‘Happy’ Lora, el boxeador monteriano que colmó de gloria el deporte nacional al ser campeón mundial en la categoría gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1985 y 1988. El ‘Happy’ llegaba al cuadrilátero con su vueltiao, y tras la victoria, en hombros, lo primero que hacía era enfundárselo de nuevo. El vueltiao no fue solo entonces típico de la sabana cordobesa y sucreña, protección contra el plomizo sol del Caribe, para convertirse en una identidad nacional. Entonces dejó de ser para corronchos, como le dicen despectivamente a la gente del campo. De los indígenas el sombrero pasó a ser utilizado por los políticos y hacendados: llevarlo puesto era estamparse una identidad.

Ya en el 2004, cuando el vueltiao se hizo símbolo nacional, Tuchín prometía amplias perspectivas. Se terminó de convertir en un centro del comercio. Hasta los hijos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, aprovecharon la fama. Las ventas del vueltiao se incrementaron un 200 por ciento, y un artesano, yéndole mal, vendía 20 millones de pesos en un mes. Se abrieron almacenes en toda Colombia. En Tuchín se vendía el 21 hasta en 200 mil pesos, y en Cartagena o Bogotá este precio se duplicaba, en el extranjero ni se diga. Diseñadores incluyeron en su ropa la caña flecha. Por un par de años todo fue prosperidad. Por segunda vez los Zenú, en los últimos 20 años, eran el centro de atención nacional.

La primera vez fue en los noventa: años crudos, violentos. El más sangriento, 1996, dejó 13 indígenas acribillados, entre ellos a candidatos al senado, aspirantes a la alcaldía, líderes y caciques. A mediados de los noventa, por fin, se señaló como culpable de esta persecución a los terratenientes, quienes se habían estado apoderando de la tierra desde hacía cien años, y ahora, ante el reclamo de los indígenas por el territorio que ancestralmente les pertenece, comenzaron a utilizar la fuerza, la intimidación, la muerte.

El senador indígena Gabríel Muyuy le pidió al entonces presidente Ernesto Samper que hiciera algo. Nada se hizo. Allí no había Policías, Ejército. La estrategia de los terratenientes para apoderarse de la tierra era simple: financiaban a los indígenas en sus cultivos de maíz, yuca, ñame y plátano. Si la cosecha no pelechaba, el prestamista, poco a poco y con engaños, iba embargando las tierras, y las hacía suyas con complicidad de notarios.

El reclamo de los indígenas, afirma el investigador Roger Serpa Espinosa, comenzó a darse en los setenta, pero finalmente reventó en los noventa el deseo de reclamar lo usurpado. Entonces comenzaron los genocidios.

Uno de los más recordados fue el del Cacique Mayor Héctor Aquiles Malo Vergara, quien murió baleado junto con tres de sus compañeros. La sentencia de muerte, dos semanas antes, le llegó escrita en un papelito metido en una caja de fósforos: “Cuídate que te vamos a quemar”. Rodaba 1994.

A la expectativa

Hoy la historia es otra. Elkin Aristizabal estaba bien enterado del escándalo del sombrero impostor pero no hacía nada: “Sé que estaba perjudicando a los artesanos, pero hay que ver que hasta ellos mismos me compraban y yo tenía que buscar estabilidad”, afirmó. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué el cabildo no actuó a tiempo? El artesano y líder Marcial Montalvo Solano dice que es verdad que hay una desunión entre los tuchineros, y ante la progresiva mala venta de sus artesanías, cada quien quiere hacer negocios por su cuenta.

Sobre otros comerciantes recae una culpa más: haber introducido el peróxido de hidrógeno, un ácido barato e inodoro, que los artesanos comenzaron a utilizar para acelerar el blanqueamiento de la hoja de caña flecha antes de ser tejida. Esta labor se realizaba con caña agria, zumo de naranja o limón. Según el maestro Medardo de Jesús Suárez, solo hasta hoy se ven las consecuencias: a los artesanos se les está pelando las manos y la frente, y otros pocos más están perdiendo el cabello, y peor aún, la vista. La fibra caña flecha que pasó por este líquido hoy se está resquebrajando, y los sombreros parecen galletas de soda.

A este hecho se adiciona uno más escandaloso: se rumora incluso en las calles, en las cantinas, al pie de la iglesia, que la fibra sintética de origen chino ya entró al pueblo, y artesanos avezados, ante su delicada situación económica, están tejiendo con ella. Quienes hacen esto viven en veredas apartadas y al mando de una especie de mafia que nadie se atreve a denunciar, y que no se sabe si terminará tras la medida de confiscar los sombreros impostores.

“Pa’ saber que el sombrero chino no solo es desechable, sino que da dolor de cabeza, pesadillas y oscurece la mirada”, dice Tranquilino Sánchez, un comerciante de artesanías tuchinero con 15 años en el negocio.

Y con todo esto, en el pasado va quedando también la tradición de que todos los miembros de un núcleo familiar indígena, desde la madrugada, se reúnan a elaborar el sombrero vueltiao: los niños que tejen, la madre que arma, el padre que cose. Lo afirma Medardo de Jesús Suárez y Marcial Montalvo Solano, quienes llevan más de 50 años perfeccionando este arte. Incluso esa bella costumbre de que una indígena le elabore a su amado un vueltiao para declararle su amor eterno, parece cosa de fábula.

Lo cierto es que el vueltiao encierra una paradoja: la prenda, extrañamente, a pesar de su sólida fama, en las calles de Tuchín se abarata de forma alarmante. Y ahora con la aparición del chino y la baja en ventas del legítimo, todo parece indicar que la economía de 56 mil familias indígenas en Córdoba y Sucre es incierta. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que se repiten los tuchineros.

Por ahora Mincomercio, en cabeza de Sergio Díaz-Granados, anunció que emprenderá todo lo que esté a su alcance para devolverle al sombrero vueltiao, y en general a toda la variada artesanía del pueblo Zenú, su identidad, su potencial frente al mercado. No solo es Tuchín: San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito, Chimá, Purísima, Momil, San Onofre, Sampués (Sucre), también son pueblos que necesitan el impulso que promete el Gobierno. Y el chino sigue siendo perseguido, en Barranquilla confiscaron hace una semana 800 sombreros ilegítimos listos para ser comercializados en el Carnaval.

“Somos optimistas con lo que se viene. Solo tenemos que estar más unidos, actuar más rápido”, dice Medardo de Jesús con humor. Y añade: “Esos chinos por poco y nos quitan la teta”.