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I. El fin de la primavera de Claudia Paz.

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves. La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11. Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo.
—¿Y qué le respondieron ustedes?
—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

Se trataba de un movimiento defensivo. Aunque Paz y Paz pensaba que el pulso por la duración de su mandato estaba resuelto, sabía que vendrían otras acometidas. Con el traslado de Aguilar pretendía sembrar en otras instituciones la experiencia de sus tres años de gestión encarnada en su equipo, una decena de jóvenes abogados penalistas y de Derechos Humanos con los que trabaja desde hace más de una década. El mayor de ellos tiene 50 años. Los hay, como Aguilar, que apenas superan los 30.

Díaz tiene 29. Tiene maneras de estudiante aventajado. Le gusta hablar rápido, tiene un humor cortante y la risa ácida, de sarcasmo destilado. Justo después de la reunión tenía un almuerzo con dos periodistas de Plaza Pública. Con ellos estaba cuando recibió la llamada: la CC había acortado el periodo de la Fiscal.

—En diciembre se juntaron un grupo de abogados de Zona 10 con Pérez Aguilera, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, y él ya les anticipó que Paz y Paz se iba en mayo —dice—. Nosotros sabíamos eso…Y aun así llevábamos una semana como cantando victoria. Ellos nos engañaron, lo hicieron bien, no les vamos a quitar el mérito.

***

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. Lo dice, con esas palabras exactas, uno de los hombres que más influyó en él para que lo hiciera: Carlos Menocal, un experiodista que en aquel momento era ministro de Gobernación.

Corpulento, saco informal, mochila al hombro, barba cuidada y lentes de diseño, Menocal duda si pedir o no un café. Transmite siempre la idea de tener prisa, de estar extremadamente ocupado y a punto de irse, pero da detalles y explicaciones por casi una hora, como si que se sepa lo que sucedió hace cuatro años fuera parte de su trabajo. En eso, el Carlos Menocal periodista se impone al político.

—Álvaro Colom estaba un poco acomplejado porque en su gobierno no avanzaba el sistema de justicia transicional —dice.— El nombramiento de Claudia Paz, experta en Derechos Humanos, caía como anillo al dedo.
—¿Poner a Paz y Paz fue entonces una batalla personal de Colom para hacer justicia a las víctimas de la guerra?
—Digamos que una batalla personal y de algunos de quienes éramos sus colaboradores.

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie. El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social. La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

En 2009 arrancó una pequeña revolución en el sistema de justicia para evitar que Guatemala se convirtiera en un Estado fallido. La CICIG, creada en 2006 para ser bastón internacional de un país cojo, comenzó a desnudar el aparataje paralelo ilegal que operaba dentro del Estado, y tanto su presión como la cooperación extranjera lograron dotar a la Fiscalía de nuevas herramientas legales y científicas de investigación como escuchas telefónicas y laboratorios de balística. Además, la paulatina aparición de nuevos grupos de poder económico ajenos a las familias tradicionales alteró el mapa de influencia en el poder judicial y permitió que la Corte de Constitucionalidad levantara el secreto de documentos militares y resolviera que la desaparición, un crimen habitual durante la reciente guerra civil, no prescribía por ser de carácter permanente. Incluso en la Policía, considerada un irrecuperable foco de corrupción, los gobiernos de España y Estados Unidos patrocinaron y formaron pequeños grupos de agentes jóvenes especializados en la persecución de homicidios y extorsiones.

Pero no bastó. Para marzo de 2010, Colom se había visto forzado a destituir, por corrupción, a tres ministros de Gobernación consecutivos y a dos directores generales de la Policía en solo dos años. Su gobierno había estado a punto de enfrentar un golpe de Estado en 2009 y navegaba con dificultad en medio de pulsos de poder en los que resultaba difícil distinguir las ambiciones puramente políticas de las que tenían raíces criminales. Pese a los avances aislados, el mágico país al que millones de turistas llegaban cada año en busca de ruinas mayas era una ruina en sí mismo.

La convulsión final vendría en junio de 2010: el Comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana, renunció públicamente a su cargo alegando que una semana antes Colom había elegido como Fiscal General a un corrupto pese a saber, por informes que él mismo le había dado, que tenía vínculos con el narcotráfico. El fiscal bajo sospecha, Conrado Reyes, fue forzado a renunciar y se inició un nuevo proceso de selección. Por eso Colom pudo elegir en diciembre a Claudia Paz y Paz.

Cuando le pregunto a Menocal cómo explica que el mismo Álvaro Colom que eligió como Fiscal a Paz y Paz hubiera elegido meses antes a Reyes, le renace el político y trata de lavar las manos del presidente:

—Colom escucha mucho. Fue una decisión demasiado democrática —dice.— Escuchó a muchos sectores y especialmente a su partido.
—Y todo el mundo dice que en diciembre le escuchó a usted.
—Y a otros funcionarios cercanos. Pese a las presiones de su partido, empresariales y dentro de su mismo gobierno, en diciembre tomó la decisión más acertada para el país, no para su partido, ni siquiera para él.

Los miembros de la comisión de preselección del nuevo Fiscal incluyeron a Paz y Paz en la lista final de seis aspirantes para que su perfil académico y progresista adecentara el proceso de cara a la opinión pública, en un momento en el que la legitimidad del sistema político flotaba en las cloacas. Daban por hecho que el presidente no sería tan estrafalario como para seleccionar a una abogada de ideas provocadoras, dedicada por años al esclarecimiento de los crímenes de la guerra y sin amigos ni deudas en la política. Se equivocaron. A las 12 del mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, Colom le dijo a Menocal que se preparara, que Paz y Paz sería nombrada a las seis de la tarde y él sería el único miembro del gabinete presente. También pidió que se enviara invitaciones urgentes al resto de poderes del Estado y a las delegaciones diplomáticas.

Al evento solo llegaron seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos. La Fiscal que en los siguientes años revolucionaría el Ministerio Público tomó juramento en una ceremonia exprés en un salón pequeño, lejos de los boatos con que se solía investir a sus predecesores. Colom tenía que salir de viaje al día siguiente y quería dejar instalada a la fiscal general. Temía que, si esperaba, en su ausencia pudieran fortalecerse y contraatacar quienes se oponían a ese nombramiento.

En esas precarias circunstancias, era de esperar que el respaldo político de Colom no le sirviera de mucho a Paz y Paz una vez en el cargo. Con evidente intención de obstaculizar su trabajo, el Congreso pasó los siguientes cuatro años sin nombrar al Consejo Asesor del MP, que debe autorizar decisiones administrativas como los despidos. Aunque agitó el MP por dentro e intentó una depuración interna, Paz y Paz no pudo despedir a ninguno de los 286 fiscales y empleados del MP a los que destituyó por corruptos o inútiles durante su gestión. Cuando ella dejó el cargo muchos seguían cobrando su salario a pesar de estar fuera de servicio.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

—¿Qué logran los sectores privados que se opusieron a Claudia Paz y Paz con su salida adelantada? —le pregunto a Menocal.
—Disipan el fantasma de una cacería de brujas en torno al concepto genocidio. El sector poderoso del país piensa que si fue procesado Ríos Montt, el general de generales, el gendarme de la oligarquía, puede caer cualquiera. Se abrió la puerta. Se abrió el dique, y el agua te puede arrastrar. Por eso el primer objetivo es que el tema del genocidio no avance. Mirá, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, por poco que sea, levanta olas. Yo creo que Colom jamás midió las dimensiones políticas de nombrar a Claudia Paz y Paz.
—¿No sabía la que estaba liando?
Exacto. Él que en su gobierno se hizo cientos de miles de peticiones de perdón por crímenes durante la guerra, que llegó a pedir perdón en nombre del Estado por el asesinato de su propio tío a manos del Ejército en el 79, no vio las olas que iba a generar.

***

La jueza Yassmin Barrios hasta para ir a comprar flores se sube a una patrulla policial. Va al supermercado en un pickup con sirenas y rodeada de los agentes de policía que la protegen desde que hace diez años, el día antes a que iniciara el juicio por el asesinato del obispo Juan Gerardi, alguien arrojó una granada de fragmentación al patio de su casa. El año pasado recibió de nuevo amenazas de muerte y el sistema judicial le asignó un vehículo blindado, pero ella solo lo usa dos veces al día: para ir y regresar de la torre de tribunales. Nada más. Dice que el vehículo no es suyo y gasta mucha gasolina. “Uno debe ser austero, no abusar de las cosas”, argumenta con lógica maternal. Yassmín Barrios, la jueza que en mayo de 2013 condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, trata de reducir lo más complejo a lógicas simples. Y no tiene vehículo propio.

Su casa es pequeña, objetivamente pequeña. Minúscula al lado de su renombre. Nos ha recibido ella misma en el portón que da a la calle, bajo la mirada incómoda de sus escoltas, resignados a las formas sencillas de la jueza. Viste como lo haría, probablemente, cualquiera de sus vecinas, con una falda a cuadros y un suéter azul ajenos a modas. La jueza apenas se permite la vanidad de pedir que la dejemos ir a maquillarse, cuando descubre que en la entrevista habrá un fotógrafo. Regresa con el rostro lavado, los labios rojos y la línea de los ojos pintada rutinariamente de negro. Hasta la vanidad de Yassmín Barrios renuncia a la grandeza.

—¿Es difícil ser jueza en Guatemala?
—Sí, definitivamente sí lo es. No por los casos que se juzgan sino por el contexto que nos rodea.
—¿Qué contexto?
—La situación de violencia que impera, y la inseguridad para los juzgadores.
—¿Cree que hay jueces que se excusan de conocer ciertos casos por miedo?
—No puedo contestar lo que es referente a otras personas. Eso lo contestarían ellos. Cada quién sabrá por qué se excusa. Lo que sí puedo decirles es que las excusas solo se pueden plantear cuando existe un motivo. No hay por qué excusarse. Uno está obligado a cumplir con su deber.
—Pero por ejemplo, un motivo podría ser que le lancen dos granadas en el patio de casa, como le ocurrió a usted.
—Eso fue una noche antes, el debate era al día siguiente. Y me presenté a trabajar.
—¿Qué la mueve a usted a seguir adelante en unos casos que son tan complicados?
—Simplemente soy juez. Cuando empecé a trabajar hice un juramento. Esto es parte del ser juez.

Antes de que la salida de Claudia Paz y Paz de su cargo redibujara el mapa de la Justicia en Guatemala, la idea original de este texto era perfilar al puñado de personas que en los últimos años parecían haber arrebatado el país de los brazos del crimen organizado y los pactos de impunidad. Un puñado de intocables. Mandos medios policiales, fiscales de carrera, mujeres de la proyección internacional de Paz y Paz o Barrios. Una casta de equilibristas que en un entorno político minado y trabajando en instituciones altamente contaminadas asentaban precedentes impensables en países vecinos como El Salvador u Honduras, incapaces de juzgar al 95% de sus criminales de hoy y ni a uno solo de los violadores de Derechos Humanos del pasado.

Durante las ocho semanas que duró el juicio contra Ríos Montt, Barrios fue una pequeña David de pelo rizado que se batía contra la historia, las estridencias de los abogados defensores y el Goliat invisible de la presión política y mediática. Los querellantes intentaron maniobrar con cuidado para no incendiar el país, mientras los partidarios de Ríos Montt y las cúpulas empresariales acusaban a Paz y Paz y a Barrios de resquebrajar Guatemala y poner en riesgo los acuerdos de paz. La derecha guatemalteca cerró filas, restableció lazos con influyentes militares retirados y olvidó sus diferencias por un fin común. Hubo varios intentos legales de detener las audiencias y en todo momento se temió que una zancadilla política truncara el proceso.

Sabedora de que caminaba por un puente estrecho, la Fiscalía llegó a retirar testigos a última hora para no incriminar al presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante en el terreno durante las masacres de aquellos años, y así evitarle la tentación de intervenir en secreto para detener el juicio.

En una breve encuesta hecha por la universidad Rafael Landívar aquellos días, un 72% de los entrevistados dio por hecho que el proceso no llegaría a su final o el exdictador sería declarado inocente sin tomar en cuenta las pruebas en su contra. Otro estudio de la misma universidad apuntó que el 61% de los columnistas de los principales periódicos del país respaldaron el juicio en sus artículos, pero la sensación de la jueza Barrios era, lo afirma ella, de cerco mediático.

Tal vez sea que las élites guatemaltecas ni siquiera necesitan generar mayorías para vencer balanzas. A medida que el juicio avanzaba se acrecentó la sensación de que su voz penetraba en las carnes del proceso. Puede que fuera un resorte anidado en la conciencia colectiva del resto del país, que reaccionó a la voz de sus viejos amos como el hipnotizado que revive recuerdos al escuchar una palabra clave o una melodía determinada.

Aun así, marzo y abril de 2013 fueron meses de esperanza para quienes llevaban décadas pidiendo reformas en la justicia guatemalteca. En menos de una década se había pasado de los ajusticiamientos trogloditas a manos de la Policía a investigar y llevar a juicio tanto a delincuentes comunes como a exdictadores que en nombre de las ideas fueron tan asesinos como los gatilleros de Berger. Si a eso le añadimos que desde 2010 el país experimentó un lento pero constante descenso en la cifra de homicidios, Guatemala vivía una primavera de la Justicia.

Pero desde que el 10 de mayo de 2013 Barrios condenó a Ríos Montt se comenzaron a encadenar mensajes de retroceso. Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Primero fue la rápida anulación del juicio, solo diez días después de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad, controlada, según fuentes tanto de izquierda como de derecha, por la cúpula empresarial tradicional y en menor medida por el Ejecutivo de turno, alegó defectos de forma para ordenar que el juicio completo se repita. En teoría debe celebrarse en enero de 2015. Después vino la arremetida contra Claudia Paz que terminó en su salida adelantada del cargo.

En medio, el Colegio de Abogados de Guatemala intentó suspender en su cargo a Yassmín Barrios, por supuestas faltas éticas en el trato a un abogado defensor durante el juicio. Su sanción nunca llegó a aplicarse y terminó siendo desestimada por la CC, pero una mancha negra cayó sobre quienes habían intentado juzgar al exdictador.

Es como si alguien estuviera cerrando por decreto la primavera.

—¿Se siente parte de un pulso entre dos Guatemalas? —le preguntamos a Barrios.
—¿Por qué me pregunta esto?
—Porque hay claramente dos Guatemalas, como mínimo. Una que quería que el juicio a Ríos Montt llegara a término y otra que no quería que se completara. Hay una parte de Guatemala que se identifica con usted, y otra que la denuncia y presiona.
—Soy una mujer que cree en la justicia, nada más. Soy abogada. Creo en la justicia. Así de fácil. Sin mucha confusión.
—Lo cuenta usted como si fuera sencillo.
—Lo es. Soy una mujer. Soy una abogada. Creo en la justicia. Así de directo y concreto.

Las respuestas de la jueza son de una sobriedad frustrante para cualquier entrevistador. Todo intento por conseguir que se pronuncie sobre el contexto del juicio o sobre la política guatemalteca es inútil. Se niega a responder las preguntas acerca del impacto del juicio en la sociedad o del grado de independencia que hay en la Justicia guatemalteca. Ni siquiera entra a valorar si Guatemala es racista 30 años después del genocidio.

Por momentos se comporta como si estuviéramos en su sala de audiencias y ella estuviera presidiendo. Responde desde su sofá con la espalda estirada y las manos en el regazo, casi inmóvil, con una sonrisa perpetua, y pide en cuatro ocasiones que se reformule alguna pregunta porque no comparte su premisa o porque el asunto excede sus competencias como jueza. Tiendo a pensar que es tan prudente porque sabe que cualquier palabra suya puede ser usada en su contra por sus adversarios.

Pero existe otra posibilidad. Una más probable. Yassmín Barrios es tan pulcra al conducirse y obrar, tan de libro, que como periodista te desafía a buscarle grietas, defectos, lados oscuros. En su caso no los encuentras. Puede que no se trate de una mujer prudente por miedo a sus enemigos, sino de que solo alguien de carácter tan discreto y comedido como el de Yasmín Barrios haya podido sobrevivir más de una década en primera línea de un sistema de Justicia acorralado por intereses económicos, políticos y de grupo.

—Un nuevo juicio a Ríos Montt, ¿qué significa para la Justicia?
—Puedo hablar de lo que nos correspondió a nosotros jueces —se mide, de nuevo, Barrios—. Nuestra sentencia, porque somos los tres jueces del tribunal quienes la dictamos, constituye un avance. No solo la realización del debate sino llegar a la sentencia. Hay valoración de testigos, de peritajes, de documentos, y hay responsabilidad del acusado por delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Constituye un avance no solo para Guatemala sino para América Latina y para el mundo entero.
—Existe otra lectura: sentar a un exjefe de Estado para juzgarlo por genocidio sin duda es un avance, pero por otro lado las reacciones fuera del tribunal y el resultado final, de nulidad de la sentencia…
—Le aclaro que no se anuló la sentencia. Se anuló el proceso. Son cosas diferentes. La Corte no anuló el análisis que efectuamos. No señaló ningún defecto en la sentencia, no entró a estudiarla, y eso es muy importante.
—O sea, que…
—Es un caso sui generis. No hay un antecedente de esa naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico penal.
—¿Y usted cree que la anulación fue contra el ordenamiento jurídico?
—Creo que lo más importante es lo que los demás piensen.

“Lo que los demás piensen” es un concepto confuso. Cuando la CC anuló el juicio contra Ríos Montt hubo organismos internacionales que lo consideraron una aberración jurídica. Organizaciones de sociedad civil denunciaron el carácter político de la decisión tomada. Y el entonces comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anesse dijo en público tres meses después que se trataba de una “anulación ilegal”.

En el otro extremo reaccionaron, cabía esperarlo, los representantes del CACIF, la organización que históricamente ha concentrado a la cúpula empresarial del país. Ellos mismos habían pedido la nulidad del juicio, y acusaron al comisionado Dall’Anesse de vulnerar la Constitución guatemalteca al desafiar una decisión judicial. A ese punto, el costarricense le quedaba solo un mes en el cargo y ya estaba, por tanto, fuera de la partida. Un comunicado de la CICIG durante el juicio, denunciando la campaña mediática de presión para que Ríos Montt fuera declarado inocente, lo enfrentó con el gobierno de Pérez Molina, que se quejó por vía diplomática ante la ONU y forzó su salida del cargo. Tomar postura contra Ríos Montt en el juicio por genocidio te granjea enemigos poderosos en Guatemala.

***

Yassmín Barrios y Pablo Xitumul durante el juicio contra Rios Montt. Foto Plaza Pública/Sandra Sebastián

El magistrado Pablo Xitumul, que junto a Patricia Bustamante y Yassmín Barrios conformó el tribunal que condenó a Ríos Montt, asegura que no recibió presiones o amenazas directas durante el proceso, pero dice que su teléfono estaba intervenido y no olvida que uno de los abogados defensores del militar le gritó en plena sala de audiencias: “no voy a descansar hasta verlo tras las rejas”. En otro caso, esas palabras no hubieran significado demasiado. En este resultaba tan difícil medir su alcance que el juez las recuerda un año después de que todo acabara.

—Aquellos días, frente a mi residencia pasaban patrullas militares por la vía, porque yo vivo a la orilla de la carretera. Ahí estuvieron durante todo el juicio. Yo al inicio dije “qué bueno, están prestando seguridad”, pero 8 o 15 días después de terminar el juicio se fueron y hasta ahora no han vuelto. ¿Será una coincidencia?
—¿Usted cree que lo era?

Xitumul, originario de una pequeña aldea indígena en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, calla un instante, sonríe y achina un poco más, si eso es posible, sus ojos rasgados.

—Y la otra: que la Policía Nacional Civil retuviera en esos días como en cinco oportunidades a mi hijo mayor, que trabaja en una cadena de restaurantes y a veces regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Justo llegando a la casa lo paraban, le bajaban de la moto y le pedían su identidad. ¿Será una coincidencia o casualidad? Yo creo que no.

Pablo Xitumul acaba de salir de audiencia y me recibe en su despacho, en el que se hacinan un escritorio, tres sillas y un sofá que apenas dejan espacio para caminar. Junto a Barrios y Bustamante acaba de condenar a una veintena de años de cárcel a seis hombres que formaban una banda de secuestradores. Como sucedió en el juicio por genocidio, él no ha abierto la boca en todo el proceso. Se ha mantenido tieso y callado en su silla, deliberando entre susurros con sus compañeras alguna que otra vez, pero sin hacer pública su voz. Me atrevo a decir que en Guatemala poca gente la ha escuchado. Para la mayoría, el Juzgado A de Mayor Riesgo tiene un solo rostro: el de Yassmín, centro de todas las miradas y ataques —a su peinado, a sus gestos, a su supuesta ideología— de quienes querían que Ríos Montt fuera declarado inocente.

—Ellos tenían objetivos específicos. El primero era desintegrar el tribunal. ¿Y cómo se desintegra el tribunal? Cambiando a la presidencia. Cualquiera de nosotros que estuviera en la presidencia hubiera sido atacado. Hubieran buscado la manera —dice Xitumul.
—¿Y por qué cree que eran esos ataques?
—Por el tipo de juicio, el tipo de personaje a juzgar y también el tema subyacente, que es el conflicto armado.
—Pero se ha juzgado otros casos de crímenes de guerra, sin este revuelo.
—Esta vez el objetivo inicial era no permitir que fueran llevados a juicio estos personajes, pero no por el personaje en sí, sino porque en Guatemala y en otros países se ponen de acuerdo la cúpula militar, empresarial y política. Ellos temían que el juzgamiento de un individuo de estos produjera un efecto dominó hasta llegar a los empresarios.
—Parece que ese es el punto clave: los empresarios.
—Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. No lograron evitar el inicio del debate, y entonces la consigna era parar el juicio: a la cuarta parte, a la mitad, casi al final… Pero tampoco. Entonces hicieron lo que pudieron hacer.

A estas alturas es evidente que el hombre callado del tribunal es, en privado, mucho menos reservado con sus opiniones que Yassmín Barrios. Pablo Xitumul tiene algo de desprendido en su manera de hablar. Como si lo que le pudieran arrebatar no importara, como si ya estuviera de vuelta de todo. Será porque su padre desapareció en 1982, cuando él tenía siete años, y desde entonces le ha tocado encarar poderes. Cuenta cómo, tres meses después de la desaparición, fue con su madre a la presa Chixoy, en cuya construcción trabajaba su padre, para reclamar sus salarios pendientes. Les pidieron un acta de defunción. Les sugirieron que investigara todos los cadáveres encontrados en esos meses en la carretera de Guatemala a Cobán. Él dice que se plantó, que argumentó, que consiguió que le dieran a su madre “un chequecito”.

No es que sea un justiciero: cuando años después decidió estudiar derecho lo hizo por eliminación. Ya antes había tenido que interrumpir sus estudios por falta de dinero y no quería volver a hacerlo. La de Derecho era la única carrera cuyos horarios le permitían continuar trabajando para pagarse la universidad. En eso, Xitumul se parece a Barrios: tiene una mirada y un juicio eminentemente prácticos.

—¿Oiga, la justicia en Guatemala está sometida a un pulso político?
—Bastante. Bastante. Bastante. La carrera judicial inicia en el juez de paz y llega a juez de instancia, donde estamos nosotros. Todos pasamos por un proceso de selección, evaluación y nos nombran para un periodo de cinco años. ¿Pero qué pasa con los magistrados de Corte, de sala de apelaciones, de Corte de Constitucionalidad?
—No sé. Dígamelo usted.
—Pues que vienen de afuera, sin haber sido jueces muchos de ellos, pero apadrinados por partidos políticos o grupos empresariales. Y todo eso hace que se comprometa su actuar. Ha habido muchas personas que por compadrazgos, por conectes, llegaron a una magistratura. Siempre hay grupos que van a luchar por llegar ahí. Por eso para mí no hay una garantía de que realmente se administre justicia.
—Pinta usted un escenario oscuro. Es pesimista.
—Solo le soy honesto. Mire, yo vivo en Guatemala, y he visto que nada más tomar posesión la Corte Suprema ya los magistrados se reunían en desayunos, almuerzos, pláticas, charlas, con grandes grupos económicos. Yo, como juez, no podría ir a sentarme con ellos. Yo me dedico a mi trabajo y no quiero comprometer mi forma de resolver. Tengo para comer, tengo para lo básico. Muchos quisieran abarcar más y vivir en lujos, por eso se olvidan de la Justicia.

Las palabras de Xitumul se podrían atribuir a la decepción. En 2009, lo admite, él también participó como candidato a magistrado de sala de apelaciones. Pensó que no tenía perfil suficiente para optar a la Corte Suprema, pero sí los méritos académicos y la experiencia para integrar un ente, el de apelaciones, más técnico. En la fase de preselección le adjudicaron 46 puntos sobre 100 y no le incluyeron en la lista final sobre la que decide una comisión nombrada por el Congreso. Se frustró. Dice que no va a participar nunca más en uno de esos procesos.

—Pero no crea: tampoco entraron quienes tenían 86, 88, 89 puntos, incluyendo a mi compañera Yassmín, que fue de las mejores calificadas.
—¿Tampoco llegaron?
—A ella la incluyeron en el listado solo para cumplir. Pero a la hora de la votación en el Congreso de la República no la tomaron en cuenta. Y en mi caso tampoco fueron los puntos, porque se fueron en el listado final personas que habían sacado 29, 30 puntos y que son los actuales magistrados de sala.

***

Antes de forzar la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes en 2010, la CICIG ya había sacudido el sistema de justicia guatemalteco con otra denuncia pública. El 6 de octubre de 2009, el comisionado Carlos Castresana denunció que un grupo de abogados estaba tratando de tomar control de la Corte Suprema de Justicia para beneficio propio. Aseguraba que seis de los trece candidatos finales a integrar la Corte estaban vinculados a un abogado y empresario que, en secreto, había movido los hilos para ponerlos allí: Roberto López Villatoro, conocido popular y despectivamente en Guatemala como “el rey del tenis”.

De él se ha escrito que encarna a un sector de empresarios emergentes, enriquecidos a la sombra del Estado —su apodo proviene de una vieja adjudicación pública de compra de calzado—, y que durante la última década él personalmente le ha disputado al CACIF el control de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral, antes campo de cultivo exclusivo de sus influencias. López Villatoro es un hombre público que se mueve con soltura en las zonas grises del sistema. Es un operador al que uno recurre cuando necesita atajos, soluciones políticas a problemas legales o soluciones pseudojurídicas a disputas políticas.

Le he pedido una entrevista para que me confirme la versión de Xitumul acerca de que el sistema de Justicia guatemalteco descansa en una cadena de favores. A él, a quien todos señalan como un maestro en ese negocio de los favores.

Me cita en una cafetería de zona 10 en la que se venden tanto cócteles naturales como ropa de diseño que solo he visto en puertos deportivos y en fotografías de criquet. Antes de comenzar, me pregunta si quiero que hablemos on the record o prefiero que me diga toda la verdad. Cuando le respondo que necesito ambas cosas estira una sonrisa de joker y rompe los protocolos:

—Tengo un amigo que dice que Guatemala es un ajedrez en el que el rey es hueco —homosexual—, la reina puta, y los alfiles de los dos bandos hacen negocios entre sí. Todo en un tablero redondo.

Entre líneas, el rey del tenis me está diciendo que es un alfil.

—Dicen usted mueve los hilos para que a uno le elijan magistrado de la Corte Suprema.
—En este país se exagera, se sobredimensiona a las personas. Efectivamente, creo que tengo conocimiento sobre cómo opera el sistema de justicia. Me he preparado. He estudiado tres maestrías…
—Sabe cómo moverse en el sistema de elección.
—Conocer a muchas personas y saber cómo opera el sistema de Justicia te da la experiencia para conocer las fuerzas que operan en el país y saber cómo llegar. Siempre de acuerdo con las normas que establecen la Constitución de la república y la ley judicial, claro.
—Dígame qué tengo que hacer para ser magistrado.
—Tiene que hablar con académicos, con decanos de las facultades de derecho del país, con los líderes de las agrupaciones gremiales del Colegio de Abogados y luego, obviamente, tiene que hablar con los líderes políticos del país. El sistema fue creado con la buena intención de dar peso a diferentes sectores, pero en todo ese camino se pierde la independencia judicial.
—Osea, que cuando llegara a una alta magistratura debería demasiados favores.
—Obviamente, porque tiene que hacer una labor de lobby. Nadie va a llegar por sí solo. Nadie llega si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Esa es la realidad.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por López Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema. Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales, interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Estos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

—El tiempo nos dio la razón —dice.— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar. Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los viejos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta. Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

II. El regreso de los viejos dueños.

El hijo de Claudia Paz leía aburrido y paciente en el despacho de su madre mientras esperaba que termináramos la entrevista. Yo, de alguna manera, también quería que terminara. O que empezara de nuevo. Había viajado desde San Salvador esperando escuchar de la Fiscal un análisis profundo y diseccionador, que me ayudara a entender su duelo con las fuerzas conservadoras del país y abocetar el futuro, pero solo obtenía de ella previsibles respuestas institucionales, algunas de ellas propias de un comunicado de prensa.

—Anularon una sentencia contra Ríos Montt. ¿Estamos en un punto de avance o de retroceso?
—Yo sostengo que es un avance. La posibilidad de que las víctimas declararan frente al perpetrador en una situación de igualdad frente a la ley… Según las palabras de las víctimas, para ellas fue reparador. Luego la sentencia de la Corte nos coloca frente a la necesidad de repetir el juicio.
—En los últimos años parece que la Corte de Constitucionalidad hay momentos en los que se abre a la construcción de una nueva institucionalidad, y hay momentos en los que se cierra.
—Desde la Fiscalía hay decisiones que compartimos y decisiones que no compartimos, pero igual las respetamos.
—¿Y cree que esas decisiones se basan en un proceso honesto de reflexión jurídica, o que están influidas por otros intereses?
—Son argumentos jurídicos que vemos desde otro punto de vista, y en su momento los impugnamos, y la Corte falló… Cómo falló ahí sí que…
—¿Diría que la judicatura en Guatemala es en general independiente? ¿Casos como el de Yassmín Barrios son la mayoría?
—Hay jueces muy buenos, y hay jueces que no actúan con independencia.

Algo no cuadraba. Había leído un artículo aún inédito de Francisco Goldman, autor de “El arte del asesinato político”, el libro medular para saber cómo fue el asesinato de Juan Gerardi y cómo opera el poder en Guatemala. El artículo incluía una intensa entrevista con la Fiscal y dos de sus colaboradores, Arturo Aguilar y Mynor Melgar. En ella, el nivel de transparencia y los señalamientos a las personas que boicotearon el juicio a Ríos Montt eran extraordinarios, fuera del tono habitual de la templada Paz y Paz y a años luz de la entrevista que me estaba dando a mí.

Ante Goldman, Paz y Paz habló de “ellos”, de los “intereses arraigados” que durante el juicio al exdictador habían aparecido “sin disfraz, ni nada” en defensa de la impunidad. Entre ella, Aguilar y Melgar nombraron a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), a “los ideólogos del sector privado”, al presidente Otto Pérez Molina, al CACIF, que agrupa a la cúpula empresarial del país…

—(…) Fue para el caso por genocidio que se unieron los sectores más conservadores de este país —dice en la entrevista Aguilar.
—Los “Ellos” —señala Paz y Paz.

Y cuando Goldman le pregunta, sin algodones:

—¿“Ellos” eran cómplices del genocidio?

Ella le responde:

—Pues, imagino, porque tuvieron tanto miedo…

Por eso esperaba a una Fiscal más deslenguada, más directa, e interpreté incluso como una buena señal, de confianza, que me citara en su despacho un sábado. Pero la encontré parapetada, cauta. Cuando le hice referencia al texto de Goldman, a sus propias palabras ahí citadas, se mostró sorprendida y dijo no recordar haber dicho aquello. Se hizo un silencio incómodo. Aunque la conversación siguió, la entrevista terminó con un deje de desconcierto.

Después. Mientras bajábamos hacia la salida en el ascensor privado que la Fiscal General usa por motivos de seguridad, Claudia Paz me preguntó si podía obtener una copia del artículo que había citado. Le expliqué que era parte del libro “Crecer a Golpes”, que iba a ponerse a la venta en pocas semanas. Parecía no terminar de salir de la sorpresa. Al despedirnos, le entregué mi copia del artículo, fotocopiada y llena de anotaciones.

Ese encuentro sucedió el 25 de enero. Una semana después, el viernes 31, la revista Contrapoder publicó en seis páginas un extracto de la entrevista de Goldman. Claudia Paz y Paz piensa aún hoy que esa publicación, la de Contrapoder, le costó el puesto.

***

El tiempo que se ha retrasado Ricardo Sagastume en llegar a nuestra cita en su despacho me ha servido para dos cosas: una, ver el primer tiempo del último e intrascendente partido de España en el Mundial de Brasil; otra, pasear por los títulos de abogado de su padre, Ricardo Sagastume Vidaurre, colgados en las paredes de madera de esta sala de visitas. Él mismo me mostrará más tarde, con evidente orgullo, una fotografía de su padre como presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1982, tras ser colocado en el cargo, a dedo, por Efraín Ríos Montt.

Al frente de un Poder Judicial de papel, sometido al dictador, el viejo Sagastume respaldó la desaparición del habeas corpus y legitimó los tribunales de fuero especial, formados por jueces secretos que se alimentaban de confesiones bajo tortura y ordenaron al menos 15 fusilamientos en un año. De ese legado parece estar orgulloso, treinta años después, el hombre que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad el amparo que consiguió, como deseaba el CACIF, acortar siete meses el mandato de Claudia Paz y Paz.

Ricardo Sagastume hijo, abogado también, tiene su propia trayectoria pública en Guatemala. Antes de que la CC le diera la razón y decidiera que el periodo de Paz y Paz era la continuación del de Conrado Reyes y por tanto debía cerrarse justo cuatro años después de la elección de aquel, en mayo, Sagastume fue jugador profesional de fútbol. Y candidato a la presidencia en 2011 con el respaldo de AVEMILGUA, cuyos dirigentes testificaron a favor de Ríos Montt en el juicio. Y llegó a ser director ejecutivo de la Cámara de Industriales. Su despacho legal está precisamente en la cuarta planta del edificio de la Cámara, una de las gremiales más influyentes en el CACIF. Evidentemente Sagastume no esconde sus ideas ni sus filias.

Es de hecho un hombre de inusual transparencia. “A quienes de alguna manera podemos incidir en el país poco o nada nos importa la institucionalidad”, se lamentará en un punto de nuestra conversación. Crítica la miopía de los grupos de poder desde el asiento que él mismo se reserva entre la derecha ilustrada de Guatemala. Sagastume es una de esas personas que, pese a moverse en un mundo, el de las élites empresariales, que se alimenta de secretos, presume de honestidad intelectual y trata de mentir o esconder lo menos posible. Se ve a sí mismo como un buen hombre. Tal vez en el fondo lo sea.

—Usted hizo lo que el CACIF no se atrevió a hacer…
—Lo que nadie se atrevió a hacer. Y lo seguiré haciendo. Se debía respetar la Constitución.
—Pero además es de los que piensan que lo mejor para el país era que Claudia Paz y Paz dejara cuanto antes la Fiscalía.
—Sí. De haber seguido hubiéramos llegado a una debacle peligrosa, se hubiera perdido la gobernabilidad del país. Si estamos con esta polarización sin la doctora Paz y Paz, con ella hubiera sido terrible. Además, el juicio del señor Sperisen ha generado un elemento adicional. Con o sin Claudia Paz y Paz, el tema es un polvorín.

No es el primero que me habla del caso Sperisen, aunque me sorprende oírlo de él. Defensores de Derechos Humanos y periodistas me han advertido en las últimas semanas que los mismos columnistas de ultraderecha que en 2013 prendieron las primeras chispas del “si condenan a Ríos Montt condenan a toda Guatemala” han comenzado defender que la cadena de juicios que se están dando en Europa por el Caso Pavón son una ofensa a la soberanía y a los guatemaltecos de bien. Que la izquierda internacional está queriendo manchar, igual que hizo con el juicio por genocidio, la bandera de Guatemala. Que antes en Austria y ahora en Suiza y España se está linchando a funcionarios ejemplares, a hombres justos, a patriotas.

El asunto tendía algún interés si no estuviera tan claro lo que sucedió en la Granja Penitenciaria Pavón, a las afueras de Ciudad de Guatemala, el 25 de septiembre de 2006.

Ese día, bajo el argumento de recuperar el control de la principal cárcel del país, gobernada desde hacía años por bandas de presos en complicidad con las autoridades, esas mismas autoridades entraron en el penal con un ejército de policías, detuvieron a más de mil setecientos presos y ejecutaron a siete de sus líderes. La versión oficial atribuyó las muertes a un enfrentamiento. Aun si no sobraran evidencias y testigos de lo contrario, los balazos a quemarropa que tenían las víctimas hubieran bastado para desnudar la mentira.

La justicia guatemalteca condenó en 2013 a varios de los autores materiales de esas muertes, pero para ese entonces los funcionarios del gobierno de Berger que fueron responsables de la operación ya habían huido a Europa. El subdirector de Investigación Criminal de la Policía, Javier Figueroa, pidió refugio en Austria. Erwin Sperisen, orondo y rubio director de la Policía, y Carlos Vielman, ministro de Gobernación, huyeron a Suiza y España respectivamente haciendo uso de su doble nacionalidad. En Centroamérica, pero especialmente en la racista Guatemala, a la élite de la élite le gusta presumir de su origen europeo y, si se puede, de su nacionalidad europea. Es una forma de distinguirse del resto de guatemaltecos.

Figueroa fue absuelto en Austria de cualquier responsabilidad sobre las ejecuciones de Pavón, pero a Sperisen, líder del operativo y, según la CICIG, uno de los responsables de los grupos de exterminio que operaron en las calles de Guatemala entre 2004 y 2005, le condenaron en Suiza el 5 de junio de 2014 a cadena perpetua por aquellas siete ejecuciones extrajudiciales. Vielman está en una cárcel española, a la espera de enfrentar juicio allí.

—¿Por qué es un polvorín el juicio a Sperisen y a Vielman?
—Porque las heridas de ideologización que creíamos superadas se volvieron a abrir —responde Sagastume.
—¡Pero si un juicio fue en Suiza y otro será en España!
—Sí, pero involucran lo que percibimos como ciudadanos los guatemaltecos. Hay que admitir que la justicia no ha sido lo que esperábamos. Y cuando en un país la justicia funciona para algunos y para otros no, surge la frustración y ya no importa a quién se juzgue porque alguien tiene que pagar. El tema del genocidio y ahora el caso Sperisen colocan a una élite socioeconómica versus una gran mayoría que piensa que alguien tiene que pagar lo que ha venido ocurriendo en el país.
—¿Insinúa que esto es una revuelta contra las élites? ¿No cree que exagera?
—Es que son eventos demasiado trascendentes. El señor Sperisen y el señor Vielman pertenecieron a un gobierno que todo el sector empresarial apoyó. Apoyó abiertamente al candidato Óscar Berger y finalmente se hizo parte del mismo gobierno.
—Lo que usted dice es que a Sperisen y Vielman, sean o no sean culpables, se les juzga con la intención de dañar a grupos de poder.
—Esa es la percepción. Si quisiéramos ser objetivos deberíamos estar procesando a varios exministros de gobernación, a jefes del sistema penitenciario e incluso a expresidentes del país, pero se escogió a estos.

Cuando Sagastume habla de “los guatemaltecos” es evidente que se refiere a las élites tradicionales, a industriales, terratenientes, grandes comerciantes o inversores que, efectivamente, financiaron e incluso participaron en algunas de las operaciones militares del gobierno de Ríos Montt en los 80, y que durante el gobierno de Berger se integraron públicamente en el Ejecutivo hasta casi copar el gabinete. El canciller Jorge Briz había presidido la Cámara de Comercio. El principal maquilero del país, Miguel Fernández, fue nombrado comisionado para Inversión y Competitividad. Que Vielman, miembro de una destacada familia de empresarios y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala fuera ministro de Gobernación no era una decisión aislada. La reacción al juicio en su contra es, en concordancia, de grupo.

De un grupo que según el transparente Sagastume siente que la justicia se le está yendo de las manos.

—Las élites han perdido el control que tenían en los procesos de nominación de determinados funcionarios públicos en el sistema de Justicia—dice.— Hace 20 años participar en el proceso y ser electo era fácil, porque era menor el número de abogados y había más control. Hoy ya no hay control.
—¿Por eso la élite empresarial del país tenía miedo de hasta dónde podía Paz y Paz llevar ciertos casos?
—Había una serie de eventos diseñados para primero perseguir a actores del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado, y la siguiente etapa perseguir a otros actores que colaboraron o contribuyeron a que militarmente el Estado de Guatemala ganara la guerra. Había una fase subsiguiente que justa o injustamente se iba a ensañar con el sector empresarial. Eso es lo que sucede con el caso Vielman. Independientemente de lo justo o injusto del proceso, en Guatemala hay una cacería de brujas.
—Y los que se sentían víctimas de esa cacería de brujas reaccionaron y frenaron a Paz y Paz.
—No, yo creo que, yo creo que… el… —Es impresionante cómo este hombre, de discurso seguro, de repente tartamudea— Yo creo que eso no se ha hecho como sector privado. Quisiera pensar que no se hizo nada para detener la labor de ella… Lo mío fue una cuestión individual, absolutamente independiente. El sector empresarial está preocupado por la producción, la competencia, los mercados… en fin, eso que ellos saben hacer.

Dice él que ser como es y decir lo que dice le ha traído problemas “con ellos”, y ha señalado hacia el techo, hacia los pisos más altos del edificio, en los que están las oficinas de la Cámara de Industriales a la que él pertenece. Es fácil creerlo. Cuando ya casi me despido, Sagastume hace un último comentario que suena a confesión.

—¿Sabe? Nos da miedo que nos digan que somos de una élite específica. ¿Y qué? ¡Si somos ciudadanos como todos! Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a participar, porque desde siempre, cuando hace falta, somatamos la mesa —el abogado hace el gesto, el puñetazo en la mesa—y todo se arregla. Pero claro, eso a la larga nos hace daño como país…

***

A puñetazo en la mesa sonó que el Congreso aprobara el 13 de mayo, con el proceso de elección de nueva Fiscal ya en marcha y Paz y Paz inscrita en busca de la reelección, un documento que afirmaba que en Guatemala no hubo genocidio. “Los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio…”, se lee en los considerandos del texto. Hubo quien reaccionó con indignación e insistió en que una afirmación como esa solo la puede hacer un juez. Hubo quien pidió a los diputados, como burla, que decretaran también que Guatemala había ganado un mundial, pese a no haber clasificado nunca a uno.

El documento no tiene ningún valor legal. El delito de genocidio sigue vigente en el Código Penal guatemalteco y por tanto un juez puede aplicarlo si considera que hay pruebas. Además, Guatemala ratificó en 1951 la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y el Estatuto de Roma, que lo recogen. Sin embargo ese acuerdo legislativo, técnicamente un “punto resolutivo”, fue un agresivo mensaje político.

El subjefe de la fracción del Partido Patriota, Luis José Fernández Chenal, fue el hombre que consiguió los votos para que el punto se aprobase. La propuesta fue de los dos diputados del PRI, el residuo de lo que la década pasada fue el poderoso Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por Ríos Montt y llave para la resurrección política que le hizo presidente del Congreso en 2009. Tiene sentido. Dos diputados de un partido venido a menos, honrando su historia y a su antiguo líder. La pregunta es por qué Fernandez Chenal, un joven de 33 años con carrera meteórica en el partido de gobierno, ahijado político de Otto Pérez Molina, un tiburón legislativo que presume de haber crecido después de la guerra y considera un mérito no tener ideología, maniobró para sacar adelante una resolución tan polémica como inútil.

—Al fin y al cabo un punto resolutivo, como dice mi jefa de bancada, es un poema de amor político. No tiene ningún tipo de vinculación jurídica —reconoce, sentado en una oficina tan lujosa como vacía, a pocos metros del hemiciclo del Congreso—. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar de meter un punto resolutivo por los 40 años de la muerte de Miguel Ángel Asturias.

—¿Y de dónde salió el poema sobre el genocidio?
—Es que como bancada oficial vos tenés que conceder temas que no son tuyos. Nosotros decimos: “queremos incluir un préstamo”, y dice la otra bancada: “perfecto, pero a mí me dejás meter cierto tema”. Eso sucedió. Dijo el PRI “yo les doy los dos votos y me dan a cambio el punto resolutivo”.
—Así. Y ya.
—Así. Nunca se supo exactamente qué iba a decirse en el texto, te lo digo con toda la claridad. “Vamos a hacer un punto resolutivo sobre la reconciliación nacional”, dijeron. Como el tema lo propuso un diputado que tiene cuatro o cinco legislaturas, nadie pensó que fuera a escribir una pendejada.

El texto se procesó como si fuera un trámite bancario. Nadie lo leyó antes. Casi nadie prestó atención a su contenido mientras se leía en la plenaria. Se aprobó con desgana por 87 votos a favor de 158. Por muy poco. 47 diputados no estaban presentes.

—Yo le dije a la gente de la URNG, que son de izquierda: “¿Ustedes ya leyeron el punto resolutivo?, vayan a leerlo, no vayan a ser mulas de votar a favor. Porque ahí estamos diciendo de que el juicio del siglo y no sé qué y no sé cuánto…” —cuenta Fernández, sin indicios de estar bromeando.

Los votos de LIDER, el principal partido de oposición, fueron fáciles de conseguir. Días atrás uno de sus fundadores, Edgar Ajcip, había renunciado a la bancada y acusado a sus diputados de negocios ilegales y abuso de privilegios. A cambio de los votos para el punto resolutivo, el Partido Patriota se aseguró de que la comisión legislativa que debía investigar esos delitos nunca se aprobara.

Nadie dimensionó la travesura hasta que los periódicos del día siguiente titularon “Congreso dice que no hubo genocidio”. Fueron, ahora sí, días de debate y desgaste. Dice Fernández Chenal que en la plenaria siguiente siete diputados se excusaron en público por haber votado a favor: “Perdonen, me equivoqué, yo oí mal”, dice que dijeron.

—Los únicos que de cierta forma iban contento eran los dos diputados del PRI. Uno viene del FRG, y el otro es abogado de la familia Castillo que es afín a la Cámara de Industria y al CACIF.
—¿Y ustedes, en el Partido Patriota?
—No vayas a creer que hubo fiesta dentro del partido. Mucha gente, al ser el presidente Pérez Molina militar, probablemente lo vio con buenos ojos. Pero fue un tema X. El guatemalteco está mucho más enfocado en salir a la calle y que no le roben el celular que en ver si en Chimaltenango hubo hace 20 o 25 años fosas clandestinas. Mirá, nosotros en el área ixil ganamos dos alcaldías y perdimos una. Y en Quiché ganamos ampliamente en votos. Tampoco es que el juicio nos afectara electoralmente. Como te digo, es un tema sobredimensionado.

El nivel de cinismo de Fernández Chenal encaja a la perfección en un Congreso como el guatemalteco, en el que la creación y desaparición de partidos es tan habitual que la mayoría de diputados han militado al menos bajo dos siglas. Catorce de los legisladores actuales militaron de hecho en las filas del FRG. El actual presidente del Congreso, Arístides Crespo, miembro del Patriota, es uno de ellos. Otro es el jefe de bancada del partido TODOS. Como los intereses están por encima de derivas ideológicas, todos los partidos tienen en su fracción al menos a un exmiembro del partido de Ríos Montt. Que el asunto del genocidio les parezca intrascendente, alejado de la política real, es más absurdo todavía si tenemos en cuenta que uno de los diputados del Partido Patriota es hermano de Francisco García Gudiel, el histriónico abogado defensor de Ríos Montt gracias al cual trataron de inhabilitar a Yassmín Barrios. Guatemala es una madeja, y sus elites políticas un nudo de conexiones personales en la cima de esa madeja.

—Aunque sí hay un segundo mensaje dentro del punto resolutivo… —advierte el subjefe de bancada del Patriota—: el Congreso es el que aprueba el presupuesto del MP, el Congreso es el que aprueba el presupuesto del OJ, así que el mensaje que le mandaron a la nueva Fiscal fue “miren, aquí no queremos que estén hablando de investigación de genocidio”.
—Clarísimo.
—Pues sí. Es algo que se lee entre líneas.

Le pregunto a Fernández Chenal cuál era el tema que su partido necesitaba aprobar de urgencia, a cambio de qué apoyó se negoció la aprobación del punto resolutivo.

—Tendría que…si me da cinco minutos me voy a acordar. Tuvo que ser un tema clave… O sea, tampoco vas a creer que…

El relato de Fernández asienta la incertidumbre sobre el peso real que Otto Pérez Molina y su partido han tenido en el cambio de escenario que la justicia guatemalteca ha experimentado el último año. Representantes de varias organizaciones de sociedad civil aseguran que el presidente, por militar retirado, por su pasado de campaña en Quiché y por presión de grupos empresariales, fue un factor clave en la anulación del juicio y en el fin del periodo de Paz y Paz. El entorno más cercano a la exfiscal, aunque no tiene una postura única, coincide en que sin el aval o la omisión consciente de Pérez Molina ninguna de las dos cosas pudo haber sucedido.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, exmilitar también y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, intenta diluir esa hipótesis. Hablo con él durante un largo desayuno. Es un hombre de respuesta rápida, inteligente, que cree conocer el camino hacia todas las soluciones. Trabajó muy de cerca con Paz y Paz, y tanto en el MP como en los niveles medios del Ejecutivo me confirman que el nivel de coordinación interinstitucional que hubo entre ambos fue extraordinario. Alguien como él, que aspira a ser un día presidente, no permite que las diferencias ideológicas le empañen la búsqueda de resultados.

—¿Este gobierno celebró la salida de Claudia Paz y Paz del Ministerio Público?
—No. En el equipo de Seguridad teníamos la expectativa de que ella pudiera continuar. Con los niveles de institucionalidad precaria que a veces tiene el país, los que sobresalen son las personas, pero nosotros creemos en procesos.
—¿Eso quiere decir que la preferían a ella o que no les importa la persona?
—Me refiero a que aquí ha sido tradicional que cada presidente quiera tener su propio Fiscal General. Lo hizo Colom, lo hizo Berger, lo hizo Portillo… Los presidentes ya vienen con un cuestionario para que el Fiscal no pueda responder y entonces le destituyen y nombran a otro. Igual que cada quien quiere tener su propio presidente del Banco de Guatemala y su Procurador General de la Nación. El presidente Otto Pérez, pese a todas las presiones que tuvo, derivadas de la lucha ideológica que pervive en el país, Mantuvo a Claudia Paz y Paz pese a todos los rumores de que la iba a destituir.
—¿Quién le presionaba para que quitara a Paz y Paz?
—Siempre ha habido presiones, de muchos grupos. Presiones de grupos de derecha, que pensaban que una Fiscal que viniera del área de Derechos Humanos no era la mejor opción. Pero les invito a preguntar a Claudia Paz y Paz si alguna vez tuvo una sola llamada del presidente para pedirle algún favor, para ejercer presión o para hablarle de un caso en específico. Jamás.
—¿Por qué no es entonces Fiscal?
—Lo que crea el presidente, lo que creamos en el gobierno sobre el relevo en el MP no garantiza ninguna decisión de las comisiones de postulación. Pero si Claudia Paz y Paz pasaba dentro del grupo de los seis existía una altísima posibilidad de que fuera designada por el presidente. Eso es algo que nosotros sabíamos.

Fuentes cercanas a las Comisiones de Postulación que hacen el filtro previo sugieren que fue precisamente eso lo que impidió a Claudia Paz y Paz ser una de los seis finalistas que se le ofrecen al presidente para que elija Fiscal. La Comisión de Postulación no quiso arriesgarse a que Pérez Molina, pensando en su imagen internacional y las buenas cifras del MP, la reeligiera en el cargo. Por eso, pese a tener en preparación y experiencia la segunda puntuación más alta de todos los aspirantes, solo cuatro de los trece comisionados votaron por ella. Cuatro.

Ese día los enemigos del juicio a Ríos Montt, los “ellos” de los que Claudia Paz hablaba en la entrevista con Goldman, respiraron aliviados. Ricardo Sagastume, el abogado que acortó el periodo de la Fiscal, me lo dijo así: “Cuando Paz y Paz no entró en la nómina de seis todo fue como un pastel que ya no siguió creciendo. El tema ideológico se eliminó y lo que quedó ya fueron solo los intereses, la pregunta habitual de quiénes estaban detrás de cada uno de los seis”. La ideología era un problema, pero los intereses, individuales o de grupo, negociables, son para “ellos” la solución para la Justicia.

—¿A Claudia Paz la sacó el CACIF?
—Esto entra en el marco de las especulaciones. El CACIF no es un ente absolutamente homogéneo. Hay corrientes.
—Pero hubo señalamientos oficiales del CACIF contra su gestión.
—Yo no recuerdo… no recuerdo un pronunciamiento institucional. Y también hubo demasiado ruido de grupos en favor de Claudia. Hubo inclusive gente haciendo acopio de pronunciamientos de otros países. Ya conoces el viejo dicho: “no me ayudes, compadre”. Muchas veces si hay mucha insistencia también aumenta la resistencia. Qué tan militante es la gente que te apoya también sube el nivel de la confrontación.
—¿Está diciendo es que quién tenía el poder de decidir si Claudia Paz seguía o no se sintió amenazado por el ala más radical de la sociedad civil?
—No. Digo que por algo Claudia Paz y Paz fue la candidata con mayor número de objeciones . Aquí lo que hubo fue una medición de fuerzas, si queremos verlo así.

***

Las oficinas de la revista Contrapoder están en lo alto de un edificio en la Zona 9 de ciudad de Guatemala, cerca, muy cerca, de la simbólica Zona 10 en la que, entre hoteles y bares de moda, se supone que se levantan los despachos de las mayores empresas del país y los bufetes de los abogados de esas empresas. Alrededor de una mesa de cristal están sentados los tres cerebros de la revista: el director Juan Luis Font, la subirectora Claudia Méndez y la editora Paola Hurtado.

Claudia y Paola son dos reporteras de investigación de larga trayectoria y prestigio. Juan Luis dirigió El Periódico en tiempos en que era referente de independencia en el país, y años en televisión le han convertido en el principal rostro de un periodismo de credibilidad pero que huye de estridencias. A Juan Luis le respeta la izquierda y le escuchan con atención las élites de derecha.

—Antes de nada quiero contarte lo que pasó con la entrevista de Frank —Me dice Claudia, amiga de Francisco Goldman desde hace mucho y su principal cómplice en la investigación que le permitió escribir en 2009 “El arte del asesinato político”. De hecho, fue ella quien le ayudó a conseguir la polémica entrevista con Paz y Paz.
—Para eso he venido —le respondo.

Probablemente fue el exceso de confianza entre el periodista y su fuente lo que hizo que Claudia Paz y sus colaboradores hablaran con tal franqueza a Goldman, y que imaginaran, sin preguntarlo, que la conversación era privada, entre amigos. El periodista grabó la conversación, y al no haber pactado con la Fiscal ningún off the record terminó publicándola. Claudia Méndez siempre supo que Goldman preparaba el texto para un libro, y cuenta que cuando escuchó que estaba por salir a la venta propuso a su responsable de cultura que comprara los derechos de reproducción sin ni siquiera leerlo. Cuando revisó las pruebas de impresión y vio el contenido, le pareció interesante pero no especialmente explosivo. Está claro que es menos sensible a los señalamientos que los miembros del CACIF.

—Yo tengo una fuente que dice que cuando vieron eso dijeron: “Ya, ya, no más, de una vez” —dice Paola.
—No, la decisión de que ella debía salir no dependió de un artículo —le discute Claudia.— Venía de hace tiempo. De hecho nosotros publicamos en diciembre. Yo estuve en una reunión con abogados que me dijeron: “Se está pensando preguntarle a la CC cuándo se tiene que ir Paz y Paz, si en mayo o en diciembre”.
—Claro, pero no seamos ingenuos: el artículo lo apresuró. Puso fecha a la decisión. Incidió. Incidió tanto que Claudia Paz, cuando vino a entrevista en el canal, venía furiosísima…

Juan Luis Font tiene la misma edad que Paz y Paz y la conoce desde que tenían tres años. Cosas de la microsociedad acomodada de Guatemala. Celebraron juntos algunos cumpleaños y las bodas de amigos comunes. Él asegura que nunca la había visto tan enojada como el día que, poco después de que la CC recortara su periodo, la invitaron al programa de televisión que los responsables de Contrapoder tienen todas las noches. Dice que en el camerino, con los ojos entrecerrados, la Fiscal le reclamó.

—Vos sabías lo que iba a provocar esto.
—Lo lamento, pero nosotros lo que hicimos fue reproducir una entrevista que vos habías dado —dice Juan Luis que le respondió.— Claudia ¿vos creés que el artículo incidió?

Ella fue cortante. Estaba dolida:

—No era el momento.

Al igual que en algún momento lo supieron Elvyn Díaz o la misma Paz y Paz, a los tres periodistas todas sus fuentes les habían hecho saber que la sentencia por genocidio había logrado que en la segunda mitad de 2013 empresarios y operadores políticos con intereses diversos, que parecían imposibles de aliar, se dijeran unos a otros: “si no nos defendemos, si no nos unimos, nos cuelgan”. Se creó la certeza de que la Fiscal pretendía perseguirlos a todos por su apoyo a Ríos Montt en los 80.

—Pero Claudia Paz y Paz me dijo a mí alguna vez: “Juan, con lo que costó armar este proceso, ¿vos creés que se podría armar uno igual contra alguien más?” —recuerda Juan Luis. Cree que la derecha inventó sus propios cuentos de terror, se asustó a sí misma.

Juan Luis se crió en una localidad del Sur de Guatemala llamada Retalhuleu, entre ganaderos y empresarios que simpatizaron con Ríos Montt y que, en algunos casos, participaron en misiones civiles de bombardeo contrainsurgente. Sabe qué hay en la mente de quienes tomaban y toman decisiones. Ha hablado miles de veces con muchos de esos hombres. Le pregunto hasta qué punto todo esto, todo este pulso por la Justicia, es ideológico o en realidad es miedo a perder la comodidad de estar por encima del bien y del mal, de no tener más juez que tu conciencia, si la tienes.

—No creo que sea ideológico. Yo creo que es más bien por intereses de grupo. Pero ellos interpretan esos intereses de grupo como ideología y consideran que los que cuestionen esos intereses de grupo son enemigos ideológicos.
—Nunca he visto que por razones ideológicas la gente aquí se rasgue las vestiduras y embista con tanta violencia a los contrarios —dice Paola—. La razón es el temor a que la persecución penal ampliara el radio y los abarcara a ellos.
—Ellos se beneficiaron de la derrota de la guerrilla —Juan Luis de nuevo—, y por eso no cuestionan los métodos que se usaron. “Fueron necesarios, muchá”, dicen.
—Pero cuando tú financiaste desde el sector privado el sueldo de Sperisen o a Figueroa, o le diste dinero a Vielman para comprar armas ilegales, cuando sabes que fuiste parte de eso, ahí se te encienden las alertas —añade Paola, apuntando al futuro, a lo que se viene encima.

Me llama la atención que llevan un buen rato hablando de “ellos”, de las élites sin nombrarlas, del mismo “ellos” que usaban Aguilar, Melgar y Claudia Paz y Paz en la entrevista con Goldman. Se lo hago notar, y Juan Luis salta como un resorte y toma de la mesa una edición mucho más reciente de la revista, de junio, en la que publicaron una entrevista con Otto Pérez Molina.

—¡También el presidente habla de “ellos”! —dice.

Y me muestra una parte en la que Pérez Molina habla de su relación con los empresarios y los pulsos con el CACIF por la regulación de la explotación hidroeléctrica y minera. Dice textualmente “Ellos temen que nosotros avancemos y tratemos otros temas, como que el Estado cobre más presencia y participación en esos negocios”.

—Pero es un gran “ellos” que al final está acuerpado por unas grandes capas medias —explica Juan Luis. —Por eso yo también creo que el caso de Sperisen y Vielman va a desatar más tensiones incluso que el caso de genocidio, porque en el caso de genocidio estaba más generalizada la responsabilidad, pero en este caso, imaginate que a alguien se le ocurriera realmente buscar las líneas concretas de financiamiento…

Se hace un silencio como de luto, como de cansancio anticipado antes de un gran esfuerzo.

—¿Creéis que la justicia en Guatemala algún día le llegue a esos “ellos”?
—Para los hechos de la violencia de la guerra, no —dice Juan Luis Font, que hace una breve pausa, piensa—. Y para otro tipo de hechos, tampoco.

***

—¿Teníais conciencia de hasta qué punto íbais a poner a prueba el sistema? —le pregunto a Elvyn Díaz, el sarcástico exsubsecretario privado de la Fiscal. Nos hemos reunido en un bar de ambiente bohemio. En una sala se expone una instalación de arte conceptual consistente en 200 cuchillos colgados del techo y en la de al lado te sirven gintónics, papas con tocino y croquetas de queso. Dice que deja el MP satisfecho de lo logrado, optimista, pero destila amargura en sus comentarios. No le ha gustado perder la batalla. Cree en el fondo que Claudia y los que estaban con ella no se merecían el golpe.

—Creo que no. Al menos yo no. Pero no evaluamos bien los actores que rodeaban el sistema. Olvidamos que ahí estaba la Corte de Constitucionalidad… y ya vimos de qué están hechos.

Me cuenta que le preocupa el desánimo que se ha contagiado a la mayoría de organizaciones de Derechos Humanos. Cree que él y el resto de la gente de Paz y Paz deben hablar con ellas, explicarles lo que se ha logrado, los precedentes que se han sentado en cuanto a procedimientos, transparencia, casos resueltos. Quiere decirles que su proyecto de reforma de la Justicia no acaba aquí.

—Si algo hizo bien Claudia es que puso el pecho para todo: para los éxitos y para los fracasos —me explica—. Detrás de Claudia se veía a un equipo, pero ella asumió todas las desgracias administrativas por las que nos podían hacer mierda, todos los antejuicios eran para ella… Fue bien cuidadosa en eso. A los que somos más jóvenes evitó quemarnos, conscientemente, porque sabe que tendremos que sacar la cara en otro momento. Y lo hizo bien.
—Tiene clara una visión de largo plazo.
—Siempre la hemos tenido.

Me dice que él y muchos otros valoran ahora como un error no haber presentado más carta que la de Claudia Paz en el proceso de elección de nuevo Fiscal. Siente que dejaron en manos de otros sectores la Fiscalía por no buscar candidatos alternos, un plan B, sabiendo que la candidatura de Paz y Paz tenía a un ejército en contra.

***

A Claudia Paz y Paz, su último día de trabajo como Fiscal, algunas secretarias y fiscales la despiden en la puerta del Ministerio Público con lágrimas. Afuera la esperan unas 70 personas, entre familiares de víctimas y defensores de Derechos Humanos, que le han hecho una alfombra de flores y agujas de pino para que camine, escalinata abajo, desde la puerta del edificio hasta la calzada en la que aguarda su vehículo. A medida que camina por la alfombra entre aplausos, le van saliendo al encuentro mujeres que la abrazan, le dan una o dos flores y le susurran palabras al oído. Abrazo tras abrazo Claudia, cara redonda, ojos pequeños, se va emocionando más y más hasta perder toda esa cáscara de frialdad de la que se reviste cuando representa el papel de Fiscal General. Ella también llora.

Benjamín Manuel, uno de los directivos de AJR, la asociación de víctimas de la guerra que se querelló contra Ríos Montt y logró sentarlo en el banquillo, asiste a la escena a unos metros de distancia, con el gesto de piedra que tienen mucho hombres de campo. Como si no escondiera emociones. Pequeño, más cerca de los 70 años que de los 60, tiene los zapatos y los bajos de los pantalones llenos de barro después de cuatro horas de viaje desde Baja Verapaz para estar aquí, en silencio, estos precisos minutos del viernes 16 de mayo.

Un paso detrás de Paz y Paz su hermana va recogiendo las flores, que ya forman un enorme ramo. Este día la Fiscal ha buscado el respaldo de su familia. Para ella encabezar el Ministerio Público, y sobre todo dejarlo, no ha sido solo un asunto de trabajo. Como para las personas que están aquí, la gestión de Claudia Paz no se mide solo en estadísticas. Es la mujer que derribó en el sistema de Justicia ciertas barreras simbólicas. Aunque en solo diez días algunas de ellas se levantaran de nuevo.

Paz y Paz llega por fin a su vehículo. Saluda, recibe un último abrazo y se oculta tras los vidrios tintados. El recorrido por la escalinata, unos 25 metros, ha durado más de un cuarto de hora. El vehículo arranca, desaparece. Benjamín se queda donde está, intercambia palabras con algunos conocidos, personas de la asociación, familiares de víctimas, y emprende el regreso a casa.

***

El Palacio de la Cultura es el símbolo del poder político de Guatemala. Está en el parque central y es perpendicular a la Catedral Metropolitana y la oficina de ODHA en la que trabajaron Gerardi y Claudia Paz y en cuyas columnas están tallados los nombres de todas las víctimas, muertos y desaparecidos, recogidos en el REHMI. Hay más de 200 invitados en el salón de las banderas, sentados en hileras de sillas a la espera de que inicie el protocolo. Casi todos son hombres vestidos con traje oscuro. En la octava fila hay una mujer con indumentaria típica Quiché. Es una diputada, me dicen. Suena música de marimba. Un minuto antes de que entren las autoridades llega al salón el expresidente Vinicio Cerezo, que reparte sonrisas y saludos según camina. Himno. Otto Pérez Molina toma juramento a la nueva Fiscal General, Thelma Aldana. Discursos.

La Fiscal habla de la búsqueda de la armonía social, afirma su “inquebrantable compromiso con la independencia del MP” y dice que continuará con las “acciones correctas” que pueda haber tenido su antecesora. Después de ella, el presidente de la República habla del magnífico trabajo que ha hecho Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público. Insiste tres veces en que siempre respetó la independencia y autonomía de la Fiscal, en que el proceso de elección de la nueva fue transparente, en que es un gran día para la institucionalidad del país.

Paz y Paz solo se levanta de su silla en la mesa principal para abrazar a Aldana y dar la mano al presidente cuando cada uno termina de hablar. Ella también ha traído un discurso de despedida escrito, pero nadie la invita a leerlo.

***

Después del evento me reúno con Paz y Paz en el edificio del MP. Aún le falta cumplir con el trámite administrativo de entregar el despacho a su sucesora. Los estantes están ya vacíos. A la Fiscal saliente la acompaña, hoy también, parte de su familia. Han pasado cuatro meses desde nuestra anterior cita y espero encontrarla despojada de los corsés del cargo, más relajada y dispuesta a opinar libremente, sobre todo después de la catarsis emocional de ayer en la escalinata.

Pero no.

Con una sonrisa constante, con diplomacia, Claudia Paz esquiva cada una de mis invitaciones a que dimensione el año que ha pasado desde la sentencia contra Ríos Montt, y las evidencias de que los sectores que forzaron la repetición del juicio siguen en pie de lucha. Le hablo del punto resolutivo del Congreso y del intento por inhabilitar a Yassmín Barrios, que podría ser considerado una amenaza a quien deba presidir el segundo juicio. Ella se mantiene en el plano de la valoración jurídica y califica de “sorprendente” lo primero y de “sumamente delicado” el ataque a Barrios. La sanción del Colegio de Abogados a la jueza le parece una aberración jurídica.

—Si el día de mañana la Corte Suprema emite una sentencia que no le guste a este grupo de abogados, ¿igual le podrían poner una sanción y pretender que dejaran de ser magistrados de la Suprema? —dice.

Es especialmente lacónica al hablar de su caso, de su destitución tácita. Oculta su enfado.

—¿Claudia, qué hizo para enojar a toda esta gente?
—En todos estos años el Ministerio Público hizo su trabajo. Es un proceso. Algunas personas sentirán que las sentencias protegen sus intereses y otras que no.
—Parece que quienes se sienten afectados tienen mucho poder en este país.
—Yo creo que por primera vez sí se juzgó a sectores, a personas, con poder.
—¿Cree que a esos sectores les ofendieron más los casos contra políticos corruptos o el juicio a Ríos Montt?
—Sin duda los grupos afines a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez hicieron un trabajo público para que se escuchara más su voz que la de las víctimas… Y hubo una reacción política en mi contra, está claro. Se han presentado más antejuicios contra mí en estos cuatro meses que en los tres años anteriores.
—Y finalmente no la reeligieron.
—La ley obligaba a los comisionados a puntuar los valores académicos, éticos, profesionales de los candidatos, pero de ahí ellos podían levantar la mano o no para seleccionarte. ¿Cuáles son las razones por las que no levantaron la mano en mi caso? No te lo puedo decir, no lo sé.
—¿Cree que el presidente de la república tuvo que ver en eso?
—El presidente siempre respetó la autonomía del Ministerio Público.

En nuestra entrevista de enero, Paz y Paz dijo que sostener las transformaciones en el MP dependería de que, tras su marcha, llegara una persona comprometida con el Estado de Derecho. Decía que lo importante es que a su sucesor o sucesora la eligieran por méritos. Thelma Aldana es, en ese sentido, una figura confusa, con luces y sombras en su pasado. En 2009 era una de los candidatos a la Corte Suprema a los que la CICIG acusó de estar controlados por el rey el tenis. Las críticas de Castresana contra ella fueron durísimas en aquel momento: “Aun cuando (…) la tabla de gradación tiene como objetivo seleccionar candidatos con un alto perfil, en el caso de la magistrada llama la atención la calificación que obtuvo en los siguientes rubros. Méritos de proyección humana: CERO en Participación en organizaciones y asociaciones civiles, CERO en Defensa del Estado de Derecho, CERO en Pro Derechos Humanos, CERO en Defensa y Promoción de Multiculturalidad…”

Aun así obtuvo la magistratura y en sus cuatro años en la Corte Suprema no recibió malas críticas. Claudia Paz pide darle el beneficio de la duda:

—Hay que esperar. Ella ejerció el cargo de presidenta de la Corte Suprema e hizo un trabajo muy importante a favor de las mujeres víctimas de violencia. Hay que esperar.

En un intento por que evite respuestas protocolarias, le recuerdo a Paz y Paz que ya puede decir lo que piensa porque ha dejado de ser Fiscal General. “Lo soy hasta las 4 de la tarde”, me responde con una sonrisa. “Entonces denos esta entrevista a las 5”, bromeo.

Ella encaja la burla pero no cede. El único momento en que logro romper su coraza es cuando destaco que hace dos días, 48 horas antes de irse del MP, logró la captura de Jairo Orellana Morales, un poderoso capo local de la región de Zacapa, especializado en dar tumbes de droga y vinculado, según informes de Estados Unidos, a los Zetas. Ahí sí, Claudia Paz sonríe de oreja a oreja, el rostro se le estira hasta casi cerrarle los ojos y se suelta a comentar el caso. El resto del tiempo responde con extraordinaria prudencia.

—¿La justicia aún hay que hacerla en Guatemala midiendo las consecuencias políticas de cada paso?
—La justicia hay que hacerla porque es lo que manda la ley y porque es lo que reclaman las víctimas.

Que salga del Ministerio Público no significa que Paz y Paz esté abandonando el tablero. Planea regresar a la academia, dar clases en una universidad en Washington, incidir desde allí, tal vez volver algún día. Por eso mantiene la cautela al hablar. Y no son sus únicas precauciones.

No lo sabré hasta dentro de dos semanas, pero Claudia Paz va a abandonar el país en avión esta misma noche. Ella y su equipo saben que, una vez despojada del fuero, las solicitudes de antejuicio contra ella se han convertido en denuncias, y temen acciones legales en su contra. Les han llegado, incluso, fuertes rumores de que las autoridades pretenden detenerla mañana domingo o el lunes. Sería un escándalo pero no están dispuestos a asumir el riesgo. Una vez fuera del cargo, la Fiscal General que logró condenar a Efraín Ríos Montt no se va a quedar en Guatemala ni cinco horas.

***

El vehículo se deshace por fin del tráfico de la capital y toma camino hacia el nororiente del país, hacia Nebaj. Son casi las diez de la mañana. Hoy 30 de junio es en Guatemala el día del Ejército, que antes se celebraba con una parada militar en las principales avenidas de la ciudad. Antes. En 2008 el Gobierno se rindió a la presión de las organizaciones de hijos de muertos y desaparecidos, que boicoteaban los desfiles e hicieron del 30 el día de memoria. Ahora los actos militares solo se celebran en los cuarteles y las calles del centro están llenas de murales e interminables mosaicos de fotos de desaparecidos, que permanecen en las paredes todo el año, todo el tiempo. En un muro de la Zona 1 alguien ha graffiteado: “Memoria, territorio en disputa”.

Hace un mes, el 10 de mayo, se cumplió un año desde la sentencia por genocidio. Pese a la anulación, tanto en la capital como en algunas aldeas del Quiché se conmemoró el día. En Chajul, uno de los tres municipios del departamento del Quiché que, con Nebaj y Cotzal, configuran el área Ixil, se reunieron algunos centenares de personas de toda la región para comer, dar testimonios y honrar con flores el día. Si antes se fingía que hay una sola Guatemala, desde la sentencia es más evidente que nunca que existen, en el debate sobre la historia y la justicia, al menos dos.

A los lados de la carretera los pueblos ocupan por unas horas el paisaje que antes era urbano pero terminan desapareciendo para dejar ver solo campo y bosques. Al timón está Allen González, que a finales de los 70 trabajó en Cáritas diocesana en Santa Cruz del Quiché junto al obispo Juan Gerardi. Tuvo que dejar la región cuando Gerardi, acorralado por las muertes de parroquianos y sacerdotes y tras escapar de dos atentados en su contra, decidió cerrar la diócesis. No solo irse él sino cerrar la diócesis. Allen creó en los 80 la Iglesia Guatemalteca en el Exilio y terminó regresando a finales de los 90 para trabajar en proyectos productivos con comunidades ixiles.

Es pesimista sobre el futuro. Toma la salida de Claudia Paz como un mensaje de que vienen tiempos malos para quienes exigen justicia por los crímenes de la guerra. Aun así, dice que el juicio sirvió para demostrar que no es la gente de las comunidades, de las aldeas indígenas, la que rehúye a la justicia, sino que es el mismo poder que elaboró las leyes el que las esquiva cuando la justicia no es esa que se fabricaron a medida.

—Este es un camino largo, que apenas está comenzando —dice.

Atravesamos el cantón Santabal. Allen me cuenta que a un par de kilómetros de la carretera hay dos pequeñas comunidades en las que ha llegado a contar más de 80 viudas de desaparecidos o asesinados en los años 80. Un poco más allá, me señala una enorme casona rodeada de muros blancos

—Esa la convirtieron en casa de tortura. En esos días los soldados subían a los buses encapuchados y se llevaban a quien querían para interrogarlo durante días.
—¿Tú crees que va a haber segundo juicio a Ríos Montt?
—No. Yo creo que van a darle largas al asunto hasta que se muera el señor. Van a estar en ese juego interminable que siempre se hace aquí. Además, está esa idea de que llegar a un juicio es dividir el país.
—(…)
—Tiene gracia, fijate. Pareciera que en Guatemala la injusticia une más que la justicia.

Llegamos a Nebaj, el pequeño pueblo que simboliza la represión contra los ixiles. En la plaza central, frente a la iglesia, se hacían los fusilamientos. Aun así, por años acá gobernó el FRG fundado por Ríos Montt y después el Partido Patriota. A esta plaza llegó, durante los días del juicio, Otto Pérez Molina con ropas típicas ixiles, a entregar sacos de comida. La guerra dividió a los ixiles entre quienes se refugiaron en el casco urbano bajo la tutela del Ejército y quienes huyeron a las montañas a malmorir de hambre y pasaron a ser considerados guerrilleros. Veo en un muro tras la iglesia una pintada de la Mara Salvatrucha. Hace unos días supe que Nebaj es el municipio con la tasa de suicidios adolescentes más alta de toda Guatemala. Si el pasado ixil es terrorífico su futuro también es sombrío.

***

Desde que conocí a Gaspar Velasco en 2010 le he escuchado decenas de veces enumerar el nombre de sus tres hijos asesinados durante el periodo de Efraín Ríos Montt: Miguel Velasco Hermoso, Francisco Velasco Hermoso, Juan Velasco Hermoso. En total perdió a nueve familiares, padres, hermanos, hijos, durante la guerra. El Estado de Guatemala, como parte de su política de reconciliación y sus medidas de resarcimiento, le ha compensado por dos de ellos. Es el límite. Puedes arrastrar 10, 20 muertos, pero solo se pagan dos muertos por familia. Cuenta que le dieron 44 mil quetzales, unos seis mil dólares. Los gastó en comprar tierra para cultivar. La otra que alguna vez tuvo la perdió cuando dejó su aldea, Bijolóm, huyendo del ejército.

También la casa en la que nos recibe la ha levantado en los últimos años con bloques de hormigón y láminas de aluminio entregadas por el Gobierno. A aquellos a quienes el ejército les quemó la casa en los 80 el Estado les ha dado materiales para construirse una casita de suelo de tierra y techo delgado, como las que se apelotonan en las zonas marginales de cualquier ciudad centroamericana.

El caserío La Libertad, 25 kilómetros al norte de Nebaj, era hace cuatro años todo de madera. Ahora está lleno de esas casas de bloque, aunque los más jóvenes, los que hace treinta años eran demasiado niños como para perder una casa propia y no han recibido ayuda del Estado, siguen viviendo entre tablones. Hablo de los jóvenes que se quedaron. En el centro de la comunidad hay una cuadrilla de obreros en un foso, levantando cimientos para la que será por mucho la casa más grande y moderna de La Libertad, de dos pisos y con instalación eléctrica completa. Es de una familia cuya hija migró a Estados Unidos.

Gaspar es un viejo bromista y de risa desdentada. Es de los pocos que habla español en la Libertad. Fue directivo de AJR pero poco antes del juicio delegó en otro vecino. Aun así, fue a testificar contra Ríos Montt y pasó semanas asistiendo día tras día a las audiencias. El día de la sentencia le vi sonreír por horas sin euforias, como quien ve un trabajo bien hecho. No había tenido oportunidad de hablar con él desde aquel día.

—¿Se sienten ustedes derrotados porque se anuló el juicio?
—¿Cómo vamos a estar débiles si pasamos lo que pasamos y sufrimos? Ellos tienen dinero y saben que nosotros somos pobres. Eso ha pasado. Pero todos los internacionales ya conocen los hechos. Todo el mundo sabe lo que Ríos Montt hizo. ¿Cómo vamos a estar débiles si ya fuimos dos veces al tribunal?

A veces es como irreal hablar con las víctimas que mantienen en pie la causa por genocidio. No hay en ellas resquicio para la derrota. Es como si midieran el éxito y sus plazos en un baremo distinto. En “Guatemala las líneas de su mano” Luis Cardoza y Aragón escribió que para los indígenas mayas el tiempo no existe. En el camino, Allen me ha dicho que la clave para entender a los ixiles es que no viven en ellos mismos sino en la comunidad, y por tanto su meta es el futuro de la comunidad, no el propio. Supongo que eso alimenta a un Gaspar que se muestra incombustible a sus 70 años.

—Siempre hay personas. Se desaniman. Pero no todos —dice Gaspar—. Los que damos testimonio sabemos que llegará el momento en que cambiemos la ley, en que cambiemos Guatemala. Porque aunque me quiten la vida esto no es para mí, es para Guatemala.
—¿Y qué dicen los jóvenes ixiles?
—Antes decían “no sabemos qué fue guerra, no sabemos qué pasó”. Pero ahora están sabiendo porque hay un libro de la sentencia. Eso ha servido. Los jóvenes saben ahora que no les mentíamos cuando les contamos qué pasó.

Gaspar me asegura que si se repite el juicio volverá a ir a testificar. A un lado suyo de pie, está Tomás Raimundo, que también dio su testimonio ante Yassmín Barrios. Al otro, como un Quijote flaco y oscuro, se para Francisco Matom. Solo habla ixil, pero con la ayuda de alguien más una vez me contó cómo vio arder el cadáver de su hermano en 1983, a la orilla de un camino. Como la mayoría de vecinos vive de sus cultivos y no falta nunca a una reunión en la que se hable del juicio, de movilizarse contra la explotación minera en la zona o de reparar la fuente. Le conozco como un hombre de ideas punzantes, de pocos rodeos:

—Ahora todos saben qué pasó —ha dicho—. Ahora hasta nuestros niños saben qué pasó. Y lo que pasó no se puede anular.
—Entonces —le pregunto de nuevo a don Gaspar—, ¿el juicio sirvió aunque lo anularan?
—¡Ay dios! El libro regó la verdad por toda Guatemala, no solo en Huehuetenango, no solo en el Quiché. Ya todo el mundo sabe cómo ocurrió todo, cómo fue el genocidio.
—¿Y si Ríos Montt muere antes de que lo condenen?
—Si muere sin el juicio, el mundo ya sabe lo que pasó y toda Guatemala deberá sentirse condenada.

Francisco usa otras palabras para expresar lo que queda, lo que ya nadie, aunque en ciudad de Guatemala se termine por archivar un proceso judicial, se destituya a una jueza o se sustituya a una Fiscal General, puede cambiar. Ajeno a los pulsos de poder, a los miedos de las élites a perder el control del país, Francisco se recuesta en la pared y emite su propia sentencia:

—Que yo me muera o Ríos Montt se muera ya no importa, porque está su familia, y está su historia, y está su conciencia.

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Se llama Édgar Alexander Nufio-Villanueva, es de Esquipulas, en el sur de bosque y montaña de Guatemala. Es joven, es decidido. Con su tía, Orfilia Mélita Hernández-Aquino, cruzó México en auto para animársele a la frontera del río Bravo y al desierto bestial.

Se llama Édgar Alexander Nufio-Villanueva y junto a Orfilia Mélita Hernández-Aquino acabó detenido en las cercanías de Falfurrias, diez días y setenta y siete millas al norte en línea recta desde la frontera de México y de la salvación.

“Hay sed, tía”, dice Édgar, un tiempo después, en abril de 2013, en una carta a su tía Ingrid, hermana de Orfilia. “Mucha, demasiada. Hay serpientes que no he visto en mi vida, alacranes. Y hay gente con la que uno se cruza y está desfalleciente, a punto de morirse”.

Édgar escribe en frases acuchilladas, sin más carga emocional que cuanto uno se permita hallar.

“Hay otros que están ya muertos, tía. Los cuerpos empiezan a oler o ya huelen!.

Los adjetivos pueden ser palabras obesas.

“Cuando llegó la policía, tía —cuenta Édgar—, corrimos”.

Eran varios —más hombres que mujeres, miedos en español—. Los otros corrieron más y llegaron a unas casas y se escondieron.

“A mí y a la Mélita nos agarraron porque íbamos juntos. Nos metieron en unas camionetas y se acabó, nos dejaron presos. Así se terminó todo, tía”.

***

Es marzo, y es el principio.

Ingrid, en ese principio, no sabía nada de esto. De Falfurrias, alacranes, cuerpos pútridos. Ingrid sólo tenía fe y alegrías. Ingrid es hermana de Orfilia —la Mélita, veintiséis— y tía de Édgar —el Edgarcito, veintitrés—, y cuando el viaje comenzó calculó doce a quince días para tenerlos en su departamento nuevo, un sótano remodelado, con cocina y sala amplias, en las afueras de Washington, DC. Ingrid tiene treinta y cinco años, determinación de huracán y, de tanto en tanto, ayuda en mi casa. Nació y se crió en el este de Guatemala, en los llanos de los que abusa el río Motagua, en un caserío, Champas Corrientes, tan pequeño que puede confundirse con los restos de un pueblo anterior. En Champas, Ingrid tiene un campito y algunas vacas, muchos amigos, más familia y demasiados miedos enterrados. En Estados Unidos no tiene mucho, empezando por los papeles —que no existen.

Todo pareció ir normal hasta que Orfilia y Édgar pasaron del espacio crudo de México a McAllen, Texas, cuando comenzó el apagón frecuente, las llamadas salteadas, breves, urgentes. Ingrid habló con Orfilia —la Mélita— una tarde a inicios de marzo: estaban en una casa de la frontera cuidados por una señora, de quien usó el celular, a la espera de que las patrullas americanas relajasen la vigilancia. Había un policía cada dos brazadas.

—Da miedo eso.

Equivoco el miedo del que Ingrid habla: creo, y creo mal, que se refiere al temor a la muerte.

—Ya están adentro —digo—. Los narcos están del otro lado. ¿A qué le temes?

Ingrid juega con mi hijo Matteo en el piso de la sala de casa. Han construido una vía para que circule Thomas The Train con cuatro vagones de ganado.

—Sí, pero igual.

Menosprecio el miedo:

—Lo único que podría pasar —digo, como si fuera nada— es que los detengan y los deporten. Tranquila, lo peor ya pasó.

Recién un tiempo después vería las púas en mi respuesta.

***

Marzo 22, 4:43 pm. Ingrid envía un mensaje a mi mujer: quiere venir a limpiar el domingo en vez del sábado. Mi mujer le pregunta si llegó su hermana.

Veinte minutos después:

Nadaqueber.mujer.tubieron.problemas.en.El.Camino.

Ingrid no usa la barra espaciadora: sus conversaciones son puntos y seguido sin final.

Esta.en.Macali.tengo.3.dias.denosaber.nada.

Es.horrible.estar.alaespera.

Pero.dios.sabra.lomejor

En el siguiente mensaje mi mujer procura tranquilizarla. Si siguen en Texas, escribe, ya han de estar por llegar a Washington. Habían pasado México: pisaron descalzos el piso del infierno, y lo cruzaron, sin quemarse.

Ingrid:

Tienen.quepasar.unagarita.todabia.idicen.que.esta.muydificil.porque.tienen.Que.Rodiar.

Tienen.que.caminar.24horas.pero.noce.cuando.bacer.esedia.

Y el consuelo, el deseo, la consagración, la aspiración:

Mas.que.esperar.estamos.entoque.dequeda.mujer

Perobien.ennombrededios.porque.es.El.unico

La esperanza final tiene ochenta y siete caracteres. Ingrid se encomienda en un tuit.

***

Uno o dos días después, las hermanas vuelven a hablar, pero, tras eso, pasan casi siete días de bloqueo. Cuando Orfilia y Édgar llevan un tiempo indeterminado en McAllen —¿una semana, diez días, mil años?—, Ingrid llama nerviosa al celular de la mujer del aguantadero. La mujer le informa que los chicos habían salido en auto hacia el noroeste de Texas tres días antes. No han regresado, no hay noticias. Como si conversara de las compras de la semana o el clima, la mujer termina de hablar y cuelga, e Ingrid entra en pánico. Lleva una semana sin dormir y bajo los ojos tiene dos bananas moradas. La chica que podía dejar un departamento con brillantinas en dos horas ahora se demora cuatro. Parece encorvada, y así llega a casa.

—Don Diego, ¿me puede ayudar?

Sepan:

Yo no sabía si ayudar. No estaba seguro, tal vez no quería.

***

Sepan:

Me estoy poniendo viejo, me canso más rápido y me acomodan cada vez más y más y más mis manías. Si a los veinte quería cambiar la historia del mundo —quién no—, mi militancia ahora es privada: se llama Matteo y hace las funciones de hijo. Me intranquiliza el trauma reiterativo de todo padre: no duermes bien cuando tu niño nace y no lo harás cada día que viva —porque debe vivir—. Lo demás, importa menos. Lo demás, gracias, que sean felices.

Sepan:

Lo que me pasa, quiero creer, es la ausencia de sorpresa. Detienen a Jayron Lopes y a Brenda Daca y los preparan para su deportación en California y Texas, y otro día y en otro lugar detendrán a Jesús María José y a Kevin James Peter y a Mayron Blanca René. Y así cambiasen esos nombres, y así cada vida sea un planeta, una sola historia parecería contenerlas a todas. O sea: alguien entró sin papeles, estudió, trabajó, procreó, crió, obedeció, la Migra lo detuvo y ya, no hay más, hasta la vista baby.

Se me ha vuelto todo tan común, tan repetido, tan igual, que, sepan disculpar, han normalizado el horror: la repetición narcotiza —y entonces siento cada vez menos lo que debiera sentir—. El agobio es feo: uno no piensa bien. Y a veces no pienso bien.

Entonces, sepan:

Cuando Ingrid me contó sobre el inicio del viaje de Orfilia y Édgar, alcé la ceja: cuánto riesgo tomaron estos chicos, qué locura. Cuando me contó que llevaban días varados en McAllen, alcé la otra ceja: qué tan poco presente hay en tu terruño conocido que alguien es capaz de jugarse la vida por algo que no existe como el futuro. Cuando llevaban tres días sin aparecer y luego cinco y luego siete, me quedé sin cejas para levantar.

Cuando Ingrid me pidió ayuda, yo, sin cejas, nada más suspiré hondo.

Cuando Ingrid me pidió ayuda lo hizo de rodillas. Y esa sería una vulgar y perfecta imagen para mostrar una de las formas preferidas de la pobreza de recursos para manifestarse —la indefensión—, pero también sería equivocada y sensiblera. Ingrid no estaba de rodillas para rogarme nada sino porque estaba en casa, en el piso, jugando con mi hijo Matteo. Y aquí está, al fin, la clave de todo: Teo adora a Ingrid, ella lo adora a él y a mí me hace bien que ellos estén bien.

El amor, lo creas o no, te jode la vida.

***

La mañana del 27 de marzo reuní teléfonos y correos: el consulado de Guatemala en Washington, DC, escritores y cronistas guatemaltecos, medios del país. Pedí en mi muro de Facebook cualquier ayuda posible para armar un mapa de ideas, pues aun apuntaba más o menos a ciegas. Envié un mensaje por Facebook a un fotógrafo y a un cronista mexicanos pidiendo contactos en organizaciones de apoyo a los migrantes a ambos lados del río Bravo, pues no tenía constancia de que Orfilia y Édgar efectivamente hubieran dejado Reynosa, su último punto de descanso en México antes de Estados Unidos. Hice lo mismo con una amiga académica en El Paso, una periodista en California y un par de colegas en Arizona.

Las respuestas llegaron pronto: había lanzado mi red a un mar cargado. Una colega que vive en Lima, Lizzy Cantú, movilizó a su familia en Reynosa; si los chicos estaban allí, ayudarían a ubicarlos. Su amiga Iriela disponía de los teléfonos de Juanita Valdez-Cox, una de las principales activistas del Rio Grande Valley, miembro de la organización de César Chávez, La Unión del Pueblo Entero, en San Juan, Texas. Buscar a dos guatemaltecos como Orfilia y Édgar era complejo —la mayoría de las organizaciones, porque son mayoría, trabaja con migrantes mexicanos— pero podía contactar a Mike Seifert, un ex sacerdote marista que fue pastor de San Felipe de Jesús, una parroquia en Cameron Park, la sección más pobre de Brownsville, ciudad espejo de Matamoros y zona de paso de legiones de chapines.

Rafael Acosta, un joven escritor mexicano, me enlazó con Orlando Lara, un activista del lado texano que me recomendó llamar a la patrulla fronteriza. Hasta entonces, sólo sabía que Orfilia y Édgar habían sido abandonados por los coyotes en el área de Falfurrias, muy probablemente antes del punto de control fronterizo. La oficial que me atendió fue práctica: como no era familiar, no me daría ninguna información por teléfono, así que mi mejor oportunidad era rastrear a los chicos por intermedio del consulado de Guatemala en McAllen.

En un par de horas los mensajes en Facebook eran pan en el agua. Una periodista mexicana que vive en la India me envía el teléfono de su padre, activista en Los Ángeles. Desde Cuba, un estudiante de periodismo en la Universidad de La Habana, recomienda que contrate a un abogado especializado en migración que vive a unas pocas cuadras de mi casa. Tenía teléfonos, correos, direcciones postales, PO boxes, nombres y apellidos de los Border Angels, los Dreamers de Arizona y California, de organizaciones civiles de Austin y de Matamoros; grupos de cabildeo en Washington; las cuentas de correo personales de colegas en CNN, La Opinión, Univision. Una colega argentina que colabora con Mil Mujeres Legal Services se ofrecía a abrirme, en minutos, la puerta de la oficina del cónsul de Guatemala en la capital de Estados Unidos. En El Paso me avisaban de Casa Anunciación y me enviaban las coordenadas de las oficinas de Texas Rural Legal Aid en Weslaco y Edinburg para cuando Orfilia y Édgar precisaran asistencia legal en el estado. Desde Los Ángeles y Nueva York también confluían sobre Benigno Peña y la South Texas Immigration Coalition (STIC), con sede en Harlingen y una oficina en McAllen. Peña es desconfiado —ha denunciado haber recibido amenazas de grupos antiinmigrantes—, así que Eileen Truax, autora de Dreamers, un libro sobre los jóvenes estadounidenses hijos de papás sin papeles, habló a su oficina y les adelantó los detalles del caso. Yo llamaría en cuanto pudiera; esperaban por mí.

Dios: esta gente está loca. Ser solidario parece más fácil que hablar.

***

Cuando la información nos somete parece que estamos en un cuarto lleno de personas hablando alto al mismo tiempo. Tomé el camino directo y llamé al consulado de Guatemala en McAllen. Tenía todo el sentido del mundo: estaba en la ciudad que había sido punto de partida de Orfilia y Édgar y en el mismo estado donde habían desaparecido. En menos de tres minutos se presenta al otro lado de la línea Alba Cáceres, cónsul.

—Esto es lo que sé —le digo—: salieron de McAllen el miércoles 20 de marzo, y no se sabe más. Tenían que rodear o cruzar una cerca o un control. Iban, tengo entendido, por la zona de Falfurrias, el último lugar donde los vieron.
—Deme los nombres.

Cáceres ingresa el nombre de Orfilia en su computadora.

—La semana pasada exhumaron dieciocho cuerpos en esa zona, en Falfurrias —dice, mientras revisa en la web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE.
—¿Perdón?

La cónsul no me oye; hace una pausa.

—Contó con suerte, aquí está: a la chica la procesaron ayer. Está en custodia. Lo acaban de subir al sistema. ¿Orfilia Mélita, no?
—Sí.
—Bien, nosotros podemos pedir una entrevista. Posiblemente le den la llamada de cortesía hoy, a ella. ¿Tiene familia aquí? —digo que sí— Del chico, en cambio… ¿Nufio? Nufio, Édgar… De él todavía no hay nada, no fue procesado si estaba con ella. ¿Estaba con ella?
—Sí, sí, se perdieron juntos. Desaparecidos en el área de Falfurrias, los dos.

La cónsul me responde con la nada delicada brutalidad de las certezas:

—Tuvieron suerte, de verdad, porque cuando uno se pierde en Falfurrias, no se pierde: se muere.

***

Falfurrias. Cada vez que busco datos del pueblo —cinco mil habitantes, un grano en la piel de Texas—, encontré historias formadas con un brevísimo diccionario de palabras giratorias: “tráfico”, “inmigrante ilegal”, “drogas”, “Zetas”, “patrulla fronteriza”, “cadáveres”, “México”, “mexicanos”.

Una periodista de la Costa Este me da el nombre con que los activistas nombran a la zona: “La correa de la muerte de McAllen”. Los medios no saben bien cuánta gente pierde la vida allí; nada más parece ser mucha. Cuando un cuerpo desaparece bajo tierra o se lo comen las alimañas, sólo fue una persona para los suyos y cercanos: para el resto es olvido; para las oficinas públicas, estadística.

En Facebook encontré la página del Falfurrias Border Patrol Checkpoint. A fines de 2012, Kevin Keiser, un hombre semicalvo que pasó por allí, subió una foto con su celular. Se ve el túnel de chapa donde deben detenerse todos los autos para verificación y, a la izquierda, un cartel elevado, un anuncio orgulloso.

Arriba dice: “Falfurrias Checkpoint. Thanks for your support of America’s frontline”. Y debajo, en una letra que grita:

Procedimientos en el año:

Drogas: 15962 libras.

Extranjeros indocumentados: 2661.

La tabla de los méritos de quienes controlan las fronteras parecen las estadísticas personales de un catcher de béisbol. O peor: incautar plantas psicotrópicas y seres humanos son una misma práctica contable.

***

La pregunta más veces respondida es qué hace a alguien correr tanto riesgo.

Elijo ésta: tu vida, otras vidas.

Champas Corrientes es el pueblo llano de ranchos de adobe y palma y pisos de tierra en la costa caribe donde nacieron Ingrid y Orfilia. Hacia el sur, Champas tiene las faldas de unos cerros hinchados de verde: el límite invisible que supone que, del otro lado de la ladera, hay un país hundido en violencia llamado Honduras y, de éste, otro muy golpeado que hoy es Guatemala y supo ser Guatepeor.

A los veintitantos, Ingrid y Edgardo, su hombre, trabajaban con ganado y en las milpas y los campos frijoleros. Edgardo ordeñaba cuarenta y cuatro de las noventa y nueve vacas de su padre. Por tener, Ingrid y él primero tuvieron unas manzanas de tierra para plantar. Por tener, tuvieron una hija, Vanessa. Por tener, tres años después, sumaron a Robinson. Por tener, también, Edgardo decidió ampliar el plan y un día de hace una década cruzó todo México y todo el sur de Estados Unidos y llegó al estado de Maryland, los jardines de Washington, DC. Cuando Edgardo partió, Robinson tenía un año y no supo nada; Vanessa tenía más y se enfermó.

—De tristeza —dice Ingrid, hoy, aquí.

Ingrid siguió al marido cuatro años después. Quince días entre la salida de Champas y la llegada a Union Station, la estación de autobuses de la capital de Estados Unidos. El auto del coyote que la llevó de Champas a la frontera sur de México casi se da vuelta en una curva y la deja a medio camino con una embarazada de ocho meses y dos niños pequeños, compañía circunstancial de viaje, otros locos. En Palenque sirvió comidas para dieciocho migrantes que dormían en el piso de una casa sin mesas ni sillas y un solo baño. En Matamoros pasó toda una noche en una habitación sin luz ni agua ni colchón ni pintura ni revoque ni nada. Cruzó el río Grande a plena luz del día montada en un neumático de camión, un flotador que tiraba un tipo flaco como una rama. Ya en Texas, mientras el agua se llevaba la mugre y su ropa vieja, se desnudó y cambió a la vera del río y se vistió con sus ropas limpias pero usando el nombre de otra persona: Ingrid cruzó con papeles comprados. Cuando llegó a Migraciones, el policía —ancho, blanco y en uniforme azul— la miró con desinterés.

—¿De dónde vienes?
—De Honduras.
—¿Por qué vienes?
—Turista.

Un tiempo después sus papeles ya no servían pero ella ya estaba en Silver Spring, una ciudad dormitorio de Maryland, y trabajaba. Primero barrió oficinas, luego pasó a un restaurante de comida rápida, más tarde —y por varios años— en el edificio donde vivo yo. Allí nos conocimos, allí encontró en mi hijo un pedacito de los suyos, que ya tienen doce y diez años y a los que, desde 2005, ve crecer a través de Skype. Allí, en casa, fue donde una mañana de domingo me miró con la cara de los entusiastas: la sonrisa reventándole los cachetes.

—Orfilia, la Mélita, mi hermana: me la estoy trayendo.

***

Es simple: uno aprende de lo que vive. Los pobres más pobres de Centroamérica se montan a “La Bestia”, el tren de carga que corta México de sur a norte, y donde a muchas las violarán y a muchos los asesinarán. Los que tienen dinero, se montan a los aviones. Ingrid cruzó México como un migrante de clase media: juntó siete mil dólares para ganarse el derecho de clavar el trasero en tres autos y llegar, con documentos, hasta la capital de Estados Unidos. Para ella no hubo narco, para ella no hubo secuestros, para ella no existieron decapitaciones. Nadie abusó de su cuerpo y una familia de coyoteros se la llevó a dormir en un cómodo sofá en la sala de su casa de dos pisos y cinco habitaciones.

¿Por qué no iba a ser igual para Orfilia y Édgar?

***

¿A quién pertenece una vida, si a alguien le pertenece?

Llamo a Ingrid: encontraron a Orfilia, le digo. Está detenida en Falfurrias, tal vez la trasladen a Port Isabel, unos kilómetros al sur y sobre la costa, a tiro de Matamoros. Parece que está bien. Fue ayer mismo.

Es la primera vez en mi vida que me alivia que alguien que no es un criminal esté preso. Las dos medialunas del insomnio de Ingrid me impresionaban a mí —y yo las porto a diario—, pero esa noche, tras la charla, la mujer pegó un ojo: dejó el otro abierto para esperar noticias de Édgar.

Pero primero, esa tarde, por teléfono, cuando ya le había contado todo lo que sabía de su hermana por la cónsul, ella me abrió los ojos a mí.

—Don Diego —dijo—, usté me sacó las ganas de llorar.

Estaba solo en casa; mi mujer y Teo jugaban en el parque. Corté y me fui al cuarto. Vivo en un piso dieciséis: desde mi ventana se ven Somerset, Bethesda, los bosques de Maryland. Bebo un aire limpio todo el puto día. Mucha luz.

Mi excusa será ésa: tanta claridad daña el iris. Lloré como hacía años no lloraba.

***

Llega un e-mail de Lara, el activista del sur. Asunto: “Preguntas para pelear los casos”. Me pide los nombres, las fechas de nacimiento, el número de los casos de deportación de Orfilia y de Édgar. Cuándo entraron a Estados Unidos. ¿Vinieron con visa, los atraparon en la frontera? ¿Hay, por si acaso, algún miembro de la familia —hijos, esposa o esposo, parientes— que sean ciudadanos estadounidenses? ¿Residentes? Las últimas líneas eran para preguntar si los detuvieron por un cargo criminal, y, si era así, cuál.

El activista, Lara, es voluntarioso. Me dice que “lo más importante” es que Ingrid esté dispuesta a participar en el caso, y también la familia, de manera pública, así sean indocumentados. “Mucha de la presión viene de la participación de los medios y en la comunidad”. Estoy de acuerdo, lo veo a diario: los Dreamers de Arizona, un vasto grupo de jóvenes que busca convertirse en ciudadanos plenos, son máquinas de producir hechos para que los medios presten atención. Charlas, conferencias, talleres. Manifestaciones. Estuvieron detrás de la gran marcha hispana, en Washington y a mediados de abril, por la reforma migratoria. Sus seguidores, convencidos de estar en el camino correcto, se pasean con playeras que dicen “Soy indocumentado” por las mismas calles de Maricopa County que patrulla el sheriff Joe Arpaio, un perseguidor fiero de migrantes sin papeles. Erika Andiola, su vocera más conocida, una chica de veintitantos que llegó de México con menos de doce, se plantó frente a la cámara de su computadora y se grabó en llanto pleno minutos después de que el ICE se llevara detenidos a su madre y hermano en la puerta de su casa, en Phoenix. Su video se hizo viral en YouTube, ella organizó en la noche a veinte activistas y en menos de cuarenta y ocho horas congresistas, representantes y los medios tenían correos, gente con pancartas y tuits saltando frente a sus ojos. El hermano fue liberado de inmediato y la mamá unas horas más tarde, cuando el autobús en el que la deportaban ya rodaba rumbo a la frontera. Eso es activismo, compromiso, lo que llaman —con todo derecho y razón— la lucha.

“No sé su disposición a hacerse pública —respondo al activista—. Ingrid es tímida y tiene miedo”.

No le dije que le aterra respirar cerca de un policía. Lara, el activista, me pide que hable con ella, y yo, ese mismo día, hablo.

***

Literalmente, hablo. Solo. Un monólogo.

—Es así, Ingrid: si apareces en los medios, puede ayudar al caso. No hay certeza, claro —reculo—, de que los liberen, de que se queden. Pero he visto cómo operan las organizaciones, y logran que el caso se haga conocido. Eso puede ayudar.
—…

Ingrid está en el corte del almuerzo, trabaja a una calle de mi edificio.

—¿Por qué no vienes a casa y te doy detalles?
—…
—Eso sí, claro, debes estar convencida para hacerlo. ¿Te parece?
—…
—En fin, ven y te cuento. Pros y contras. Avísame.
—…

***

La primavera comenzó en fecha. Los árboles tenían pequeños brotes verdes, listos para reventar, pero entonces, un día, de la nada, un océano de frío bajó de Canadá, y nevó. Cinco centímetros de película blanca después, el verdeo estaba reseco y las ramas de los árboles volvían a ser pelados huesos negros.

Una semana más tarde, ya con un sol amable, vuelven a asomar. Sé que las plantas son sensibles pero evito exagerar y, sin embargo, creo que tienen miedo de mostrar mucho.

Uno aprende cuando se quema, sí, pero después del invierno algo siempre debe florecer.

***

Una fea interpelación, ésta: ¿qué hace uno cuando sabe que debe hacer lo correcto pero no puede o —tal vez, quizá— no quiere? Varias veces un día Ingrid marcó mi número y yo lo dejé sonar. Debía escribir, trabajar, editar; se me iban como viento las horas persiguiendo burócratas, señoras, señores. Ocuparme de alguien más me superaba. Varias veces y varios días, dudé de mandar un e-mail, me eché atrás en la silla, miré por la ventana para decidir si seguía o no. Pero entonces recordaba a mi hijo y veía a Ingrid con él, aún dominada por el insomnio y el miedo, y volvía a tomar aire.

De tanto en tanto, antes y después de esas horas negras, Ingrid me ha llamado para contarme detalle de cada cosa que hace, la mayoría intrascendente, ruido en la línea, los minutos de la basura.

—Y usté, don Diego, ¿qué piensa que debo hacer?
—¿Qué le parece, don Diego?
—¿Don Diego, qué?

Y yo, bueno.

La impotencia es un río crecido. Paraliza y arrastra, ahoga. Cada brazada para salir puede hundirte más.

***

Se acaba marzo, e Ingrid tiene un abogado en DC. Habló con él. No sé cómo lo encontró. (Me lo dice, pero lo olvido: estoy escribiendo un libro, ayudo en la edición de otro, preparo dos textos para dos revistas, negocio tres: mi demasiado poco importante vida; mi excusa.) Le reitero que tengo un e-mail para que se mueva, que hable con medios, que dé información.

—Yo tengo dos parientes que son residentes —responde—. El tío Carlos, que vive en Nueva York, y un medio hermano, Johnny.
—Tal vez eso pueda ayudar a tu hermana y tu sobrino.
—¿Usted cree? ¿Los podrán sacar?

En esos días, llamo al consulado de Guatemala en McAllen. La cónsul, que había sido amable y solícita a mis anteriores pedidos de periodista, no está disponible. Dos veces en una junta; fuera de la oficina, la otra. El personal me resuelve la duda: Édgar. Ocupados con Orfilia, por varios días nadie supo del chico. Ingrid me lo recordaba a diario y yo a diario entraba a la web de los agentes fronterizos del ICE. (Paréntesis: las siglas ICE se escriben en inglés igual que la palabra “hielo”. Fin de paréntesis.) En vano ingresaba variantes de su nombre en la pestaña de búsquedas. Édgar Nufio. Édgar Villanueva. Alexander Villanueva. Édgar Alexander, Alexander Édgar. Édgar (o Alexander) Nufio-Villanueva. Alexander Nufio, Nufio Alexander. Cero. El chico no existía.

Fue una secretaria del consulado, Ema, quien lo sacó del limbo: Édgar está preso en San Antonio. La noticia me relaja —no pregunto cómo lo supieron ni qué pasos siguen—, cuelgo y llamo de inmediato a Ingrid, que se contenta, la voz otra vez fresca.

—Ay, Dios mío.

En medio de la charla, en el entusiasmo, vuelve su interés hacia mí. No tiene documentos en el país, la atemoriza cualquier autoridad, no habla inglés ni sabe manejarse con internet ni las burocracias. Soy, para ella, el cabo seguro. Me pide que siga, que no me detenga.

—Usted sabe, don Diego.
—Yo…
—Yo le pago.
—Ingrid, por favor…
—Le pago, don Diego.

***

Dinero.

O cifras. Mientras los que discuten cuentan la plata y los votos, la crisis humanitaria espía por la ventana: no parece invitada a la sesión. Por mucho tiempo, las personas que cruzan las fronteras pueden ser aritmética para lanzar sobre la mesa de un campeonato de matemática política. Migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos: 11.5 millones. Mexicanos apresados por migraciones: un millón en 2002, la mitad en 2011. Guatemaltecos: 8300 en 2002, casi cinco veces más en 2011. Niños que llegaron sin documentos al país: 1.7 millones. Personas muertas tras cruzar la frontera: 5600 entre 1984 y 2009. Deportados en 2011: 392000. Retornados a su país sin juicio de deportación, mismo año: otros 324000. Convictos deportados en 2012: 191000.

Balance neto de la migración indocumentada: positivo. Dicen los liberales de Brookings Institution: cuesta en impuestos por uso de servicios, pero la migración de desempapelados genera mayor volumen de ingresos asociados, eleva la productividad, baja los precios de la economía, sube la demanda. Dicen los conservadores del Cato Institute: si se legalizaran los inmigrantes poco calificados, la economía sumaría ciento ochenta mil millones de dólares en diez años.

Dinero.

En 2011, por una ley que persigue a los migrantes indocumentados, el estado de Alabama perdió ochenta mil trabajadores agrícolas y negocios por once mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Alabama. Nadie quiere ir al campo excepto el que cruza jodido del otro lado. Alguien tiene que hacer el trabajo de alimentar a otros.

Dinero.

Y sí: tenemos que sentir la crisis pero también debemos pesarla, medirla, contarla. Y cortarla y venderla en trocitos digeribles para no atragantar.

Hablar de la gente es más difícil que eso: las historias se repiten tanto que parecen ya una sola. Otra vez: lo que se repite se normaliza. Nos acostumbramos a la brutalidad.

***

Lunes: llamo a la oficina del activista Benigno Peña en Texas.

Consigo el teléfono del Proyecto Libertad: trabajan —o trabajaban— con inmigrantes centroamericanos. Si alguien puede dar soporte local a Ingrid en Texas, es gente que ha manejado casos de hombres, mujeres y niños de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Circulo el número: tengo ya siete asociaciones que pueden estar a disposición de la familia.

Llamo al Pro Bono Asylum Representation Project (ProBAR), otro centro de asistencia legal a centroamericanos. Un chico joven busca los datos de Orfilia y Édgar. No encuentra nada que yo no sepa. Repito lo mío: que busco asistencia legal, que el dinero de Ingrid es poco, que no tiene a nadie en el sur. Toma mis datos —lo hace de buen modo, todos lo hacen de buen modo: nunca he visto tanta delicadeza— y sugiere que también pruebe en DC, que hay muchas organizaciones, que allí el cabildeo latino está creciendo, que la Iglesia católica, que los activistas, que…

Por darle una noticia —por decirle algo—, cuento a Ingrid que tengo más teléfonos de activistas, amigos que se ofrecen a ayudar, abogados, periodistas, mi mundito. Ingrid ha venido a casa en una escapada del trabajo. Viste los jeans ceñidos y la camiseta blanca de siempre y, encima, el mismo delantal azul de las muchachas que trabajan en cualquier casa de la ciudad de México. En el bolsillo del delantal trae el handy del trabajo —Robert, Robert… I need a screwdriver— y una bolsa de nylon con fotos: Orfilia y Édgar.

Por primera vez los veo. Hasta entonces, mi proyecto de bondad social era una descripción en palabras, nada de qué asirse. Ahora mis aliens favoritos son una imagen en papel mate; empiezan a parecer reales.

Orfilia viste como Ingrid: jeans pegados al cuerpo, tank top azul, el cabello negro apenas por encima de los hombros. Parece baja. Tiene los ojos negros ¿desanimados, aburridos, cansados, distantes? Está en una plaza, abraza a una niña: Vanessa, la hija de Ingrid. Vanessa sonríe y sonríe lindo; Orfilia no hace una mueca. Detrás de las dos mujeres hay una iglesia blanca, un árbol mediano y flores rojas y amarillas. Hay sol; es algún lugar en Guatemala.

Édgar viste una toga y un birrete con borla de color negro. Es su graduación, un día de 2011. Édgar estudió en el Instituto Tecnológico Henry Ford de Esquipulas, un terciario donde enseñan mecánica automotriz y dibujo técnico y de construcción. En una de las imágenes camina por debajo de una guardia de banderas y parece sorprendido por la toma. En otra, mira a la cámara con el mentón elevado y los párpados semicaídos, como si desafiase a algo. A la vida, tal vez —es tan joven.

Envío esas fotos a una colega de Impacto Latin News de Nueva York, un periódico latino, y en pocas horas ella las sube a la web y las transfiere al National Council of La Raza, a la red de activistas Presente y a la organización de abogados para latinos MALDEF. También subo un recorte de los rostros de los chicos a mi muro de Facebook y, junto a las imágenes, escribo una nota para contar las últimas noticias y agradecer a quienes han ayudado con contactos y, sobre todo, tiempo.

Entonces, de repente, la incomodidad.

Amigos y conocidos, movilizados por la historia que narro en setecientas palabras, hablan de mí como “un gran ser humano”, admiran mi compromiso, aplauden mi ayuda.

“Gracias, Diego, por tu sensibilidad”, dice Analía.

“Grande lo tuyo”, exagera Daniel.

“Diego Fonseca es alguien muy especial”: mi querida Pilar Marrero, de La Opinión en Los Ángeles.

“Gigante”: mi hermana Paula.

“Ahora Orfilia y Édgar sabrán de ti, y así cada vez más gente”: Blanquita, fuerza natural.

“Enorme”. “De gran nobleza”. “Qué bueno que estabas cerca de Ingrid”.

Me muevo en el asiento, se me hace un nudo la lengua: yo no hice nada más que hablar por teléfono varias veces y, si algo logré, fue gracias a contactos ajenos, nunca míos. No lo hice por compromiso con la humanidad: fue interés propio activado por carácter transitivo. Me gusta ver feliz a mi hijo y Teo lo es cuando juega con Ingrid, y no quiero ver mal a Ingrid porque, si ella está mal, mi hijo no está bien. ¿Puede el egoísmo ser una forma de la solidaridad?

***

Pasa un fin de semana, caen otros días.

Llamo a Ingrid por novedades de Orfilia y Édgar. Ha de estar limpiando oficinas en el edificio North Park porque la llamada entra directo al buzón de voz.

El mensaje de bienvenida no tiene su voz. Es Prince Royce cantando “Stand by Me”, de Lennon.

“When the night has come

And the land is dark

Y la luna es la luz que brilla ante mí

Miedo no, no tendré, oh I won’t, no me asustaré

Just as long as you stand, stand by me”

El valor de los contextos: un mes antes, ni una de esas líneas me significaba nada.

***

Ya no hay más abogado: ahora es abogada. Se la recomendó el suegro de su hermana Anita, la mamá de Édgar.

—Es de confianza —me dice Ingrid—. Hace cuatro años, a él le sacó a dos sobrinos de la cárcel.

Orfilia lleva más de dos semanas en el East Hidalgo Detention Center de La Villa, Texas. La abogada habló con ella el jueves 4 de abril.

—Vive en Houston, la abogada. Yo le dije todo lo que usted me dijo. Le pasé todos los datos y los números de cada caso. Así no le costó encontrar a los patojos, pero, de sacadita, para verlos y por charlar, me cobra mil quinientos dólares.

(¿Dijo “mil quinientos dólares”?)

—Voy a luchar, don Diego. Dios me ayudará a que salga bien. La cosa es que estos cipotes se queden.
—¿Cipotes?
—Así es, con “c” de zapatos.

Ingrid ríe.

—Bueno, la abogada habló con mi hermana, la Mélita, y evitó que la deportaran, vea. Ella ya había firmado una hoja a la policía y fíjese que hasta eso le ayudó.
—Qué bien, estás contenta, ¿no?
—Contenta, sí.

Pero, ahora, Ingrid no ríe.

—¿Usted sabe, don Diego, que ni cobija le dieron a la Mélita en esa cárcel ingrata? Ayer recién le dieron la primera sábana. ¡Santo Dios! Me quedé sorprendida y asustada. ¡No tenía cómo taparse ni un dedo de los pies! ¿Hace frío allá?

Digo que no mucho, pero igual siempre es bueno tener algo para la noche.

—Hay que pedirle a Dios que nos ayude, don Diego.

Eso, que dios, que no creo, ayude.

—Del que sigo sin saber nada es del Edgardito. No sé dónde lo pasaron, no estaba con la Mélita. El lunes la abogada va a ver qué pasa. ¿Usté puede ver algo?

Digo que sí: estoy frente a la computadora. En el Sistema de Detección en Línea de Detenidos del ice tipeo “205-320-XXX”, el número en que Édgar se convirtió. La página me pide un captcha y, en nada, responde:

“Not in custody”.

—¿Y eso, don Diego?

Trato de ser cauto. “Not in custody”, explico, significa una de cuatro opciones: que Édgar —”el individuo”— fue liberado de la custodia del ice porque “dejó voluntariamente” Estados Unidos, porque su caso está pendiente, porque su caso fue resuelto y recibió permiso para quedarse en el país o porque fue transferido a otra agencia de la ley.

Ingrid ya no ríe.

—¿Y eso significa que me lo han enviado de vuelta al Edgarcito?

Elijo seguir siendo cauto: lo mejor es no apresurarse, digo, la abogada debe saber más.

—Lo importante es que el chico sobrevivió al desierto y a todo lo malo que pudo pasar. Y si quiere, puede volver a intentarlo.

Ingrid, de súbito, parece sonreír.

—¡Quiere! Cuando estaban en McAllen, me dijo clarito: “Si caigo, tía, yo me regreso”.

Yo no sé si reír o no.

***

A las 9:08 pm del viernes 5 de abril, cuando los Houston Rockets comienzan a bombardear balones a la canasta de los Blazers de Portland, entra un SMS al celular de mi mujer:

Mujer.buenasnochez.lecuento.que.Ace2.minutos.meyamo.mi.hermana.quebayegando.su.hijo.aguatemala.

ya.esta.consufamilia.El.muchacho.

La barba de James Harden atropelló a Houston, 116-98. Buena noche, buen juego.

No llamé a Ingrid.

Días sin noticias. Hablo con Ingrid, por hablar.

—¿Te acuerdas que una vez me dijiste que querías traer a tus hijos? ¿Sigues pensando igual?
—¡Ay, cállese! Mejor me estoy quieta o me van a terminar de matar los sustos. Ganas no me faltan. Si lo que daría porque mis niños estuvieran aquí. Si cuando yo voy a su casa, don Diego, es una alegría muy grande recibir un abrazo y un besito del niño. ¿Me le manda un beso a mi niño, vea?

***

“¿Recuerdas cuando dije que te iba a explicar acerca de la vida, amigo? Bueno, la cosa acerca de la vida, es que se pone rara. La gente siempre está hablándote de la verdad. Todo el mundo sabe siempre cuál es la verdad, como si fuera papel higiénico o algo así, y ellos tienen proveedor en el armario. Pero lo que aprendes, a medida que envejeces, es que no hay ninguna verdad. Todo lo que hay es una mierda, y perdona mi vulgaridad. Capas de mierda. Una capa de mierda encima de otra. Y lo que haces en la vida cuando te haces mayor es escoger la capa de mierda que prefieras y ésa es tu mierda, por así decirlo”.

En Héroe por accidente, Dustin Hoffman es el perdedor más convincente que he conocido y su nombre dignifica y sintetiza la derrota —alguien que se llama Bernie Laplante debe esforzarse mucho para triunfar en algo.

Laplante fue un héroe muy a su pesar: salvó a varias personas de morir en un accidente de aviación. Los medios le dieron el crédito a John Bubber, más joven, más televisivo, más vendedor. Laplante no se quejó: lo suyo era evitar figuraciones innecesarias. Derrotarse solo antes de ser derrotado.

“Tu padre es Bernie Laplante —dijo un día la ex esposa al hijo de ambos—. Va en contra de su religión asomar la cabeza”.

No me siento ni uno ni otro —no me dejo ganar fácilmente por mi Bernie Laplante interior ni tomo crédito que no me corresponda como John Bubber— pero no puedo borrar el recuerdo de Héroe por accidente desde el día en que, tras pedir ayuda por Facebook para Orfilia y Édgar, mis amigos y conocidos convirtieron a mi Bernie Laplante interior en mi John Bubber público.

Por ese runrún, desde que supe sobre la situación de Orfilia y la deportación de Édgar, no volví a publicar nada en Facebook ni en Twitter. No quiero —aunque no sé si no lo haré nunca—. Sé, sí, que he ayudado, que he sido el gránulo en la masa arenosa, pero también sé que pude abrir puertas porque quienes conocen sus cerraduras me dieron las combinaciones. No he hecho nada que alguien más con dos segundos de tranquilidad no hubiera hecho. Me asignaron informalmente la incomodidad del salvador cuando lo que sucedió fue una sucesión de decisiones individuales dentro de una red.

—Lo mío no fue nada heroico —al fin le digo a Ingrid una tarde, un poco cansado.

Ella no duda.

—Para mí, sí.

Yo no quiero escuchar. En ese momento, sí quiero actuar como Bernie Laplante: separarme del asunto, dejar todo en manos adecuadas. ¿No es acaso, Ingrid, la verdadera heroína? ¿No es ella quien dio cada paso por esos chicos, quien perdió el sueño, empeñó sus ahorros, lloró lo indecible, le rezó a su Dios y a sus santos?

Por primera vez en mucho tiempo, Ingrid habla en un tono decidido.

—Vea, yo en este momento tengo delante esta estampa: “Yo soy el pan vivo bajado del Cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que Yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo”. Cuando todo esto empezó yo llamé a su señora esposa y ella me dijo que le hable, que usted sabría ayudarme. Y ese día que le hablé mis ojos se llenaban de agua, don Diego. Pero desde ese día que usted averiguó de la Mélita y del Edgarcito, yo ya me sentí diferente. Mejor. Así que para mí sí fue importante. Que Dios me lo guarde, don Diego.

Dice John Bubber a Bernie Laplante, cuando éste lo convence de que asuma su rol como el héroe involuntario:

“Entonces, ¿no quieres el crédito?”.

Responde Laplante:

“Yo no tomo crédito. Soy más de efectivo”.

Psss.

***

Devolvieron a Édgar a Guatemala hace más de una semana e Ingrid no llamó una sola vez. Marqué un par de veces, di siempre con Lennon: la casilla de mensajes de voz estaba llena. Finalmente, la tarde calurosa de un miércoles de abril, Ingrid levanta mi —¿cuarta, quinta?— llamada. La abogada ya manejaba todo, pero tampoco había grandes novedades de su lado. Cuando las tuviera, le dijo, se las informaría. Ingrid —y el caso— entraban en el balanceo suave de los barcos anclados, sometidos a lo que el clima —la ley— dicte. A mí también me mecía: había tomado distancia desde que la abogada manejaba el caso. Era lo que quería, al cabo, pero, igual, no podía dejar de llamar a Ingrid, como si no hubiera otra cosa que hacer —como si fuera a hacer otra cosa.

—¿Hablaste con tu hermana?

Ingrid responde corta de palabras.

—Ayer, don Diego.
—¿Y?
—No mucho. Nada.

Demasiado corta de palabras.

—¿Nada?
—Bueno —parece revolverse incómoda, como si hablase con alguien a su lado: como si no quisiera hablar conmigo—, usté sabe lo que dicen, que lo que uno habla lo graban…

Esto supongo: Ingrid cree que alguien puede estar grabándonos también. La idea se me cruza como un golpe de viento: mi barco se sacude un poco, inquieto e inseguro.

—Ah —respondo.
—Sí.
—OK. Entonces…
—Bueno…
—¿Hablamos, no? Acá, en casa, digo, no sé…
—Sí…
—Digo, no por teléfono.
—Sí, sí, claro. Claro. Claro.
—Hasta luego, Ingrid.
—Hasta luego, don Diego.

Ingrid cuelga y yo me quedo en la línea esperando oír un segundo clic, el de los espías. Lo único que escucho es el eco de mi respiración en el vacío que deja una llamada terminada. Barcos hundidos.

Édgar está con su familia, en casa, cobijado. Pero no es un lugar en el que quiera quedarse: años atrás, su padre, el primer Édgar, fue asesinado por dos sicarios. Le dispararon por la espalda cuando entraba a la iglesia. Un medio hermano comenzó a llamar a Anita, la hermana de Ingrid y mamá de Édgar, para pedirle dinero a cambio, decía, de permitirle vivir: si no estaba tras la muerte del marido, estaba tras lo que quedase. Anita tomó a sus hijos y se marchó de la ciudad. Édgar no quiere nada de aquella suerte. Si dice lo que dijo, se volverá a jugar la vida en el desierto. Falfurrias parece dar más chances de sobrevivir que su pueblo en Guatepeor.

La estadía de Orfilia puede tomar meses, pues, con su abogada, la patoja ha desafiado el proceso de deportación y discute quedarse. Casi a mediados de abril, Orfilia pasó de East Hidalgo Detention Center, en La Villa, el complejo de quince barracones rectangulares casi en el límite de Texas con México, al T. Don Hutto Residential Center, una cárcel privada para mujeres inmigrantes que es el cuarto empleador de Taylor, un pueblo de catorce mil habitantes, unos kilómetros al norte de San Antonio. En aquel pueblo, donde aun predominan los blancos de ascendencia eslava, la cárcel es territorio latino, dentro y fuera. Sus directores se llaman Enrique Lucero y Francisco Venegas.

Intento informarle a Ingrid que su hermana ya no está en La Villa sino en la cárcel de Taylor, pero, cada vez, me topo con la barrera de la casilla de mensajes. Cuando pasa, allí está otra vez Prince Royce cantando a Lennon, diciéndome “Stand by Me”. Sin embargo, un jueves, la canción se me presenta más breve.

“When the night has come

And the land is dark

Y la luna es la luz que brilla ante mí”

Y ya. Faltan los versos finales:

“Miedo no, no tendré, oh I won’t, no me asustaré

Just as long as you stand, stand by me”

“No tendré miedo, no me asustaré, mientras estés a mi lado.”

La providencia —o mi estupidez o mi culpa o la tonta casualidad— me hacen creer que hay un feo mensaje allí. Que, por un lado, mi tibieza tal vez ya no sea necesaria para Ingrid y Orfilia, y eso resultaría muy cómodo para mí. O bien, en el peor de los casos, que el miedo y el susto ganaron la partida. Y eso sería siempre incómodo para todos.

La tarde de su condena por genocida, a Efraín Ríos Montt le recibieron en la sala de audiencias con aplausos y gritos de viva Guatemala. No eran aún las 4 y una treintena de familiares y seguidores se soltó a vitorearle en su camino al banquillo. Nunca, en ninguno de los días del juicio, había tenido el anciano exdictador tanto respaldo en la sala, a 30 personas arropándolo. Los aplausos solo tardaron unos segundos en quedar sepultados bajo un breve pero eficaz manto de abucheos. La mayor parte de las 500 personas que abarrotaban el salón, las que ocupaban asientos, gradas y pasillos, las decenas reunidas en la plaza que se abre frente al edificio de la Corte Suprema de Guatemala con ganas frustradas de entrar, estaban allí para condenar a Ríos Montt.

Miente quien diga que la tarde del viernes 10 de mayo no esperaba una condena. Los mismos defensores del general retirado la habían anunciado el día antes, en su caso como una supuesta prueba de prejuicio del tribunal, de injusticia. Durante semanas habían denunciado que el proceso era “un linchamiento jurídico” y que la sentencia contra Ríos Montt, gobernante de facto en Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y contra su exjefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados ambos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya estaba escrita. Y habían anticipado la intención de apelarla.

Los partidarios del castigo lo consideraban, en cambio, una consecuencia lógica de la avalancha de testimonios, pruebas y peritajes presentados por los acusadores para probar que la muerte de más de 1,770 indígenas ixiles, el desplazamiento de decenas de miles, y su persecución y tortura con la excusa de su supuesta vinculación con la guerrilla, constituían un plan de exterminio. En más de un mes de juicio, la defensa se había mostrado torpe en la sala de audiencias, aunque agresiva en los pasillos de las cortes de apelaciones; había estado más interesada en frenar el juicio o anularlo que en probar la inocencia de sus defendidos. Durante las últimas tres semanas había logrado constantes suspensiones del juicio, que en algún momento pareció estar herido de muerte. Pero no. En tres días la jueza Yassmín Barrios había esquivado trabas legales, precipitado el fin del debate público y dejado el caso visto para sentencia.

Barrios ya tenía como credencial de carácter el haber condenado en 2001 a los asesinos del obispo Juan Gerardi, y había demostrado desde el inicio del juicio el 19 de marzo un evidente interés en escuchar testimonios y dictar sentencia lo antes posible. Enzarzada en una batalla personal contra los intereses políticos opuestos por años a la tesis histórica del genocidio, que ahora trataban junto a la defensa de detener el juicio, en las últimas jornadas la jueza había interpretado de forma claramente restrictiva cada posición de la Corte de Constitucionalidad o cada derecho de los acusados y sus abogados que pudiera implicar una nueva suspensión. Ninguna de las posibles razones -apegadas a la ética y al derecho o no- a las que se pudiera atribuir al deseo de Barrios por dictar sentencia favorecían al exdictador.

Por eso la mayoría de los presentes en esa sala el viernes 10 a las 4 de la tarde se sabían parte de un pedazo de historia. Y ansiaban ver el gesto del general en el momento preciso en que por fin escuchara la sentencia. Pero una cerrada barrera de fotógrafos volcados al acecho de ese mismo morbo ocultó desde el primer minuto a Ríos Montt y a sus abogados, y el público, privado de la tentación del escarnio, sin esa distracción, quedó a solas con las palabras de la jueza, obligado a masticarlas en absoluto silencio como si las escuchara por radio.

La nueva verdad histórica

Barrios comenzó la lectura de la sentencia con ritmo vivo, tras anunciar que se trataba de una versión condensada de la misma y que la sentencia completa se haría llegar a las partes el viernes 17 de mayo. Desde los primeros compases fue obvio que daba por válidas las pruebas y argumentos de la acusación: “… a los ixiles se les estigmatizó para exterminarlos…”; “… el ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada…”; “… se persiguió la creación de un nuevo modelo de indígena…”; “… matarlos de hambre…” La sala permanecía muda. Sentada en la cuarta fila, entre decenas de mujeres ixiles y de otras etnias mayas, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se frotaba nerviosa las manos, con cierto disimulo, y no dejaba de hacer temblar la pierna derecha. Los labios fruncidos. La mirada al suelo, arriba, de nuevo al suelo…

A las 4:13 de la tarde, tras la detallada enumeración de hechos, Yassmín Barrios afirmó por primera vez en la historia que en Guatemala se había cometido el delito de genocidio. Lo repetiría a las 4:37. Y varias veces más hasta el final de su sentencia. Silencio aún. Solo miradas cruzadas entre quienes, ante el nacimiento de una nueva historia oficial en Guatemala, necesitaban confirmar que habían escuchado bien. Soplidos, miradas, pero ni una palabra. Solo las de Barrios.

Como brotes en ese huerto de tensión, comenzaron a rodar las lágrimas de algunas de las víctimas. Primero una mujer de rostro triste e inmutable, sentada en la cuarta fila justo al lado de Rigoberta Menchú, que le pasó el brazo sobre los hombros; después, un hombre en la fila tercera, sombrero, bastón de autoridad indígena, inclinado hasta casi guardar la cabeza en su saco rojo de líder ixil para intentar secarse con las solapas los ojos, por debajo de las gafas; y otra mujer en la fila siete, y una anciana sentada a tres asientos de la primera. En diferentes puntos de la sala, en desorden, pañuelos, mangas y manos se pusieron a enjugar en movimientos lentos. Ni un sollozo, ni siquiera un gesto de dolor… solo lágrimas calladas. A medida que escuchaban a la jueza describir lo sucedido “… violación para destruir la semilla ixil…”, “… prueba objetiva de la intención de destruir al grupo ixil…”, “… por querer cambiar sus condiciones de vida se les llegó a considerar enemigos…”, y nombrarlo como verdad probada, las víctimas indígenas revivían el dolor de su historia de muerte, tortura, rapto, huida y hambre, y lloraban la alegría de que a partir de ahora nunca nadie en Guatemala pudiera volver a llamarles mentirosos por contarla. “… Siendo el racismo la base para el genocidio…”

En cuidado orden lógico, Barrios fue encajando como piezas los peritajes de la defensa hasta llegar a la afirmación de que Efraín Ríos Montt estaba informado de la estrategia de exterminio que su ejército ejecutaba en las aldeas del área ixil, y recurrió incluso a lo declarado en juicio por un perito de la misma defensa, el general José Luis Quilo Ayuso, para sustentar que el exdictador estaba, desde su despacho en la capital, al mando de esas operaciones. Sentenció que los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía concordaban entre sí, que la mayoría de masacres cometidas por el ejército tenían el mismo patrón de conducta, que lo sucedido “no fue espontáneo sino planificado”.

La versión de la defensa del exdictador, y de buena parte de la élite empresarial del país, y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y del presidente de la república, el también militar Otto Pérez Molina, y del mismo Ríos Montt, empeñados todos ellos en decir una y otra vez que en Guatemala no hubo genocidio, que durante la guerra se habían cometido solo “excesos” aislados imposibles de evitar por las autoridades, se convertía en apócrifa.

Cumplida media hora de lectura ininterrumpida, el silencio entre el público seguía siendo absoluto. Sentada entre varios periodistas, la defensora de derechos humanos Helen Mack mantenía los labios apretados y el gesto concentrado. A su hermana Myrna la asesinaron en 1990 por documentar y denunciar la tragedia de los ixiles. El juicio a Ríos Montt y su gobierno era el juicio a la brutalidad de décadas de gobiernos militares. Mientras, Barrios avanzaba imparable -“… desde su posición podía haber impedido…”, “… la responsabilidad alcanzó al jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt…”, “tuvo conocimiento de todo y no lo detuvo a pesar de tener capacidad para hacerlo…” Apuntalada ya, su siguiente afirmación cayó por su peso: “Consideramos que la conducta del acusado Efraín Ríos Montt se encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, de forma que debe imponerse la condena correspondiente”. Culpable.

Culpable por saber. Culpable por ser, como jefe de Estado, el responsable. Aun dando por posible que Ríos Montt no ordenara expresamente el genocidio, culpable por ampararlo y por no hacer nada para impedirlo.

Eran las 4:44 de la tarde. De forma inexplicable la sala se aferró todavía al silencio. Con gesto compungido Rigoberta Menchú comenzó a buscar miradas en las que apoyarse. Como si se sintiera sola y necesitara ayuda para sobrellevar las emociones que se le agolpaban en el cuerpo 14 años después de haber iniciado ella, ante la Audiencia Nacional de España, el primer proceso por genocidio contra el exdictador en nombre de las mismas víctimas que ahora estaban venciendo en este juicio guatemalteco. Barrios anunció que absolvía a Mauricio Rodríguez por falta de pruebas: “… la duda favorece al reo…” Y hubo entre el público un rumor de descarga. La jueza repitió afirmaciones para referirse al segundo delito imputado, el de crímenes contra la humanidad, o “crímenes contra los deberes de humanidad”, según el Código Penal de Guatemala, y declaró a Ríos Montt de nuevo culpable, y a Rodríguez otra vez inocente.

Los alegatos del abogado de Rodríguez, un día antes, habían sido sólidos, rocosos, centrados en el supuesto carácter consultivo de la figura de Director de Inteligencia dentro de la cadena de mando del ejército y en la falta de pruebas en su contra. El mismo general retirado comentaba una hora antes de la lectura de la sentencia: “No han demostrado que yo haya participado en la elaboración de esos planes ni que yo tuviera mando operativo de las acciones. Pero es que tampoco soy yo el que les importa: la joya de la corona en este juicio es Efraín Ríos Montt”.

Como si la condena no lo significara todo, como si el castigo fuera la verdadera medida de la justicia, fue el anuncio de la pena de cárcel la que desató la respiración de la sala e hizo estallar gritos de “¡Bravo, bravo!” Las víctimas se permitieron, por fin, sonreír, celebrar: “El artículo 376 del Código Penal establece delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables”. Y 30 más por crímenes contra la humanidad. 80 años de cárcel para un hombre que casi tiene 87. Una cifra para sentar precedente.

Y un gesto para no dejar dudas de la decisión de castigar: la anulación de las medidas sustitutivas que, desde que comenzó el juicio en su contra hace más de un año, habían permitido al exdictador permanecer en su casa, bajo arresto domiciliario, en lugar de en una celda. Solo las cámaras de fotos, las de televisión, las de los documentalistas que pretenden firmar la historia de este juicio en sus imágenes, vieron el gesto de Efraín Ríos Montt cuando se oyó culpable. Y solo ellas captaron su reacción cuando escuchó que se ordenaba su detención y su ingreso inmediato a prisión, una medida que muy pocos de sus adversarios esperaban, dada la edad del exgobernante.

Leída la sentencia, Barrios prohibió al condenado salir de la sala hasta que llegaran agentes de la Policía para llevárselo. Rodríguez, que asistió a todo el juicio en silla de ruedas, fue empujado hacia la salida entre abrazos de sus familiares. No quedará libre hasta que la sentencia sea firme pero no podía deshacer la sonrisa. La mayoría de quienes acompañaban a Ríos Montt también salieron, por órdenes del tribunal, para evitar enfrentamientos con otros asistentes. Un joven del público gritó a la jueza “¡egoísta!”, “¡con el mal no se combate el mal!” antes de retirarse. El resto, el salón aún repleto, no quiso marcharse. No hasta ver al exdictador, al genocida, encaminarse a la cárcel, tal vez esposado.

Una sala en catarsis

Siguieron momentos de desorden, casi de riesgo. El enjambre de camarógrafos que habían permanecido todo el juicio volcados sobre la mesa de Ríos Montt y sus abogados se convirtió de repente en una animalesca marabunta hambrienta de una frase del condenado y una fotografía más cercana aún, como si la intimidad de la imagen se alimentara de centímetros. Los empujones derribaron la mesa, acorralaron a Ríos Montt, hicieron temer por su seguridad. “Señora jueza, me están maltratando”, se oyó gritar al anciano, aprisionado entre sus guardaespaldas y la turba de periodistas. Por momentos pareció que el exdictador saldría herido.

Hubo un conato de pelea entre un periodista y uno de los nietos del general retirado que intentó intervenir para garantizar espacio a su abuelo. Los gritos de la jueza, entre la exigencia de orden, la insistencia en que el acusado no podía salir de la sala y los ruegos tardíos a los periodistas, no consiguieron nada. Tuvo que ser el público el que, al clamor de “quítense, quítense”, obrara la cordura.

Después vendrían la paz y cierto ambiente de milagro. La larga espera, de casi una hora, hasta que el general retirado fue formalmente detenido y escoltado -sin esposas, nunca se le esposó- hacia una patrulla policial, convirtió el salón de audiencias en una vigilia que fue asentando emociones y destilando los gestos. Mack, sin levantarse de la silla, hundida la mirada en el suelo, lloró en silencio, agotada y feliz. El día que la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores trató de anular este juicio había dicho: “No hay un mínimo respeto a seres humanos que han esperado 30 años para obtener justicia. No puedes tener paz cuando el Estado ignora a sus propios habitantes.” Lloraba porque se acababa de asentar una esquina de esa paz.

Rigoberta Menchú, entre abrazos y abrazos, daba declaraciones a la prensa. De fondo, el murmullo de las conversaciones se fue volviendo un canto, suave al principio, más fuerte luego: “… aquí no lloró nadie / aquí sólo queremos ser humanos…” Era un poema de Otto René Castillo al que el cantautor Fernando Pérez puso música hace algunos años.

“A partir de ahora el ladino no tiene que ser siempre el que nos juzga, el que nos dice que no hablamos bien, que dice que solo inventamos, el que nos acusa una y otra vez”, decía Menchú. Detrás de su voz, el canto parecía acallarse por momentos, avergonzado de ofender la presunta solemnidad de la sala. Pero cada vez que los versos parecían diluirse, la alegría de parte del público vencía y se repetía con más fuerza la estrofa: “… aquí sólo queremos ser humanos / comer, reír, enamorarse, vivir / vivir la vida y no morirla…” Rigoberta Menchú también seguía: “Hoy se sienta un precendente contra el odio que nos han tenido todos estos años. Aquí se están rompiendo esquemas muy grandes; espero que los guatemaltecos tengamos la altura para soportarlo.”

El canto se prolongó por minutos, mientras Ríos Montt, siempre invisible, ahora tras un cordón de agentes de seguridad, permanecía arrinconado a un extremo de la sala, asediado aún por las cámaras. La fiesta en la sala se celebraba sin él. Maryelena Bustamante, hermana de desaparecido y activista pro derechos humanos, vertida en lágrimas, se acercó a dar la mano, uno por uno, a los 12 abogados que conformaban la acusación. Bustamante había sido una presencia constante durante las audiencias del juicio. Llevó flores rojas a las mujeres ixiles que testificaron sobre las violaciones que habían sufrido en los 80, gritó “¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” a Ríos Montt en su cara cuando salía de una audiencia, volvió a regalar flores el día que Yassmín Barrios se nego a acatar, por considerarla ilegal, una orden de anular el juicio.

“Hemos esperado 31 años. Este no es directamente el caso de Emir, pero no solo es él, no son solo los ixiles, en todo el territorio hubo miles de desaparecidos”, decía Bustamante, ladina, entre lágrimas, a quien le escuchaba. “Esta sentencia es un canto a la vida. Sé que no me van a regresar a mi hermano, y no se puede resarcir todo el dolor de este pueblo, pero por algo se empieza a escribir el nunca más en esta tierra.” Y luego, como si se lo dijera a sí misma, como si se tratara de pellizcar para salir del sueño, repetía, en referencia al tribunal: “Se atrevieron. Se atrevieron”.

Justo antes de que la Policía se llevara al exdictador, los partidarios de la causa ixil comenzaron a corear a la que ya consideran “su” jueza: “Justicia, justicia”, “Yassmín, Yassmín”, gritaban en medio de la alegría por la condena. Barrios, en un gesto que da más combustible a quienes la acusan de ser parcial, de estar volcada hacia el lado de la acusación, se levantó sonriente y cruzó los brazos simulando un abrazo. Después saludó con la mano en alto a quienes la coreaban. Una complicidad incómoda en un proceso como este.

Por la noche ya circulaba por la ciudad un lema que se ha convertido rápidamente en viral en ciertos círculos: “La justicia es colocha”, una referencia al cabello rizado de las dos nuevas heroínas de los defensores de los derechos humanos, la fiscal general Claudia Paz y Paz y la jueza Yassmín Barrrios.

El juicio no termina

La sentencia, aplaudida por los organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, no cierra sin embargo el debate que durante el último año se ha ido asentando en la sociedad guatemalteca acerca de la conveniencia de juzgar el pasado y de encarar su propia historia negra. En un país en el que las estructuras militares, políticas y económicas que administraron la guerra contrainsurgente en los años 80 conservan todavía una fuerte cuota de poder, la batalla de apelaciones que ya han prometido los abogados de Efraín Ríos Montt será, como lo ha sido en estas semanas en que el juicio pendía de un hilo, una prueba constante para la institucionalidad y los ríos de influencias que desembocan en la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a botar esta sentencia. El juicio nació muerto. El juicio nació viciado. Con la zurda boto este fallo, se lo garantizo”, amenazaba el defensor del exdictador, Francisco García Gudiel, la mañana del día 10, antes de conocer oficialmente la sentencia. Ya después del veredicto, su colega Francisco Palomo le complementaba: “Lo tendremos que resolver (el caso) a través de los recursos. Si los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que son gente mucho más seria, no cede ante las presiones de la comunidad internacional, los recursos deberían prosperar”.

De momento, la absolución de Rodríguez puede tener un efecto de vacuna para la sentencia, puesto que divide los intereses de una defensa que hasta hoy actuó unida. Al ex jefe de inteligencia de Ríos Montt le interesa ahora que la sentencia sea firme cuanto antes, para quedar libre. Los amparos pendientes, que buscaban anular el juicio, se convierten en un peligroso obstáculo para ello. Queda ver si Efraín Ríos Montt insiste en anular el juicio a costa de arrastrar de nuevo a un largo proceso a su antiguo subordinado.

La reacción del presidente Otto Pérez Molina al fallo del tribunal puede servir, en cualquier caso, de medida para el nivel de crispación política que el juicio ha provocado en Guatemala. Otto Pérez dijo a El Faro el pasado 24 de abril que no se sentía “políticamente implicado” en el juicio contra Ríos Montt. En una entrevista a CNN en español concedida el mismo día de la condena, su primera respuesta al periodista Fernando Rincón fue sin embargo para recordar que la sentencia del tribunal que preside la jueza Barrios no es todavía firme y que, por tanto, todavía se pueden permitir, él y quienes piensan como él, afirmar que en los 80 no hubo genocidio.

Él, general retirado, que en 1982 estuvo destinado como comandante en el área ixil de Nebaj bajo el alias de “Tito Arias”, está especialmente interesado en que así se corrija el fallo de la jueza Barrios. Durante el juicio, uno de los testigos de la acusación contra Rios Montt le nombró directamente como responsable de torturas y de ataques a aldeas ixiles, y si su nombre no resonó más veces en la sala es porque el Ministerio Público, temeroso de agitar más el avispero político que amenazaba con detener el juicio, retiró a los testigos que pudieran incriminarle.

El tribunal dejó además en su sentencia un mensaje ambivalente para quienes, como el presidente, se sienten amenazados por esta justicia incómoda que se niega a olvidar el pasado. Por un lado, la absolución de Mauricio Rodríguez podría interpretarse como una clarificación de la prioridad que, en términos de justicia restaurativa, se marca el sistema judicial guatemalteco, enfocado en el castigo ejemplarizante de los máximos responsables políticos de lo sucedido, por encima de la persecución de los autores materiales. Sin embargo, Barrios anunció explícitamene lo contrario durante su veredicto: “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos que se señalan.” Al escuchar esta frase, el público presente en la sala, especialmente los ixiles que seguían la sesión por el sistema de tradicción simultánea instalado por la asociación querellante AJR, estallaron en aplausos.

Pesonas cercanas a la otra de las organizaciones querellantes, CALDH, consideran lejana la posibilidad de abrir una serie de nuevos casos contra responsables directos de las masacres de los 80 en territorio ixil, por el enorme esfuerzo humano y económico que supone un juicio de estas dimensiones, pero es, al fin y al cabo, lo que desean muchas de las víctimas.

Tomás Raimundo, de la aldea Salquil Grande, lo decía claro a la salida de la audiencia del viernes, quizá contagiado de la euforia de la victoria judicial: “Tanta mentira en lo que hablan, tanta discriminación… Ya se confirmó que es la verdad lo que contamos. Creímos que no lo lograríamos. El día de ayer teníamos baja la moral, porque los abogados de los militares dijeron que éramos ignorantes, y eso nos bajó la moral, pero ganamos. Ahora lo que queremos es que ojalá siga y salgan en juicios todos los oficiales que fueron, porque no fueron nada más estos dos”.

A su lado, Gaspar Velasco, por años miembro de la directiva de AJR, pero que hace tres años delegó el puesto en un vecino de su comunidad, asentía: “Hay más. Solo los están tapando”. ¿Tienen fuerzas para seguir?, le pregunté. “Claro. Solo si nos morimos vamos a parar. O tal vez no pueda caminar pronto, pero siempre puedo ser testigo sentado”.

PRIMER CAMINO…

El abogado que murió de amor

Se sentó en la banqueta, colocó la bicicleta a un costado y esperó la muerte. Si pudiera elegir cómo morir, Rodrigo Rosenberg hubiera elegido ir a toda velocidad en su Camaro, con la guitarra de Santana sonando a tope. Pero la vida se empeña en torcer los planes y en entregar las muertes menos deseadas. Rodrigo Rosenberg sí pudo elegir su muerte, pero trocó la imagen del carro en la autopista por cinco balazos en la calle.

La mañana del domingo diez de mayo se levantó temprano. Se vistió con ropa deportiva y se dispuso a salir en bicicleta. En sus últimos veinte minutos de vida hizo dos llamadas. La primera a Luis López, su chofer. “Te voy a necesitar” le dijo, “ahorita voy a ir a dar una vuelta en bicicleta pero para cuando vengás seguro que ya he regresado”. Después buscó otro teléfono, un aparato sencillo que acaba de comprar y que utilizaba para hablar con una sola persona. “Colocho, es el Canche”, se identificó.

Del otro lado de la línea Jesús Manuel Cardona escuchaba atento, el Canche iba a darle el sprint para completar la operación, a su lado Nelson Wilfredo Santos Estrada se tronaba los dedos, el momento había llegado. “Háganlo rápido, solo va a estar allí cinco minutos y se va”, les advirtió el Canche.

Fue una operación sencilla, la víctima estaba justo donde les indicaron y matarle fue tan fácil como halar de un gatillo. Terminado el trabajo, el equipo fue a desayunar a Burger King, Lucas Josué Santiago pidió un menú agrandado, como fue el que disparó merecía comer mejor que los demás.

Mientras tanto al final de la Avenida las Américas, en una estrecha y desierta calle, la gente se arremolinaba alrededor de un cadáver. Luis López se abría paso entre los curiosos, su jefe estaba tirado con la bicicleta al lado. El celular del Canche sonaba frenético, pero nadie lo respondió. Jesús Manuel se sorprendió, imaginó que el Canche estaría ansioso por recibir la confirmación del servicio. “Ya contestará después” dijo, aunque por dentro temía que no lo hiciera, que se olvidara de la parte del pago que había quedado pendiente. Eso, de ninguna manera se lo permitiría.

Un video que cambia la historia

“Si usted está viendo esto es porque lamentablemente fui asesinado” las palabras de Rodrigo Rosenberg se multiplicaron por todo el mundo. Un muerto que delata a sus asesinos, y sus asesinos son –nada más– el Presidente y su esposa. Rodrigo estaba tranquilo, hablaba con fluidez y parecía plenamente convencido de lo que estaba diciendo. Había solo una cosa extraña en él: el abogado dos veces divorciado llevaba una argolla de matrimonio.

“La razón de que Gustavo Alejos y Gregorio Valdés hayan ordenado mi muerte, y el Presidente de la República lo haya aprobado, es porque hasta el día que me mataron fui el abogado de dos increíbles guatemaltecos Don Khalil Musa y su hija Marjorie, y sabía exactamente como Álvaro Colom, Sandra de Colom, Gustavo Alejos y Gregorio Valdés fueron los responsables de ese cobarde asesinato, y así se los hice saber a ellos mismos” dejó escrito Rosenberg en su testimonio póstumo.

A Khalil Musa lo asesinaron –pensaba Rosenberg– por un nombramiento que el Gobierno le había hecho para la junta directiva de Banrural y Anacafé: “Es Álvaro Colom, por medio de Gustavo Alejos y Gregorio Valdés quienes le piden su colaboración a Don Khalil Musa para que forme parte de la junta directiva de Banrural en forma ad honorem, sin que don Khalil Musa sospechara de los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día, los cuales van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del Presidente”, justificó Rosenberg.

El video causó la efervescencia lógica. Cientos de personas salieron a la calle a exigir la renuncia del Presidente y Colom pidió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que investigara el caso. “Rodrigo, gracias por despertarnos”, decían carteles en las calles, los guatemaltecos gritaron que estaban hartos de la violencia. La frase de Eduardo Galeano “hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” parecía flotar en el aire.

Con el Gobierno a punto de venirse abajo, la CICIG se enfrentaba al momento más álgido de su mandato. Estaban ante un caso que –de descubrirse verdadero– acabaría con un presidente y sumiría a un país ya desgastado, en una crisis difícil de superar. Carlos Castresana, el comisionado español, recibía una bomba de tiempo. Quizás imaginaba que ante la verdad que hallara –fuera cual fuera– encontraría oposición y crítica.

Lo primero que los investigadores hicieron fue conseguir los videos de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos al lugar del crimen. Así lograron identificar a uno de los vehículos en los que se desplazaban los sicarios. Era un carro bastante llamativo, un Mazda 6 con los aros rojos y una enorme calcomanía en la tapadera del tanque de gasolina. Al revisar el registro se llevaron una agradable sorpresa: había menos de cincuenta carros Mazda 6 negros en Guatemala. Uno de ellos estaba domiciliado en San Miguel Petapa; los sicarios habían huido con dirección a San Miguel Petapa, así que todo empezaba a cuadrar. Cuando uno de los investigadores fue a la dirección y encontró el carro aparcado enfrente, con sus aros rojos y su calcomanía, tenían ya a los autores materiales en la mira. Pan comido. Lo difícil estaba por llegar, descubrir quién los contrató.

Botar un palo grande

El Canche no respondió más. William Santos, el jefe de la banda, estaba molesto. Además de la incertidumbre que le provocaba que su cliente no cumpliera con la otra parte del pago, le intranquilizaba algo que había oído en la radio: el tipo al que mataron no era una extorsionador de poca monta, era un abogado famoso. “Botar a un palo grande” casi siempre trae problemas. No sabía por entonces que el Canche era, en realidad, el abogado y que aquel que les dio la orden de disparar fue también el que recibió la bala. Como tampoco podía siquiera imaginar que su línea de celular fue intervenida y que la CICIG lo había oído planear secuestros, tumbes de droga, robos y otras de sus productivas actividades. Ignoraba también que habían identificado ya a todos sus secuaces y que la banda había caído, uno por uno, voz a voz, en manos de los investigadores. Tenía al enemigo en el oído.

El 11 de septiembre William recibió una llamada: “el MP te anda coleando, salí y tirás esas mierdas para otro lado”, le informaron. Los investigadores supieron entonces que no podían esperar más, que era preciso actuar. La banda cayó en pleno, el carro seguía exhibiendo sus aros rojos y su calcomanía.

Para dar con el autor intelectual, un equipo de investigadores siguió las pistas de los teléfonos usados el día del crimen. Dos de ellos llamaron su atención: los que usaban el Canche y el Colocho. De acuerdo a los sicarios, los hermanos Valdez Paiz les entregaron el celular que usaban para arreglar el servicio. La CICIG comprobó que ambos celulares fueron adquiridos por Luis López, el empleado de confianza de Rosenberg. Surgía entonces la duda de si el propio Luis habría tenido algo que ver en el asesinato de su jefe. Pero esa teoría se descartó pronto, cuando el chofer pudo demostrar que había sido Rodrigo quien le pidió que los comprara. La investigación se tornaba cada vez más increíble: la víctima compró el teléfono a sus asesinos. Después expertos en telecomunicaciones hicieron las mediciones para determinar desde dónde salían las llamadas y el resultado fue todavía más surreal: salían del apartamento de la víctima. No había duda, la víctima compró el teléfono a sus victimarios y los llamó para darles instrucciones.

Algo más, Luís Mendizábal les había entregado a los investigadores un número de teléfono, se lo había dado Rodrigo días antes de morir, el abogado simplemente le pidió que lo apuntara y Luis pensó que ese era el número desde el que lo amenazaban. La CICIG volvió a comprobar las llamadas, las de amenaza salían del apartamento de Rosenberg y llegaban al teléfono personal del abogado, que también estaba en el apartamento. La llamada de amenaza salía y entraba en el mismo lugar. Rodrigo se estaba amenazando a sí mismo.

Un largo día de la madre

El diez de mayo Salvador Solares estaba trabajando como albañil en una iglesia evangélica, eran cerca de las nueve de la mañana cuando vio llegar a William Santos Divas con su esposa y su hija; en una mano llevaba un pastel y en la otra un ramo de flores para su madre. A William los vecinos lo conocían bien porque era el hijo del pastor. Si lo que dijo Salvador es verdad, Santos Divas tuvo una jornada atareada: coordinó un asesinato y le celebró el día a su madre. Pero el Tribunal no le dio valor a su testimonio, de acuerdo con ellos, Salvador se contradijo. En cambio sí aceptaron la versión de los fiscales sobre lo que sucedió después, ese mismo día.

Cuando los sicarios se dieron cuenta de que el Canche no respondería el teléfono, optaron por buscar al hombre que originalmente los contactó: Nelson Wilfredo Santos. Acorralado, Nelson no tuvo otra alternativa que molestar a su jefe, estaban en el funeral de un familiar y no era el momento para pedirles dinero, pero los sicarios no esperarían. Le respondió Estuardo Valdez Paiz, primo y amigo cercano de Rosenberg.

Cuando Nelson le aseguró que los sicarios no se quedarían tranquilos hasta saldar la deuda, Estuardo supo que él y su hermano Francisco tenían que arreglar el problema. Se reunieron en una de sus empresas, en la ruta a Villa Canales, allí Jesús Manuel encontró a un Francisco Valdés Paiz completamente abatido: “pero si ustedes mataron a mi primo”, le reclamó. Para los sicarios el trabajo había sido limpio, no se equivocaron de víctima y si ahora resultaba que el muerto era su amigo daba igual, el dinero ya estaba pactado. Los hermanos Valdez Paiz fueron entonces a buscar su caja fuerte, regresaron con dólares. Los sicarios contaron billete a billete y llegaron a la conclusión de que faltaba: “es que ustedes están haciendo mal el cambio, a nosotros nos sale más”. Los hermanos buscaron en sus bolsillos y billeteras lo restante para adecuarse al tipo de cambio de unos delincuentes. Esta historia la contaron los colaboradores eficaces a la CICIG, pero aún no ha sido probada en corte.

El 12 de enero de 2010, ocho meses después del asesinato, Carlos Castresana habló ante la prensa. “Rosenberg se mandó a matar”, aseguró a los periodistas. El caso estaba solucionado. Álvaro Colom y compañía respiraron, por fin, tranquilos. Al principio la CICIG investigó todo lo que Rosenberg decía pero poco a poco fue perdiendo fuerza, las pruebas eran tan contundentes que el castillo de naipes que armó Rosenberg –con el rey en la punta– se venía inevitablemente abajo.

¿Por qué inventar todo eso? La respuesta la supo únicamente Rosenberg, pero los investigadores sacaron algunas conclusiones. Una de las pistas la dio el anillo en el dedo del abogado. Unos días después de la muerte de Marjorie Musa, Rodrigo recibió una llamada, era un joyero que le avisaba que tenía un anillo para él, Marjorie lo había encargado. Marjorie quería demostrarle que su amor era verdadero y que pretendía divorciarse para casarse con él, el anillo le llegó cuando ella ya estaba muerta. “Buenas noches mi Marjorie de Rosenberg. Te amo. Te amo. Te amo”, se leía un mensaje que los investigadores hallaron en el celular del abogado; como ese habían cientos, “Te amo, mi Tinkerbell”, le decía en otra ocasión. En su computadora guardaba una carpeta con fotografías de las cenas románticas que le preparaba. La muerte de la mujer que amaba, como es lógico, lo debilitó. Los investigadores piensan que Rosenberg estaba molesto con el Presidente porque había perdido una licitación para emitir los DPI; con Gustavo Alejos tenía problemas personales y con Gregorio Valdez, rivalidad comercial. Además estaba harto de la violencia, de la inseguridad de todos los días y ese es un reclamo que el Presidente merece, por eso lo acusó.

Los días previos al diez de mayo Rosenberg hizo una serie de preparativos.

Dejó a su socia al mando del bufete. Arregló su testamento. Hizo un poder para que su hijo mayor pudiera actuar en su nombre. Le regaló a su empleada doméstica una joya que perteneció a su madre y pagó el desayuno a todos los miembros de su club de tenis. Pidió que prepararan un espacio en el Cementerio Las Flores para que lo enterraran allí, junto a Marjorie, y dejó cartas para sus amigos más cercanos. Además dio instrucciones a su secretaria para que recibiera un cheque por US$40 mil que llegaría de Panamá, en cuanto lo tuviera era preciso que lo enviara a los hermanos Valdés Paiz. La mujer lo hizo todo tal y como el abogado se lo pidió. Ese dinero serviría para pagarle a sus primos los servicios del sicario. Sin embargo el cheque nunca apareció.

El sábado anterior a su muerte fue a La Antigua con su hijo; en una tienda iba a pagar con la tarjeta cuando la dueña le dijo que si no pagaba en efectivo tenía que cobrarle un recargo, “si quiere, mejor me lo pasa la otra semana”, le sugirió la mujer, Rosenberg era un cliente habitual, así que no habría problema. Pero él no aceptó, le dijo que no importaba el recargo, no quería dejar ninguna deuda. Ese día le pidió a su hijo que no se involucrara en lo que sucediera, que se mantuviera alejado.

Ese diez de mayo un atormentado Rosenberg se sentó en la banqueta, los árboles lo protegían del sol. El cielo amenazaba con soltar un aguacero y su inminente muerte amenazaba con desatar una tormenta. Esperaba al hombre que le ayudaría a terminar con su vida… o esperaba al tipo que le ayudaría a esclarecer un crimen. La verdad, a veces, es tan personal como los pensamientos.

SEGUNDO CAMINO…

El abogado mártir de la justicia

Se sentó en la banqueta, colocó la bicicleta a un costado y esperó al tipo que iba a llevarle las pruebas. Si pudiera elegir cómo morir, Rodrigo Rosenberg hubiera elegido ir a toda velocidad en su Camaro, con la guitarra de Santana sonando a tope. Pero la vida se empeña en torcer los planes y en entregar las muertes menos deseadas. Rodrigo Rosenberg no murió con la adrenalina de la velocidad, sino por los inesperados disparos del hombre que –pensó ingenuamente– le ayudaría a conseguir justicia para la mujer que amaba.

Aquel diez de mayo una lluvia fina y persistente bañó la ciudad. Rodrigo había hecho una llamada muy temprano. Utilizó el teléfono que compró especialmente para comunicarse con “el Colocho” y le preguntó si ya tenía todo listo. El tipo al otro lado de la línea le aseguró que los documentos estaban en orden y que esa misma mañana los recibiría. Rodrigo no sospechó las dobles intenciones del informante y lo citó cerca de su casa, en una solitaria y estrecha calle. Pensó que las piezas del rompecabezas finalmente le llagarían.

Unos días antes, el 14 de abril, Rosenberg recibió una llamada. Era Marjorie Musa: “tengo puesta la blusa que me regalaste, me quedó linda”, le dijo. Poco después del mediodía Rodrigo empezó a inquietarse, algo extraño sucedió, recibía información a medias, había algo que le decía que Marjorie no estaba bien. “¿Sabes qué pasó en la Petapa?”, le preguntó a su amigo Luis Mendizábal. Luis le contó que habían matado a un empresario y a su hija y fue entonces cuando Rodrigo Rosenberg empezó a morir.

Khalil Musa y Marjorie salieron del trabajo para ir a almorzar a casa, pero apenas habían avanzado cinco cuadras cuando un hombre en moto les descargó el arma. A Marjorie la mató una bala que salió del torso de su padre. Quedó tendida en el asiento, vestida con la ropa que Rodrigo le había regalado.

Desde entonces, hallar al culpable del crimen se convirtió en una obsesión para el abogado. Justicia era lo último que podía regalarle a la mujer que amaba. Vio el video del asesinato una y otra vez. Marjorie y su padre saliendo de la fábrica. Después dos motos los seguían de cerca, en el semáforo se acercaban y disparaban sin piedad. Los últimos minutos de Marjorie quedaron grabados y eran la primera pista que lo llevaría a los asesinos. Como había sido abogado de los Musa sabía bien que Khalil estaba siendo amenazado. Primero le habían pedido que aceptara un puesto en la directiva de Anacafé y Banrural, y después lo presionaron para que no lo aceptara.

Rodrigo le confesó a su amigo Francisco Fuentes que estaba investigando, “no puedo permitir que quede impune el crimen de Marjorie”, le dijo, “me metí en cuerpo y alma a investigarlo”. Las pesquisas oficiales avanzaban poco; a pesar de que el empresario había contado que estaba amenazado, las autoridades no daban con el responsable del atentado.

Apenas cinco días antes del crimen, Khalil Musa había enviado una carta para pedir explicaciones, “si me ofrecieron para un puesto directivo en dos entidades, es porque creen en mi honradez y mi rectitud, no por ser vecino de algún personaje. Soy el único director de Anacafé que he devuelto parte de los viáticos no gastados cuando salíamos al exterior en representación de Anacafé (…) lo que me inquieta es por qué tanto revuelo por dos nombramientos que yo nunca pedí”, escribió. Rosenberg empezó a tirar de esos hilos. A Musa le ofrecieron dos nombramientos que obviamente incomodaban a alguien. Solo tenía que averiguar a quién.

El lunes cuatro de mayo fue a visitar a Luis Mendizábal. Iba alterado.

–Ya sé que me vas a regañar, pero lo hice –le dijo.
–¿Qué hiciste?
–Hablé con Gustavo Alejos. Él me dijo “ya dejá de estar diciendo que el Gobierno mandó a asesinar a los Musa, te puede pasar lo mismo a vos”, y yo le contesté: a mí ni vos ni nadie me va a callar, ustedes son unos asesinos hijos de la gran P… y colgué el teléfono.

Mendizábal se quedó atónito. “¡Qué hiciste!”, le gritó. “Ahora te tenés que ir de Guatemala”.

–Me desahogué. No podía aguantar todo esto, respondió Rosenberg. Después le prometió que solo arreglaría unos pendientes y dejaría Guatemala. Pero no cumplió su promesa. Al día siguiente volvió. Se reunieron en la pequeña sala que está en el segundo nivel de la boutique de Luis, desde la ventana se veía la calle, la Zona Viva en su habitual ajetreo.
–Siguen con esta chingadera, me siguen llamando –se quejó–, ayer que llegué al apartamento al nada más prender la luz entró la llamada, me dijeron “ya llegaste” y colgaron.

Luís Mendizábal insistió en que tenía que irse, que eso no era un juego. Rosenberg le aseguró que estaba ya todo listo para partir, pero que antes quería dejar una grabación para blindarse. Ese mismo día acordaron con Mario David García que el próximo jueves grabarían una denuncia para sacarla a luz si llegaban a matarlo. “Una grabación que nunca vamos a tener que usar”, le dijo Mendizábal para tranquilizarlo y para tranquilizarse. Mendizábal conocía a Rodrigo desde que era un niño, lo había visto graduarse del colegio y de abogado, lo quería como un hermano y la idea de que algo le pudiera suceder le causaba angustia. “Te tenés que ir”, le repitió mientras lo veía marcharse.

El viernes siguiente Rosenberg volvió a la boutique, le dejó a Luis cinco sobres y una centena de copias de un DVD, las instrucciones fueron claras: “si algo me pasa, repartilos”. Mendizábal los guardó pensando que nunca iba a sacarlos.

Rosenberg murió con una pregunta dándole vueltas en la cabeza ¿quién mató a Khalil Musa?, ¿quién se ensañó contra un anciano que llevaba 52 años trabajando en Guatemala y nunca tuvo ningún enemigo?, ¿quién le haría daño a una persona para la que todos solo tenían halagos? La teoría no confirmada de la muerte de Rosenberg sugiere que el abogado estaba muy cerca de averiguarlo.

Algunos de los sicarios que participaron en su asesinato fueron los mismos que atentaron contra los Musa. Las investigadoras de la CICIG piensan que esto fue una simple casualidad, “era una banda muy cotizada que operaba a granel y que hacía bien el trabajo” cuentan, “todos ellos se conocían entre bandas y buscaban cooperación, en las escuchas oímos que colaboraban entre ellos y se compartían trabajos” agregan. Pero la otra teoría, la no oficial, sugiere que no fue en absoluto una casualidad. Rosenberg en su investigación logró dar con los asesinos de Khalil y Marjorie; pero como quería llegar hasta el autor intelectual decidió pactar con los sicarios: “si me dan pruebas de quién los contrató para matar a los Musa yo les doy US$40 mil”. Ese fue el trato. Rodrigo esperaba las pruebas, pero el sicario lo traicionó.

¿Quién mató a los Musa?

Para dar con el autor intelectual del crimen de Khalil y Marjorie Musa, la CICIG convirtió a Adelino Morales, uno de los sicarios, en colaborador eficaz. Adelino les contó que quien les había pagado era un hombre de Chimaltenango llamado Felipe Antonio Escobar Sicán, un empresario que vendía telas. Khalil se dedicaba al negocio textil, así que no fue difícil hacer la conexión. Adelino aseguró que Khalil le debía Q300 mil a Escobar, por unas telas que le había comprado. Escobar Sicán, según la CICIG, se dedicaba a robar furgones en Puerto Quetzal para después comerciar las mercaderías. Deberle a un delincuente es, casi siempre, motivo de muerte. El caso estaba resuelto.

La CICIG consiguió que condenaran a Escobar Sicán como autor intelectual del crimen de los Musa, pero fue, a decir verdad, una condena muy extraña. Las juezas admitieron que no hubo móvil ni pruebas suficientes y las investigadoras admitieron que nunca pudieron probar –más allá de la palabra de un sicario– que Khalil debía dinero. En los allanamientos que hicieron a la empresa de los Musa no encontraron telas robadas ni ningún documento que lo vinculara a Escobar Sicán.

La teoría de que Khalil pudo haberle comprado telas a Escobar Sicán se fundamentó en la CICIG con el testimonio de un empleado de los Musa: “El encargado de la bodega de inventario nos dijo que él veía tela que ingresaba con marcas chinas y que ahí la modificaban”, cuenta una de las investigadoras, “lo que no quedó probado era que Musa le debiera a Escobar Sicán –reconocen las investigadoras– no hay testigos que digan que sí le debía, esa parte no la pudimos probar”. Nada más allá de las palabras de Adelino unían a Khalil con Escobar y hay que recordar que Adelino es un hombre que recibe dinero por matar. El testimonio del bodeguero tampoco se pudo probar: “Aunque no encontramos puntualmente si ingresó esa tela ni estaba registrada, sí había diferencias entre lo que entraba y lo que salía como producto terminado”, recalcaba una de las investigadoras.

Sin embargo declararon culpable a Felipe Antonio Escobar Sicán de ordenar el asesinato de Khalil Musa, lo condenaron a 48 años de prisión. “Lo que se desconoce es: ¿cuál fue el verdadero motivo que Felipe Antonio Escobar Sicán tuvo para pagar por esa muerte?, ¿cómo obtuvo el dinero?, ¿por qué se hizo creer que la intención de dar muerte se origina de una deuda contraída por Khalil Musa? Deuda que no existió, no constituyó el móvil del delito” concluye la sentencia. Según el colaborador eficaz, Musa debía Q300 mil a Escobar, pero las cuentas de Musa tenían dinero suficiente para saldar esa deuda, si es que hubiera existido.

La familia Musa no aceptó esa versión. Para ellos fue un insulto que hayan dicho que su padre compró tela robada: “no se imagina el dolor tan grande que sentimos –dice Aziza Musa­– que un hombre como él, que todo el tiempo cuidó su nombre, que fue respetado, un inmigrante que hizo su dinero a puro trabajo, pare en estas historias que no tienen ninguna base. La CICIG nos defraudó, se rieron de nosotros”, se lamenta.

“El colaborador dio ese testimonio únicamente para tener un beneficio”, dice Johan Gómez, abogado de Escobar, él piensa que el colaborador cuando vio la oportunidad de reducir su condena se inventó la historia de la tela robada; como conocía a Escobar Sicán y sabía que él tenía un negocio con telas armó un complot que supuso “creíble”. “Es una burla al Estado, cuando utilizamos la colaboración eficaz, debe existir una comprobación de los medios narrados, si no existe no se puede establecer si es cierto o no lo que dijo”, agrega el letrado. Se acaba de admitir la apelación y según Gómez el juicio se repetirá. “En virtud de haber sido aceptada la apelación interpuesta por motivos de forma y de fondo, nos encontramos esperando la fecha del debate nuevo”, cuenta.

Aziza Musa confiaba que la CICIG estaba investigando lo que Rosenberg dijo en el video; en junio se reunió con Carlos Castresana y él le aseguró que el caso estaba casi cerrado, “lo que dijo Rosenberg es verdad y lo voy a hacer público antes de irme” recuerda Aziza que le prometió. Pero luego Castresana se fue y cuando ella se reunió con el nuevo comisionado la línea de investigación había cambiado. “Me sorprendió porque hacía un mes había hablado con Castresana y era muy raro que hubieran cambiado la teoría. De ahí en adelante nos convertimos de víctimas en perseguidos”, cuenta Aziza. Si Escobar Sicán no mandó matar a Musa, entonces surge un espacio para pensar que Rosenberg tenía razón. “Nosotros creemos en la teoría de Rodrigo”, dice Aziza, “porque mi papá recibió amenazas, su gran problema fue ese puesto que le habían ofrecido. No tenía enemigos, siempre fue una persona de servicio y fue hasta que le ofrecieron el puesto que empezó a tener problemas”.

Tan cerca de la verdad

Rosenberg habló durante más de 20 minutos, en ese tiempo entregó decenas de pistas para solucionar el asesinato de Musa y a la vez descifrar el suyo. En un principio la gente le creyó y salió a las calles. Álvaro Colom tembló y Sandra Torres ardió en cólera. Pero el tiempo volteó la imagen y la pareja recuperó la credibilidad.

Uno de los investigadores que trabajó en el caso Rosenberg asegura que inicialmente “se investigó lo que aparece en el video, pero datos científicos nos fueron conduciendo a otras líneas que son las que están en la sentencia. Si bien se investigó lo que él expone en el video, fue quedando en segundo plano ante la contundencia de la realidad de lo que hoy en día está demostrado”. Las pruebas, como dice, fueron contundentes… ¿o no? Luís Mendizábal cree que no.

Una de las principales evidencias de la CICIG fue la prueba científica que determinó que las llamadas de amenaza salían del propio apartamento de Rosenberg. Pero Mendizábal aclara que era imposible saberlo con tanta precisión. El apartamento de Rosenberg está a apenas veinte metros de la sede de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las llamadas –dice Mendizábal– pudieron salir de allí: “o del apartamento de arriba, o de abajo o de al lado. Una antena cubre un espacio, y otra otro adyacente, y por eso es como que fueran celdas. Pero cualquier persona que sepa triangular señales sabe que se necesitan tres antenas para conocer la posición exacta, con una triangulación se puede determinar por milímetros la ubicación. Pero aquí hablamos de solo una antena y eso tiene un margen de error tremendo”, asegura.

Entonces las llamadas pudieron salir del vecino de enfrente o de al lado, pero queda un cabo suelto: se demostró que el propio Rosenberg compró los teléfonos que emplearon sus sicarios. Mendizábal también tiene una explicación para eso. Rodrigo compró los celulares con el fin de comunicarse sin riesgos con los delincuentes, les pidió a sus primos que lo ayudaran a entregarle uno al tipo que supuestamente le iba a vender pruebas y él se quedó con el segundo. Tras la muerte de Rosenberg, Mendizábal le entregó a la CICIG un número de teléfono que Rodrigo le había pedido que apuntara. En un principio se pensó que ese número era desde el que Rodrigo recibía las amenazas, pero conforme se investigó pudieron concluir que era uno de los que compró el propio abogado. Conclusión: se estaba amenazando a sí mismo. Pues no. Mendizábal no recuerda que Rosenberg le haya dicho “apunta este número porque de ahí me están amenazando”, sino simplemente: apunta este número. Rodrigo quizá quería que él tuviera el celular con el que se comunicaba con los delincuentes, y las amenazas llegaban desde otro.

Días antes de su muerte Rosenberg arregló muchos asuntos. Fueron los actos de alguien que piensa suicidarse, o de alguien que sabe que en cualquier momento puede ser asesinado. La realidad siempre puede verse desde distintos cristales. Mendizábal duda que Rosenberg se haya suicidado. “Hice amistad sincera con un investigador de la CICIG”, relata. “Esta persona cuando se fue de Guatemala, vino a despedirse y me dijo: vos siempre me has hecho una pregunta, que por qué se cambió el rumbo de las investigaciones. ‘Yo solo te voy a decir una cosa, que espero que entiendas, no te la voy a repetir: la CICIG vino a Guatemala para fortalecer la institucionalidad del país’”, le dio una palmadita en el hombro y se fue.

Ese diez de mayo un atormentado Rosenberg se sentó en la banqueta, los árboles lo protegían del sol. El cielo amenazaba con soltar un aguacero y su inminente muerte amenazaba con desatar una tormenta. Esperaba a un tipo que le ayudaría a esclarecer un crimen… o esperaba al hombre que le ayudaría a terminar con su vida. La verdad, a veces, es tan personal como los pensamientos.

Tengo hambre. Un hambre voraz. Un hambre como jamás había sentido y un vacío en el estómago que no me deja dormir. Doy vueltas sobre el camastro e intento leer a la luz de la vela, pero tampoco puedo. No logro olvidarme de que lo único que he comido en tres días es masa de maíz. Con sal unas veces, y con un mejunje compuesto de agua y chile otras.

El hambre y la falta de luz eléctrica convierten la noche en espesa y eterna sin que pueda pegar ojo. Echo de menos un trozo de pan, una galleta, un tomate, agua… lo que sea. Pero no solo yo; también Saúl Ruiz, el fotógrafo que me acompaña, y también las cincuenta familias que forman la comunidad de Ronda-Sachut, un pequeño pueblo indígena Qeqchí escondido entre las montañas del departamento de Alta Verapaz.

Para mí es una noche eterna, para ellos una más.

El objetivo es escribir estas líneas sintiendo, aunque sea remotamente y durante un puñado de días, lo que miles de familias padecen durante toda su vida. El hambre y la miseria. Un atrevimiento casi ofensivo para el 50% de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y que diariamente se acuestan con una sensación como la que ahora tengo. Una realidad que, según Unicef, se eleva hasta el 85% de zonas indígenas como esta. Una pretensión casi insultante para los más de 500 niños muertos en los últimos meses y que carecen de los quetzales (la moneda nacional) con que saciaré mi ansiedad en unas horas.

Chiquillos como Mario, el hijo menor de la familia Iquí-Ichích junto a la que nos despertamos por tercer día consecutivo a las 5 de la mañana. Con la luz los llamamientos que PNUD, FAO, UNICEF, ONU… llevan haciendo durante meses para denunciar la hambruna que asola el país, gracias a una de las peores sequías de las últimas décadas, parecen tomar cuerpo. Cuerpo, nombres y apellidos de origen maya.

Junto al fuego de la cocina, y gracias a un traductor, su madre cuenta que el más pequeño de la casa “se fue” hace algunas semanas con tan sólo seis meses de vida. El oficinesco nombre de “Estado de calamidad pública” decretado en septiembre por el presidente Álvaro Colom se hace carne cuando explica que su hijo se fue apagando, se le amarilleó la piel y cada vez lloraba con menos fuerza. Hasta que un día definitivamente dejó de existir. Como tantos otros murió con la piel pegada a los huesos pero con la tripa llena. Llena de lombrices y parásitos. Y entonces, envuelto en una tela, salió de entre estas montañas para quedarse en el cementerio de Pululhá, el más cercano a esta olvidada aldea.

Pero hoy es un día distinto. Hoy por fin suena es el ‘tap-tap’ con el que las mujeres golpean la masa contra la palma de la mano para dar forma a las tortillas de maíz que luego irán al comal. Un sonido que suena a música celestial con los primeros rayos del sol.

Hoy sale humo de la pequeña cocina de madera, y sé que este será un día bueno para mí y los seis niños que convivimos en torno a este fuego. Después de muchos intentos, Domingo Ichích, el padre de las criaturas, encontró trabajo dos días seguidos. Así que con los 50 quetzales (unos cinco euros) recibidos compró 20 libras de maíz (unos ocho kilos) que servirán para comer menos de una semana.

Comprar es una anormalidad para los miles de campesinos que apuestan todo su futuro alimentario en la pequeña milpa que se alza junto a la casa. Este año, sin embargo, la sequía ha arruinado las cosechas de maíz y frijol y ha dejado todas las mazorcas de la aldea reducidas a un montón de hojas amarillas. La peor sequía de los últimos 30 años, según el Observatorio para el Derecho a la Alimentación. Una fenómeno que se ha cebado con 10 de las 22 provincias del país, conocidas como el ‘corredor seco’, donde se ha perdido el 80% de los cultivos y donde el 1.3% de la población podría morir de hambre, según organismos internacionales.

Una crisis alimentaria que golpea el estómago, olvidada por la crisis económica que nos golpeó el bolsillo. Así que ahora, de repente, la comida hay que comprarla. Y aquí nadie tiene dinero.

Los patojos (niños) merodean en torno al fuego como perros que esperan cualquier cosa que caiga de la cazuela. Ninguno ha probado jamás otra leche que no haya salido del consumido pecho de su madre. Tampoco carne de cerdo o de vaca.  Y es que desnutrición no es sólo tener el estómago vacío, sino llevar muchas semanas comiendo lo mismo para llenar el estómago. Así que, a pesar de su edad, en esta cocina de maderas y suelo de tierra no se oyen las carcajadas y travesuras propias de la edad. Los seis niños aguardan silenciosos y mansos. Solo cuando el visitante bromea con ellos enseñan una risa apagada y sin fuerza a la que le faltan muchos dientes y vitaminas. En cuanto aparece un buen montón de tortillas de maíz, el silencio y la madera quemándose vuelven a ser lo único que se escucha mientras masticamos la insulsa masa untada de chiles triturados y bebemos un agua marrón.

A media mañana visito a Avelino Beb Pop, quien amablemente –¿hay alguien que no lo sea en Guatemala?– nos invita a almorzar.

Junto a sus tres hijos me recibe entusiasmado en su casa, y me ofrece asiento y… tortillas para comer. De la milpa que está detrás de su casa arranca un puñado de hojas y brotes de huisquil (una fruto verde del tamaño de una patata, que cuelga junto a su puerta), que su mujer mete rápidamente en agua. Hablamos de lo poco que ha llovido, del campo, de los vecinos y de la boda que se celebrará en el pueblo. Las únicas quejas hay que arrancárselas y tienen que ver con el poco trabajo que hay en la zona. Para celebrar el buen rato de plática después de hervir las hierbas me ofrece una sopa que no incluye nada que se pueda masticar. Los cuencos más abundantes, para el visitante y el fotógrafo.

Pero los casi siete millones de “avelinos” que viven en Guatemala (de los 13.3 millones de habitantes que tiene el país) en condiciones de pobreza no fueron suficiente para sensibilizar al Congreso nacional, que puso muchas pegas al decreto de “calamidad pública” de Álvaro Colom. Un formalismo que le permitiría agilizar el acceso al dinero de la cooperación internacional y su transferencia hacia el presupuesto nacional.

“Alimentos hay”, dijo en radio y televisión, “lo que ocurre es que la población no cuenta con el dinero para acceder a los mismos”. El hambre, dijo Colom, es el resultado de “muchos años de inequidad (…) y de la sequía” que ha causado la pérdida de un 36% de las cosechas de maíz y un 58% del frijol. Los dos productos básicos de la alimentación popular, convertidos ahora en artículos de lujo en muchas mesas.

Pero a pesar de la dramática situación, el decreto de Colom llegó rodeado de controversia ya que, según la coordinadora de oenegés que trabaja en el país, la declaración de emergencia es una “mascarada demagógica” del mandatario para acceder de forma rápida y sin control a los inmensos fondos donados por la cooperación. Muchos millones de dólares que controla de forma directa a través de programas sociales su polémica esposa Sandra Torres.

Pero ojalá hubiera llegado hasta aquí la controversia. Incluso la polémica primera dama. Hasta el momento, a esta remota comunidad solo ha llegado el padre Denis, de la parroquia de San Juan Chamelco, y el padre Rafael, un sacerdote de Ronda (Málaga) que han hecho posible; entre otros milagros, traer hasta aquí varias cajas de comida donada por la cooperación estadounidense.

Con el pueblo detenido y a oscuras, repaso mentalmente mis últimos días y me doy cuenta de que desde que llegué aquí he asistido a una misa, he cortado leña, he jugado al fútbol, he subido al cerro por agua y he caminado horas para tomar una especie de autobús, pero las pocas veces que he movido la mandíbula ha sido para comer maíz y jarabes de extraño color y textura, gracias a los que ahora creo tener lombrices. También que, si cada tortilla tiene unas 70 calorías, todos los hombres de maíz que describió Miguel Ángel Asturias y que ahora dormimos, terminamos, como en sus libros, con menos de 900 calorías en el cuerpo.

Tengo hambre. Un hambre voraz.

Tetsuo Yamahiro no pudo dar razones. El hombre pedía clemencia en japonés y sus agresores lo acusaban y lo insultaban en mam, la lengua de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, un pueblo pintoresco ubicado en las montañas del occidente de Guatemala, cerca de la frontera con México. Era sábado, 29 de abril de 2000, y Tetsuo estaba acorralado.

Las circunstancias que lo llevaron a estar rodeado por una turba furiosa habían comenzado la semana previa a la visita del grupo de 23 turistas japoneses del que Tetsuo formaba parte. Una noticia difundida en la radio tenía en vilo a todo el departamento. Decía que una secta satánica merodeaba la región para secuestrar niños y consumar pactos con el diablo. La advertencia llegó a Todos Santos y el sábado, día de mercado, era la comidilla del pueblo.

Los japoneses, ajenos al clima de alarma, subieron la cordillera de Los Cuchumatanes temprano en la mañana, ataviados con gorros oscuros y sombreros para protegerse del frío. Eran gente extraña en medio de un pueblo nervioso. Llevaban solo una hora en el lugar cuando Catarina Pablo creyó que un hombre de la secta satánica jaloneaba al bebé que llevaba amarrado al huipil, en su espalda. “¡Auxilio, quieren secuestrar a mi hijo!”, gritó.

El secuestrador imaginario era un turista que acariciaba la cabeza de Desiderio, el hijo de Catarina, y la muchedumbre de inmediato acorraló a los japoneses. “No entendemos qué pasa”, le dijo Midori Kaneko a Tetsuo, antes de huir junto a Esashika Takashi y los policías que los liberaron del cerco. Tetsuo, curioso, se quedó atrás y comenzó a fotografiar a los hombres y mujeres que, entre gritos, le rodeaban poco a poco.

Unos 500 pobladores participaron en el linchamiento. Los que lograron acercarse al turista saciaron su furia con palos, puños, puntapiés y machetes. Edgar Castellanos, uno de los choferes de la excursión, intentó pedir en español clemencia para Tetsuo, pero Edgar terminó quemado vivo. Los 22 turistas sobrevivientes pensaron que en las montañas de Guatemala vive una tribu de salvajes.

Al calor de la sangre, el mundo entero pensó lo mismo: en Guatemala hay comunidades indígenas que enloquecen y se toman la justicia por su mano. De inmediato, agencias de prensa como Reuters retomaron y difundieron las conclusiones de la Minugua, la Misión Internacional de Observadores de las Naciones Unidas en Guatemala, que había tratado de explicar anteriores linchamientos: las comunidades indígenas, marcadas aún por la herida del genocidio de los años 80, heredaron la cultura de la violencia de la guerra para purgar a sus peores elementos. Hasta la fecha, esa hipótesis ha reinado en la mayoría de debates sobre el tema.

Tras el linchamiento de Tetsuo, Todos Santos, como muchos otros pueblos, quedó marcado para siempre. La suerte del japonés se convirtió en leyenda y guías de turismo mundial como Lonely Planet advierten aún hoy sobre el manejo de cámaras fotográficas cuando se visita poblaciones indígenas.

11 años después Guatemala sigue linchando y mi viaje en busca de una explicación inicia en la montaña en la que murió Tetsuo, a siete horas de la capital. Porque Todos Santos colocó el tema en el escaparte internacional y también porque Todos Santos intentó linchar de nuevo.

***

El 16 de enero de 2011, hombres furiosos, armados con palos y machetes bloquearon el acceso al pueblo. La impotencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos fue descrita con pequeñas notas escritas desde Huehuetenango. Los pobladores secuestraron a unos estafadores y para liberarlos les exigieron los 450 mil quetzales que habían robado. “Si no pagan, los linchamos”, advirtieron. Ni los antimotines se arriesgaron a actuar, aun cuando sabían que entre los rehenes había tres niños.

A las 11 de la mañana supo del caso el delegado presidencial para los Derechos Humanos en la región, Byron Herrera. Se lo contó por celular el alcalde Modesto Pablo: “Tres policías expulsados y nueve rehenes, incluidos tres menores de edad”. Los rehenes eran custodiados en las bartolinas de la junta local de seguridad, ubicadas frente a la alcaldía. Fuera, en la plaza, medio millar de personas exigían algo que se pareciera a la justicia. En esa llamada, el alcalde se reservó lo ocurrido el día anterior.

El sábado 15 por la tarde, en su oficina ubicada en el edificio de la alcaldía, Modesto Pablo dirigió el interrogatorio a una estafadora. A la mujer la había denunciado un grupo de maestros estafados al mediodía; y a las pocas horas la había capturado en su casa la junta local de seguridad. Estas juntas son organismos de participación ciudadana aprobados a finales de los 90 por el Congreso de Guatemala, y que en parte del país han desplazado a la Policía. Hay municipios en los que restringen el libre tránsito a los desconocidos, según denunció Derechos Humanos en 2009 y 2010. Hay otros en los que incluso se han transformado en bandas de sicarios o de extorsionistas, según denunció el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, en febrero de 2011. La de Todos Santos, según Modesto Pablo, no es ni lo uno ni lo otro. Simplemente goza de respeto entre la población y a ella -y a él como alcalde- acuden los vecinos cuando quieren solucionar un conflicto.

Durante el interrogatorio, la estafadora confesó el crimen y delató a sus cómplices. Accedió incluso a convocar a uno de ellos para el día siguiente. Así la Policía podría capturarlo. Pactaron reunirse a las 7 de la mañana frente a la iglesia.

El problema, según el alcalde, fue que de alguna manera la noticia se propagó entre la gente del pueblo. Y cuando hay una injusticia, en Todos Santos ya nadie espera que sean las autoridades las que la solucionen.

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Todos Santos es un pueblo aguerrido. Sus habitantes, como la mayoría en esa región, son descendientes de los mames que algunas vez reinaron en Zaculéu, cerca de la frontera con México. Hay historiadores que sostienen que en 1525, de la cordillera de Los Cuchumatanes bajaron combatientes mames para apoyar al líder guerrero Kaibil Balam en su batalla contra los españoles que querían conquistar Zaculéu. Cinco siglos después, los mames siguen convocándose para defender lo suyo y a los suyos.

Pero los habitantes de Todos Santos han mezclado sus costumbres con las modernas prácticas de una sociedad del siglo XXI: ven televisión por cable, aprenden inglés, migran hacia Estados Unidos, votan en las elecciones, acuden al juzgado y discuten sobre política. En esta época, en los pasillos de la alcaldía, es común ver a grupos de hombres y de mujeres discutir acaloradamente sobre el devenir político del país hoy que se acerca la elección presidencial. Los hombres van vestidos con sombreros de paja y camisas adornadas por un grueso cuello azul o morado hecho de lana. También visten un pantalón rojo adornado con rayas blancas. Las mujeres lucen un tocado de hilos de color en el cabello, un huipil con bordados representativos y una falda o corte azul con líneas amarillas, que se extiende hasta los tobillos.

Hombres de Todos Santos discuten en el pasillo de la alcaldía local.

Si no fuera porque en alguna parte de sus diálogos se escuchan palabras en castellano como “Colom”, el apellido del presidente de Guatemala, o siglas que hacen referencia a uno de los partidos en contienda, el “PP” o Partido Patriota, un forastero no entendería de qué discuten en la alcaldía. El mam, dicen los expertos, es una de las lenguas más difíciles de aprender del mundo.

Y a las 7 de la mañana del domingo 16 de enero, en mam gritaba la turba cuando el segundo estafador apareció junto a su familia en un pick up. Y en circunstancias como esas, el primer desafío para las autoridades es la comunicación. En un país con un 48% de población indígena -según cifras oficiales, pero 60%, según algunas organizaciones indígenas- y con 22 idiomas de origen maya, ¿quién enseña a los policías y a los jueces los dialectos de cada región? Nadie. Por eso la Policía carece de autoridad frente a un masa enardecida de hombres y mujeres que pronuncian palabras ininteligibles para un extraño. Un extraño era aquella mañana el agente Elías, uno de los seis policías que presta seguridad a esta comunidad de 34 mil habitantes. Elías, originario de San Marcos, departamento vecino de Huehuetenango, a sus 23 años solo habla castellano. Aunque San Marcos también está influenciado por el legado de los mames, él se crio en una comunidad sin costumbres indígenas. Lleva un año en Todos Santos y este fue su primer linchamiento. Dice que ya le habían advertido sus compañeros: aquí la gente, cuando está furiosa, solo entiende razones en mam.

A Elías y su gente el alcalde les había encomendado apresar a los estafadores cuando estos cruzaran las primeras palabras. El problema fue que cuando el pick up apareció, también aparecieron por los callejones hombres que, entre gritos, se abalanzaron sobre el vehículo antes que los policías, rompieron los cristales y sacaron a los tripulantes a la fuerza. También pincharon las llantas. Uno de los hijos del estafador sufrió cortaduras leves en la cara y los brazos cuando lo sacaron a través de una ventana rota. Fue el primero en sangrar. Cuando Elías y sus compañeros intentaron detener a la muchedumbre, que ya azotaba a los estafadores, entendieron que correrían la misma suerte que ellos si no huían. Presas del miedo, no dispararon al aire por temor a que les arrebataran las pistolas. A un agente intentaron despojarlo de su arma y a otro comenzaron a darle de palos mientras intentaba rescatar a uno de los rehenes. Elías vio llegar a más hombres con más palos y gritó: “¡Corran!”. Tuvieron que correr por tres cerros para escapar del grupo que los perseguía. Mientras corrían, un cántico proveniente de la plaza se escuchaba a lo lejos. En mam, algunos hombres gritaban: “¡Tenemos palos, tenemos gasolina, los vamos a quemar!”

Primero les amarraron las manos. Luego los arrastraron hacia la plaza y ahí los azotaron con riendas de montura. Después los metieron en la fuente de la plaza y los tuvieron ahí, mojándose, por varios minutos. En la cordillera, que en algunos puntos supera los 3 mil 700 metros sobre el nivel del mar, el frío de la mañana quema la piel y solo se calma cuando a las 11 el sol calienta el ambiente. Luego, la turba justiciera encerró a los dos estafadores confesos en las bartolinas.

A la esposa del estafador, a sus dos hijos y a su sobrino menor de edad los encerraron en uno de los salones de la municipalidad. A ellos no les hicieron nada, pero a los estafadores los atormentaron durante tres días. A los dos días de haber sido expulsados, el martes 18, la turba permitió que Elías y sus compañeros bajaran del cerro en el que se habían escondido.

Cuando bajaron descubrieron que el alcalde, el delegado de derechos humanos Byron Herrera y los maestros estafados habían llegado a un acuerdo: como el dinero adeudado no aparecía y con los estafadores muertos sería imposible recuperarlo, lo mejor sería perdonarles la vida. Pero para ello debían burlar a la muchedumbre, que seguía pidiendo justicia. Así que todos los involucrados en el rescate de los rehenes, incluidos los miembros de la junta de seguridad local, que manejaban las rejas de la prisión, fingieron seguir en las negociaciones mientras en la madrugada del miércoles 19, Elías y sus compañeros huían junto a los rehenes hacia Huehuetenango.

Le pregunto al alcalde Pablo por qué los maestros afectados no buscaron la ayuda de la Policía y del juzgado de paz.

—Porque nadie cree en las autoridades de justicia —responde.
—¿Usted está de acuerdo con los linchamientos?
—¡Por supuesto que no! Qué más quisiéramos que lo que le sucedió al turista japonés no hubiera ocurrido nunca. Sobre todo porque fue una confusión, un mal entendido.
—¿Por qué no pudieron detener a la turba que casi lincha a los estafadores?
—Lo intentamos, pero el juez no quiso tomar parte en el asunto. ¿Qué hizo el juez? Armó sus maletas y dijo que no podía conocer el caso. La gente ve esas cosas y entonces actúa. Ya después es difícil controlarla.

Bartolinas en Todos Santos Cuchumatán.

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Entre Todos Santos y la parada de autobuses de Chupol, Chichicastenango, departamento de Quiché, hay una distancia que se recorre en cinco horas. La parada de Chupol es un punto alto sobre la carretera Panamericana. Por la mañana, la neblina se mete por los poros y congela los huesos. En un cafetín a la orilla de la calle una mujer con huipil prepara café de olla.

Pasados unos minutos, por la puerta del cafetín entra un hombre pequeño, con pelo largo y sombrero. Lleva morral y saluda a la mujer del huipil en k’iche’. También pide café, aunque él no parece tener frío. Va sin suéter y sin bufanda.

—¿Tú eres el periodista? —pregunta en castellano.
—Sí.
—Nïm Sanik Aq’ab’al —se presenta este líder maya de 36 años. Su nombre se podría traducir como “Gran hormiga del amanecer”.

Es líder del Consejo de Comunidades Mayas -Cocom- en el municipio de Chichicastenango. Mientras esperamos a su gente, Nïm Sanik hace un resumen de la aldea que visitaremos: disputas por el control de la comunidad, el respeto a sus normas y el acceso al agua terminaron en un debate nacional en el que, según dice con evidente resentimiento, gente de ciudad de Guatemala tomó partido. En septiembre de 2010 a los líderes de la aldea los denunciaron por coartar la libertad de sus pobladores, por sancionar con castigos físicos y por amenazar con linchamientos a los pobladores que no acataban la norma comunitaria. A las mujeres embarazadas, decía la normativa, les impedían la atención de las comadronas si no cumplían con sus obligaciones. Chunimá tiene una forma peculiar de autocontrolarse.

El periódico Siglo XXI fue el que con más intensidad hizo eco de las denuncias. Nïm Sanik dice que todas esas publicaciones fueron escritas para restar valor al peso histórico que hay detrás de la norma del pueblo. Según Nïm Sanik, los jueces dijeron que la norma sí existía y era válida, pues la comunidad hizo algo que ninguna otra ha hecho: escribir sus reglas. Al frente del grupo de demandantes estaba un ex alcalde comunitario a quien le cortaron el acceso al agua porque no cumplía sus pagos y porque, decían, robó dinero de la comunidad. Pero la justicia ordinaria, aunque reconoció como documento la norma comunitaria, absolvió a los líderes de porque los acusadores ya no comparecieron en el proceso.

A Chunimá se llega luego de bordear un camino de piedra y tierra que sube y baja cerros, y se introduce cada vez más a la espesura de una región montañosa que por ratos es salpicada con casas de techo de lámina y paredes de bahareque. Una región campesina y pobre.

Al llegar, la gente aguarda en el patio de la casa comunal. En uno de los pasillos, un anciano toca la marimba. Otro enciende un cohete que vuela al cielo pero estalla a medio camino. Tras la explosión, los hombres entran al salón y se sientan al frente de la tarima. Las mujeres, vestidas con sus huipiles multicolores se sientan a su lado o atrás. Ellas cargan a los hijos pequeños en sus regazos.

Me siento junto a Teresa Ajkejay B’atz, una de las colaboradoras del Cocom para que me traduzca lo que hablan desde la tarima. El alcalde comunitario, Manuel Suy, Nïm Sanik y un abogado que habla en k’iche’ rememoran el caso de la comunidad y piden estar alertas para proteger la norma y las costumbres del pueblo.

Dos horas después revientan otro cohete y nos reúnen en un salón de la escuela comunal. El anciano sigue tocando la marimba. De los que estaban en la mesa de las autoridades, solo Manuel Suy, el alcalde, no se une a nosotros. Suy lleva dientes de oro y sombrero en la cabeza. Viste camisa con botones y se deshace en atenciones para los invitados. Entra y sale del salón cargando cestos con tamales simples (que hacen las veces de pan) y platos de caldo de res. Visto así, este anciano humilde y amable no se parece en nada a la descripción que de los líderes comunitarios hicieron los denunciantes de los abusos en las publicaciones realizadas por Siglo XXI: dijeron que ordenaban dar de azotes y amenazar con linchamientos a aquellos que no pagaban su cuota de agua o que no asistían a las asambleas.

A Suy le cuesta entender mis preguntas y Teresa Ajkejay sale en mi auxilio. ¿Cómo se protegen de la violencia y la delincuencia? Suy habla como si silbara y me explica que la comunidad se cuida a sí misma, que la comunidad son todos y que él no puede ordenar nada. “La comunidad ordena y no al revés”. Luego confirmó que hacía unos meses un grupo de jóvenes habían sido castigados por llegar de madrugada en motos, interrumpiendo el sueño de la comunidad. Los citaron en una asamblea, se les hizo ver su falta y luego el consejo de ancianos recomendó un castigo, que fue aprobado por toda la comunidad. Les dieron unos pixab’ (consejos), los muchachos meditaron su error y luego pidieron disculpas públicas. También dejaron de vagar por las noches. A otro hombre que macheteó a un vecino le aplicaron unos xicay (castigos físicos) públicos: azotes.

Le pregunto a Suy qué pasa si alguien roba y Suy me explica que el procedimiento es el mismo. Al ladrón se le pide un cambio de conducta y que repare el daño (pixab’). Si recae, el consejo de ancianos puede recomendar que el ladrón cargue un distintivo bochornoso o darle un par de azotes, en público, para que expíe sus culpas (xicay). Pero eso, asegura Suy, ocurre muy poco porque los miembros de la comunidad trabajan por la comunidad y no en contra de ella. “La comunidad somos todos y ninguno quiere hacerle daño a la comunidad”, dice.

Reunión de consejo cumunitario en Chunimá.

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La ciudad de Guatemala es fresca, enorme, bulliciosa. La otrora sede de la Capitanía General que dominaba la región centroamericana tras la conquista y durante la colonia está ubicada sobre un valle alejado siete horas de Todos Santos y dos, aproximadas, de Chunimá. Vista desde los cerros que la rodean, la ciudad es una mancha inmensa de concreto, con vastas zonas residenciales y orgullosos edificios que apuntan hacia el cielo.

La ruta de los linchamientos me trae hasta aquí porque en los últimos años hay casos registrados y ejecutados por capitalinos sin arraigo cultural indígena. Entre enero y mayo de 2011, en el municipio de Guatemala hubo cuatro. Casi uno por mes. Una cifra insignificante si se toma en cuenta que en los últimos tres años, en todo el país, ha habido al menos 360, es decir 10 por mes, según la Procuraduría de Derechos Humanos. Vistos con simpleza, los linchamientos son nada en comparación con la violencia total de Guatemala. De los 2,470 homicidios reportados entre enero y mayo de 2011, solo 25 fueron muertes por linchamiento. Uno de cada 100 homicidios. Pero vistos en detalle, los linchamientos afligen porque ocurren con demasiada frecuencia y porque los capitalinos están dispuestos a ejecutarlos.

Uno de los casos más recientes también viajó por el mundo, como ocurrió con el asesinato del japonés Tetsuo, gracias a las fotografías tomadas por Rodrigo Arias, de la agencia Reuters. Ocurrió en diciembre de 2009: Alejandra María Torres y dos cómplices intentaron asaltar con pistola un autobús en el centro de la ciudad. La mujer casi murió quemada viva cuando los pasajeros los desarmaron a todos y la capturaron a ella. En las fotos de Arias, Alejandra, de piel clara y pelo teñido, llora y se tapa el pecho. Humillada, aunque ya segura, sigue semidesnuda mientras los policías le toman los datos en plena vía pública.

En Guatemala hay quienes se preguntan por qué ahora también los capitalinos linchan. Carlos Mendoza es uno de ellos. Mendoza es un economista, polítologo e investigador social que se ha vuelto un experto en el tema a fuerza de curiosidad. Con frecuencia es citado por periódicos del país para hablar del tema. Guatemalteco graduado de la universidad de Stanford, Mendoza es socio fundador de la Central American Business Intelligence (CABI), una consultora sobre temas políticos, económicos y de seguridad. Carlos analiza, sobre todo, la violencia centroamericana. Conoce casi todos los estudios que hablan del problema, cita nombres de autores con facilidad y sabe reconocer quién tiene el dato que le interesa en cada país de la región. Está obsesionado con el tema. Mantiene un blog donde publica en versión digital los libros y ensayos que ha escrito –algunos para revistas mexicanas y universidades como Harvard-, y recoge todo aquello relacionado con los linchamientos.

El fenómeno lo atrapó en 1999, cuando tenía 28 años. Un antropólogo, en una conferencia realizada en Guatemala, le preguntó si en la reducción de homicidios violentos en las comunidades indígenas mediaba el linchamiento como elemento disuasivo de “la violencia homicida común”, dice. Mendoza no supo qué responder. 12 años después todavía no tiene una respuesta concluyente pero cree ir por buen camino.

Estoy con Mendoza en la cafetería de la Universidad Rafael Landívar, un centro de estudios jesuita para los jóvenes de clase media de Guatemala. Compramos un café en una tienda, Carlos abre su laptop y menciona cifras, datos y pasajes históricos para soltar una primera tesis: cuando el estado falla, la comunidad organizada aprende a defenderse.

Descarta muchas variables que han soltado por años otros investigadores porque está convencido de que al hacer un análisis comparado con el resto de países de la región, resulta que todos padecen –o han padecido- los mismos problemas (pobreza, guerra en tres de cinco) pero solo en Guatemala se genera el fenómeno del linchamiento. Que eso suceda en comunidades con fuerte variable étnica tiene que ver en tanto que estas mismas comunidades son las que por años han sufrido ausencia del estado y siempre han resuelto sus problemas con su propia organización. “Sin duda la variable étnica influye pero no es solo esa la respuesta”.

Carlos Mendoza bebe café y luego levanta la voz para criticar las investigaciones y conclusiones que planteó Minugua hace ocho años. Según Mendoza, Naciones Unidas actuó de manera “políticamente correcta” y no quiso señalar que en el componente cultural de las comunidades puede estar parte de la respuesta. Para él, que la guerra haya infligido horrores en las poblaciones solo incrementó el repertorio violento de la práctica, pero no es la razón detrás del fenómeno.

Con datos proporcionados por Minugua y por organismos oficiales de su país, Mendoza ha elaborado mapas de Guatemala en los que los colores más intensos indican los municipios con altas cifras de linchamientos. Cuando estos se comparan con los mapas que reflejan los municipios con fuerte presencia de comunidades indígenas casi casan a la perfección. Y cuando en esos municipios la presencia de autoridades de justicia, de juzgados de paz, es frecuente, la intensidad de los linchamientos disminuye.

De esos mapas extrae el estudioso sus dos principales conclusiones: las comunidades indígenas buscan autodefenderse porque siempre lo han hecho, por conciencia de comunidad. Y porque el Estado, ausente, no satisface sus necesidades en esos territorios. “Los linchamientos son el resultado de la incapacidad del Estado para impartir justicia. Y no es que no pueda impartirla, es que simplemente no llega hasta esos lugares con eficiencia y eficacia”, dice. Pero Mendoza insiste, con pasión, en que quien lincha es una comunidad que se ve a sí misma como un todo, como un todo que se tiene que proteger a sí mismo. Y eso sirve tanto para una comunidad indígena como para una comunidad de estudiantes de clase media alta.

La plática está terminando cuando Carlos pega un grito y se jala los pelos al recordar una noticia: “¡Aquí lincharon! ¡Aquí mismo, en la Landívar!” Unos jóvenes, extrañados, nos vuelven a ver y luego regresan a sus laptops. En la Rafael Landívar, una universidad con nombre de poeta, uno de los centros de estudio más prestigiosos de un país en el que muy pocos acceden a educación superior, hubo un linchamiento.

Durante 2009 los estudiantes se habían quejado de los constantes robos y asaltos en el parqueo de la universidad pero nadie resolvía el problema. Computadoras portátiles, estéreos de los automóviles, desaparecían sin que hubiera culpables. Según Mendoza, hay puntos de quiebre en los cuales una comunidad se cansa de la impotencia y estalla ante la vulneración de sus derechos, y eso pasó en enero de 2010 cuando tres hombres acompañados de un niño de 11 años asaltaron a un estudiante en el campus en un intento de robarle. Otros estudiantes vieron el ataque y actuaron. A golpes. Uno de los ladrones logró huir, pero los otros tres, incluido el menor, recibieron lesiones considerables, según reportaron organismos de socorro que los atendieron tras el incidente. Después de aquello, presumiendo que los ladrones ingresaban en un taxi y salían de la misma forma, la universidad prohibió el acceso de taxistas al campus. No hubo expediente para los estudiantes implicados en el suceso.

Le traslado a Mendoza mis sospechas: tal vez los capitalinos imitan el fenómeno porque perciben que es más eficaz que la respuesta de la autoridades. No lo pensó mucho antes de responder:

—Esa valoración es demasiado simplista. Concéntrate en el sentido de comunidad.

Días después de nuestro encuentro, Mendoza me envió un correo electrónico con la publicación en su blog de un caso similar ocurrido en la universidad San Carlos, la mayor de Guatemala, la pública, en 2009. Un hombre acostumbraba a robar a los pasajeros que se bajaban en una de las paradas de bus en el perímetro de la universidad, hasta que un grupo de estudiantes se cansó. El hombre fue encontrado desnudo y vapuleado. “De nuevo, fuertes identidades que facilitan superar problemas con una acción colectiva, más la ausencia del Estado, son ingredientes explosivos ante casos de delincuencia que atentan contra la vida y la propiedad de los miembros de una comunidad (en este caso la universitaria)”, escribió Mendoza en el blog.

***

El mercado La Terminal, en la zona 4 de Guatemala, está a 30 minutos en carro de la Landívar y a 10 minutos del centro histórico de la ciudad. El mercado formal es un edificio de dos plantas que abarca un par de manzanas. El informal se extiende por varias manzanas más entre callejones repletos de vendedores y almacenes para mayoristas. Frutas, verduras y embutidos adentro y afuera del edificio. Hombres que jalan sus productos, vendedoras con delantal o con huipil. A las mujeres que llevan vestimenta indígena las llaman en la capital “mariítas”. Aquí son una minoría, y muchas trabajan como empleadas de los comedores, que todos los días ofrecen caldo de res. El mercado tiene ese nombre porque está contiguo a la terminal de los autobuses que viajan al oriente del país. Aquí hay una comunidad de 20 mil vendedores organizados.

Entre 1996 -año de la firma de los acuerdos de paz tras 34 años de lenta guerra civil- y 1999, a este mercado llegaban bandas de asaltantes que desnudaban a las mariítas en los pasillos para encontrar el dinero que solían esconder entre los dobleces del huipil. En las entradas al edificio principal asaltaban tanto a los comerciantes como a los clientes. Las bandas extorsionaban y mataban. Los vendedores se consumían en la impotencia. Entre los vendedores hay quienes creen que la guerra y su ejército intimidaban a los delincuentes, y se quejan de que cuando los militares regresaron a los cuarteles la Policía no se asomó por este mercado, ni por ningún otro, sino hasta ocho años después. Para lograrlo, los vendedores organizaron marchas y protestas que paralizaron a la ciudad.

Con los de La Terminal al frente, vendedores de toda la ciudad salieron a protestar por primera vez en 1999. Pero a la par de este movimiento hay quienes dicen que nació otro, clandestino, armado, formado y contratado por los mismos vendedores, al que llamaron “ángeles justicieros”. En sus primeros años de funcionamiento, los ángeles fueron implacables: los vendedores, envalentonados porque ahora tenían su servicio privado de seguridad, detenían a todo supuesto ladrón, lo golpeaban y lo amarraban. Entonces llegaba un ángel justiciero y le pegaba un tiro. A veces no era necesaria esa bala. Lo mataban a golpes.

Pasarían muchos años, ocho para ser exactos, antes de que las autoridades sospecharan o quisieran sospechar que los incidentes iban más allá de la violencia común. “Un hombre fue muerto en el parqueo de La Terminal, zona 4. Vendedores dijeron que dos jóvenes lo persiguieron y le dispararon”, publicó Prensa Libre en abril de 2006. “En el mercado La Terminal, zona 4, un supuesto delincuente fue abatido, a las 10 horas, informaron los Bomberos Municipales”, publicó el mismo diario al mes siguiente.

Por la vía formal, los vendedores siguieron protestando y en 2007 el Ministerio de Gobernación creó la Polimerc (Policía de Mercados). Esta unidad –que nació con 400 agentes- atiende a un millón de usuarios en los 59 mercados de la capital. Pero, a cuatro años de su nacimiento, los mismos policías afiman que si en La Terminal ya no hay asaltos, es más gracias a los ángeles justicieros que a la Polimerc. “La verdad es que aquí ellos mandan. Aquí se cansaron de la inseguridad y crearon un dicho: muerto el perro desaparece la rabia”, dice un oficial en la caseta policial de La Terminal, que se rehúsa a dar su nombre, porque dice que los policías tienen prohibido dar declaraciones.

—¿Cómo operan los ángeles justicieros? –pregunto.
—Los vendedores ven a alguien sospechoso y llaman por celular a los muchachos. Usted nunca sabrá quiénes son. Andan por ahí, en parejas o en cuartetos. Cuidan 100 metros cuadrados. Ubican al supuesto ladrón, no preguntan nada y disparan. Luego se escabullen y nadie vio nada. Nadie dice nada.
—¿Los vendedores no les denuncian nada a ustedes?
—Nos vienen con cositas sencillas: pleitos, amenazas, borrachos… La seguridad la ven ellos.
—¿Pueden capturarlos, por asesinato?
—Es difícil. Solo que haya un investigación. Hace 10 días capturamos a uno por orden del Ministerio Público. A los 15 minutos ya teníamos enfrente de la delegación como a 30 hombres fuertemente armados exigiendo la liberación de su compañero. Por suerte, previniendo una situación incómoda, despachamos al capturado a la delegación central 10 minutos antes de que aparecieran. Se puso feo esa vez.
—¿Tienen un líder?
—No le conviene que le dé el nombre ni andar preguntando por ella. Esa señora es una mujer de cuidado.

***

Esa señora se llama Olga. El oficial de Policía se rindió y lo deslizó con un susurro luego de cersiorarse, por encima de mi hombro, de que nadie más que yo sabría que él me dio ese nombre: “Olga”. Al salir de la Polimerc pregunté por ella a una docena de vendedores. Nadie dijo nada. Algunos me pidieron que comprara naranjas o que me largara del mercado. “No sabemos quién es usted. No sabemos nada de lo que pregunta”. En la administración del mercado, la formal, la que tiene en la pared un escudo de la alcaldía de Guatemala, tampoco se atrevieron a hablar ni de ella ni de los ángeles justicieros. Cuando parecía que todo quedaría en la anécdota de un policía y las estadísticas de la delegación -18 asesinatos entre enero y mayo de 2011- un contacto me presentó a una vendedora de la 18 calle, en la zona 1. Esa vendedora es la que me ha traído hasta Olga.

Hace unos minutos, al entrar al mercado, una vendedora de pulseras, amiga de mi guía, ya me ha adelantado cómo funcionan las cosas: “Aquí ladrón que entra, ladrón que sale. Bien muerto”. Otra vendedora, en broma, le ha recordado a mi guía que tiene que votar por el Partido Patriota, el que dirige el ex general Otto Pérez Molina, el candidato que promete mano dura contra la delincuencia.

Dentro de su oficina -un cuarto que también es bodega-, ubicada cerca de los embutidos y de los canastos de camarones salados, Olga toma gatorade y termina una galleta picnic. En la pared hay fotos de las representantes del comité del mercado. La mayoría son mujeres. En una de las fotos aparece Olga ocho meses más joven. Parece que ha adelgazado en este tiempo. Olga Alicia Argueta es pequeña, tiene cintura de avispa y unos pechos que parecen querer saltar de la blusa. A sus sesenta y tantos años viste juvenil, con una licra color negro, botas y una camisa escotada que deja ver los tirantes de su sostén. La camisa tiene estampada la imagen de la cantante Avril Lavigne. Sobre la frente le cae un esculpido flequillo y lleva los labios pintados de rojo. En el cuello carga una cadena gruesa y dorada. En los dedos, anillos del mismo color. En la cintura, orgulloso, un delantal rojo con cuadros rosados. Desde su última separación, Olga nada tres veces por semana en un hotel de la capital. Dice que así es más feliz. Cuando tiene ganas de comer fuera, se va con sus hijas a cenar. Cuando quiere ir al gimnasio, se va al gimnasio. “Uno tiene que darse sus gustitos”, dice. Hace un mes la operaron de una hernia. La gente bromea con ella y le dice que se fue a hacer la liposucción. “¡Puede creer!”, me dice, risueña, y se acaricia la cintura. La mujer más poderosa de La Terminal coquetea.

Olga vende carne desde hace 42 años en el edificio principal del mercado. El negocio lo aprendió de su primer marido.“Era un cabrón”, dice. Ahora son sus hijas las que hacen filetes y, a unos metros de donde hablamos, cortan las orejas y los cachetes a una cabeza de res. Olga se metió al comité en 2000, harta de tanto asalto. Empezó como secretaria pero fue escalando hasta presidirlo. En esas lleva cuatro años. La clave, dice, es solucionar los problemas a todos por igual, sin favoritos. A su oficina llegan vendedores tanto a pedirle ayuda para medir bien la distancia entre puestos como a denunciar extorsiones de pandilleros del Barrio 18. “Los mareros, si entran, salen muertos”, dice. Antes de entrar a la oficina, un sujeto joven, fornido y armado se ha despedido de Olga y se ha perdido en los pasillos del mercado.

En 2008 la Policía y los fiscales allanaron la venta de carne de Olga y su casa. Le decomisaron dos celulares y nunca le dijeron qué buscaban. Tampoco la capturaron. “Yo les reclamé por qué en lugar de andar cazando delincuentes persiguen a gente trabajadora”. Olga dice esto último de pie. Le gusta dramatizar aquellos pasajes de su vida de los que cree que ha salido airosa. Un año después de aquello fue llamada a juicio porque un ángel justiciero la acusaba de ser la jefa de la banda. “La jefa, ¡imagínese!”, dice, risueña.

Antes de ir al juicio, Olga se inyectó una neurobión. Estaba molesta y estresada. Quería calmarse. Cuando le preguntaron si conocía al imputado, contestó: “Podría ser que lo conozca de vista, pero tratarlo jamás. ¿Cómo voy a tratar 20 mil vendedores?” Relata el interrogatorio de pie. Cuando hace las veces del fiscal se para a la izquierda. Cuando hace de Olga, la acusada, se para a la derecha.

—¡Aquí dice que usted es la jefa de los ángeles justicieros!, dijo el fiscal.
—¡Por favor!, respondí. Yo solo dirijo a los de seguridad del parqueo y a la policía municipal. Soy la presidenta del comité, es cierto, pero estoy para orden y limpieza y no para estar viendo dónde hay angelitos.
—¿Cree que hay ángeles justicieros?, me preguntó el fiscal.
—Justicieros no sé, pero ángeles de la guarda sí, porque son los que me cuidan a mí, contesté. Si yo fuera la jefa de los ángeles justicieros el primero que hubiera muerto hubiera sido mi marido, por haberme pasado a tantas mujeres. Pero vayan a verlo, ahí está vivito y coleando. También las mujeres que andan con él. No soy asesina ni jefe de nada ni de nadie.
—¿Por qué los periódicos hablan de que hay ángeles justicieros?
—¡Por favor! Todos conocemos cómo trabajan los periódicos. Solo quieren vender noticias. Y gracias a esa noticia la terminal ha agarrado fama y ya no entran criminales. Entonces, gracias a los periódicos por esa fama.

Olga se sienta en la silla plástica. La escena ha terminado. Está risueña. Dice que los fiscales quedaron rojos de la cólera. Le comento lo que me han dicho en la Policía: que los 18 asesinatos registrados en lo que va de año en esta zona tienen relación con los ángeles justicieros.

—¿Pero dónde están? No hay nada. Es que mire, aquí la misma gente actúa. Los mismos vendedores toman la iniciativa. La vez pasada entraron unos ladrones a la tomatera y los dejaron colgados, ahorcados en un camión.
—¿Por qué la gente hace justicia con sus propias manos?
—Porque el gobierno no puede dar seguridad aunque quiera. No puede. Así de sencillo. Entonces, hasta en la Biblia dice: si en un canasto de manzanas hay una podrida hay que tirarla porque arruinará las demás. Si dejamos que estén, van a seguir molestando. Se les dan oportunidades pero si no las quieren, pues no las quieren. Y aquí saben que si alguien entra a robar sí sale, pero sale para la morgue.

En el juicio, Olga fue declarada inocente. Desde diciembre de 2008 han capturado a más ángeles justicieros, pero el nombre de Olga ya no ha salido a relucir.

—¿No existen los ángeles justicieros? –pregunto a Olga.
—Aquí la única angelita soy yo –responde, y con una mirada pícara se lleva las manos a la cintura.

***

La distancia entre el corazón de Ciudad de Guatemala y el cuartel general de la Policía se camina en cinco minutos. El castillo policial está ubicado cerca del Congreso, del Ministerio de Economía y del de Gobernación. Por la zona se pasean burócratas con saco y corbata que almuerzan una torta callejera de longaniza tostada a las brasas y abarrotan, por las tardes, las tres cafeterías estilo gourmet que hay antes de subir a la Sexta Avenida, el corredor comercial y turístico más concurrido de la ciudad. Desde aquí se controlan las acciones policiales de todo el país.

En el primer piso del castillo tiene su oficina Donald González, un periodista que ha trabajado en varios medios de Guatemala y que ahora habla en nombre de la Policía. Toda la información oficial de la PNC sale de la boca del vocero González, un cuarentón pulcro, locuaz, que se confiesa de derechas. Lo dice y me enseña, como prueba, un llavero con la cruz y las siglas del partido Arena, de El Salvador, que gobernó el vecino país los últimos 20 años.

González fue el primero en advertirme sobre los peligros de La Terminal, pese a no tener detalles sobre lo que yo quería saber acerca de los linchamientos.

—¿Querés ir solo? Estás loco —me dijo cuando le conté mis intenciones.

En cuanto a los linchamientos, la respuesta del vocero policial es sencilla: la gente se cansa y se toma la justicia en las manos. Y luego añade, concluyente:

—Es que las comunidades indígenas son violentas. Pero eso no vayas a decir que yo lo dije.

A la oficina de González entran y salen periodistas sin anuncio. “Mirá, vos, el colega quiere saber de los linchamientos. ¿En cuántos has estado vos?”, pregunta a un reportero de Nuestro Diario, que recién ingresó al cuarto. “Son jodidos, vos, cubrir eso es jodido”, responde el otro, y comparte una anécdota. Al cabo de un rato, González llama a un agente del cuerpo antimotines que cruza por el pasillo. “Mirá, vos, contale cómo es cuando se agarran con las comunidades. Contale cómo es de fiera esa gente”. El agente también tiene un rosario de historias de batallas plagadas de turbas, ladronzuelos, sangre y armas. Las comparte con una mezcla de desgano y orgullo, como un viejo militar que desvela la verdad detrás de cada una de sus medallas. Y se va.

Cuando ya hemos entablado confianza, González parece listo para mostrar su propia medalla y me enseña “una foto histórica”, según dice. La abrió en el escritorio de su computadora. Es la foto de un linchamiento.

El 28 de abril del 2000, un día antes de que Tetsuo Yamahiro fuera asesinado por los vecinos de Todos Santos, en la capital el fotoperiodista Roberto Martínez fue abatido por un vigilante privado en un suceso todavía confuso. Ese día, manifestantes protestaban por el alza en el precio del transporte público muy cerca del Ministerio de Gobernación, a unas cuadras de donde estamos ahora. El fotoperiodista, del diario Prensa Libre, retrataba a los manifestantes que huían de los gases lacrimógenos. Mientras caminaba, escuchó varios disparos provenientes de uno de los edificios de la zona. Martínez intentó cubrirse pero cayó abatido con perdigones de escopeta. También fueron abatidos otros dos camarógrafos: uno de Notisiete y otro del periódico Siglo 21. Algunos vigilantes habían confundido a los periodistas con manifestantes y habían abierto fuego. Cuando la Policía capturó a los autores de los disparos, un grupo de hombres furiosos salió al encuentro de uno de los homicidas, lo comenzó a golpear y casi se lo arrebató a los agentes que lo custodiaban. Entre el grupo principal había también una mujer. Estaban fuera de sí. Todos iban vestidos con ropa informal y algunos cargaban grabadoras y micrófonos en sus manos. Eran periodistas, amigos y colegas de Martínez.

La foto que Donald González me presenta como histórica captura el momento en que se abalanzan sobre el vigilante, entre los intentos de los policías por contenerlos. Uno de los periodistas levanta un radio comunicador con la intención de estrellarlo en la espalda del capturado. Atrás, otro grita furioso y trata de llegar hasta el vigilante, sometido y agazapado, casi en el suelo. Delante de todos ellos, otro reportero se abalanza literalmente sobre el detenido. Lleva barba y parece que grita mientras su mano derecha intenta sujetar al vigilante que mató a su colega.

En un extremo de la foto, con rostro sorprendido pero parte de la turba, aparece González, el dueño de este despacho, el vocero de la Policía de Guatemala. El que lanza el radio comunicador sobre el vigilante es Luis Echeverría, hoy fotógrafo de la Presidencia de la República. El que grita desde atrás, al lado de una reportera, es Ronaldo Robles, hoy secretario de Comunicaciones de la Presidencia. “Casi lo linchamos”, dice González, y sonríe. Antes de que guarde de nuevo la foto le echo un último vistazo: el periodista de barba, el que está más cerca del vigilante, el que parece que grita e intenta sujetar al hombre agazapado es Carlos Menocal, hoy Ministro de Gobernación, el hombre que desde hace más de un año es el encargado de la seguridad pública en toda Guatemala.

Park City, Estados Unidos. Enero de 2011

Empezaré por el final. A la puerta de una casa de madera en la noche del Deer Valley, en el estado norteamericano de Utah, hay dos tipos fumando unos Marlboro. La llanura a sus pies está cubierta por un manto de nieve y las estrellas y la luna proyectan su luz helada sobre el sitio de montañas altísimas. El flaco y bajo que hace preguntas y ofrece sus cigarrillos comprados en el dutyfree del aeropuerto de Barcelona soy yo. El otro, más corpulento, más silencioso y con el pelo rapado, se llama Fredy Peccerelli y su trabajo es desenterrar esqueletos. Huesos de muertos torturados, asesinados y desaparecidos.

Fredy es el jefe de los antropólogos forenses de Guatemala y uno de los protagonistas de Granito, un documental sobre el genocidio maya que se ha estrenado por la mañana en el festival de cine de Sundance y en el que he trabajado como asistente de montaje durante nueves meses. En el Temple Theatre, el público se ha puesto en pie para aplaudir a Pamela Yates, Peter Kinoy y Paco de Onís, el triunvirato creador, y el resto del equipo en las butacas ha sucumbido a una sobredosis de adrenalina. Ahora toca celebrarlo, pero antes le confieso a Fredy, en este momento de intimidad, ese síndrome tan extraño que se da en la sala de montaje: el de sentirse un espía que conoce al detalle a los protagonistas sin que éstos lo sepan, que convive con su voz y sus gestos, con sus vidas desplegadas en una pista de vídeo y dos de audio en un cuarto oscuro de Nueva York. Fredy asiente y sonríe y le da otra calada al cigarrillo.

Le pregunto por Clyde Snow, el antropólogo forense norteamericano, el gran pionero que ayudó a formar los equipos nacionales de Argentina y Guatemala. “Clyde es una persona fascinante. Se podría hacer una película sobre él, no un documental, sino una película, una trilogía como la de Bourne”. Fredy me cuenta que ha estado una docena de veces con Clyde Snow y que cada una es como un regalo. “Recuerdo una noche en Antigua con él y el escritor Michael Ondaatje viendo los Oscar en un bar cuando El paciente inglés –la película inspirada en la novela de Ondaatje- se llevó casi todos los premios. Clyde nos había reunido porque Ondaatje se había refugiado en Antigua para escribir un libro sobre antropólogos forenses [El fantasma de Anil]. De hecho, creo que uno de los personajes está inspirado en mí”.

Fredy me deja solo afuera en el frío, pensando, tocando las fascinantes estalactitas de hielo que cuelgan del porche, mientras los habitantes de Casa Granito se preparan para darle un repaso a la noche de Main Street, la calle principal de Park City, un pueblito lleno de esquiadores donde a Robert Redford se le ocurrió inaugurar el festival de Sundance en 1984. ¿Y qué es lo que pienso afuera? Le doy vueltas a cómo he llegado yo aquí.

Albarracín, España. Octubre de 2005

Creo que todo empezó en Albarracín, en el seminario de fotoperiodismo organizado por el fotógrafo Gervasio Sánchez. Hice el viaje solo desde Barcelona con la furgoneta Volkswagen de mis padres y de camino paré en Belchite. Guillermo del Toro estaba filmando El laberinto del fauno y el lugar tenía un aspecto más irreal -con los camiones y los figurantes marchando por entre las ruinas- de lo que ya de por sí es un pueblo arrasado por las bombas hace setenta años.

En Albarracín, planté mi casa con ruedas en el camping y me fui a dormir con Homenaje a Cataluña de George Orwell y los mapas de la Batalla del Ebro, donde mi abuelo me dijo una vez que luchó, aunque a mí nunca me cuadraran las fechas. Durante aquellos días descubrí a la generación impresionante de jóvenes fotógrafos que se venía encima -todavía hoy clandestina, como es ley en España- y conocí a Luis de Vega, por entonces corresponsal del ABC en Marruecos, y a Miquel Dewever-Plana, un fotógrafo franco-español que había pasado mucho tiempo en Guatemala y que tiene un libro maravilloso y terrible llamado La verdad bajo tierra.

No podía saberlo, pero Miquel y Luis iban a ser muy importantes para mí. Una tarde de primavera del año siguiente, Luis de Vega nos abrió de par en par las puertas de su casa en Rabat a Ángela y a mí y nos ayudó a encontrar a familiares de islamistas encarcelados en Marruecos para un reportaje que queríamos hacer. En enero de 2007, Miquel respondió a un e-mail que le envié desde San José de Costa Rica, donde yo estaba haciendo unas prácticas en el diario La Nación, y nos dio los contactos necesarios para irnos a Guatemala a hacer otro trabajo sobre el genocidio contra la población maya. Aunque ya había hecho algunos reportajes antes, tengo la sensación de que ellos me dieron la alternativa.

Panajachel, Guatemala. Febrero de 2007

La siguiente escena sucede en Panajachel, a orillas del lago Atitlán, Guatemala. Ángela y yo estamos en un locutorio, repartiéndonos las llamadas a los contactos que Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la organización de desaparecidos más importante de Guatemala, nos había dado de algunos supervivientes en el triángulo Ixil. En el área montañosa delimitada por los municipios de San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, el ejército guatemalteco practicó con más saña su política de tierra arrasada. Por la noche, Ángela regateó durante una media hora el alquiler de una furgoneta y un conductor que supiera llegar hasta allí. Lo único que recuerdo del precio es que pagamos más dinero del que teníamos.

De madrugada, bordeando el Atitlán en una Nissan Vanette conducida por nuestro avaricioso guía, pusimos rumbo hacia las montañas del Quiché. Este es el párrafo de contexto sobre el conflicto que escribí en el reportaje publicado el 1 de abril de 2007 en el dominical Proa del diario costarricense La Nación:

“Tras casi dos décadas de guerra civil entre el Estado guatemalteco y las guerrillas, agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), llegó lo peor. Con la intención de eliminar el apoyo popular que los insurgentes recibían en las zonas más pobres del país, los sucesivos dictadores Kjell Laugerud (1974-1978), Romeo Lucas García (1978- 1982), fallecido el año pasado en Venezuela; Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Humberto Mejía Víctores (1983-1986) decidieron “barrer el mapa” desde la capital hasta la frontera norte con México. Solo en los dos años de poder de Ríos Montt, el más esmerado en esta política de “tierras arrasadas”, el resultado fue brutal: 448 aldeas fueron borradas de la faz de la tierra dejando decenas de miles de asesinados y desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas.

Las casas, los animales de granja y los cultivos fueron destruidos, los sobrevivientes huyeron a zonas selváticas y muchos murieron en el éxodo interno. Las víctimas fueron, principalmente, los indígenas mayas, más del 40% del total de guatemaltecos en la actualidad.

La política del ejército era clara: había que “matar a los indios”, como dijo en su día un portavoz de Ríos Montt. Los intereses terratenientes en las áreas donde vivían también estuvieron detrás del genocidio, para el que el ejército se sirvió de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos paramilitares formados por ciudadanos corrientes”.

Pasado Huehuetenango -recuerdo un bonito arco de piedra cerca del mercado- y después de un buen rato entre la niebla, llegamos al pueblo de Chupol. Allí entrevistamos a Diego Ventura, un hombre de unos 45 años, con una gorra del Chelsea, que fue torturado durante quince días por negarse a matar a nadie en sus rondas obligadas con las PAC. En Uspantán, la región que vio nacer a la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, conocimos a Dionisio Camajá, uno de los primeros en sacudir el tema de las matanzas y la impunidad, permanente amenazado de muerte y en guardia.

Estábamos acercándonos al triángulo Ixil y los testimonios y hasta el paisaje mismo parecían crecer y envolvernos hasta reclamar toda nuestra atención y energía. Llegamos a Nebaj para pasar la noche, con su preciosa iglesia encalada y una tranquilidad maldita que sólo se encuentra en los lugares donde han pasado cosas innombrables. Bebimos cerveza en un hostal para mochileros con anuncios de excursiones a caballo y descensos en kayak por el río. A la mañana siguiente teníamos una entrevista con un grupo de supervivientes en Cotzal.

Así es como arranqué el reportaje de Proa:

“En algún punto, dentro de la niebla que se va tragando la sierra de los Cuchumatanes, en el departamento guatemalteco del Quiché, tres mujeres y un hombre esperan para contar su historia una vez más.

Sin su memoria, la de los que se quedaron acá, del lado de los vivos, sería imposible saber qué les sucedió a sus vecinos, amigos y familiares: los muertos del genocidio más grande que haya visto el continente americano en su historia reciente.

Tras un tímido intercambio de saludos, una pequeña sala al lado de la carretera, con apenas una mesa y cinco sillas sobre el piso de concreto, sirve de escenario para invocar el abismo que guardan en su recuerdo.

‘Tenía 11 años cuando se murió mi papá. Decían que era guerrillero, lo agarraron, le regaron encima un galón de gasolina y le metieron fuego. ¡Cómo brincaba del puro dolor!’, cuenta Antonieta López, de 27 años.

‘Es dura la vida de ser víctima. Siete años estuvimos en la montaña, sin ropa, sin nada. Igual que un animalito escondido, así estábamos nosotros’, añade esta joven que es la tesorera de la asociación de mujeres en el barrio Los Ángeles, del municipio de San Juan Cotzal”.

Ahora, pasados cuatro años, sé que todo lo que escribí es cierto, pero que la verdad, de alguna forma, se quedó allí. Habría que apropiarse de la luz de la sala, del polvo en el suelo, de los silencios y las miradas y hasta de las montañas por donde un día se escaparon del ejército para acariciar la verdad de su historia. En aquel cuarto también estaban Feliciana de la Cruz, Juana Sánchez y Tomás Tomacruz, sentados en sillas de plástico, también con sus miradas y sus silencios y todo lo demás que es imposible expresar aunque escriba “tortura” o “tiro en la cabeza”.

En Ciudad de Guatemala visitamos a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo y casado con la congresista y fundadora del grupo Nineth Montenegro. Al primer marido de Nineth, Fernando García, lo detuvo la policía guatemalteca el 18 de febrero de 1984. Luego lo desapareció (como a otras 45.000 personas) y aunque hay documentos sobre su caso en el Archivo General de la Policía Nacional –encontrado por casualidad en 2005 en un almacén abandonado de la capital-, nada se sabe todavía de su paradero. El día del estreno de Granito, Alejandra García, la única hija de Nineth y Fernando y también protagonista del documental, estaba en la cocina de nuestra casa en Park City. Había llegado la noche anterior desde Guatemala y era la primera vez que la veía en persona. Me ahorré la explicación del síndrome del montador. Pensé en lo que Mario Polanco me dijo aquel día de 2007: “Es como una encuesta. Te sientan en una camilla y el torturador es el encuestador y te pregunta. Solo que el encuestado nunca jamás regresa”.

En otra de las entrevistas en Ciudad de Guatemala conocimos a Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). No creo en las casualidades, pero en la mesa de montaje de Skylight Pictures en Nueva York me reencontré con ella. Feliciana fue una de las testigos de la querella por genocidio que Rigoberta Menchú presentó en 1999 en la Audiencia Nacional española y aparece en el documental en la parte en la que se cuenta ese proceso.

La visita más impresionante fue a la sede de la Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala (FAFG), un chalé en la zona 3 de la capital. No conocimos a Fredy (¿quién me iba a decir que lo concería algún día?) y la entrevista fue con José Suasnavar, subdirector de la organización. En la pantalla de Nueva York vería muchas veces los laboratorios, la máquina de ADN, los esqueletos tendidos y ensamblados como piezas de un puzzle, pero en aquella mañana en Ciudad de Guatemala lo que se me quedó grabado fueron las cajas de cartón en los pasillos, los osarios en el jardín listos para guardar los huesos de alguien que, por fin, abandonaría el limbo de los desaparecidos.

Nueva York, Estados Unidos. Abril, 2010

Llovía. En el cruce de la calle 42 con la Novena Avenida, lo único que queda del Hell’s Kitchen de las películas es la suciedad, los borrachos a las puertas de la estación de autobuses y el desamparo. Fumé un cigarrillo para hacer tiempo, resguardado bajo el toldo de un pizzería de porciones a un dólar y luego subí al piso 24 del rascacielos. Peter Kinoy, el montador de Granito, me estaba esperando en la oficina de Skylight Pictures. Un profesor de la universidad me había puesto en contacto con él y Peter, con un gesto que sería familiar muy pronto, me recibió con la cabeza ladeada y una sonrisa de sabio. Me senté en un sofá detrás de su mesa de montaje y durante unos minutos hablamos sobre mi vida en Nueva York, los estudios, mis conocimientos de montaje. Le hablé de mis días en Guatemala, de las entrevistas con los supervivientes y la visita a los antropólogos forenses. Peter respondía con más sonrisas o con un “muy bien” o un “excelente”. Me explicó el proyecto, el momento de la producción en el que estaban y lo que quedaba por delante. Le dije que me encantaría trabajar con él y se quedó pensando un segundo. “¿Puedes estar aquí mañana a las 10?”.

Al día siguiente conocí a Pamela Yates, la directora de Granito. Pamela había estado en Guatemala en 1982, siendo apenas una veinteañera, para filmar Cuando las montañas tiemblan, un documental sobre la guerra entre ejército y guerrillas y el genocidio encubierto contra la población maya. En el 2005, la abogada española Almudena Bernabéu, representante de las víctimas en el caso por genocidio en la Audiencia Nacional, contactó con Pamela después de ver Cuando las montañas tiemblan para saber si en el material descartado en el montaje de hacía más de veinte años pudiera haber pruebas útiles para el caso. Las había, entre ellas, Ríos Montt reconociendo en una entrevista su control absoluto sobre el ejército. En ese momento nació Granito, un viaje al pasado del primer documental, de su importancia en el presente y de los valientes, cada uno aportando su granito de arena, que siguen luchando por acabar con la impunidad en Guatemala. Pamela fue llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz, pero esa historia está mejor explicada en Granito.

En mis primeros días de trabajo con Peter me tocó transcribir entrevistas. A veces pasaba cuatro horas seguidas tecleando lo que oía en la pantalla, como hipnotizado. Él lo necesitaba para hacer una primera edición del material y para mí era la mejor manera de conocer todo lo que habían filmado en Guatemala y Madrid en los tres años anteriores. De vez en cuando paraba y me quedaba embobado con la vista desde la ventana de nuestro piso 24. A la izquierda el Empire State y el edificio del New York Times, a la derecha el Hudson con Nueva Jersey al fondo, en medio, la muralla de rascacielos del Midtown y, sólo intuida, la lengua de asfalto y cristal y más edificios del Lower Manhattan donde una vez estuvieron las Gemelas.

A las seis de la tarde, cuando me metía en el metro para volver a casa, todas las palabras viajaban conmigo. Las declaraciones de los testigos en Madrid, los detalles de las matanzas, los gestos. No fue fácil, pero acabé acostumbrándome. Un difuso sentido de la responsabilidad me hacía encarar el trabajo de notario del horror con ánimo.

cabo de un tiempo conocí a Paco de Onís, el tercer pilar de la productora, más encargado de la parte de financiación, excelente cocinero y siempre simpático con su español influido por mil lugares. Una mañana en la que acompañé a Pamela a hacer unos recados, me contó que el abuelo de Paco, Federico de Onís, fue el fundador del departamento de español de la universidad de Columbia y la persona que invitó a Federico García Lorca a venir Nueva York. El tatarabuelo, por su parte, había firmado en 1819 el acuerdo de venta de La Florida a Estados Unidos, conocido como Tratado Adams-Onís.

Peter se convirtió en todo un maestro y un amigo (me llevó de vacaciones en verano con su familia) y yo me gané cierta fama a la hora de sincronizar el sonido y la imagen de los descartes de Cuando las montañas tiemblan. La oficina estaba inundada de cajas y cajas de cintas de audio y sobre mi mesa un reproductor Nagra de cuatro kilos de peso, toda una reliquia que me sirvió para encontrar verdaderas joyas que se colaron en el montaje final de Granito.

En noviembre, cuando sólo faltaba un mes para acabar el documental, Peter me llamó para decirme que lo habían seleccionado en Sundance. Le dije que no faltaría por nada del mundo.

Park City, Estados Unidos. Enero, 2011

Son las 11 de la mañana y estoy en un cine a oscuras en Park City. El logotipo de Skylight Pictures ilumina la pantalla y una banda sonora de piano se avanza a las primeras imágenes de Granito.

Pamela acciona un viejo proyector de cine y su voz dice “A veces, una historia contada hace mucho tiempo, vuelve de nuevo al presente”. En la fila de delante están sentados Fredy y Alejandra, a mi lado Peter y su mujer Mary. No puedo evitar la tentación de espiar las reacciones de Fredy y Alejandra durante la película. Para los que sabemos quienes son, su presencia carga la sala de una energía extraña.

Se acaba el documental, la pantalla se funde a negro y el público se pone de pie para aplaudir. Algunos se secan las lágrimas. Alejandra y Fredy acompañan a Peter, Pamela y Paco en la sesión de preguntas. Yo salgo afuera a vender copias de Cuando las montañas tiemblan, “la precuela de Granito”, como se anuncia en la tapa. Por la noche, antes de irnos a celebrarlo por Main Street, antes de que le cuente a Alejandra que conocí a Mario Polanco en Guatemala, le preguntaré a Fredy si quiere un cigarrillo y saldremos a fumar al porche y entonces le diré que, antes de conocerle, ya le conocía.