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El hijo que nunca llegó

Todos los días, sin falta, Teresita Higuita Zuleta esperaba que Gonzalo, su hijo, regresara a casa. Con su infinito amor de madre, cada noche le servía en la mesa una porción de comida. El manjar no era más que una plato de fríjoles con arepa, pero Teresita sabía que era lo que más disfrutaba Gonzalo cuando se sentaba en el comedor. De vez en cuando degollaba una vieja gallina de campo y le guardaba la mejor parte: un trozo de pechuga o un jugoso pernil, con la esperanza de que su vástago se sintiera feliz a su regreso.

Una noche cualquiera, entre sueños y al borde de la alucinación, Teresita vio que Gonzalo entró por el corredor de la casa, descargó un morral que llevaba sobre sus hombros, lanzó un suspiro y se tiró al piso, abierto de brazos, a descansar. “Ella dijo que lo había visto con la espalda pelada de cargar un morral muy pesado”, recuerda Sandra Callejas Higuita, su hija, quien luego describirá que su madre, alegre al sentir su presencia, al instante dijo exaltada: ¡Llegó mi hijo, llegó mi Gonzalo, llegó! Con la dicha por el anhelado reencuentro, Teresita se levantó rápidamente de la cama a darle la bienvenida y a servirle el plato de siempre. Pero pronto se dio cuenta que solo había sido un sueño.

Gonzalo llevaba desaparecido cinco años y no había ni asomo de su paradero. Los meses pasaban y la incertidumbre por saber algo de su suerte era mayor. Pero el día de su regreso jamás llegó. A Gonzalo, quien tenía 18 años y era el menor de la familia, lo mataron en 2003 los paramilitares, los mismos que meses después arribaron hasta la casa de Teresita y sin asomo de remordimiento, le confesaron:

–Él fue asesinado pero nosotros hicimos un hueco y lo enterramos. Al menos esté tranquila, que los gallinazos no se lo comieron.

Sandra Callejas Higuita, una mujer jovial y de mirada reflexiva, trae a su memoria esta historia mientras permanece sentada en un improvisado escritorio de la casa que ahora funciona como sede de la Asociación de Víctimas de Ituango, en el norte de Antioquia, un municipio que ha padecido, como tantos otros en Colombia, los estragos de la guerra. Como casi todos los habitantes de este pueblo, escondido entre las montañas que bordean el Parque Nacional Nudo de Paramillo, Sandra ha vivido en carne propia los embates de un conflicto armado que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, pero también decenas de viudas, huérfanos y lisiados.

Mientras su pequeño hijo Mateo Torres, de ocho años de edad, revolotea por los alrededores de la casa, Sandra cuenta que la desaparición de su hermano fue el final de varios hechos trágicos que le sucedieron a su familia. A los Callejas Higuita la guerra les quitó a cuatro de sus hijos: Marleny Callejas Higuita, de 35 años, y Ángel de Dios Callejas Higuita, de 30, fueron desaparecidos por la guerrilla; y Milagros Callejas Higuita, de 24 años, y Gonzalo Callejas Higuita, de 18, murieron en manos de los paramilitares. La familia solo pudo darle cristiana sepultura a Marleny, pero Sandra presume que así como Gonzalo, los demás también fueron asesinados.

Desde ese momento Teresita, su madre, entró en depresión y con el tiempo su salud fue desmejorando.

–A ella eso la destrozó física y mentalmente, y ligerito cayó en una depresión y en las enfermedades –dice Sandra.

Esperando a Gonzalo y aferrada al dolor por la pérdida de sus otros tres hijos, Teresita, quien para entonces cumplía 56 años, falleció el primero de marzo de 2009.

***

Es una mañana de miércoles de finales de junio en Ituango. El calor y una leve humedad se combinan con el aire de tranquilidad que se respira en el parque principal. Un grupo de abuelos, de aspecto campesino, conversa con parsimonia a un lado del busto de Jesús María Valle, el inmolado defensor de derechos humanos que levantó la voz ante las autoridades para que no siguieran asesinando a la gente de su pueblo. Un niño monta en bicicleta por una empinada calle; un par de señoras organizan sus kioscos de comida rápida y un cotero arruma bultos de mercancía al interior de una tienda de abarrotes. En una esquina contigua a la calle atrincherada por el ejército, permanece parqueado un bus escalera al que los campesinos llenan de bultos de cemento, papas y arrobas de panela. En otros tiempos, murmura la gente, hubiese sido imposible, siquiera, sacar una cámara fotográfica e intentar hacer una imagen sin que algún soldado te advirtiera que por seguridad no estaba permitido tomar fotografías.

Antes de que la guerrilla decretara el cese unilateral de hostilidades –en julio de 2015–, Ituango era un territorio en conflicto y donde, en cualquier momento, podrías terminar en medio de una balacera. Durante varios años paramilitares y guerrilleros se disputaron el poder de esta zona del norte de Antioquia, dejando a su paso cientos de muertos y desaparecidos, familias desintegradas y miles de desplazados.

Sandra Callejas Higuita, quien ejerce como presidenta de la Asociación de Víctimas, cuenta que en Ituango hay, por lo menos, unas 17 mil víctimas del conflicto armado. Casi el 95 por ciento están registradas como desplazadas. Recuerda que las balas con las que se ha condenado injustamente al pueblo, han llegado de todos los frentes: de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. “Aquí no podemos sacar en limpio a ninguno”, asegura. En Ituango no existe una cifra oficial de personas asesinadas, tampoco de desaparecidos y mucho menos del número de mujeres abusadas sexualmente por miembros de uno u otro bando. De conocerse quizás sería más evidente la magnitud de la guerra. Pero es claro que en este pueblo de 2.347 kilómetros cuadrados y 21.757 habitantes, cada poblador lleva a cuestas una historia de algún familiar asesinado o desaparecido.

Por fortuna, hoy sus habitantes viven días de paz. Una semana atrás, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc EP– habían firmado en La Habana el acuerdo de cese bilateral de hostilidades y la gente en Ituango se sentía esperanzada. Incluso, la noche posterior a la firma  –el jueves 23 de junio– sus habitantes entraron en júbilo cuando se enteraron que los soldados estaban retirando las trincheras que durante casi dos décadas se habían mezclado con el paisaje urbano. La imagen que registró el momento fue compartida miles de veces en las redes sociales, como un gesto de paz en una de las regiones más marcadas por el conflicto armado. Pero rápido la gente pasó de la celebración a la indignación, al percatarse de que los militares las habían instalado de nuevo. “Yo sentí vergüenza al saber que ellos ilusionaron a las personas con que las iban a quitar y al otro día las pusieron”, se lamenta el niño Mateo Torres Callejas, quien habla con tanta naturalidad sobre la paz y la guerra como cualquier infante que organiza los juguetes de una piñata. “Si seguimos haciendo la guerra se va a afectar a muchas personas. Eso a mí no me gusta, a mi me gusta es cantar”, dice.

Lo cierto es que la gente en esta localidad respira un nuevo aire desde que los guerrilleros decidieron silenciar sus fusiles. Desde entonces sus pobladores se han vuelto a tomar las calles, han vuelto a disfrutar de la noche y a recorrer los rincones del pueblo, como lo hacen hoy, sin temor a quedar atrapados entre el fuego. “Estamos viviendo un receso y estamos tranquilos”, expresa el defensor de derechos humanos Román Álvarez Sucerquia.

En primera página

Hasta mediados de los años 90, Ituango era un pueblo desconocido para la mayoría de colombianos. Escondido entre el quebrado relieve de la cordillera occidental y atravesado por el caudaloso río Cauca, este municipio antioqueño, ubicado a 190 kilómetros de Medellín, se mantuvo en el anonimato a pesar de ser el centro de operaciones de varios los frentes de las Farc, entre ellos el 18 y 36, quienes, según cuentan sus pobladores, fueron copando su territorio desde inicios de los años 80. Durante años la guerrilla controló a sus anchas cada metro cuadrado de este territorio, pero a mediados de 1996 las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, llegaron al casco urbano con la intención de arrebatarles terreno.

Así, el 11 de junio de ese año los paramilitares dieron el primer golpe asesinando a cuatro pobladores en la cabecera urbana. Luego se dirigieron hasta el corregimiento de La Granja donde, tras tomar el control de la zona y ordenarle a sus pobladores cerrar las tiendas, torturaron y ejecutaron a cinco campesinos, a quienes señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla. El plan de los hermanos Castaño era apropiarse, a sangre y fuego, de esa región estratégica entre los departamentos de Antioquia y Córdoba para el paso de armas entre el norte y el centro del país, así como para el cultivo y procesamiento de drogas en una zona donde la presencia estatal históricamente ha sido invisible.

–Hace parte de nuestra estrategia: o la guerrilla sale de sus santuarios o vamos a entrar (…) Si el ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes, yo sí, y se los voy a demostrar– aseveró Carlos, el menor de los Castaño.

Esas primeras incursiones eran apenas una advertencia de lo que ocurriría entre el 22 y el 27 de octubre de 1997 en un desconocido y alejado corregimiento llamado El Aro.

Durante esos días un comando paramilitar conocido en la región como los “mochacabezas”, realizó un recorrido macabro que empezó en el corregimiento de Puerto Valdivia, a orillas de la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe. Antes de llegar a El Aro, el grupo conformado por unos 200 hombres recorrió las veredas Puquí, Remolino, Puerto Escondido y Organí, donde asesinó a ocho campesinos. Algunos de ellos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia, otros fueron baleados y sus cuerpos abandonados a un lado del camino. Cuando pusieron los pies en El Aro, los paramilitares ordenaron a sus habitantes salir de sus casas y dirigirse hasta la plaza, y allí, entre gritos e insultos, continuaron el sanguinario ritual. El primero en morir fue el tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza, de 64 años. Los testigos dicen que después de amarrarlo a un palo los paramilitares le arrancaron los ojos, el corazón y los testículos. “¡Guerrilleros malparidos, se van a morir todos!”, gritaron los bárbaros y siguieron con la cacería. Aturdidos, los pobladores vieron como mataban a sus vecinos y violaban a varias de sus mujeres. Antes de marcharse, ordenaron a los sobrevivientes que se largaran del caserío y procedieron a prenderle fuego a las viviendas. Quemaron 42 de las 60 casas del poblado, asesinaron a 17 campesinos y obligaron a algunos de los sobrevivientes a arrear, hasta varias fincas del Bajo Cauca, más de mil reses que robaron en el camino. El plan paramilitar para sacar de su madriguera a la guerrilla ya empezaba a ponerse en marcha.

–Yo he defendido que lo que ocurrió en El Aro no fue una masacre, eso fue un genocidio– reflexiona uno de los líderes del pueblo. Luego, afirmará que todo lo peor que le puede pasar a un pueblo le ha ocurrido a El Aro, olvidado históricamente por el Estado y ultrajado por los paramilitares.

De nada sirvieron las denuncias que el abogado Jesús María Valle –oriundo del corregimiento La Granja y destacado defensor de derechos humanos–, había hecho a las autoridades regionales sobre el asesinato de campesinos en Ituango y la estrecha relación que sostenían los paramilitares con miembros del ejército y la policía que operaban en el pueblo. En declaraciones dadas a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, Valle Jaramillo dijo: “El grupo paramilitar sembró terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades, del Ejército y la Policía, y no había ni respuesta del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército”. Y enfatizó: “De 1996 a 1997 (diciembre 31) fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”.

El 27 de febrero de 1998, veintiún días después de haber juramentado en la sede regional de la Fiscalía, Jesús María Valle fue acribillado por dos hombres y una mujer en su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en pleno centro de Medellín. Con el tiempo se sabría que los autores del homicidio pertenecían a la banda La Terraza, la cual ofrecía sus servicios a Carlos Castaño.

Por las masacres de El Aro y La Granja, en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por omisión y acción directa de los miembros de la fuerza pública, y lo obligó a reparar integralmente a las víctimas. Los campesinos de la zona han denunciado insistentemente que esas reparaciones nunca llegaron y que aún hoy, 19 años después de la masacre, continúan echados a su suerte en ese paraje olvidado, al que solo es posible llegar en mula después de recorrer siete u ocho horas de camino.

–Allá no ha habido ningún plan de retorno, las 31 familias que regresaron lo hicieron por su propia voluntad– comenta una exfuncionaria de la Administración Municipal.

La bomba de “La Peatonal”

Esta mañana de miércoles las personas caminan, tranquilas, por la calle que todos conocen como “La Peatonal”, donde a cualquier hora del día bares y negocios se disputan, con música a alto volumen, a aquellos potenciales clientes que buscan un lugar cómodo para tomarse una cerveza. Como a la mitad del pasaje se encuentra instalada una placa que recuerda la memoria de las personas que murieron en ese sitio la noche del jueves 14 de agosto de 2008, cuando un explosivo dejado por un hombre minutos atrás al interior de una caneca, destruyó el ánimo colectivo que había en vísperas de las fiestas de la Itangüinidad. Según datos de la Personería de Ituango, esa noche murieron Camilo Pineda Galeano, José Alejandro Arias Valencia, Cristián Estiven Cossio Barrera, Dairo Pineda Galeano, y los menores de edad Juan Camilo Osorio Uribe e Iván Darío Henao George. También falleció Alberto de Jesús Calle Gallo, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Ituango en los tiempos en que ocurrió la masacre de El Aro. Calle Gallo había sido la persona que se encargó de alertar y pedir ayuda al gobierno departamental y al Ejército para contrarrestar aquel ataque paramilitar de 1997.

Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos, fue uno de los 52 heridos que dejó la explosión. Mientras camina por el lugar, afirma que la imagen de sus paisanos tirados en el piso, el caos, los escombros y la destrucción de aquel espacio que minutos antes rebosaba de vida, será difícil de olvidar. “El olor característico de la sangre, la tierra y la pólvora, se demoran para borrársele a uno del olfato, del pensamiento. Es demasiado difícil, es un momento muy doloroso”, reflexiona. Román sufrió una leve herida en uno de sus pies y un bar de su propiedad, que estaba ubicado a unos 20 pasos del sitio de la explosión, quedó completamente destruido.

“Como hijos de esta tierra amada, encendemos una luz para no olvidar el dolor y continuar siendo un pueblo de paz, solidario y digno”, se lee en la placa insertada a un lado de la calle que divide en dos “La Peatonal”. Ese hecho trágico permanece en la lista de recuerdos dolorosos que los ituanguinos llevan consigo y que intentan matizar con los vientos de paz que vive el país.

Para menguar los impactos emocionales que han dejado hechos como este, en 2012 Sandra Callejas Higuita decidió crear la Asociación de Víctimas de Ituango con la idea de acompañar a quienes han perdido algún familiar en el conflicto armado. “Aquí nos agrupamos como una familia y sacamos fuerza para llegarle al otro, para ayudarle, para compartir el dolor, para acompañarnos; si vamos a llorar, este es el lugar para hacerlo”, asevera. Son más de 200 familias las que componen la organización, el equivalente a unas 800 personas. De ellas, el 90% son mujeres. Allí encuentran orientación sobre cómo reclamar sus derechos y el camino que deben seguir en ese enmarañado mundo burocrático para que el Estado las reconozca como víctimas y les brinde la indemnización a la que, por su condición, tienen derecho. Aunque en esos asuntos Sandra es escéptica, pues cree que es difícil que el Gobierno pueda reparar integralmente a las miles de familias que han debido lidiar con la guerra en Ituango.

–Eso es como soñar que el gallo pone– sentencia.

La masacre desconocida

Humberto de Jesús Zapata es un campesino trabajador, de mirada recia, manos callosas y lúcido hablar. Mientras sorbe un trago de café en un negocio contiguo al parque principal, cuenta la historia de una masacre poco conocida que ocurrió a finales del año 2000 en la vereda El Cedral, donde viven él y su familia. El Cedral es un caserío ubicado a unas tres horas y media del casco urbano de Ituango. Hasta allí se llega luego de un recorrido de dos horas y media, en bus escalera, por una carretera destapada y en regular estado, y después de montarse durante más de una hora sobre el lomo de una mula.

Sus pobladores –más de 600– no sabían nada del conflicto armado que ya se asentaba en el municipio, aunque desde los años 90 habían visto cruzar por sus caminos a hombres armados que, por temor, a nadie le interesaba identificar. Las familias vivían del cultivo de café, fríjol, maíz yuca y del cuidado de algunas cabezas de ganado. La vida parecía transcurrir en tranquilidad, hasta el 30 de octubre del 2000, cuando un grupo de paramilitares apareció en una finca cercana al poblado dispuesto a dejar su marca de terror en aquel poblado.

Humberto se encontraba ese día recogiendo café en una finca cercana al caserío. Recuerda que los hombres llegaron hasta el centro poblado, reunieron a un lado del centro de salud a una decena de pobladores que a esa hora trabajaban en una obra de alcantarillado, y a quienes caminaban desapercibidos por la calle: jóvenes, niños y ancianos, y les anunciaron que habían subido hasta allí con el objetivo de quemar el pueblo. Por la primera persona que preguntaron fue por Leonel Piedrahíta, el presidente de la Junta de Acción Comunal.

–¿Usted sabe de la guerrilla? – le inquirieron.
–Yo no sé nada– respondió el líder campesino– Yo soy un tipo trabajador, qué voy a saber de grupos armados.
–Tiene dos minutos para que salve su vida– contestó uno de los hombres y preguntó de nuevo:
–¿Sabe usted de la guerrilla?
–No sé nada. Qué me voy a poner a inventar lo que no sé…

A Leonel lo fusilaron ante la mirada atónita de su vecinos. A continuación, siguieron con otros tres campesinos que tenían en lista: Antonio Zamarra, Rubén Piedrahíta y Elías Mesa. A otro de los labriegos le pegaron un tiro que le atravesó el pecho y al instante lo lanzó al piso. Todos creyeron que estaba muerto y por eso no lo remataron. “Eran gente camelladora, labradora de la tierra, igual que uno”, se lamenta Humberto mientras sorbe otro trago de café, amargo como la historia que cuenta. Los paramilitares procedieron a quemar las viviendas mientras los sobrevivientes, impresionados, miraban arder lo poco que guardaban en su interior. Desde la finca donde recogía café, Humberto alcanzó a ver el humo que se esparcía por todo el cañón, pero supuso que alguien estaría quemando algunas matas de yaraguá (rastrojo). Al poco tiempo se enteró de la incursión paramilitar porque un vecino suyo, acelerado, llegó hasta el cafetal y le advirtió: “Oiga hombre, si usted es resistente, quédese, y si es miedoso ábrase porque los paramilitares están quemando El Cedral”. Desesperado, agarró el camino y como pudo llegó hasta su vivienda, donde estaban su esposa y sus dos hijos. Ya reunidos, alcanzaron a recoger algunos harapos y buscaron refugio.

Al percatarse que los paramilitares se habían ido, los pobladores recogieron a sus muertos y al otro día se desplazaron hacia el casco urbano. Humberto y cinco familias más decidieron quedarse en la vereda pese al miedo que les produjo la muerte de sus vecinos. “¿Para qué me voy a ir para Ituango?, ¿para apilarnos todos allá?, ¿nos vamos a ir para el casco urbano donde están los paramilitares? Nada debemos, nada tememos. Nos quedamos aquí”, sentenció. Luego dirá que ese año toda la cosecha de café se perdió porque no había mano de obra con la cual trabajar.

Tres meses después de la masacre, empezaron a retornar a El Cedral las primeras familias. Humberto asegura que poco a poco la tranquilidad fue regresando al pueblo y que con el tiempo el Gobierno reconstruyó las viviendas. Ahora, dice, llevan una vida tranquila y aran la tierra con sosiego y sin mayores preocupaciones. Humberto se toma el último trago de su café y le da gracias a Dios porque ni a su familia ni a él les pasó nada.

– Ojalá no vuelva a ocurrir en la vida una cosa de esas– finaliza.

Ituango era el infierno

La vida apacible de Ituango, cuando los campesinos cultivaban la tierra y los padres veían correr a sus hijos por las empinadas calles del pueblo, quedó solo como un recuerdo cuando guerrilleros y paramilitares empezaron a darse bala y a medir sus fuerzas de combate en las tupidas selvas del Nudo de Paramillo. Mientras los hombres de Castaño y Mancuso realizaban recorridos de terror por los campos, asesinando pobladores, violando mujeres y quemando caseríos, la guerrilla se tomaba el pueblo con el objetivo de debilitar a militares y policías y destruir la infraestructura local. Sus habitantes tienen memoria de, por lo menos, cinco tomas guerrilleras al Comando de Policía y al parque principal. En las paredes de los pasillos de la Alcaldía Municipal permanecen enmarcados algunos retratos de la toma de 1987, donde se aprecian los muros del antiguo palacio municipal baleados y una edificación contigua derruida.

Pero quizás la toma más violenta ocurrió la noche del lunes 5 de marzo de 1995, cuando un ejército con por lo menos 500 guerrilleros de los frentes 5, 18, 34, 36, 57 y 58 de las Farc, se metió al casco urbano decidido a destruir el pueblo y a matar a la veintena de policías que lo cuidaban. El enfrentamiento, que se prolongó hasta las once de la mañana del día siguiente, fue tan intenso que destruyó la antigua casona donde funcionaba la Alcaldía y el Comando de Policía, dejó en ruinas la Caja Agraria, el Banco Cafetero, la cárcel y hasta un consultorio médico aledaño. La toma dejó siete muertos, entre ellos un policía, tres reclusos, dos meseros de un bar y un transeúnte. Antes de marcharse, los guerrilleros secuestraron al alcalde José Milagros López y al personero Jairo Correa Montoya. Cuando los llamaron les dijeron que solo querían dejarle un mensaje al Gobierno con ellos, pero se los llevaron monte adentro y solo vinieron a liberarlos  20 días después en un paraje cercano a Dabeiba, en el occidente antioqueño. “Los muchachos estuvieron aquí el tiempo que quisieron, se metieron donde les dio la gana, hasta en la iglesia, dispararon, tiraron bombas, nos obligaron a escucharlos en el parque y se fueron cuando les pareció”, le dijo una mujer a un reportero de El Tiempo dos días después de la toma.

“Nosotros vivíamos en hostigamientos frecuentes”, cuenta Elizabeth Álvarez –29 años, abogada–, quien ahora se desempeña como secretaria de Gobierno de Ituango. “Eran tan comunes –continúa– que uno se acostumbraba a ellos sin alterarse tanto. Cuando empezaba la balacera ya ni nos asustábamos”. Sin embargo, la zozobra era permanente entre sus pobladores y pocos se atrevían a salir de sus casas después de las siete de la noche. Los rumores de que en cualquier momento la guerrilla se tomaría de nuevo el pueblo eran pan de cada día.

Pero si en el pueblo la guerrilla quería arrasar con la infraestructura y todo lo que proviniera del tímido gobierno, en la zona rural los enfrentamientos con los paramilitares no cesaban. Uno de ellos ocurrió el 20 de julio del año 2000 en el corregimiento de Santa Rita, un antiguo bastión guerrillero que meses atrás había sido tomado por un centenar de hombres del Bloque Mineros de las Autodefensas. Mientras los paramilitares diluían el tiempo bebiendo cerveza en las tiendas, caminando por sus calles y piropeando a las jovencitas, fueron emboscados por cerca de mil hombres de la guerrilla. Los paramilitares no tuvieron tiempo de reaccionar ante el ruido de las balas y las granadas. En el enfrentamiento murieron 35 paramilitares y dos civiles. “Los que pudieron se volaron, los que no, quedaron ahí”, recuerda una de las antiguas habitantes de ese poblado, quien después de la masacre salió desplazada con su esposo y sus hijos.

La mujer cuenta que el sacerdote del pueblo y los campesinos debieron recoger los cuerpos que quedaron esparcidos en las mangas, “porque allá no había ni ley, ni nada. La ley de allá eran ellos”.

En febrero de 2001 ocurrió un hecho similar en el mismo corregimiento. Un día, durante la madrugada, unos 800 hombres de la guerrilla atacaron con granadas y morteros el campamento paramilitar que se asentaba cerca el caserío y mataron a 30 paramilitares. Los que quedaron en pie debieron salir corriendo selva adentro pero, debido a las heridas, varios de ellos murieron en el camino. “Las comunidades de esta zona cuentan que era exagerada la cantidad de gallinazos que, durante meses, se mantuvieron en ese monte, porque al parecer muchos corrieron heridos y no alcanzaron a salir a ningún lado”, afirma Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos de Ituango.

María Eugenia Durango Vera, una jovencita que acababa de cumplir 20 años y quien en ese tiempo trabajaba como asistente en la oficina de la Registraduría, recuerda que un sábado en la mañana llegaron al pueblo, destilando sangre, dos volquetas repletas con los cuerpos descompuestos de los paramilitares muertos en los enfrentamientos. Como en una escena de terror que describe como “surreal”, Eugenia tomó registro de cabezas cercenadas, cuerpos torturados y quemados y miembros amputados. “A esos muertos nos les cabía ni un machete, ni una bala más, no les cabía ningún otro dolor”, asegura. Luego, para enfatizar y dar a entender la magnitud de la violencia que se vivía en esa época en Ituango, dirá:

–En el año 2000 esto era un IN-FI-ER-NO. Si en algún lugar podía estar el infierno, era aquí.

Incertidumbres ante la paz

Por estos días de finales de junio hay expectativa en Ituango por lo que pueda pasar luego de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. Sus habitantes celebran que ya no hay retenes guerrilleros y al pueblo se puede llegar con facilidad en menos de cinco horas por una vía pavimenta y en buenas condiciones. Los paramilitares abandonaron el municipio poco después de arrancar las negociones con el Gobierno en Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, y la economía parece dinamizarse con la construcción de HidroItuango, un ambicioso proyecto de ingeniería que promete generar el 17 por ciento de la energía de Colombia a partir del 2018.

La secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez, cuenta con satisfacción que en el primer semestre de 2016 se registraron en Ituango apenas tres homicidios, los cuales fueron producto de riñas callejeras y no por grupos armados ilegales. “Son muertes que generalmente se producen cuando la gente consume mucho licor”, explica la funcionaria. Luego, añadirá que años atrás la cifra podría llegar a 80 homicidios, pero desde el cese unilateral se ha visto un cambio en el área urbana y rural.

Por eso muchos de sus pobladores miran con esperanza el futuro cercano. Otros, en cambio, aguardan con cautela por lo que pueda ocurrir cuando la guerrilla entregue las armas definitivamente y los desmovilizados empiecen a convivir con la población civil. Uno de sus temores es saber qué ocurrirá en aquellos lugares donde la guerrilla ha ejercido durante lustros la autoridad de forma casi absoluta –como reconocen las autoridades locales–, donde ha impuesto las normas, donde ha decidido hasta qué horas las personas deben permanecer en las calles y hasta cuáles son los linderos entre una y otra finca. “Mal o bien, la guerrilla se ganó la legitimidad de algunas comunidades y hoy por hoy debemos ganar esos espacios que van a dejar”, expone el alcalde Hernán Darío Álvarez, quien sabe que de ahora en adelante uno de los grandes desafíos será tener una mayor presencia en aquellos territorios tradicionalmente olvidados.

Santa Lucía, una vereda que limita con el Parque Nacional Nudo de Paramillo y con el cañón del río San Jorge, en el sur de Córdoba, y donde confluyen distintos corredores del narcotráfico –según denunció en 2014 la Corporación Ideas para la Paz–, es una de las 20 zonas de concentración acordadas entre el Gobierno y las Farc para alistar a los miembros de esa guerrilla antes de su desmovilización. Allí se concentrarán unos 400 guerrilleros del Frente 18 de las Farc, quienes se ceñirán a los protocolos de desarme acordados en La Habana. Los habitantes de esta vereda confían en que, al ser protagonistas de un hecho histórico para el país, el Gobierno por fin se acuerde de ellos y les ayude a mejorar sus condiciones de vida con la construcción de un centro de salud, una escuela en mejor estado y la adecuación de la carretera. Aunque también hay personas temerosas –advierte la secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez– que creen que estas zonas servirán para cometer delitos y por temor tal vez quieran desplazarse al casco urbano. “Eso sí –enfatiza el alcalde–, hemos dejado claro que no queremos que nos vayan a dejar problemas, pues somos un municipio con muy pocos recursos”.

Lo cierto es que Ituango, un pueblo históricamente azotado por guerrilleros y paramilitares, es ahora el epicentro de un momento crucial para el futuro del país con la firma del proceso de paz; y en gran medida el éxito de este acuerdo dependerá de lo que suceda en pueblos como este, donde el Estado deberá demostrar su capacidad para ejercer soberanía y llegar a todos sus ciudadanos.

Pero más allá de las zonas de concentración, hay otros asuntos que mantienen intranquila a la población. Una de las mayores preocupaciones de Lina Zuleta, líder del municipio e integrante de la Asociación de Mujeres, es que con la desmovilización de las Farc saldrán a relucir problemas como la violencia sexual y el abuso de niños, que antes permanecían ocultos por temor a los grupos armados. “Ahora se nos abre el panorama porque todos esos temas se van a poder denunciar y habrá que tener una institucionalidad fortalecida que pueda darles respuesta”, explica. Meses atrás, un campesino de Santa Lucía había hecho una advertencia similar con estas palabras:

–No crean que la firma del acuerdo de paz nos va a traer rosas, lo que nos va a traer es la posibilidad de quitarnos un manto que tenemos encima de nosotros; eso nos va a permitir ver lo que realmente somos y lo que realmente somos no es tan bueno.

Otro asunto que preocupa es el cambio social y económico que ha traído al pueblo el proyecto Hidroituango. Por ejemplo, los campesinos que antes cultivaban yuca, plátano, fríjol o café, ahora trabajan como obreros en la central y reciben un pago quincenal que, en muchos casos, terminan gastando en licor en alguna cantina del pueblo. “Con el proyecto se nos llevaron toda la fuerza de trabajo del campo. Por ejemplo, toda la cosecha de café del año pasado se perdió porque no había trabajadores y menos con qué pagarles lo que se ganan en Hidroituango”, asevera otra de las líderes de Ituango. Los salarios pagados por la empresa también produjeron el aumento casi instantáneo de los arriendos y de la canasta familiar.

El boom económico hizo, además, que aumentara la prostitución en la zona urbana, por lo que para muchos ya no es extraño ver a los jóvenes visitar estos sitios regularmente y escuchar a los proxenetas anunciar: “Bueno, alístense que para el otro fin de semana viene ganado nuevo”. Otro de los problemas que comienza a aflorar es el aumento de las plazas de vicio y el consumo de drogas entre los jóvenes. “Aquí vos encontrás lo que quieras”, cuenta una vecina del parque, y agrega: “Yo no había visto tanta droga en Ituango como en este momento”. A su preocupación se suma el aumento de casinos y negocios tragamonedas que pululan por las calles aledañas al parque principal. El dinero parece moverse a borbotones gracias al proyecto energético, que le ha dado empleo a cientos de personas de la zona, pero nadie sabe qué pasará cuando entre en funcionamiento en 2018 y los puestos ocupados por los obreros dejen de existir.

Sin embargo, una de las mayores amenazas es la inminente explotación minera que llegará al pueblo luego de finalizado el proceso de paz con las Farc. Una de las líderes entrevistadas asegura que hay treinta solicitudes de concesiones mineras y tres concesiones otorgadas a empresas multinacionales que estarían en proceso para explotar varios yacimientos de oro que hay en el pueblo, varios de ellos ubicados en zonas de reserva natural. Una de las concesiones se encuentra en el corregimiento de Santa Rita, la segunda en un sector que comprende las veredas La Hundida, Los Naranjos y Buena vista –donde nace el agua que consumen los habitantes de la zona urbana–, y la tercera en el casco urbano de El Aro. Varios pobladores de este corregimiento han alertado sobre la presencia de ingenieros extranjeros que han venido tomando muestras de suelo en los últimos meses.

La líder teme que con de la firma del proceso de paz, la destrucción de buena parte de los cultivos de coca, y los futuros proyectos de desminado en todo el territorio –cifras oficiales señalan que casi el 70 por ciento del territorio está minado–, se acabe el pretexto del conflicto armado y se dé vía libre a la explotación minera lo que, según ella, pondrá en riesgo la subsistencia del pueblo.

–Paradójicamente las minas antipersona  –explica–, uno de los males que más nos ha hecho sufrir en Ituango, hasta ahora nos ha protegido de la minería. Eso es lo más triste.

Ante todos estos retos, ¿cuál es el futuro que le espera a este municipio, aporreado como tantos en Colombia con esta guerra que se ha mantenido viva durante casi 52 años? La pregunta salta después de oír los testimonios de quienes han perdido a varios de sus seres queridos en el conflicto armado. Las respuestas no son fáciles, pues también es cierto que el dolor y el resentimiento siguen presentes en muchas de las víctimas, y que la mayoría no ha recibido apoyo psicológico para superar la pérdida de sus seres queridos. Están los que guardan la esperanza por el anhelo de ver un pueblo en paz, donde los niños crezcan tranquilos mientras su padres cultivan el campo y no visitando su tumba en el cementerio, y los que sienten temor por lo que pueda ocurrir en los campos y veredas que quedarán a la intemperie cuando los guerrilleros se integren a la vida civil.

Ante esas inquietudes, quedan en el aire, como una respuesta incierta, las palabras dichas por Sandra Callejas Higuita antes de terminar la conversación:

-Yo creo en el proceso, pero no en la paz. Yo le digo a la gente, hay un proceso ¿pero la paz?, esa es mía, es lo que yo haga, lo que construyo cada día con el otro. Pero si usted no tiene con qué comer, con qué pagar el arriendo no está en paz… Hay una violencia aparte, las Farc y el Gobierno están en su problema, pero aquí hay problemas que quizás son mucho más peligrosos que las mismas Farc.

1. Un detective busca el cadáver de su hija

Antes de caer hipnotizado por la calavera, en una mañana de diciembre, Noé Martínez examinó, con mucho detenimiento, el esqueleto dispuesto sobre la mesa de aluminio de la bodega de cadáveres del Instituto de Medicina Legal, en San Salvador. Era un esqueleto joven, a juzgar por su tamaño, con huesos finos, “completamente chelitos”. Pero esos huesos no le decían nada más.

A la calavera la vio de reojo, sobre otra mesa de aluminio a un costado del esqueleto. Él cree que la calavera le habló, y aquel momento se convirtió en un torbellino: dos huecos penetrantes le apuntaron a los ojos, y una mandíbula, con su dentadura saltona, le sonrió y le gritó: “¡Soy yo, papá! ¡Soy yo, Iris!”

Cuando relata ese momento, Noé lo dramatiza: “Luego vi como que me sonrió así”, y pela los dientes, hundiendo la mandíbula inferior para adelantar aún más sus dientes superiores.

Sacudido por aquel espejismo, la imaginación de Noé intuyó que algo quería decirle aquella calavera. Así que se acercó a ella, tanto, que hasta olfateó el olor a tierra húmeda impregnado en ella. Luego transformó sus ojos en dos lupas de detective forense y examinó la mandíbula superior. Eso era lo que querían decirle esos huesos: esa dentadura se parecía mucho a la de su hija. Noé vio que tenía los dientes superiores ligeramente pronunciados hacia adelante.

Para confirmar sus sospechas, se le ocurrió que necesitaba comparar la sonrisa de Iris, inmortalizada en una fotografía, con la dentadura de la calavera. De esa comparación, pensó, a lo mejor obtenía un resultado positivo. Eso se le ocurrió a este pobre hombre porque luego de dos meses de desaparecida su hija, él estaba convencido de que era el único que la andaba buscando.

***

Noé Martínez, en los últimos tres meses, se ha convertido en una especie de detective. Empírico, lo reconoce, pero detective al final de cuentas. Las sospechas y pistas que hay en el caso de su hija, asegura, fueron recogidas por él. Por él y nadie más.

La vida de Iris Martínez es como un rompecabezas al que le faltarán, quizá para siempre, muchas piezas. Noé lo sabe. Este vendedor de pizzas en motocicleta no tiene ni idea de qué fue lo que ocurrió, aunque las piezas que ha recogido en todo este tiempo le hacen sospechar, principalmente, de la posible participación de dos pandillas: la de la colonia en la que vivía su hija, Barrio 18, y la del Instituto Técnico San Luis, de Soyapango, la Mara Salvatrucha-13. Él sospecha más de la última que de la primera.

Cuando transcurrieron las primeras 24 horas de la desaparición, Noé se sintió solo. Buscó auxilio en la delegación policial de Agua Caliente, en Soyapango, pero se decepcionó con la atención brindada por el agente de turno. No quería tomarle la denuncia. Le dijo que debían pasar 72 horas para que su hija fuera catalogada como desaparecida. Noé insistió, y solo venció al oficial hasta que otros tres jóvenes llegaron a reportar la desaparición de otra muchacha. Noé se fue de ahí con la impresión de que ese policía lo único que hizo fue deshacerse de él para luego intentar deshacerse de los otros tres muchachos.

Creyendo que ningún policía le ayudaría, cuando se cumplieron 48 horas, Noé armó un plan de búsqueda en el que incluyó a varios de sus sobrinos, que le servirían para llegar adonde a él le sería más difícil: los amigos del Instituto en donde estudiaba Iris. Con su ayuda ubicó a los amigos de su hija y los buscó en sus casas, afuera del Instituto, o los contactó por teléfono.

A las 72 horas, Noé ya tenía avances. Días más tarde incluso dio con tres vecinos que le aseguraron que Iris “y una amiga” habían abordado el mismo microbús que ellos, y que se bajaron frente al centro comercial Unicentro, de la ciudad de Soyapango, en el oriente de San Salvador. Hasta esa parada se dirigió también Noé, con una fotografía de ambas chicas en la mano, preguntándole al viento si había visto quién se llevó a su hija y a su amiga. El viento, convertido en vendedora, recordó haber visto a dos muchachas, parecidas a las de la foto, que se subieron en un auto de color rojo.

Quien acompañaba a Iris Martínez aquella mañana era su amiga del Instituto, Verónica Platero. Verónica, desde hacía un mes, vivía en casa de Noé. Las dos estudiaban el bachillerato en salud del Instituto Técnico San Luis. Ambas tenían 20 años.

Noé, desde el inicio, creyó manejar una probable hipótesis. Katherine Martínez, de 15 años, hermana de Iris, había emigrado hacia Estados Unidos en marzo de 2012, obligada por su papá, para prevenir que unos estudiantes del Instituto la siguieran maltratando. En febrero de 2012 la golpearon una vez, y Noé no permitiría que a su segunda hija la golpearan una vez más. A Katherine la acosaban porque ella se resistía a formar parte de la Raza Técnica, la pandilla estudiantil con vasos vinculantes a la Mara Salvatucha-13. Cuando en sus averiguaciones Noé encontró indicios de que a Iris probablemente le estuvo ocurriendo lo mismo que a Katherine, preguntó a esta por teléfono. En una primera llamada, Katherine le dijo que no sabía nada. Días más tarde, desde Estados Unidos, Katherine le habló llorando a su papá. Se disculpó por no haberle dicho la verdad y le confesó que en septiembre de 2012 Iris le contó que tenía problemas con los mismos compañeros que a ella la habían golpeado. Katherine no había dicho nada porque se avergonzaba de haber guardado ese gran secreto.

Noé Martínez contrastó los nombres y apodos de los estudiantes acosadores que Katherine recordaba, con los que le dieron los compañeros y amigos de Iris. Cuando creyó haber encontrado coincidencias, lo reportó a la dirección del Instituto, pero la respuesta que obtuvo fue que el Instituto tenía controlado eso de las bandas juveniles. Fue entonces cuando Noé se dio cuenta de que él no es ninguna autoridad, que todo lo que él había averiguado probablemente no le serviría para nada.

Y, mientras tanto, ningún policía se acercó o lo contactó para ofrecerle ayuda o darle noticias sobre su denuncia.

Noé siguió buscando y encontró una pista más al hablar con los familiares de Verónica, la otra desaparecida. Risueña, simpática, Verónica había pedido posada en la casa de Noé porque aseguraba que era maltratada en la suya. Uno de los familiares de Verónica le dijo algo a Noé y él encontró otra probable ruta de investigación.

—Ellos me dijeron que la muchacha como que había tenido algo que ver con un joven de su colonia, que decían que era pandillero, y eso le había generado problemas. Por eso se había salido de su colonia.

Noé estaba desesperado y recordaba -aún recuerda- con mucho dolor algo que ocurrió cuando se cumplieron 72 horas de la desaparición de Iris. El jueves 1 de noviembre, en un despliegue exhaustivo, efectivo, de película, la Policía y la Fiscalía resolvieron la desaparición y posterior asesinato de otra joven, reportada como desaparecida un día después que su hija. Noé recuerda bien su nombre: “Helene Arias”. Noé no entendía cómo ese caso, y no el de su hija, recibió esa fuerte atención policial y de la Fiscalía.

Pieza suelta #1

2012 pasará a la historia como el año en el que los homicidios se desplomaron, gracias a una tregua negociada entre el gobierno y las pandillas (cese al fuego entre las pandillas a cambio, al menos, de beneficios en cárceles y la promesa de un plan integral de reinserción). Pero desplomados los homicidios de 12 a 5 diarios, la gente comenzó a especular que a la gente quizá la estaban desapareciendo. Eso se piensa, sobre todo, si en un país como El Salvador, desde 2004, se registran cementerios clandestinos en donde las pandillas han enterrado a sus víctimas.

La sospecha de que hay menos homicidios porque hay más desaparecidos es una constante difícil de borrar. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Ernesto Angulo, del partido Arena, está convencido de que los homicidios se han reducido no porque se deje de matar gente, sino porque se están desapareciendo los cadáveres.

El ministro de Seguridad, David Munguía Payés, ha pedido que creamos, desde marzo de 2012, que la cifra de desaparecidos ha ido a la baja. También ha mandado un mensaje a la población: al fenómeno se le está dando especial atención. Por eso, los casos más sonados de personas desaparecidas durante 2012 fueron investigados por una unidad élite: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En mayo, la atleta de lucha libre Alison Renderos desapareció en San Vicente, y la unidad policial encontró su cadáver, mutilado, 21 días después. En junio, cinco estudiantes desaparecieron en la ciudad de Santa Tecla, y la misma unidad dio con sus cadáveres, enterrados en una zona verde de esa misma ciudad, un mes más tarde. En septiembre, una maestra de un colegio privado desapareció, y la Policía logró ubicarla, viva, semanas más tarde, en Nicaragua. Luego, en octubre, desapareció Helene Arias, y la Policía resolvió el caso en tiempo récord: en menos de 48 horas. A simple vista, las cosas funcionan bien. Si uno desaparece, el Estado se encargará de buscarnos vivos o, al menos, de encontrar nuestros restos.

Pero hay piezas que no encajan en el rompecabezas de los desaparecidos en El Salvador. Y eso que no encaja bien es la prioridad que la Policía le da a unos casos a costa de la inmensa mayoría. La búsqueda exhaustiva que aplica la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es prioritaria solo si los casos caen en una categoría especial, a discreción de la cúpula policial. De lo contrario, dependerá de los recursos de las delegaciones policiales en donde se denunció la desaparición, y de las ganas de los investigadores de esas delegaciones, para resolver lo que esas mismas autoridades califican como un eventual homicidio, sobre todo si el tiempo avanza y la persona no aparece.

¿Por qué un caso se investiga con prontitud y en otros el engranaje gira más lento? Según el subdirector de la Policía Mauricio Ramírez Landaverde, porque hay casos como el de la atleta Alison Renderos, o como el caso de Helene Arias, que son considerados como “casos importantes”, en virtud de la alarma social que dejan a su paso.

El Instructivo de Investigaciones de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Policía, un documento aprobado en junio de 2012 por la Dirección de la PNC, dice que son casos importantes la desaparición de autoridades públicas, funcionarios públicos, extranjeros con misión diplomática y policías o militares. Hay una quinta categoría que entra para como “caso importante”: aquel que cause alarma y conmoción nacional. Aquel que se refuerce con la presión mediática. Es la Dirección de la Policía la que decidirá, se explica en ese manual, si un caso ha causado la suficiente conmoción social como para que sea retomado por la unidad especial de investigación.

Iris Martínez y Verónica Platero desaparecieron el 29 de Octubre de 2012. Estudiaban el bachillerato en Salud en un instituto de Soyapango. Ambas tenían 20 años.

***

Una mañana después de que Noé se enterara del caso de Helene Arias, mientras manejaba su moto por la avenida Juan Pablo II, en el centro de San Salvador, se topó con un vehículo del Canal de Noticias 21. Se le atravesó al vehículo, se bajó y le contó su caso al conductor y al copiloto. Les dijo que él también andaba buscando a su hija desaparecida. El canal pasó la noticia de Iris y Verónica. Luego El Diario de Hoy publicó una nota. El 2 de noviembre, Día de los Difuntos y cinco días después de la desaparición de Iris y Verónica, el caso de las estudiantes de enfermería ya estaba en redes sociales.

A los días, y luego de varias publicaciones en medios, Noé Martínez recibió una llamada desconocida que luego le resultó sorpresiva. Desde el otro lado de la línea, un hombre se presentaba como investigador de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía. El caso de Iris y Verónica, por fin, había sido tomado en cuenta.

Noé no recuerda exactamente la fecha, pero cree que fue entre el 15 y el 18 de noviembre cuando visitó por primera vez a los detectives de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Dos investigadores lo citaron en el cuarto piso del segundo edificio de la División Central de Investigaciones (DCI). Lo recibieron en una sala estrecha, con luces opacas, muy parecida a un cuarto de interrogación.

—Cuéntenos: ¿qué es lo que usted sabe? –le preguntaron.

Y Noé, el detective, les dio sus pistas y sus hipótesis a sus colegas.

Les dijo de Verónica y su posible relación sentimental con un pandillero. Les contó de los problemas que había tenido su otra hija, Katherine, y de los nombres de los supuestos estudiantes acosadores que él había conseguido. Por último, les confesó algo más. Les dijo que él, a mediados de 2011, tuvo una serie de desencuentros con los pandilleros que dominaban la comunidad en donde él vivió junto a sus hijas.

—¿Qué problemas, Noé? –le pregunto yo.
—No eran cosas serias. Ellos querían que uno los saludara con respeto y yo y mi hermano siempre les dijimos que el respeto se ganaban, no se imponía a la fuerza ni con la intimidación. Discusiones tontas… de esas con las que ellos intentan bajarle la moral a la gente. Pero uno no tiene que dejarse, porque media vez se deje, entonces ya se perdió todo. Eso fue lo que pasó.

Noé le contó a los detectives que para evitar problemas decidió migrar hacia Estados Unidos, a mediados de 2011. Una corta temporada, mientras la temperatura bajaba. Les dijo que regresó en febrero de 2012, para solucionar el problema de Katherine, y que los pandilleros y él arreglaron, en teoría, las cosas.

—¿Las arreglaron? –le pregunto.
—Yo creo que sí. ¡Si a esos cipotes yo los he visto crecer! ¡Son cipotes bayuncos! Yo creo que sí se arreglaron, pero después de todo este tiempo uno no sabe qué pensar. A veces creo que fueron ellos, todavía resentidos. Pero entonces me pregunto: ¿Pero por qué no lo hicieron antes, cuando yo no estuve, pues?

En aquel primer encuentro con los detectives, que duró alrededor de tres horas, Noé les dijo que sospechaba más de la pandilla estudiantil que acosó a sus hijas que de la pandilla que dominaba en su comunidad.

La segunda vez que Noé fue citado a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ocurrió a finales de noviembre.

—Solo eso me preguntaban: cuéntenos, ¿qué ha averiguado? Yo les dije que no sabía más de lo que ya les había contado, pero ellos no me quisieron decir si por su parte habían averiguado algo más.

La tercera vez, Noé no fue citado, sino que él llegó a preguntar a la unidad si ya había algún avance. Los detectives lo recibieron, de nuevo, con la misma pregunta: ¿y usted qué ha averiguado? Noé se molestó, pero aun así, quería que los detectives se interesaran y jalaran del hilo que él había descubierto en esos días.

En Estados Unidos, Katherine sostuvo un intercambio de mensajes por Facebook con un joven que decía tener información sobre el paradero de Iris y Verónica. El joven decía que fue novio de Verónica y que las protegía cuando ellas, contratadas por alguien a quien no conocía, servían de modelos o bailaban en barras show de la playa San Diego, en el departamento de La Libertad. Los detectives apuntaron esa información y Noé les dio el número de Katherine para que la corroboraran. Días más tarde, Katherine le comentó a su padre que los detectives ya le habían hablado.

***

El 17 de diciembre de 2012, Noé Martínez se creyó un médico forense y se le ocurrió que si comparaba esas mandíbulas de la calavera con la fotografía de la sonrisa de su hija, a lo mejor y le atinaba.

Pero un día más tarde, un verdadero médico forense le dijo que eso no demostraría nada, sobre todo porque su hija, según había declarado Noé, cuando la buscó en esas mismas oficinas, por primera vez, hacía dos meses, tenía una corona en una muela. La calavera, en cambio, no tenía alteraciones en ninguno de sus molares.

Noé Martínez cerró el año 2012 agobiado por una pesada incertidumbre.

—Uno nunca pierde la esperanza, pero a veces quisiera que al menos me dijeran que está muerta. Que me dijeran: ¡tomá, Noé, estos son sus huesos! Así tal vez yo me quedaría tranquilo –dice Noé, cuando se acerca el final del año.

El 3 de enero de 2013 reinició su búsqueda. Regresó -de nuevo- a preguntar a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas si existía algún avance en el caso.

—Me salieron con que este caso era como buscar una aguja en un pajar, que no tenían hipótiesis… hi-pió-te-sis…
—Hipótesis.
—¡Eso! Que no tenían hipótesis que les dieran certezas de nada. Luego me dijeron cuáles son sus hipótesis, y mire: ¡lo que me da cólera es que son exactamente las mismas que les he dado yo!
—¿Pero siguen investigando?
—Me dijeron que no había forma ni pistas para seguir investigando, pero que le iban a seguir echando ganas. Eso no sé qué significa –dice Noé.

El jefe de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es el inspector Jaime Ramírez Palma. En realidad, él es el jefe de la Unidad de Delitos Especiales, y bajo la sombrilla de esta oficina cayó la oficina que atiende los casos de desaparecidos. Ramírez Palma es un oficial de voz ceremoniosa, que antes de este cargo dirigió algunas delegaciones del occidente del país. Él dice que no es cierto que la Policía se haya quedado solo con la información recabada por el padre de una de las chicas, ni que el caso de Iris Martínez y Verónica Platero haya dejado de investigarse.

El inspector asegura entender la preocupación de los familiares de los desaparecidos, pero insiste en que ellos no pueden andar revelando detalles de sus investigaciones, para no entorpecer los casos.

—Las investigaciones continúan y van por buen camino. Estamos en un 50 %, del otro 50 % solo falta encontrar una pista que andamos buscando y ese caso se resuelve.
—¿Cree que están vivas? -le pregunto, y el inspector responde sin dar mucha información.
—Hay probabilidades de que pudieran estar fallecidas. Le voy a explicar una situación, y esta es una valoración personal. Si una persona lleva más de 12 días desaparecida, hay un 40 % de que esa persona esté fallecida. Y mientras más pasa el tiempo, esa probabilidad aumenta.

Pieza suelta # 2

Desde hace muchos años (desde 2004, según la PNC; 2005, según el criminalista Israel Ticas, de la Fiscalía General de la República; y desde 2008, según Medicina Legal), cientos de salvadoreños viven con la angustia de no saber qué ha pasado con sus hijos, hijas, esposos, esposas, madres, padres…

Y las cifras, al menos las que se han ventilado públicamente, hablan de muchos casos denunciados. En 2011, la PNC registró 1,267. En 2012, las denuncias aumentaron a 1,564, pero el número de personas que hasta la primera semana de enero continuaban desaparecidas cerró en 612. Al Instituto de Medicina Legal, en 2011, familiares llegaron a reportar 2,007 casos solo en el departamento de San Salvador. Pero en 2012, los reportes de Medicina Legal, a nivel nacional, fueron a la baja: 1,601.

Otra cifra: el criminalista Israel Ticas asegura que entre 2005 y 2012 ha encontrado, debajo de la tierra, en diferentes zonas del país, 655 cadáveres de 655 personas que en su momento fueron consideradas desaparecidas por sus familiares.

Más allá de estas cifras, no hay más cifras. Lo Policía reconoce que el manejo estadístico del fenómeno, hasta 2012, se hizo muy mal. “Eso es algo que yo, en lo personal, estoy interesado en corregir”, dice el ministro de Seguridad, David Munguía Payés.

Por ahora, hay tres bases de datos que hablan de los desaparecidos: los reportes que anota Medicina Legal, las denuncias que recibe la Policía, y los reportes que anota Israel Ticas, el criminalista de la Fiscalía. La suya es una lista informal, desordenada, apuntada en hojas sueltas, a lápiz, a lapicero, en pequeños papeles mal doblados en el interior de su cartera, o en cinco hojas de papel bond, llenas hasta los bordes, que guarda en el asiento trasero de su camioneta. Dice que en sus agendas, las viejas y las nuevas, tiene más, pero que prefiere no hablar de esas cifras porque lo suyo no es un dato oficial ni es un dato que pueda ser atribuido a la institución para la cual trabaja.

—Es un dato que toma Israel Ticas, el ser humano –dice-. El dato oficial, el dato que puede compartir Israel Ticas, el funcionario de la Fiscalía, es que yo he desenterrado, entre 2005 y 2012, 655 cadáveres de salvadoreños que estaban desaparecidos.

Si se tomaran como válidos el total de casos denunciados a la Policía entre 2011 y 2012, tendríamos como resultado que en dos años, los nuevos desaparecidos alcanzaron el número de casos de niños desaparecidos de manera forzada durante la guerra, según las estimaciones de la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Pero el problema es que los casos denunciados entre 2011 y 2012 no son confiables. De hecho, uno puede no puede fiarse de la “reducción de casos” de la que hablan la Policía y el ministro de Seguridad, David Munguía Payés.

Intentemos resolver ese rompecabezas: La Policía ha dicho que en 2011 se registraron 1,267 “casos denunciados”. Y según sus registros, en 2012 el dato “casos denunciados” subió a 1,564. Entre un año y otro, los casos denunciados aumentaron. Sigamos. La Policía ha depurado los casos denunciados en 2012. Y concluye que del total de casos denunciados, 820 fueron archivados porque reaparecieron las personas. También dice que 132 personas fueron encontradas fallecidas, y que, al final, hasta la primera semana de enero, 612 continuaban reportadas como desaparecidas. De esa depuración, la Policía y el Ministro de Seguridad sacan la siguiente conclusión: respecto a 2011, hay 655 casos menos. Pero esa pieza del rompecabezas las autoridades la quieren introducir a la fuerza. Es una comparación imposible, a menos que queramos comparar peras con manzanas, comparar “denuncias” con “personas que continúan desaparecidas”.

La comparación errónea entre “casos denunciados 2011” contra “total de personas desparecidas 2012” fue un dato que Raúl Mijango, el negociador de la tregua entre las pandillas, filtró, el 11 de diciembre de 2012, en una reunión con los diputados de la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Mijango presentó esa “reducción de casos” como uno de los logros obtenidos en el año de la tregua. Mijango y la Policía aseguran que son datos oficiales, emanados de la propia PNC. La única diferencia entre los datos que presentó Mijango con los que la Policía dio a conocer en enero de 2013 fue la actualización de los mismos.

Luego de explicarle la inconsistencia en la comparación, el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, reconoce que han hecho una comparación imposible.

—Lo que pasa es que antes de que llegáramos a la Policía había algunas falencias en el área de estadísticas que las estamos corrigiendo.
—Pero ustedes están comparando casos denunciados de 2011, es decir, el total de casos, contra casos depurados de 2012. Deberíamos contar con el dato de casos depurados de 2011 para que la comparación sea correcta.
—Sí. No existe en su totalidad el dato de 2011. A partir de 2012 sí está depurado, y hemos afinado los procedimientos estadísticos de investigación, de tal manera que hoy sí podremos hacer comparación de lo que sucedió en 2012 y lo que sucederá en 2013.

Durante dos meses, El Faro solicitó a la Policía el dato de denuncias de desaparecidos de 2011 –y de años anteriores- , pero al cierre de esta crónica no hubo respuesta. Al ser consultado al respecto, el jefe de la Unidad de Delitos Especiales, el inspector Jaime Ramírez Palma, explicó que sus jefes le había autorizado hablar de todo, menos de las cifras.

—Al menos aclárenos una duda. ¿Esos datos existen?
—Sí, existen. Tienen que existir.
—¿Usted los ha visto?
—No. Pero le voy a explicar una cosa: el año 2011 fue característico por la creciente de homicidios. Se me ocurre (y es una percepción, no estoy diciendo que así fue) que no era la prioridad andar buscando a personas desaparecidas con esa cantidad de homicidios que había. La prioridad en ese momento era ir a capturar a los homicidas. Esa era la prioridad.

Fotos de desaparecidos en el monumento a las víctimas de la guerra civil en el parque Cuscatlán de San Salvador. Foto Mauro Arias

2. El desaparecido al que nadie está buscando

—¿Quién desapareció?
—Amílcar Sadrat Santos.

El Sargento -así quiso que lo llamara, “El Sargento”- le preguntó a su compañero, otro policía, si le sonaba ese nombre. Se lo preguntó, también, a un soldado moreno y joven, que descansaba junto a ellos en la orilla del Puerto Joacaz, el embarcadero de lanchas de la Isla Tasajera, en la costa del departamento de La Paz.

El paisaje que nos rodeaba no podía ser más hermoso. El estero de Jaltepeque lucía inmenso, con sus canales y sus islas y sus manglares. Al fondo, sobresalía muy por encima de la línea del horizonte, el volcán de San Vicente.

Por un momento, la confusión y el asombro de los dos policías y el joven soldado contagiaban. Uno se preguntaba: ¿Quién puede desaparecer de un lugar tan hermoso? Las lanchas atravesaban el estero ora con turistas, ora con los habitantes de la isla, que cargaban provisiones desde San Luis La Herradura, el poblado en tierra firma más cercano, ubicado a uno hora de distancia, al otro lado del estero. Pero así es esta parte del mundo, calificada en 2011 como la segunda más violenta de la Tierra en la región más violenta de la Tierra. Hermosa y llena de contrastes. De ese paraíso, que las agencias de turismo no han sabido explotar, desapareció un joven de 21 años.

El Sargento terminó de sacar conclusiones con sus compañeros.

—Usted me está preguntando por El Piñata –dijo.
—¿El Piñata?
—Sí. Así le decían a ese vago. Ese era pandillero.
—¿Hay pandillas en la isla?
—No, no es que haya, pero ese quería comenzarla.
—¿Por qué dice que era pandillero?
—Era. Hubiera visto cómo caminaba.

El joven soldado interrumpió la conversación. Era moreno y se rehusó a identificarse. Mientras me contaba una historia, el otro policía, que tampoco quiso identificarse, apuntó mis datos en una libreta.

A inicios de 2012, dijo el joven soldado, ese al que le dice El Piñata bailaba en una fiesta, junto a un grupo de jóvenes “malas piezas de allá de La Herradura”. Luego El Piñata, junto a esos sus amigos, se hicieron señas, y se reían. Según el soldado, eran de esas señas que hacen los pandilleros.

—¿Y de que pandilla creen que era?

El Sargento se le adelantó al soldado.

—En La Herradura hay de las dos, pero es más fuerte la MS… Pero mire: ¿Y para qué anda perdiendo el tiempo, preguntando por el paradero de ese marero? –preguntó.
—¿Me está diciendo eso en serio?
—¡Sí, hombre! Que no ve todo el mal que hacen esos… Mejor que se desaparezcan, así dejan de andar jodiendo a tanta gente. Yo creo que la gente ha de estar feliz porque ellos desaparezcan.

Pieza suelta # 3

¿Cuántos desaparecidos hay en El Salvador? La respuesta a esa pregunta es un rotundo misterio o, si se quiere, es una respuesta parcial. La Policía solo puede dar como reporte oficial los 612 casos registrados en 2012, de 612 personas que todavía continúan desaparecidas (más los 132 casos de aquellos que estuvieron desaparecidos y que fueron encontrados fallecidos). Pero los casos de los años anteriores son un misterio. En 2011 hay 1,165 casos denunciados pero se desconoce el número real de desaparecidos. Hacia atrás, las datos (si es que existen) o están archivados en las delegaciones del país o son un secreto que la Policía no quiere revelar. Sin embargo, ante la falta de información, tampoco puede decirse que haya más o menos desaparecidos hoy que ayer.

En síntesis, aquel que es considerado como un grave problema desde hace muchos años, en el manejo estadístico (que serviría para analizarlo, formular planes de acción, etcétera) demuestra una de sus principales falencias.

Pero esa falla no es solo de la Policía. En junio de 2012, el director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, aseguró que había más desaparecidos que los que informaba la Policía. Entre enero y abril, según la institución, solo en el departamento de San Salvador, habían levantado 876 reportes, contra 397 informados por la Policía. Miguel Fortín Magaña dice que nunca han querido dar sus cifras como una verdad absoluta. De hecho, tras los desencuentros entre el Ministerio de Seguridad y el IML, él siempre sostuvo que los datos del IML debían tomarse como reportes que no podían mantenerse en el tiempo. “Nosotros no sabemos si a los dos días que un familiar vino a reportar a una persona desaparecida, esa persona desaparecida ha sido encontrada. Eso le compete a la Policía”, dice.

Para Fortín Magaña, la necesidad de divulgar esa información era para “registrar un fenómeno que me parece grave, y al que el país debe prestarle atención”. Pero lo que Medicina Legal no hizo público en esos debates, es que ellos también dijeron algo que no se correspondía o que no se sustentaba con cifras. En 2011, el Departamento Académico y Estadístico (DAE) informó a la prensa sobre 2,007 reportes de desaparecidos, solo en el departamento de San Salvador. Fue una noticia alarmante reproducida por varios medios de comunicación. Sin embargo, en el primer trimestre de 2012 el DAE descubrió que tras aquellos datos había reportes duplicados, amén de que, en ocasiones, a una misma persona desaparecida la habían llegado a reportar dos o más familiares, sin que ese segundo registro fuera depurado.

Al percatarse del error, el DAE corrigió, y digitalizó todos los reportes para detectar las duplicaciones. “Es un grave error. Pero ya corregimos del 2008, 2009, 2010. 2011 todavía nos falta, y puedo darle certezas de que 2012 ya no sufrió esa falla porque corregimos el mecanismo de toma de información”, dice Fortín Magaña.

Entre enero y diciembre de 2012, el IML registro 1,601 reportes “libres de fallas”. El IML no ha terminado de depurar los datos de 2011, y la institución sospecha que la falla no pasó de los 100 registros. Aún así, lo cierto es que en 2012 los reportes del IML no solo bajaron en la comparación interanual, sino que durante todo el año cayeron mes a mes. Así lo confirma el balance anual que la institución presentó en enero de 2013. Gracias a lo que la institución menciona en ese reporte, el IML también corrigió el dato que había dado en junio, cuando dijo que en el período de enero a abril del año pasado, habían registrado 807 reportes de desaparecidos. Según el balance de cierre de año, en ese periodo solo se levantaron 640 reportes.

***

Amílcar Sadrat Santos salió de su casa (dos cuartos grandes, con piso de arena de mar en el patio, en los cuartos, en la sala y en la cocina), al mediodía del 15 de junio de 2012. Por la mañana, dice José, su padre, Amílcar le ayudó a regar veneno en una milpa que la familia tiene en el norte de la isla.

A Amílcar, sus padres le conocían un solo pecado: cuando tomaba mucho, se ponía violento. Dicen que bebía, se embriagaba, y ya borracho armaba pleitos. Una vez incluso se agarró a trompadas con uno de sus amigos de la infancia, un pescador de la isla. Por ese pleito terminó preso tres días, acusado de lesiones, en la delegación de La Herradura. Quienes lo capturaron, y se lo llevaron preso, atravesando en una lancha el estero de Jaltepeque, fueron los policías comunitarios asignados a la isla. Al final, el amigo de la infancia de Amílcar, el pescador que lo denunció, dice que nunca se le cruzó por la mente vengarse, desaparecerlo. Tampoco la familia de Amílcar cree que Joel lo haya desaparecido, mucho menos por un pleito de borrachos.

—Si a los días que salió de la bartolina ya andaban molestándose, como cipotes que eran, de nuevo –dice el padre de Amílcar, el joven de 21 años de edad.

El día que Amílcar desapareció llevaba en su cartera 25 dólares. Se los había regalado su padre, para que se comprara unos tenis que desde hacía mucho tiempo él le había prometido. Los zapatos los iba a comprar en el mercado de San Luis La Herradura.

Antes de partir, Amílcar se despidió de su hijo, un niño de tres años, moreno, igualito a su papá. En enero de 2013, dice la abuela de Francisco, el niño todavía pregunta: ¿cuándo regresará del trabajo mi papi?

En el pueblo de La Herradura, Amílcar tenía dos casas en donde quedarse a dormir: la de uno de sus hermanos mayores, y la de la mamá de su hijo. Por eso sus padres no se preocuparon cuando él no apareció las noches del 15 y del 16 de junio. Pero cuando al tercer día Amílcar no contestó su teléfono, su padre presintió que algo malo podía haberle ocurrido.

Al cuarto día fueron a buscarlo. Cruzaron el estero, tomaron un autobús, y en cuestión de una hora llegaron a La Herradura. Amílcar no había llegado ni a la casa de su hermano ni a la de la madre de su hijo. Fueron a preguntar a la delegación policial de La Herradura, creyendo que a lo mejor había caído preso de nuevo, por andar tomando, pero Amílcar tampoco estaba ahí.

De su desaparición, rápido se enteraron todos en la comunidad. Incluyendo El Sargento y su compañero, y los soldados que les ayudan a patrullar la isla.

***

—Ese Piñata quería levantar una clica acá en la isla –dice El Sargento-. Quería comenzar a rentear acá. A él lo brincaron en La Herradura, vaya a preguntar por él a la delegación y allá se lo van a contar.
—La familia asegura que…
—Las familias de los mareros nunca quieren aceptar que sus hijos son mareros. Las hermanas de él saben, que a lo mejor la clica en La Herradura le dio chicharrón, porque no tenía autorización para hacer nada acá. Ellas saben pero no dicen nada.

Al puerto Joacaz se acercó un hombre que cargaba un plato con carne frita y tortillas. “¿Quiere culebra, Sargento?”, dijo, y le convidó una porción de su comida. El Sargento partió el trozo por la mitad y me entregó una de las dos partes. La anguila frita sabía a sal frita. El Sargento, mientras comía de su porción, se cuidó de no tragarse ninguna espina, y mientras se sacaba una que se le escabulló entre uno de los dientes, insistió:

—No ande investigando eso.
—¿Por qué?
—¡Porque era pandillero, hombre! Ta bueno que desaparezca. Ya lo vamos a encontrar en alguno de los cañales que hay por allá, por La Herradura.

En junio de 2012, la bitácora de denuncias de la subdelegación de La Herradura solo registra la desaprición de un joven de 20 años llamado Jorge Alberto Guillén. Fue reportada el 5 de ese mes.

En la delegación El Pedregal, a la cual están adscritas La Herradura y la delegación de la policía comunitaria de Tasajera, tampoco aparece el nombre de Amílcar para esas fechas. En esa delegación, el 9 de junio, solo hay dos reportes de dos mujeres desaparecidas. Luego, hasta el 12 de octubre hay otra quinceañera reportada como desaparecida; y dos meses después, el 17 de diciembre, fue reportado como desaparecido un hombre de 57 años.

***

Los padres de Amílcar Sadrat Santos acuden a una iglesia evangélica. Desde que Amílcar desapareció, todos los sábados, sin falta, los miembros de la congregación llegan hasta el patio de la casa de Amílcar para celebrar un culto en su nombre. Para que Dios lo proteja o para que, si está muerto, “lo tenga en su gloria”. Así lo dice María, su madre.

Ella agachó la cabeza cuando le dije que en ninguna de las delegaciones de la Policía aparece la denuncia de desaparición de su hijo. Francisquito revoloteaba la arena a los pies de su abuela.

—Es que cuando fuimos, la mamá de este niño fue la que entró a preguntar, y solo dijo que Amílcar no aparecía, y preguntó si no lo tenían preso.
—¿No le tomaron la denuncia?
—A lo mejor no… es que yo ya no sé.
—¿Usted no puso la denuncia?
—No, es que yo ya no entré.
—¿Quiere ir a poner la denuncia?
—Es que tenemos miedo…
—¿Los ha amenazado alguien?

María se encoge de hombros y guarda silencio durante un par de segundos.

—(…) Tenemos miedo de que nos pase algo por andar preguntando por él. Mire que en La Herradura salió la noticia de que los mismos policías andaban haciendo cosas malas, junto a unos pandilleros.
—Pero si no denuncian la desaparición, nadie va a buscar a su hijo.
—Ya mejor que quede así. Si está vivo, que Dios lo proteja, y si está muerto… Disculpe que lo hicimos venir hasta acá, pero ya no queremos que se anden revolviendo las cosas.

Entre la casa de la familia de Amílcar y la sede de la policía comunitaria de Tasajera solo hay un rancho de por medio. El viernes 4 de enero El Sargento no estaba, tampoco el soldado joven que aseguró haber visto a Amílcar haciendo señas de pandilleros. Sí había otros dos soldados y el compañero policía de El Sargento.

—¿La familia de Amílcar Santos no les reportó a ustedes la desaparición del muchacho?
—¿Y ese que no ya había aparecido?
—No, no ha aparecido.
—¡Qué raro! Nosotros entendíamos que ya había aparecido. Por ahí así andaban diciendo
—Ustedes, que ya saben que está desaparecido, ¿no pueden hacer nada para que alguien comience a buscarlo?
—Si dice que no hay denuncia, está difícil, mi hermano. A lo mejor si se metieran los derechos humanos…

Pieza suelta # 4

El 24 de mayo de 2012, Óscar Luna, el procurador de Derechos Humanos, se pronunció en el tema de los desaparecidos. Recomendó a la Fiscalía que investigue los casos, que cree una Unidad de Personas Desaparecidas, un sistema de datos confiables, en donde pueda consultarse información sobre los registros de personas desaparecidas y encontradas; y una red de intercambio de información entre hospitales, migración, cárceles, celdas policiales, iglesias…

A la Policía, el Procurador le pidió que refuerce las acciones para prevenir el fenómeno y para investigarlo.

Aún y cuando el Código Penal Salvadoreño ya tipifica la desaparición forzada como un delito, la Fiscalía dice sentirse con las manos atadas, debido a que la denuncia de desaparición de una persona en sí misma no es la denuncia de un delito. Hasta que la Policía devela insumos que apunten a la posible comisión de un delito (llámese este homicidio o privación de libertad) la Fiscalía actúa.

Fuera de estas dos grandes ramas de investigación, la Fiscalía se aproxima al tema, de manera indirecta, cuando investiga los casos de cementerios clandestinos, de donde el criminalista Israel Ticas ha desenterrado 655 cadáveres en siete años. Pero de nuevo: ese procedimiento no nace de la búsqueda de una persona desaparecida, sino de la información de un testigo criteriado o de una fuente infiltrada en las pandillas, que revela que en algún punto del país hay una decena de cuerpos escondidos bajo tierra. Oficialmente, a través de su departamento de prensa, la Fiscalía responde que en materia de desaparecidos no pueden actuar ni tomar una denuncia ni tomar una cifra sino hasta que la Policía recopila insumos que hablan de un delito que se pueda perseguir.

Aquello que la Fiscalía considera lo más aproximado al fenómeno es la privación de libertad. De esos, en 2012, la institución solo actuó en 12 casos.

La Procuraduría de Derechos Humanos hizo ese llamado en mayo, y a la fecha solo la Policía activó la unidad especial para buscar desaparecidos, y creó un instructivo para que actúe esa unidad, y el resto de unidades de investigaciones diseminadas en el país, que son en realidad las que trabajan la mayoría de los casos. La PDDH ya no dijo más. Pero al menos reconoce que también ha cometido una falla. Cuando a las oficinas de la institución llegan los familiares de los desaparecidos a reportar sus casos, o a reportar que perciben que las autoridades no les ayudan a encontrar a sus parientes, la PDDH no registra esos casos. Lo dicen las oficiales de prensa de la institución. Lo dice, también, el procurador adjunto Gerardo Alegría.

3. Una madre que busca auxilio encuentra a un amigo

Irma Guadalupe Pérez desapareció el 5 de Octubre de 2012, en Aguilares. Su desaparición la investigan su madre y un Policía amigo que le informa sobre la aparición de cadáveres en la zona.

En una de las entradas de la Catedral de San Salvador hay una fotografía de una chica que tiene 14 años. La chica es morena, lleva una camisa de tirantes color negro y en la foto sonríe a la cámara. “SE BUSCA”, dice el cartelito. Así, en letras mayúsculas.

La persona que pegó ese cartel es una mujer analfabeta. Tiene 37 años. No fue ella quien escribió lo que en ese cartel dice, sino que fue uno de sus hermanos. Su nombre es María. La que está en ese cartel es su hija, Irma Guadalupe.

Irma desapareció el 5 de octubre de 2012 a las 4 de la tarde. Vestía una camisa verde, un pantalón negro y zapatos cafés. Así dice el cartel, así la recuerda su madre. Lo último que le dijo a María, antes de que la tierra se la tragara, fue que iría al supermercado del municipio de Aguilares, un caluroso pueblo ubicado a 33 kilómetros al norte de la capital.

Dos horas pasaron para que María, que sabía que esa ida y esa vuelta no debían demorar tanto a su hija, se desesperara. María esperó dos horas más antes de decidirse a ir a reportar la desaparición de su hija a la delegación policial del pueblo, ubicada a dos kilómetros de su casa. El oficial de turno le dijo que no podía tomarle los datos, y le dijo que regresara hasta el siguiente día. Que a lo mejor su hija se había escapado con algún novio.

María, a las 8 de la mañana del siguiente día, regresó a la delegación. Le tomaron sus datos y le dijeron que le iban a avisar de algún avance, y que regresara si ella descubría algo por su cuenta.

Un día después volvió a llegar, y le dijeron que no se sabía nada. Al cuarto día ella decidió que tenía que buscarla sola. Se lo dijo a su hermana, Claudia, que vive en otra comunidad, muy lejos de Aguilares.

Su hermana, preocupada por la desaparición de su sobrina, también se preocupó por la seguridad y el bienestar de María. Sobre todo porque María es analfabeta, y, desesperada, le dijo que iría a buscar a su hija por todo el país.

La familia de María, pero sobre todo María, son muy pobres. Ella vive de lavar ajeno y, cuando puede, de vender papas fritas con salsa de tomate, mayonesa y queso rayado. A la semana, cuando había una buena semana, lograba 30 dólares entre las lavadas y la venta de papitas fritas. Desaparecida su hija, uno de los dos rubros se le cayó: Irma Guadalupe era quien le ayudaba a cargar el quintal de papas que compraban en el mercado La Tiendona, en San Salvador. Sin su hija, María no tiene con quién hacer ese viaje ni las fuerzas para cargar, ella sola, un quintal de papas.

Así que desde la desaparición de Irma Guadalupe, María solo se dedicó a lavar ajeno para sobrevivir. Y de las tres lavadas que hacía semanales, tuvo que quedarse solo con dos, porque cinco de los siete días de la semana los dedica a buscar a su hija. Su presupuesto se redujo.

Con 20 dólares, y sin saber ubicar nombres de calles ni direcciones, barrió –recuerda- todo el municipio de Aguilares, “siete montañas y cuatro barrancos” en las primeras dos semanas tras la desaparición. Se metía en los huatales y a pura memoria lograba salir por donde había entrado. No se metió en los laberínticos pasajes ni en las colonias con mayor presencia de pandillas porque sintió miedo. Eso de que hubiera pandillas ella lo intuía por los manchones en las paredes o porque algún buen samaritano le recomendaba no entrar a las zonas peligrosas.

Una vez, recuerda, un tipo que le salió en medio de una hondonada amenazó con violarla. Ella no sabe cómo se llama ese lugar. María imita la voz aguda de aquel hombre:

—¡Ay, mamacita, mirá dónde te agarré solita! –dice-. Así me dijo, fíjese.

El hombre caminaba a su alrededor, mientras seguía hablándole. María recuerda sus escalofríos.

—Estás bien rica para hacer el amor, mi amor.

María no entiende qué pasó con el hombre, y ahora se ha creado en la cabeza la escena de un milagro.

—Yo todavía no entiendo, porque cuando se me acercó solo me puse a llorar… Pero es que ni grité y el hombre de repente solo se fue.

La familia de María le pidió que ya no anduviera arriesgándose. Que ella sola no iba a encontrar a su hija. Le recomendaron, para calmar su ansiedad, que mejor pegara carteles con los datos de Irma Guadalupe y con el número de su teléfono celular.

Con el poco presupuesto con el que contaba, María solo pudo sacarle 256 fotocopias al cartel. Una de esas todavía hoy sigue pegada en una de las entradas de la catedral de San Salvador.

***

A finales de octubre de 2012 -no recuerda la fecha-, María recibió una llamada telefónica en su celular. Como María no sabe leer –solo puede reconocer los números- identificó que aquel era un número extraño porque no lo reconocía. María memoriza los números de sus contactos más asiduos.

—¿Usted es la mamá de la muchacha desaparecida? –le preguntó una voz de hombre.

Quien le habló se presentó como un policía. Le dijo que había encontrado uno de los carteles con la foto de su hija, y que a partir de ese momento él le iba a ayudar.

El policía amigo, en efecto, es un policía. Está asignado a una delegación que no es la delegación de Aguilares, sino a una muy cercana. Cuando en el radar a él le aparece la información del descubrimiento de un cadáver, se lo informa a María. En los últimos tres meses le ha informado de cinco hallazgos, pero en ninguno ha aparecido Irma Guadalupe. A los cinco él mismo acompañó a María, y se ha decepcionado junto a ella cuando confirman que en esos lugares la muchacha no está enterrada.

—Yo le voy a ayudar a ella en lo que pueda. Cualquier indicio o información que tengamos vamos a ver en qué se puede ayudar. Creo que para eso estamos, para ayudar a gente que necesita ayuda como esta señora –dice el policía amigo.

***

María, dice su hermana, se ha puesto mal de salud. Ha olvidado muchas cosas, ha adelgazado 30 libras, y por ratos se queda como ida, como perdida. Su hermana no se equivoca. Hoy día hay que repetirle a María las cosas, cuando se platica con ella, para que no pierda el hilo de la conversación. Algo más le ha pasado también a María: ha perdido la fe en Dios.

Cuando la conocí, hace dos meses, María vestía una falda larga, hasta los tobillos, y una camisa cerrada, que no dejaba escapar nada más abajo del cuello y nada arriba de las muñecas. Dos meses más tarde, y en contra de los estándares de la iglesia evangélica a la que asistía, se atrevió a ponerse licras pegadas y camisas escotadas. Me dice que por eso lleva como dos semanas sin visitar a su madre, para que no la regañe. La madre de María vive 33 kilómetros lejos Aguilares. Nunca, en el último año, su madre la ha visitado. Desde que desapareció su hija, en Aguilares, a María solo le queda su marido, un jardinero que trabaja de podar jardines ajenos en una colonia privada de San Salvador.

En la mañana del 3 de enero de 2013, frente a la casa de María, cientos de motoristas y cobradores cerraron la carretera, en una serie de protestas que paralizaron las entradas y salidas a la ciudad de San Salvador. Los transportistas le exigían al gobierno que mantuviera el subsidio al sector, o que se atuviera a las consecuencias: más bloqueos como el de ese día, paros o un incremento en el precio del pasaje.

En la carretera de Aguilares, frente a la casa de María, se armó un pequeño disturbio. Cuando María me cuenta lo que vio, es la primera vez, en los últimos dos meses, que la veo sonreír, emocionada.

—¡Hubiera venido! Viera qué alegre se puso eso. ¡Me daban ganas de hablarle para reportárselo en vivo y en directo!

Pero entones María perdió el hilo de la conversación. Se le fue a un costado, allá adonde había clavado la mirada. Su marido siempre regresa tarde a casa, o cuando no consigue paga, no regresa. Desde que Irma nació, ella había sido su única compañía. Más que madre e hija, dice, con Irma eran como dos inseparables amigas.

—¡Ay, amor! Viera qué desesperante es esto de sentirse tan sola.

***

—¿Cómo dice que se llama la desaparecida?
—Irma Gualupe Pérez.
—Permítame un segundo…

El policía de turno asoma la cabeza por la ventana de la delegación, y le pide a la gente que está afuera que guarden silencio. Son los familiares de los transportistas detenidos en la mañana. Son las 6:30 p.m., y la algarabía que hay afuera es porque no les han dicho si dejarán que sus familiares detenidos puedan recibir la cena que ellos les han llevado.

En la pared de la delegación de Aguilares hay tres fotografías de tres niños desaparecidos. Uno de los casos es el de una niña desaparecida en una provincia de Argentina. Pregunto cómo ha venido a parar ese cartel, con un caso ocurrido en Suramérica, hasta ese pueblo caluroso del país, y el oficial de turno reponde que un día llegaron los miembros de una oenegé y pidieron permiso para colgarlo.

El segundo cartel es el de un joven de unos 17 años. No se distingue nada de la información sobre ese joven porque alguien ha tachado todos los datos de contacto con manchones de lapicero. El tercer cartel es el de un niño, demasiado niño para la edad que dice en el cartel: 15 años.

En la delegación no está la foto de Irma.

Los investigadores que estuvieron de turno ese día ya se fueron a sus casas. Solo ha quedado rezagado uno, que se asoma a la recepción. El oficial de turno lo detiene.

—Hey, vo’: ¿quién llevaba el caso de la chamaca bonita que teníamos pegada en la pared?
—¿Cuál, vo’?
—El de la chamaca que frecuentaba a los vagos del parque, homb’e.
—¡Ahhhh! Ya sé cuál decís. No, ese no lo llevaba yo. Yo llevo el de la otra chamaca aquella… ¿por qué, vo’?

Entre los dos investigadores dan pistas sobre el investigador del caso de Irma Guadalupe. Antes de despedirse, el investigador rezagado advierte que Irma Guadalupe ya apareció. Le digo que eso es bien extraño, porque todo ese día estuve con la madre de la joven y ella, a la fecha, la sigue esperando.

—Pero es que mire, no le crea a esa señora. Esa maitra como que es algo zafadita, ¿o no?

***

Viernes 4 de enero.

—Sí, yo investigaba el caso de esa muchacha.

Al otro lado de la línea telefónica me responde el “Investigador Jaime”. Dice que solo lo llame así. Le pregunto que por qué dejó de investigar el caso de Irma Guadalupe, y me responde que porque una señora llegó a decir que ya había aparecido.

—La señora dijo que era la abuela.
—¿Y no lo ha corroborado con la madre de Irma? Ella la sigue buscando.

La voz detrás de la línea telefónica guarda silencio. Luego se despide.

—Mire, la verdad es que ahorita no tengo tiempo de seguir hablando porque debo ir a dejar una información a la Fiscalía. Hábleme más tarde.

Después, el Investigador Jaime nunca más atendió el teléfono.

Última pieza suelta

El subdirector de la Policía nos recibe en su amplia oficina ubicada en el segundo piso del cuartel central de la Policía Nacional Civil, en el centro de la ciudad de San Salvador. Mauricio Ramírez Landaverde, durante 2012, y sobre todo después de iniciada la tregua entre las pandillas, se convirtió en el portavoz de las estadísticas del gabinete de Seguridad. Sobre todo a partir de la segunda mitad del año, el Ministerio de Seguridad metió un gol al convocar, mensualmente, una conferencia en donde se informaba de -en la mayoría de los meses- la reducción de los homicidios. Una estrategia exitosa, un termómetro constante de la evolución de la tregua. Pero en esas conferencias, el tema de los desaparecidos siempre se mantuvo constante. Sobre todo porque hasta septiembre, el Instituto de Medicina Legal hizo lo mismo, diciendo que en sus reportes había más casos que los que daba a conocer la Policía. Al menos por el papel que le ha tocado jugar al subdirector, creemos que es quien mejor conoce no solo las estadísticas, sino también el fenómeno. Mientras el actual director, el general Francisco Salinas, apenas ingresó a la Policía a inicios de 2012, Mauricio Ramírez Landaverde tiene toda una carrera en la institución policial, y estuvo en mandos importantes para cuando, según dice, comenzaron en la Policía, a registrar el fenómeno. Eso fue, recuerda, allá por el año 2004.

—¿La Policía considera que hay un fenómeno grave detrás de las estadísticas de personas desaparecidas?
—Lo vemos con mucha preocupación, y sobre todo cuando es una situación que ha cobrado tanta relevancia y alarma social. Pero no es un fenómeno nuevo. Le hemos venido registrando desde hace muchos años.
—Si no es un fenómeno nuevo, ¿por qué se crea una unidad que investigue los casos hasta este año?
—Que la unidad haya nacido recientemente no significa que la Policía no haya enfocado sus esfuerzos para investigar el fenómeno. La Policía lleva muchos años enfocada en las estructuras que se dedican a cometer estas acciones.
—La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas solo lleva los “casos importantes”. Si yo tomara el papel de un defensor de los derechos humanos, le diría: ¿no le parece que todos los casos son igual de importantes?
—No, yo le diría que no. Todos los casos son igualmente importantes… pero hay casos que la víctima… por ejemplo: el caso de una niña o un niño usted no lo puede ver igual que otro caso, usted tiene que velar por el interés superior del niño… Todos los casos de personas desaparecidas preocupan igualmente a la Policía, pero si es una niña, debemos pensar que estamos ante un caso de trata, de violación, el caso de que un pandillero la pretendía, y al no acceder a sus pretensiones mandó matarla… son criterios…

Lo más entretenido para un carabinero de guardia, en este caso para el que tiene asignado el aeropuerto Cerro Moreno, es ver cómo aterrizan y cómo despegan los pocos aviones que durante el día hacen escala en Antofagasta. Lo otro que se puede hacer para matar el tiempo es distraerse mirando azafatas y viajeros que vienen o se van de la ciudad: familias completas, parejas, ejecutivos de maletín y celular, guapas del norte grande. Lo normal es que no haya mucho más que hacer. Uno si es cabo de guardia está ahí por si acaso, por si pasa algo, esperando el suceso. Eso estaba haciendo el cabo Ricardo Fuentes el martes 26 de enero, poco antes de las cinco de la tarde, vestido de uniforme riguroso, a una hora en que hacía un calor del diablo: esperando a ver si pasaba algo.

Como no pasaba nada, y como uno toma bastante líquido en estos parajes pampinos, el cabo Fuentes aprovechó de ir al baño. Y aquí, en el baño del aeropuerto Cerro Moreno, a un costado del lavamanos, bajo el espejo, se encontró solo frente a un sospechoso: un sobre grande blanco sellado con huincha café de embalaje.

El cabo Fuentes se asustó: por el peso y por la textura metálica de algunos objetos que había dentro del sobre, pensó que podía ser una bomba. Con delicadeza llevó el sobre hasta el aparato de rayos X que hay en la zona de embarque de pasajeros, y pidió -nervioso- que por favor lo revisaran.

Lo que se vio a través de la máquina estaba lejos de ser una bomba. Había allí, dentro de otro sobre, un reloj, una lapicera, un anillo, una chequera, llaves oxidadas, sujetadores laterales de anteojos, un par de cristales ópticos y una billetera que después, al abrir el sobre, supieron que era de cuero color café. El paquete incluía también billetes, documentos de identidad, un carnet del Partido Radical, un carnet del Deportivo Progreso de Chillán, un destapador de botellas, una cortaplumas pequeña, fotografías familiares, tarjetas de bautizo, un contrato de trabajo del Banco del Estado, dos gomas de borrar y una nota manuscrita en inglés, sobre una de las caras del mismo sobre, que decía que todos estos objetos habían sido encontrados en el desierto de Atacama junto a un esqueleto humano tendido de cara al sol. El texto en inglés indicaba las coordenadas precisas del hallazgo, lo situaba cien kilómetros al sur de Antofagasta, y dibujaba la posición del cuerpo. El nombre que figuraba en todos los documentos colocados dentro del sobre estaba escrito y subrayado: Julio Riquelme Ramírez.

NADIE SABE QUIEN DEJO EL SOBRE en el baño del aeropuerto. Pudieron ser gringos que con cierta frecuencia hacen prospecciones mineras en el desierto, o chilenos que lo escribieron en inglés para despistar y desentenderse del tema. Lo que sí es claro es que quien encontró este esqueleto humano en plena pampa pensó que se trataba de un detenido desaparecido: por eso la entrega del sobre sin remitente en el aeropuerto antes de subirse a un avión, y por eso también la mención en el mismo sobre para que esta información fuera remitida al Arzobispado de Antofagasta.

La abogado Alicia Vidal se hizo cargo del tema, y al día siguiente, el 27 de enero de 1999, se abrió un proceso en el Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta. ¿Probable delito?: “Inhumación ilegal del detenido desaparecido José Riquelme”. Hasta ese momento, los actores de la película estaban bastante confundidos. De partida, confundían al detenido-desaparecido José Riquelme, que figura como tal en el Informe Rettig, con Julio Riquelme Ramírez. Es más: nadie de los que estaba participando del hallazgo en el desierto sabía prácticamente nada de este empleado de banco de 58 años de edad que viajó en tren al norte en febrero de 1956, de la maleta de cocaví que apareció solitaria en un vagón de tercera, y de la denuncia por presunta desgracia que presentó en Iquique Celinda Chávez, esposa de Riquelme Ramírez pero separada de él hacía veinte años.

En los días posteriores a la desaparición de Julio Riquelme Ramírez, la única nota de prensa publicada sobre el caso fue la del diario iquiqueño «El Tarapacá», el domingo 12 de febrero de 1956, una semana después de la fallida espera en la estación de trenes. Bajo el título “Un pasajero desapareció en forma misteriosa desde el Tren Longitudinal”, la crónica, junto con señalar a Pueblo Hundido como la última estación del norte en que le habían visto, aventuraba la antojadiza hipótesis de que Riquelme “habría sufrido un trastorno mental que le impidió regresar al tren”.

Pueblo Hundido, visto desde el tren Longino, marca según Andrés Sabella en su libro «Norte Grande» la frontera que separa al resto de Chile de la pampa: “Pueblo Hundido es eso: un pueblo metido en la amarillez del desierto. Las calles están desiertas y parece que el abandono es el verdadero dueño de todas las casas. Los cerros pelados de la costa se ven a dos trancos de la línea férrea, y adormecen sus letreros algunos hoteles. Unas mujeres gordazas, envueltas en seda chillona, mostrando senos que son un escándalo de carnes, suelen venir al paso del tren”. Lo peor, según Sabella, viejo conocedor del norte chileno, viene después, cuando el tren arranca de Pueblo Hundido rumbo a Iquique, que es cuando dijeron en «El Tarapacá» que habían dejado de ver a Riquelme Ramírez: “Cuando el Longino se desprende de la estación y se mete pampa adentro, el corazón empieza a llenarse de piedras, de perspectivas lúgubres”.

La “prolija búsqueda” de Julio Riquelme Ramírez referida por «El Tarapacá» duró sólo algunos meses, con suerte, y nunca se sabrá si fue prolija o no. En los tribunales de justicia del norte no existe ninguna carpeta que hable de este caso en esos años, puesto que un incendio referido por funcionarios de Investigaciones, incendio que ni ellos ni nadie precisan cuándo ocurrió, acabó con varios miles de expedientes en Iquique. Ese incendio sería la razón de que se hayan hecho cenizas o humo los documentos que pudieran certificar qué se hizo y qué no se hizo por encontrar a Julio Riquelme Ramírez.

Su desaparición, en todo caso, no fue tema nacional en esos días. Había otros perdidos: un avión pequeño cerca de Vallenar, al que los diarios le dedicaban unas pocas líneas; un perro negro alemán llamado Candilejas, extraviado en calle San Antonio con Merced, y reclamado por la revista «Vea» para que lo devolvieran a sus dueños; y el tesorero del sindicato industrial de la oficina salitrera San Enrique, un tal René Vivar Vivar que le hacía harto honor a su apellido: se había fugado con 96 mil pesos, abandonando de paso a su mujer y a sus siete hijos. El caso del tesorero Vivar era para hacer llorar al más fuerte: según el relato de «El Tarapacá», la esposa se había visto obligada a regalar a su bebé de sólo un mes porque no tenía cómo mantenerlo.

De Julio Riquelme Ramírez ninguna noticia: el hombre se perdía solo y en silencio. El Banco del Estado no sabe si en esa época hizo algo para conocer el paradero de este empleado suyo, auxiliar del Departamento Agrícola durante veinte años, y que hacía poco, en junio de 1955, había firmado un contrato como portero, documento que guardaba celosamente consigo y que fue encontrado casi medio siglo después dentro de su billetera, resquebrajado por el sol y por el tiempo.

EL MIERCOLES 3 DE FEBRERO de 1999, el subcomisario Walter Rehren salió a las ocho de la mañana del edificio de la Policía de Investigaciones de Antofagasta rumbo al desierto. Iba en una camioneta todo terreno, y en la parte de atrás del vehículo llevaba motos areneras para hacer los tramos más difíciles. Lo acompañaban el comisario Roberto Yáñez y el inspector Jorge Ruiz. En otro jeep iban el subcomisario Ricardo Bevilacqua, el inspector Claudio Salas y el geólogo Jorge Valenzuela, que había prestado un instrumento de orientación satelital (GPS) para dar con las coordenadas exactas y no perderse en la pampa. La orden del juez Jorge Cortés Monroy era clara: localizar el esqueleto humano mencionado en el sobre, y mandarlo a buscar de inmediato para constituirse en el lugar.

El día anterior, el martes 2 de febrero, detectives de Iquique habían interrogado por primera vez al único hijo vivo de Julio Riquelme Ramírez que entonces figuraba en las computadoras: Ernesto Riquelme Chávez, 63 años, jubilado, casado con Haydée Barrios, dos hijos, cobrador en las mañanas de Calzados Royle, defensa central vigente y de los duros en la liga de viejos cracks defendiendo la camiseta amarilla número 3 del equipo “Contadores”. De vuelta a casa después de una semana de vacaciones en Arica, invitado por su hija Patricia, Ernesto Riquelme Chávez se haía encontrado al llegar con una citación para ir a declarar a Investigaciones, doblada y dejada en el marco de la puerta de su departamento, en el barrio La Puntilla. No pudo dormir en toda la noche. Escuchó el ruido del mar más fuerte que nunca y no dejó de pensar en qué lío se había metido sin saberlo:

—Llamé temprano esa mañana por teléfono, y el detective que me atiende me dice que me quede tranquilo, que necesitan hablar conmigo por algo de mi padre…. Me vino un remezón fuerte… Imagínese… Yo no sabía nada, estaba desconectado de las noticias, no sabía que habían encontrado algo. A las once de la mañana me presenté en Investigaciones.

Un funcionario empezó a preguntarle si su padre había estado metido en política, si había sido dirigente de algún partido, si acaso era detenido-desaparecido después del golpe militar de 1973:

—Yo ahí lo interrumpí, le dije que nada que ver, y le conté la historia. Mi papá se había separado de mi mamá el año 36, y yo recién nacido me había venido con ella a Iquique desde Chillán. Después, cuando yo tenía 17 años, fui de vacaciones con mi hermano Rolando a Chillán para conocer a mi papá, y al final me quedé allá tres años. Le conté todo: que el año 55 me volví a Iquique, y que al año siguiente, el 56, mi papá se puso de acuerdo con mi hermano Rolando para venir al bautizo de uno de sus nietos, que es sobrino mío, y que se llama igual que mi papá: Julio Riquelme. Mi papá tomó el tren, viajó acá al norte en un vagón de tercera clase, pero en la estación sólo apareció la maleta del cocaví. Nunca más supimos del él. Eso fue lo que conté. Dije también que algunos pasajeros dijeron que se había bajado en Los Vientos y que había hecho amistad con otras personas arriba del tren, pero nada más: la gente sólo recordó cosas vagas. Nadie supo dar información precisa.

El testimonio de Ernesto Riquelme Chávez esa mañana ayudó a colocar las primeras piezas del puzzle judicial, pero no arrojó mayores luces sobre un rompecabezas que difícilmente podrá completarse algún día. El Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta sabía ahora a ciencia cierta algo que los familiares de Julio Riquelme Ramírez siempre supieron, y que no es ninguna novedad en esta historia: que él no era un detenido-desaparecido. Para confirmarlo legalmente, bastaban el relato del hijo y los billetes y documentos encontrados en el desierto, todos anteriores a 1960. El resto de la historia seguía siendo un misterio. ¿Por qué este pasajero se bajó en la estación Los Vientos? ¿O lo bajaron a la fuerza? ¿Qué significaban esas amistades mencionadas por otros pasajeros del tren? ¿Pasaba el tren por la estación Los Vientos de día o de noche? ¿Era posible perder el tren en medio del desierto, sin nada más que hacer y que ver en varios kilómetros a la redonda?

El detective Walter Rehren se hacía estas mismas preguntas, mientra su camioneta y el jeep con GPS saltaban y serpenteaban en medio de la pampa, sorteando zanjas y peñascos, para llegar a destino y cumplir la orden del juez:

—Antes de que llegáramos al esqueleto se pudo haber presumido que le robaron y lo mataron, pero igual era poco probable porque tenía todo: el anillo con sus iniciales, dinero, la pluma parker, el reloj Urbina… Siempre me acuerdo del reloj Urbina; eran famosos los relojes Urbina en esos años. Yo me pregunto: ¿por qué no siguió la línea del tren?, ¿qué lo llevó a meterse en el desierto sin ninguna referencia de nada, sólo piedras, tierra, cerros? A lo mejor se desesperó por tratar de llegar a tiempo al compromiso que tenía con su hijo porque no quería defraudarlo.

Diecisiete kilómetros y medio de distancia desde la abandonada estación Los Vientos marcaba el GPS del geólogo Valenzuela cuando la camioneta, el jeep y las motos areneras detuvieron su marcha: a treinta metros del punto exacto indicado por las coordenadas escritas en el sobre había una cruz hecha de piedras gordas en el suelo, y junto a ella, en la misma orientación de la cruz, un esqueleto humano, blanco-blanco, calcinado por el sol, acostado íntegro sobre la tierra en la misma posición en que lo habían encontrado los gringos, calzando zapatos, con restos de ropa a su lado y con un detalle para mencionar: el zapato derecho sujetaba un sombrero, lo había afirmado durante 43 años, para que no se lo llevara el viento.

LE AVISARON CORRIENDO AL JUEZ. Jorge Cortés Monroy llegó al lugar a las dos y media de la tarde. Era verdad. Ahí estaban los restos. Julio Riquelme Ramírez no había desaparecido de la faz de la tierra, como creyeron algunos en su familia. Porque esos fueron los primeros pensamientos: que le habían bajado los monos y se había ido a Bolivia, que había cambiado de idea arriba del tren porque no quería saber más de sus hijos, que lo habían matado cerca de la estación y lo habían enterrado bien enterrado para que nadie supiera jamás. Cuentos. Puros cuentos. Fantasías que ni siquiera servían ahora para tratar de explicar por qué se bajó en Los Vientos, o por qué se cayó del tren, como cree su hijo Ernesto:

—Yo le he dado varias vueltas, y de repente pienso que él se cayó del tren. Para mí que se cayó, que quedó medio aturdido, y que esto debe haber sido de noche. Cuando se paró no encontró a nadie, caminó un poco para buscar donde guarecerse, y ya al otro día se le perdió la imagen de todo. Subió un cerro, cayó a algún vacío, y empezó a dar vueltas sin saber dónde estaba porque en la pampa es muy difícil ubicarse, hay mucha gente que se ha perdido en la pampa y que no aparece jamás.
—¿Los empampados?
—Claro, los empampados. Eso es terrible. Yo lo he experimentado. Ahí donde se perdió mi papá es solitario total. Imagínese que mi papá estaba íntegro: no había buitres ni lagartos ni nada. El estaba íntegro, con su ropa, y por supuesto con el tiempo encima, los 43 años que estuvo ahí, botado… Había algodón, trozos de género de su camisa y de sus calzoncillos largos, un botón del pantalón, pedazos de su abrigo, y lo que me contaron es que cuando fue el juez y lo examinaron, cuando lo levantaron se voló todo lo que era carne porque estaba hecho polvo. Por eso quedaron los huesitos blancos.

Lo que no se voló estaba ahí, rígido sobre la tierra, y lo estaban examinando los detectives junto al juez Cortés Monroy: Julio Riquelme Ramírez se había perdido 43 años, acostado en el desierto a pleno sol y a plena luna, sin que nadie advirtiera su presencia. Esa es, más nítida imposible, la soledad de la pampa.

DESPUES DE REVISARLO durante tres horas, el juez ordenó que leventaran los restos de Riquelme, los guardaran en las clásicas bolsas negras con que trabaja la Brigada de Homicidios y los llevaran en camioneta al Servicio Médico Legal de Antofagasta para hacerle exámenes más especializados. A Walter Rehren le llamaron la atención los zapatos:

—No eran zapatos cualquiera. Eran zapatos de ocasión, para ir al bautizo. Azules con verde, elegantes, como de gamuza. ¿Qué hacía aquí, a casi veinte kilómetros de Los Vientos, un hombre con esos zapatos? No sé: a lo mejor se bajó del tren a hacer sus necesidades, a estirar las piernas. A lo mejor se había tomado sus tragos y tal vez se cayó. Y la estación tampoco quedaba a seiscientos metros de la carretera, como ahora. Entonces no había nada de nada. Quizás alguien lo vio perdido y le dijo que el camino más cercano era el de Paposo, en la misma dirección en que se perdió, hacia la costa, pero nadie le explicó que había entremedio como cincuenta kilómetros de puro desierto, sin ningún rastro humano: sol todo el día, mucho viento, y en la noche un frío tremendo. Aquí donde apareció Riquelme no llegan ni los jotes, ¿sabe por qué? Porque el esqueleto estaba íntegro, perfectamente armado, y cuando hay algún tipo de depredador los huesos quedan desparramados.

A Ernesto Riquelme le habían dicho que lo iban a mandar a llamar de Antofagasta, pero no aguantó más la espera, dice que le entró la “urticaria” y llamó por teléfono para acelerar los hechos. Habló con el detective Rehren, y fue citado para el día siguiente, el viernes 5 de febrero, a las ocho de la mañana. Agarró su mochila, viajó en bus a Antofagasta toda la noche y a la hora señalada estaba en la puerta de Investigaciones listo para entenderse con Rehren.

Lo que hubo ese día fueron diligencias y más diligencias, siempre acompañado de detectives. Primero una declaración en el Tercer Juzgado del Crimen en la que reiteraba la historia del viaje en tren a Iquique desde Chillán, y donde luego reconocía las pertenencias con todo detalle: “En cuanto a las llaves, las más chicas corresponden a los cajones de su escritorio, y la que está oxidada es la de la caja de fondos que tenía en su lugar de trabajo”.

Después Ernesto Riquelme fue a la morgue, y allí le sacaron sangre para poder hacer el examen de ADN en Santiago. Luego volvió al juzgado, para pedir formalmente que le devolvieran las pertenencias de su padre y también los restos de Julio Riquelme Ramírez.

No hubo problemas con los objetos: le entregaron todas sus cosas, hasta una peineta rosada de plástico, menos el carnet de identidad, por un asunto legal. Le dijeron que para poder entregarle los restos había que esperar los exámenes de ADN y el peritaje de los médicos legistas. Ernesto Riquelme no quiso ese día ver los restos de su padre:

—¿Para qué? Lo había visto en las fotos de los diarios. ¿Para ver otra vez lo mismo?

Tampoco quiso ir al desierto, al lugar del hallazgo.

ERNESTO RIQUELME volvió esa misma noche a Iquique, en bus, y ya nada fue como antes. No había necesitado ver los restos de su padre en una bolsa ni ir de nuevo a la pampa para empezar a entender la historia de Julio Riquelme Ramírez y la suya propia como la historia de un gran desencuentro, real, humano y con un final concreto, demasiado concreto tal vez, lejos de la ciencia ficción.

La historia aquí contada, como piensa el propio Ernesto Riquelme, no tiene nada que ver con cosas raras, con ovnis, con sujetos que aparecen y desaparecen y después salen en la televisión. “Pero esta historia hay que cerrarla”, dice. Por eso el hijo espera para los próximos días el dictamen del juez que ordene entregarle los restos del padre. Será el momento de reunir a la familia, de traer a la media hermana de Santiago, de juntar a los más de veinte nietos y entre todos despedir a Julio Riquelme Ramírez en Iquique: con vista al mar, lejos de Los Vientos, en un funeral distinto, donde será legítimo botar lágrimas guardadas en las entrañas, y donde sobre todo se castigará el olvido y se le rendirá un homenaje a la memoria.