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Los bandos en guerra de Colombia firmaron un acuerdo para dar fin a la más grande guerra civil del hemisferio occidental, la cual se ha prolongado durante más de medio siglo. El saldo oficial de víctimas a la fecha es de 218,000 muertos y 45,000 desparecidos; pero hay cálculos de muchísimos más. Un número incalculable de gente ha sido herida, torturada y encarcelada, y cerca de siete millones han sido desplazados al interior (la cifra más alta alcanzada por un país en el mundo). El pacto se cerró en La Habana, Cuba, tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC. El 2 de octubre, Colombia llevará a cabo un plebiscito para ratificar el acuerdo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que no pase. Tal como el mundo ha aprendido en los últimos tiempos, los referendos pueden ser propuestas riesgosas.

Desde el principio de las negociaciones con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe ha atacado el esfuerzo pacificador del presidente Santos, su antiguo ministro de Defensa. Últimamente ha intensificado su campaña en contra del plan de paz acordada, alegando que favorece y hasta recompensa a los “terroristas” de la FARC por sus crímenes porque no impone castigos punitivos, sino un plan de justicia transicional en el que los responsables de crímenes de guerra pagarán por sus pecados con labores de rehabilitación; otro punto que enardece a Uribe y sus seguidores es la posibilidad de que exguerrilleros participen en política en el futuro. Para coincidir con el plebiscito convocado por el gobierno (a favor del Sí), Uribe montó una contracampaña (a favor del No), bajo la consigna “la paz sí, pero no así”.

El conflicto en Colombia se remonta a 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un candidato presidencial de tendencia popular que comenzó la guerra civil conocida como La Violencia; los liberales de Gaitán y sus rivales conservadores se vieron envueltos en una viciada sangría que duró una década y dejó más de 300,000 muertos. Mientras tanto, los marxistas conformaban comunidades armadas de autodefensa campesina. A principios de los sesenta, el gobierno, temeroso de la expansión de una insurgencia comunista al estilo cubano, envió a su ejército a atacarlos, dando como resultado la proliferación de guerrillas armadas. Con el paso de los años, algunas guerrillas han renunciado a la lucha en diferentes acuerdos de paz, pero las FARC y el Ejército de Liberación Nacional o eln, de menor presencia, inspirado y respaldado originalmente por Cuba, han permanecido en el campo de batalla, con alrededor de siete mil y dos mil combatientes, respectivamente. (Además, las FARC también han calculado más de diez mil miembros en su milicia.) Éstos se han expandido por todo Colombia, pero principalmente se encuentran en áreas rurales donde sobreviven del cobro de impuestos a comerciantes y a quienes cultivan coca; en los últimos años también se han visto envueltos directamente en el negocio de producción y tráfico de cocaína. Asimismo ambos grupos se han financiado a través del secuestro con recompensa y extorsión; durante años, compañías mineras y petroleras han pagado a las guerrillas para evitar el sabotaje de sus pipas. Las FARC finalmente accedieron a sentarse en la mesa de negociación después de varios golpes a sus principales líderes, el más reciente en 2011, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos, entonces en su primer periodo, lanzó una operación militar en la que fue asesinado Antonio Cano, jefe máximo de las FARC.

En mis visitas a Colombia y Cuba en años recientes, me he reunido con Santos y miembros de ambos bandos de la negociación. Dado que la guerra civil continuaba su curso —con frecuentes ataques de las guerrillas a las patrullas armadas y ataques aéreos y terrestres a gran escala por parte de las fuerzas armadas colombianas— me impresionó el respeto que las partes se mostraron, y cómo parecían igualmente comprometidos en la causa por la paz.

He estado en muchas conflictos y he pasado mucho tiempo con hombres cuyas vidas se han entregado a la misión de matar a sus enemigos y, de ser necesario, de morir en la hazaña. La guerra tiene su propia lógica, y este síndrome de muerte voluntario es parte de él, y hasta que algo ocurre para desvirtuarlo, la paz ni entra en consideración en las mentes de los combatientes. Lo que pasaba con los colombianos era algo muy distinto y, para mí, refrescantemente nuevo: no importaba si estaba en el Palacio de Nariño o en un restaurante en La Habana, siempre había una sola conversación: seria, profunda, y a veces claustrofóbica —tanto con curtidos guerrilleros como con hombres del mero establecimiento colombiano— y era cómo lograr la paz. Por eso, por su singular intensidad, nunca dudé que lo lograrían.

El pasado septiembre en La Habana, pasé la tarde con el sucesor de Cano, conocido como Timochenko, con su segundo al mando, llamado Pastor Alape, y el vocero de la fuerza insurgente, Iván Márquez (quien firmó el acuerdo final por las FARC), en una cena donde celebraban con cerdo asado en el jardín de uno de sus amigos cubanos. Los guerrilleros se ufanaban de una ceremonia que había tenido lugar el día anterior: en presencia del presidente Raúl Castro, Timochenko y Santos se habían estrechado las manos y jurado firmar un acuerdo de paz en seis meses. El momento relucía con insignias de voluntad de paz: los tres hombres llevaban guayaberas blancas y su reunión inclusive había recibido la bendición pública del papa Francisco mientras terminaba una gira en la isla. (El plan de los seis meses resultó ser demasiado optimista; la fecha acordada del 31 de marzo iba y venía entre negociaciones postergadas por las garantías de seguridad para las guerrillas.)

Durante nuestra cena, Timochenko, un hombre bajo, corpulento y con barba de 57 años, reconoció que el día previo, antes de encontrarse con Santos, sintió algo así como pánico escénico, pero que pasó tan pronto llegó el momento. Mencionó su emoción al ver a Castro por vez primera, y contó cómo el líder cubano lo presionó para que estrechara la mano del presidente colombiano. Para Timochenko y sus amigos que han pasado la mayor parte de las últimas cuatro décadas en la jungla, la paz era un extraordinaria perspectiva a contemplar. Son, de alguna manera, verdaderos Rip van Winkles, que regresarían a ciudades y pueblos donde no habían podido mostrarse abiertamente desde su juventud. Cuando le pregunté a Pastor Alape, larguirucho y con gafas —y, como Timochenko, de 57 años de edad—, qué película pasaban en 1979 cuando se unió a las FARC e iba a la preparatoria, contestó con una sonrisa de oreja a oreja, Fiebre del sábado por la noche.

El verdadero nombre de Timochenko es Rodrigo Londoño Echeverri, y el de Pastor Alape, Félix Antonio Muñoz Lascarro. Márquez, el mayor de ellos, de 61 años, es Luciano Marín Arango. La cabeza de los tres tiene un precio para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recompensas por información para su captura que oscilan entre dos millones y medio hasta cinco millones de dólares; se les acusa de una variedad de crímenes que van desde del tráfico de cocaína coordinado por las guerrillas hasta las ejecuciones de aquellos campesinos de coca que se atrevían a vender productos a los rivales paramilitares de las FARC.

Los líderes de la guerrilla niegan haber estado directamente involucrados en el negocio de la cocaína, insisten en que los narcotraficantes colombianos son sus peores enemigos y se dicen del lado político correcto. Pero no es tan simple como esto. Como Pastor Alape explicó a mi amigo Patricio Fernández del periódico chileno The Clinic: “En un principio, las FARC tenían una política represiva contra los campesinos que sembraban mariguana o coca. Incluso desarraigaban sus plantíos. Pero esto nos acarreó muchos problemas. Después de una larga evaluación concluimos que no debíamos hacerlo pues provenía de un problema social. Así que en su lugar simplemente les pedíamos que colaboraran con una parte de su producción, una suerte de política de impuestos. Eso fue lo que hicimos. En otras palabras, cualquier capital que circulara en nuestro territorio tenía que pagarnos algo”. A medida que la guerra mengua, es más fácil para las guerrillas reconocer que dichas políticas fueron contraproducentes. El mes pasado, al visitar con otros reporteros un campamento en la jungla al sur de Colombia, un alto jefe de las FARC, Mauricio Jaramillo, aceptó que la política de tributación en las drogas había causado “un enorme daño” a los rebeldes.

Ahora los negociadores de las FARC han firmado un acuerdo en el que reconocen tácitamente su parte en el tráfico de drogas al aceptar cortar todo vínculo en el mismo. En cuanto en qué medida dicho acuerdo puede incidir en el problema de las drogas en Colombia, Santos me comentó en abril que, incluso si las FARC saliera del negocio, no se sentía muy optimista al respecto: “Con frecuencia me considero como alguien en una bicicleta fija”, me dijo. “A pesar de todo lo que hacemos por combatir el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer exportador mundial de cocaína.” Entonces comenzó a decir que la única manera de empezar a solucionar el problema global de la droga era despenalizarla pero, para ello, admitió, falta un largo trecho.

Santos también habló esperanzado del inminente acuerdo para la paz, pero agregó que “también hay quienes han hecho de la lucha contra las FARC una bandera, un estilo de vida, y buscan una nueva dialéctica en la cual sostenerse”. Esto parecía aludir a su predecesor Álvaro Uribe, un derechista cuyo padre murió en un fallido intento de secuestro por las FARC. Uribe ha hecho campaña contra la iniciativa de paz desde sus inicios. Con el eslogan “Paz sí, pero no así”, lanzó una instancia contra el movimiento por la paz, argumentando que el acuerdo ofrecido a las FARC “recompensaría a los terroristas” al permitirles postularse para un puesto público. De hecho, las FARC accedieron a un sistema de “justicia transicional” en el que el énfasis estaría en la confesión pública, la reconciliación y el servicio comunitario, pero aquellos que no confesaran sus actos o fueran culpables de crímenes de guerra serios estarían sujetos a penalización, incluyendo la cárcel. Sólo aquellos guerrilleros que pasen por este proceso podrán postularse para un cargo público.

Incluso si la mayoría de los colombianos vota a favor del acuerdo por la paz de Santos, otros actores violentos pueden continuar operando en las impunes trincheras colombianas. Colombia está en una tentativa de diálogo con el eln y se espera establecer rondas formales en Ecuador, pero las conversaciones iniciales han sido, según se sabe, más tensas que con las FARC. Los líderes del eln parecen más radicales ideológicamente y más recalcitrantes. También existe la sospecha de que pueden estar buscando ocupar el territorio al que las FARC ha renunciado o de donde se ha desplazado, especialmente en áreas donde los grupos han entrado en conflicto por el territorio previamente.

La derecha paramilitar colombiana también sigue siendo sumamente problemática. En principio postulados por acaudalados terratenientes, narcotraficantes y hacendados, con frecuencia bajo la protección secreta del Estado, estas bandas armadas hasta los dientes masacraron a civiles de quienes sospechaban colaborar con la guerrilla en una campaña de terror que se extendió desde los noventa a la primera década del dos mil. Para el 2002, cuando Uribe fue electo presidente, las milicias se habían convertido en poderosas organizaciones criminales, fuertemente involucradas en el negocio de la cocaína tanto como en el de secuestro, extorsión y usurpación de tierras. Uribe ofreció amnistía a los combatientes paramilitares a cambio del desarme, y decenas de miles de ellos aceptaron su oferta. A la mayoría se le permitió regresar a la vida civil sin castigo alguno. Desde entonces, miles han regresado al campo de batalla, donde operan abiertamente como narcoparamilitares y narcotraficantes organizados dentro de las filas militares. (En años recientes, docenas de oficiales y miembros originales del Congreso del partido de Uribe han sido condenados por conspirar con los paramilitares. Uno de los hermanos de Uribe actualmente se encuentra sujeto a juicio acusado de haber constituido su propio escuadrón de la muerte paramilitar.)

En abril, cuando hablé con Santos, se expresó con desprecio del más grande y poderoso de estos grupos, una amalgama de pandillas y paramilitares veteranos que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual, me dijo, suma aproximadamente 2,500 hombres armados. Él dice que este grupo intentaba presentarse como fuerza insurgente con la esperanza de ser legitimado con sus propios acuerdos de paz y un eventual amnistía. Santos me comentó que no iba a conceder a los autollamados Gaitanistas la legitimidad que anhelaban; en cambio, planeaba “darles duro, bien duro”.

Mientras tanto, un diplomático, que conoce bien a Colombia y sus actores, compartió conmigo su preocupación sobre el gran número de colombianos que se oponen al acuerdo de paz. “Piensan, como Uribe, que concede demasiado a las FARC. El problema de esta visión es partir de la suposición de que si se cancela el acuerdo de paz, las farc pueden ser eliminadas militarmente, y creo que eso es una pésima lectura de la realidad.”

La gran lección de la historia de Colombia siempre ha sido que se necesita violencia para ganarse un lugar en la mesa. Se requerirá no sólo una paz duradera sino un ejercicio efectivo de la ley para cambiar tal patología en los años venideros.

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El hijo que nunca llegó

Todos los días, sin falta, Teresita Higuita Zuleta esperaba que Gonzalo, su hijo, regresara a casa. Con su infinito amor de madre, cada noche le servía en la mesa una porción de comida. El manjar no era más que una plato de fríjoles con arepa, pero Teresita sabía que era lo que más disfrutaba Gonzalo cuando se sentaba en el comedor. De vez en cuando degollaba una vieja gallina de campo y le guardaba la mejor parte: un trozo de pechuga o un jugoso pernil, con la esperanza de que su vástago se sintiera feliz a su regreso.

Una noche cualquiera, entre sueños y al borde de la alucinación, Teresita vio que Gonzalo entró por el corredor de la casa, descargó un morral que llevaba sobre sus hombros, lanzó un suspiro y se tiró al piso, abierto de brazos, a descansar. “Ella dijo que lo había visto con la espalda pelada de cargar un morral muy pesado”, recuerda Sandra Callejas Higuita, su hija, quien luego describirá que su madre, alegre al sentir su presencia, al instante dijo exaltada: ¡Llegó mi hijo, llegó mi Gonzalo, llegó! Con la dicha por el anhelado reencuentro, Teresita se levantó rápidamente de la cama a darle la bienvenida y a servirle el plato de siempre. Pero pronto se dio cuenta que solo había sido un sueño.

Gonzalo llevaba desaparecido cinco años y no había ni asomo de su paradero. Los meses pasaban y la incertidumbre por saber algo de su suerte era mayor. Pero el día de su regreso jamás llegó. A Gonzalo, quien tenía 18 años y era el menor de la familia, lo mataron en 2003 los paramilitares, los mismos que meses después arribaron hasta la casa de Teresita y sin asomo de remordimiento, le confesaron:

–Él fue asesinado pero nosotros hicimos un hueco y lo enterramos. Al menos esté tranquila, que los gallinazos no se lo comieron.

Sandra Callejas Higuita, una mujer jovial y de mirada reflexiva, trae a su memoria esta historia mientras permanece sentada en un improvisado escritorio de la casa que ahora funciona como sede de la Asociación de Víctimas de Ituango, en el norte de Antioquia, un municipio que ha padecido, como tantos otros en Colombia, los estragos de la guerra. Como casi todos los habitantes de este pueblo, escondido entre las montañas que bordean el Parque Nacional Nudo de Paramillo, Sandra ha vivido en carne propia los embates de un conflicto armado que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, pero también decenas de viudas, huérfanos y lisiados.

Mientras su pequeño hijo Mateo Torres, de ocho años de edad, revolotea por los alrededores de la casa, Sandra cuenta que la desaparición de su hermano fue el final de varios hechos trágicos que le sucedieron a su familia. A los Callejas Higuita la guerra les quitó a cuatro de sus hijos: Marleny Callejas Higuita, de 35 años, y Ángel de Dios Callejas Higuita, de 30, fueron desaparecidos por la guerrilla; y Milagros Callejas Higuita, de 24 años, y Gonzalo Callejas Higuita, de 18, murieron en manos de los paramilitares. La familia solo pudo darle cristiana sepultura a Marleny, pero Sandra presume que así como Gonzalo, los demás también fueron asesinados.

Desde ese momento Teresita, su madre, entró en depresión y con el tiempo su salud fue desmejorando.

–A ella eso la destrozó física y mentalmente, y ligerito cayó en una depresión y en las enfermedades –dice Sandra.

Esperando a Gonzalo y aferrada al dolor por la pérdida de sus otros tres hijos, Teresita, quien para entonces cumplía 56 años, falleció el primero de marzo de 2009.

***

Es una mañana de miércoles de finales de junio en Ituango. El calor y una leve humedad se combinan con el aire de tranquilidad que se respira en el parque principal. Un grupo de abuelos, de aspecto campesino, conversa con parsimonia a un lado del busto de Jesús María Valle, el inmolado defensor de derechos humanos que levantó la voz ante las autoridades para que no siguieran asesinando a la gente de su pueblo. Un niño monta en bicicleta por una empinada calle; un par de señoras organizan sus kioscos de comida rápida y un cotero arruma bultos de mercancía al interior de una tienda de abarrotes. En una esquina contigua a la calle atrincherada por el ejército, permanece parqueado un bus escalera al que los campesinos llenan de bultos de cemento, papas y arrobas de panela. En otros tiempos, murmura la gente, hubiese sido imposible, siquiera, sacar una cámara fotográfica e intentar hacer una imagen sin que algún soldado te advirtiera que por seguridad no estaba permitido tomar fotografías.

Antes de que la guerrilla decretara el cese unilateral de hostilidades –en julio de 2015–, Ituango era un territorio en conflicto y donde, en cualquier momento, podrías terminar en medio de una balacera. Durante varios años paramilitares y guerrilleros se disputaron el poder de esta zona del norte de Antioquia, dejando a su paso cientos de muertos y desaparecidos, familias desintegradas y miles de desplazados.

Sandra Callejas Higuita, quien ejerce como presidenta de la Asociación de Víctimas, cuenta que en Ituango hay, por lo menos, unas 17 mil víctimas del conflicto armado. Casi el 95 por ciento están registradas como desplazadas. Recuerda que las balas con las que se ha condenado injustamente al pueblo, han llegado de todos los frentes: de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. “Aquí no podemos sacar en limpio a ninguno”, asegura. En Ituango no existe una cifra oficial de personas asesinadas, tampoco de desaparecidos y mucho menos del número de mujeres abusadas sexualmente por miembros de uno u otro bando. De conocerse quizás sería más evidente la magnitud de la guerra. Pero es claro que en este pueblo de 2.347 kilómetros cuadrados y 21.757 habitantes, cada poblador lleva a cuestas una historia de algún familiar asesinado o desaparecido.

Por fortuna, hoy sus habitantes viven días de paz. Una semana atrás, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc EP– habían firmado en La Habana el acuerdo de cese bilateral de hostilidades y la gente en Ituango se sentía esperanzada. Incluso, la noche posterior a la firma  –el jueves 23 de junio– sus habitantes entraron en júbilo cuando se enteraron que los soldados estaban retirando las trincheras que durante casi dos décadas se habían mezclado con el paisaje urbano. La imagen que registró el momento fue compartida miles de veces en las redes sociales, como un gesto de paz en una de las regiones más marcadas por el conflicto armado. Pero rápido la gente pasó de la celebración a la indignación, al percatarse de que los militares las habían instalado de nuevo. “Yo sentí vergüenza al saber que ellos ilusionaron a las personas con que las iban a quitar y al otro día las pusieron”, se lamenta el niño Mateo Torres Callejas, quien habla con tanta naturalidad sobre la paz y la guerra como cualquier infante que organiza los juguetes de una piñata. “Si seguimos haciendo la guerra se va a afectar a muchas personas. Eso a mí no me gusta, a mi me gusta es cantar”, dice.

Lo cierto es que la gente en esta localidad respira un nuevo aire desde que los guerrilleros decidieron silenciar sus fusiles. Desde entonces sus pobladores se han vuelto a tomar las calles, han vuelto a disfrutar de la noche y a recorrer los rincones del pueblo, como lo hacen hoy, sin temor a quedar atrapados entre el fuego. “Estamos viviendo un receso y estamos tranquilos”, expresa el defensor de derechos humanos Román Álvarez Sucerquia.

En primera página

Hasta mediados de los años 90, Ituango era un pueblo desconocido para la mayoría de colombianos. Escondido entre el quebrado relieve de la cordillera occidental y atravesado por el caudaloso río Cauca, este municipio antioqueño, ubicado a 190 kilómetros de Medellín, se mantuvo en el anonimato a pesar de ser el centro de operaciones de varios los frentes de las Farc, entre ellos el 18 y 36, quienes, según cuentan sus pobladores, fueron copando su territorio desde inicios de los años 80. Durante años la guerrilla controló a sus anchas cada metro cuadrado de este territorio, pero a mediados de 1996 las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, llegaron al casco urbano con la intención de arrebatarles terreno.

Así, el 11 de junio de ese año los paramilitares dieron el primer golpe asesinando a cuatro pobladores en la cabecera urbana. Luego se dirigieron hasta el corregimiento de La Granja donde, tras tomar el control de la zona y ordenarle a sus pobladores cerrar las tiendas, torturaron y ejecutaron a cinco campesinos, a quienes señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla. El plan de los hermanos Castaño era apropiarse, a sangre y fuego, de esa región estratégica entre los departamentos de Antioquia y Córdoba para el paso de armas entre el norte y el centro del país, así como para el cultivo y procesamiento de drogas en una zona donde la presencia estatal históricamente ha sido invisible.

–Hace parte de nuestra estrategia: o la guerrilla sale de sus santuarios o vamos a entrar (…) Si el ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes, yo sí, y se los voy a demostrar– aseveró Carlos, el menor de los Castaño.

Esas primeras incursiones eran apenas una advertencia de lo que ocurriría entre el 22 y el 27 de octubre de 1997 en un desconocido y alejado corregimiento llamado El Aro.

Durante esos días un comando paramilitar conocido en la región como los “mochacabezas”, realizó un recorrido macabro que empezó en el corregimiento de Puerto Valdivia, a orillas de la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe. Antes de llegar a El Aro, el grupo conformado por unos 200 hombres recorrió las veredas Puquí, Remolino, Puerto Escondido y Organí, donde asesinó a ocho campesinos. Algunos de ellos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia, otros fueron baleados y sus cuerpos abandonados a un lado del camino. Cuando pusieron los pies en El Aro, los paramilitares ordenaron a sus habitantes salir de sus casas y dirigirse hasta la plaza, y allí, entre gritos e insultos, continuaron el sanguinario ritual. El primero en morir fue el tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza, de 64 años. Los testigos dicen que después de amarrarlo a un palo los paramilitares le arrancaron los ojos, el corazón y los testículos. “¡Guerrilleros malparidos, se van a morir todos!”, gritaron los bárbaros y siguieron con la cacería. Aturdidos, los pobladores vieron como mataban a sus vecinos y violaban a varias de sus mujeres. Antes de marcharse, ordenaron a los sobrevivientes que se largaran del caserío y procedieron a prenderle fuego a las viviendas. Quemaron 42 de las 60 casas del poblado, asesinaron a 17 campesinos y obligaron a algunos de los sobrevivientes a arrear, hasta varias fincas del Bajo Cauca, más de mil reses que robaron en el camino. El plan paramilitar para sacar de su madriguera a la guerrilla ya empezaba a ponerse en marcha.

–Yo he defendido que lo que ocurrió en El Aro no fue una masacre, eso fue un genocidio– reflexiona uno de los líderes del pueblo. Luego, afirmará que todo lo peor que le puede pasar a un pueblo le ha ocurrido a El Aro, olvidado históricamente por el Estado y ultrajado por los paramilitares.

De nada sirvieron las denuncias que el abogado Jesús María Valle –oriundo del corregimiento La Granja y destacado defensor de derechos humanos–, había hecho a las autoridades regionales sobre el asesinato de campesinos en Ituango y la estrecha relación que sostenían los paramilitares con miembros del ejército y la policía que operaban en el pueblo. En declaraciones dadas a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, Valle Jaramillo dijo: “El grupo paramilitar sembró terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades, del Ejército y la Policía, y no había ni respuesta del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército”. Y enfatizó: “De 1996 a 1997 (diciembre 31) fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”.

El 27 de febrero de 1998, veintiún días después de haber juramentado en la sede regional de la Fiscalía, Jesús María Valle fue acribillado por dos hombres y una mujer en su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en pleno centro de Medellín. Con el tiempo se sabría que los autores del homicidio pertenecían a la banda La Terraza, la cual ofrecía sus servicios a Carlos Castaño.

Por las masacres de El Aro y La Granja, en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por omisión y acción directa de los miembros de la fuerza pública, y lo obligó a reparar integralmente a las víctimas. Los campesinos de la zona han denunciado insistentemente que esas reparaciones nunca llegaron y que aún hoy, 19 años después de la masacre, continúan echados a su suerte en ese paraje olvidado, al que solo es posible llegar en mula después de recorrer siete u ocho horas de camino.

–Allá no ha habido ningún plan de retorno, las 31 familias que regresaron lo hicieron por su propia voluntad– comenta una exfuncionaria de la Administración Municipal.

La bomba de “La Peatonal”

Esta mañana de miércoles las personas caminan, tranquilas, por la calle que todos conocen como “La Peatonal”, donde a cualquier hora del día bares y negocios se disputan, con música a alto volumen, a aquellos potenciales clientes que buscan un lugar cómodo para tomarse una cerveza. Como a la mitad del pasaje se encuentra instalada una placa que recuerda la memoria de las personas que murieron en ese sitio la noche del jueves 14 de agosto de 2008, cuando un explosivo dejado por un hombre minutos atrás al interior de una caneca, destruyó el ánimo colectivo que había en vísperas de las fiestas de la Itangüinidad. Según datos de la Personería de Ituango, esa noche murieron Camilo Pineda Galeano, José Alejandro Arias Valencia, Cristián Estiven Cossio Barrera, Dairo Pineda Galeano, y los menores de edad Juan Camilo Osorio Uribe e Iván Darío Henao George. También falleció Alberto de Jesús Calle Gallo, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Ituango en los tiempos en que ocurrió la masacre de El Aro. Calle Gallo había sido la persona que se encargó de alertar y pedir ayuda al gobierno departamental y al Ejército para contrarrestar aquel ataque paramilitar de 1997.

Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos, fue uno de los 52 heridos que dejó la explosión. Mientras camina por el lugar, afirma que la imagen de sus paisanos tirados en el piso, el caos, los escombros y la destrucción de aquel espacio que minutos antes rebosaba de vida, será difícil de olvidar. “El olor característico de la sangre, la tierra y la pólvora, se demoran para borrársele a uno del olfato, del pensamiento. Es demasiado difícil, es un momento muy doloroso”, reflexiona. Román sufrió una leve herida en uno de sus pies y un bar de su propiedad, que estaba ubicado a unos 20 pasos del sitio de la explosión, quedó completamente destruido.

“Como hijos de esta tierra amada, encendemos una luz para no olvidar el dolor y continuar siendo un pueblo de paz, solidario y digno”, se lee en la placa insertada a un lado de la calle que divide en dos “La Peatonal”. Ese hecho trágico permanece en la lista de recuerdos dolorosos que los ituanguinos llevan consigo y que intentan matizar con los vientos de paz que vive el país.

Para menguar los impactos emocionales que han dejado hechos como este, en 2012 Sandra Callejas Higuita decidió crear la Asociación de Víctimas de Ituango con la idea de acompañar a quienes han perdido algún familiar en el conflicto armado. “Aquí nos agrupamos como una familia y sacamos fuerza para llegarle al otro, para ayudarle, para compartir el dolor, para acompañarnos; si vamos a llorar, este es el lugar para hacerlo”, asevera. Son más de 200 familias las que componen la organización, el equivalente a unas 800 personas. De ellas, el 90% son mujeres. Allí encuentran orientación sobre cómo reclamar sus derechos y el camino que deben seguir en ese enmarañado mundo burocrático para que el Estado las reconozca como víctimas y les brinde la indemnización a la que, por su condición, tienen derecho. Aunque en esos asuntos Sandra es escéptica, pues cree que es difícil que el Gobierno pueda reparar integralmente a las miles de familias que han debido lidiar con la guerra en Ituango.

–Eso es como soñar que el gallo pone– sentencia.

La masacre desconocida

Humberto de Jesús Zapata es un campesino trabajador, de mirada recia, manos callosas y lúcido hablar. Mientras sorbe un trago de café en un negocio contiguo al parque principal, cuenta la historia de una masacre poco conocida que ocurrió a finales del año 2000 en la vereda El Cedral, donde viven él y su familia. El Cedral es un caserío ubicado a unas tres horas y media del casco urbano de Ituango. Hasta allí se llega luego de un recorrido de dos horas y media, en bus escalera, por una carretera destapada y en regular estado, y después de montarse durante más de una hora sobre el lomo de una mula.

Sus pobladores –más de 600– no sabían nada del conflicto armado que ya se asentaba en el municipio, aunque desde los años 90 habían visto cruzar por sus caminos a hombres armados que, por temor, a nadie le interesaba identificar. Las familias vivían del cultivo de café, fríjol, maíz yuca y del cuidado de algunas cabezas de ganado. La vida parecía transcurrir en tranquilidad, hasta el 30 de octubre del 2000, cuando un grupo de paramilitares apareció en una finca cercana al poblado dispuesto a dejar su marca de terror en aquel poblado.

Humberto se encontraba ese día recogiendo café en una finca cercana al caserío. Recuerda que los hombres llegaron hasta el centro poblado, reunieron a un lado del centro de salud a una decena de pobladores que a esa hora trabajaban en una obra de alcantarillado, y a quienes caminaban desapercibidos por la calle: jóvenes, niños y ancianos, y les anunciaron que habían subido hasta allí con el objetivo de quemar el pueblo. Por la primera persona que preguntaron fue por Leonel Piedrahíta, el presidente de la Junta de Acción Comunal.

–¿Usted sabe de la guerrilla? – le inquirieron.
–Yo no sé nada– respondió el líder campesino– Yo soy un tipo trabajador, qué voy a saber de grupos armados.
–Tiene dos minutos para que salve su vida– contestó uno de los hombres y preguntó de nuevo:
–¿Sabe usted de la guerrilla?
–No sé nada. Qué me voy a poner a inventar lo que no sé…

A Leonel lo fusilaron ante la mirada atónita de su vecinos. A continuación, siguieron con otros tres campesinos que tenían en lista: Antonio Zamarra, Rubén Piedrahíta y Elías Mesa. A otro de los labriegos le pegaron un tiro que le atravesó el pecho y al instante lo lanzó al piso. Todos creyeron que estaba muerto y por eso no lo remataron. “Eran gente camelladora, labradora de la tierra, igual que uno”, se lamenta Humberto mientras sorbe otro trago de café, amargo como la historia que cuenta. Los paramilitares procedieron a quemar las viviendas mientras los sobrevivientes, impresionados, miraban arder lo poco que guardaban en su interior. Desde la finca donde recogía café, Humberto alcanzó a ver el humo que se esparcía por todo el cañón, pero supuso que alguien estaría quemando algunas matas de yaraguá (rastrojo). Al poco tiempo se enteró de la incursión paramilitar porque un vecino suyo, acelerado, llegó hasta el cafetal y le advirtió: “Oiga hombre, si usted es resistente, quédese, y si es miedoso ábrase porque los paramilitares están quemando El Cedral”. Desesperado, agarró el camino y como pudo llegó hasta su vivienda, donde estaban su esposa y sus dos hijos. Ya reunidos, alcanzaron a recoger algunos harapos y buscaron refugio.

Al percatarse que los paramilitares se habían ido, los pobladores recogieron a sus muertos y al otro día se desplazaron hacia el casco urbano. Humberto y cinco familias más decidieron quedarse en la vereda pese al miedo que les produjo la muerte de sus vecinos. “¿Para qué me voy a ir para Ituango?, ¿para apilarnos todos allá?, ¿nos vamos a ir para el casco urbano donde están los paramilitares? Nada debemos, nada tememos. Nos quedamos aquí”, sentenció. Luego dirá que ese año toda la cosecha de café se perdió porque no había mano de obra con la cual trabajar.

Tres meses después de la masacre, empezaron a retornar a El Cedral las primeras familias. Humberto asegura que poco a poco la tranquilidad fue regresando al pueblo y que con el tiempo el Gobierno reconstruyó las viviendas. Ahora, dice, llevan una vida tranquila y aran la tierra con sosiego y sin mayores preocupaciones. Humberto se toma el último trago de su café y le da gracias a Dios porque ni a su familia ni a él les pasó nada.

– Ojalá no vuelva a ocurrir en la vida una cosa de esas– finaliza.

Ituango era el infierno

La vida apacible de Ituango, cuando los campesinos cultivaban la tierra y los padres veían correr a sus hijos por las empinadas calles del pueblo, quedó solo como un recuerdo cuando guerrilleros y paramilitares empezaron a darse bala y a medir sus fuerzas de combate en las tupidas selvas del Nudo de Paramillo. Mientras los hombres de Castaño y Mancuso realizaban recorridos de terror por los campos, asesinando pobladores, violando mujeres y quemando caseríos, la guerrilla se tomaba el pueblo con el objetivo de debilitar a militares y policías y destruir la infraestructura local. Sus habitantes tienen memoria de, por lo menos, cinco tomas guerrilleras al Comando de Policía y al parque principal. En las paredes de los pasillos de la Alcaldía Municipal permanecen enmarcados algunos retratos de la toma de 1987, donde se aprecian los muros del antiguo palacio municipal baleados y una edificación contigua derruida.

Pero quizás la toma más violenta ocurrió la noche del lunes 5 de marzo de 1995, cuando un ejército con por lo menos 500 guerrilleros de los frentes 5, 18, 34, 36, 57 y 58 de las Farc, se metió al casco urbano decidido a destruir el pueblo y a matar a la veintena de policías que lo cuidaban. El enfrentamiento, que se prolongó hasta las once de la mañana del día siguiente, fue tan intenso que destruyó la antigua casona donde funcionaba la Alcaldía y el Comando de Policía, dejó en ruinas la Caja Agraria, el Banco Cafetero, la cárcel y hasta un consultorio médico aledaño. La toma dejó siete muertos, entre ellos un policía, tres reclusos, dos meseros de un bar y un transeúnte. Antes de marcharse, los guerrilleros secuestraron al alcalde José Milagros López y al personero Jairo Correa Montoya. Cuando los llamaron les dijeron que solo querían dejarle un mensaje al Gobierno con ellos, pero se los llevaron monte adentro y solo vinieron a liberarlos  20 días después en un paraje cercano a Dabeiba, en el occidente antioqueño. “Los muchachos estuvieron aquí el tiempo que quisieron, se metieron donde les dio la gana, hasta en la iglesia, dispararon, tiraron bombas, nos obligaron a escucharlos en el parque y se fueron cuando les pareció”, le dijo una mujer a un reportero de El Tiempo dos días después de la toma.

“Nosotros vivíamos en hostigamientos frecuentes”, cuenta Elizabeth Álvarez –29 años, abogada–, quien ahora se desempeña como secretaria de Gobierno de Ituango. “Eran tan comunes –continúa– que uno se acostumbraba a ellos sin alterarse tanto. Cuando empezaba la balacera ya ni nos asustábamos”. Sin embargo, la zozobra era permanente entre sus pobladores y pocos se atrevían a salir de sus casas después de las siete de la noche. Los rumores de que en cualquier momento la guerrilla se tomaría de nuevo el pueblo eran pan de cada día.

Pero si en el pueblo la guerrilla quería arrasar con la infraestructura y todo lo que proviniera del tímido gobierno, en la zona rural los enfrentamientos con los paramilitares no cesaban. Uno de ellos ocurrió el 20 de julio del año 2000 en el corregimiento de Santa Rita, un antiguo bastión guerrillero que meses atrás había sido tomado por un centenar de hombres del Bloque Mineros de las Autodefensas. Mientras los paramilitares diluían el tiempo bebiendo cerveza en las tiendas, caminando por sus calles y piropeando a las jovencitas, fueron emboscados por cerca de mil hombres de la guerrilla. Los paramilitares no tuvieron tiempo de reaccionar ante el ruido de las balas y las granadas. En el enfrentamiento murieron 35 paramilitares y dos civiles. “Los que pudieron se volaron, los que no, quedaron ahí”, recuerda una de las antiguas habitantes de ese poblado, quien después de la masacre salió desplazada con su esposo y sus hijos.

La mujer cuenta que el sacerdote del pueblo y los campesinos debieron recoger los cuerpos que quedaron esparcidos en las mangas, “porque allá no había ni ley, ni nada. La ley de allá eran ellos”.

En febrero de 2001 ocurrió un hecho similar en el mismo corregimiento. Un día, durante la madrugada, unos 800 hombres de la guerrilla atacaron con granadas y morteros el campamento paramilitar que se asentaba cerca el caserío y mataron a 30 paramilitares. Los que quedaron en pie debieron salir corriendo selva adentro pero, debido a las heridas, varios de ellos murieron en el camino. “Las comunidades de esta zona cuentan que era exagerada la cantidad de gallinazos que, durante meses, se mantuvieron en ese monte, porque al parecer muchos corrieron heridos y no alcanzaron a salir a ningún lado”, afirma Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos de Ituango.

María Eugenia Durango Vera, una jovencita que acababa de cumplir 20 años y quien en ese tiempo trabajaba como asistente en la oficina de la Registraduría, recuerda que un sábado en la mañana llegaron al pueblo, destilando sangre, dos volquetas repletas con los cuerpos descompuestos de los paramilitares muertos en los enfrentamientos. Como en una escena de terror que describe como “surreal”, Eugenia tomó registro de cabezas cercenadas, cuerpos torturados y quemados y miembros amputados. “A esos muertos nos les cabía ni un machete, ni una bala más, no les cabía ningún otro dolor”, asegura. Luego, para enfatizar y dar a entender la magnitud de la violencia que se vivía en esa época en Ituango, dirá:

–En el año 2000 esto era un IN-FI-ER-NO. Si en algún lugar podía estar el infierno, era aquí.

Incertidumbres ante la paz

Por estos días de finales de junio hay expectativa en Ituango por lo que pueda pasar luego de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. Sus habitantes celebran que ya no hay retenes guerrilleros y al pueblo se puede llegar con facilidad en menos de cinco horas por una vía pavimenta y en buenas condiciones. Los paramilitares abandonaron el municipio poco después de arrancar las negociones con el Gobierno en Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, y la economía parece dinamizarse con la construcción de HidroItuango, un ambicioso proyecto de ingeniería que promete generar el 17 por ciento de la energía de Colombia a partir del 2018.

La secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez, cuenta con satisfacción que en el primer semestre de 2016 se registraron en Ituango apenas tres homicidios, los cuales fueron producto de riñas callejeras y no por grupos armados ilegales. “Son muertes que generalmente se producen cuando la gente consume mucho licor”, explica la funcionaria. Luego, añadirá que años atrás la cifra podría llegar a 80 homicidios, pero desde el cese unilateral se ha visto un cambio en el área urbana y rural.

Por eso muchos de sus pobladores miran con esperanza el futuro cercano. Otros, en cambio, aguardan con cautela por lo que pueda ocurrir cuando la guerrilla entregue las armas definitivamente y los desmovilizados empiecen a convivir con la población civil. Uno de sus temores es saber qué ocurrirá en aquellos lugares donde la guerrilla ha ejercido durante lustros la autoridad de forma casi absoluta –como reconocen las autoridades locales–, donde ha impuesto las normas, donde ha decidido hasta qué horas las personas deben permanecer en las calles y hasta cuáles son los linderos entre una y otra finca. “Mal o bien, la guerrilla se ganó la legitimidad de algunas comunidades y hoy por hoy debemos ganar esos espacios que van a dejar”, expone el alcalde Hernán Darío Álvarez, quien sabe que de ahora en adelante uno de los grandes desafíos será tener una mayor presencia en aquellos territorios tradicionalmente olvidados.

Santa Lucía, una vereda que limita con el Parque Nacional Nudo de Paramillo y con el cañón del río San Jorge, en el sur de Córdoba, y donde confluyen distintos corredores del narcotráfico –según denunció en 2014 la Corporación Ideas para la Paz–, es una de las 20 zonas de concentración acordadas entre el Gobierno y las Farc para alistar a los miembros de esa guerrilla antes de su desmovilización. Allí se concentrarán unos 400 guerrilleros del Frente 18 de las Farc, quienes se ceñirán a los protocolos de desarme acordados en La Habana. Los habitantes de esta vereda confían en que, al ser protagonistas de un hecho histórico para el país, el Gobierno por fin se acuerde de ellos y les ayude a mejorar sus condiciones de vida con la construcción de un centro de salud, una escuela en mejor estado y la adecuación de la carretera. Aunque también hay personas temerosas –advierte la secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez– que creen que estas zonas servirán para cometer delitos y por temor tal vez quieran desplazarse al casco urbano. “Eso sí –enfatiza el alcalde–, hemos dejado claro que no queremos que nos vayan a dejar problemas, pues somos un municipio con muy pocos recursos”.

Lo cierto es que Ituango, un pueblo históricamente azotado por guerrilleros y paramilitares, es ahora el epicentro de un momento crucial para el futuro del país con la firma del proceso de paz; y en gran medida el éxito de este acuerdo dependerá de lo que suceda en pueblos como este, donde el Estado deberá demostrar su capacidad para ejercer soberanía y llegar a todos sus ciudadanos.

Pero más allá de las zonas de concentración, hay otros asuntos que mantienen intranquila a la población. Una de las mayores preocupaciones de Lina Zuleta, líder del municipio e integrante de la Asociación de Mujeres, es que con la desmovilización de las Farc saldrán a relucir problemas como la violencia sexual y el abuso de niños, que antes permanecían ocultos por temor a los grupos armados. “Ahora se nos abre el panorama porque todos esos temas se van a poder denunciar y habrá que tener una institucionalidad fortalecida que pueda darles respuesta”, explica. Meses atrás, un campesino de Santa Lucía había hecho una advertencia similar con estas palabras:

–No crean que la firma del acuerdo de paz nos va a traer rosas, lo que nos va a traer es la posibilidad de quitarnos un manto que tenemos encima de nosotros; eso nos va a permitir ver lo que realmente somos y lo que realmente somos no es tan bueno.

Otro asunto que preocupa es el cambio social y económico que ha traído al pueblo el proyecto Hidroituango. Por ejemplo, los campesinos que antes cultivaban yuca, plátano, fríjol o café, ahora trabajan como obreros en la central y reciben un pago quincenal que, en muchos casos, terminan gastando en licor en alguna cantina del pueblo. “Con el proyecto se nos llevaron toda la fuerza de trabajo del campo. Por ejemplo, toda la cosecha de café del año pasado se perdió porque no había trabajadores y menos con qué pagarles lo que se ganan en Hidroituango”, asevera otra de las líderes de Ituango. Los salarios pagados por la empresa también produjeron el aumento casi instantáneo de los arriendos y de la canasta familiar.

El boom económico hizo, además, que aumentara la prostitución en la zona urbana, por lo que para muchos ya no es extraño ver a los jóvenes visitar estos sitios regularmente y escuchar a los proxenetas anunciar: “Bueno, alístense que para el otro fin de semana viene ganado nuevo”. Otro de los problemas que comienza a aflorar es el aumento de las plazas de vicio y el consumo de drogas entre los jóvenes. “Aquí vos encontrás lo que quieras”, cuenta una vecina del parque, y agrega: “Yo no había visto tanta droga en Ituango como en este momento”. A su preocupación se suma el aumento de casinos y negocios tragamonedas que pululan por las calles aledañas al parque principal. El dinero parece moverse a borbotones gracias al proyecto energético, que le ha dado empleo a cientos de personas de la zona, pero nadie sabe qué pasará cuando entre en funcionamiento en 2018 y los puestos ocupados por los obreros dejen de existir.

Sin embargo, una de las mayores amenazas es la inminente explotación minera que llegará al pueblo luego de finalizado el proceso de paz con las Farc. Una de las líderes entrevistadas asegura que hay treinta solicitudes de concesiones mineras y tres concesiones otorgadas a empresas multinacionales que estarían en proceso para explotar varios yacimientos de oro que hay en el pueblo, varios de ellos ubicados en zonas de reserva natural. Una de las concesiones se encuentra en el corregimiento de Santa Rita, la segunda en un sector que comprende las veredas La Hundida, Los Naranjos y Buena vista –donde nace el agua que consumen los habitantes de la zona urbana–, y la tercera en el casco urbano de El Aro. Varios pobladores de este corregimiento han alertado sobre la presencia de ingenieros extranjeros que han venido tomando muestras de suelo en los últimos meses.

La líder teme que con de la firma del proceso de paz, la destrucción de buena parte de los cultivos de coca, y los futuros proyectos de desminado en todo el territorio –cifras oficiales señalan que casi el 70 por ciento del territorio está minado–, se acabe el pretexto del conflicto armado y se dé vía libre a la explotación minera lo que, según ella, pondrá en riesgo la subsistencia del pueblo.

–Paradójicamente las minas antipersona  –explica–, uno de los males que más nos ha hecho sufrir en Ituango, hasta ahora nos ha protegido de la minería. Eso es lo más triste.

Ante todos estos retos, ¿cuál es el futuro que le espera a este municipio, aporreado como tantos en Colombia con esta guerra que se ha mantenido viva durante casi 52 años? La pregunta salta después de oír los testimonios de quienes han perdido a varios de sus seres queridos en el conflicto armado. Las respuestas no son fáciles, pues también es cierto que el dolor y el resentimiento siguen presentes en muchas de las víctimas, y que la mayoría no ha recibido apoyo psicológico para superar la pérdida de sus seres queridos. Están los que guardan la esperanza por el anhelo de ver un pueblo en paz, donde los niños crezcan tranquilos mientras su padres cultivan el campo y no visitando su tumba en el cementerio, y los que sienten temor por lo que pueda ocurrir en los campos y veredas que quedarán a la intemperie cuando los guerrilleros se integren a la vida civil.

Ante esas inquietudes, quedan en el aire, como una respuesta incierta, las palabras dichas por Sandra Callejas Higuita antes de terminar la conversación:

-Yo creo en el proceso, pero no en la paz. Yo le digo a la gente, hay un proceso ¿pero la paz?, esa es mía, es lo que yo haga, lo que construyo cada día con el otro. Pero si usted no tiene con qué comer, con qué pagar el arriendo no está en paz… Hay una violencia aparte, las Farc y el Gobierno están en su problema, pero aquí hay problemas que quizás son mucho más peligrosos que las mismas Farc.

Las balas no se escucharon, se confundieron con el estrépito del helicóptero que se hizo visible tras un cerro. De repente, los campesinos comenzaron a esconderse entre matorrales. A 15 metros, en medio de la confusión, Euclides Castillo vio cómo un balazo le astilló una de las piernas a su primo. Sintió miedo, impotencia. ¿Vendrían a matarlos? ¿La policía antinarcóticos los confundía con guerrilleros? Había que admitirlo: sembraban matas de coca en casi dos hectáreas cuyos dueños habían abandonado para buscar suerte al casco urbano de Tierralta. Entonces escuchó otro grito desesperado detrás suyo: “Nos están matando”. Y más allá, vio cómo un grupo de militares comenzaba a cercarlos.

Los uniformados, al notar que unos campesinos comenzaron a salir con las manos en alto y otros auxiliaban a los heridos, bajaron sus fusiles. El pánico de los labriegos se convirtió en rabia, en reclamos. Cuatro de los suyos estaban heridos en piernas y brazos: no eran guerrilleros, sino padres de familia que intentaban sobrevivir sin más chance que ganar unos pesos de la ilegalidad; la policía lo sabía muy bien. Los uniformados, por su parte, aseguraron que no habían disparado. Hubo gritos, insultos. Lo cierto es que desde hacía una semana atrás los cultivadores de esta zona se oponían a que la policía erradicara de forma manual la coca, como lo había estado ejecutando en las partes accesibles del Nudo de Paramillo, evadiendo minas y tropas subversivas. Este hecho ocurrió el pasado 9 de agosto.

—Lo que más nos molesta es que casi siempre se equivocan al fumigar cultivos con aspersión. A mi me han dañado cinco cultivos de maíz –afirma Euclides.

Finalmente, los cuatro heridos fueron trasladados a hospitales de Tierralta y la capital Montería, desde la vereda Mata de Guineo del corregimiento de Crucito, en el mismo helicóptero que generó el pánico. Días después, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, manifestó que de ser cierto los disparos desde la aeronave, las balas que habrían herido a los hombres fueran punto 50, tan grandes como para destrozar un brazo. La policía barajó la posibilidad de que guerrilleros que vigilaban a los campesinos, al advertir la fuerza pública, dispararon para generar caos y confusión y así poder escapar.

Lo cierto, afirma Euclides, es que esta escena se ha repetido por años en cada uno de los 19 corregimientos de Tierralta. Según líderes de desplazados de la zona, por ejemplo, al menos el 80% de los campesinos de Crucito subsiste de los cultivos ilícitos. Afirman que no hay más alternativa, desde que el embalse de la hidroeléctrica Urrá inundó 8 mil hectáreas a finales de los años 90, quedaron incomunicados, atrapados: el agua se tragó la carretera que en 45 minutos los unía a Tierralta, donde comercializaban sus siembras de maíz, plátano, yuca, ñame y verduras. Ahora deben tomar un bus, una lancha y finalmente otro bus para llegar al municipio; ahora están a dos horas de camino.

Crucito, que hasta principios de los años 90 fuera un poblado próspero y envidiado, poco a poco se queda solo. Está en las estribaciones del Nudo de Paramillo, una cadena montañosa conformada por tres serranías que une al sur de Córdoba con el noroccidente de Antioquia, y cuyo dominio en gran parte lo ejerce el Bloque Iván Ríos de las Farc y las bandas criminales (bacrim): los que compran la coca.

Para los ilegales lo importante es que el Nudo de Paramillo se convirtió en una de las despensas de cultivos ilícitos más grande del país. La ventaja para ellos es que estas serranías, desde los años 90, son también un corredor estratégico para que hoy las Farc y las bacrim lleven la droga procesada hasta los puertos del Urabá antioqueño, por las ardientes tierras del Bajo Cauca. Su destino: centro América y Estados Unidos, afirman fuentes militares.

La travesía de la coca

Dos semanas antes del enfrentamiento entre campesinos y erradicadores, Euclides, padre de siete hijos, se levantó a las 4:00 de la madrugada y ensillo su burro Pepe. Trabajaría en algo que le daba miedo: recoger hojas de coca en lo profundo del Nudo para luego venderlas a la vera de un camino. Su mujer le empacó comida y le echó la bendición. A Euclides siempre lo atacaba un mal presagio cuando se aventuraba, a pesar de que había realizado casi 40 viajes en los últimos 4 años. Tenía dos cerdos, una vaca, 17 gallinas, dos burros y una pequeña huerta: insuficiente para sostener una familia tan numerosa. Él vivía en la vereda Colón Alto, en una parcela de hectárea y media, a un par kilómetros de donde, dos semanas después, miraría caer a su primo de un balazo. En los últimos 20 años se han llevado a cabo en Crucito más de 10 masacres.

Una de las más cruentas fue en 1999, cuando seis campesinos fueron asesinados en diferentes veredas de Crucito por parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas en esa región por Salvatore Mancuso, hoy purgando condena en Estados Unidos. Eran acusados de colaborar con las Farc, en una época en que las AUC buscaban ganarle terreno a la guerrilla en el Nudo, sin mucho éxito. Euclides tenía 15 años cuando ocurrió. Fue la primera vez que vio un muerto con disparos en la cabeza. “Desde entonces siento el corazón más duro”, confiesa.

Para recoger la coca, Euclides tuvo tres horas de camino bajo un calor y una humedad que le empapó pronto el cuerpo de sudor. Primero remontó leves cordilleras y luego se internó por una selva espesa, ruidosa de insectos y de aves por donde el sol entraban rebotando entre los ramajes. Saludó a un par de indígenas Emberá Katío que cazaban. Recuerda, también, que sintió miedo de que algún escuadrón del ejército, o guerrilleros o miembros de bacrim, lo confundiera con un enemigo y lo mataran. Había un enemigo más, las minas antipersonas sembradas por el Frente 58 de las Farc. Según cifras oficiales, entre el 2000 y el 2013, 498 personas fueron víctimas de ellas en el Nudo, es decir, como si por cada año 38 personas pisaran una.

—El Nudo es de todos y de nadie-, dice Euclides con la mirada grave.

Era un riesgo al que no logró acostumbrarse. Así que comenzó a cantar vallenatos de Diomedes Díaz, no tan alto, pero si lo suficiente para ser escuchado. La idea: dar a entender que él no representaba ningún peligro. Luego salió a un claro y comenzó a ver, allí y allá, arbustos de coca que crecían espontáneamente, en apariencia abandonados pero que tienen como fin que los campesinos tomen la coca y no tengan otra opción que canjearla con la guerrilla: es una estrategia que la subversión fraguó, ante la presencia esporádica del Ejército y el desconcierto entre bandas al margen de la ley.

Antes de que el Ejército conformara en el 2008 la Fuerza de Tarea Conjunta para recuperar el Nudo y comenzar con las erradicaciones, aún se podían hallar extensos cultivos de coca allí; cuatro, cinco, seis hectáreas sembradas una al lado de la otra, custodiadas por minas y guerrilleros, y al cuidado de campesinos. A finales de los noventa había coca al pie del embalse y alrededor del casco urbano de Crucito. Hoy hay más, pero diseminada en pequeñas siembras a todo lo ancho y largo del Nudo de Paramillo, incluso dentro de resguardos indígenas, víctimas también de esta guerra. En términos generales, según datos del Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos (Simci) entre 2001 y 2012 los cultivos de coca en el Nudo de Paramillo aumentaron en 295% al pasar de 805 hectáreas en el primer año a 3182 hectáreas en el último.

Los campesinos, que comenzaron a notar la coca desde mediados de los años 90, no tuvieron más alternativa que sembrar, al verse cercados por el agua de Urrá, embalse alimentado por el descomunal ríos Sinú, que a su vez nace gracias al río Esmeralda y al río Verde, que surgen en las entrañas del Paramillo. Era raspar coca o vivir en la indigencia.

—Comencé a raspar coca y a echarla en un costal –continúa Euclides con su relato-. Lo cierto es que uno ve maticas a media hora de camino en el mismo Crucito, pero es solo hasta dos horas más andando que uno puede raspar con tranquilidad.

En aquella ocasión, en hora y media, alcanzó a recoger cuatro arrobas de hoja de coca. Después caminó media hora más por el filo de una ladera. Dejó beber a su burro el agua de un arroyo, y luego salió hasta el camino de piedras y polvo anegado que corre hasta la vereda Santa Isabel del Manso, cuya población vive intimidada. Allí, en enero de 2013, ocurrió una supuesta masacre de seis personas por parte de, según información militar, Los Urabeños (grupo que las autoridades pasarían a llamar ‘Clan Úsuga’). Días después, miembros militares afirmaron que no hubo masacre, en contra de lo que dijeron habitantes del Manso.

Cierta la matanza o no, en aquella ocasión, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Manso, Clímaco Pitalúa, fue sacado a la fuerza de su casa ante las súplicas de sus vecinos, llevado hasta el monte, golpeado en la espalda. Le fracturaron uno de sus brazos con el fin de que suministrara información sobre unos hombres. Así lo relató cuando llegó moribundo al casco urbano de Tierralta. Logró, en medio de la selva, escaparse de sus captores; escuchó disparos. Siguió para él una travesía entre la vorágine del Nudo. Tres días después, en Tierralta, Clímaco se enteró que con él llegaron al tiempo 14 familias desplazadas del Manso. Ellas confirmaron que desde hacía una semana hombres armados intimidaban a la población tras un año de tensa paz.

El Paramillo sin dueño

Euclides, a la vera del camino accidentado, esperó, sin ver a nadie, una hora. “Me están vigilando”, pensó. Luego dos hombres jóvenes en una moto se detuvieron frente a él. No se cruzaron palabras. Recibieron el costal y le dieron a Euclides cinco billetes de 20 mil pesos. Atardecía cuando regresó a casa. Sus hijos jugaban en el patio.

—Aquí casi todos salimos a recoger coca de forma individual –afirma Euclides-. Y los que no, la siembra en grupos en las colinas más apartadas, y hasta levantan laboratorios con químicos suministrados por personas.

Con la plata que recibió Euclides pudo comprar, en parte, lo que no produce la tierra: panela, aceite, café, pan, azúcar, sal, jabón, crema dental, ropa, sábanas, cuadernos para sus hijos, tela, velas, fósforos, alambre, tejas de zinc, herramientas, clavos… Ahorró también para cuando alguien de su familia necesite ir de urgencias a Tierralta, ya que a Crucito llega solo un médico los martes. En este poblado, como en todos los incomunicados por el embalse, nadie compra cultivos. Lo que sí ocurre son trueques, en el casco de Crucito, que no tiene más de 80 casas, dos iglesias cristianas y una católica, cinco tiendas, dos restaurantes, una droguería, un bus, una cancha de microfútbol, y una escuela que solo da hasta octavo grado y que le brinda estudio a 150 niños, afirma Over Tesillo Castro, presidente de su JAC.

—Nosotros no le importamos ni al alcalde ni al gobernador –comenta Tesillo-. Con decirles que Crucito no tiene electricidad, y eso que estamos al pie de una de las hidroeléctricas más grandes del país. Hay una planta de energía a gasolina, que trabaja por ratos.

Tierra fértil y gente pobre

Rosa Epifanía, mujer de 54 años y viuda desde hace 18, es bien conocida en Crucito porque ha servido de partera y porque sabe de medicina natural. Ella afirma que ningún cultivo en esta parte de Tierralta es rentable porque el solo transporte del producto hasta Tierralta representa un gasto enorme. Afirma que si, por ejemplo, un campesino logra acumular una tonelada de maíz en cinco meses, esta se la comprarán en 250 mil pesos, y parte del dinero se quedará en el transporte: hay que tomar un bus, luego un bote hasta Puerto Frasquillo, un caserío militarizado, y luego otro bus hasta el mercado: dos horas de camino. Luego tomar el mismo transporte de regreso antes de las 3:30 de la tarde, cuando sale la última lancha hacia Crucito. La medida la tomó Ejército, que decomisa a los campesinos y a los Emberá Katío, en el puerto, cualquier tipo de insumo para cultivos. En transporte, si el labriego lleva consigo un bulto de maíz, le genera en promedio un gasto de 42 mil pesos.

—Además, ¿Quién trabaja medio año por tan poca plata? Lo mismo pasa con la yuca, el ñame y el plátano, se abarataron demasiado –afirma Rosa.

Y es que, según se cuenta, en el negocio de la coca todos ganaban y ganan. Antes del 2005, año en que comenzaba a terminar la desmovilización de las AUC, una hectárea coca podía, cada dos meses y medio, llegar a dar 300 arrobas de hoja de coca, capacitadas para dar 16 libras de mercancía (unos 8 kilos). Los campesinos recibían por ello, en promedio, 17 millones 600 mil pesos. “Te gastabas tu 4 millones de pesos en el proceso y el resto quedaba para ti”, reveló una fuente desplazada de Crucito desde hace cinco años. Y añade que “a principios del 2000, la coca la venían incluso a recoger en helicóptero. Hoy en día por 16 libras ya no pagan ni la mitad de lo de antes”.

Según Álvaro Álvarez, coordinado de la Mesa de Víctimas de Tierralta, hoy vivir en Crucito es casi imposible: hay tierra fértil pero no hay cómo sacar los productos, así que pocos siembran, y está la subversión que continuamente se enfrenta con el Ejército. Según las cuentas de Álvarez, quien ha sobrevivido a tres atentados, desde el año 2000 se han desplazado más de 510 familias desde Crucito y que no han vuelto a sus parcelas.

Y la situación sigue siendo grave. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Tierralta tuvo entre el 2012 y el 2013 un total de 2 mil 298 personas desplazadas provenientes de los corregimientos que se encuentran en el Nudo de Paramillo.

El párroco de la iglesia San José de Tierralta, Jorge Miranda Pérez, ha sido desde hace más de cinco años uno de los testigos más próximos de la problemática social que enfrentan las poblaciones aisladas por el dique, “en medio de un conflicto en que ningún enemigo es totalmente reconocible”, afirma. Y añade: “He visto a los campesinos más pobres rodeados de las tierras más fértiles de Colombia”. Cada par de días, Jorge viaja a diferentes veredas dentro del Nudo, escucha a la gente, ofrece misas. Ha enterrado a más de 200 asesinados.

—En esta problemática hay que echarle la culpa a todos por igual: al Gobierno por el abandono de años, a las bacrim, a las Farc y al narcotráfico, por las matanzas y por sembrar el terror en los rostros de la gente –afirma, y añade-: Vea como son las cosas, estamos rodeados de coca y no conozco a nadie adicto a ella en Tierralta.

La población Emberá Katío, conformada hoy por 33 resguardos en todo el Nudo de Paramillo (también llamado Alto Sinú), ha hecho parte también de esta disputa por el poder. Ellos llevan habitando estas tierras hace más de un siglo. Todos se opusieron a la construcción del embalse e incluso, a finales de 1994, llevaron a cabo un acto simbólico extraordinario para despedirse de los 365 kilómetros del río Sinú, de su belleza y riqueza llena de peces: navegaron por seis días en 72 embarcaciones adornadas con flores y vivos follajes. No dejaron de cantar, en un ritual en el que los caciques invocaron los dioses de la fertilidad y la abundancia, y recordaron las historias de sus orígenes.

La travesía comenzó en los nacimientos de los ríos Verde y Esmeralda, en el Alto Sinú (donde el embalse de Urrá años después estancó sus aguas), y finalizó en Boca de Tinajones, donde las espesas aguas de cobre del río Sinú se funden con las azules del mar Caribe, en el municipio de San Bernardo del Viento. Los Emberá Katío sabían que no volverían a navegar por sus aguas pues el dique cortaría el recorrido. El 31 de diciembre de 1994, las autoridades prohibieron la navegación.

Desde entonces los líderes de esta comunidad fueron exterminados paulatinamente. A finales de los 90 las AUC intentaron conquistar el Nudo combatiendo con las Farc. Pedro Domicó Domicó, líder indígena en el Alto Sinú, recuerda esa época cuando él era apenas un muchacho. “Con la llegada de Urrá nos quedamos sin peces, que pescábamos en los diferentes ríos, hoy el embalse se los llevó todos”, afirma, y añade: “Lo peor es que todos nuestros resguardos están rodeados de minas”.

En ocho meses, entre los años 2000 y 2001, fueron asesinados a bala y por las Farc, casi siempre delante de sus familias, los líderes indígenas Lucindo Domicó, Alonso Jarupia, Rafael Domicó, Alejandro Domicó, Santiago Domicó, José Manuel Domicó, Maximiliano Domicó, Jackelino Jarupia Bailarín y Maisito Domicó, entre otros, según registraron los medios.

Las promesas

En una visita del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a Crucito en octubre de 2013, junto con una comitiva humanitaria, afirmó que, en efecto, la empresa Urrá está obligada por ley a construir una nueva carretera para unir a esta población con Tierralta, y así beneficiar a más de 700 familias campesinas que viven en diferentes veredas en el Nudo de Paramillo. En aquella ocasión, Lyons entregó obras en Crucito por 600 millones de pesos, entre ellas mejoras al centro de salud y a la escuela.

En efecto, en agosto de este años, en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), por solicitud de las directivas de la hidroeléctrica Urrá, comenzó a realizar los avalúos de 76 predios con miras a habilitar una vía para Crucito, que comprenden una extensión de 81 hectáreas. Este proceso podría demorar hasta finales de este año.

La realidad de Crucito es la de cientos de poblados del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Euclides Castillo, por su parte, se ha trasladado a Montería a hacer otra vida y, en efecto, las dos hectáreas de coca que sembraban aquella tarde del helicóptero, quedaron abandonadas un par de semanas hasta que los campesinos volvieron. Esta guerra parece de nunca acabar.

1.

El cabo Mora aterrizó en Bogotá una mañana fría de septiembre de 2008. Venía de Ocaña, en Norte de Santander, donde la temperatura rondaba los treinta grados. Se ubicó temporalmente en una unidad de aviones plataforma, mientras sus superiores le informaban cuál sería su trabajo y dónde viviría en la capital.

Hasta ese momento, Mora se había desempeñado como agente de inteligencia del Ejército y había logrado infiltrarse en los reductos paramilitares del nororiente colombiano. Sin embargo, sospechaba que de ahí en adelante el Ejército no lo iba a seguir destinando a misiones similares. Los comandantes en Norte de Santander lo habían expulsado prácticamente como a un perro. Tenía 24 años y uno de sus temores más agobiantes era que su carrera militar podía desplomarse: lo iban a retirar o a presionar para que solicitara su retiro. Aunque existía una posibilidad todavía peor: lo iban a matar o le iban a matar a su familia.

Por esos días leyó en la revista Semana un artículo titulado “Versiones encontradas sobre jóvenes desaparecidos en Soacha”. La nota daba a entender que en fosas comunes, en las afueras de Ocaña, habían encontrado los cuerpos de un puñado de jóvenes que residían en aquella población al sur de Bogotá y que habían sido reportados a comienzos de año como desaparecidos. El Ejército los estaba presentando como integrantes de grupos al margen de la ley, pero sus familiares desmentían esa versión diciendo que esos jóvenes no eran criminales de ninguna clase. Al día siguiente, la revista volvió a publicar una nota esta vez con el título “¿Reclutados o asesinados?”, según la cual los exámenes de medicina forense indicaban que los jóvenes habían sido asesinados meses atrás y que los camuflados con que habían sido inhumados no tenían los orificios de balas que sí tenían los cuerpos de cada uno. Fue en ese momento cuando Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, se arriesgó a lanzar por primera vez la hipótesis de que los jóvenes habían sido secuestrados para matarlos.

Mora se dijo: “Yo sé qué pasó con esos muchachos”. Sin embargo, recordó que en enero de 2008 un sargento del Ejército también había hablado con Semana sobre casos parecidos, luego se le había presentado en su oficina en Bogotá al comandante del Ejército, el general Mario Montoya, y poco después, de manera insólita, el mismo Ejército lo había capturado por cargos de extorsión. “Acá en Bogotá tampoco se lo puedo contar a nadie”, pensó. Dos días más tarde, leyó en Semana: “Ya son 46 los jóvenes desaparecidos que fueron reportados como muertos en combate”. Otros medios también comenzaron a ventilar las historias de las familias de esos muchachos y a mostrar a las mamás en llanto. En ese instante, el cabo Mora cambió de decisión.

–Me sentí culpable –me dice–. Fui a donde un mayor, amigo mío, y le dije que yo podía aclarar lo de Ocaña. El mayor me llevó con el director de inteligencia del Ejército, el general Díaz. Y a él le conté todo. Duramos casi un día hablando y él solo se cogía la cabeza con sorpresa y decía “…cómo así, cómo así…”, y me decía que ellos tenían sospechas pero que faltaba un testimonio como el mío.

Al final de la tarde, el general Díaz se saltó el conducto regular: no le informó al general Mario Montoya, sino que telefoneó al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, para que supiera y a su vez pusiera al corriente al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

–Sabían de pronto que mi general Montoya… –Mora se frena. Piensa mejor lo que va a decir–. Mi general Montoya ha dicho que lo que mataron allá fueron delincuentes y que no pasaba nada.

A la mañana siguiente, ya sintiéndose respaldado por el ministro Santos, Mora madrugó a denunciar los hechos en la Fiscalía y en la Procuraduría.

–Me parece –dice, forzando el recuerdo– que fue un procurador el que llamó a estos crímenes “falsos positivos”. Y después se vino la bola mediática e investigativa tan inmensa.

Bola que obligó al general Montoya, un mes más tarde, a destituir a tres coroneles de Norte de Santander: Rubén Darío Castro, Santiago Herrera Fajardo y Gabriel Rincón Amado, dos de los cuales habían hecho sentir como un delincuente al cabo Mora. Y a los cuatro días de estas bajas, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo lo mismo con 27 militares más, entre ellos tres generales.

–Todos estos militares supieron que fui yo el que puso todo al descubierto. Inmediatamente me empezaron a tratar de sapo, de traidor.

El cabo Mora es un tipo alto y grueso, quizá con kilos de sobra. Tiene la piel oscura y los ojos escondidos, pero con pupilas de un blanco intenso. Su nombre es Carlos Eduardo, habla con voz delgada y mantiene ese suave tono de niño bien educado y tímido: “Buenas, don Juan”, “¿le provoca algo de tomar, don Juan?”. Vive con su esposa y su hija, una pequeña que va llenando de grititos y risas la casa. Mora la besa, la abraza, con ella se le enflaquece aún más la voz. Viven al norte de Bogotá, en un conjunto residencial de las Fuerzas Militares. Algunos soldados controlan la entrada, y en el parqueadero hombres en camuflado, con sus pistolas de dotación rebotándoles en la cintura, se bajan de carros con placas civiles sin polarizados ni escoltas. Los niños juegan fútbol en los jardines.

Mora se transporta en un carro blindado y está protegido por dos escoltas. Esas son las medidas cautelares que le otorgó la Fiscalía luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conceptuara en octubre de 2013 que “sus derechos a la vida e integridad” estaban “amenazados y en grave riesgo”.

Estamos sentados en la sala. El apartamento es pequeño y decorado modestamente. Un solo cuadro de colores encendidos cuelga en el comedor. Mora ha contado varias veces su historia como testigo principal de los falsos positivos. La mayoría de ellas en el proceso de investigación y juicio abierto contra los militares implicados. Y es esa historia la que los tiene en la cárcel o a un paso de ella. Pocas veces se la ha contado a la prensa, y esta es prácticamente la primera vez que la narra, dispuesto a que sea publicada in extenso con todos los detalles.

2.

De niño Carlos Eduardo Mora soñaba con ser soldado. Vivía en Ciudad Bolívar con su mamá y su padrastro, y había octubres en que se disfrazaba con camuflado. Al graduarse del colegio, se reencontró con su papá, quien para ese momento ya era un sargento mayor retirado del Ejército. Le dijo que él también quería seguir la carrera militar y, aunque al comienzo su papá trató de disuadirlo –“ser militar es muy duro, mijo, mucho más ahora con la seguridad como está” –, terminó ayudándolo a ingresar a la Escuela de Suboficiales en Tolemaida.

A finales de 2004, recién cumplidos los 21 años, obtuvo el grado de tecnólogo en ciencias militares y entre mil aspirantes fue incluido en un grupo de cincuenta que se especializó en nueva inteligencia militar. Palabras más, palabras menos: pasar desapercibido en una comunidad y ser capaz de infiltrarse en un grupo al margen de la ley con el propósito de reunir información para operaciones de choque, asaltos y capturas.

Casi enseguida fue asignado a la recién creada Brigada Móvil XV que operaría en Norte de Santander, desde la región del Catatumbo y la frontera con Venezuela hasta Ocaña y los límites con el Cesar. Pero como nunca antes había padecido el estrépito de la guerra, sus superiores le encargaron una escuadra de cinco hombres y lo enviaron a la zona rural del municipio de Tibú, donde las Farc y el ELN daban bala todos los días. Era marzo de 2006. Fue allí cuando el cabo Mora vio morir a varios de sus hombres, de las maneras más dramáticas: tras un ataque con bombas, uno de ellos perdió la mitad de la cabeza, al otro le volaron el rostro y uno más se desangró por completo después de que un mortero la arrancara una pierna.

–¿Yo qué les decía a los que habían quedado vivos? Para eso no me había preparado la escuela. Lo único que se me vino a la cabeza fue: “Jóvenes, nosotros sabíamos a qué veníamos, ahora vamos a vengarnos”. Me di vuelta, me hice a un lado del grupo y me puse a llorar. Había compartido mucho con esos muchachos, meses sin ver una cara distinta a la de ellos, y de un momento a otro verlos muertos fue muy duro. Ahí me dije: “Esto no es lo mío”.

Un mes después, le llegó la notificación de que había sido designado para crear un grupo especial llamado Central de Inteligencia Técnica de Ocaña (CIOCA), junto con otro cabo que estaría bajo su mando. En adelante, el cabo Mora no volvería a usar el uniforme militar y tampoco podría residir en los batallones. Debía convertirse en un civil más. Su misión sería recabar información desde el interior de las bandas criminales y unas cuantas células aún activas de la desmovilizada guerrilla del EPL, para que la tropa pudiera neutralizarlas.

–Al poco tiempo comenzamos a dar resultados –dice–, más que todo contra bandas criminales. Con nuestra información se decomisó armamento, se capturaron 18 integrantes de los reductos paramilitares, entre ellos un cabecilla. Y luego de estos golpes, los paramilitares se dieron cuenta de que éramos mi compañero y yo, y nos declararon objetivo militar.

Por esos días, noviembre de 2006, el Frente 33 de las Farc se tomó el Alto del Pozo, una ruralía de Ocaña, y mató a 17 soldados. El mando militar reaccionó relevando a los comandantes del Batallón Santander y de la Brigada Móvil XV y nombrando en su lugar al coronel Santiago Herrera Fajardo y su cúpula. Aunque Herrera Fajardo tenía tres medallas por valor en combate y era uno de los mimados del general Montoya, también era muy resistido a causa de sus métodos. Entre militares le decían “Fortín”, por su solidez tropera.

El primer movimiento de Herrera Fajardo fue incrustar su gente en las distintas áreas de trabajo. A la CIOCA metió un cabo de apellido Urbano, trasladando al cabo que estaba bajo el mando de Mora.

–A Urbano le decían “Hitler”. Imagínese lo malo que era. Y claro –me explica Mora–, apenas llegó dio un resultado. Comencé a dudar porque yo llevaba meses trabajando para crear líneas de acción y este cabo llegó y en un día ya lo había logrado. Es más: casi enseguida dio información para lograr una supuesta baja del enemigo. Pero como yo hablaba con la gente del pueblo, supe que el muchacho al que habían matado no era ni un paramilitar ni un guerrillero, era un loquito de la calle. Y en la morgue confirmé que ese muchacho había pasado por tratamiento psiquiátrico en la clínica de Ocaña.

A continuación, un mayor también de la cuerda de Herrera Fajardo le pidió a Mora el nombre de sus informantes. El cabo se rehusó. Esa petición, más lo que venía haciendo Urbano, le parecieron indicios de que los métodos de este grupo de militares no eran ortodoxos. Para protegerse y preservar la vida de sus contactos, Mora le informó de sus sospechas a un sargento con autoridad sobre la contrainteligencia de la Brigada Móvil XV. Este sargento, en respuesta, le ordenó a Mora pegársele al cabo Urbano y averiguar más detalles.

–Una noche, uno de los coroneles nuevos, Gabriel Rincón Amado, me llamó sorpresivamente al celular. Me dijo: “El cabo Urbano tiene una información y como usted ya lleva un buen rato acá necesito que la verifique con él y con los informantes suyos”. Yo ya tenía mucha idea de que Urbano trabajaba en llave con los paramilitares y, si yo cumplía las órdenes del coronel Rincón, temía que mataran a mis informantes. Igual era orden de un superior, me tocaba cumplirla. Pero antes de salir le dije al cabo con el que yo compartía apartamento que, si yo no volvía, por favor informara que me había ido a encontrar con Urbano por orden de Rincón.

Mora se encontró con Urbano en el barrio Santa Clara, a las afueras de Ocaña. Se saludaron y se montaron a un taxi. Mora quedó en la mitad del puesto de atrás. Hubo un silencio como si en segundos fuera a pasar algo. Urbano le preguntó: “¿Usted conoce a Leo?”. Era el cabecilla del reducto paramilitar en esa región. “No lo conozco. Sé quién es –respondió Mora–. Estoy trabajando para ver si lo podemos coger”. “Se lo presento”, le dijo Urbano. Leo estaba a su lado. Y lo primero que se le pasó por la cabeza fue: “Aquí ya me mataron”. “¡Cabo hijueputa!”, le gritó Leo. “Usted nos tiene jodidos. Para mí es fácil mandarlo a picar y hasta podría pagarle a unos muchachos para que lo metan a la cárcel”. Mora, callado, se daba por muerto. No tenía escape. No podía correr. No andaba armado. Y el taxi se desplazaba por un paraje oscuro y solitario.

Llegaron a un descampado del aeropuerto. Urbano le pidió a Mora que llamara a sus informantes y los hiciera venir. Mora se negó. Leo, el paramilitar, se le acercó.

–Sacó un papel y me dijo: “Usted se llama así, su mamá es tal, su papá es tal, el cabo que se la pasa con usted es tal, los papás de él viven en Ibagué. Se los matamos a todos si no llama a los informantes”. Entonces cogí el teléfono y marqué.

Apenas Mora colgó, Urbano telefoneó al coronel Rincón para decirle que los “paquetes” ya venían en camino. Pasaron quince minutos y antes de que llegaran apareció un camión con el Grupo Especial de la Brigada Móvil XV. Mora se extrañó, pero quedó atónito del todo cuando del camión descendió el comandante de ese grupo y se saludó con Leo como si fueran amigos de siempre –se estrecharon la mano con una sonrisa cómplice y se dieron palmadas en los hombros–. Minutos después llegaron sus informantes en una moto. A uno lo subieron al camión y se lo llevaron. El otro se quedó mirando sin saber qué estaba pasando. Urbano le dio una pistola a Mora y le dijo: “Vaya mátelo o nosotros lo matamos a usted”. Mora cargó la pistola y se dirigió hasta donde estaba su informante. Le dijo: “Viejo, arranque o le disparo”.

–Cuando él arrancó –recuerda Mora– empezaron a encenderlo a plomo pero gracias a Dios no le dieron. Urbano me quitó la pistola y me la puso en la cara. “Si me matan saben que estoy con usted por orden del coronel”, alcancé a decir. Ahí lo pensó y sin dejar de encañonarme llamó al coronel Rincón a decirle que yo había dejado volar al informante y le preguntó qué hacían ahora. Rincón les ordenó que encontraran al informante, pero no lo lograron. Y a Urbano se le veía en la cara las ganas de dispararme en la cabeza. El coronel Rincón pidió que me presentara ante él y que ya no mataran al informante que tenían en su poder y que querían presentar como muerto en combate.

El cabo Mora regresó a su apartamento y se soltó a llorar. Le contó todo a su novia y al cabo que vivía con él. Se le cruzó la idea de escapar, pero el Ejército lo hubiera acusado de desertor. No sabía qué hacer. No tenía nadie a quién contarle. Acudir a la policía, menos, porque él sabía que en esa región la mayoría de los agentes estaban comprados por paramilitares. No vio otra que presentarse en el despacho de Rincón al otro día a primera hora de la mañana. El coronel lo esculcó y le quito el celular. “Es que los de inteligencia son muy sapos”, le dijo con resentimiento. Y luego, engreído, lo amenazó: “Usted ya sabe quién soy, usted ya sabe qué hago. No lo voy a matar, pero le mato a toda su familia si llega a decir algo. De ahora en adelante va a andar para todo lado con Urbano para que no vaya a decirle nada a nadie”. Ese mismo día, Urbano le ordenó a Mora que le informara cada vez que saliera de su casa y que a ciertos sitios debían ir juntos. Mora aceptó: en el fondo estaba convencido de que algo tenía que hacer contra ellos, que no se podía quedar callado.

–Llamé al mayor Velandia, jefe mío ahí en la Central de Inteligencia. Me cité con él en la Iglesia Mayor de Ocaña, en la Plaza 29 de Mayo. Le conté y le pedí que me aconsejara. Me dijo que él ya tenía las mismas sospechas. Entonces, que hiciéramos un trabajo de contrainteligencia: que yo anduviera con Urbano y le informara todo y que él trasladaba esa información a Bogotá. Yo asumí eso como una orden de un superior mío y salí un poquito más calmado. Ya en la calle me dije: “Vamos a hacer un buen trabajo, no importa que el investigado sea un coronel”. En ese momento no sabía que ese mayor también le era leal a Herrera.

Durante varias semanas el cabo Mora informó al mayor Velandia sobre el tráfico de armas que Urbano sostenía con paramilitares, las cuotas de dinero que circulaban a cambio y los muertos civiles que estaban legalizando como bajas del enemigo en combate. Y logró ganarse la confianza del enlace entre las dos partes: un paramilitar llamado John Pabón, quien le anticipaba a Mora los encuentros con Urbano. Pero al ver que del alto mando no llegaba una orden o que la Policía Militar no detenía a Urbano, empezó a sospechar que Velandia se guardaba la información. De ser así, en cualquier momento lo iban a matar porque, desde el incidente con sus informantes, el círculo de poder que manejaba Herrera se estaba estrechando en torno a él.

Velandia fue trasladado y reemplazado por un mayor procedente de Bucaramanga. El cabo Mora debía encontrarse con este mayor para ponerlo en contacto con una mujer, novia de un cabecilla de las Farc, que le suministraba información. “¿Aparte de esto usted tiene algo que contarme?”, le preguntó el mayor. Mora optó por revelarle la historia. Creyó que como procedía de otra zona, el militar no hacía parte de la misma confabulación. “Sí, mi mayor. Sin nombres, pero aquí hay oficiales de alto rango que están trabajando con los paramilitares y haciendo cosas graves”. “Deme bien su nombre –le dijo el mayor– y yo lo saco de acá antes de que lo maten”.

Al día siguiente muy temprano el coronel Herrera, comandante de la Brigada Móvil XV, telefoneó al cabo Mora.

–Lo primero que me dijo fue: “¡Cabo hijueputa, se va a morir por desleal, por sapo! Véngase ya para el batallón y se me presenta”. Apenas llegué me siguió diciendo que yo era un sapo, y le dije: “No, mi coronel. Yo tengo información de dónde están los paramilitares”. Y no me contestó nada. Cortó la conversación y se fue. A los diez minutos volvió y me dijo: “A usted lo van a matar por sapo. Se me sube ya a ese helicóptero”. Y yo respondí: “Mi coronel, pero es que yo no tengo ni uniforme, no puedo patrullar”. Me había accidentado en esos días. Nada de eso sirvió, me subió a un helicóptero que iba para San Calixto a llevar comida…

Mora se detiene. Cavila y deja escapar una risa nerviosa.

–¿Usted conoce San Calixto? –me pregunta.

–No.

–Es un municipio pequeñito, un caserío. En esos días era un territorio del EPL. Todos los habitantes son monos y ojiclaros. Y yo, bien negrito, iba a llegar allá en un helicóptero del Ejército. “Me van a meter una matada ni la más tremenda”, pensé.

Por fortuna para Mora, allá se encontró al mayor Velandia, quien le dio tres soldados para que lo escoltaran desde el punto de aterrizaje del helicóptero hasta la estación de policía. El intendente a cargo lo recibió, lo uniformó y lo tranquilizó: “Va a ser un policía más. Se quedará con nosotros”.

–Y estando ahí –continúa Mora, elevando la voz–, el coronel Herrera me llamó para ordenarme que regresara a Ocaña, pero por tierra. No iba a enviar un helicóptero por mí. Me negué. La carretera entre San Calixto y Ocaña estaba llena de guerrilla, ponían bombas, montaban retenes. Si yo cumplía esa orden, terminaba muerto.

Mora hace una pausa. Niega con la cabeza.

–Esa es una de las cosas que Herrera ha dicho en la Fiscalía: que yo no le hacía caso. ¿Pero cómo iba a hacer caso a esas órdenes incoherentes?

John Pabón, el enlace de los paramilitares con Urbano, también llamaba a Mora. Le decía que la situación estaba muy grave, que ya no soportaba más, que se quería desmovilizar. Mora le informó sobre la situación de Pabón a un capitán recién trasladado de Bogotá a Norte de Santander. Le pidió que lo recibiera por fuera del batallón, que era su informante y se quería entregar, pero que nadie se enterara. Pabón se entregó junto con uno de los escoltas de los narcotraficantes Mejía Múnera. Y ese capitán los dejó dentro del batallón y les hicieron un atentado del que salieron vivos. Días después, John Pabón terminó preso en la cárcel de Ocaña pero no como desmovilizado sino como capturado.

Mora ya le había contado los hechos a dos mayores, a un sargento y a un capitán. Y todo seguía igual. Para irse de San Calixto, se subió al helicóptero a la brava. Era septiembre de 2008. Aterrizó en Ocaña y enseguida lo mandaron para Bogotá. Pero antes de despacharlo en el avión, los dos coroneles, Herrera y Rincón, y el cabo Urbano, cada uno en momentos distintos, lo volvieron a amenazar: si contaba algo, le mataban a la familia.

3.

En la primera semana de noviembre de 2008, al mes de la purga de los treinta militares, el general Mario Montoya pasó su carta de renuncia. Y aunque para ese momento cargaba con varios señalamientos por violaciones de derechos humanos y de colusión con paramilitares –muchos de ellos por boca de comandantes desmovilizados de las AUC–, fue nombrado por el presidente Uribe como embajador en República Dominicana.

A comienzos de 2009, una oenegé con sede en Washington, llamada National Security Archive –dedicada a solicitar el levantamiento de la reserva de documentos oficiales relacionados con la seguridad de Estados Unidos–, reveló cables de la Embajada en Colombia en los que desde 1990 se hablaba de asesinatos de civiles cometidos por la tropa pero legalizados como bajas en combate de la guerrilla. Uno de sus investigadores, Michael Evans, explicó que estos crímenes tenían como fin inflar las cifras de bajas del enemigo, porque la revisión de estos datos era la manera en que las Fuerzas Militares cuantificaban el progreso de la lucha contra las guerrillas, cálculo que en el dialecto militar gringo se conoce como “body count”. Y añadió Evans que el general Montoya “durante muchos años había promovido” tal medición.

Mientras estas discusiones ocurrían en la prensa, el cabo Mora sobreaguaba en el día a día. Durante las semanas del escándalo y a principios de 2009, sintió que estaba protegido por la oficialidad del Ejército, que su actitud a la larga había sido respaldada por el alto mando. Pero luego, cuando menguaron el acaloramiento y las acusaciones, se quedó solo y sin ninguna medida de seguridad. Se había ido a vivir a un barrio residencial al sur de Bogotá y a cada citación de la Fiscalía le tocaba llegar en bus de servicio público.

–Comencé a mandar oficios solicitando seguridad –dice–. Pero la Fiscalía me dijo que no podía ayudarme porque yo era militar, que le tocaba al Ejército. Y el Ejército, nada. Se desentendió totalmente.

En palabras de Mora, lo que vivió a partir de entonces fue una persecución: primero, en la cara, otros militares lo calificaban de “traidor” y “guerrillero”. Le preguntaban si hacía parte de la guerra sucia de las Farc contra el Ejército.

–A los cabecillas de la guerrilla los llamamos “blancos de alto valor” –me explica–. Y para humillarme me decían “negro de alto valor”. Si me veían llegando a alguna dependencia, decían: “Sapo, llegó el sapo… cuánto estarán dando por la cabeza de Mora”.

Luego, una noche en que no había nadie en su casa, se metieron y le robaron unos documentos sobre el caso. Nada de lo que no tuviera copia, pero le hicieron ver que lo tenían ubicado y que lo podían vulnerar cuando les viniera en gana. En los días sucesivos se paraban frente a su casa con pistolas en mano. Y dentro del destacamento militar, sin que lo hubieran notificado, le abrieron una investigación por la pérdida de un armamento en la Escuela de Cadetes de Policía.

–Esa investigación tenía fecha del 2005 y apenas este año me enteré de dónde supuestamente se habían llevado el armamento; en esa área nunca estuve yo, nunca pertenecí a ella. Y segundo, la firma con la que reclamaron el armamento no era la mía. La falsificaron. Ahí guardo el acta como un tesoro porque una vez el Ministerio de Defensa dijo que a mí nunca me habían abierto una investigación.

A comienzos de 2010, la Fiscalía lo puso en contacto con las Naciones Unidas. Gracias a ellos se reunió en Bogotá con el ministro de Defensa, que ya era Gabriel Silva Luján. Mora le contó toda la historia y también le habló del maltrato psicológico. “Si está mal lo que yo hice, entonces no sé en qué ejército fue en el que me metí –le dijo al ministro–. Silva Luján le dijo que el Estado lo tenía que proteger porque había sido él quien había actuado de manera correcta, que enteraría al presidente.

–Y al otro día me llamaron. Que Uribe quería hablar conmigo. Esa sí fue una reunión tensa al principio porque el presidente tenía la bandera de los militares. Pero luego de que le conté los hechos de Ocaña, le pedí que como nuestro comandante directo me diera la baja de la institución, que para mí el maltrato ya era inaguantable. Me dijo: “No, cabo, cómo se le ocurre. Más bien, para evitar todo eso, hoy mismo en la tarde voy a dar una rueda de prensa diciendo que a los militares como usted, que son buenos, se les tiene que rodear. Y deme dos semanas para sacarlo del país con su familia para que trabaje como agregado, como secretario de agregado. Y si necesita venir a declarar, el gobierno está dispuesto a ayudarlo, pero antes hay que proteger la integridad de su familia, antes de que les pase algo”. Y vea –concluye Mora, riéndose tímidamente–, este es el momento en que no he salido de acá. Es más, ni seguridad ni Fiscalía ni nada. Y continuaron las amenazas de muerte, llamadas en las que me decían que era un sapo, que me iban a matar. Fue tanta la presión que a mi esposa le tocó irse con mi hija.

–Después de esa reunión, ¿Uribe Vélez nunca volvió a decirle nada?

–No. Nada. Por el contrario, antes de que él entregara su mandato yo le envié una carta para recodarle lo que me había dicho. Y lo que hicieron fue remitirla a la Oficina de Derechos Humanos del Ejército, donde tampoco dijeron nada. Lo que sí sé es que él me menciona en el libro que escribió y cita la reunión que tuvo conmigo, pero se olvida de lo que me prometió y no me cumplió.

4.

Nada cambió en 2011 ni en 2012. Más amenazas, más actos de tortura psicológica. Mora cumplía su horario de trabajo en el batallón, salía de su casa y regresaba en la noche sin protección. Hubiera sido muy fácil matarlo en esos lapsos y haberle montado la escena de un atraco. Quizá para él lo más conveniente hubiera sido retractarse, evadirse de la situación. Pero no. No aceptaba la impunidad para los culpables de los falsos positivos y se convenció de que tenía que seguir acudiendo a las citaciones de la Fiscalía. Su familia lo vio tan determinado y a la vez tan vulnerable que su esposa, resignada, lo sentó una noche y le dijo: “Bueno, si te matan, estamos seguros de que tú estás haciendo lo correcto”.

Una tarde de junio de 2013, cuando ya varios militares habían sido condenados por estos hechos –la primera sentencia fue en junio de 2011–, el inspector general de las Fuerzas Militares llamó al cabo Mora. Le dijo que había hecho una labor excelente y que querían trasladarlo a la Armada Nacional. A Mora la pareció ideal y empezó hacerse los exámenes. El último era psicológico y arrojó que estaba sufriendo una depresión leve. La psicóloga le dijo que llamara a su esposa y que se fuera con ella para el Hospital Militar. Allá le darían instrucciones.

–Se me hizo raro que me hicieran llamar a mi esposa –recuerda Mora–. Pero bueno, llegamos allá como a las tres de la tarde y una médica me dijo: “La orden que me están dando es internarlo en una clínica psiquiátrica”. “¿Por qué?, ¿qué tengo?”, le pregunté, “¿soy un peligro para la sociedad?, ¿para mi esposa?, ¿para alguien?”. Y me dijo: “No, la orden es esa, pero si quiere vaya y hable con el médico de la Clínica La Inmaculada, allá le explicarán bien y el doctor dirá qué determinación toma”. Entonces me fui en ambulancia para La Inmaculada y esperamos varias horas para que me atendieran. Como a las diez de la noche, sin hacerme ninguna prueba, un doctor me dijo: “Bueno, cabo, la orden del Ejército es que usted se queda internado. Entréguele todo a su esposa. Acá no puede tener celular, no puede tener nada”. “Doctor, pero dígame cuál es la razón. No creo que una depresión leve dé para que me internen”. También le dije que estaba a punto de ir a declarar en la Fiscalía por el caso de los falsos positivos y que no podía dejar sin seguridad a mi familia porque estábamos en riesgo.

El médico sacó a Mora del consultorio y le dijo a la esposa que lo convenciera, que era por el bien de él. Ella contestó: “No, ¿por qué? Él es la persona más calmada del mundo. Y si no ha cometido ninguna locura en estos cinco años en que lo han querido matar tantas veces, no la va a cometer ahoritica. Yo no entiendo por qué lo quieren internar así a la fuerza”.

Transcurrieron unos minutos y adelantándose a cualquier contingencia, Mora le envió un mensaje de texto al agente de las Naciones Unidas que seguía su caso. Le contó lo que le estaba pasando. El agente le respondió que no había razón para que lo recluyeran en un sanatorio. A los pocos minutos, varios soldados llegaron a La Inmaculada y llevaron a Mora de vuelta al Hospital Militar. Era la una de la mañana. Apenas Mora se bajó de la ambulancia vio que había hombres de la Policía Militar junto a otra doctora que lo recibió diciéndole: “La orden es que usted se tiene que quedar internado en la clínica, a las buenas o a las malas”. Al ver a la Policía Militar, supo que lo iban a doblegar por la fuerza. “Listo, intérnenme. Pero déjenme ir a solucionar el problema de seguridad de mi hija y mi esposa. Yo el lunes a primera hora me estoy presentando acá, así yo no vea la razón”. La doctora, exasperada, le replicó: “¡No! Ya. Ya mismo”.

–A las tres de la mañana busqué la forma de que me dejaran solo con mi esposa por unos minutos. Y me escapé asustado como el peor delincuente –me dice, con la voz opacada, encorvado sobre sus piernas–. Lo que me estaban haciendo ya lo habían hecho con un sargento vinculado a los falsos positivos, que se acogió a sentencia anticipada. Cuando comenzó a delatar coroneles, los abogados de esos coroneles lo señalaron de ser un desequilibrado mental.

Al otro día, a las ocho de la mañana, el cabo Mora se presentó ante uno de sus superiores y le dijo que se había escapado. Le contó que las Naciones Unidas estaban enteradas. Que él se iba a someter a un examen ante un médico legista y un psicólogo externo, y si ellos le indicaban que debía internarse él lo haría.

–Ahí murió todo –me dice Mora, abriendo la voz y reclinándose en el espaldar–. Nunca me volvieron a llamar para seguir con lo de la depresión.

5.

Poco después de este episodio y con el apoyo de una oenegé, Mora solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde octubre de 2013 pasó a convertirse en el primer militar, en la historia de Colombia, sujeto a protección internacional.

–¿Cómo cree que ha recibido el Ejército el hecho de que usted sea el primer militar con medidas cautelares, para protegerlo precisamente del Ejército?

–A mucha gente le ha parecido bien –conviene Mora–. Como en su momento lo dijo mi general Rey Navas, el Estado estaba demostrando que las medidas cautelares no son solo para activistas y oenegés de izquierda. Y fue como si también se lo hubiera dicho al Ejército. Aunque a la vez hay un sector de ultraderecha que me ha tratado de hampón y de criminal, y ha dicho que yo solo he buscado desprestigiar a los oficiales.

–Cabo, durante esta entrevista usted ha estado dividiendo al Ejército en dos: un sector ajustado a la legalidad y otro que no. Y tengo la impresión de que usted cree por encima de todo en ese sector ajustado a la legalidad.

Mora abre los ojos y después frunce el ceño.

–Pues no sé. En el Ejército la gente es muy buena. Si no, yo no estaría en la institución todavía. El 90% de los 250.000 hombres que hay en el Ejército son muy buenos. Hay un porcentaje pequeño que hace las cosas mal y a veces son los de más alto mando. No sé qué razones habrá para que no se siga hablando de los falsos positivos. Como si dijeran: “Está bien, ya pasó pero no lo discutamos más”. Mire, a comienzos de 2014 tuve una reunión con un general y lo primero que me dijo fue que yo había perdido mi espíritu de militar. “¿Por qué? ¿Por decir la verdad?”. Y me dijo que pensara en las familias de los militares que están en la cárcel por este proceso. Le dije: “Mi general, claro, yo he pensado en ellos, pero en cambio nadie ha pensado en mi familia. Si yo no acudo a un ente internacional nadie del Ejército me hubiera llamado. Es más, usted me llama ahora porque se enteró de las medidas cautelares, pero tampoco sabe lo que pasó”. Y a todo esto lo que me dijo fue que dejara de pedir premios, que yo no los merecía. Le contesté que no estaba pidiendo ningún premio, ni plata. Que lo que he pedido es que, primero, me dejen seguir declarando. Faltan muchos procesos. Y segundo, que me dejen quieto. Yo no estoy pidiendo ninguna medalla.

–¿Usted siente hostilidad entre sus compañeros del Ejército?

–Todo esto le molesta mucho a muchos mandos. Una vez que me hicieron una entrevista en Blu Radio, el general Mantilla me mandó a decir que yo era un sapo. Pero vuelvo a lo mismo: hay muchos militares que están de acuerdo con lo que yo hice. Mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho: “Mora, bien…”. Es más, un mayor se me acercó en la audiencia en que lo sentenciaron. Me asusté, pensé que me iba a echar la madre. Pero no. Se lo estaban llevando esposado y me dio la mano y me dijo: “Lástima que yo no tuve su valentía para haberme negado a hacer lo que me ordenaron, porque estaría con usted de ese lado. Cuídese mucho y que Dios lo bendiga”.

6.

Desde que el cabo Mora hizo la denuncia en la Fiscalía, a finales de 2008, su vida militar se vino al suelo. En esos días era cabo tercero y hoy, gracias al tiempo transcurrido, debería estar a pocos meses de ser ascendido a sargento. Pero como nunca volvió a misiones de inteligencia –su labor ha sido en oficinas y archivos–, no sabe si le permitirán elevar su rango.

–No siento ninguna clase de frustración personal, porque siempre he hecho lo correcto. ¿Frustración militar? Sí, mucha, un temor constante a que me saquen o a que se inventen algo para desprestigiarme o para abrirme investigaciones; cualquier cosa para no dejarme ascender. Además del miedo. Miedo de que le hagan algo a mi hija por hacerme daño a mí, o a mi esposa, a mis papás –le tiembla la voz por primera vez en esta entrevista–. Para mí, en mi casa, trato de que todo sea normal, pero dentro mío lucho por no desbaratarme. Saber que todos los días hay gente allá afuera que está fraguando algo en contra mía o de mi familia… Todos los días. Hasta que en cualquier momento… –mirándome, Mora simula con la mano su degollamiento–. Si atentan contra ministros y grandes dignatarios, ¿por qué no contra un simple cabo?

–¿Le pide algo al Estado, al gobierno nacional?

–Atención. Le pido atención. En esta situación me he dado cuenta de que uno vale más por su condición económica que por su condición personal. Y eso que tengo medidas cautelares –se ríe–. Atención no solo para mí y para mi familia, también para todas las personas que quieren saber o que quieren decir la verdad y no pueden porque se dan cuenta de cómo tratan a quienes lo hacen. Si yo tuviera dinero –añade– o si yo… y esto me va a traer muchos problemas el día que sea publicado este artículo… si yo fuera un oficial del Ejército, un capitán, un mayor, un coronel, y hubiera denunciado a suboficiales y soldados, estoy ciento por ciento seguro de que ya habría salido del país junto a mi familia, ¡ciento por ciento seguro! Mire –me prepara, anudando las manos–: algunos han dicho que yo tengo un superesquema de seguridad por declarar en contra de oficiales del Ejército. ¿Un superesquema? Yo con eso me imagino seguridad permanente, dos camionetas, cuatro escoltas, seguridad permanente en el colegio de mi hija, en el trabajo de mi esposa. Pero no. Nada de eso. Tengo un carro blindado al que no le cierra la ventana ni le sirven los frenos. ¿Que qué le pido al Estado? Lo mínimo: cámbienme los frenos, por favor.

–Luego de todo este tiempo, ¿sigue pensando en que le den la baja del Ejército?

–No, ya no pido la baja del Ejército –Mora se calla unos segundos–. Ya no puedo irme porque, por el hecho de seguir siendo militar, tengo cierta protección. Entonces no. Mucha gente me ha dicho que si pido la baja me matan al otro día. Y puede ser verdad, porque acá al que no les sirve lo callan.

Erguida, con un ramo de flores entre las manos, entra a la iglesia arrastrando su inmensa cola de novia. Beatriz García Noreña no mira atrás. El vestido, de fino encaje y pedrería, ceñido hasta la cintura, se abre como un abanico hasta los pies que apenas soportan el temblor de sus piernas. Algunas miradas escrutan a la distancia y sus sombras se proyectan en el pavimento. Al fondo, apenas visible, un militar custodia un edificio con su fusil.

Apoyado en una columna del templo hay un cartel que reza: “La guerra la perdemos todos, ayudemos todos a construir un proceso de paz”.

El disparo silencioso de un fotógrafo registra la escena.

“Papá, dile que no tome más”, exige Beatriz.

El hombre, discreto, se aleja de inmediato.

El fotoperiodista Jesús Abad Colorado llegó a Granada, un pequeño pueblo en el oriente del departamento de Antioquia, en Colombia, a registrar la destrucción producida por la explosión de un carro-bomba con 400 kilos de explosivos, la segunda detonación más grande en la historia del país. El ataque, perpetrado el 6 de diciembre del año 2000, fue encabezado por los frentes 9, 34 y 47 de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y estaba dirigido a la estación de policía, en pleno corazón de Granada.

La imagen de la novia de espalda a este desastre, incluida en una serie fotográfica sobre la guerra en este pueblo, ganaría un año después el premio Simón Bolívar de periodismo en Colombia, transformándose en una metáfora de la resistencia. Del amor en tiempos de guerra. De la esperanza.

“Esta foto fue como un bálsamo en la adversidad de la guerra. Habla de resistencia. Beatriz y Óscar, su esposo, fueron un símbolo de esperanza”, explica Abad Colorado.

La reconstrucción de Granada comenzó cuando Beatriz decidió ponerse el traje de novia en medio del desastre.

Si Dios la tiene para casarse…”

Tres días antes del casamiento un eco sordo, semejante a un trueno, se expandió entre los valles que acunan las montañas de Granada hasta llegar a la localidad de Los Planes. Allí, Beatriz, poco antes del mediodía, sintió una brisa tibia, primero, y luego un estruendo.

Los habitantes del pueblo imaginaron lo peor. Al otro día se enteraron de lo sucedido. Granada había sido destruida.

“Ahí pensé que se acababa todo”, reflexionó Beatriz algo espantada.

La madre, en cambio, fue más optimista:

“Si Dios la tiene pa’ casarse esta semana, así será”.

Y así fue. Beatriz llegó a la iglesia en el mismo vehículo (un Dodge Dart blanco) donde habían trasladado a los muertos después de la bomba.

El destino, sin embargo, no pareció ensañarse con la novia. Ninguna de las personas a quienes había contratado para organizar la fiesta estaba muerta y el templo filial, ubicado a dos cuadras del desastre, aún se mantenía en pie. Lo corroboró la misma Beatriz quien, junto a sus padres y hermanos, acudió al casco urbano de Granada al otro día de la explosión. Aquella vez, recuerda, caminaron cinco horas por senderos accidentados, escondiéndose cada vez que aparecía un helicóptero.

“Lanzaban tiros desde arriba. ¡Ay Dios mío, nos van a matar!”, se lamentaba.

Al llegar al pueblo, Beatriz se enteró de lo que realmente había sucedido.

Cerca de las 11:15 de la mañana de aquel 6 de diciembre, un grupo de guerrilleros descendió de un pequeño camión, a una cuadra del comando de Policía, y empujó el vehículo en dirección a un antiguo edificio de cuatro pisos ubicado en pleno centro del pueblo.

Los rumores decían que las FARC se tomarían Granada a sangre y fuego. A María Olivia Gómez, que vivía arriba del comando de policías, días antes se lo había advertido el mismo comandante de la estación: “Señora, por el amor de Dios, abandone este lugar, algo muy malo va a pasar”. No había que ser adivino. La guerra entre los paramilitares y la guerrilla hacía intuir que algo así sucedería.

La mujer, junto a su esposo, se había mudado a una casa en un segundo piso, ubicada frente al recinto policial. El marido de María Olivia, Horacio López Montes, vio desde el balcón como los comerciantes cerraron sus negocios ante la llegada de los guerrilleros. Algunos policías se replegaron y observaron cómo el camión descendía lentamente en dirección a la garita de guardia.

Pocos segundos después se escuchó una ráfaga de metralla y, casi al instante, una inmensa explosión. Horacio alcanzó a ocultarse en el baño y Olivia en la cocina. El piso y las paredes se estremecieron. Al abrir los ojos, la mujer observó sorprendida que el largo pasillo que chocaba contra el balcón ya no estaba. En su lugar sólo había polvo, escombros y hierros retorcidos. Luego, suspiró con un hilo de voz: “¡Ay diosito, cómo es que nos salvamos!”.

El atentado dejó 23 muertos, 25 heridos, 131 viviendas destruidas, 82 locales destrozados y una novia en la incertidumbre.

La toma protagonizada por las FARC se prolongaría aún por 18 horas más, haciendo llover pipetas de gas cargadas de explosivos y metralla. Luego vendría el rescate de los cuerpos.

“El primero que saqué fue el de un policía”, recuerda Gustavo Giraldo, el sepulturero del pueblo. “Estaba destripado. Sólo lo armaba la ropa. Cogí su arma y una granada”.

Dos días después, cuando Beatriz caminaba rumbo al altar, Giraldo aún escarbaba entre los escombros, junto a personal de la Cruz Roja y una retroexcavadora, buscando el último cuerpo, el número 23, atrapado en las ruinas de la cervecería de don Arturo Zuluaga. La mayoría desconocía su nombre original. Todos lo llamaban Sabajón.

¿Y a éste qué le pasó?”

La fiesta fue en la casa de un amigo de la familia de Beatriz en Granada. Aunque habían previsto 150 invitados, apenas llegaron unos cuantos familiares. Por decisión de su padre no hubo música ni primer baile.

“Usted fue muy berraca en echar pa’lante”, la felicitaron algunos.

“Usted cómo no respetó el dolor del pueblo”, le recriminaron otros.

Su familia había gastado bastante dinero y, siendo honestos, no estaba dispuesta a arrojarlo a los escombros. Menos Beatriz que había recorrido todo el municipio de El Santuario por varios meses, buscando el traje de novia de sus sueños y por el que su padre desembolsó 250 mil pesos (un salario mínimo de la época).

La fiesta tuvo poco de memorable. El pueblo ya estaba de luto desde el 3 de noviembre, cuando un grupo de paramilitares, fuertemente armados, había ingresado a Granada disparando en contra de la población civil, matando a 19 personas.

Tras ambas masacres, el éxodo de habitantes se hizo inevitable. Cuando la foto de la novia apareció en el diario El Colombiano en primera plana, el 12 de diciembre de aquel año, 9 mil personas ya habían abandonado Granada.

Los novios no estaban para recuentos trágicos. Después de la luna de miel se fueron a vivir a una casita en la cima de una montaña, que pertenecía al padre de Óscar.

Fue el cierre de un ciclo que comenzó cuando ambos eran niños y compartían el mismo curso en la escuela. Ella era una tímida estudiante y él un, alumno revoltoso. “Era muy fastidioso, muy necio”, recuerda Beatriz.

Ambos continuaron juntos, en el mismo grado, hasta que Óscar decidió abandonar la primaria y viajar a Cali a trabajar en una tienda de abarrotes a comienzo de los noventa. Fue la misma época en que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de su frente Carlos Alirio Buitrago, realizó ofensivas en contra de la industria hidroeléctrica. La acusaban de haber desplazado a miles de campesinos de sus tierras. Estos ataques fueron especialmente fuertes en los alrededores de Granada.

Con el correr de los años, Óscar regresó al pueblo convertido en un hombre. La primera vez que Beatriz lo vio, recuerda que le guiñó uno de sus ojos.

“¿Y a este qué le pasó?, con lo gordo que me caía en el colegio”, se preguntaba una y otra vez.

Ahora que están juntos, cuando recuerdan aquellos años, Óscar siempre le dice que entre “el amor y el odio, hay un solo paso”. El refrán les calzó a la perfección. Beatriz quedó embarazada antes de terminar el primer año de matrimonio. La foto de su ingreso a la iglesia, inmortalizada por Jesús Abad, la colgó orgullosa en la sala de su casa. Eran años felices.

“¡Que se la quite!”

“Quítese la blusa”, le ordenaron a Beatriz mientras le apuntaban con un fusil.

“No, ¿por qué me la voy a quitar? Yo no tengo nada”, respondió.

“¡Que se la quite!”, le volvieron a ordenar.

Tres hombres armados habían ingresado a su casa. Ella estaba sola, cocinando, mientras su bebé de cuatro meses gateaba y jugaba con unos tarros en el suelo.

“Si quiere tóqueme aquí, para que vea que no tengo nada”, rogó con angustia señalándose las costillas.

“¡Se la quita o la mato!”, le gritaron.

Beatriz no tuvo más opción que quitarse la blusa, mientras rezaba para que no les hicieran nada a sus hijos; al que jugaba a su lado y al que tenía en su vientre.

“¿Y el sostén? Quítese el sostén”, le volvieron a ordenar apuntándola con un fusil.
Beatriz pensó que la iban a violar. Les rogó que no lo hicieran y se quitó la prenda entre lágrimas. Frente a su torso desnudo, los hombres que le apuntaban empezaron a reírse. “Esta señora no tiene nada, lo que tiene son unos senos muy bonitos”, le dijeron entonces en tono de burla. Justo en ese momento llegó otro hombre, que al parecer tenía un rango superior y los regañó. El sujeto del fusil salió de la cocina y lo siguieron los otros dos. Beatriz quedó ahogada en un llanto amargo.

Los encapuchados llegaron al hogar sin brazaletes de identificación. Simplemente aparecieron una noche y se quedaron. Beatriz no sabía si eran de la guerrilla o paramilitares. En cualquier caso, invasores. Se instalaron con sus inmensos morrales en el corredor, y allí dormían.

Esto sucedió en los últimos meses del año 2002, al comienzo de la ofensiva de Seguridad Democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe, quien había prometido que el oriente antioqueño por fin sería “un territorio de paz”, pero no mencionó de qué manera se alcanzaría.

“La connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares se tradujo en muchas atrocidades, desde saqueos a sus casas, abusos sexuales y hasta ejecuciones extrajudiciales. En Granada se ve claramente como la principal víctima del conflicto fue la población civil”, explica la investigadora Marta Villa, de la ONG Corporación Región.

Las cifras sobre violencia sexual en Colombia son elocuentes. Según estadísticas de la organización Oxfam, casi medio millón de mujeres fueron víctimas entre los años 2001 y 2009. Se estima, sin embargo, que el 80 por ciento de ellas nunca denunció.

“Cuando se empezó a atacar a las mujeres, se cruzó una línea y los granadinos entendieron la magnitud de la guerra que les estaba tocando”, agrega Marta Villa.

Pero Beatriz no solo sufrió abuso sexual. También observó, cuando iba de compras al pueblo, brutales asesinatos de hombres que bajaban de las chivas (camiones de transporte de pasajeros).

—Un día vi cómo mataban a un señor delante de su esposa y de sus dos hijos. Otro día a una señora le mataron a sus dos hijos, ella se puso enfrente de ellos y gritaba “mátenme a mí”- cuenta Beatriz.

El año 2002 fue particularmente sangriento. En junio, en la localidad de El Edén, integrantes del bloque Metro de los paramilitares ultimaron a cinco campesinos, en noviembre a otros cinco en Minita y, en diciembre, se reportaron 11 muertes más en el mismo lugar.

La mitad del territorio de Granada, por entonces, estaba sembrado con minas antipersonales. La guerrilla mataba campesinos con inyecciones letales cargadas con gasolina. Los paramilitares, incluso, llegaron a matar a ancianos sólo porque su cédula había sido expedida en Granada.

Era tal el festín de sangre que en ocasiones, en pleno entierro, llegaban los paramilitares a buscar a su siguiente víctima. Gustavo Giraldo, el sepulturero de Granada, lo vio varias veces: “Estaba enterrando un cadáver, llegaban los paramilitares y le decían a uno de los familiares en el entierro: ‘Venga para acá que quiero conversar una cosita’. Después se iban y a la media hora me llamaban que en tal parte había un cadáver para traerlo. Era el mismo ‘parcero’ que había cargado el ataúd”.

A tanto llegó el negocio de la muerte en el oriente antioqueño que, según cuenta Giraldo, en el cementerio de San Carlos, un municipio vecino de Granada, no había espacio para un muerto más. Desde entonces, cuenta, los muertos del municipio vecino comenzaron a ser enterrados en Granada.

El hostigamiento en toda la región fue constante. El mismo Óscar, esposo de Beatriz, lo vivió en las montañas cercanas a su finca.

“O nos colabora o lo borramos del mapa”, le dijo un paramilitar.

Beatriz no estaba enterada de que su marido estaba siendo presionado por ‘paras’ y guerrilleros para incorporarse a sus filas. No había otra opción: tenían que irse. Beatriz tenía ocho meses de embarazo.

Perros lamiéndose las heridas”

Después del nacimiento de Vanessa, su segunda hija, Beatriz partió a Cali a encontrarse con Óscar. Los cuatro se instalaron en un estrecho cuarto en la casa de un amigo de su marido, con la esperanza de que este consiguiera un trabajo. Fueron días difíciles. Pasaron hambre. A veces comían sólo una vez al día. Beatriz resistió ocho meses hasta que no soportó más. Empacó su ropa, cargó a sus hijos y tomó un bus hacia Medellín sin ni siquiera contarle a su marido.

“Le dije a Dios: ‘Tú sabrás qué vas a hacer conmigo, pero yo acá no me aguanto más’”, recuerda.

Luego de un breve paso por Medellín, Beatriz volvió a su pueblo, Los Planes, en Granada, donde la guerra ya sumaba más de 120 desaparecidos. Su forma de resistir fue el silencio, llorando de miedo debajo de las cobijas, rezando todos los días, o tapándole los ojos a sus hijos para que no vieran lo que estaba pasando a su alrededor.

Óscar volvió a su encuentro. La relación no marchaba bien y se separaron.

Al cabo de un año decidieron volver a vivir juntos.

En el casco urbano la resistencia de los granadinos a la guerra se hacía cada vez más fuerte. El primer viernes de cada mes, la organización de víctimas de Granada, Asovida, organizaba marchas con velas en honor a los muertos y desaparecidos. Una situación resistida en un principio por algunos sectores de la iglesia.

“Nos decían que parecíamos ‘como perros lamiéndose las heridas’”, cuenta Gloria Ramírez, directora de Asovida.

Las marchas derivaron en la creación del “Salón del Nunca Más”, que abrió sus puertas en 2009 y que hoy es un ejemplo en Colombia. “Preservamos la memoria por nuestra dignidad, por el perdón y para luchar contra el mayor defecto que tiene esta sociedad, la indiferencia”, agrega Ramírez.

En el Salón exhiben la foto de Beatriz vestida de novia. Ella ocasionalmente visita el recinto para recordar al tío, al primo, a un ex novio y a una decena de amigos que perdió en la guerra. “Nos frustraron tantos sueños”, dice mientras camina por el lugar.

Beatriz quería terminar el bachillerato, estudiar psicología y comprar su propia finca. Todo se esfumó. Apenas alcanzó para sobrevivir. Pero aun así sigue siendo “la novia” de Granada. Han pasado 14 años desde que Abad le tomó la foto y todavía la llaman para pedirle prestado su vestido de boda. El traje, para desgracia de las interesadas, lo vendió poco después de la ceremonia.

Beatriz fue la valiente que intentó, tal vez sin éxito, dar la espalda a la guerra. La mujer que decidió continuar con la vida a pesar de tanta muerte.

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía has registrado 4,716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

—Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero –le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
—No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
—Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15, y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

—Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4,716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3,925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.

“Escogíamos a los más chirretes”

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200,000 a 500,000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió: “Sí, patroncito, voy para allá”. Colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial” que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (cincuenta centavos de dólar).

—Él no distinguía el valor del dinero –dice Luz Marina Bernal–, pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: “Mira, mamá, me acordé de ti”.

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 100 dólares) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él, y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. “El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro”, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban “el bobito”, explicó.

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 200,000 pesos, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2:24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

—Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

Le pedían casi $7,000 por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

Uribe: “No fueron a coger café”

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, “por no cerrar la boca”. Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: “Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las FARC”.

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: “No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales”. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: “No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”.

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, su sucesor en la Presidencia de Colombia. Y dijo: “En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes”. Luego anunció la destitución de 27 militares.

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. “Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas”, declaró al final de su estancia, “pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”. El término “falsos positivos”, según Alston, “da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro”. Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos “por algunas manzanas podridas dentro del Ejército”, como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban “una estrategia sistemática”, ejecutada por “una cantidad significativa de elementos del Ejército”.

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

El presidente Uribe respondió que “la mayoría” de las acusaciones eran falsas. Que venían de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales”, cargados “de odio y de sesgos ideológicos”. Y salió una y otra vez a defender a los militares: “Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones”.

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: “Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas”.

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba “como una boba”. Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

“Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla”, dice Sanabria, “a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado”.

A $2,000 el muerto

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara “negligencia” y “falta de cuidado en los procedimientos” del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los $2,000 por un combatiente raso, hasta $2.5 millones por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de 9,000 miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a 7,000 personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: “Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas”. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. “La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad”, denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: “Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19,405 combatientes fueron “abatidos” (un eufemismo para no decir “muertos”), 63,747 fueron capturados y 44,954 fueron desmovilizados.

La suma alcanza 128,106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32,000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad “la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos”.

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3,796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3,084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

Una grieta en la impunidad

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

—Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4,700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5,500 rosas y 25,000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

—Nos siguen acosando –dice Luz Marina Bernal–, pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

La Corte Penal Internacional tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la Corte Penal Internacional afirmó que había “bases razonables” para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado.

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

Como crímenes contra la humanidad

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4,716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

—A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice–. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.
—Necesitamos la verdad para seguir viviendo –dice Luz Marina Bernal–. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

Relato de un secuestrado

Publicado: 11 marzo 2014 en Alvaro Sierra
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I. Secuestro.

Cuando vio al hombre barbado, de ruana, parado en un promontorio entre retazos de niebla, supo que era Romaña, supo que estaba en el Sumapaz y supo que su secuestro era para largo. Silbaron desde arriba ordenando detenerse a los dos guerrilleros que lo escoltaban, y tuvo miedo. Pero no bien el negro alto que estaba al lado de Romaña bajó corriendo y empezó su primer interrogatorio formal, supo que, aunque estaba completamente a su merced, la información de sus captores era bastante primitiva, y que al menos en algo su suerte dependía de él mismo.

Para entonces, llevaba dos semanas secuestrado. Como vivía en un área urbana, la operación estuvo a cargo de una banda especializada, que lo entregó enseguida a las Farc. Toda la familia había tomado precauciones; los dos últimos meses habían detectado que los seguían, y hubo llamadas exigiendo dinero bajo amenaza de secuestrar a alguno. Lo escogieron bien: no era rico pero era el consentido y tenía mujer e hijos; en consecuencia, podían tanto presionarlo a él como usarlo para arrinconar a su madre viuda y sus hermanos -así, sin sentimentalismos, aprendió a considerar su situación en los diez meses que estuvo a la fuerza en el monte.

Cayó tontamente. Le propusieron comprar una tierra; desconfió, pero finalmente accedió a encontrarse con el vendedor. Llegó un poco antes y cuando el hombre apareció le dijo que a fin de cuentas no quería hacer el negocio. El otro, apesadumbrado, bien vestido, le preguntó hacia dónde iba y le pidió dejarlo cerca de su casa. Después, fue lo de siempre. A plena luz del día un taxi y un auto lo cerraron. Encañonado, se dejó meter en el asiento trasero de su campero y reconoció la carretera, asfaltada, primero, polvorienta, después, por donde lo llevaron hasta un grupo de ocho uniformados. “Tranquilo, patrón, que esto se cuenta con lo otro”, le dijeron al quitarle el medio millón de pesos que había retirado de un cajero, antes de adentrarlo por una trocha hacia la cordillera, dejándole por fortuna ponerse las botas de trabajo que siempre llevaba en el carro.

Al día siguiente llegaron a un campamento, en el cañón de un río. “Para entonces, la primera fase, la del choque, cuando uno no atina ni a pensar, ya había pasado, y estaba en la segunda, la del desconcierto”, me dijo, pasando revista como un médico a las etapas sicológicas de las primeras semanas de cautiverio, que la guerrilla conoce y aprovecha. “Por ellas pasé yo, pasan todos los secuestrados, y más de uno se quiebra. Y las Farc, que lo saben, lo explotan a la perfección. Después de vivirlo en carne propia y de verlo muchas veces en mis compañeros de cautiverio, me convencí de que, más allá de lo que uno pueda sufrir, el secuestro es un sistema y la única forma de sobrellevarlo es entendiendo en qué está uno metido”.

Sólo entonces, un comandante se identificó con su nombre y el número del frente de las Farc, y le informó que se trataba de una retención económica. Le dieron una cobija, le cuadraron un cambuche donde dormir, separado de los guerrilleros. De noche, cada 15 minutos le alumbraban la cara. Ahí, solo y ante el dilema de fabricarse una rutina o enloquecer, hizo un rosario y una crucecita con hilo negro y unos palitos y empezó a rezar. “Todos los secuestrados lo hacemos”. A los ocho días, cuando le dijeron de pronto “levántese que nos vamos”, sin explicar a dónde, ya había superado el desconcierto y empezaba a pensar: “Bueno, estoy secuestrado; cómo voy a afrontarlos?”.

***

Cuando vio a Romaña, estaba aterido de frío y embotado por una caminata hipnótica de jornadas de diez horas entre los pantanos y la lluvia a medida que subían al páramo. “Esa es la tercera fase, la etapa crítica. Lo que uno piensa, sus deseos, su vida, se reducen a una sola cosa: descansar”. Los captores lo saben y lo usan sabiamente. En esa semana de marcha que demolió su frágil vigor urbano, le pusieron al lado un guerrillero conversador y buenagente que le ofrecía refresco, le decía que lo llevaban a soltarlo y, en tono de amigos, le preguntaba, dejándolo descansar y brindándole un cigarrillo: “Sí será verdad lo que dice el comandante que usté tiene mil vacas lecheras en su finca?”. Era tan campesino, tan falto de sutileza para sonsacarlo, que le decía que estaban en el Huila, cuando él sabía que no habían salido de Cundinamarca.

Lo que el acompañante de Romaña interrogó era una piltrafa humana, con los pies ampollados e irreconocible por el mugre, a la que tuvieron que cambiarle los pantalones vaqueros destrozados por una sudadera que le quedaba cortica. Nunca supo de dónde, pero sacó fuerzas para entender qué se jugaba. El hombre se le paró enfrente, libreta en mano. La guerrilla sabía de dos fincas pero no de su extensión, hablaban de mil vacas, él se plantó en 200, sumó la casa -de un piso, no de dos, dijo-, un solo carro, añadió la cuenta bancaria y préstamos, y con los ojos severos del interrogador clavados en los suyos le dijo que si lograba juntar 150 millones sería mucho. “El tipo me pidió un teléfono; con una mirada amenazante me dijo que iban a verificar, y se fue sin más”.

Le dieron un día de descanso en un campamento grande, con varios cientos de guerrilleros, que supuso era la base central de Romaña. Después se enteraría de que todos los secuestrados, los que subían del Huila, el Tolima y el Llano por la montaña y los que traían de Bogotá, como él, por cuchillas tapadas de niebla, pasaban por allí antes de seguir viaje hacia abajo, al Cañón del Duda, adonde se lo llevaron al día siguiente. “Dentro de la zona de distensión”, asegura.

En los dos días de bajada, su parsimonioso y único guardián le daba a veces un kilómetro de ventaja: el territorio era de las FARC; la fuga, una locura. Una tarde, le mostró desde un filo unas casitas. Fincas? No, “comisiones”. En cada casita campesina colgada de la loma, un grupo de seis u ocho secuestrados aguardaba, custodiado por una docena de guerrilleros, el resultado tortuoso de la negociación de sus rescates. Cada una era una “comisión”. Ya cayendo la noche, el comandante León, “el primer guerrillero culto y bien hablado que veía en dos semanas”, lo hizo entrar a la casa y mandó a avisar a los otros secuestrados que les había llegado un compañero nuevo.

II. Cautiverio.

Cuando su familia recibió la primera llamada, él llevaba varios meses secuestrado y había entendido la regla básica del negocio, la sola posibilidad de una persona en la posición de un animal para seguir sintiéndose persona: el tamaño del rescate depende menos de la habilidad negociadora de los parientes que de lo que revele el secuestrado a unos captores que compensan lo primario de su servicio de inteligencia sometiéndolo a una presión inmisericorde. Para la familia, en cambio, como me dijo uno de los hermanos, “si el secuestro fue el primer choque, la primera llamada fue el segundo: pidieron un millón de dólares”.

***

Curiosos, parcos, sus compañeros de “comisión” lo recibieron en el cambuche al cual lo despachó, después de presentarse y decirle que si no creaba problemas lo tratarían bien, el comandante León. Del saco que cada uno mantenía, con propiedades heredadas de los que iban saliendo, le reunieron una muda de ropa limpia y una cobija. Hablaron poco, rezaron con la camándula hechiza que él traía. Dormían sobre unas tablas en horcones, uno junto a otro. Sólo cuando le tomaron confianza entendió porqué al comienzo lo pusieron en el medio: en los extremos pasaban la noche, clandestinos, los secuestrados más importantes: dos radios de pilas en los que oían a escondidas los mensajes que sus familiares ponían en la Voz del Secuestro.

Eran cinco. Orlando, un ferretero de Usme, llevaba, como Julio, dueño de una finca en la Sabana, tres meses; Cándido, un transportador, estaba hacía cuatro; los veteranos, con seis meses, eran Mario, un ingeniero, y Don Juaco, un anciano avaro y soberbio. Pequeña sociedad que a lo largo de los meses, con secuestrados que llegaban y compañeros que salían liberados, iba sufriendo cambios y tensiones. “No es fácil convivir cuando todos vienen de ser patrones”.

Supo de comisiones donde secuestrados ricos discriminaban a otros, que consideraban ordinarios. En la suya había quien, esperanzado, cumplía el rol del preso servil con los guardianes, y quien, quebrado, lloraba. Un político que trajeron después, se creía víctima de una equivocación pues su papá había conocido a Tirofijo en tiempos de la guerrilla liberal. Hubo hasta quien, opinando que el clientelismo funciona en el monte, intentó sobornar al comandante. El golpe más duro para todos fue la llegada de Carlos, un niño de 14 años, que estuvo seis meses; él tuvo que dedicársele las primeras dos semanas para que entendiera que no se iba a ir al otro día.

Esa era otra de las fases sicológicas de las primeras semanas de secuestro, “la del positivismo, de creer que uno se va a ir rápido”, me dijo. Sabía por amigos que un secuestro normal dura diez meses y que sólo la actividad podía salvarlos. Se los dijo. Pidieron permiso e hicieron un comedor. Después, se dieron cuenta que el comandante León era enfermo por el ajedrez. Dos de ellos jugaban, a cambio de que los dejara pasear hasta una lomita cercana. Allí, dos veces por día, hablaban con entera libertad. Después, improvisaron unas pesas y hacían gimnasia. Contrarrestar la inacción les daba moral; con el deporte empezaron a dormir mejor sobre las tablas.

La rutina la establecían las comidas. Siete y media de la mañana, a asearse en la quebrada; a las ocho, en la ollita y con la cuchara que dan los guerrilleros, un caldo, que se toma, se juaga la olla y se llena de café o chocolate, y la “cancharina”, una arepa de trigo frita; de once y media a doce, el almuerzo, y de cinco y media a seis, la cena, ambos consistentes en arroz o fideos, lenteja o frisoles, y plátano, o papa, cuando había. Las patas, el pescuezo de una gallina que les dejaban a veces, eran un festín que se rifaban. A las tres de la tarde, la terapia de grupo de los secuestrados: el rezo colectivo. Para las necesidades, el “chonto”, un hueco en la tierra; para orinar de noche, se pedía permiso.

“Pasados el choque inicial, el desconcierto, la ilusión de salir rápido, uno empieza a buscar respuesta a una pregunta obsesiva: porqué me tocó a mí? Entonces llega la fase que muchos no superan: uno se acuerda de todo lo malo que ha hecho en la vida y lo carcomen los remordimientos”, me dijo. Sus captores, perfectos conocedores de lo demoledor de esas primeras semanas de cautiverio, no los maltrataban físicamente pero explotaban con siquiátrica perversidad las debilidades de cada uno para completar su fragmentaria información financiera.

A Cándido, que pescaron con la moza, le decían que se lo iban a contar a su esposa, y al pobre lo devoraba la duda de si ésta lo sacaría o no. Doña Laura, que llegó después, bajo la sugestión de que sus hijos no querían pagar, delató un CDT de 50 millones que tenía, y su negociación, que estaba casi resuelta en 15 millones, se subió a 80 y tomó tres meses más. Mario, mal casado con una mujer rica, cayó con su novia; a los tres días los separaron, y a él, que sufrió todo el tiempo por eso, nunca le dijeron que a ella la habían soltado casi de inmediato. “Mañana como que traen un caballo para llevárselo”, bastaba decirle a Don Juaco para que el viejo, convencido de su pronta liberación, dejase de comer y dormir. A un anciano que llegó de otra “comisión” le daban una pala para cavar su tumba, y, ante el hueco listo, se echaban a reír. “Se ensañan con los viejos porque son los que, en últimas, dicen a la familia cuánto pagar”. A nuestro secuestrado, ranchado en las cifras que les había dado, se la montaron de traqueto, de paramilitar. Ahí sí tuvo miedo. Pero se mantuvo y terminaron dejándolo en paz.

“En esos primeros meses, no llaman; los están trabajando”, me dijo uno de los hermanos. El choque brutal de los primeros días, el cansancio animal de las marchas, el estupor de verse en el monte, vencen a muchos; por impotencia, por rabia, por ilusión de salir rápido, hablan. Una vez exprimidos, los olvidan en alguna “comisión” y se dedican con calma a ablandar la familia. “Si el secuestrado supiera en qué medida depende de él mismo lo que se termina pagandosuspiraba el hermano, describiendo esos días.

El golpe de gracia era la llegada del caballo. Alguien iba a salir!. Podía ser para bajarlo a La Julia, en la selva, adonde llevaban los peces gordos, y eso era sinónimo de un secuestro de 14 o 16 meses. Pero casi siempre era para subirlo al páramo. La liberación! Y cada uno acariciaba en secreto la idea de que sería su turno. Eso creyó Don Juaco cuando se lo llevaron. Les dejó todas sus pertenencias y se fue feliz. A los ocho días lo trajeron de vuelta, tieso de frío y moralmente destrozado. Lo habían subido sólo para llamar a la familia. El viejo se rebeló, no dijo que pagaran lo que pedían, y lo devolvieron sin contemplaciones sabiendo que el tiempo, en el monte, es de los secuestradores. La ceremonia de retornarle las cosas que les había dejado los tuvo a todos deprimidos una semana.

***

Cuando pidieron un millón de dólares en la primera llamada, la familia contestó estupefacta que ante semejante suma no podía ni ofrecer. El comandante León le preguntó a nuestro secuestrado el número de baños de su casa, evidente prueba de supervivencia. Dedujo que la negociación había empezado. Una mañana, dos meses después, lo despertaron temprano. “Monte, que va papáramo”, le dijeron, señalándole una yegua. Llevaba cinco meses de cautiverio.

III. Negociación.

Sus hermanos, su mamá, su mujer, que creían derruido al consentido de la casa, no sabían que los cinco meses de cautiverio en el monte lo habían convertido casi en un veterano. Debería pasar otros dos meses antes que él lograra hacerles llegar el mensaje escrito que fue decisivo en la negociación. Y a él le faltaba afrontar una prueba terrible.

“Entrar en un secuestro es entrar en un submundo”, me dijo el hermano. Hay avivatos, que los llamaron varias veces, diciendo que ellos lo tenían y era mentira. Hay intermediarios desinteresados, y a través de uno de ellos, lograron, por fin, transmitir una clave para que los llamaran citándola -sólo así podían estar seguros de hablar con los verdaderos captores. Existe el Gaula, pero corren rumores de que, además de gente profesional, hay dineros que se pierden, negocios que se tuercen. Hay negociadores expertos, y uno resultó ser amigo. Y están la vasta y secreta cofradía de los secuestrados; el flujo de los que van saliendo libres, con la casualidad difundiendo de conocido en conocido un rumor, un dato que, a veces, llega hasta la familia en cuestión; la laboriosa red de mensajes que traen, escondidos con ingenio de preso, los liberados.

Se negocia a ciegas, con los captores explotando a cuentagotas la incertidumbre de la familia sobre el verdadero estado del cautivo. “El que apura la negociación está perdido”, sentencia el hermano. Desesperada pero bien asesorada, la familia se había resignado a esperar diez meses, un año. Del millón de dólares inicial, la guerrilla se había bajado a 600 millones de pesos. Ellos, sin cañar, insistían en que era una suma imposible. Orlando, uno de los secuestrados, había salido libre y trajo una razón provindencial: estaba bien, no había hablado de más y oía religiosamenteLa Voz del Secuestroi . Desde entonces le pusieron mensajes sistemáticos.

***

La subida al páramo a caballo duró tres días, y lo llevaron directo a un hombre que después supo era la mano derecha de Romaña. “Vea la carretera; cuadre y se va”, le dijo, anunciándole que lo habían traído para hablar por teléfono. “Llore o enverráquese, pero convénzalos”, espetó, desenfundando una pistola y pasándole el celular. Encañonado, se quejó, pero su madre, tranquila, al otro lado de la línea, le dijo en clave que la razón de Orlando había llegado. “Tenga calma, mijo”, se despidió.

Le dio duro volver a bajar. Pero fue pasajero. En su grupo se había vuelto un líder. Daba ánimo a los demás, preparaba a los recién llegados contra las artimañas de los captores. Cándido, que había salido, le dejó uno de los dos radios, e invertía su tiempo en oír los mensajes y transmitirlos a todos.

De la docena de guerrilleros, tres tenían quince años y cuatro eran mujeres. León, el comandante, era estricto y decente. Rábano, el segundo, también enfermo por el ajedrez, negociaba partidas a cambio de dejarles oír noticias por radio. Luis, de extracción urbana, hacía el papel del interrogador malo; Willington hacía el del bueno, les conseguía, jabón, papel higiénico, un cepillo dental, y varios del grupo cayeron, dándole preciosa información. Eduard llegó convaleciente de una herida y era un tramposo de miedo jugando parqués. “Yo me dejaba ganar y no me la montaba, pero con el orgulloso don Juaco, que le peleaba, se desquitaba poniéndole carne dañada en su plato”. Mónica les robaba relojes y anillos. Los niños les soltaban piecitas de información: “van a liberar a fulano; van a traer uno nuevo”.

Para los jefes, la “comisión” es un premio, un descanso. “El comandante encargaba café a las guerrilleras como a muchachas del servicio”. Sólo respondía por las comunicaciones, cada tres horas, de seis a seis. A los rasos se les ponían misiones para mantenerlos ocupados. “Los mandaban a caminar dos días para ir a cargar una batería”. Creyó entender que la guerrilla ataca pueblos para mantener en alto la moral de la tropa, con victorias. Oyó con ellos la Voz de la Resistencia, la emisora de las Farc, tan parcial como los partes de las fuerzas oficiales colombianas. La disciplina guerrillera le pareció fundada en el temor, no en la convicción. Uno le contó que la deserción se castiga con el fusilamiento. De pronto, las dos cocineras de la “comisión” desaparecieron; se rumoró por semanas que las habían ajusticiado por dejar dañar la carne de un cerdo. Uno de los niños le dijo: “Usté sale; nosotros estamos aquí patoda la vida”. Al guerrillero que cometía una falta lo ponían a cocinar un mes, le aumentaban las guardias, hasta lo amarraban a un palo. Las mujeres debían pedir permiso para cambiar de compañero.

***

Cuando ya tenían una rutina hecha y casi se habían vuelto una sola sociedad con sus captores, sobrevino el desastre. Por un error de Cándido en un mensaje radial que envió después de salir libre, se descubrió que tenían radio. Al comandante León lo reemplazó Iguarán, un demonio barbado. Creyeron calmarlo entregándole uno de los dos que tenían. Pero una noche ordenó levantar la “comisión” y se los llevaron ocho horas monte arriba. En el nuevo sitio, los amarraron, uno a uno, a árboles distantes entre sí unos diez pasos, y les hicieron cambuches individuales. Así, en esos calabozos de confinamiento solitario improvisados en un monte cerrado y gélido donde no entraba el sol, los tuvieron 43 días.

La crueldad llegó a sus límites, recuerda. “Una mañana llegó un guerrillero con la pistola en la mano. Me desató.Levántese; camine hasta allái , ordenó, señalando un cerro.Siéntese aquíi , dijo cuando llegamos. Yo me santigué, convencido que me iba a matar. Pero se fue, y volvió al rato con otro secuestrado, y otro, hasta que los trajo a todos. Era para que tomáramos el sol”.

Con el alambre de una esponjilla, él instaló en su árbol una antena improvisada para el único radio que les quedaba. Como estaba prohibido hablar, transcribía a cada uno su mensaje en papelitos. El riesgo era lunático pero esa voz anónima y una biblia que se leyó de cabo a rabo fue lo único que le impidió enloquecer en esos 43 días que ni a él ni a los otros se les van a olvidar nunca. Ahí, con dos secuestrados que trajeron de allá, se enteró de La Julia, el lugar de la selva donde se llevan los rehenes importantes. “Salís a cagar y hay panteras”, le dijo, gráfico, uno de ellos.

De allí salieron, liberados, varios secuestrados. Con uno logró enviar el primer mensaje escrito a su familia. Yo tuve en mis manos los siete papelitos menudos, escritos en una letra minúscula en tinta de bolígrafo corrida por la lluvia, que, con mañas de preso, hizo llegar a su familia en los diez meses que estuvo secuestrado. Pedía a sus familiares llevar la negociación al límite, desconfiar, pues los guerrilleros estaban haciendola vueltai con los rescates: recibían la plata acordada después de meses de negociación, y no entregaban al secuestrado sino que pedían más. Por radio, en clave, entendió que su familia había recibido ese primer mensaje. Y, pese a que la prueba terrible de vivir amarrado a un árbol como un perro lo estaba doblegando, se dispuso a esperar.

IV. Liberación.

Cuando les dieron de pronto la orden de ponerse en marcha, era noche cerrada, habían pasado ocho meses y medio desde que lo secuestraron y él no sabía ni lo próximo de su liberación ni que se iba a salvar por un pelo de que, como a varios de sus compañeros, en lugar de soltarlo, lo dejaran preso para pedir más dinero. La forma como su familia craneó el pago del rescate, lo decidió todo.

En el momento en que para él y su grupo terminaban los 43 días amarrados a los árboles, el monto de su rescate ya estaba acordado. Su madre, que ahora manejaba la negociación, había pedido un último plazo para reunir el dinero pues préstamos y propiedad vendida a la carrera no alcanzaron. El, por el radio, tenía una idea vaga de que la negociación avanzaba, y eso era todo.

Caminaron casi toda la noche, hasta una casa vecina a su antigua “comisión”. Los calabozos de dos por dos en que los metieron por separado, les parecieron un hotel comparados con el fango y el frío de los días terribles que acababan de pasar. Su primera preocupación fue volver a instalar una antena para el radio. El cuartucho en que estaba tenía una claraboya. Pidió una tabla, aduciendo que era para hacerse una banca, la recostó a la pared y con los crujidos de la operación cubiertos por el ruido que hicieron sus compañeros, pegó su alambre de esponja de brillo al techo de zinc. “Me sentí como robando el Banco de la República, pero quedamos con una antena parabólica”, me dijo.

En las semanas siguientes salieron cinco compañeros. Los que se iban ya no eran secuestrados nuevos; en esos meses se le habían vuelto amigos del alma. Cada día se sentía más impaciente, más solo. Hasta que una noche le dijeron: “Alístese para salir mañana; no lleve nada”. Trató de luchar contra la idea de que lo iban a soltar, diciéndose que era otra subida al páramo a hablar por teléfono, pero esa noche, después de oír en la Voz del Secuestro la indistinguible voz de su madre “ya cuadramos” no pudo dormir.

Lo sacaron al amanecer, a pie, custodiado por un solo guerrillero desarmado. Casi se devuelve cuando le tocó cruzar, colgado de una polea, un cañón, jalando con las manos el lazo viejo tendido de lado a lado que la sostenía. Subieron todo el día y al anochecer llegaron a un campamento grande, donde lo hicieron esperar una hora antes de dirigirlo a la “comisión de entrada”, adonde llegaban muchos secuestrados. De pronto, en un cambuche, vio a Mario, supuestamente liberado dos meses atrás. Por lo visto, le habían hecho la “vuelta”, y ahí seguía, esperando el sobrepago de su rescate. Apenas si pudo hacerle una seña.

Al día siguiente llegó al mismo lugar adonde lo trajeran meses antes a hablar con su madre por celular. “Se va, maestro. Y dese por bien servido, pues no lleva sino diez meses”, le dijo la mano derecha de Romaña. Le dieron el teléfono y volvió a hablar con su madre. Se la oía muy mal: la guerrilla le había dicho que él estaba muy enfermo. “Usted no se imagina lo terrible que son esas llamadas; si en ocho meses hablamos con ellos en total diez minutos, fue mucho; eran conversaciones relámpago de minuto y medio, con ellos diciendo que el celular era muy caro, para colgar enseguida y perderse un mes todo contacto”, me dijo el hermano, resumiendo todo el tormento del secuestro: el preso sabe cómo está; la familia, angustiada, adivina.

Se cuadró que saldría a los tres días. De noche dormía solo pero pasaba el día en el cambuche de los jefes, viendo televisión. Ahí terminó de entender el negocio.

Todo el día entraban los negociadores de las Farc y llamaban una y otra vez por teléfono. Eran ocho o nueve y manejaban todos los negocios. Insultaban, explicaban, amenazaban; con cada llamada cambiaban de actitud. “Había familias que negociaban a los madrazos, gente que imploraba”, recuerda nuestro secuestrado. Ahí tuvo en sus manos, en un rato de descuido de los guerrilleros, un cuaderno de colegio forrado en plástico azul, marcadoEmpresa Ganadera Colombiai . Cada página era la ficha técnica de un cliente, con su nombre y teléfono, sus datos, el nombre del negociador encargado de su secuestro y una serie de cifras que iban disminuyendo, tachadas, hasta llegar a la última, encerrada en un círculo. “Ese era el monto final del rescate, y de ahí no se movían”. Cuando llegó a su página, le temblaron las manos. Entendió que en esa seca columna de cifras estaban sus meses de cautiverio, los errores que quizá cometieron él y su familia, la resistencia, la lucidez denodada que había tratado de mantener frente a los carceleros.

El día acordado, se levantó temprano y se bañó en agua helada. La cita era a las nueve de la mañana. Esperó todo el día, convencido que no iba a salir. A las seis de la tarde, por fin, llegó la orden por radio: “Sáquenlo”. Lo llevaron a una casa donde estaban los que habían negociado y una persona que conocía muy bien, que venía por él.

No los dejaron irse esa noche y la persona que habían enviado le contó cómo se planeó el pago del rescate.

No enviar a nadie de la familia fue el primer acierto: quien vino a buscarlo llegó, como se había acordado, en la mañana. Lo demoraron por horas preguntándole si era pariente del secuestrado. De serlo, lo habrían dejado para pedir más plata. Enseguida, la guerrilla le propuso compartir el rescate y decir que se lo había quitado el ejército en el camino. Les dijo que no. Pero lo que acabó de desarmarlos fue la historia de los instrumentos. Como parte del pago, la guerrilla había pedido que enviaran una lista de instrumentos. La familia consideró una locura mandar a una zona de guerra un maletín lleno de dinero y además herramientas cuyo destino era evidente para cualquier retén de los paramilitares o las fuerzas oficiales. El enviado no los trajo; la guerrilla protestó, amenazando echar atrás el trato; él les dijo que traía no sólo el dinero que costaban, sino una cotización formal. Eso los desarmó.

El hombre que bajó esa mañana en el carro hacia Bogotá, era otro. No sólo porque estuviera libre después de diez meses de cautiverio ni porque hubiese sido uno más entre los casi cuatro mil secuestrados del año 2000 en Colombia. Sufrió como todos. Pero salió al otro lado porque entendió que el secuestro es un negocio y aprendió a jugar con las reglas de sus captores.

***

Sentados en su casa, después de las dieciséis horas que le tomó reconstruir para mí la historia de su secuestro, me dijo con un leve temblor: “Lo único que me da miedo es que me secuestren de nuevo. No sé si podría resistirlo otra vez”. Cuando este relato estaba escrito, sonó mi teléfono. Era su hermano. Las Farc habían vuelto a llamar. “A saludar”.