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Derek nació en Ilobasco, lo asesinaron en Milán.

Todos nacemos y morimos en algún lugar. Es ley de vida. Si la primera frase de esta crónica está reservada para datos en apariencia triviales es porque de seguro no lo son. Y no lo son porque el asesinato del joven Derek, en junio de 2013, desencadenó una serie de acontecimientos que crearon un hilo invisible y mágico entre las dos ciudades: la salvadoreña que lo vio nacer y la italiana que lo vio morir.

La de Derek es una historia de mareros, de incertidumbres y de muerte. Pero también lo es de esperanza, de fe y de humanismo. Condensa lo mejor y lo peor del género humano.

“Toñito ha dimostrato che il popolo salvadoregno è un grande popolo”, dirá dentro de cuatro horas la madre de Derek, Maddalena, ante unos 200 adolescentes del Instituto Nacional de Ilobasco. Ella prefiere llamarlo como lo llamaba cuando era un niño: Toñito.

Eso será a las 4 de la tarde, y todavía falta media hora para las 12. A Maddalena y Enzo, 60 y 63 años de edad, los padres adoptivos de Derek, acaban de traerlos a Ilobasco desde San Salvador en un Yaris blanco. Salen del carro y entran presurosos en la iglesia de El Calvario, en el barrio homónimo. Maddalena carga en sus brazos una maceta con una planta, comprada en un vivero sobre la carretera que viene de San Rafael Cedros.

La iglesia está vacía y fresca, envuelta en el silencio enigmático propio de los templos. Es un pabellón rectangular con paredes de ladrillo, techo falso y suelo embaldosado. Modesta pero acogedora.

Maddalena y Enzo conocen. Estuvieron acá hace tres años. De un solo caminan hacia el costado izquierdo. No muy lejos de la entrada principal, bajo una ventana, hay una vistosa placa en memoria de Derek. Es del tamaño de un televisor de 30 pulgadas, con una fotografía del joven. Sonríe con picardía. Su gesto es el de alguien que quiere comerse el mundo.

“Con tanta tristeza llevamos el recuerdo de ti a tu tierra de origen”, dice un fragmento del texto de la placa, que trajeron desde Milán.

Maddalena besa la foto de su hijo. Coloca la maceta con cariño en el suelo y la gira hasta que cree tener la aprobación de Derek. Luego abre su bolsón y de una cajita saca dos mariposas azuladas. Enzo mira el ritual en silencio. Maddalena pega las mariposas sobre la placa, cerca del rostro de su Toñito, con una especie de crema adhesiva. Luego se voltea con un gesto mínimo de satisfacción.

—Las hizo una amiga y me pidió que las pusiera –dice, aunque lo dice en italiano; ni ella ni Enzo hablan español.

Para estar más cerca de Derek, Maddalena se sienta sobre la parte de la banca que se usa para arrodillarse. Lo mira. Lo toca. Lo besa. Comienza a llorar.

***

Edenilson Antonio Durán Mincolelli nació en Ilobasco el 18 de noviembre de 1989, el mes en el que la guerrilla lanzó la ofensiva ‘Hasta el tope’, dos días después de que la Fuerza Armada masacró a los jesuitas en la UCA.

La guerra lo convirtió en un huérfano más. Unas monjas se hicieron cargo, lo llevaron a Guatemala, y lograron que lo adoptara una entusiasta pareja de Sesto San Giovanni, una populosa ciudad del área metropolitana de Milán. Antes de cumplir los 4 años, Edenilson Antonio ya era italiano. Mincolelli es el apellido de Enzo. Lo de Derek vino después y es más informal, una especie de sobrenombre exitoso que el propio joven eligió.

Maddalena y Enzo son gente religiosa y sencilla, trabajadores. Respetaron el apellido salvadoreño de su hijo, Durán, y no hicieron el más mínimo esfuerzo por ocultarle sus orígenes. Todo lo contrario. El Salvador siempre estuvo presente en el hogar de los Mincolelli.

Estimaciones conservadoras cifran en más de 40,000 los salvadoreños radicados en Milán y alrededores. Fuera de América, es la comunidad más numerosa y organizada. Al adolescente Toñito primero y al joven Derek después siempre les fascinó todo lo relacionado con su país de origen. Viajar para conocerlo devino casi una obsesión. Así las cosas, apenas logró cierta independencia juvenil, no le costó comenzar a relacionarse con migrantes salvadoreños o con los hijos de los que en los ochenta y noventa cruzaron el océano Atlántico.

Enzo definió a Derek como un salvadoreño con mentalidad de italiano; alguien enamorado de todo lo que rezumara salvadoreñidad, de todo, aunque ni siquiera hablaba español. Maddalena lo presentó como un joven de corazón noble, pero cándido: “Toñito amaba rodearse de amigos, pero no sabía distinguir que hay personas buenas y malas; para él todos eran amigos”.

Como parte del plan de ‘salvadoreñización’, Derek comenzó a salir con jóvenes que resultaron ser activos de la Mara Salvatrucha-13. Para 2013 esta pandilla acumulaba ya cinco o seis años tejiendo una red adepatada a la realidad de Milán, con jóvenes salvadoreños como materia prima básica. La MS-13 –también la 18– se había convertido ya en una de las preocupaciones de Sección de Criminalidad Extranjera de la Polizia di Stato, la división policial creada en 2005 para tratar de neutralizar la actividad creciente de las bandas latinas.

Derek desapareció en la noche del 29 al 30 de junio de 2013. Tenía 23 años. Al drama de la desaparición le sucedieron dos semanas de búsqueda e incertidumbre. En Italia, país diez veces más poblado que El Salvador pero poco habituado a este tipo de expresiones de violencia, el caso se coló con fuerza en la agenda informativa y acaparó el interés de la ciudadanía.

Hasta el 15 de julio no se tuvo certeza de su muerte. Un cadáver había aparecido el 3 de julio en un canal de agua de los suburbios, en el municipio de Pessano con Bornago, pero su estado de descomposición era tal que se creyó que era un hombre de unos 40 años y no se relacionó con Derek hasta la sentencia del ADN.

A Derek murió de un golpe violento en la nuca. Luego lo llevaron hasta el canal de Villoresi y lo tiraron. Los expertos en pandillas de la Polizia di Stato dieron máxima prioridad al caso e interrogaron a los jóvenes con los que había compartido las últimas horas, casi todos emeeses salvadoreños. La Sección de Criminalidad Extranjera se volcó, pero nunca logró determinar con precisión judicial quién o quiénes asesinaron a Derek. Nadie ha sido enjuiciado aún. Sobre los motivos, todo es pura especulación: que si lo mataron por negarse a cumplir alguna misión de la pandilla, que si tenía deudas por drogas, que si…

La misa funeral se celebró la tarde del 19 de julio en la iglesia Santa María Auxiliadora de Sesto San Giovanni, llena hasta la bandera. Maddalena: “Unas mil personas con distintos tonos de piel, de religiones diversas, jóvenes punk, roqueros, metaleros… diferentes entre ellos, pero todos con la misma tristeza en el corazón”.

Ese mismo día lo enterraron, en Italia.

Pero Maddalena y Enzo quisieron que una parte de Derek regresara a El Salvador. Y lo consiguieron.

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Comienza a llorar Maddalena en El Calvario. Da un último giro a la maceta, para que sean menos las hojas que tapen la placa. Enzo, más mesurado, se sienta frente a su esposa. Se esfuerza por contener las lágrimas, pero fracasa. Han pasado casi cuatro años desde el asesinato, pero es evidente que todavía no han superado la pérdida de Derek.

—Il mio Toñito è un angelo –susurra Maddalena–. Un vero angelo!

A Derek nunca le sedujo estudiar, mucho menos la universidad. Aprendió electricidad. Con 16 años trabajaba y ganaba para sus gastos, algo que suena usual en El Salvador, pero que en Italia resulta casi subversivo. Cuando cumplió los 18, él mismo se pagó la licencia de manejo y compró su propio carro. Discotequeaba. Se tomaba sus tragos. Le iba muy bien con las chicas.

Sus padres hablan de él con orgullo desmedido.

La Polizia di Stato nunca dio con los responsables, pero los investigadores ataron los suficientes cabos como para tener la certeza de que alguna de las clicas milanesas de la Mara Salvatrucha está detrás del asesinato. Maddalena y Enzo lo saben. Han tratado, de hecho, de informarse sobre las maras. Pero nunca han permitido que su dolor se dirija contra la sociedad que exportó a Milán el fenómeno, contra El Salvador o contra los salvadoreños. Todo lo contrario. Por eso ahora están en esta modesta pero acogedora iglesia de Ilobasco.

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Derek se fue bebé de Ilobasco y nunca regresó. Murió sin recuerdos propios de la ciudad ni del país. Sin embargo, Enzo y sobre todo Maddalena se sintieron en la obligación de respetar la extraña pero intensa relación de su hijo con El Salvador.

Siete meses después del asesinato, viajaron hasta Ilobasco. En ese viaje lograron el permiso del párroco de El Calvario para colocar la placa conmemorativa, algo mucho más complicado que lo que suena. La otra placa-lápida que hay en la iglesia honra a Bernardo Perdomo, alcalde en la segunda mitad del siglo XIX. hijo meritísimo, alguien que da nombre a calles y escuelas.

Un diente de Derek viajó desde Milán entonces, en febrero de 2014, y está detrás de la placa.

Maddalena y Enzo regresaron a El Salvador en febrero de 2017. Fue un viaje relámpago, de apenas unos días, para la inauguración simbólica –las obras aún no estaban finalizadas– de la construcción de una cancha de usos múltiples en el Instituto Nacional de Ilobasco, el INDI. Una donación.

Milán está a los pies de la cordillera de los Alpes, epicentro europeo del esquí. Hubo un tiempo en el que padre e hijo los fines de semana escapaban a esquiar. Como deporte peligroso que es, a Enzo se le ocurrió contratar un seguro médico por si ocurría algún accidente. Nunca tuvieron que hacer uso por la nieve, pero, tras el asesinato, supieron que el seguro era también un seguro de vida.

Maddalena y Enzo recuperaron ese dinero y convencieron a varios amigos italianos, que hicieron pequeños aportes. Quisieron dejar en Ilobasco, en memoria de Derek, una obra concreta y de impacto, algo más allá del simbolismo de la placa. Se apoyaron en Deidamia Morán, una de las lideresas de la comunidad salvadoreña en Milán. Buscaron el consulado salvadoreño en aquella ciudad, y el consulado canalizó hacia distintos ministerios. Entre todos eligieron el INDI, el instituto más concurrido de todo el departamento de Cabañas.

La donación fue de 22,000 dólares. Bien invertidos, han alcanzado para remodelar los servicios sanitarios de los estudiantes y para construir una cancha con todo y sus gradas, que podrá utilizarse también como salón multiusos. “Es un sueño hecho realidad”, les dijo Ronny Menjívar, el director del INDI, a los padres de Derek.

La inauguración fue el viernes 17 de febrero. Resultó un día tenso y largo y cansado para Enzo, pero sobre todo para Maddalena. Un día inolvidable. Ella fue quien tomó el micrófono y dijo aquello: “Toñito ha dimostrato che il popolo salvadoregno è un grande popolo”.

A Maddalena y a Enzo no les sobra el dinero. Y aunque les sobrara, no tendrían por qué donarlo en un país a 9,500 kilómetros de su hogar; un país que ni siquiera habían visitado antes del asesinato de su hijo; un país que engendró el fenómeno de las maras que se exportó a Milán.

—Su sonrisa no se ha apagado –dijo Maddalena, siempre en italiano, ante unos 200 adolescentes del INDI–, su sonrisa aún brilla en el corazón de todos los que lo quisieron, y ahora brilla también aquí. Toñito ahora es uno de ustedes, y su padre y yo lo imaginaremos siempre aquí, a un costado de esta cancha, animándolos. ¡Vivan, jóvenes, la vida que él no pudo vivir! ¡Y siéntanse orgullosos de tener un compatriota como él!

El discurso fue tan sentido que incluso a este periodista, que para tantas cosas se cree un témpano de hielo, se le escaparon las lágrimas.

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En esta iglesia de Ilobasco, casi mediodía, llora Maddalena y solloza Enzo. Llevan unos 20 minutos junto a la placa de Derek. Silencios alternados con recuerdos y lamentos.

Enzo se para y dice que es hora de irse. Antes de las 3 de la tarde tienen que estar en el instituto y aún hay que almorzar. Maddalena también se para y, como si sintiera que aún no lo ha dicho todo, baja la cabeza y se despide con una sentencia cargada de resignación: “Nos lo llevamos de El Salvador para darle una vida mejor, pero la muerte lo siguió hasta Italia. Parece que ese era su destino”.

Maddalena vuelve a llorar y se agacha para dar a Derek un último beso. Enzo besa los dedos de la mano y los estampa contra la foto sonriente. En menos de 72 horas tomarán el vuelo de regreso a Italia. Y en la iglesia de El Calvario, no muy lejos de la entrada principal, bajo una ventana, quedará anudado uno de los dos extremos del hilo invisible y mágico que une Ilobasco y Milán.

ACTO PRIMERO: después del Sábado de Muerte

El Sábado de Muerte trasfiguró Córdova. Hay, valga el lugar común, un antes y un después de aquel 28 de noviembre de 2015, sábado. A media tarde, pandilleros de la 18-Revolucionarios bajaron de Los Troncones con fusiles, escopetas, corvos y pistolas. Durante al menos una hora se tomaron el caserío, obsesionados con encontrar indicios de sus enemigos de la Mara Salvatrucha. Encañonaron, retuvieron e interrogaron a cuanto joven y varón hallaron. Sentenciaron a tres: Juan Carlos, Moisés y Kevin. Los encaminaron unos cien metros. Los voltearon contra el piso. Los fusilaron. Saciados, los asesinos desaparecieron.

Después de aquel triple homicidio, el miedo a los muchachos de Los Troncones se terminó de apoderar de Córdova. Más de la mitad de las familias huyeron en los días y semanas posteriores. En silencio. Quizá para siempre. De 70 niños matriculados en 2015 en la escuela se pasó a 30 en 2016. Las maras evidenciaron –una vez más– su capacidad para aterrorizar comunidades enteras.

Casi un año después, la minoría que se quedó se refiere a la huida de la mayoría como “laemigración”. El caserío está en desgracia, dicen. Y si duro resultó para los que huyeron, no menos lo fue para los que permanecen. Cerraron, por ejemplo, las dos iglesias evangélicas, los únicos dos lugares de prédica, como si a Dios también le valiera la suerte de los cordovianos.

Hoy es miércoles y es octubre, 2016. Máximo Ramírez –delgado, tostado, platicador, 55 años– es de los que permaneció. Su edad algo le ayuda en esto de lidiar con maras. Todos acá lo conocen como Mancho o don Mancho. Ahora, sentado sobre la rampa de entrada a la escuela mientras las mujeres sancochan unos elotes, habla desenfadado sobre su principal preocupación: un mapache.

El maíz de su pequeña milpa está doblado. Que un mapache le arruine 20 mazorcas cada día es un drama mayúsculo. Anoche se acostó a las 3 de la madrugada. Parecido anteanoche. Y también la noche anterior. Todo por matarlo. La mejor manera, dice Mancho, es con perros grandes y bravos que encaramen al intruso a un árbol. No sirve cualquier chucho. Un mapache como este, de los grandes y solitarios, franjas blancas y negras en el rostro, es capaz de encararlos y amedrentarlos. Ya encaramado, el hondillazo certero. Es triunfo doble: sosiego para la milpa y carne fresca para la cena. Pero Mancho no tiene perros grandes y bravos. Sus tres desvelos han sido por gusto. Anoche, el improvisado ‘plan B’ fue sacrificar a otro animal, desollarlo y confiar en la hediondez. “Maté a un zorrillo y lo amarré con un alambre; al mapache el zumo le da asco”, dice. Un par de zopes vuelan en círculos ahora, mediodía, sobre el olor a muerte.

Hasta hace tres años, hasta cuando los mareros comenzaron a ganar presencia, este era el tipo de problemas que quitaban el sueño en Córdova.

San Luis Córdova es un pedazo del cantón Los Troncones, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador. En línea recta, apenas 22 kilómetros distancian Córdova y el Hotel Sheraton. Pero el número es un espejismo. Pedrina, Jaime y Ricardo, los profesores de la escuela, viven los tres en el área metropolitana de la capital. Invierten no menos de dos horas y media para llegar, y otras dos y media para regresar. La travesía incluye una hora de caminata a campo traviesa, y cruzar un río traicionero: el Tihuapa.

Córdova ni siquiera es un poblado propiamente dicho. Es más bien una sucesión de casas desperdigadas a ambos lados de la calle destartalada que muere en el caserío. No hay plaza ni nada que se le parezca. Antes del Sábado de Muerte, eran 230 gentes. Hoy, menos de la mitad. No hay energía eléctrica. Cada quien se rebusca por su agua. Cada quien quema su basura. Cada quien construye su fosa séptica, en el mejor de los casos. Es ruralidad extrema.

Además de mapaches, zorrillos y zopes, en los cerros de Córdova hay venados, coyotes, cotuzas, gatos cervantes y gatos zontos, cusucos, garrobos verdes y garrobos prietos, auroras, chiltotas, tecolotes, gavilanes, chachalacas, masacuatas, corales, serpientes castellanas, alacranes, tarántulas y unas arañas cholas-cholas y temidas que acá las llaman casampulgas. Casi todo lo que se mueve es fuente codiciada de proteínas.

“Un su garrobo bien tostadito… juuummmm”, dice Carmen Vásquez –delgado, retostado, alguien que cuenta como mérito infinito comerse 10 tortillas en una sentada, 56 años–, y sonríe de imaginarse chupando los huesitos del reptil.

Cuando el caserío comenzó a vaciarse tras el Sábado de Muerte, Carmen, su esposa y el menor de sus hijos hicieron lo que casi todos: irse a la otra ribera del río Tihuapa. A Planes de las Delicias y Valle Nuevo, cantones ambos del municipio de Olocuilta. “La gente agarró miedo a los muchachos, y con miedo la gente se va, ¿veá? Cuando uno cree que lo van a matar, ¿veá? Aunque tal vez pidiéndole a Dios”.

En su caso, el hambre y la incertidumbre pudieron más que el miedo. Es de los poquísimos que a los pocos días regresó. En Córdova tiene su casa; precaria, pero suya. También tiene dónde sembrar; en un terreno de un vecino que migró a Estados Unidos. Maíz cuando comienzan las lluvias; frijol o maicillo sobre la milpa doblada. Las cosechas le abastecen para todo el año. Si son generosas, incluso puede vender una parte. Con esos granos básicos, los animales que fulmina con su hondilla, los cangrejos que saca del Tihuapa y algún que otro trabajo ocasional, tiene la subsistencia garantizada, que no es poco decir en un país como El Salvador.

Como si fuera guía de un museo, Carmen muestra las casas habitadas hace un año, amplias, solitarias y asilvestradas ya por la estación lluviosa. En un muro de ladrillos, a unos 300 metros de la escuela, hay un placazo azul cielo. Es de trazos torpes, como si fuera obra de un aprendiz de grafitero. El elemento central dice ‘MS’, en grande. A su izquierda, un puño con los dedos anular y meñique estirados. A su derecha, ‘Mara Salvatrucha’. Debajo, el nombre de la clica, ‘CGLS’, escrito dos veces.

El ‘CGLS’ es por la Cangrejeras Locos, del cantón Cangrejera, municipio de La Libertad. Está algo lejos, en la desembocadura del Tihuapa. Luego se explicará cómo y por qué uno de los tentáculos de esa clica de la Emeese cayó sobre Córdova. Es importante para entender esta historia. Pero conviene aterrizar antes la idea de cómo afecta el desplazamiento forzado a los que se quedan, comprender qué sucede cuando las maras generan una migración como la habida tras el Sábado de Muerte.

Cerraron las dos iglesias evangélicas. La más concurrida era la Iglesia de Dios Mundial. Cerró también la tienda mejor abastecida, la que sacaba de apuros aunque resultara algo más cara. Cuando se corrió la voz de que las maras estaban detrás de la despoblación, las visitas de vendedores ambulantes se redujeron casi a cero. Tampoco entraron más los intermediarios que buscan los excedentes de los agricultores para revenderlos en la capital.

Incluso la escuela se tambaleó. Su nombre es de una literalidad insípida: Centro Escolar Caserío San Luis Córdova Cantón Los Troncones. El código asignado por el Ministerio de Educación, el 86400. Es pequeña pero digna. A mediados de la década pasada, se benefició de la cooperación internacional. Es sin duda la construcción más vistosa de todo el caserío. Tiene su propio pozo de agua. Tiene retretes blancos. Tiene paneles solares que generan energía para el funcionamiento y que garantizan unos modestos ingresos al centro: los vecinos pagan una cora (25 centavos de dólar) por recargar su celular.

El Sábado de Muerte ocurrió poco antes de la vacación de fin de año. Luego, laemigración. Más luego, la incertidumbre. Hubo profesores que meditaron el traslado. Tras el reinicio de clases aparecieron pintadas de la Mara Salvatrucha en un muro. Un día forzaron la entrada y entraron a robar, algo que los docentes atribuyeron a jóvenes con algún grado de afinidad hacia la Mara Salvatrucha. La matrícula se desplomó el 57 %. Fueron semanas tensas. Pero a pesar de todo, las aulas siguen abiertas.

Más allá de los beneficios obvios para los 30 estudiantes inscritos, la escuela representa la expresión más sólida y constante del Estado salvadoreño en Córdova, casi la única. La unidad de salud más cercana queda allende el río, en Valle Nuevo. La Alcaldía de Panchimalco olvidó hace trienios que este caserío es parte del municipio. La Policía Nacional Civil apenas se deja ver; si hay un parto o alguien necesita hospitalización, envían un pickup desde Panchimalco si quien lo pide se compromete a pagar el combustible.

“Los policías en veces vienen, en veces no vienen. Después de la matazón sí vinieron seguidón algunas semanas, pero luego nada”, dice Mancho.

El miedo se mantiene en Córdova. Hay señales, de hecho, de que la Mara Salvatrucha no quiere dar por perdido este caserío. El placazo azul cielo lo hicieron meses después del Sábado de Muerte. También puertas y paredes de varias de las casas abandonadas han sido pintarrajeadas con las letras. El 16 de octubre, dos jóvenes de 17 y 23 años desaparecieron cuando regresaban de un culto sobre la calle a Los Troncones. Los hallaron al día siguiente, decapitados. En Córdova creen que eran o activos o simpatizantes de la Mara Salvatrucha, y que los asesinaron los dieciocheros.

“La semilla mala ya está regada en Panchimalco… y en todo El Salvador”, dice David Antonio Hernández –no tan delgado, tostado, profundamente religioso, 26 años–, resignado y encomendado a su dios. David y su esposa fueron alumnos de la escuela hasta 2009. La “semilla mala” echó raíces un lustro después. Hoy son padres de una niña de seis y de un niño de tres. Pero el Sábado de Muerte no logró sacarlos de su hogar, de su caserío.

“Nosotros no andamos en malos pasos y no somos familia de muchachos de ningún grupo”, dice. “No nos metemos con ellos, y ellos no se meten con nosotros”, dice. La familia camina martes y sábados hasta la Iglesia Profética Santidad a Jehová, en el mero Los Troncones. Dos horas ida, dos horas vuelta. “Dios en ningún momento nos desampara”, dice. Pero en Córdova, comulgar con el Ver, oír y callar parece más efectivo que la fe.

Si uno vive en lugares no controlados por una pandilla, cuesta dimensionar las razones que obligan a abandonar el hogar. También las razones para permanecer cuando la amenaza es tan sólida. Juzgar a los cordovianos, a los unos y a los otros, es un acto de soberbia intelectual. Las razones para irse o para quedarse son un mundo.

Carmen permaneció.

—¿Dónde es lo más lejos que ha viajado usted en su vida?

La pregunta es para tratar de dimensionar su sentimiento de arraigo.

—Ahhh… ¡yo he sido vagamundos! En Sonsonate vive un tío mío. He ido a las fincas, a cortar. He ido a Tepecoyo, al volcán de San Salvador, a Opico…
—¿En San Miguel ha estado alguna vez?
—De este lado sí no…
—¿Santa Ana?
—Hasta un sitio que le dicen El Congo he llegado. No crea, si cuando estaba
cipote sí he viajado yo. Y uno se quedaba hasta que le pagaban.

Juan Antonio Martínez –delgado, tostado por el sol también, uno de los líderes de la comunidad, 47 años– huyó de Córdova. Don Toño, le dicen. Se trasladó al cantón Valle Nuevo, con su familia. Valle Nuevo queda a unas dos horas a pie, con el Tihuapa de por medio. Muy de vez en cuando, Toño regresa a Córdova con su corvo bien afilado, para ver cómo está la casa que levantó con sus propias manos. Chapoda, limpia, recoge jocotes o limones.

“Emigramos unas 25 familias y… la verdad… yo quisiera regresar, porque acá nací, acá me he criado. En Valle es más difícil si uno es pobre. Acá uno cosecha, tiene sus palitos”, dice. Él y los suyos son víctimas de lo que técnicamente se conoce como desplazamiento forzado interno. Desplazados por las maras. En la que era su casa, en el terreno junto a la escuela, Toño habla y habla, como si sus problemas se resolvieran por solo compartirlos. Por un momento se envalentona: “Yo amo esto”. Amo, dice. Un verbo que los prejuicios hacen que cueste imaginar en boca de un hombre rural en su primera plática con un extraño. Don Toño ama esto. Y esto, Córdova, es lo que el Sábado de Muerte le obligó a dejar atrás.

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ENTREACTO: los desplazados

Córdova es un ejemplo de manual de lo que Naciones Unidas convino en llamar desplazamiento forzado interno. Huir sin salir del propio país. En el mundo, estos traslados los suelen generar la guerra, la violencia política, religiosa o étnica, la violación sistemática de derechos humanos… En El Salvador, las maras –aunque no solo.

No es un fenómeno nuevo. En torno a 2008, los desplazados dejan de ser casos anecdóticos. Para 2011 ya son tendencia, siempre concentrados en colonias, barrios y cantones empobrecidos, el hábitat natural de las pandillas. Tras el fracaso del proceso conocido como la Tregua, en 2014, el fenómeno se viraliza. La prensa ha reportado docenas de córdovas regados por el país. Y los individuos o familias que huyen a título individual son incontables.

Pero el Estado salvadoreño se resiste a aceptar esta realidad, quizá porque hablar de desplazados supone admitir que las maras son poder establecido. Lo poco que se ha tratado de sistematizar sobre el tema ha sido iniciativa de las oenegés aglutinadas en la ‘Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado’. Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015 documentaron de forma artesanal 146 casos, con 623 afectados. La punta del iceberg nomás. Los ciento y pico de Córdova no están en ese listado. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos retomó el trabajo, lo maceró y en julio de 2016 presentó un demoledor informe de 64 páginas, el primero de esta naturaleza elaborado por una entidad estatal. Entre la docena de conclusiones, una que al gobierno le debería haber sentado como guacalada de agua helada: “Debido a que el Estado no reconoce el desplazamiento forzado interno, esto genera un impacto humanitario que dificulta una asistencia humanitaria efectiva y eficaz”.

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ACTO SEGUNDO: el Sábado de Muerte

La zafra había iniciado una semana antes en El Salvador. Nadie en Córdova siembra caña de azúcar, por montuoso y aislado. Pero sí relativamente cerca: en las planicies que hay entre la carretera El Litoral y el mar.

Tras la quema, los cañaverales exigen cientos de brazos. Los empleadores lo saben. Acarrear mano de obra ha devenido un negocio en sí mismo. El salario de cortador es mísero, cinco dólares por tarea –es de machos terminar las dos–, más el rancho, la comida. Pero en economías de subsistencia como las de Toño, Mancho o David, ese jornal sabe a aguinaldo.

El Sábado de Muerte fue el particular inicio de la zafra en Córdova. Los cordovianos, unos 12 o 14 antes de, van a la corta en grupo. En los últimos años se ha convertido en ritual. Los hombres se despiertan dosquetrés horas antes de salir el sol. Se citan bajo algún palo. Caminan por veredas hasta Amayón, un cantón con calle transitable hasta la carretera El Litoral. Una auténtica procesión nocturna de cumeros surcando los cerros de Panchimalco.

En Amayón, tipo 4 de la madrugada, abordan un camión junto a otros hombres de otros cantones y caseríos aledaños. Todos citados para lo mismo. El camión los lleva a los vastos cañaverales de San Luis La Herradura o de otros municipios del departamento de La Paz, a deslomarse.

Juan Carlos Vásquez Benítez –21 años, uno de los jóvenes asesinados por la 18– mañaneó aquel 28 de noviembre de 2015. La zafra nunca le había entusiasmado. Había metido papeles para ver si le salía algo en San Salvador y no depender del jornal de cortador. “Para no tener que asolearse”, había dicho a sus amigos. A la espera de que le confirmaran si sí o si no, prefirió embolsarse unos dólares.

De los experimentados del grupo, a Juan Carlos le fue bien aquella mañana con la cuma. Logró devastar las dos tareas en ocho horas. Pero la alegría mayor resultó atrapar a un conejo sobreviviente de la quema. “Tamaño conejón”, dice casi un año después David, su amigo. También él estuvo en el cañal el Sábado de Muerte.

Bien amarrado pero vivo, Juan Carlos y su conejo fueron la sensación en el camión durante el viaje de regreso a Amayón. Más de uno lo devoró con la mirada. Planearon una merienda, nomás para los allegados.

El grupo regresó a Córdova bien pasada la 1 de la tarde. Juan Carlos voló a la casa, a pavonearse de su botín. Se bañó, se acicaló y rápido bajó a ver si hallaba a los cheros. Por ser sábado, sabía que los encontraría cerca de la Iglesia de Dios Mundial, la más concurrida en los últimos meses. El local era modesto pero digno: paredes de adobe recubiertas de concreto, techo de duralita, suelo embaldosado, baño. Hermanos de la misma congregación procedentes del puerto La Libertad habían ayudado a levantarlo pocos meses atrás.

Juan Carlos no se congregaba seguido. Tampoco su amigo Alcides Moisés Godoy Carrillo –20 años, otro de los tres asesinados por la 18–, que tenía a su pareja con ocho meses de embarazo. Pero habían oído que era un culto de acción de gracias. En plena etapa de captación de fieles, daban por seguro que al final habría reparto de café, sodas o pan dulce. Razón suficiente para merodear.

En esas apareció el comando de la 18-Revolucionarios del cantón Los Troncones. Serían las 2:30 de la tarde. Juan Carlos, Moisés y otras seis u ocho personas platicaban en el cruce de veredas ubicado 50 metros al norte de la iglesia. Todos jóvenes. Adolescentes varios.

Jóvenes y adolescentes también eran los muchachos del comando dieciochero, solo que armados con fusiles, escopetas, corvos y pistolas. Unos siete u ocho. A cara descubierta. Dos de ellos vestían pantalón y botas militares. De un solo encañonaron al grupo de Juan Carlos y Moisés. Con ellos estaba Kevin –13 años, el tercero de los asesinados por la 18–, nieto del pastor de la Iglesia de Dios Mundial. Kevin vivía en Planes de las Delicias, pero el culto lo había llevado a Córdova.

Los interrogatorios duraron no menos de una hora. Hay testigos que alargan hasta las dos horas aquella angustia colectiva del Sábado de Muerte.

Los pandilleros creen tener la habilidad de identificar cuando alguien estáen la juega. Es decir, si un joven es activo, chequeo o simpatizante de una pandilla contraria. Cientos de inocentes habrán muerto en la última década por esa creencia.

En Córdova sentenciaron a Juan Carlos, Moisés y Kevin. Tres vidas que no sumaban 55 años. Solo del adolescente, Kevin, los cordovianos consultados dicen que sí vestía flojo y que tenía alguna maña propia de los muchachos. En cambio, dice Mancho, Juan Carlos y Moisés “eran cumeros, como nosotros”.

A los tres los encaminaron unos 100 metros, a la curva de la calle que parte hacia Los Troncones. Los voltearon contra el piso, quizá entre lágrimas y ruegos por sus vidas. Los fusilaron con fusiles, disparos certeros para reventar las cabezas. “Pa, pa, pa, pa, pa… Como una guerra… Pa, pa, pa, pa, pa…”, dice Toño. Saciados, los asesinos desaparecieron.

Dicen que el pastor trató de mediar por ellos, por su nieto, pero que lo encañonaron y que le dijeron que mejor se alejara, que aquello no iba con él.

Lo más significativo quizá sea que nadie telefoneó a la Policía. Todos supieron que un comando de hombres armados estaba en el caserío. Los rehenes eran entre ocho y diez hijos, primos, vecinos, amigos. La ocupación de Córdova duró no menos de una hora. Pero nadie llamó a la Policía.

—¿Ahí los tuvieron, a la vista de todos?
—Ahí los tuvieron, embrocados –dice David.
—¿Nadie llamó a la Policía?
—¿Y cómo…? No… nadie…
—Pero… ¿por miedo?
—¿Y por qué más?

Quizá haya que formar parte de lugares como Córdova, donde el Estado es tan pero tan raquítico, para asumir que si un comando de pandilleros armados se toma el caserío, lo normal es no llamar a la autoridad. Pero así pasó.

El 28 de noviembre de 2015, la 18-Revolucionarios fusiló a Juan Carlos, Moisés y Kevin. El triple homicidio, virajes extraños que tiene la vida, le valió el indulto al gran conejo que unas horas antes había viajado amarrado desde los cañaverales de San Luis La Herradura. La familia de Juan Carlos lo liberó. “No lo quisieron comer, por tristeza”, dice David.

En los días y semanas posteriores, se vino laemigración.

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ENTREACTO: los refugiados

Los cordovianos que cruzaron con enseres el río Tihuapa son una resulta de los esquemas de terror que las maras mantiene en sus canchas. Son desplazados internos. En cuenta aparte va la migración trasfronteriza, esa que se conjuga con palabras como exilio, asilo o refugiados. Para vigilar esta otra expresión, existe una entidad supranacional: el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El Triángulo Norte de Centroamérica se considera la región más violenta del mundo. De los tres países, según el ACNUR, los salvadoreños son de largo los que más solicitudes de asilo gestionan ante gobiernos extranjeros: 23,000 en 2015, que es como si todos los vecinos de Suchitoto huyeran en un solo año.

Estados Unidos es y será el destino preferente, pero México, Belice, Costa Rica y Panamá –y en menor medida Nicaragua– han emergido en 2015 y 2016 como receptores de salvadoreños que huyen. Las cifras oficiales horrorizan. Perfilan un drama infinito. Pero las cifras reales son todavía más duras. También entre los que en su huida cruzan fronteras existe un vigoroso subrregistro: lo que migran para salvar sus vidas y no sienten como necesidad urgente regularizarse en el nuevo país.

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ACTO TERCERO: antes del Sábado de Muerte

El devenir de un sinnúmero de colonias y cantones de El Salvador está ligado a las maras desde hace 15 años o más. Pero no es el caso de Córdova. El influjo de las letras y los números  comenzó a sentirse apenas un par de años antes del Sábado de Muerte. Al igual que en otras áreas rurales del país, la Tregua contribuyó a generar las condiciones para que la semilla germinara.

La implantación del fenómeno en el mero Córdova, sin embargo, es modesta. Para cuando el triple homicidio, ni siquiera operaba una clica propiamente dicha. La Mara Salvatrucha tenía y tiene presencia, pero más testimonial que otra cosa. Un puñado de jóvenes que entró en contacto con los mareros del otro lado del río Tihuapa, y que fantaseaban con convertirse en pandilleros. Nada de extorsiones. Nada derentas. La pegada de los  ieciocheros de Los Troncones frenó la propagación de la Emeese de forma más efectiva que las fuerzas de seguridad.

El Tihuapa al sur y el lamentable estado de la calle hacia Los Troncones al norte definen el caserío. No tienen energía eléctrica por el aislamiento, pero ese aislamiento quizá sea también la razón para que se mantuvieran lejos las maras. En Los Troncones, la 18 se asentó firme la década pasada. La Mara Salvatrucha hizo de Cangrejera y Valle Nuevo plazas fuertes en los mismos años. Córdova queda en medio.

Si se escarba más atrás en el tiempo, en los ochenta y noventa, parecía que este caserío tendría un mejor futuro. La guerra civil apenas se sintió. Operó una hacienda de la que aún hoy se aprecian vestigios. El nombre del dueño, el finado Miguel Palomo, aún hoy se pronuncia con devoción. “400 reses había, ganado chulo”, dice Mancho con un dejo de orgullo. Además de ganado, se sembraba. Un camión cargado de guineos se atrevió a cruzar el Tihuapa durante una tormenta, pero la repunta lo volteó, lo arrastró y esparció la carga río abajo. Los cordovianos que peinan canas lo cuentan como ejemplo insuperable de esplendores pasados.

Las celebraciones eran celebraciones de verdad: el Día del Trabajador, el Día del Niño… Llegaban músicos y llegaban con pesados equipos de sonido, a caballo. “El caserío se llenaba de gente como usted no se imagina”, dice Toño.

Pero la hacienda cerró. Y la calle se malogró. Sin su principal fuente de empleo y abandonado por el Estado, el caserío se limitó a administrar su deterioro. La mejor herencia de aquellos años de aparente prosperidad quizá sea la escuela. Guardan trofeos de cuando de entre los alumnos salían equipos capaces de medirse de tú a tú con centros escolares de todo Panchimalco y de Olocuilta. Aún en 2007, el número de alumnos inscritos fueron 106, contra los 30 después del Sábado de Muerte.

Pero para esta historia lo más relevante es el pasado más cercano, cuando logra germinar de la “semilla mala” de las maras.

Córdova es parte de Los Troncones, controlado por la 18-Revolucionarios. Pero el caserío vive de espaldas a Los Troncones. Desde antes de la irrupción de las pandillas. Y así será mientras la calle sea un chiquero. El aislamiento es muy marcado, pero los cordovianos miran más al otro lado del Tihuapa, a los cantones Planes de Las Delicias y Valle Nuevo, a Olocuilta. La mayoría de los duis han sido expedidos en Zacatecoluca. Es la relación natural, la del día a día. A pesar de que si se mira un mapa es la opción menos recomendable, los profesores de la escuela viajan a diario desde la capital hasta Planes de las Delicias, vía carretera al aeropuerto. Y de ahí caminan a Córdova.

A Valle Nuevo llegó el influjo de la CGLS, la Cangrejeras Locos, una de las clicas del poderoso programa de La Libertad, de la Mara Salvatrucha. Ambos cantones están sobre la carretera de El Litoral.

Planes de las Delicias es un cantón sin maras. No es así nomás que no las haya. Una parte de sus vecinos tiene relación con la Fuerza Armada. Están organizados para cortar de raíz cualquier intento de las pandillas por establecerse.

Cuando laemigración, los menos se fueron a Planes de las Delicias. Los más, a Valle Nuevo, como Toño y los suyos. No todos pudieron elegir. En Planes recelan de todo lo que tenga aroma a pandilla. Y algunas de las familias que tuvieron que dejar todo en Córdova viajaban con la sospecha de que algún hijo o sobrino o hermano tenía relación con la Mara Salvatrucha. En Valle Nuevo, cancha firme de esa pandilla, el recibimiento fue mejor.

“En Valle Nuevo los muchachos son más respetuosos. Ahí usted entra y te preguntan: ‘¿Es familiar del tal? Está bueno, puede entrar, aquí no le pasa nada, aquí lo cuidamos, aquí solo no queremos que vengan infiltrados’. Eso es lo único que temen ellos”, dice Toño.

Lo ya escrito: juzgar a los cordovianos mientras se lee esto en un smartphone o una computadora, sin saber qué supone vivir en una comunidad controlada por las maras, es un acto de soberbia intelectual. Toño, los demás desplazados, los que permanecieron y los profesores son, ante todo, víctimas. Víctimas.

El Sábado de Muerte trasfiguró Córdova. Los que se quedaron se esfuerzan para que el caserío no muera. Mantienen la esperanza de que los desplazados regresen. La batalla de las últimas semanas, acuerpada por los profesores de la escuela, es que las alcaldías de Panchimalco y Olocuilta construyan una pasarela o un puente que permita cruzar el Tihuapa sin tener que jugarse el físico, como ocurre durante la estación lluviosa.

El propósito es noble: atenuar el aislamiento de Córdova y de sus gentes. En la misma línea, está tomando fuerza la idea de que traerán la energía eléctrica desde Los Troncones. Dicen que empleados de la distribuidora Delsur ya han hecho mediciones. Pero en El Salvador, donde el fenómeno de las maras se dejó crecer tanto que buena parte del país está ya parcelado en áreas de influencia de las tres pandillas principales, cuesta identificar estas buenas iniciativas como noticias buenas.

Aquí murió un río. Queda solo su carcasa. Un cauce seco. Un lecho polvoriento, con enormes rocas y piedras de todos los tamaños, donde otrora nadaban peces. Su cadalso está unos metros arriba, entre las montañas del Jilguero: un embalse de cemento donde van a morir las aguas del río Zapotal y todo lo que las habitaba. Corona el embalse una gran manta plástica en la que aún es reconocible el rostro de la diputada Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso; presidenta del Partido Nacional que busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y esposa del propietario de esta represa que lleva su nombre: Aurora 1. Ante el retrato sonriente de la congresista se muere El Zapotal. A partir de aquí, el agua corre entubada durante algunos kilómetros para terminar más abajo en unas turbinas.

Caminamos por lo que alguna vez fue río abajo con Magdaleno Aguilar, un recio lenca de 61 años que pescó aquí toda su vida; que se bañó aquí toda su vida. A pesar de que la ley exige a las hidroeléctricas dejar parte del caudal del río para preservar los ecosistemas, aquí ya no hay agua. Este es un cauce árido en plena temporada lluviosa, salvo por una charca formada por la caída de una raquítica cascada que desliza por una de las laderas de la montaña del Jilguero. “Ya ve -dice Magdaleno Aguilar-: Ya no hay río. Ya no hay peces. Ya no hay nada”.

Este río se secó por decreto. Con licencias del ministerio de Medio Ambiente de la administración de facto de Roberto Micheletti, otorgadas sin que se llevaran a cabo consultas ni estudios previstos por la ley. Con permisos de construcción aprobados por la alcaldía de San José sin la consulta popular a la que obligan la ley hondureña y los convenios internacionales. Con un contrato en el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se comprometió a comprar durante el siguiente medio siglo la energía producida por Aurora 1. A pesar de que tanto la diputada como su esposo han dicho que el proyecto fue aprobado durante la administración del depuesto Manuel Zelaya, los documentos oficiales revelan que el contrato se realizó en junio de 2010, un año después del golpe de Estado y cuando Gladis Aurora López ya era diputada nacional, a pesar de que la ley prohíbe la firma de contratos estatales con funcionarios públicos.

El Zapotal se encuentra en una reserva natural protegida, en el departamento hondureño de La Paz, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador. Aquí es territorio lenca. Pero ni siquiera una reserva protegida impidió que Inversiones Aurora, la empresa de la prominente familia nacionalista hondureña, obtuviera autorización para construir la hidroeléctrica.

Poco después de recibir los permisos, en 2010, Arnold Castro, el propietario de Inversiones La Aurora y esposo de la diputada López, firmó un acuerdo con representantes de los patronatos de cinco comunidades del municipio de San José La Paz en el que se listan las obras que cada patronato solicitaba a cambio de apoyar la construcción de la represa. Leer esa lista ayuda a dimensionar la pobreza de estas comunidades: repello de la escuela o la iglesia, apertura de caminos, asignación de un vehículo para evacuar enfermos en caso de emergencia, mejoramiento del centro de salud, electrificación de la comunidad etc. Hay otras, como redes para las porterías de la cancha de fútbol y la construcción de una ermita. A cambio, los representantes de los patronatos autorizaron a Inversiones La Aurora el uso de los recursos naturales de sus comunidades para producción hidroeléctrica. Por los próximos 50 años.

El acuerdo se hizo a espaldas de los pobladores, pero eso bastó a Aurora para no llevar a cabo las consultas que la ley le exigía. Cuando le demandaron la consulta, la diputada organizó un mitin con simpatizantes del Partido Nacional y recolectó firmas. Asunto arreglado. En seguida mataron al río. Aurora ni siquiera cumplió con las míseras promesas que hizo a los representantes de los patronatos. Los caminos que llevan a la presa son los mismos senderos maltrechos que abrió, hace muchos años, una organización local de pequeños productores de café. No hay vehículo para evacuar a los enfermos en esa zona de difícil acceso. Nada. Solo la presa.

En Honduras este tipo de proyectos está viviendo su boom desde el golpe de Estado de junio de 2009. “El golpe se convirtió en una piñata”, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de la Radio Progreso, una estación reconocida como lugar de encuentro y plataforma de movimientos populares y denuncias de violaciones a derechos humanos. “Todo quedó sin asidero. Las multinacionales se aliaron con los capitales locales y con los políticos. En los primeros meses se desató una ola de decretos para concesiones”.

El gobierno de Micheletti derogó decretos previos que prohibían explotación de recursos hídricos en zonas protegidas; a partir de entonces comenzó una masiva privatización de ríos y concesión de represas. En un año se concesionaron 40 nuevos proyectos, entre ellos las Auroras.

Desde aquel golpe de Estado de 2009, las sucesivas administraciones de Micheletti, Lobo y Hernández han otorgado 111 concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Aprobaron también una ley de incentivos que otorga exenciones fiscales a quienes desarrollen estos proyectos. Algunas de las familias más poderosas de Honduras crearon empresas “verdes” para desarrollar proyectos hidrológicos en medio de comunidades extremadamente pobres. El Estado compra la mayoría de la producción energética.

Se otorgaron además centenares de concesiones mineras; de carreteras, de administración de reservas naturales y, a partir del próximo año, de administración privada de comunidades enteras en las llamadas ciudades modelo.

En el noroccidente, el gobierno hondureño ha iniciado la concesión de carreteras estatales a empresas privadas, y el experimento es tan agresivo que hoy no es posible salir de la ciudad de El Progreso, antigua capital de la industria bananera, si no es pasando por una caseta de peaje. Desde San Pedro Sula, la única manera de evadir la primera de cuatro casetas para llegar a Tegucigalpa es atravesando el peligroso barrio Rivera Hernández, controlado por pandillas. No hay escape de las otras tres casetas. Esa carretera, la que conecta a las dos ciudades más importantes del país, fue construida con fondos del Milenio -es decir, con fondos de los contribuyentes estadounidenses- y contrapartida del BCIE y el Banco Mundial, pero ha sido concesionada a una empresa privada ecuatoriana para que la mantenga y cobre el peaje.

El seguro social, prácticamente quebrado por un millonario fraude cometido por funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, ha comenzado en algunos hospitales a entregar vales para que los usuarios compren medicamentos en farmacias comerciales. El estado garantiza el negocio a las farmacias privadas.

La minería es probablemente el más rotundo ejemplo de la Honduras concesionada. Según el Equipo Jesuita de Investigación, Reflexión y Comunicación, ERIC, solo en proyectos mineros Honduras ha otorgado 155 concesiones que abarcan la tercera parte del territorio hondureño: 35 mil kilómetros cuadrados; es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.

La ley de Minería, aprobada en 1999, afrontó fuerte resistencia de las organizaciones sociales, que lograron una moratoria a nuevas concesiones hasta 2009, cuando el golpe de Estado puso en el gobierno a la administración que contrajo la fiebre de las concesiones y la heredó a las siguientes.

El gobierno de Roberto Micheletti autorizó a las mineras a explotar todos los recursos hídricos de cada zona de operación concesionada y dejó desarmadas jurídicamente el 90 por ciento de las áreas naturales protegidas. Los siguientes dos gobiernos ampliaron el espectro. El año pasado, Honduras fue sede de un cónclave mundial minero denominado “Honduras está listo para la Minería” que ofreció casi mil nuevos proyectos mineros a inversionistas extranjeros.

A ello se agrega el desplazamiento de campesinos para la utilización de tierras en la agroindustria, que también ha sido fuente mayúscula de conflictos sociales.

Honduras ha delegado el desarrollo de su población más pobre al sector privado. El Estado parece haber capitulado a favor de los empresarios.

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El lenca Felipe Benítez ha venido a Simpinula, a pocos kilómetros de donde termina la presa de Aurora, a dirigir una ceremonia maya. Viste jeans, una camisa americana de manga larga a cuadros y una gorra para protegerse del sol. Tiene 44 años; la tez curtida por el trabajo agrícola y una sonrisa que no se le va ni cuando habla de los proyectos hidroeléctricos que él ve como amenaza para su etnia.

Yo he venido tras él porque hoy, 21 de agosto de 2016, se celebra aquí un guancasco: una fiesta lenca en la que usualmente dos comunidades se encuentran para reafirmar su amistad y armonía, en las que suele haber bailes tradicionales. Pero el de hoy no es un guancasco usual. Representantes de varias comunidades lencas de La Paz han hecho el viaje a Simpinula por un tortuoso camino de tierra, cuesta abajo, para participar, dicen ellos, de un día histórico.

Simpinula es un pequeño valle, de difícil acceso, escondido entre cerros y altas montañas. La entrada, y centro de la vida comunal, es una enorme y maltrecha cancha de futbol con parches de grama cuyas porterías son apenas marcos oxidados, sin red, que también sirve de estacionamiento para camionetas y microbuses en los que llegaron decenas de peregrinos. Cuando hay partido, si alguien lanza el balón fuera habrá que irlo a rescatar a los maizales de algún vecino. Justo frente a la cancha está el cerro en el que tendrá lugar elguancasco.

Ha llovido esta mañana y las nubes mantienen ese color gris plomizo que lucen cuando están a punto de reventar y liberar un largo diluvio tropical, como han hecho todos los días durante las últimas dos semanas. Le digo esto a Felipe Benítez a manera de advertencia. Él mira al cielo, se sonríe y me responde que no. Que no caerá agua hasta entrada la tarde. Pronto saldrá el sol.

Los lencas se han reunido hoy en una pequeña planicie que corona el cerro frente a la cancha de futbol. Las mujeres abrieron tres agujeros cúbicos en la tierra en los que han encendido leña a manera de fogón y en grandes cazos preparan atol salado, elotes y un guisado de carne con yuca. En una comunidad pobre, este lujo indica la estatura de la fiesta.

Han preparado con esmero una pequeña alfombra ceremonial compuesta por aserrín y rodeada de hoja de aguja de pino. Al centro colocaron una vasija de barro; una estatuilla maya de las que venden en Copán a los turistas y una botella de plástico con dos litros de chicha para agradecer a la tierra por los cultivos. En los cuatro puntos cardinales, granos dispuestos según la tradición maya: al norte maíz blanco; al sur maíz amarillo; al este frijol rojo y al oeste negro. La alfombra está rodeada por un círculo de hierbas verdes y frutas y flores y candelas de los mismos colores de los granos, simbolizando la purificación, la fertilidad, el sol y la muerte. Una cruz cósmica. Una ofrenda a la madre tierra, la buena madre, que les ha dado el maíz y el frijol. Que les ha dado los ríos y las montañas.

Benítez encabeza una organización llamada Milpah (Movimiento de Indígenas Lencas de La Paz, Honduras) que se ha plantado en resistencia contra proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Inversiones La Aurora tiene los permisos para construir otra represa, llamada Aurora 2, arriba en Santa Elena, donde vive el Felipe Benítez. El gobierno hondureño no vio ningún impedimento para aprobar la concesión a pesar de que se encuentra, también, en una reserva natural protegida. Benítez y otros lencas sí vieron el problema: una empresa privada quiere apropiarse de sus ríos.

Hace algunos meses, organizaciones lencas como Milpah se tomaron la carretera impidiendo que la empresa ingresara tractores y maquinaria para la construcción de Aurora 2. Mientras resisten in situ, buscan soluciones definitivas. Su misión parece titánica, habida cuenta del poder político de los propietarios de Aurora. La ceremonia de esta mañana en Simpinula es parte de su estrategia. Eso explica la presencia de periodistas de varios medios de comunicación locales, entre ellos radios comunitarias, y algunos académicos, invitados por Milpah para registrar la ceremonia.

Un hombre sopla un caracol hacia el cielo, lo que anuncia el inicio de los oficios. Felipe Benítez toma un micrófono y explica la cruz cósmica maya: “Aquí tenemos la comida que nos quiere quitar Monsanto…”. Lee después un comunicado firmado por los líderes lencas presentes: “Este cerro será llamado, a partir de hoy, Guastes Tupayca”. Como casi ninguno de los lencas habla lenca, Benítez traduce: “El Cerro de Nuestro Señor”. A partir de hoy, pues, este cerro será un centro ceremonial. Los habitantes de Simpinula se comprometen a cuidarlo, a mantener la cruz cósmica en orden y fuera del alcance de los perros callejeros que en el campo, donde no hay calles, se llaman aguacateros.

Invoca al espíritu de Lempira y al de la nueva mártir del movimiento indigenista y ambientalista hondureño: “Berta Cáceres. Que su espíritu nos guíe en nuestra lucha para proteger a Maika Durra, la Madre Tierra”. Berta Cáceres, la líder ambientalista que dedicó los últimos años de su vida a resistir contra estos proyectos, asesinada hace seis meses y hoy colocada en el martirologio lenca junto a Lempira, el jefe que resistió a la colonización española hasta que un arcabús ibérico le partió el pecho. Por el pecho, también, penetró una de las tres balas que terminaron con la vida de Cáceres cinco siglos después.

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Poco antes de la medianoche del pasado 2 de marzo, tres hombres llegaron a la ciudad de La Esperanza, forzaron la puerta de la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. El mexicano Gustavo Castro, quien se hospedaba en la casa, recibió algunas heridas de bala. Pero sobrevivió.

Dice Felipe Benítez que habló con ella el día anterior al crimen. “Queríamos hacer un frente común de varias organizaciones indígenas”. El gran desafío que enfrentan hoy estas organizaciones es sobrevivir a la muerte de la más visible de entre ellos.

Cáceres era la activista hondureña más reconocida en el mundo, sobre todo tras haber ganado, algunos meses antes, el premio Goldman, conocido como el Nobel verde. Su asesinato puso en las portadas de los periódicos internacionales el conflicto entre comunidades indígenas y empresas beneficiarias de la fiebre hondureña por concesionarlo todo. Y también los riesgos para los ambientalistas y defensores de tierras en Honduras. Berta Cáceres murió la víspera de cumplir 45 años de edad.

Hija de una lideresa lenca, inició su actividad política en la guerra civil salvadoreña, a los 16 años. Siguiendo a su novio, el activista hondureño Salvador Zúñiga, cruzó la frontera entrando por Cabañas. Ambos se incorporaron al FMLN en 1988. “Estuvimos organizados con la Resistencia Nacional”, aclara Zúñiga. “No solo del lado salvadoreño. Apoyamos en otros momentos en la parte logística en Honduras, en Nicaragua también. Para la ofensiva del 89 estuvimos en Soyapango”.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, ambos regresaron a Honduras a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. “La experiencia revolucionaria nos ayudó a organizar a las comunidades, a plantearnos la estrategia pero en tiempos de paz”, recuerda Zúñiga, el primer coordinador de la organización. Mientras Centroamérica intentaba pasar página a los años de las revoluciones y las dictaduras, las banderas del COPINH ya estaban en una nueva lucha: la defensa medioambiental y la reivindicación de la identidad indígena.

El divorcio con Zúñiga terminó también con la sociedad y ella quedó sola al frente del COPINH. Demostró ser hábil para la organización y apta para el liderazgo. Ya había probado ser incombustible y visitaba con frecuencia lugares de muy difícil acceso, lo que ayudó a mitificar su omnipresencia.

Algunas personas a las que Berta fue conociendo en el camino la recuerdan especialmente insistente en el devocional respeto a la naturaleza, heredado de la cosmovisión lenca; y en la recuperación de la dignidad y el orgullo indígena. Pero lo hacía con la estrategia aprendida de los movimientos revolucionarios: participaba en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional, intercambiaba experiencias con otros movimientos en toda América Latina.

Frenó la labor de algunos aserraderos, una de las grandes industrias extractivas de Honduras y origen de violencia en todo el país. Marchó con otros activistas a Tegucigalpa para protestar contra las concesiones (en una de ellas tiraron abajo una estatua en honor a Cristóbal Colón y en su lugar colocaron una de Lempira). Creó talleres para hombres y mujeres lencas. El COPINH se convirtió en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2010, poco después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto de Roberto Micheletti otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque, que sirve de frontera a los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, zonas lencas también.

DESA es una empresa privada copropiedad de José Eduardo Atala y sus hermanos Pedro y Jacobo. El grupo familiar, llamado Jacaranda, importa y distribuye equipos de maquinaria y construcción, representa a la marca John Deere en Honduras y tiene inversiones en bienes raíces y energía. Los hermanos Atala son además propietarios del Club de Futbol Motagua.

Su proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, llamado Agua Zarca, obtuvo un financiamiento de $45 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. Agua Zarca es un proyecto a filo de agua que, a diferencia de las Auroras, sí contempla mantener el caudal ecológico; tiene proyectado producir 21 megawatts en el Gualcarque. Por eso calificó como proyecto de energía limpia para los donantes internacionales. En los albores del proyecto, el gigante chino de construcciones de presas, Sinohydro, fue subcontratado para la construcción.

Agua Zarca instaló su campamento original en Río Blanco, Intibucá, en la ribera oriental del río Gualcarque. Pero el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a Sinohydro. DESA tuvo que instalarse al otro lado del río, en el municipio de San Francisco Ojuera, Santa Bárbara, donde se encuentra ahora.

Tras la salida de los chinos, DESA contrató para la construcción del proyecto a la empresa Copreca, la misma acusada en El Salvador por fraude contra el Estado por $12 millones de dólares tras el fiasco en la construcción del Boulevard Diego de Holguín (Hoy llamado Monseñor Romero). Copreca, cuyo propietario Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de estafa, peculado y falsedad ideológica, está a cargo de la construcción de otras hidroeléctricas en Honduras.

Pero la presa de Agua Zarca no ha podido construirse a pesar de la inversión que DESA ha realizado ya para iniciar el proyecto (apertura de calles; contratación de ingenieros; instalaciones eléctricas; materiales de construcción; trabajadores sociales; agentes de seguridad privada; etc…), debido a la protesta de las comunidades que se oponen al proyecto. Berta Cáceres encabezó la resistencia contra Agua Zarca.

Hace tres años, Cáceres comenzó a recibir amenazas, de las que responsabilizó a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. El jefe de seguridad de la empresa era un militar retirado, Douglas Bustillo.

El Presidente de DESA, David Castillo Mejía, es también un militar. Se graduó de West Point y fue sancionado en noviembre de 2009 por el Tribunal de Cuentas hondureño, por estar recibiendo doble salario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y de las Fuerzas Armadas, donde fungía como subteniente de inteligencia militar. El Tribunal le obligó a devolver los sueldos. Lo encontró además culpable de vender equipos sobrevalorados a la Fuerza Armada, desde una empresa de su propiedad.

Debido a las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres. A pesar de las amenazas, el COPINH mantuvo la resistencia. A pesar de las medidas cautelares, Berta Cáceres fue asesinada.

El crimen causó tal indignación internacional que se convirtió en el principal problema político del gobierno de Juan Orlando Hernández. En las semanas posteriores, las autoridades hondureñas llevaron a cabo cinco capturas: Los gemelos sicarios Edilson y Emilson Duarte, presuntamente contratados para perpetrar el crimen; como cómplices continúan detenidos el ex jefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, a quien Cáceres había denunciado, además, por acoso; el Ingeniero Sergio Rodríguez, a cargo de las obras de construcción de DESA; y Mariano Díaz Chávez, un militar activo al momento del crimen. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Elvin Rápalo Orellana, el presunto tercer hombre en participar en el asesinato. Hay un prófugo, Henry Hernández, de quien las autoridades suponen que era el conductor, que esperó en el vehículo mientras los asesinos disparaban contra Cáceres y Castro.

Los investigadores armaron el caso a partir de los registros de llamadas telefónicas de los acusados, en los que habrían determinado no solo la ruta y las horas en que los asesinos entraron y salieron de La Esperanza, sino también una intensa comunicación entre ellos y el exjefe de seguridad de DESA; cuando la policía allanó la casa de los gemelos Duarte, encontró el arma con que se cometió el crimen. Posteriormente el Ministerio Público reveló que los gemelos sicarios habían confesado su participación y, según reportes de la prensa hondureña, dijeron haber sido contratados por Sergio Rodríguez, el ingeniero empleado de DESA.

Con las capturas, el gobierno alivió la presión. Y no hay ninguna novedad sobre la autoría intelectual ni ninguna línea de investigación para determinar la naturaleza de la participación de militares en el crimen. En junio pasado, un soldado hondureño dijo al periódico inglés The Guardian que había desertado después de recibir una lista de activistas a los que su unidad debía asesinar, entre los que se encontraba Berta Cáceres. El ejército desmintió estas declaraciones.

Ni el Copinh ni DESA están satisfechos con las investigaciones. “No tiene ningún sentido que responsabilicen al ingeniero Rodríguez o a DESA”, dice José Eduardo Atala, el principal accionista de la empresa. “Nadie se vuelve matón de la noche a la mañana. El ingeniero Rodríguez es un hombre de familia”. Atala asegura que desde que cambiaron el proyecto de Río Blanco a Ojuera habían estado trabajando sin problemas. “Llevábamos quince meses de trabajo ininterrumpido. Habíamos entrado en un diálogo con la señora Cáceres. No tiene ninguna lógica. Hoy tenemos parado un proyecto de $45 millones de dólares que ya iba caminando. Dígame usted si tiene sentido la tesis del Ministerio Público”.

Víctor Fernández, abogado, amigo y asesor legal de Berta Cáceres durante muchos años, es quien representa a la víctima en el juicio. Fernández cree que el caso fue mal armado, porque las investigaciones se basaron en llamadas telefónicas –y ni siquiera se conoce el contenido de esas llamadas- y no en personas. No ve ningún avance en la determinación de la autoría intelectual del crimen ni voluntad del ministerio público. “El caso sigue igual que en mayo, cuando fueron las audiencias iniciales.

Las sospechas sobre el accionar del Ministerio Público se deben también a su historial en un país con altísimos índices de corrupción y de impunidad. “Es el mismo Ministerio Público que en 2013 y 2014 la acusó de portación de armas, usurpación, coacción y daños continuados. Es la misma fiscalía la que llevaba el juicio contra Berta. ¿Cómo podemos confiar en el coyote para que cuide las gallinas?” reclama Tomás Gómez Membreño, quien asumió la coordinación interina del Copinh tras la muerte de Cáceres. Pide que sea la CIDH la que investigue el crimen, habida cuenta de que “en el asesinato han participado el poder económico, el político y el militar”.

Atala también quiere una investigación independiente. Dice haber contratado ya a una empresa internacional para que haga una investigación a fondo. “Mientras no se solucione el asesinato de Berta Cáceres no vendrán a Honduras más fondos internacionales para hidroeléctricas. Es en el interés del país resolver esto”.

***

A San Francisco de Ojuera, el municipio que alberga hoy el proyecto de Agua Zarca, se llega tomando el desvío a Santa Bárbara y posteriormente decenas de kilómetros de caminos de piedra y tierra que se internan en las montañas. La plaza central lleva el nombre del actual alcalde, Raúl Pineda, que la pintó y remodeló. Berta Cáceres lo denunció por amenazas y por asociarse con policías, militares y guardias de seguridad privados para reprimir a manifestantes contra la represa. Desde el asesinato de la activista, ni el alcalde ni el vicealcalde quieren hablar sobre la presa. Dicen que no quieren más problemas. El vicealcalde ofrece, a cambio, guiarnos hasta la casa de Ramón Rivera, empleado de DESA a cargo de las relaciones con la comunidad y quien lleva, desde el encarcelamiento del ingeniero Sergio Rodríguez, la oficina de DESA en el pueblo.

Rivera es un hombre delgado, con el cabello entrecano que delata su edad mediana a pesar de su mirada juvenil. Tiene 40 años. Pulseras textiles en la muñeca, lentes y un habla más sofisticada que la de los habitantes locales le hacen parecer un profesor universitario de cualquier ciudad centroamericana. Sabe escuchar y cuando habla habla con una voz serena que fluye con argumentos, aspirando a convencer. En su escritorio hay una maqueta del proyecto de Agua Zarca y varias actas con cientos de firmas de habitantes de la zona que piden la reanudación de la construcción de la represa. El contraataque de DESA, pues, corre a cargo de este señor.

A pesar de su apariencia urbana, Ramón Rivera nació en esta zona rural aislada del mundo. Siendo aún niño se mudó con su familia a Las Vegas, un pueblo minero a orillas del lago Yojoa. Su padre trabajaba en la mina de El Mochito (propiedad de mineras internacionales desde su apertura, en 1948), que extrae zinc, plomo y plata. Esa experiencia temprana parece haber marcado su visión del progreso: “La mina nos dio una mejor casa, con piso y luz eléctrica. Una mejor escuela. Una mejor comida. La mina nos dio una mejor vida. Allí aprendí de desarrollo”.

Años después obtuvo una beca y se mudó a La Habana para estudiar medicina. Allí vivió cuatro años. No terminó la carrera, pero cree que la revolución cubana le enseñó algo más importante: “que todos tienen derecho a una vida digna. Que todos tienen la obligación de ayudar a que el prójimo esté mejor”. Se define como un revolucionario ambientalista y dice que por ello su relación con el proyecto de Agua Zarca es congruente: “Producir electricidad no es delito en ninguna legislatura. Este proyecto es de energía limpia; ha creado trabajos, ha abierto calles, traerá una clínica y una escuela. ¿Por qué se oponen los copines? ¡Si esto es lo que todos queremos… desarrollo!”.

Le pregunto si abrir una calle, poner una escuela y un centro de salud no son obligaciones básicas del Estado. “Sí. También es cierto que el Estado nunca ha cumplido ni está en capacidad de cumplir con su obligación de abrir estas calles y poner clínicas y dar educación y salud a todos los hondureños. ¿Pero por qué nos vamos a oponer a que una empresa privada nos traiga estos beneficios?” Rivera no es el único que piensa así. A este lado del río, son muchos los campesinos, los lencas, que están a favor del proyecto de Agua Zarca. Y Ramón Rivera los está organizando. Convive con las comunidades que están a favor y a todos les habla de medio ambiente. Las hidroeléctricas, dice, son el equilibrio perfecto entre desarrollo y medio ambiente.

Una vez que la hidroeléctrica sea terminada y comience a funcionar, DESA deberá trasladar a las comunidades el dos por ciento de la facturación por venta de energía. Pero por ahora el proyecto está en pausa, porque las entidades financieras internacionales suspendieron los desembolsos desde el asesinato de Berta Cáceres.

La semana pasada, el Banco Holandés de Desarrollo, uno de los donantes, publicó un reporte de situación en el área , realizado por una misión internacional independiente. El reporte es crítico con el proceso de instalación del proyecto y su efecto en las comunidades; sobre todo porque no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada como obliga el convenio 169 de la OIT.

Atala explica las razones: “El país es signatario de ese convenio pero nunca hizo un reglamento. Es el Estado el que está obligado a llevar a cabo esas consultas, no las empresas. Pero el Estado se ha deslindado de esa responsabilidad y nos pide a nosotros que hagamos las consultas, sin un reglamento que determine siquiera cómo se hacen”.

El entonces viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Laínez, enfrenta un juicio por otorgar esos permisos de manera ilegal no solo a Agua Zarca, sino a otras concesiones hidroeléctricas, entre ellas Aurora 2. El funcionario enfrenta un juicio; las empresas no están siendo investigadas por beneficiarse de la corrupción.

El informe del FMO coincide con muchas de las observaciones de Ramón Rivera sobre las posibilidades de desarrollo que el proyecto abre para las comunidades de la zona.

Rivera se ofrece a guiarnos hasta la represa por decenas de kilómetros de calle rural que DESA abrió para llegar hasta el Gualcarque. Vamos en un vehículo doble tracción hacia el lugar donde la empresa inició el desvío del río; hacemos paradas en el camino para subir a algunos campesinos que van de un caserío a otro. Todos saludan a Rivera con estima y se quejan del COPINH. Dicen que la organización de Berta Cáceres les ha quitado el trabajo; los acusan de ser violentos. Los responsabilizan de que ahora la calle esté en mal estado; de que no tengan más los servicios de DESA para sacar a los enfermos hasta una clínica en caso de emergencia. Acusan al COPINH, en resumidas cuentas, de condenarlos al subdesarrollo. De dividir a la comunidad. De negarles la posibilidad de optar a una vida como la que la mina de El Mochito le brindó a Ramón Rivera.

Paramos allí donde ha iniciado el desvío del río. Las palas de la compañía abrieron un canal y acumularon la tierra extraída en un macizo al centro del cauce original del Gualcarque. Así se divide un río: uno de los brazos seguirá corriendo por su cauce natural mientras el otro será guiado por un nuevo sendero hasta donde la empresa ha decidido construir el embalse, donde el agua se irá acumulando a la espera de que alguien abra las compuertas para dejarla correr entubada, por cinco kilómetros, hasta que desde un montículo y de manera natural aumente la aceleración y caiga en picada, con fuerza, hasta unas turbinas que producirán los 21 megawatts proyectados; y esa agua se volverá a unir con el caudal. Así se ha planificado el desvío del Gualcarque, pero hasta ahora solo está el pequeño macizo de tierra al centro que bifurca el caudal, que se vuelve a unir en su otro extremo porque lo demás no ha podido ser construido.

A pocos metros hay un puente colgante, construido también por DESA, que une a las dos riberas. Al cruzarlo se llega a la comunidad de Valle de Ángeles, en el departamento de Intibucá. Es uno de los cinco caseríos de Río Blanco y el más próximo al Gualcarque. Aquí, justo a la orilla del río, vive Lucila Mejía, una señora a la que los años han dado una voz ronca y contundente. Habla con un don de mando que contrasta con la voz suave de Rivera. “Con el proyecto no tenemos problemas. Nuestros problemas son con los copines. Ellos nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a matar”. Le pregunto cómo y cuándo le han dicho eso. “Directamente no. Pero todo mundo lo sabe. Nos dicen que andemos con cuidado porque los copines nos quieren matar”.

¿Cómo es que un proyecto de energía limpia se convirtió en un conflicto entre comunidades pobres? Lucila apunta el dedo acusador hacia la montaña a sus espaldas, allí donde está el caserío de La Tejera, foco de la resistencia contra la presa. “Ellos están peleando por el río. Pero no es de ellos. Es cierto, es un pleito entre comunidades. Pero ellos pelean por destruir. El río nunca se va a acabar y este proyecto nos trae beneficios. Ya ve usted, dicen que el rico vive del pobre. Pero el pobre también vive del rico. Los copines no quieren que nos den estos beneficios”.

Atrás de ella están dos de sus hijos. Son altos y musculosos. Ambos parecen rondar los 30 años. Uno de ellos cuenta que, hace algunas semanas, los vecinos alertaron que todas las tardes, a tiro de vista de aquí, doscopines se sentaban para registrar los movimientos de estos caseríos. Preocupados por un eventual ataque, uno de los hijos de Lucila decidió ir a confrontarlos. Lucila se quedó angustiada, pensando que podían matarle a su hijo. Él me cuenta la experiencia: “Llegué y no había nadie. Y nunca más volvieron”, me dice él. Le pregunto cómo sabe que alguna vez vinieron. “Eso decían. Pero nunca los vi”. El conflicto en Agua Zarca se ha llenado de fantasmas.

Hay dos elementos que parecen comunes a todos los proyectos de industrias extractivas: la división local de las comunidades a través de promesas de beneficios para quienes estén a favor; y los rumores que se esparcen como bolas de nieve, agravando las divisiones. El conflicto visto desde afuera del bosque parece ser entre corporaciones y comunidades pobres; pero al internarse entre los árboles se parece más a uno de pobres contra pobres.

Víctor Fernández, el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres, cree que lo que ha pasado desde el golpe de Estado es un plan para que los grupos de poder se hagan del control estratégico de los recursos naturales de los hondureños. “Estas empresas, que ofrecen hacer inversión social en las comunidades, están traficando con la dignidad de las personas”.

El reporte de misión del FMO recomienda que sigan los desembolsos al proyecto de Agua Zarca de DESA, porque, concluye, no hay ningún proyecto alternativo de desarrollo para las comunidades que viven alrededor del Gualcarque. En otras palabras, el gobierno hondureño no tiene ningún plan para propiciar el desarrollo de las comunidades más abandonadas, salvo delegarlo en empresas privadas que no tienen un interés social, sino de negocios.

El Estado, dice el mismo reporte, ni siquiera fue capaz de mediar cuando inició el conflicto en la zona. Por el contrario, actuó como históricamente ha actuado: envió soldados y policías. Y allí estalló todo.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas y defensores ambientalistas. Según la organización Global Witness, desde el golpe de Estado, 118 de ellos han sido asesinados. Ninguno tan visible, ninguno tan reconocido, ninguno tan claro, ninguno tan sonoro como el de Berta Cáceres.

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Muchas veces pasó Berta Cáceres por estos senderos de barro que conducen a La Tejera. Muchas pasaron los equipos de DESA que también ampliaron estos caminos; y los ingenieros chinos de Sinohydro que pretendían construir la represa; y los supervisores financieros; y las camionetas con materiales para instalar el campamento de los chinos a la vera del río Gualcarque. Desde entonces ha habido varios muertos. Incluso antes de que los chinos pasaran de regreso con sus cosas y abandonaran el proyecto.

Alan García tenía 16 años, en julio de 2013, cuando se encaminó con otros pobladores hacia el campamento de DESA para protestar contra el proyecto. Iba con su papá, Tomás, un líder local. Al llegar a las puertas del campamento, los manifestantes se toparon con soldados del ejército hondureño que custodiaban a los ingenieros chinos. Las versiones varían, pero no las armas: Entre quienes participaban en la protesta había ancianos, mujeres, niños desarmados; y algunos hombres con machetes. Las únicas armas de fuego a la vista, aquel día, estaban en manos de soldados y vigilantes privados. Uno de los soldados disparó contra Tomás García y lo mató. Alan, viendo cómo su padre caía, se lanzó a ayudarlo. Recibió otros dos balazos que lo dejaron inconsciente. Fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir.

Hoy, con 19 años y huérfano, es un muchacho que habla poco. Es menudo y aparenta tener aún la edad que tenía cuando fue herido. Se levanta la camisa y nos muestra las cicatrices de aquella jornada infausta en que perdió a su padre. Una adelante que ocupa medio torso. Otra atrás… Un cráter en la parte superior de la espalda. “El pleito fue porque ellos se metieron en nuestras tierras. En nuestros frijolares. Metieron tractores. No nos preguntaron nada. No aceptaron ningún diálogo”, dice. “Solo dispararon”.

Horas después de la muerte de Tomás García, un niño llamado Christian Madrid, de 14 años, fue asesinado mientras cultivaba las tierras de su familia. Sus hermanos mayores responsabilizan de su muerte a Berta Cáceres y al COPINH. Dicen saber quién es el asesino: “un compadre de mi papá que andaba con ellos”; y acusan a los ambientalistas de protegerlo. Dos muertes. Suficientes para dividir a una comunidad de tal manera que, aunque mañana mismo se clausurara el proyecto de Agua Zarca, sus diferencias son ya lo suficientemente grandes como para esperar que pronto los pobladores vuelvan a ser una sola comunidad.

“Aquí hemos quedado todos divididos”, dice Juan Bautista Madrid, uno de los hermanos de Christian. “Padres contra hijos, hijos contra padres. Primos contra primos. Aquí nos olvidó el gobierno, nos olvidó la alcaldía. Solo la empresa (DESA) nos trajo la calle y nos puso electricidad. Ellos, los copines , destruyeron el proyecto. Nos han amenazado. Aquí ahora nos matamos entre familias”.

Hay cinco caseríos en Río Blanco. La propiedad de los Madrid queda justo en una parada entre caseríos a la que llaman La Caseta. Algunos kilómetros más arriba se encuentra La Tejera. No avisamos a nadie que vendríamos, pero en cuanto llegamos al páramo que sirve de plaza se nos acercó una señora para decirnos que doña Mercedes nos estaba esperando. Ya sabían que nos habíamos detenido a hablar con la familia Madrid. Cuando entramos a su casa, ya había otras dos mujeres de la comunidad. Cuando salimos eran siete. Convocadas por doña Mercedes “para que ustedes estén bien informados”.

Mercedes Pérez es la líder de La Tejera y la cabeza de una familia matriarcal. Altiva y delgada, con el cabello pintando ya canas, parece la imagen que Lucila, la abuela de Valle de Ángeles, podría encontrar en su espejo si tuviera el cabello blanco. Mercedes habla con la misma firmeza pero desde el otro lado de esa frontera que la presa ha creado entre las comunidades de Río Blanco.

Su casa es la de una mujer pobre que sostiene a una familia grande. Piso de tierra y cocina de leña. En un rincón ha apilado decenas de mazorcas, almacenadas en forma de abanico, que terminan componiendo una figura armoniosa, geométrica, compacta. Hermosa. Encima de las mazorcas hay hierbas olorosas para espantar a los ratones del campo. Enfrente una pequeña hamaca, en la que reposa un bebé de dos años. Tres niños más grandes corren y gritan por la casa. Otro más, un poco más pequeño, nos mira fijo desde la esquina. Una veintiañera lava platos en la pila. Tiene a otro bebé colgando. Todos son nietos de doña Mercedes. Hijos de sus hijos que se los encargaron. Hijos de sus hijas cuyos maridos las abandonaron.

Junto a las mazorcas hay una puerta sin puerta, sino con una cortina, por la cual se entra una pequeña habitación. “Aquí dormía Bertita cuando venía”, dice, con orgullo. “Aquí comía”. A sus espaldas, otro cuarto que sirve de comedor tiene las paredes forradas de afiches con la foto de Berta Cáceres. Entrar a esta casa es saberse en territorio en pie de lucha contra la hidroeléctrica. La abuela Mercedes alza la voz: “¡Yo soy Copinh hasta la muerte! Aquí nunca aceptaremos la presa. ¡Nunca! Son unos sinvergüenzas”.

El origen del pleito, en el que todos coinciden, es muy simple: los tractores de DESA invadieron un frijolar. La gente se molestó con la empresa. Organizaron una protesta y voltearon los tractores. Los militares acudieron a proteger a los chinos. La protesta llegó hasta la entrada del campamento y el Estado utilizó a su brazo armado. Para defender a la empresa. Sonó el disparo que terminó con la vida de Tomás García y los dos siguientes, que hirieron gravemente a su hijo Alan. Alguien mató más tarde a Christian Madrid. Y la bolita fue creciendo. Después hubo otros muertos. Uno de paludismo. Otro asesinado en una borrachera. Una joven murió en un accidente automovilístico. Cada parte de la comunidad ha encontrado la manera de culpar a la otra por cada una de estas muertes.

Le pregunto a Mercedes Pérez por los muertos. Comienzo por Christian Madrid. “Mire, su mamá es mi comadre. Hoy ya no nos hablamos. Ese muchacho no murió por nada. Su familia es la que le vendió las tierras a la presa”. La presiono un poco más y termina responsabilizando a DESA también de esa muerte: “Lo mataron para echarle la culpa al Copinh”. Entonces habla de los otros muertos. El asesinato del borracho le parece sospechoso, porque el asesino actuó con premeditación: “lo llevó a tomar para matarlo”, dice. La joven que murió en un accidente de tránsito, murió intentando llegar hasta donde los tractores estaban invadiendo el frijolar. Si la presa no estuviera en construcción, si los tractores no se hubieran metido en el frijolar, si la comunidad no tuviera este problema… la joven estaría viva. Así que esa muerte también debe agregarse a la lista de víctimas de la represa. Y así. Y cada muerte que menciona le cierra un poco los ojos y le endurece la quijada. Con rencor.

En lo único en lo que parece estar de acuerdo con su comadre, la mamá de Christian Madrid, es en que será muy difícil reconciliar a esta comunidad. Es la misma experiencia en todas las comunidades divididas por estos proyectos, particularmente donde ya hay muertos. Pobres contra pobres. Lencas contra lencas.

Sentado en su oficina de La Esperanza, a pocas cuadras de la casa donde Berta Cáceres fue asesinada, el coordinador interino de Copinh Tomás Gómez Membreño me dirá después: “Estos problemas llegaron con las concesiones de los proyectos. El origen de estos conflictos está en las concesiones, no en las comunidades”.

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La división entre comunidades, hasta ahora, es menor en La Paz. Ni hay muertos entre los que estaban a favor de las Auroras ni hay mucho desarrollo ni oportunidades que defender. La mayor oposición comunitaria a las organizaciones indígenas proviene de aquellos que se benefician del clientelismo político. Alcaldes, representantes patronales, empleados del Partido Nacional en la zona. Y es a través de ellos que el gobierno impulsa su plan.

En Simpinula hay postes de cemento, de esos que sostienen los cables eléctricos. Pero no hay cables. No hay electricidad. Solo postes de cemento. Es un paisaje absurdo en medio de las montañas. El gobierno prometió a los simpinulenses conectarlos a la red eléctrica justo cuando comenzaron los proyectos de las Auroras, pero la comunidad se negó a que se llevara a cabo un catastro para delimitar las propiedades de la comunidad. Sin catastro, les dijeron, no hay electricidad.

No hay electricidad. Los simpinulenses se amparan en el derecho comunal ancestral de los lencas, por el que las tierras de la comunidad son propiedad comunal, no individual, para oponerse al catastro. Esa es parte de su resistencia a las concesiones; su manera de amarrarse al mástil para resistir a los cantos de sirena: Si la comunidad es la dueña de todo, ninguna empresa podrá tentar a un campesino para comprarle las tierras en las que desarrollará los proyectos concesionados. Pero es solo una parte de su resistencia. Negarse al catastro es también reafirmar el carácter indígena de la comunidad.

Las organizaciones indígenas hondureñas, que representan también a las otras etnias (pech, tawaka, misquito, tolupán, garífuna, chortí…), saben que Honduras es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio prevé derechos especiales para las comunidades indígenas y aborígenes, siempre y cuando sus condiciones sociales, económicas y culturales las distingan “de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones…”. Por ejemplo: propiedad comunal de la tierra y un cerro sagrado para sus propias ceremonias, como el que acaban de proclamar en Simpinula.

El Convenio les otorga además el derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres sociales, sus creencias, su bienestar espiritual o sus tierras. Y obliga a los estados signatarios a respetar y proteger sus organizaciones sociales y su forma de vida. Pero uno de los requisitos más importantes, desde luego, es que los indígenas se asuman como indígenas. Por eso es tan trascendente el esfuerzo que están haciendo por recuperar su identidad. Y llevan muchos años en ello.

Berta Cáceres y el Copinh cimentaron buena parte de su estrategia en el 169 y lograron mediante él presionar al gobierno a que cumpliera sus compromisos internacionales. En julio de 2011, Cáceres firmó un convenio con el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el que este se comprometía a no autorizar ninguna concesión sin “una consulta previa, libre e informada”, para lo cual se redactaría un reglamento en coordinación con el Copinh. Además, el gobierno de Lobo reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal.

El convenio tenía dos problemas: que la mayoría de concesiones ya habían sido otorgadas y que el gobierno de Lobo ya iba de salida. Con la llegada de Juan Orlando Hernández, el acuerdo fue engavetado. No hay ningún reglamento. En cambio, la presidencia de Hernández promovió internacionalmente una política de concesiones sin precedentes, que incluyen la creación de “ciudades modelo” en las que las corporaciones extranjeras ganen licitaciones podrán trabajar con ventajas arancelarias en grandes zonas geográficas, con legislación diferente, que en la práctica serán administradas de manera privada. La primera ciudad modelo será inaugurada a finales de este año.

Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEPRODEH y uno de los principales promotores del 169 como herramienta de resistencia, visita frecuentemente la zona de La Paz y reúne a decenas de indígenas para informarles sobre el tratado de la OIT y escuchar sus inquietudes y su situación.

Cuando lo conocí, hacía una presentación a unos 40 indígenas de la zona de Marcala, en la sede local de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Su lenguaje era claro: “quieren forzarnos a la emigración para que les dejemos nuestros ríos y nuestras montañas y nuestros minerales. Quieren que nos sintamos avergonzados de ser indígenas. ¡Pero somos indígenas! Preguntemos a nuestros abuelos. Que nos cuenten nuestras historias. No veamos a los pies a nadie, nunca más. Tenemos muchas historias; y muchos muertos”.

Uno de los asistentes preguntó cómo podían evitar el avance corporativo sobre sus tierras. Donald Hernández, antes de explicar el 169, respondió: “¡Rescatemos nuestra cultura! Nos dicen robatierras pero no estamos robando nada. Nosotros re-cu-pe-ra-mos tierras. Siempre fueron nuestras. Tierras indígenas comunales. Que un alcalde se las haya titulado a un extranjero no las hace de ese extranjero. Son nuestras.” Entonces les habló del convenio de la OIT.

En la reunión estaba también Margarita Posada, cofundadora de Copinh y una activista local muy respetada, quien fuera cercana a Berta Cáceres. Ha dado seguimiento al proceso de construcción de las Auroras y tiene un archivo del que echa mano para explicar las irregularidades en la concesión de los permisos. Le pregunto cuál es el problema con que se produzca energía limpia, a partir del agua de un río. “Con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en vez de consultarnos, en vez de darnos facilidades para que las comunidades mismas produzcamos nuestra energía limpia, los organismos financieros internacionales le dan dinero a empresas privadas que no lo necesitan para que sean ellos los que se lucren de nuestros ríos. Los que los controlen. Los que los destruyan. Ese es el problema. Somos nosotros, las comunidades, las que debemos decidir en qué ríos queremos hacer estos proyectos y cómo los vamos a administrar, de tal manera que nos permitan producir nuestra propia energía en vez de pagarles a estas empresas por controlar nuestros ríos”.

Intenté hablar con Arnold Castro, el propietario de Aurora y esposo de la vicepresidenta del Congreso, pero me canceló a última hora dos reuniones pactadas en la ciudad de Marcala y después alegó estar en reuniones de negocios para no atenderme por teléfono, a pesar de mis insistencias durante más de un mes. Quería preguntarle cómo ha afectado a su empresa el asesinato de Berta Cáceres; cuestionar las alegaciones de irregularidades en la obtención de sus contratos con el Estado; quería que me explicara por qué una empresa de la familia de Gladis Aurora López no ha sido multada ni castigada por no cumplir con la ley. Por qué no respetó el caudal ecológico. Cómo ha beneficiado a las comunidades.

Intenté hablar también con el ministro de Recursos Naturales, José Galdámez, pero me advirtió que lo que lo que yo quería abordar es “muy sensible”. Me ofreció hablarlo en su oficina, después de recibir una solicitud formal de entrevista que incluyera las preguntas que le quería formular. He turnado ya la solicitud. Aún no he recibido respuesta.

En el cerro de Simpinula, el lenca Felipe Benítez lee el acta firmada por todos los representantes de comunidades presentes en el guancasco. En ella, los lencas de la zona se declaran en alerta permanente frente a las “amenazas como las leyes que violentan nuestros derechos indígenas”. Amparados en el convenio 169 de la OIT, “damos el mandato de seguir con el proceso de defensa y organización de los pueblos lencas…”.

Al final de la ceremonia, me siento con Felipe Benítez bajo un árbol, en la cima del cerro que acaba de oficializar como centro ceremonial. ¿Cuántos cerros ceremoniales tienen los lencas? Este, responde, es el primero. Por primera vez se le llenan los ojos de lágrimas cuando le pregunto por Berta Cáceres y qué cambia tras su asesinato. “Es difícil”, me dice. “Estábamos por hacer grandes cosas”. Me pregunta qué me parece la ceremonia de hoy. Le digo que es un hermoso intento de rescate de sus tradiciones, cuyo objetivo es político, no cultural. Benítez me mira de lado y vuelve a sonreir. “Ya le entendió”. Toma un poco de carne con yuca, que han preparado las mujeres del pueblo, y come con gusto. “Pero en el camino vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido durante siglos”. Miro al cielo. Las nubes se han ido. Hoy no llovió.

Dos meses de investigaciones después, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía General de la República cree que Miguel Ángel Deras Martínez, de 22 años, es un marero que pasó la mañana del 3 de marzo de 2016 en el caserío Las Flores, del cantón Agua Escondida, municipio de San Juan Opico. Aquel día y en aquel lugar, dice la solicitud de imposición de medidas, una clica del Barrio 18-Revolucionarios asesinó a 11 salvadoreños: ocho empleados de una distribuidora de energía eléctrica y tres jornaleros. Los asesinaron con crueldad extrema y grabaron partes de la matanza con celular, para regocijo de las redes sociales de la sociedad más violenta del mundo.

Dos meses de investigaciones después, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil creen que Miguel es un terrorista que participó en la masacre de Opico. Pero hay otra versión que dinamita la versión oficial, que señala que han detenido al joven equivocado, y que ubica a Miguel aquella mañana del 3 de marzo en el mercado Central de San Salvador, comprando conchas, pancitos y camaroncillo.

La Fiscalía acusó ya formalmente a Miguel y a otros ocho adultos de ser miembros de la clica Vatos Locos Primaveras. “Todos son autores directos y realizaron funciones propias para privar de libertad a las víctimas y quitarles la vida”, dice José Ernesto Castaneda Guevara, el fiscal que lleva el caso.

“Sinceramente… me duele lo que le han montado a mi hijo, porque ese día él estaba por San Salvador, a comprar conchas para la coctelería que administra”, dice Miguel Ángel Deras padre, veterano empleado de la alcaldía de Quezaltepeque, de la que llegó a ser administrador de mercados durante la gestión del Manuel ‘Chino’ Flores, hoy diputado por el FMLN.

Al igual que el padre, docenas de amigos, vecinos, familiares y conocidos creen que fiscales y mandamases policiales se equivocan cuando aseguran que Miguel pasó la mañana del 3 de marzo en Opico. Dicen que Miguel ni siquiera es pandillero.

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La de Opico quizá sea la masacre atribuida a las maras que más impacto ha generado en la sociedad salvadoreña desde la quema del microbús en Mejicanos, en junio de 2010. A la brutalidad de la cifra, 11 trabajadores salvadoreños asesinados con corvos, pistolas y armas largas, se sumó que a mediados de abril se filtró un vídeo grabado por uno de los pandilleros que perpetraron la matanza, en el que se aprecia cómo machetean la nuca de uno de los empleados, tirado contra el suelo con las manos amarradas a la espalda.

Desde el inicio, el gobierno –embarcado como está en una guerra abierta contra las pandillas– quiso mostrar firmeza y efectividad. En las horas posteriores a la masacre, desplegó a cientos de policías y soldados en la zona, que se tradujeron en más de 80 detenciones.

El 7 de marzo, en una conferencia de prensa del gabinete de Seguridad encabezada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se informó que el caso estaba en vías de resolución. “Son 82 capturados que pertenecen a grupos de pandillas de la MS-13 (Mara Salvatrucha)”, dijo Sánchez Cerén, apenas unos minutos antes de que el director de la PNC, Howard Cotto, detallara la desarticulación de cuatro clicas de la referida pandilla y dijera incluso que habían determinado que las órdenes para cometer la matanza procedían de los penales de Ciudad Barrios y del Sector 2 de Izalco, donde el Estado recluye solo a emeeses.

En esta imagen descargada de la cuenta Facebook, Miguel y tres amigos asisten el 18 de mayo de 2013 al Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, para ver el partido de vuelta de la semifinal entre Juventud Independiente y FAS, el equipo del que Miguel era fanático.

Sin embargo, apenas un día después, la Fiscalía desdeñó las pesquisas de la PNC, y anunció que no presentaría cargos relacionados con la masacre contra ninguno de los detenidos.

A partir de entonces, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía tomó las riendas de la investigación que, dos meses después, cuajó en órdenes de detención contra cuatro menores de edad y nueve adultos, supuestos integrantes de una clica de la pandilla 18-Revolucionarios con base en el municipio aledaño de Quezaltepeque.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía, que cuadra con el testimonio de un vocero de las pandillas al que ha tenido acceso un periodista de la Sala Negra de El Faro, el grupo de dieciocheros se desplazó armado con fusiles, escopetas y pistolas a Opico, a un sector controlado por la Mara Salvatrucha, para hacer unapegada, para matar a enemigos. Al no hallar a ninguno, cometieron la masacre con la idea de calentar la zona, para que el Estado se desquitara contra los emeeses.

“Tenemos una gama de prueba documental, pericial y testimonial”, dice el fiscal Castaneda Guevara. “Tenemos testigos presenciales que nos aportan elementos que contribuyen a establecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y el nivel de participación de cada uno de los procesados en el mismo”, dice. “Contamos con un vídeo”, dice.

En otras palabras, la Fiscalía ha negociado con un exintegrante de la clica presente en la matanza, lo ha bautizado con el sobrenombre de Islámico, y le ha ofrecido criterio de oportunidad, que no es más que beneficios a cambio de poner el dedo a sus homeboys.

En este contexto es que la Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado.

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Miguel cumplió 22 años en abril. Cuando uno navega en su página de Facebook, lo que halla son continuas referencias a su novia, a su familia, a sus amistades y a los dos equipos de fútbol de su preferencia: el Club Deportivo FAS y el Fútbol Club Barcelona. Es un joven en apariencia enamoradizo, risueño y apegado a los suyos. Sus últimos dos mensajes los dedica uno a su novia (“Un año 3 meses mi amor atu lado te amo mi vida eres lo máximo”, el 14 de mayo), y el otro a su madre (“Feliz día de la madre le doy gracias ah Dios por permitirme tenerte ami lado un año más te amo mama”, el 10 de mayo). El joven que se ve en las fotos viste zocado, camisolas sport o camisas abotonadas, tenis discretos, todo en las antípodas del look atribuido a las pandillas. “Mi hijo no está tatuado ni usa aritos… nada”, dice Ana Lilian Martínez, la madre. En una pared de la habitación en la que vive, en casa de sus padres, Miguel pintó en letras grandes y rojas ‘Guns N’Roses’, el nombre de la banda metalera estadounidense, alejada de los gustos musicales que se presuponen a los mareros.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos.

En la investigación lo han bautizado con la taka Slipy, Miguel Ángel Deras Martínez (a) Slipy de la Santa María, y dicen que disparó en la nuca a una de las víctimas con una 9 mm de fabricación checa. “Pero Miguel le decimos nosotros; Miguel o Miguelito, eso de Slipy se lo han inventado”, dice uno de los amigos, que pide no ser identificado por miedo. “Nosotros somos el círculo de amigos y le decimos Miguel”, apuntala. Otros cinco amigos presentes asienten. A pesar de que a Miguel le tocó ser joven en Quezaltepeque, quizá el municipio salvadoreño más estigmatizado por la violencia, no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Ni él ni nadie de su círculo familiar cercano.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

La familia de Miguel es una familia integrada por padre, madre y tres hermanas mayores. Son clase media y viven en una casa grande ubicada en la Lotificación Antonieta, donde no hay una presencia activa de pandillas. Ana Lilian tiene un puesto en el mercado de Quezaltepeque. Miguel Ángel Deras padre trabaja para la alcaldía desde hace 27 años, salvo el trienio 2012-2015, cuando Arena llegó al poder y lo despidió por ser uno de los cargos de confianza del hoy diputado efemelenista Manuel ‘Chino’ Flores. “El Chino es gran amigo mío; de niños, sus hijos y Miguelito jugaban juntos en el mismo equipo de fútbol”, dice el padre. Miguel se graduó en 2012 de bachiller general en el Instituto Nacional Juan Pablo II, en Nejapa, y el despido de su padre lo desanimó de ir a la universidad. En 2015, Miguel Ángel Deras padre se reintegró en la planilla de la municipalidad, amparado por una sentencia judicial. Con el dinero de la indemnización por la improcedencia del despido, alquilaron un localito en el centro de Quezaltepeque y abrieron una coctelería, que tiene los cócteles de conchas y de camaroncillo como principal reclamo de su menú. El negocio lo administran Miguel y Alberto Domínguez.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

En un municipio como Quezaltepeque, en el que las fronteras de los sectores controlados por la Mara Salvatrucha o el Barrio 18 están muy delimitados, Miguel se mueve con relativa libertad. Vive en la Antonieta, rodeado de canchasfirmes de la 18; lleva a su sobrina al Colegio Adventista, en la otra punta de la ciudad, cerca del redondel de la fábrica Corinca; el puesto de su madre, que visita con frecuencia, está en un sector del mercado bajo influencia de la Mara Salvatrucha; la coctelería, a tres cuadras del parque Central. Viaja seguido a la capital, a Santa Ana para ver al FAS, incluso hace escapadas con sus amigos a la playa El Tunco, en La Libertad. No parece el tren de vida de un mareroactivo.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Un veintena de personas juran y perjuran que la mañana del jueves 3 de marzo, día de la masacre de Opico, Miguel hizo lo mismo que el 2 y el 4 de marzo, su rutina desde que comenzó a administrar la coctelería a mediados de 2015. Mañaneó, fue a dejar en mototaxi a su sobrina al Colegio Adventista, incluso se tomó una foto con ella que subió a su Facebook a las 7:22 a. m., se reunió con su padre para que le diera 30 dólares, se fue en Coaster con una mochila alpina al sector de mariscos del mercado Central de San Salvador, donde compró 150 conchas a nueve dólares el ciento, dos dólares de pancitos duros y el resto en camaroncillo fresco. Regresó tipo 10 y media para abrir la coctelería y se puso a jugar maquinitas; en esas estaba cuando llegó su socio Alberto Domínguez, quien también respalda con su testimonio la versión.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero, de que su taka es el Slipy de la Santa María, y de que es un asesino desalmado.

Habitación en la que vive Miguel Ángel Deras, en la que no se aprecia la más mínima referencia que implique la pertenencia al Barrio 18 que la Fiscalía atribuye a Miguel Ángel Martínez. Guns N’ Roses es un reconocido grupo metalero estadounidense, en las antípodas de la música rap y hip-hop con la que más se identifica el fenómeno de las pandillas. Foto Roberto Valencia.

A Miguel lo detienen unos minutos antes del mediodía del martes 17 de mayo, en su día libre. A las 10:52 a. m. había escrito su último mensaje de Whatsapp a su novia, Jackeline Jiménez: “Okizz mi amor aver si no viene cansada”. Un pick up nuevo y blanco, sin ningún tipo de distintivos, llegó con seis militares y dos policías. Él les abrió y se lo llevaron a la subdelegación policial de Quezaltepeque, y de ahí, ya en la tarde-noche, a las bartolinas de Lourdes, en Colón, que por su tamaño y hacinamiento ya se conocen con el sobrenombre del Penalito. Esa detención se tradujo en dos procesos judiciales distintos: el primero, por agrupaciones ilícitas –nombre legal que recibe la pertenencia a una mara u otra agrupación de naturaleza criminal–, con un requerimiento fiscal tan débil que incluso mentía al aseverar que Miguel fue detenido a las 7 de la noche en la colonia Primavera, y sobre el que el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque concluyó, el lunes 23 de mayo, que ni siquiera ameritaba la detención provisional; el segundo proceso es el de la masacre de Opico, por el que el fiscal Castaneda Guevara pide no menos de 344 años de cárcel para Miguel, e igual número para los otros ocho involucrados.

Porque la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

***

Mediodía del lunes 23 de mayo de 2016. Miguel sale de la pequeña sala que acoge el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque. Lleva la camisola y los chores blancos que la PNC entrega ahora a los detenidos relacionados con pandillas. Una juez acaba de decirle que el caso con el que la Fiscalía pretendía que él y otros cinco jóvenes fueran privados de libertad por agrupaciones ilícitas no tiene sustancia suficiente. Miguel luce somnoliento y huele a bartolina, pero acepta platicar.

—En realidad… no sé qué hago aquí, porque yo no tengo ningún vínculo con pandillas –dice.
—Alguien ha tenido que decir que formas parte de la clica.
—Pero no tengo ni la menor idea. Adentro he hablado con los bichos, y ellos mismos me han dicho que ni saben por qué yo estoy aquí. Uno me dijo: “Sí se pelaron con vos…”

En la solicitud de imposición de medidas de la Fiscalía identificada como 64-UDHO-LL-16, la referida a la masacre de Opico, el testigo criteriado Islámico identifica con precisión al Slipy de la Santa María como uno de los jóvenes que participó en la matanza, con un rol destacado. En la página 17 lo describe: “De 18 años de edad aproximadamente, de complexión física delgada, piel negra, cabello negro, de un metro con sesenta centímetros de estatura aproximadamente, residente en colonia Santa María, Quezaltepeque, no le ha visto tatuajes y es soldado o gato de la cancha de la Santa María”. Miguel tiene 22 años, es chele y vive en la lotificación Antonieta, casi en la otra punta de la ciudad.

—Yo no soy pandillero y no tengo… o sea, enemigos, o sea… yo no tengo enemigos –dice Miguel.
—¿Cómo explicas lo que te está pasando?
—No le he hallado… porque yo jamás me he metido en problemas. Ni sé por qué me tienen vinculado.

Al salir del juzgado, un hombre llamado Carlos González se acerca al periodista, se identifica como amigo de Miguel y pregunta por él. Con el celular muestra un par de fotos de hace varios años en las que se ve a ambos. A Carlos todos le dicen Charly, tiene una parte del pelo teñido de rubio, viste colorido y vive de su puesto en el mercado de Quezaltepeque, donde arregla ropa. Es homosexual y lo lleva con orgullo.

En el submundo de las pandillas, la homosexualidad –el culerismo, dicen– está vista como una de las desviaciones intolerables en un homie, razón más que suficiente para ser asesinado. Miguel y Charly son amigos desde hace años.

Pero el fiscal Castaneda Guevara está convencido de que Miguel es pandillero.

“Me llamo Ulises Geovani Rodríguez Silva. 27 años. Me dedico a la zapatería, enderezado y pintura. Estoy acompañado con Roxana Abigail González. No tengo hijos. Soy de Santa Ana. Estaba viviendo en el pasaje San Carlos del Bulevar de Los Héroes de San Salvador. Estudié hasta octavo grado”.

Ulises es un muchacho seco y chele, con tatuajes que cubren gran parte de su brazo izquierdo. Roxana está a su lado, callada, cabizbaja, morena, manos atrapadas entre las piernas, 21 años, de un cantón de Chalatenango, ama de casa, con estudios hasta noveno grado. Una muchacha bajita regordeta que no sabe el nombre de su papá. Cuando se lo preguntan, calla y niega con la cabeza. Ambos están esposados y sentados a la par de su abogado defensor en la sala 2A del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, donde el juez tercero de sentencia de la capital dicta sus sentencias.

“Sí, deseo declarar”.

Ulises ha dicho eso a pesar de que el juez le acaba de explicar que no está obligado a declarar, que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que hoy, 7 de marzo de 2016, está en esta sala para escuchar las pruebas y a los testigos, y también para escuchar a su defensor poner a prueba esas pruebas. El abogado es un abogado público, un hombre con poco tiempo para cada caso. Hay defensores públicos que tienen hasta 60 audiencias cada mes. Un homicidio, cuatro homicidios, 15 homicidios, una violación, cuatro violaciones, diez violaciones, 20 robos, cinco secuestros… 60 audiencias, 30 días. Hasta el momento, el defensor público de Ulises y Roxana solo ha pedido que le permitan que sus defendidos se sienten a su lado. Ulises y Roxana habían sido sentados atrás, como si fueran público de su propio juicio. Luego, el abogado dijo que se acababa de enterar de que su defendido quería declarar y que por tanto ya no tenía sentido defenderlo. “Usted tiene que orientarlo”, replicó el juez. El defensor, revoloteando unos papeles, dijo: “Eeeh… Todo va orientado a la inocencia de mi defendido… Hay sucesos que se dieron ahí… Con eso y otras cosas más trataríamos de contradecir a la Fiscalía”. ¿Qué es “Eso”? ¿Qué “Otras cosas más”? Tras cuatro meses asistiendo a juicios de homicidio en este país he entendido que en muchas ocasiones se dice por decir, se retuerce para aparentar. Donde la honestidad obligaría a decir “señor juez, no tengo ni idea de quién es este señor, pido tiempo para enterarme”, se dicen, por decir algo, palabras como “señoría… defendido… sucesos… acaecidos… contradecir… Fiscalía”. O sea, nada. Dicho lo que dijo el juez, Dicho lo que dijo –o sea, nada- el defensor, le tocó el turno de decir al acusado Ulises.

“En primer lugar, quiero reconocer de que he estado recluido algún tiempo. Estando detenido he leído la biblia. Estudiando la biblia los meses que estuve detenido logré comprender la justicia terrenal y la divina. Mi compañera de vida, al lado mío, ha sido encarcelada por algo que no tiene nada que ver”.

Ambos están acusados de haber matado a un hombre el 12 de mayo de 2015 adentro de una casa de la urbanización San Jorge, a eso de las 10 de la noche, a unos metros del Bulevar de los Héroes, de los restaurantes de comida rápida y el campo de atracciones “El Mundo Feliz”.

“La situación del homicidio, sí lo cometí. Sí cometí ese delito de homicidio por cuestiones personales con el señor Armando Peña Tobar”.

La teoría expuesta por la Fiscalía afirma que Ulises regresó con unos tragos adentro, entró a la casa donde alquilaba un cuarto, apuñaló decenas de veces a su casero de 64 años, con la ayuda de Roxana. La teoría fiscal dice que Marte II, que es un testigo protegido, escuchó el siguiente grito: “te voy a matar, te voy a sacar un ojo”, y entonces se asomó. Esta versión propone que Marte II combatió con Ulises, le quitó el cuchillo, y que Ulises le dijo a su mujer que le alcanzara la .3280 (sic), que ella le alcanzó un bulto pequeño, y que él la empuñó como una pistola y le advirtió a Marte II que o abría la puerta o moría ahí mismo a la par de Armando. Que la pareja, antes de dejar la casa ensangrentada, tomó un televisor plasma de Armando y huyó. La teoría de la fiscalía dice que Marte II avisó a los vigilantes privados que custodiaban ese pedazo de ciudad, y que por suerte una patrulla policial del 911 pasó. La versión consigna que entonces la patrulla aceleró y logró encontrar a Ulises y a Roxana caminando desorientados en el parqueo del restaurante de hamburguesas Wendy’s. La investigación fiscal asegura que ante su inminente captura, Armando y Roxana se rinden. Son capturados como manda la ley y trasladados a diferentes centros de detención.

“Tengo una situación, una enfermedad siquiátrica. Acá está la receta del Hospital Siquiátrico donde me llevan mes a mes para comprar mi tratamiento diario”.

El papel lo saca Ulises. El abogado defensor ve a su defendido como quien ve a alguien realizar un truco de magia.

“Esos meses –alrededor del homicidio- no la pude ir a traer por la situación de que yo soy un ex pandillero. Tengo ocho años de haber dejado la pandilla a la cual pertenecí. El Hospital Siquiátrico está en medio de ambas pandillas. Entonces, no podía poner en riesgo mi vida, no estuve tomando mi tratamiento siquiátrico”.

Para llegar al Siquiátrico es necesario ir a Soyapango. En Soyapango, durante 2015, la tasa de homicidios fue de 81 por cada 100,000 habitantes. Fue una tasa brutal que superó incluso a la tasa del segundo país más violento de la región, Honduras. Sin embargo, la mortal tasa de Soyapango fue mérito en un país como este, que cerró el año con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado en este paisito que cabe unas cuatro veces en el paisito de Guatemala. Para llegar al Siquiátrico hay que internarse en la calle La Fuente, a la altura de Unicentro. Hacia adentro empieza una de las concentraciones de colonias más emblemáticas por el control que las pandillas ejercen sobre ellas. Es un nudo de concreto armado sin esmero que se reparte la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 Sureños. Bosques del Río y San José, bastiones de la 18; Guayacán, Montes, Monte Blanco, El Pepeto, bastiones de la MS. En la calle La Fuente suele ocurrir que pandilleros de ambas organizaciones suben a los buses que pasan por sus colonias, bajen a los jóvenes y les piden el documento de identidad para saber si viven en su zona o en la otra. De esa dirección y del interrogatorio dependerá la severidad de la golpiza o, incluso, la vida. Un joven en camisa polo con el logo de su empresa, pantalón de vestir, zapatos lustrados y pelo engominado corre riesgo de ser revisado, desnudado, interrogado en la calle La Fuente. Un joven como Ulises, tatuado de los brazos, enemigo de la MS y retirado del Barrio 18, es un hombre muerto caminando en la calle La Fuente.

“Mi enfermedad es la esquizofrenia paranoide”.

Sin mucho esfuerzo, esto dice en la web la Medciclopedia sobre esa enfermedad: “forma de esquizofrenia caracterizada por una preocupación persistente, con delirios ilógicos, absurdos y cambiantes, habitualmente de naturaleza persecutoria, de grandeza o de celos, acompañados de alucinaciones”.

“Quiero dar detalles, porque cuando ocurrió, mi compañera de vida estaba dormida. Lo que dijo el criteriado, en parte tiene razón y en parte está mintiendo”.

El criteriado es el testigo Marte II. Todos en la sala sabemos quién es Marte II. “Vivía en el cuarto contiguo a nosotros”, dirá Ulises. Tres jueces me aseguraron que las medidas ordinarias –distorsionar tu voz como la de un ratón o de ultratumba, ponerte un camisón negro y una capucha, permitirte declarar tras un biombo y darte un nombre clave- no protegen a nadie en casi ningún caso. El asesino sabe quién lo delató. El secuestrador lo sabe. El violador lo sabe. Los tres jueces coinciden en que la medida es solo una manera de darle seguridad al testigo, de que no vea al victimario y se sienta más confiado al hablar. En otras palabras, las medidas ordinarias son un mecanismo de engaño para los testigos que se atreven a acusar. Son pequeños detalles que llevan al testigo a pensar que todo está bien porque su voz se hace cavernosa en la sala; que no hay problema, porque viste, en negro, un modelito como los del Ku Klux Klan; que el biombo es un sólido escudo entre él y el asesino. Un fiscal de homicidios, cuyo trabajo depende de esos encapuchados, lo definió así: “ser testigo en este país es joderse la vida”.

“Los hechos sí sucedieron, su señoría, me hago cargo del homicidio, porque maté. Nunca existió la posibilidad de quererle robar, en el departamento él tenía una laptop, las llaves de un vehículo. Mi intención nunca fue robarle, pero sí lo maté, por la situación de que hubo roces. Tengo esquizofrenia, soy muy impulsivo, veo cosas que no existen. No recuerdo ni qué me dijo, solo que me insultó. Yo abrí la puerta y encuentro a Roxana Abigail dormida. Ella tiene un plasma encendido, que es el plasma que dicen que me robé. Yo llegué de noche. Yo solo escuchaba los gritos. A mí se me descontrola un poco la mente, como le digo”.

Es sorprendente la quietud de Roxana. No se mueve. No saca las manos de entre las piernas. Es sorprendente, sobretodo, por lo que sabremos luego.

“Teníamos un problema (con Armando Tobar) con los $200 que se le pagan al mes. Yo tenía 12 días de haberme venido a vivir ahí. Él empezó a decirme… Él quería que yo pagara más por la utilización de la red. (La red) era de un cuarto aledaño. Le dije que dejara de molestar, que yo tenía problemas siquiátricos. Ella se quedaba siempre dormida con sus auriculares, oyendo música. Volví a salir, le dije que no hiciera bulla, que ella estaba dormida. Pero ahí yo ya salí con el cuchillo en la mano. Le dije que por favor se callara, que mejor le iba a desocupar el cuarto. Uno también es celoso. Le dije que no hiciera bulla, que mañana íbamos a platicar. ‘¿O sea que me querés amenazar? No te tengo miedo’. Y empezaron los insultos. Viendo el desafío, uno de hombre y con mi tratamiento siquiátrico, empecé a atacarlo con el cuchillo. Quiso quitármelo. En ese momento yo sabía que era él o yo. De ahí los arañazos que tengo en el cuello. Forcejeamos y empecé a apuñalarlo. ¿Cuántas veces? No sé, porque ya uno airado… Lo apuñalé muchas veces. Me manché de sangre por completo, porque estaba vestido con pantalón y camisa manga larga. Mi situación era no dejar de apuñalarlo, porque él me tenía abrazado y no me soltaba, y como era algo fornido… Hasta que ya me soltó fue que cayó al suelo”.

El testigo Marte II asegura que él salió al escuchar los gritos, que vio el cuerpo ensangrentado y muerto de Armando y que vio el cuerpo de Ulises untado con la sangre de Armando. Marte II asegura que él también forcejeó con Ulises, pero que en su caso, él ganó y pudo quitarle el cuchillo. Marte II asegura que al vencer a Ulises, lo dejó ir y luego pidió auxilio al vigilante y a la Policía.

“Cuando salió el criteriado, me dijo: ‘ey, ¿qué estás haciendo?’ No hallé qué responder, solo le dije: ‘ándate, no te quiero matar, vos no me has hecho nada, no te quiero matar’. Él me dijo: ‘entregame el cuchillo’. Yo se lo he entregado con mis propias manos, nunca ha forcejeado conmigo. El criteriado dice que yo lo quise amenazar. Es raro, cuando don Armando era una persona fornida, el criteriado es delgado y ya de avanzada edad. Me hubiera sido más fácil matar al criteriado que a alguien ya… Por decirlo así, más fuerte. Yo le he dado el cuchillo. Él me dijo que me salga, yo le dije que no, que mi compañera estaba dormida en el cuarto… Nunca amenacé al testigo. No le quité la vida porque no me había hecho nada. Mencionan una .3280. Ese calibre nunca ha existido en calibre de arma. Sí existe la .3220 y la .380. Armas no han encontrado. Es otra de las mentiras del criteriado”.

Efectivamente, la .3280 no existe. Hay revólveres .3220 –mejor conocidos como .32-, y definitivamente hay .380. En El Salvador, el país más homicida del planeta, se registran 11,000 armas de fuego cada año, desde 2010. O sea, cada día unas 30 nuevas armas andan en manos de los salvadoreños en las calles de este país de 6.5 millones de personas. Ninguna de esas armas, obviamente, es una .3280.

“Ella no ha escuchado nada, porque sigue acostada en la cama. He entrado al cuarto a despertarla, la he movido, ahí es donde la he manchado de sangre. Ella se despertó asustada. Me preguntó que qué pasaba. Le dije que no preguntara, porque no le iba a contestar… O sea, que ella ahorita se está dando cuenta que sí, yo maté al individuo. Hasta la fecha, nunca se lo había confesado a ella. Necesitaba de valor y de conocer la palabra de dios. Si yo mintiese, del juicio de dios no me puedo escapar. Por temor a dios es que yo he venido a declararme culpable y pedirle que puedan absolver a mi compañera de vida, porque yo manché de sangre el vestido de ella”.

Roxana, la muchacha de un cantón de Chalatenango, a sus 21 años, ha pasado casi un año de su vida encarcelada sin entender por qué. Quizá intuyó que aquella sangre su pareja se la sacó al hombre en el suelo, pero nadie le había explicado por qué ella estaba presa, qué tenía ella que ver con aquel homicidio. Ella ha pasado un año encarcelada luego de despertar abruptamente, manchada en sangre. Su tiempo en una prisión como la de Ilopango, con un hacinamiento superior al 400%, terminará hoy, porque su pareja entendió que o hablaba o su mujer iría a la cárcel. La Fiscalía la acusa de homicidio simple. El defensor público parece interesarse tanto por este caso como un caníbal en un plato de verduras. En este sistema de (in) justicia donde solo uno de cada 10 homicidios llega a juicio, Roxana solo tenía una posibilidad de quedar libre: que su homicida novio decidiera confesar.

“Yo sé que voy a ser condenado porque cometí el delito. Yo a ella tenía 12 días de haberla conocido… Nos conocimos y nos quisimos acompañar. El único error de ella fue haber estado a la hora equivocada en el lugar equivocado, y el único delito de ella fue haberse acompañado conmigo, pero ese no es un delito ante la ley”.

La Fiscalía también sostiene que Ulises robó un televisor.

“Yo le dije a ella: ‘han matado a don Armando, no pregunte, vámonos’. Y agarré mi televisor plasma de 32 pulgadas y 40 dólares que ella tenía en una mochilita. (En la oficina de don Armando) había una minilaptop, las llaves de una camioneta…”.

Ulises no será condenado por ningún robo en el tribunal, tras casi un año de investigación. Ulises y Roxana serán condenados como ladrones por los medios de comunicación sin ninguna investigación. “Con la idea de obtener unos ingresos extras, un anciano de 64 años, puso en alquiler tres habitaciones su (bis) residencia ubicada en San Salvador, pero nunca imaginó que su inquilino lo mataría al intentar robarle sus electrodomésticos y sus pertenencias personales”, fue el primer párrafo de Diario 1 publicado luego del juicio. A pesar de que la nota cierra diciendo que Roxana fue absuelta “por falta de pruebas”, le dedican este párrafo: “Sin embargo, la noche del 12 de mayo pasado, Rodríguez Silva, había consumido bebidas alcohólicas en compañía de una mujer que responde al nombre de Abigail Villanueva, de 20 años. Ambos sujetos planearon robar electrodomésticos en la vivienda del adulto mayor, pero según su declaración, no pensaban asesinarlo”.

“Yo he salido a buscar un taxi con tal de que me llevara a Santa Ana, Mi intención era parar un taxi, darle el plasma y que me llevara a Santa Ana. Mi compañera, sin saber lo que pasaba… No sé qué pasó en la mente de ella, yo la levanté con mis manos llenas de sangre. Cuando vi la patrulla, me he tirado al suelo”. El Diario La Página habló en su nota luego del juicio de “la pareja de atacantes” y tituló: “testigo relató cómo un sujeto le dio 50 puñaladas a su víctima para robarle un televisor”, a pesar de que Marte II no relacionó el asesinato con el robo.

Luego de la declaración, la Fiscalía insistirá en que “la ropa indica que Roxana participó”. Se consignará que el cuerpo de Armando tenía 50 puñaladas. El defensor, coherente con el desinterés mostrado desde el inicio, solo repetirá algunas de las cosas que Ulises confesó. Su estrategia de defensa era ver qué pasaba. A Marte II solo le preguntó que de dónde bajó Roxana. Marte II, con ayuda del juez, tuvieron que hacerle ver al abogado defensor que nadie bajó de ningún lado, porque la casa es de una planta. El juez, dando crédito a la confesión de Ulises y a su tratamiento siquiátrico, le dará una pena mínima por homicidio simple: 10 años, y otros 3 por amenazas a Marte II. Respecto a Roxana, dijo: “No se ha demostrado la participación que cometió”. Absuelta. Antes de que la sentencia fuera dictada, Ulises pidió una última cosa. El juez no se la concedió. Dijo que no le correspondía a él, y Ulises fue conducido hacia el penal del que salió para venir a este juicio.

“Solo un favor quería pedirle a su señoría: hice una solicitud de traslado de penal. Me tenían con régimen de protección, porque la población adentro no me recibe. Yo ya llegué cuatro veces a ese penal, porque hice una condena anterior. Me han hecho amenazas… Como solo son mareros, más que todo. Ahí tengo enemigos que fueron de la calle, va. Yo hace ocho años anduve activo. Solicito mi traslado por motivos de seguridad al penal de San Vicente, el único penal donde no tengo problemas. Ya me amenazaron de que me van a matar. Ayer, día domingo no hicieron nada por respeto a la visita. Me haga el favor… si me pueden tener de mientras acá en las bartolinas para no poner en riesgo mi vida. Y, por lo demás, me considero responsable del delito. Nada más. Muchas gracias”.

Mareros en Milán

Publicado: 9 mayo 2016 en Roberto Valencia
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Miles de milaneses maldijeron a Zinedine Zidane. Aquel cabezazo incrustado en el pecho de Marco Materazzi lo repitieron en las pantallas de la Piazza del Duomo una y otra y otra vez, con furia creciente entre los miles de ‘tifosi’ milaneses, furia hecha propia por un pequeño grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 que participó en el súbito acto de repulsa colectiva.

Zinedine Zidane puso fin a su carrera con una roja directa maldecida y vitoreada por un país, Italia, que media hora después gozó como solo un pueblo de esencias futboleras sabe gozar cuando deviene campeón del mundo. Los salvadoreños, fascinados con la posibilidad de sentir como propias alegrías futbolísticas ajenas, se habían dejado contagiar por el delirio de aquella final. La vivieron una cerveza tras otra y desde privilegiada ubicación, a los pies de la más gigante de las pantallas, cortesía de galletas Ringo. Todos eran mareros de larga data: Loco 13, Salado, Sleepy, Mecha…

Algunos generarían sonoros titulares en la prensa italiana en los años sucesivos, protagonistas del fenómeno de ‘le gang latine’, pero la noche mágica del cabezazo eterno solo fueron unos hinchas más de la Azzurra. Jóvenes con tatuajes irreconciliables que gozaron contra natura, ajenos por voluntad propia al odio a muerte entre sus pandillas. La noche del 9 de julio de 2006, en la prehistoria de la implantación de las maras en Milán, emeeses y dieciocheros maldijeron a Zinedine Zidane en insólita hermandad.

Aunque no tardaría en desbocarse todo… en regresar a la normalidad.

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Para hallar huellas de las maras en Milán no es necesario perderse en los suburbios. Tiger, un pandillero salvadoreño con el que entré en contacto dos años atrás, me ha citado hoy en plaza Cadorna, tan céntrica que 15 minutos a pie bastan para llegar a Piazza del Duomo, el mero corazón de la ciudad.

—Tenemos que ir a Centrale –dice nomás verme, y trata de aparentar que no está preocupado.

Tiger aterrizó en Italia la década pasada, con veintipocos. Dieciochero desde finales de los noventa, había conocido dos cárceles como menor y otra como adulto. Como la mayoría de los de su generación que pasaron años entre rejas, su cuerpo es un lienzo, con tatuajes visibles incluso vestido como viste ahora: jeans, chumpa hasta la barbilla y gorro de lana. Esta madrugada de inicios de diciembre el termómetro bajó a -1 ºC en Milán. Tiger habla perfecto italiano y… y hasta aquí. No contar más fue la condición para que me compartiera las intimidades de su pandilla. Tiger, de hecho, no es el verdadero aka del Tiger.

En El Salvador desempeñó un papel intermedio en una clica del interior del país. En Italia, sin pretenderlo, fue de los que más contribuyó a parar el Barrio 18. Hoy Tiger es un peseta, un traidor, alguien que en los códigos de las maras merece la peor de las muertes. Su vida es y será una escapada eterna. Pero, superada esa desconfianza respecto del extraño tan propia entre los pandilleros que han tenido la inteligencia suficiente para llegar a treintañeros, la sentencia a muerte lo convierte en una fuente prodigiosa. Los que siguen activos raramente cuentan interioridades relevantes de su barrio.

“Ya no le tengo amor a la pandilla”, me dijo anoche, mientras cenábamos en un pueblito en las afueras; “lo que quiero, y te lo digo así de claro, es que la pandilla se vaya a la mierda, ¿va? ¡Que desaparezcan esos hijos de puta!”

En plaza Cadorna bajamos al metro, a la línea verde, y en menos de 10 minutos estamos bajo la imponente estación Milano Centrale.

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La Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 (como Eighteen Street Gang) nacieron en las calles de Los Ángeles, California. También su odio a muerte. En Centroamérica, los primeros homies deportados se vieron muy a finales de los ochenta. Y hubo que esperar hasta bien avanzados los noventa, después de que Washington hiciera de las deportaciones un pilar de su política de seguridad, para que las pandillas angelinas se popularizaran en El Salvador.

Las gangas se importaron, pero son parte de la sociedad salvadoreña desde hace un cuarto de siglo. El fenómeno ha evolucionado en función de condiciones sociales, económicas y políticas muy propias. La Mara Salvatrucha de El Salvador ya muy poco tiene que ver con la Mara Salvatrucha de Los Ángeles, y es muy diferente a la Mara Salvatrucha de Honduras, a la de Guatemala o a la del sur de México.

La aparente paradoja es importante para este relato, porque las pandillas que han hecho metástasis en Milán son las de El Salvador, las más violentas, donde en torno a 2010 dejaron de ser un problema de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad nacional. En Italia se comete un asesinato por cada 100,000 habitantes en un año; en El Salvador, más de 100, y la cuota mayor de víctimas y victimarios la ponen las maras. Cifras oficiales hablan de no menos de 60,000 pandilleros activos y otras 400,000 personas dependientes o simpatizantes o familiares, su colchón social, en un país de apenas 6.5 millones de habitantes.

Más allá de los números, siempre fríos, el principal distintivo de las maras en El Salvador es el de las fronteras invisibles en buena parte del territorio nacional, fronteras que separan colonias y cantones controlados por una u otra pandilla, fronteras erigidas sobre la sangre de miles.

La mitad de la población, que calza casi con la mitad más empobrecida, sobrevive bajo la ley del ‘Ver, oír y callar’ de los mareros, un sistema de control social que afecta la cotidianidad de formas insospechadas, mucho más allá de los muertos. Un ejemplo: en 2011, dos de cada tres equipos de fútbol ya habían desechado por miedo los dorsales 13 y 18. Otro: cuando fallece un ser querido, la vela está prohibida para los familiares que residen en áreas controladas por pandillas rivales.

Pero… ¿por qué Milán, a 10,000 kilómetros de distancia? ¿Por qué no Madrid, Barcelona o Roma? Porque en Milán hay salvadoreños. Miles. Decenas de miles. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, no existe fuera del continente americano una comunidad tan numerosa como la radicada en Italia. La migración, además, se concentra en lo que se conoce como ‘il Grande Milano’, que con 5 millones es la principal concentración humana del país y una de las más importantes de Europa.

El Consulado General de El Salvador en Milán atiende Lombardía, la región de la que Milán es capital. La cifra de censados ronda los 18,000, pero por tratarse de una migración con un alto componente de ilegalidad, fuentes del consulado y de oenegés surgidas de la propia comunidad no bajan de 40,000 la estimación de salvadoreños en Milán y alrededores.

“Estamos un poco habituados a los salvadoreños, porque la migración empezó en los setenta”, dice Massimo Conte, investigador social. “Al principio prácticamente eran solo mujeres, señoras que vinieron a atender las casas de la burguesía italiana, con una intensa vida católica por lo general, por lo que su presencia dio una imagen muy positiva de El Salvador entre los italianos”, dice.

Hay salvadoreñas que van camino de cumplir medio siglo en Milán. Hay cientos de salvadoreños ya –miles quizá– de segunda y hasta de tercera generación. El flujo desde los setenta ha sido continuo y constante, con alzas durante la guerra civil y sobre todo en el último lustro, con la violencia generada por las pandillas como detonante.

A Italia migran salvadoreños en busca de la oportunidad que su país les niega y son recibidos por la madre, el hermano, la esposa. Migran también víctimas de las pandillas y de otros grupos violentos: huérfanos, viudas, extorsionados, amenazados de muerte. Y migran también mareros: algunos huyen de su propia pandilla, algunos otros la llevan tatuada en el corazón.

“En 2005 o 2006 encontré a los primeros de la MS-13”, dice el investigador Conte, todo un referente en Italia si se quiere hablar de pandillas de origen latinoamericano, por sus estudios sobre el fenómeno durante ocho años.

Mareros dispersos en Milán hay desde que arrancó el siglo. Los hay que rehicieron su vida. Los hay que comenzaron a añorar lo pasado y a juntarse con similares, al inicio sin importar que rifaran la pandilla rival. Para julio de 2006, cuando el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi, emeeses y dieciocheros aún se divertían contra natura. Pocos meses después, una pelea en una discoteca separó para siempre los caminos de la 18 y la MS-13 en Milán.

Desde afuera resulta difícil comprender el imán del barrio cuando se ha logrado lo más difícil: huir de El Salvador. El Cholo, pandillero cuarentón que migró para romper con su pandilla, trata de explicarlo: “El pandillero que quiere seguir, siempre busca reunirse. La iglesia, el fútbol, cualquier excusa es buena cuando se echa de menos el vacile. ¿Cómo se organizan? Si llegás a un lugar donde se come pescado, te acostumbrás a comer pescado. El que quiere seguir en lo mismo ve cómo son las leyes, las costumbres… uno se adapta. Luego entrás a cometer delitos, pero sabés que de Italia te pueden deportar. Entonces, conviene ganarse a los homeboys en El Salvador, decirles que aquí están haciéndola de campeones, parando el barrio, para que allá los reciban bien si acaso los deportan”.

***

La estación Milano Centrale es imponente por su belleza pero sobre todo por su monumentalidad: 200 metros de fachada. Justo enfrente, el Pirellone, el rascacielos más alto del país durante 35 años. Y entre Centrale y el Pirellone, la plaza Duca d’Aosta, un espacio abierto con vistosos jardines, farolas ciclópeas, turistas, bancas, ciclistas… Parece el lugar menos indicado para hallar huellas.

—‘È qui’ cerca –dice Tiger; a quien con demasiada frecuencia se le cuela el italiano.

La calle al costado norte de Centrale se llama vía Sammartini; discurre paralela a los rieles, separada por un viejo muro. Caminamos 200 metros desde la fachada, y ya parece otra ciudad. Otros 200, y la calle se abre para albergar un parque estrecho con una cancha de baloncesto y pequeñas zonas verdes. Los edificios ahora son bloques desiguales de seis-ocho-diez alturas, maltratados por el tiempo, en los que conviven italianos empobrecidos y migrantes. Este ‘parchetto’ fue por años punto de encuentro del Barrio 18. Quizá aún lo sea.

En la entrada de un condominio hay un ‘18’ pintado con plumón verde; ‘Pocos pero locos’, dice debajo. Luce reciente. A unos 10 pasos, debajo de la pintura blanca con la que quisieron cubrirlo, se adivina un placazo como los que se ven en El Salvador: metro y medio de altura, aerosol… Había un gran ‘18’ azul, y a los costados, en negro, ‘SPLS’ y ‘TLS’, por la clica Shatto Park Locos y la jengla Tiny Locos. “De los locos de Milano casi todos son Shatto Park”, me dirá otro día Tiger.

Su teléfono vuelve a sonar.

—¿¡Y quién va a haber, mamá!? Un martes, de mañana… ¿quién va a estar?
—…
—Casi todo lo han quitado, mamá. No se ve nada. Estese tranquila.

En el placazo aparecían los nombres de cinco pandilleros: el Venado –muerto por una golpiza brutal que un grupo de emeeses le propinó muy cerca de aquí–, el Shagy, el Caballo, el Perro y, en el lugar más destacado, el Gato.

Gato es el aka de Denis Josué Hernández Cabrera, dieciochero hasta el tuétano, nacido en 1984, encarcelado en El Salvador entre 2004 y 2013, inquilino del Sector 1 de la cárcel de Izalco, alineado con los Sureños tras la partición de la 18, tan enfermo por su barrio que, cuando tras cumplir condena su madre lo trajo a Italia, ni siquiera se planteó como posibilidad redirigir su vida.

—Quizá sea el único que vino cabal-cabal a parar el barrio –dice Tiger.

En septiembre de 2015 se consumó el golpe policial más contundente que el Barrio 18 ha recibido en Italia. Tras meses de seguimientos, grabaciones y teléfonos intervenidos, la Polizia di Stato detuvo al Gato junto a otros 14 homies, salvadoreños casi todos. Lo presentaron como ‘il capo’, el palabrero. En verdad lo era. Pero su presencia significa más, algo que ni la Policía italiana alcanza a dimensionar: el Gato representa un punto de inflexión en el modelo de implantación de las maras en Milán.

—Vamos a Carbonari –me apura Tiger–, quizá queden más placazos.

Trata de disimularlo, pero está preocupado y mira receloso a cada figura que surge. Hace cuatro años que no se acercaba a los dominios de la que era su pandilla. En su vida de peseta, rarísima vez baja a Milán.

***

Cuando Deidamia Morán migró de Tonacatepeque a Milán, la Mara Salvatrucha no existía, y la 18 era poco más que algunas docenas de jóvenes latinos reunidos en esquinas y parques de Los Ángeles. Deidamia migró en 1974.

La poderosa burguesía milanesa quería mano de obra bien referenciada y barata para cuidar a sus hijos, limpiar sus casas, y la Iglesia católica canalizó esa necesidad. Empleada en la Cooperativa de la Fuerza Armada y enfermera en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, Deidamia tenía credenciales más que suficientes, y se animó a seguir los pasos de dos amigas que se le habían adelantado. Como ellas tres, cientos cruzaron el océano Atlántico en busca de una oportunidad en una ciudad en la que sobraban las ofertas de trabajo poco cualificados.

Cuatro décadas después, Deidamia es un referente entre los salvadoreños de Milán. Desde mediados de los ochenta se involucró en fomentar la idea de comunidad diferenciada, para mantener las esencias de la salvadoreñidad. Al cobijo de la Iglesia católica se creó la que hoy se conoce como Comunidad Monseñor Romero, con sede en el jesuítico Centro Schuster; Deidamia fue cofundadora y su primera presidenta. Por su rol híbrido entre promotora cultural, sindicalista y política, ha sido testigo en primera fila de la implantación de las maras.

—¿Cuándo empezaron a ser un problema en Milán? –pregunto.
—Se escuchaban cosas pero, quizá como autodefensa uno se resiste a creer. El escándalo empezó… quizá cuando le sacaron el ojo al muchacho.

El domingo 13 de julio de 2008, un partido de fútbol entre salvadoreños en una de las canchas de ‘Forza e Coraggio’ devino batalla campal entre emeeses y dieciocheros. Hubo golpes, ultrajes, carreras desesperadas. Lo peor se lo llevó Ricardo, un joven perseguido por una turba liderada por Necio y Pirata, la vanguardia de la incipiente Mara Salvatrucha milanesa. Lo alcanzaron tras un kilómetro de agónica carrera, y en plena calle lo golpearon-patearon-arrastraron-lincharon, le machetearon la cara, lo desfiguraron. La brutalidad del ataque, el ojo perdido, el cómo, fue un shock para la sociedad italiana; en la prensa se empezó a hablar de la MS-13 como la peor de las plagas importadas.

—La Policía nos ha dicho que los nuestros son más asesinos que los sicilianos.

Los nuestros, dice Deidamia con pena, lastimada por un fenómeno que puede derribar en un chasquido el buen nombre de una comunidad que costó décadas construir. Entre las actividades que organizan desaparecieron el fútbol y similares, por miedo. Deidamia incluso supo que su nombre apareció en una lista que la Polizia di Stato confiscó a unos pandilleros, como persona a la que había que extorsionar.

Los nuestros, dice Deidamia, en un arrebato de sinceridad casi imposible de escuchar en El Salvador.

Los nuestros, dice Deidamia con el alma doliente.

***

Rara vez baja a Milán el Tiger desde que se peseteó, pero acá estamos, caminando de Sammartini a plaza Carbonari, 10 minutos de travesía por barrios de clase media, media-baja. Justo ahora embocamos una calle llamada vía Stressa.

—¿En Milán está dividida la 18? –pregunto.
—Sí, pero de hace poco.

En El Salvador, la ruptura del Barrio 18 en dos mitades, Sureños y Revolucionarios, fue un proceso lento y sangriento que se cocinó entre 2005 y 2009.

—Acá no había división hasta que llegó el Gato. Él vino con otra clecha y quiso corregir a los que habían cagado el palo, porque en Milano casi todos éramos arbolitos de Navidad, con la luz verde prendida; pocos se salvaban. Algunos locos no quisieron pagar a la pandilla y, como el Gato es full Sureño, y algo habían oído del desvergue allá, se hicieron de la Revolución.
—¿Pagar a la pandilla?
—Aguantar verga, por las cagadas que uno comete. Varios locos no quisieron que los zapatearan o tenían grandes clavos en El Salvador y, ‘a la final’, dividieron la pandilla.

A escala minúscula, la historia no difiere tanto de la ruptura en El Salvador: un sector de la pandilla que rechaza las maneras como el líder ejerce su liderazgo. Las nuevas reglas del Gato, alguien forjado en la disciplina de las cárceles salvadoreñas y recién llegado, no fueron del agrado de todos. Algo parecido a lo que representó el Viejo Lyn.

—Vaya, estamos en Carbonari –me dice Tiger.

***

Dentro del enredo de cuerpos policiales –civiles y militares– del Estado italiano, las labores de seguridad pública recaen en primera instancia sobre la Polizia di Stato. Y dentro del organigrama de esta institución, la ‘Squadra mobile’ de Milán –el equivalente a la delegación policial en El Salvador– es una de las más nutridas y especializadas.

En 2005 se conformó una Sección de Criminalidad Extranjera, al poco de detectarse las primeras ‘gang latine’; hoy son una veintena de profesionales que monitorean, estudian, analizan y contrarrestan las pandillas mediante operativos. Paolo Lisi es el responsable de la sección: “Pronto nos dimos cuenta de que la violencia entre pandilleros latinos no eran episodios esporádicos”.

En Milán, por su condición de capital industrial -ergo polo migratorio-, surgieron filiales de las pandillas trasnacionales Latin Kings, Ñetas, Bloods y Trinitarios, y también grupos autóctonos como Comandos, Trébol o Latin Forever. Mara Salvatrucha y Barrio 18 tardaron en entrar en el radar de pandillas problemáticas de la Polizia di Stato, hasta 2008, pero hoy son la indiscutida mayor preocupación.

—La mentalidad del pandillero salvadoreño es diferente a otras nacionalidades, peor aún con los que vienen brincados de El Salvador –dice Marco Campari, uno de los agentes más experimentados del grupo.

Lisi y Campari manejan con sorprendente tino los conceptos brincarse, clica, ranflero, palabrero, Sureños, Revolucionarios… palabras que incluso el salvadoreño promedio tiene problemas para definir con precisión.

—La mentalidad es más violenta –apunta Lisi–. Matar a un rival es algo absolutamente normal.
—¿Creen que pueden insertarse en la sociedad? –pregunto.
—Yo no lo creo –dice Campari–. Con las otras pandillas se podría intentar algo, pero no con la Salvatrucha o la 18.
—Son diferentes a las demás –retoma la palabra Lisi–; los Latin Kings o los Trinitarios, por ejemplo, son bandas criminales, pero tienen un discurso de orgullo nacional, de solidaridad interna… Las pandillas salvadoreñas no; según mi experiencia, su mentalidad es absolutamente mafiosa.

Los operativos más mediáticos de la Polizia di Stato durante 2015 fueron contra las maras: en septiembre, el desmantelamiento de la clica del Gato; y en junio, la detención de un grupo de emeeses tras una pelea con empleados de Trenord, la empresa ferroviaria regional.

El jueves 11 de junio de 2015, en la estación Milano-Villapizzone, una petición de boletos a unos jóvenes que se habían colado derivó en una discusión con varios trabajadores de Trenord. De las palabras a los insultos; de los insultos a los empujones; y de los empujones a una pelea tumultuaria que terminó con un machete incrustado en el brazo de un conductor de tren, a punto de la amputación. La víctima en esta ocasión no fue un migrante pandillero más, sino un italiano, y el caso sacudió la opinión pública como ningún otro. Los agresores huyeron, pero la Polizia di Stato los capturó en días sucesivos, en poco más de medio año los juzgaron, y a tres mareros los condenaron a penas de hasta 16 años de cárcel. El italiano es un Estado firme.

Lisi y Campari están convencidos de que la Polizia di Stato ha desarrollado destrezas suficientes para contener a las pandillas en general, y al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en particular. Pero intuyen que el pulso recién comienza.

—Cuando apagas un fuego, quedan las brasas, ¿no? –dice Campari–. En septiembre desmantelamos la 18, pero sentimos que todavía hay brasas y que con poco se encenderán de nuevo.

Dentro de dos días, Cholo, el pandillero cuarentón, recurrirá a una metáfora similar, pero más amenazante: “La pandilla es un cáncer. Y con un cáncer a veces pasa que te lo extirpan, y uno piensa que ya está sano, pero al poco resurge… y más agresivo. Así es esto. Los italianos deberían preocuparse”.

***

Me dice Tiger que Carbonari ofrecía ventajas precisas para lo que la 18 quería construir en Milán.

—Aquí se hacían los meeting.

Le dicen plaza Carbonari, pero es un redondel boscoso y extraño, más de 200 metros de diámetro, diseñado para que los carros puedan circular por la autopista que pasa encima. Es un espacio abierto y cerrado a la vez, que está en medio y apartado de todo. Ahora, cerca de las 11, estamos solo un indigente y nosotros dos, además de bancas, árboles, senderos adoquinados…

—Es un parque escondido y con vista a todos lados. De acá –Tiger señala a un lado– nadie puede llegar; de allá, tampoco. Si aparece una patrulla, podés escapar fácil, porque las entradas directas son en sentido contrario. Por eso aquí se hacían los meeting.

El meeting, de asistencia obligatoria, es el principal órgano de decisión de una clica. Cuando la 18 se quiso parar en serio en Milán, el meeting semanal dejó de ser changoneta y devino prioridad. En Carbonari brincaron y corrigieron como en El Salvador, con zapateadas de 18 segundos. Luego se aprobó el fondo común para el barrio, que obligaba a entregar cinco euros semanales al inicio, luego 10; con ese dinero se empezó a invertir en droga para revender y obtener más dinero. Más luego se juntó lo suficiente para comprar alguna pistola en el mercado popular de San Donato Milanese. Y así.

El crecimiento del Barrio 18 es consecuencia de las deliberaciones de Carbonari. En el cuadrante noreste del redondel, el elegido como base, aún queda un ‘18’ pintado con aerosol negro sobre una farola gigantesca. Han tratado de cubrirlo con pintura blanca pero con poco tino, como si la hubieran echado con un vaso. Tiger mira el placazo con un dejo de nostalgia.

—Deben de haber sido los contrarios, porque así nomás le han botado ‘proprio’ la pintura.

Maciachini, un sector con significativa presencia de la Mara Salvatrucha, está a poco más de un kilómetro.

—Vamos mejor a ver qué ondas en el Trotter.

***

Mientras en El Salvador el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha desatado contra las pandillas una represión que linda con el terrorismo de Estado, en Italia vela por los mareros encarcelados.

—Yo llego a las cárceles, hablo con ellos, veo si les cumplen sus derechos, contacto a familiares, al abogado… Mi labor es que se cumplan sus derechos procesales.

Habla Vanessa Hasbún, la máxima autoridad del Consulado de El Salvador en Milán desde marzo de 2010 hasta junio de 2013; y desde octubre de 2015, la encargada del servicio de protección consular. Su trabajo es ayudar a los salvadoreños encarcelados, procurarles asistencia legal, contactar a la familia, garantizar que el Estado italiano respete sus derechos humanos.

La mayoría de las personas a las que Vanessa Hasbún visita son pandilleros. Conoce al Wicked, al Loco 13… estima que se habrá reunido con no menos de 20, una fracción del total.

—Adentro son bien disciplinados –dice–, pero educadoras con las que hablo me comentan que por más que trabajan con ellos, no logran montar un proyecto de rehabilitación efectivo, porque no entienden cómo funciona la pandilla.

Vanessa Hasbún busca entre sus recuerdos y rescata el caso de un joven pandillero al que, por buena evolución y conducta, lo transfirieron a Bollate, un centro de reclusión que hace honor a la palabra reeducación y que otorga amplias libertades, incluida la de salir a trabajar. Cree que él sí quiere romper con su pandilla.

—Pero los demás van a seguir; esa es mi sensación.

***

El Trotter todavía es parte de la vieja Milán, un parque centenario y entrañable. Está algo lejos de plaza Carbonari, por eso toca caminar dosquetrés cuadras hasta viale Sondrio y tomar un bus anaranjado y articulado de la ruta 90, rumbo a Loreto. La 90 es la ruta más conflictiva para un pandillero porque atraviesa áreas con presencia de Latin Kings, Comandos, Mara Salvatrucha, Barrio 18… Tiger está inquieto.

—¿Cuál es la principal diferencia entre ser pandillero en El Salvador y en Italia? –pregunto.
—La misión –me responde, después de pensarlo unos segundos.

Desde que a mediados de la década pasada las maras se radicalizaron en El Salvador, ocurrieron cambios significativos. Ya no brincan a mujeres, por ejemplo. Y para garantizar lealtad y entrega, al aspirante varón se le comenzó a exigir que primero cumpliera una misión: por lo general, un asesinato. En Italia no. En Italia el rito de iniciación siguió siendo la zapateada de 13 segundos en la MS-13, y de 18 en la 18.

—Es lo que les falta a los brincados acá: la misión. El único que se podría decir que la hizo es el Wicked.

Wicked es el aka de Eduardo Segura Fuentes, dieciochero hasta el tuétano también, aunque con una historia de vida en las antípodas de la del Gato. Wicked nació en El Salvador en 1991 y lo llevaron niño a Italia, limpio. No conoció cárceles ni creció en medio de la violencia extrema, pero eso no impidió que se apasionara tanto por el barrio que incluso logró que le dieran el pase para parar su propia clica: una sucursal de la Hoover Locos, siempre de la 18.

El domingo 7 de junio de 2009, en las afueras de la discoteca Thiny, Wicked fue pieza clave en la planificación y ejecución del asesinato de David Stenio Betancourt (a) King Boricua, máximo líder de los Latin Kings-New York. En la prensa italiana el homicidio se manejó como un ajuste de cuentas entre las dos facciones de los Latin Kings (New York y Chicago), pero en el bajomundo todo se supo, y la pegada del Wicked supuso algo así como el ingreso de la 18 en las grandes ligas de las pandillas latinas milanesas.

—Nosotros escueliamos al Wicked –dice Tiger–. Que si vos sos un gran hijoeputa, que simón, que si póngase con todo, ¿va? Se lo tomó tan en serio que quizá sea el único que de verdad respetaba todas las reglas. Y por ganar más palabra se metió en lo de matar al King Boricua.
—Algo desequilibrado, ¿no?
—Noooo. Wicked no toma, no fuma… es un cuadro. ¡Lee! ¡Lee un vergo! Es un hijoeputa que estudia, una persona correcta, solo que con mente full pandillero. Una mente basura, alguien malo en toda la palabra, pero con vos habla como una persona tranquila, bien portado.

El Wicked simboliza la segunda hornada de pandilleros, los brincados en Italia, dependientes de internet para mantenerse conectados con las casas matrices. Un dieciochero salvadoreño pero made-in-Italy, el eslabón imprescindible para el arraigo del fenómeno.

Aún vamos en el bus anaranjado y articulado de la ruta 90, parados. Su teléfono vuelve a sonar.

Después de lo del Wicked, me he quedado intrigado por la fijación hacia las pandillas salvadoreñas que tienen estos jóvenes que llegaron niños a Italia.

—¿Por qué la dependencia? ¿Desde Milán se envía plata a El Salvador o algo? –pregunto.
—No, no, no… cada uno lo suyo –responde, casi ofendido–. Lo han insinuado, pero pollos pendejos tampoco somos.
—Entonces, ¿de qué le sirve a la 18 en El Salvador tener una clica acá?
—Que se expanda el barrio, que la 18 sea la más grande, darse el lujo. Y a los de aquí, para seguir haciendo sus pendejadas. Nunca vas a entenderlo si no has estado en esto, pero ‘a la final’ es así la onda, ¿Cuántos locos vinimos a levantar esto? Tres, cuatro. De tres o cuatro subimos a 10, 20, 40… y hoy están el vergo de locos presos y el vergo fuera.

Con un movimiento de cuello, Tiger me hace ver que hemos llegado a piazzale Loreto.

***

Cuando el salvadoreño migra, el país entero migra. En el punto del globo en el que se asienta una comunidad fuerte de salvadoreños, como en Milán, se asientan las pupusas, la laboriosidad, el Torito Pinto, la Mara Salvatrucha, el azul-y-blanco, el ‘Los primeros en sacar el cuchillo’, las cachiporristas, el ‘Mágico’ González, el 15 de Septiembre, la hospitalidad infinita, la 18, el Pollo Campero, los tamales y las iglesias evangélicas made-in-Elsalvador, por supuesto.

La Misión Cristiana Elim, una de las congregaciones con mayor arraigo en El Salvador, tiene presencia creciente en Italia. Desde hace más de una década Mauricio Hernández es el pastor responsable de las filiales de Milán y alrededores.

“Mi función es ayudar a mis hermanos en sus problemas más íntimos”, dice. Y entre esos problemas, la violencia de las pandillas ocupa un lugar sobresaliente. “Lo raro en Milano hoy es encontrar a un salvadoreño que no tiene a un familiar que pague renta allá”, dice. Por eso, cuando se congregan oran por la paz en El Salvador, oran para que cambie la mentalidad de los pandilleros, oran a Dios y le piden que interceda por los familiares extorsionados, oran para que se frene la metástasis de las maras en Milán.

***

Desde piazzale Loreto al parque Trotter por vía Padova, un kilómetro eterno por una calle larga y estrecha que parece ser uno de los epicentros de la migración. A ambos lados se suceden bares y negocios con letreros en chino, español, urdu, árabe… Se alternan con casas de cambio, locutorios, salones de juego y locales que compran oro. No debe ser esta una zona por la que acostumbre a pasear el milanés clasemediero o de más arriba.

—No hay barrio más mierda que este –dice Tiger–; bueno, quizá Sammartini, que es zona de culeros, prostitutas y transas.

Su teléfono vuelve a sonar. No sé si esta vez es la madre o la pareja. La tranquiliza. Regresa a la plática algo cariacontecido. Justo pasamos frente a un “bar latinoamericano” llamado El Dorado, con los colores de la bandera ecuatoriana como reclamo. Es casi mediodía pero está cerrado. Unos años atrás se llamaba El Manabá.

—Este era nuestro libadero, ‘proprio’ nuestra zona. Vergazal de veces he salido yo de aquí arando. Veníamos bien enmachetados y hubo un montón de broncas acá, pero balazos nunca. Creo que porque nadie ha tenido el valor de decir: vaya, voy a comerme 30 años en la cárcel. Porque en Italia uno sabe que es clavo hecho, clavo pagado; no es como en El Salvador. Aquí cometés una cagada, la pagás y luego te deportan. Ese es el problema.

Ese es el problema, dice.

—Mirá, esta es la entrada del Trotter.

***

La metástasis de las maras en Italia preocupa a la Polizia di Stato, y hay razones inapelables para la preocupación; sin embargo, las posibilidades de que el fenómeno termine pareciéndose al cáncer que carcome los estratos inferiores de la sociedad salvadoreña son… nulas.

Comparado con el salvadoreño, el italiano es un Estado firme. La Policía hace su trabajo. Los fiscales, los jueces, los trabajadores sociales, los carceleros… la institucionalidad funciona. Hay leyes diseñadas para atajar la criminalidad organizada. La italiana es una sociedad desarmada, y sus ciudadanos en buena medida han aprendido a renunciar a la violencia para dirimir sus disputas; las maras no seducen a la juventud. Italia es miembro del G-8, el grupo de países con las economías más industrializadas del planeta. El salario promedio de un italiano es de casi 2,900 dólares brutos. Existen, además, otros grupos del crimen organizado –lo que genéricamente se conoce como la Mafia– que, si bien hacen un uso limitado de la violencia si la referencia es el terror que generan las maras, reaccionarían contra cualquier nueva estructura que amenazara sus intereses.

“Acá en Italia, los pandilleros joden solo a los salvadoreños, porque saben que con los otros países no se pueden meter, mucho menos con los italianos”, dice Tiger.

Maras como las de Centroamérica –violencia como la de Centroamérica– son inviables en Italia, por la misma razón que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no tienen en el país que las vio nacer, Estados Unidos, ni siquiera una fracción de la incidencia que ganaron en El Salvador, Honduras y, en menor medida, en Guatemala.

Para que las maras devengan problema de seguridad nacional, se necesita una sociedad como la salvadoreña.

***

El ‘parco’ Trotter es un parque difícil de explicar. Hace un siglo era un hipódromo, y el circuito interno de calles y senderos conserva como eje rector el óvalo perfecto sobre el que galoparon caballos. 100 mil metros cuadrados verdes salpicados por abetos-arces-cedros y un puñado de edificios. Desde finales de la década de los veinte acoge una escuela municipal, la Casa del Sol, pensada para niños tuberculosos. Justo en medio hay un foso profundo y rectangular que algún día se usó como piscina. A pesar de su inmensidad, el parque está vallado, con horarios de apertura y cierre. Es público, pero las mañanas se reservan para los escolares. La entrada al Trotter de vía Padova está a 40 metros del bar El Dorado.

Un señor mayor nos explica en el portón que solo en la tarde se puede ingresar, que ahora no. En un par de días yo regresaré sin Tiger para comprobar que el costado poniente de la expiscina todavía está salpicado de placazos de la 18, los más vistosos que veré en Milán.

Es mediodía ya, y Tiger ha quedado con su familia para celebrar el cumpleaños a la mamá. Tenemos que regresar a Loreto, salir del centro de la ciudad en la línea roja del metro, y luego él tomará un bus a Cinisello-Balsamo, en el periferia del área metropolitana. Ahí hay un centro comercial en el que opera uno de los tres restaurantes que Pollo Campero ha abierto en Milán como reclamo nostálgico para la comunidad salvadoreña.

—¿Vos sos Inter o Milán? –pregunto a Tiger, dentro del metro ya–. ¿Vas seguido a San Siro?
—¡No, ni pendejo! Se llena de salvadoreños.

Vida de peseta. Vive en una de las capitales mundiales del fútbol y no puede ir al estadio.

Su teléfono vuelve a sonar. Esta vez es el novio de su hermana. Le dice que está encaminado, que en un cuarto de hora. La conversación es corta.

—Era mi cuñado. Él es bien buena onda, nunca ha estado en nada de pandillas.

Tiger calla por unos segundos.

—Una vez conocí a su mamá, y no le caí bien por estas ondas, ¿va? –me señala los tatuajes más visibles–. La señora me miraba… me miraba… ¡malísimo!… n’ombre… malísimo… con cara de asco… de odio. A saber, quizá se vinieron de El Salvador huyendo de las pandillas… pero me miraba con una cara… Yo hasta mal me sentí.
—¿No le dijiste nada?
—¿Y qué le voy a decir? Si… ‘a la final’… ella tiene razón.

***

Deidamia habla con el alma doliente.

—Estuve en junio en El Salvador, en un pueblo llamado San José Guayabal, y en esos días mataron a varios en los alrededores. Matan a personas como moscas. Y el gobierno ni se hace cargo. Dicen que es alarmismo de los medios. Pero yo te digo: oíme bien… y mirame…

Deidamia me clava la mirada, se incorpora, su alma doliente le resquebraja la voz hasta ahora firme.

—… Amo mi patria… amo mis raíces… Primera vez en mi vida que fui y me sentí prisionera… ¡Prisionera! Jamás de los jamases me dejaron ir sola a ninguna parte… jamás de los jamases. Y no es que yo quisiera protección… Si ahora me preguntás si quiero regresar a El Salvador, la respuesta es no, porque está horrible… ¡Horrible! En Italia vivo libre, y en mi patria soy prisionera.

Deidamia teme que las maras seguirán generando sonoros titulares en Milán. Más que temer, lo sabe. “He escuchado que somos 45,000 salvadoreños en Lombardía, pero somos más”, dice. El flujo en los últimos años ha sido constante, indetenible, cancerígeno.

—¿Cómo evitar que esto siga creciendo, Deidamia?
—Ya es tarde –dice–. Lo que uno quisiera, y lo digo con el corazón en la mano, es que nuestra gente ya no emigre para acá.

Los dos detectives inician la charla elogiándose mutuamente.

—A este todo mundo se lo puede aquí –dice Fidelino, y Santana sonríe bajo su bigote antes de devolver el cumplido.
—No’mbre, este sí que es loco. A este le tienen miedo esos bichos cerotes –y Fidelino se echa para atrás, orondo, intentando disimular el efecto causado por el piropo de su compañero.

Estamos sentados en las gradas de un parque, persiguiendo la sombra de un almendro, aplastados por el calor y sudando sin movernos. Este es el parque de un pueblo, al que aún le queda grande su título de ciudad y que probablemente quede un poco más cerca del sol que el resto del mundo.

Santana y Fidelino van a explicarme cómo es ser un policía en El Salvador y comienzan por definir los tipos de policía que hay: están los culeros, están los legalistas y están los con huevos. Ellos, desde luego, forman parte del grupo de policías con huevos. Su jefe, en cambio, es una mezcla de los dos primeros grupos.

Santana lleva un abrigo largo, capaz de cubrirle la cintura y le digo que hay que estar loco para ir vestido así en este lugar. Pero él se espanta las faldas de su abrigo, con estilo vaquero y comienzo a entender de qué se trata el asunto. “Esta es la de equipo”, me explica, dándole unas palmaditas a su pistola reglamentaria, que lleva enfundada en el lado derecho; “y esta es para cositas”, dice, sobándole el lomo al arma que lleva en el lado izquierdo de la cintura.

¿Qué son las cositas?, pregunto. Santana y Fidelino se miran, cómplices, y se sonríen con sus sonrisas de detectives misteriosos y van arrebatándose la palabra, iniciando explicaciones que no terminan nunca.

“Hoy acabamos a las 3 de la mañana…”; “El jefe no sabe que vamos a esas misiones…”; “Hay un señor que es ganadero y que los mareros lo extorsionaron. Puso la demanda en la Fiscalía. ¿Y qué cree que pasó? ¡Nada! Entonces el señor busca ayuda para que se le arregle el problema…”; “Los antipandillas solo llegan a tomarse la foto, son culeros. Los que sí tienen huevos de topar son los de la Policía Rural…”; “A veces, nosotros, sin que lo sepa el jefe, nos disfrazamos de rurales, enchicharados (con fusiles), ennavaronados (con gorros pasamontañas) y salimos con ellos de noche, hasta la madrugada…”; “Como nosotros tenemos acceso a testigos criteriados, a los rurales les gusta salir con nosotros, porque sabemos bien dónde están (los pandilleros) y sólo a pegar vamos…”; “A veces, cuando se puede, también arrestamos…” “Ey… esto no lo va a poner, ¿verdad?”. Y jamás volvieron a hablar del tema.

Santana y Fidelino viven en cantones controlados por pandillas.

El hijo mayor de Santana quería ser policía, como su padre, pero unos pandilleros lo amenazaron de muerte y Santana se endeudó con una fortuna impensable de 7 mil dólares para contratar a un coyote que guiara a su hijo por el camino de los indocumentados. El muchacho abandonó la academia de policía y se fue, sorteando trampas mortíferas en México y burlando un muro de latón en los Estados Unidos. 16 días después de salir fue atrapado por agentes migratorios estadounidenses y deportado a El Salvador. Santana fue a recogerlo al aeropuerto y al cabo de una semana lo envió de nuevo con el mismo coyote.

Fidelino asegura que amenazó de muerte al líder pandillero que le robó un celular a su hija, que fue a buscarlo, con una pistola en cada mano y que le dio apenas un par de horas para que el teléfono apareciera. Apareció.

Santana dice que nunca abandona sus armas, ni siquiera en sus días libres, cuando está trabajando en su milpa. En esos días le deja a su hijo menor una pistola –sin papeles, desde luego- para que vigile mientras él trabaja. En su celular lleva un video en el que sus hijos menores disparan con un revólver y luego con una carabina. Su hija tiene 15 y su hijo 10.

Unos días después volvemos a encontrarnos en aquel parque ardiente y mientras conversamos, Santana persigue con la vista a unos adolescentes que venden café: “Esos no están ahí para vender café, son pandilleros que extorsionan a todos los negocios alrededor del parque”, me dice. Llama a uno, que le sirvie un café sin despegar la mirada del piso. Santana lo mira con un hambre caníbal y escupe junto a los pies del muchacho. “Estos bichos saben que conmigo no pueden andar con pendejadas porque se los lleva putas”.

—Santana… y si sabés que son pandilleros extorsionistas, ¿por qué no los arrestás?

Al vernos conversando en la banca del parque, una señora mayor apura el paso y finge no habernos visto. Santana se levanta de un brinco, deja el café en la banca y la alcanza. La señora entra en pánico y en susurros le suplica que no le hable más y que olvide que alguna vez le habló y se larga con toda la prisa de la que es capaz. Ella había prometido al detective servirle como testigo en un caso que involucraba a una clica entera del Barrio 18, pero los pandilleros comenzaron a sospechar y la visitaron en casa para amenazarla.

“¿Ves?”, me dice Santana, para reforzar la explicación, “sin testigos no hay ni mierda”.

***

A aquel jefe policial le llegaron rumores de que el líder local de la Mara Salvatrucha había estado jactándose en público de que la pandilla mataría a muchos policías en su municipio. Así que decidió hacerlo arrestar, así, sin mayores excusas, “por feo”, y lo sentó frente a su escritorio:

—Vaya, cabrón, vos matás a un policía y yo te mato dos de los tuyos.
—Ojo por ojo –le respondió el pandillero, sin bajar la mirada.
—¡Ojo por ojo, bicho hijueputa! Pero tocá a un policía y no sabés la que te vas a comer.

Y luego de amenazarse mutuamente, el jefe policial ordenó dejarlo libre, para que el jefe pandillero se llevara el mensaje a la calle.

“Yo me preocupo por los míos, me lo tomo como algo personal –me explica–. Mire, hace unos días unos mareros le rompieron el antebrazo con una varilla a un compañero, pero se les logró correr. Y yo le pregunté a él: ¡¿y por qué putas no los mató, si andaba el arma?!… ¿Usted no cree que había suficiente justificación para que los matara?”

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Se le termina la jornada a Ignacio, un agente policial que trabaja en labores administrativas, y va a marcar al aparato que controla la hora de salida y de entrada. Marca y se regresa a su oficina: hace un hueco entre las sillas y los escritorios, pone una colchoneta y se tumba a ver películas, a matar el tiempo en aquel despacho, que ahora es su cuarto. Ignacio vive en esta base administrativa desde hace 11 meses.

Ignacio creció en la casa que es el patrimonio familiar de los suyos, en una colonia del departamento de Santa Ana, donde vivió con su madre y sus hermanos. La Mara Salvatrucha supo que era un policía desde el día en que inició su carrera, hace ocho años. La academia policial suele enviar investigadores para averiguar los antecedentes de sus aspirantes y en el caso de Ignacio estos entrevistaron a dos hermanos que con el tiempo se brincaron a la pandilla. Pero en 2008 no había un ojo por ojo en plena vigencia y eso significaba cosas muy distintas a las que supone hoy en día: aunque era incómoda la convivencia entre gatos y ratones, la pandilla se lo pensaba mucho antes de meterse con la Policía.

Pero las cosas fueron cambiando y los gestos agresivos aparecieron y luego siguieron cambiando y aparecieron las amenazas y luego las amenazas a domicilio y su madre tomó a los hermanos menores y se fueron para Estados Unidos e Ignacio quedó viviendo solo en aquella casa de su infancia. Y así las cosas siguieron cambiando hasta el miércoles 1 de abril de 2015 a las 11:30 de la mañana.

En la memoria de Ignacio, siete pandilleros jóvenes se le acercaron, mientras él sacaba un maletín del baúl de su carro, y le pronunciaron una sentencia de muerte. En el maletín había dos armas: su arma de equipo y la otra, la “quemada”, que él había conservado para sí mismo luego de haberla confiscado a pandilleros. Apenas su interlocutor hizo el gesto de manotearse la cintura, Ignacio le encajó un tiro con el arma ilegal y el muchacho quedó herido en el suelo. Al resto le tomó por sorpresa la reacción del policía y él alcanzó a matar a dos más antes de que huyeran junto al resto de agresores. Se subió a su carro y se fue. Jamás denunció el hecho a sus superiores y hasta la fecha no sabe qué fue de la investigación de aquellos cadáveres, si es que hubo alguna.

—¿Por qué no expusiste el caso a tus jefes?
—Si les contás a los jefes te abren un proceso.
—¿Y?
—Eso no lo hacés nunca con el arma de equipo y la corporación no me iba a apoyar porque fue con la otra arma. Pero si lo hacés con un arma de equipo te detienen igual. Estaría yo en el penal de Metapán. Casi que tenés que esperar a que te disparen para poder dispararles vos. Y si viene alguien con un corvo y vos le disparás, también te detienen porque dicen que no es proporcional. La institución te deja perder.
—¿Por qué no denunciaste antes las amenazas?
—Si vos denunciás a la Fiscalía, vas a la cola, te meten debajo de unas resmas de papel así de grandes, ve… En lo que te toca que te investiguen tu caso o que te den seguridad, ya te han matado o ya te has agarrado a balazos con ellos. Además, si ponés la denuncia tenés que poner el lugar donde residís, ¡y eso es una reverenda pendejada! O te piden una dirección alternativa… ¿de quién putas la vas a poner? ¿De tu familia? ¿Y qué pasa si hay fuga de información? Te matan a esa familia. Y vos vas a buscar luego terminártelos a ellos.

Ignacio vive en una base administrativa llena de oficinas y los jefes le aprobaron un permiso para habitarla durante dos meses, luego de que él argumentara problemas de seguridad en su colonia, pero él se ha ido quedando y quedando, estirando el tiempo en silencio, metiendo una pequeña refrigeradora, una cocinilla, un televisor, para hacer que esta base se parezca a una casa… al menos por las noches.

Le digo que, aunque en esta historia su nombre aparezca cambiado, será fácil identificarlo y se pone a reír: “Somos más de 100, muchos más, en todo el país los que estamos igual”. Le pido que lo pruebe y que me presente a otro policía que viva en esa suerte de condición de refugiado y entonces me presenta a Guillermo.

Guillermo también vive en una base policial, en un cuartuchito oscuro, cerca de un montón de hierros oxidados. Ahí se baña por las mañanas y ahí están todas sus propiedades, que básicamente consisten en un magro armario con su ropa, algunos zapatos y poco más. Él vive ahí desde hace seis meses y es obvio que no quiere hablar conmigo.

Consigo sacar en limpio apenas lo básico: que vivía en una comunidad de San Salvador. Que los pandilleros que la controlan supieron que es policía. Que cree que lo supieron por culpa de algunos de sus mismos compañeros, de los que él cree están coludidos con los pandilleros. Que la noche en la que iba a morir escuchó a sus verdugos en la calle preguntando por teléfono: “¿Entonces lo sacamos o qué putas?” Que no estaba armado. Que tenía miedo. Que al día siguiente se fue de ahí en el entendido de que el problema era con él y no con su mujer ni con sus hijos.

Guillermo no ha denunciado su caso a los jefes, ni ha vuelto a su casa, y cada fin de semana que puede va a casa de su madre, donde también hay pandilleros, con la fortuna de que no le conocen. Y lava su ropa y, si hay suerte, mira a sus hijos, que son apenas unos chiquillos. Luego vuelve a este cuartito oscuro a esperar que pase la semana y que en el teléfono no suenen malas noticias.

Es ya de tarde y desde la base policial de Ignacio el día se va poniendo melancólico. Fumamos sentados en medio de un parqueo. Me quedan pocas dudas de que el tipo es un duro y de que sus compañeros lo consideran un hombre de palabras medidas. Ignacio percibe mensualmente poco más de 300 dólares y no le queda familia en el país, o al menos no una que pueda darle techo a un policía sin ponerse en riesgo. Su novia vive en una colonia habitada por pandilleros e Ignacio teme contaminarla si la visita o si pasa alguna noche con ella. Su casa de infancia, que es toda su herencia, está destinada a ser para él solo un recuerdo, uno bueno, tal vez…

—¿Cómo es vivir en tu trabajo?
—Aquí me levanto, aquí me cocino… y cuando vienen los compañeros ya estoy bañado y cambiado. Jeje… por ejemplo, el 24 y el 31 de diciembre aquí los pasé, loco. Aquí vino mi novia con una lasaña y aquí estuvimos juntos…

Entonces Ignacio rompe a llorar, avergonzado de que lo vea así de jodido un periodista al que le cuesta tanto imaginarse en sus zapatos. “Es una rabia perra, loco”, intenta justificar la flaqueza, “te enfurecés como no tenés idea. Es la puta rabia, loco, te dan ganas de darles en la nuca. ¿Qué putas más vas a hacer? Te metés en una situación… una sicosis… no andás tranquilo cuando comés. Siempre tenés que andar con el arma de fuego”… Y en los ojos se le hamaca una ira parecida a aquella arma ilegal con la que mató a sus verdugos.

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Un inspector policial –que tiene a su cargo a varios agentes en un municipio del centro del país– habla con una claridad soñada para un periodista que realiza un reportaje como este. Sin restarle ninguna palabra al asunto dice que es “normal” guardar armas de fuego decomisadas a delincuentes: “Las utilizamos para ponerlas en escenas cuando asesinamos a algún pandillero que no ande armado”. Así, como oír llover.

Cuando patrullaba una zona rural, a inicios de 2015, un grupo de pandilleros ignoró la orden de alto y se echaron a correr, desarmados. Él decidió no perseguirlos y apuntó su arma. Alcanzó a matar a uno de los que corría, por la espalda, claro. Luego esparció dos pistolas en la escena y asunto arreglado.

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Iba un bandido corriendo a todo lo que le daban las piernas en los alrededores del “Mercado Negro”, en el centro de la capital, y tras él iba el agente Juan gritándole órdenes de alto que el otro no tenía intenciones de acatar. Pero no contaba con las condiciones atléticas del agente Juan, que al tener cerca a su objetivo le metió una zancadilla estudiada y el otro cayó rodando por el suelo, listo para que el agente Juan lo esposara como a una res. Hasta ahí iba bien la cosa, hasta que el agente Juan levantó la vista y ahí estaba ella, viéndolo con susto.

El agente Juan es un hombre joven y de muy malas pulgas, que hizo su servicio militar y que riega su discurso con palabras como “patria” y “lealtad”. Es un policía de nivel básico y gana lo justo para vivir en Soyapango, en una colonia controlada por la facción Sureños del Barrio 18. Solo en su pasaje, dice, viven cinco pandilleros, entre ellos el palabrero de la clica, que a su vez tiene una madre, que tiene un puesto de venta en el centro de San Salvador y que se quedó de una pieza al descubrir que su vecino, el agente Juan, era policía.

El agente Juan deseó haber llevado aquel día el rostro cubierto, pero luego no le quedó otra que hacerle frente a la situación y saludar a la señora con aplomo.

Desde ese día advirtió a su esposa de la situación y le previno de salir de casa apenas lo necesario. La familia del agente Juan, con una niña de 5 años y un nuevo integrante de 6 meses, vive solo con su salario de policía, de 424 dólares al mes, por eso es que él ha conseguido un trabajo como supervisor en una agencia privada de seguridad durante sus días libres. Suele estar muy poco en su casa y para proteger a los suyos supo que él tenía que hacer el primer movimiento. Así que le enseñó a su esposa lo básico para manipular una escopeta calibre 12 que tiene en su casa… sin papeles, claro; y le ha instruido para que, el día que se la muestre a alguien, la escopeta sea lo último que ese alguien vea.

Un día, mientras acompañaba a su esposa a la tienda del pasaje, ella hizo una broma cuando le preguntaron por el bebé: “Mi cuñada lo tiene bien consentido y ella me lo ha secuestrado hoy”, dijo. Ahí vio su chance el agente Juan, que, como hemos dicho, no es afecto a los chascarrillos. Pensó en hacer una declaración pública, a voz en cuello: “Esa broma no la volvás a hacer, no digás esa pendejada”, gritó, ante una esposa sorprendida por aquel pronto explosivo. Y él lanzó su amenaza a los cinco pandilleros de su pasaje, o quizá a todos los de su colonia, o a todos los del mundo: “El día que alguien le haga daño a mi familia lo voy a arrancar de raíz, a él y a toda su familia”.

Aquel discurso no cayó en saco roto y pocos días después el agente Juan recibió una visita durante uno de esos raros fines de semana en que descansa en casa. Desde la hamaca él reconoció la voz del palabrero de la colonia y saltó como una maldición con todo y escopeta. Antes de que el pandillero terminara de preguntar por él, el agente Juan le mostraba desde la ventana el agujero gordo del arma. “Intenté mostrarle a él un rostro aterrorizante”, asegura. Pero el muchacho tuvo reflejos de sobreviviente y se levantó la camisa para mostrarse desarmado: “Tranquilo, chino, no vengo a buscar problemas”, dijo el pandillero, con la cintura desnuda y dando vueltas como una bailarina. “Por eso es que no quedó untado ese bicho ahí”, se alegra el agente Juan.

Ese día llegaron a un acuerdo parecido a esto: si vos no te metés con nosotros, nosotros no nos metemos con vos. Una especie de pacto de convivencia en el que definitivamente desconfía. Y el agente Juan aprieta los dientes, y maldice su situación, porque sabe que su pacto es frágil y porque, en su caso, ser buen padre es no estar casi nunca. “Le voy a explicar”, me dice, “si me intentaran matar en un bus, yo voy a abrir fuego y si me tengo que llevar a civiles, los voy a matar, porque sino, ¿quién va a ver por mis hijos”. Y se le sale del pantalón la pistola y suena en la butaca de esta hamburguesería donde conversamos. El agente Juan se la reacomoda en el cinturón de su jeans y remata una frase cuya intención todavía intento comprender: “¡Cuánta sangre ha corrido por la corrupción de nuestros gobiernos!, ¿no cree?”

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Nueve de cada 10 policías que existen en El Salvador forman parte de un grupo que se llama “nivel básico”. Casi todos los salvadoreños que deban lidiar alguna vez con un policía –para bien o para mal– deberán entenderse con un miembro de ese grupo.

El nivel básico está conformado por agentes, cabos y sargentos. Estos policías comienzan teniendo un sueldo de 424 dólares con algunos centavos. Al restarle los impuestos, terminan percibiendo, al mes, cerca de 380 dólares. Si uno de esos agentes consigue escalar posiciones, pasando exámenes, manteniendo expedientes pulcros y se convierte en sargento y si, además, acumula 20 años de servicio… puede llegar a ganar hasta 692 dólares, de los cuales llegarán a sus manos 581.

Los policías de nivel básico tienen derecho a aumentos de 6 % cada cinco años. O sea que tienen la fortuna de engrosar su salario con aumentos que van desde los 25 hasta los 41 dólares… cada cinco –cinco– años.

El Ministerio de Hacienda explica que El Salvador no atraviesa un momento financiero de bonanza y que ser responsables implica ser… sobrios y austeros y…. en resumen, que no hay para aumentos, o al menos no hay para aumentos de policías.

En esta misma coyuntura están abiertos juicios que involucran a los tres últimos presidentes de la República, por sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito. El monto que se les investiga a los tres supera los 20 millones de dólares.

El último presidente, Mauricio Funes, de un solo pase de tarjeta de crédito gastó más de 7 mil dólares en zapatos finos, y de otro tarjetazo gastó 5 mil 900 dólares en perfumes, en un par de jornadas de shopping en Miami, aunque su salario mensual era de poco más de 5 mil dólares.

El chofer que menos gana en la Asamblea Legislativa devenga 870 dólares y el que más, 2 mil. El ordenanza que menos cobra en la Asamblea recibe 700 dólares mensuales. Cada año, la Asamblea Legislativa entrega un bono navideño a todos sus empleados equivalente a su sueldo entero. Desde luego, eso incluye a los 84 diputados. Ese bono, que se entrega además del sueldo y del aguinaldo, cuesta al país 2.4 millones de dólares cada año.

Entre 2012 y 1014 la diputada Sandra Salgado debió asistir a un congreso que se llamaba “XXV encuentro feminista: género y otras desigualdades”. Otras desigualdades. El encuentro fue en Cádiz, España. En cinco días, la diputada se fundió 9 mil 297 dólares. Y ese fue solo uno de sus 20 viajes.

Entre sus 30 viajes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, tuvo que hacer una visita de cortesía a los diputados de Vietnam y para cumplir con su deber tuvo que recibir 12 mil 798 dólares.

Cualquiera de esos dos diputados gastó infinitamente más en sus viajes de lo que cualquier policía o soldado de base va a conseguir ahorrar en toda su vida de trabajo. Y ellos solo son dos diputados, que hicieron solo 50 viajes. Entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, los diputados viajaron 642 veces, por un costo de 1 millón 310 dólares. En fin…

Resulta tal vez curioso que haya un grupo de empleados del Estado, que trabajan en labores de seguridad pública, que envidian, como un sueño imposible, las fabulosas condiciones y salarios con los que trabajan los policías: los soldados que trabajan en patrullajes junto con la Policía ganan entre 250 y 310 dólares al mes.

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En un cuarto amplio hay un grupo de soldados. En su mayoría muchachos jóvenes con miradas hurañas, con ropa civil humildísima y más de uno aún con el rostro adolescente. Se han presentado de forma voluntaria para hablar conmigo, pero viéndolos ahora parece que hacen cola para ir al paredón de fusilamiento. “¡No, no, no, nada de grabar!”, salta uno de ellos cuando pongo la grabadora en la mesa. Vuelvo a guardarla, regañado, y el soldado ahora está a la ofensiva: “Si ni confiamos en los oficiales, no sabemos para qué se va a usar eso”. No es lo natural para un soldado dar sus opiniones, así, sin oficial mediante, y la cita toma algo de tiempo antes de que comience a arrojar frutos. Todos viven en cantones rurales, todos son padres, todos se sienten perseguidos, todos saben que llevar el uniforme es una afrenta a la verdadera autoridad de sus comunidades. Poco a poco van saliendo de sus trincheras para contarme cómo luce ser un miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador destacado en seguridad pública:

Uno es un chico delgado y con voz apenas audible. Se escapó por los pelos del que alguna vez fue su mejor amigo. Durante su infancia, este soldado tuvo un amigo que era como su hermano, pero la vida los fue llevando por caminos distintos: a él lo llevó a estudiar hasta noveno grado y luego a trabajar en una fábrica de cerámicas y luego al cuartel. Su amigo terminó siendo miembro del Barrio 18. “Insistía en que colaborara con ellos y como le dije que no, intentó matarme, pero solo un zapato me logró quitar”, dice. Se tuvo que mudar con su esposa y su primer hijo, todo lo lejos que consiguió costear.

Otro. Vivía en su cantón, junto con su esposa y sus hijos. Los pandilleros le dijeron a su esposa que se habían enterado de la profesión de él, pero que estaban dispuestos a hacer la vista gorda si les pagaba 3 mil dólares. Ni él ni su esposa han tenido nunca en la vida 3 mil dólares. Así que abandonaron ese terreno y fueron a construir una chocita en otro solar del mismo cantón. Ahí llegaron unos muchachos que él vio crecer desde niños a decirle “estás en deuda con la pandilla”. Y a él se le encienden los ojos con un brillo malo y se pone de pie y se toma los testículos y sube la voz: “¡No me hacen falta huevos! No me costaría aniquilarlos… pero es mi familia la que está en juego…” y se le va apagando la enjundia cuando me cuenta que hace más de un año y medio que vive en su cuartel; que llega por horas a su casa, una vez cada muchos días, con todo el sigilo del mundo, a ver a los chicos, o a dejarle dinero a su mujer, a comprobar que viven y luego se regresa a la base militar. Nunca duerme en casa y su familia tampoco tiene autorización para dormir en las barracas de su cuartel. “Nunca hay intimidad con tu pareja”, dice, ya más sosegado, y me pregunta si yo le podría decir al ministro de la Defensa que les ayude a conseguir visas temporales de trabajo en Estados Unidos.

Otro. Este muchacho trabajaba poniendo cielo falso en casas que tienen el detalle de tenerlos, hasta que la empresa cerró y no le quedó de otra que ir a tocarle las puertas al ejército: “Comencé a prestar mi servicio y empezaron mis problemas”, dice. Un día fue a la tortillería del cantón y ahí llegaron dos pandilleros en una moto. Ambos iban armados y le hicieron saber cuán a disgusto se sentían de tener a un “chacua” viviendo en “su” territorio. Tenía 4 años de vivir en la casa que construyó con sus propias manos, pero le tomó solo una noche empacar lo que pudo y largarse al siguiente día junto con su esposa y su hija de dos años. Se fue a otro cantón donde sus papás tenían una casita de bahareque que estaba medio abandonada; pero también se tuvo que ir a los meses porque los muchachos llegaron a buscarlo una noche, machetes en mano, sin atreverse a botar la puerta. No esperó a que se atrevieran y abandonó el campo para vivir con su madre en una comunidad de San Salvador, en una de esas casitas diminutas que con su llegada se encogió un poco más y que seguiría encogiéndose en los días siguientes. En la primera casa que abandonó quedaron viviendo su hermana y sus sobrinos: un bebé de brazos y una niña de tres años. Dos días antes de que yo conversara con él, los pandilleros llegaron a buscarlo y al no hallarlo, sacaron a su hermana y la pusieron de rodillas, la amenazaron con matarla a machetazos, dieron una patada a la niña de tres años e intentaron arrancarle de los brazos al bebé. Su hermana está bien, dice, “solo morada de la cara y con los raspones en las rodillas” y ahora vive con ellos junto con su bebé y una niña de tres años que aún no digiere el susto.

Otro. Este soldado luce mayor que sus compañeros y habla con una parsimonia campesina reservada para los asuntos más serios. A él también le exigieron un dinero que no podía pagar: unos inmensos, inabarcables 400 dólares. Un pandillero apuntó a la cara de su hijo con un fusil, para estimularlo a pagar. Tuvo que dejar su cantón e irse a otro, con su esposa, su hijo y su anciano suegro. Ahí su niño tuvo la mala fortuna de hacerse un adolescente y de entrar en el radar de la pandilla que lo invitó a salir. Cuando el muchacho se negó, intentaron sacarlo por la fuerza, pero fueron retados por el abuelo del muchacho, machete en mano. El anciano se enzarzó a filazo limpio con cinco pandilleros que terminaron dejándolo en el piso por creerlo muerto. Afortunadamente no murió. Y en esa segunda casa quedó abandonado todo, incluso unas vacas con nombre que eran un tesoro familiar. “Ahora ni salgo de mi casa, y uno tiene que actuar como que si uno fuera el delincuente”, se lamenta.

Otro: Los pandilleros se dieron cuenta que este soldado había participado en una operación en apoyo a la Policía y se tuvo que ir del cantón donde había vivido toda su vida con sus padres y su hermano gemelo. Pero los pandilleros pensaron que su mellizo y él eran uno solo y asesinaron a su hermano mientras iba en moto. “Me mataron a mi hermano por confundirlo conmigo”, me cuenta, indeciblemente triste, y consigue, a punta de disciplina militar, evitar que los ojos le traicionen.

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José Misael Navas trabajaba de custodiar a la hija del presidente de la República, como miembro del batallón presidencial. Era subsargento del ejército salvadoreño y ganaba 414.50 preciosos dólares por ocupar ese puesto de guardaespaldas que es tan codiciado en la milicia.

Frente a la casa que custodiaba, tenía derecho a una silla de plástico sobre la acera, a una caja con vasos y platos colocada bajo el tronco de un árbol y poco más. Lo que merecía, por ejemplo, no incluía un chaleco antibalas.

El 15 de febrero le dispararon desde un vehículo y lo mataron. Los dos tiros que le quitaron la vida le perforaron el tórax y el abdomen.

El presidente Salvador Sánchez Cerén envió condolencias públicas a la familia por medio de Twitter y al sepelio del guardaespaldas de su hija no asistió ni él, ni su hija, ni ningún representante de la familia. El Estado Mayor Presidencial pagó los gastos fúnebres, un paquete de café, otro de azúcar y una bandera de El Salvador que la familia colocó sobre el ataúd.

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Antesala del despacho del general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional.

—Ministro, cuando las pandillas atemorizan y agreden a sus soldados, ¿no es como tocarle la cara a las mismísimas Fuerzas Armadas, o a usted, o incluso al propio presidente de la República?
—Sí, claro que sí, pero sabemos que en esta misión son los riesgos que hay que tener. Sí, es humillante, pero no es nada comparado con nuestra determinación de llegar hasta las últimas consecuencias en el cumplimiento del deber.
—Las Fuerzas Armadas son el último recurso del Estado, el más fuerte… el más temible. ¿Qué le pasa a un país cuando unos pandilleros le amenazan al último recurso, el más fuerte, el más temible?
—Fijate que nuestra fuerza radica en el colectivo, como ejército. Individualmente somos débiles, como todo ser humano. Pero cuando tocan a alguien desplegamos un enorme operativo para que sientan que no pueden agredir a un soldado sin consecuencias.
—Imagino que no será un secreto para usted las condiciones aterradoras en las que vive su tropa.
—No lo es. Les enseñamos a administrar esa presión con el adiestramiento. Yo mismo la soporto. Todos los días soporto calumnias y no van a romper mi carácter ni mi profesionalismo con eso. No hay día de Dios que en redes sociales no me venga una injuria.

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El comisionado Arriaza Chicas no tuvo tiempo de escapar de aquella turba de hombres encapuchados que terminó rodeándolo y ofreciéndole una sonora serenata de improperios: “¡A la mierda Arriaza Chicas!”; “¡Solo está en una puta oficina como una ama de casa!”; “¡Bola de corruptos!”… El comisionado es el subdirector de áreas especializadas y operativas de la PNC y eso lo convierte en uno de los seis policías más importantes en El Salvador.

El 27 de enero más de 500 policías furibundos marcharon hasta casa presidencial. Se suponía que la Unidad de Mantenimiento del Orden los detuviera con barricadas hechas de alambres con púas afiladas, pero en lugar de eso se apartaron y algunos de los guardianes incluso se hicieron selfies con los manifestantes. Todos llevaban el rostro cubierto con los mismos gorros que la Policía les ha entregado para que escondan sus caras de los pandilleros.

La marcha consiguió lo que ninguna otra había conseguido antes: sacudir los portones de la mismísima casa presidencial y gritarle vituperios al presidente de la República frente a su oficina, sin que nadie hiciera nada para impedirlo. Solo entonces llegó una delegación de oficiales de la Policía y mientras algunos se apartaron a negociar con los líderes de la manifestación, al comisionado Arriaza Chicas le encargaron hablar con la turba para intentar enfriarles los ánimos.

Los policías se desahogaron a costillas de Arriaza Chicas, quien intentaba hacerse oír, diciéndoles a sus subalternos que eran un solo equipo, que compartían intereses, pero los otros le replicaban invariablemente con una lluvia de insultos y de reclamos atropellados: “El presidente dijo que nos iban a dar un bono, ¿dónde está ese bono?” Y el comisionado comenzaba a contestar: “Se está evaluando….”, y de nuevo la lluvia: “Solo evaluando cosas pasan, ¡ya estamos hartos de que estén evaluando!” De nuevo la vocecilla: “Cálmense”, y de nuevo la tormenta: “¡¿Cómo nos vamos a calmar si nos están matando a la familia?!”

En 2015, 64 policías fueron asesinados y durante los primeros 64 días de 2016, 10 agentes fueron ejecutados junto a un número difícil de estimar de madres, hermanos, esposas… Para apagar el descontento, el presidente Salvador Sánchez Cerén prometió mejoras, más chalecos antibalas, más patrullas y un bono económico al que no le puso monto, ni fecha de entrega.

El líder de los manifestantes, Marvin Reyes, conocido como “Siniestro” entre los agentes policiales, advirtió unos días después de la marcha que no tolerarían que ese monto fuera “miserable”. Cuando se le pidió que definiera “miserable”, dijo que un bono de 150 dólares trimestral era inaceptable y lo calificó como una “basura” y una “ofensa” y dijo que en lugar de apagar el fuego lo encendería más, porque él suele comparar a los agentes policiales con un barril de dinamita, o con un incendio.

Un bono trimestral de 150 dólares, consideró Siniestro, podría llevar a los policías a considerar seriamente irse a un paro general de labores o irse de nuevo a las calles o dejar de producir arrestos. “¿Se imagina lo que pasaría en este país si la Policía se va al paro?”, pregunta Siniestro a cualquiera que esté dispuesto a responder esa pregunta. Dijo que los policías necesitaban vivir con dignidad y contó que él mismo había sido expulsado de su casa por pandilleros, pero que debía seguir pagando el préstamo que hizo para comprarla.

Su movimiento pide un aumento de 200 dólares mensuales más dos bonos anuales de 500 dólares cada uno.

Finalmente, luego de muchas evaluaciones financieras, el Ministerio de Hacienda y el director de la Policía aprobaron a finales de febrero un bono trimestral de 150 dólares.

***

—Marvin: he entendido que ser policía es vivir con mucho miedo. Eso es potencialmente un polvorín…
—Es un barril de TNT.
—Un policía armado y bajo ese estrés es también un polvorín.
—Vea los mensajes que me llegan: “Hay que darles”, “Eliminemos” (a los pandilleros)… Es una cuestión de erradicarlos a como dé lugar. Esa no es la solución, la solución no es exterminar, pero el policía se ve bajo ese estrés increíble.
—¿No hay sicólogos que atiendan agentes?

Hay un grupo, pero no hacen nada. Si uno llega ahí, lo atienden, pero no salen a buscarnos. Alguien que está bajo estrés no va a aceptar nunca que tiene un problema, y peor si es un sicólogo, porque dicen que no están locos. Hay un compañero que toma medicamentos para controlar la ansiedad y cuando no los toma se vuelve histérico, se vuelve violento y grita, le grita a los compañeros. Si este tipo no toma los medicamentos y anda en la calle…. ¿qué cree que va a pasar?

***

Una patrulla de policías y soldados ingresa en una comunidad de Zacamil, en el municipio bravío de Mejicanos. Antes de que los agentes se internen en los laberintos de aquel lugar, los pandilleros ya han desaparecido. El único muchacho que se les atraviesa en el camino es aquel chico de 19 años al que su madre ha enviado a hacer unas compras a la tienda. Los agentes le mandan alto y el chico se detiene. Le ordenan quitarse la camisa para revisar si lleva tatuajes pandilleros. Se la quita. No hay tatuajes de pandilla. Le preguntan si es pandillero. Responde que no. Le preguntan por sus compañeros pandilleros, y él chico repite que él no es pandillero. Entonces comienzan a golpearlo.

Cuando la madre del chico sale a buscarlo, un policía ha apoyado una mano de su hijo sobre un pequeño muro y se la pica con un lapicero. La madre intenta explicarles, les pide que no lo golpeen más. Entonces los agentes le mandan alto a la señora, le ordenan que vuelva a su casa. Ella no obedece. Entonces la apuntan con las armas y la insultan. La llaman “vieja puta”. Salen más vecinas y acuerpan a la madre. Intentan explicar que el muchacho no anda metido en nada. Pero los agentes se van poniendo nerviosos. Apuntan con las armas, insultan, amenazan con arrestarlas a todas, las culpan de proteger a pandilleros. Por último, deciden dejar al muchacho en paz y se van.

Tal vez aquellos agentes de la ley estaban aquel día un poco más hartos de ganar un salario de mierda; tal vez en la juventud de aquel muchacho vieron la sombra de todas las amenazas mortales que se van cerrando sobre ellos. Quizá han abandonado una casa que tanto les costó pagar, o la noche anterior durmieron refugiados en el suelo de una base policial que será su hogar. Puede que soportaran la angustia asfixiante de dejar a todo lo que aman a merced de muchachos como al que acaban de golpear. Puede que sean, como dijo Siniestro, un barril de dinamita.

Pero del otro lado de sus iras y de sus miedos, una madre vio cómo torturaban a su hijo y un hijo vio a su madre humillada. Aquellos incendios, que fueron esa tarde esos policías y esos soldados, acaban de perder para el Estado a un chico y a su madre, que ahora los imaginarán con temor. Y también acaban de hacer que aquellos pandilleros a los que nunca llegaron a ver, fueran, desde ese día, un poco más poderosos, un poco más ley, un poco más autoridad. Y cada vez va quedando todo un tanto más roto, y cada vez hay más mechas encendidas.