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Los bandos en guerra de Colombia firmaron un acuerdo para dar fin a la más grande guerra civil del hemisferio occidental, la cual se ha prolongado durante más de medio siglo. El saldo oficial de víctimas a la fecha es de 218,000 muertos y 45,000 desparecidos; pero hay cálculos de muchísimos más. Un número incalculable de gente ha sido herida, torturada y encarcelada, y cerca de siete millones han sido desplazados al interior (la cifra más alta alcanzada por un país en el mundo). El pacto se cerró en La Habana, Cuba, tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC. El 2 de octubre, Colombia llevará a cabo un plebiscito para ratificar el acuerdo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que no pase. Tal como el mundo ha aprendido en los últimos tiempos, los referendos pueden ser propuestas riesgosas.

Desde el principio de las negociaciones con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe ha atacado el esfuerzo pacificador del presidente Santos, su antiguo ministro de Defensa. Últimamente ha intensificado su campaña en contra del plan de paz acordada, alegando que favorece y hasta recompensa a los “terroristas” de la FARC por sus crímenes porque no impone castigos punitivos, sino un plan de justicia transicional en el que los responsables de crímenes de guerra pagarán por sus pecados con labores de rehabilitación; otro punto que enardece a Uribe y sus seguidores es la posibilidad de que exguerrilleros participen en política en el futuro. Para coincidir con el plebiscito convocado por el gobierno (a favor del Sí), Uribe montó una contracampaña (a favor del No), bajo la consigna “la paz sí, pero no así”.

El conflicto en Colombia se remonta a 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un candidato presidencial de tendencia popular que comenzó la guerra civil conocida como La Violencia; los liberales de Gaitán y sus rivales conservadores se vieron envueltos en una viciada sangría que duró una década y dejó más de 300,000 muertos. Mientras tanto, los marxistas conformaban comunidades armadas de autodefensa campesina. A principios de los sesenta, el gobierno, temeroso de la expansión de una insurgencia comunista al estilo cubano, envió a su ejército a atacarlos, dando como resultado la proliferación de guerrillas armadas. Con el paso de los años, algunas guerrillas han renunciado a la lucha en diferentes acuerdos de paz, pero las FARC y el Ejército de Liberación Nacional o eln, de menor presencia, inspirado y respaldado originalmente por Cuba, han permanecido en el campo de batalla, con alrededor de siete mil y dos mil combatientes, respectivamente. (Además, las FARC también han calculado más de diez mil miembros en su milicia.) Éstos se han expandido por todo Colombia, pero principalmente se encuentran en áreas rurales donde sobreviven del cobro de impuestos a comerciantes y a quienes cultivan coca; en los últimos años también se han visto envueltos directamente en el negocio de producción y tráfico de cocaína. Asimismo ambos grupos se han financiado a través del secuestro con recompensa y extorsión; durante años, compañías mineras y petroleras han pagado a las guerrillas para evitar el sabotaje de sus pipas. Las FARC finalmente accedieron a sentarse en la mesa de negociación después de varios golpes a sus principales líderes, el más reciente en 2011, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos, entonces en su primer periodo, lanzó una operación militar en la que fue asesinado Antonio Cano, jefe máximo de las FARC.

En mis visitas a Colombia y Cuba en años recientes, me he reunido con Santos y miembros de ambos bandos de la negociación. Dado que la guerra civil continuaba su curso —con frecuentes ataques de las guerrillas a las patrullas armadas y ataques aéreos y terrestres a gran escala por parte de las fuerzas armadas colombianas— me impresionó el respeto que las partes se mostraron, y cómo parecían igualmente comprometidos en la causa por la paz.

He estado en muchas conflictos y he pasado mucho tiempo con hombres cuyas vidas se han entregado a la misión de matar a sus enemigos y, de ser necesario, de morir en la hazaña. La guerra tiene su propia lógica, y este síndrome de muerte voluntario es parte de él, y hasta que algo ocurre para desvirtuarlo, la paz ni entra en consideración en las mentes de los combatientes. Lo que pasaba con los colombianos era algo muy distinto y, para mí, refrescantemente nuevo: no importaba si estaba en el Palacio de Nariño o en un restaurante en La Habana, siempre había una sola conversación: seria, profunda, y a veces claustrofóbica —tanto con curtidos guerrilleros como con hombres del mero establecimiento colombiano— y era cómo lograr la paz. Por eso, por su singular intensidad, nunca dudé que lo lograrían.

El pasado septiembre en La Habana, pasé la tarde con el sucesor de Cano, conocido como Timochenko, con su segundo al mando, llamado Pastor Alape, y el vocero de la fuerza insurgente, Iván Márquez (quien firmó el acuerdo final por las FARC), en una cena donde celebraban con cerdo asado en el jardín de uno de sus amigos cubanos. Los guerrilleros se ufanaban de una ceremonia que había tenido lugar el día anterior: en presencia del presidente Raúl Castro, Timochenko y Santos se habían estrechado las manos y jurado firmar un acuerdo de paz en seis meses. El momento relucía con insignias de voluntad de paz: los tres hombres llevaban guayaberas blancas y su reunión inclusive había recibido la bendición pública del papa Francisco mientras terminaba una gira en la isla. (El plan de los seis meses resultó ser demasiado optimista; la fecha acordada del 31 de marzo iba y venía entre negociaciones postergadas por las garantías de seguridad para las guerrillas.)

Durante nuestra cena, Timochenko, un hombre bajo, corpulento y con barba de 57 años, reconoció que el día previo, antes de encontrarse con Santos, sintió algo así como pánico escénico, pero que pasó tan pronto llegó el momento. Mencionó su emoción al ver a Castro por vez primera, y contó cómo el líder cubano lo presionó para que estrechara la mano del presidente colombiano. Para Timochenko y sus amigos que han pasado la mayor parte de las últimas cuatro décadas en la jungla, la paz era un extraordinaria perspectiva a contemplar. Son, de alguna manera, verdaderos Rip van Winkles, que regresarían a ciudades y pueblos donde no habían podido mostrarse abiertamente desde su juventud. Cuando le pregunté a Pastor Alape, larguirucho y con gafas —y, como Timochenko, de 57 años de edad—, qué película pasaban en 1979 cuando se unió a las FARC e iba a la preparatoria, contestó con una sonrisa de oreja a oreja, Fiebre del sábado por la noche.

El verdadero nombre de Timochenko es Rodrigo Londoño Echeverri, y el de Pastor Alape, Félix Antonio Muñoz Lascarro. Márquez, el mayor de ellos, de 61 años, es Luciano Marín Arango. La cabeza de los tres tiene un precio para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recompensas por información para su captura que oscilan entre dos millones y medio hasta cinco millones de dólares; se les acusa de una variedad de crímenes que van desde del tráfico de cocaína coordinado por las guerrillas hasta las ejecuciones de aquellos campesinos de coca que se atrevían a vender productos a los rivales paramilitares de las FARC.

Los líderes de la guerrilla niegan haber estado directamente involucrados en el negocio de la cocaína, insisten en que los narcotraficantes colombianos son sus peores enemigos y se dicen del lado político correcto. Pero no es tan simple como esto. Como Pastor Alape explicó a mi amigo Patricio Fernández del periódico chileno The Clinic: “En un principio, las FARC tenían una política represiva contra los campesinos que sembraban mariguana o coca. Incluso desarraigaban sus plantíos. Pero esto nos acarreó muchos problemas. Después de una larga evaluación concluimos que no debíamos hacerlo pues provenía de un problema social. Así que en su lugar simplemente les pedíamos que colaboraran con una parte de su producción, una suerte de política de impuestos. Eso fue lo que hicimos. En otras palabras, cualquier capital que circulara en nuestro territorio tenía que pagarnos algo”. A medida que la guerra mengua, es más fácil para las guerrillas reconocer que dichas políticas fueron contraproducentes. El mes pasado, al visitar con otros reporteros un campamento en la jungla al sur de Colombia, un alto jefe de las FARC, Mauricio Jaramillo, aceptó que la política de tributación en las drogas había causado “un enorme daño” a los rebeldes.

Ahora los negociadores de las FARC han firmado un acuerdo en el que reconocen tácitamente su parte en el tráfico de drogas al aceptar cortar todo vínculo en el mismo. En cuanto en qué medida dicho acuerdo puede incidir en el problema de las drogas en Colombia, Santos me comentó en abril que, incluso si las FARC saliera del negocio, no se sentía muy optimista al respecto: “Con frecuencia me considero como alguien en una bicicleta fija”, me dijo. “A pesar de todo lo que hacemos por combatir el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer exportador mundial de cocaína.” Entonces comenzó a decir que la única manera de empezar a solucionar el problema global de la droga era despenalizarla pero, para ello, admitió, falta un largo trecho.

Santos también habló esperanzado del inminente acuerdo para la paz, pero agregó que “también hay quienes han hecho de la lucha contra las FARC una bandera, un estilo de vida, y buscan una nueva dialéctica en la cual sostenerse”. Esto parecía aludir a su predecesor Álvaro Uribe, un derechista cuyo padre murió en un fallido intento de secuestro por las FARC. Uribe ha hecho campaña contra la iniciativa de paz desde sus inicios. Con el eslogan “Paz sí, pero no así”, lanzó una instancia contra el movimiento por la paz, argumentando que el acuerdo ofrecido a las FARC “recompensaría a los terroristas” al permitirles postularse para un puesto público. De hecho, las FARC accedieron a un sistema de “justicia transicional” en el que el énfasis estaría en la confesión pública, la reconciliación y el servicio comunitario, pero aquellos que no confesaran sus actos o fueran culpables de crímenes de guerra serios estarían sujetos a penalización, incluyendo la cárcel. Sólo aquellos guerrilleros que pasen por este proceso podrán postularse para un cargo público.

Incluso si la mayoría de los colombianos vota a favor del acuerdo por la paz de Santos, otros actores violentos pueden continuar operando en las impunes trincheras colombianas. Colombia está en una tentativa de diálogo con el eln y se espera establecer rondas formales en Ecuador, pero las conversaciones iniciales han sido, según se sabe, más tensas que con las FARC. Los líderes del eln parecen más radicales ideológicamente y más recalcitrantes. También existe la sospecha de que pueden estar buscando ocupar el territorio al que las FARC ha renunciado o de donde se ha desplazado, especialmente en áreas donde los grupos han entrado en conflicto por el territorio previamente.

La derecha paramilitar colombiana también sigue siendo sumamente problemática. En principio postulados por acaudalados terratenientes, narcotraficantes y hacendados, con frecuencia bajo la protección secreta del Estado, estas bandas armadas hasta los dientes masacraron a civiles de quienes sospechaban colaborar con la guerrilla en una campaña de terror que se extendió desde los noventa a la primera década del dos mil. Para el 2002, cuando Uribe fue electo presidente, las milicias se habían convertido en poderosas organizaciones criminales, fuertemente involucradas en el negocio de la cocaína tanto como en el de secuestro, extorsión y usurpación de tierras. Uribe ofreció amnistía a los combatientes paramilitares a cambio del desarme, y decenas de miles de ellos aceptaron su oferta. A la mayoría se le permitió regresar a la vida civil sin castigo alguno. Desde entonces, miles han regresado al campo de batalla, donde operan abiertamente como narcoparamilitares y narcotraficantes organizados dentro de las filas militares. (En años recientes, docenas de oficiales y miembros originales del Congreso del partido de Uribe han sido condenados por conspirar con los paramilitares. Uno de los hermanos de Uribe actualmente se encuentra sujeto a juicio acusado de haber constituido su propio escuadrón de la muerte paramilitar.)

En abril, cuando hablé con Santos, se expresó con desprecio del más grande y poderoso de estos grupos, una amalgama de pandillas y paramilitares veteranos que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual, me dijo, suma aproximadamente 2,500 hombres armados. Él dice que este grupo intentaba presentarse como fuerza insurgente con la esperanza de ser legitimado con sus propios acuerdos de paz y un eventual amnistía. Santos me comentó que no iba a conceder a los autollamados Gaitanistas la legitimidad que anhelaban; en cambio, planeaba “darles duro, bien duro”.

Mientras tanto, un diplomático, que conoce bien a Colombia y sus actores, compartió conmigo su preocupación sobre el gran número de colombianos que se oponen al acuerdo de paz. “Piensan, como Uribe, que concede demasiado a las FARC. El problema de esta visión es partir de la suposición de que si se cancela el acuerdo de paz, las farc pueden ser eliminadas militarmente, y creo que eso es una pésima lectura de la realidad.”

La gran lección de la historia de Colombia siempre ha sido que se necesita violencia para ganarse un lugar en la mesa. Se requerirá no sólo una paz duradera sino un ejercicio efectivo de la ley para cambiar tal patología en los años venideros.

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Son como nosotros

Publicado: 13 septiembre 2016 en Daniel Wizenberg
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Cuando ISIS decapitó a cinco hombres por comer durante el ayuno del Ramadán, María se estaba haciendo las manos. Cuando Rusia atacó a los terroristas con buques, estaba estudiando en la biblioteca. Cuando Francia bombardeó el norte del país, estaba viendo una ópera. Para María, que vive en Siria, la guerra civil, la guerra contra el terrorismo, la guerra de los terroristas, es eso que sucede mientras hace otros planes.

Es un viernes cualquiera de otoño y anochece en el barrio católico Bab-al Salam, uno de los más poblados por no musulmanes de Damasco. María busca unos jeans gastados, una remera turquesa ajustada y unos zapatos de taco alto. Se cambia y aprovecha el clima cálido para ir caminando diez calles, sola, hasta la casa de Haya. Va a juntarse con cuatro amigas, que también tienen 21 años, para salir.

Se conocieron en la Universidad de Damasco, donde estudian odontología, cuando la guerra ya había empezado. Se ven tres mañanas por semana y todas las noches se juntan en la casa de alguna o en bar. Todos los viernes van al night club “Back door” que para las 12 se llena. Hacen fila para entrar, pasan sus carteras por el detector de metales, las palpa un policía varón. A María la espera Alzohuir. La ley matrimonial siria prohíbe casarse con alguien de otro culto y si se comprueba que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, el hombre debe pagar una dote. La relación con Alzohuir está permitida: él también es católico. Si bien no son novios oficialmente, cuando un hombre se acerca a su chica él se interpone haciendo ademanes de guardaespalda. Hace pocas semanas, en el mismo boliche, el papá de María apareció por sorpresa y le pidió que tenga cuidado con su hija. Cuando llegó estaban juntos pero no se besaban; nadie se besa en los night clubs de Damasco.

Sólo se baila; hombres con hombres, mujeres con mujeres y, a veces, mujeres con hombres.

También se toma. La mayoría bebe “Arak”, un anís de 49º de grados de graduación. Quienes se animan son católicos, o islámicos que no respetan aquello que el Corán pone en palabras de Mahoma: “si una gran cantidad de cualquier cosa causara embriaguez, entonces una pequeña cantidad de ello estará prohibida” para no despertar la ira de Alá. María sirve dos dedos de Arak en un vaso de trago largo y echa agua hasta la mitad, la bebida transparente adquiere un tono blanco, con esas medidas dos vasos son suficientes para marearse. Se toma cuatro y danza sola al ritmo de “Bailando” de Enrique Iglesias. “Con-tigo-vi-vir-con-tigo-bai-lar-con-tigo-unanoche-loca-completamente-lo-ca”.

Busca a Alzohuir y juntos se acercan hacia sus amigas y otros compañeros de la universidad, arman una ronda y fuman entre todos el tabaco sabor manzana de una narguile grande. El sábado se descansa pero el domingo es día hábil.

El viernes anterior, por primera vez en mucho tiempo, casi nadie salió. Tres morteros cayeron en el barrio BabAlSalam donde vive María. Los morteros son cohetes de fabricación casera que se lanzan hacia arriba e impactan donde sea. Sobre la capital siria llueven todos los días; desde cualquier punto de la ciudad se escucha un sonido parecido al de los fuegos artificiales pero más seco. De noche, cuando el ruido del tránsito de desvanece, se percibe con mayor claridad.

Desde hace cinco años caen bombas todos los días. Para María esa ya no es una razón suficiente para no salir. En 2012, después de un año entero yéndose a dormir escuchando misiles adoptó ese criterio. Utiliza un termómetro para medir cuán complicada está la cosa allá afuera: la cara de su mamá. Las variables son los niveles de congoja y preocupación, si los nota elevados llama a sus amigas para avisar que se baja.

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La mañana siguiente a la fatídica noche del 13 de noviembre en la que siete atentados terroristas mataron a más de cien personas, e hirieron gravemente a más de 300 en la capital francesa, Bashar Al-Assad, el presidente de Siria, se reunió con un grupo de diputados franceses en su despacho. De impecable traje oscuro, con el bigote que usa desde hace años, expresó sus condolencias. Luego dijo:

—Lo que les pasó en París es lo que vivimos aquí en Siria desde hace cinco años.

El diputado “por los franceses en el exterior” Thierry Mariani, encabezó la delegación. Una periodista de la cadena de noticias francesa RTL le preguntó:

—¿Qué piensa de lo que dijo Assad?
—Que efectivamente la diferencia entre los sirios y los franceses es que los primeros están acostumbrados al terror— respondió el galo, perteneciente a una facción del partido opositor RPR, autodenominada como “derecha popular”, tan apartada del partido gobernante (el Partido Socialista de Francois Hollande) como de la dirección de su propio partido (a cargo de Nicolas Sarkozy).

Los sirios conocen bien el poder destructivo de ISIS: más del 40% de su territorio está bajo su control. Más allá de las comparaciones, siempre complejas, a veces injustas, ¿cómo se soporta en

Siria la violencia de ISIS, del propio gobierno y de los rebeldes? ¿Cómo afecta a las personas que pretenden continuar con sus trabajos, con su familia, con sus amigos, la intervención internacional? ¿Cómo viven la guerra brutal y declarada los ciudadanos que deciden permanecer en su país, o que no encuentran el modo de escapar? ¿Porqué muchos de ellos, hoy, usan la bandera de Francia y Siria como perfil de Facebook?

Después de los atentados en París, muchos sirios se sumaron a la propuesta de Facebook de poner sobre la foto de perfil la bandera francesa. Como muchos otros, María y el resto de sus amigas siguieron la movida pero con una aplicación alternativa, y pusieron la bandera de Siria.

María no milita en política. Evita la primera persona para hablar de la guerra en público. En su muro de Facebook comparte contenidos relacionados con el conflicto, pero no cualquiera. La de ella es una política del afecto: replica lo posteado Alzohuir. El domingo 15 de noviembre publicó: “Francia es el país europeo que más ha exportado jihadistas a Siria. Y eso fue bajo el gobierno de Sarkozy y de Hollande. Ahora los terroristas están regresando de nuevo a Francia asediados por la fuerza aérea rusa.” Bajo la frase, una caricatura en la que se observa a Hollande vertiendo gasolina sobre una Siria en llamas de la que se desprende un humo negro, el humo se convierte en ISIS cuando llega a Francia.

Dos días después del atentado, el domingo 15 de noviembre, Francia -de manera autónoma y sin articular con USA, el resto de la OTAN o Rusia- bombardeó Raqqa, “el corazón de Estado Islámico”, a tan solo 367 kilómetros de Damasco.

Si se le pide una opinión en privado María responde que sabe diferenciar entre políticos y civiles. Se siente muy dolida por las víctimas de París: “Son como nosotros”.

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El conflicto sirio comenzó en marzo de 2011 cuando en plena crisis de la economía una serie de protestas masivas en varios puntos del país contra Bashar Al-Assad intentaban continuar con la “Primavera árabe”. A la fuerte represión de las fuerzas de seguridad se sumó la deserción de cientos de soldados del Ejército con el objetivo de conformar una armada rebelde, insurgente. Esos rebeldes fundaron el Ejército Libre de Siria (ELS). Querían derrocar a Assad. Fueron financiados por Estados Unidos y la OTAN, que ya invirtieron en el ELS más de 500 millones de dólares.

Pero no se trataba de una típica guerra civil entre un gobierno autoritario y opositores con financiamiento externo. Hubo más actores involucrados, como al-Nusra (los representantes de la misma organización a la que pertenecía Osama Bin Laden, Al Qaeda) y “La Brigada del Islam”, una organización cuya búsqueda más que territorial es religiosa, apoyada, sobre todo, por el gobierno saudí. El reino de Arabia Saudita es un emirato que pertenece a la rama del islam (mayoritaria) sunita.

Enfrentada desde hace cientos de años a los chiitas, la otra rama importante. Los fanáticos sunitas (tanto Al Qaeda, como BI y Arabia Saudita) niegan que los chiitas sean verdaderos musulmanes. A la condición “laica” del Estado Sirio, que siempre molestó a los sunies, se suman argumentos político-económicos: Arabia Saudita y el gobierno de Assad hace tiempo que no tienen relaciones diplomáticas, lo que incide negativamente en el peso de los sirios para influir en el precio del barril de petróleo. A pesar del apoyo saudí a Al Qaeda y BI, Estados Unidos y la OTAN mantienen con el emirato una histórica alianza geopolítica.

Cuando parecía reproducirse lo sucedido con Saddam en Iraq, Kadaffi en Libia o Mubarak en Egipto y los principales medios de Occidente debatían si Assad se exiliaría o sería asesinado, él encontró aliados que salieron a defenderlo: Rusia (con un Vladimir Putin decidido a revivir la Guerra Fría), China, Irán y la organización libanesa Hezbollah (estos dos últimos chiitas y con una fuerte posición anti-occidente).

El escenario original de una compleja guerra civil se transformó en una intrincada guerra de dimensión global que se profundizó en el verano de 2014: desde Iraq ingresó el Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS). El ISIS es un desprendimiento fundamentalista de la organización Al Qaeda dispuesto a fundar un califato, un Estado Islámico (EI) como el que proponía Mahoma unos cuantos siglos atrás. Ya controla un territorio más grande que el de Reino Unido. EI hace regir la sharía, la ley del islam, en cada porción de tierra que toma. Está compuesto por sunitas pero también ha incorporado militantes europeos comprometidos con el rechazo a Occidente, a los chiitas, a los católicos y a los judíos, como algunos de los detenidos por los atentados en París.

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Para viajar a Siria es necesario sacar una visa. Una vez otorgada se imprime a todo color en el pasaporte y fija una semana como límite máximo de permanencia. Como a sus aeropuertos llegan escasos vuelos de línea lo más recomendable es hacerlo vía Beirut, la capital del Líbano conocida como “la París de Medio Oriente”. El jueves 13, un día antes de los ataques en la París de Occidente, la de Medio Oriente sufrió el primer gran atentado en 25 años, también en manos de ISIS. Murieron alrededor de 40 personas. Días atrás, habían derribado un avión de pasajeros rusos. Es decir: realizaron tres ataques en distintas partes del mundo en una semana.

Apenas se cruza la frontera, hasta llegar a Damasco hay que detenerse en cada uno de los diez “check-points”, bajarse del auto o el ómnibus y dejar a los soldados revisarlo todo.

Del lado libanés la ruta está plagada de avisos publicitarios de telefonía móvil, gaseosas y cigarrillos en francés y en árabe. Del lado sirio, todos muestran la cara de Bashar al-Assad. Al entrar a la capital la imagen del presidente se reproduce un promedio de seis veces cada cien metros. Bashar con un niño, Bashar de traje, Bashar vestido de militar. Nunca aparece vestido de médico: Bashar es oftalmólogo y ejercía la profesión cuando vivía en Londres. Era la envidia de sus compañeros porque había logrado conquistar a Asma, la joven sunita calificada como la “Lady Di de Medio Oriente”. En 1994, su hermano mayor Bassel murió al chocar su Mercedes Benz. Su padre, Hafez, presidente hacía casi treinta años y enfermo de leucemia, llamó a Bashar para comunicarle que su vida tranquila y lejana había terminado.

Bashar volvió. Fue coronel, después general y finalmente en el 2000, con 34 años, se convirtió en presidente. Sería el primer presidente alauita (una rama de los chiitas) en la historia de los 57 países árabes del mundo, sólo posible en una República constitucionalmente árabe pero laica. Su pequeña comunidad convivió muchísimos años, con relativa tranquilidad, junto a las otras ramas del islam, los sunitas y chiitas, pero también con los kurdos y los católicos.

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Maloula es un pueblo milenario de montaña a 60 km al oeste de Damasco, al que el sol baña todo el año y donde todavía muchos hablan arameo. Para Amin, Aylan, el pequeño sirio fotografiado muerto en una playa de Turquía, es un mártir. Eso le dijo a su mamá cuando le mostró la foto, antes de llevarlo a la escuela. Tiene diez años y cursa quinto grado. Todos los días recibe entrenamiento militar en el colegio.

Hace dos años en Maloula vivían cerca de 2000 personas, Amin y sus cuatro amigos tenían puesta la camiseta del Barcelona mientras pateaban una pelota gastada en el patio de la casa de su abuela. Fue ella quien pegó el grito de alerta apenas escuchó la primera explosión. Todos se escondieron en sus casas, salvo Amin, que corrió a las montañas. Maloula tiene una sola ruta de acceso y el estallido vino de ahí. Un “mártir” jordano jihadista se inmoló mientras conducía un camión cisterna cargado de gasolina cerca de un puesto de control del Ejército. Se desarmó la defensa de la ciudad y los terroristas de ISIS tomaron el control en pocas horas.

Ese 4 de septiembre de 2013 Amín vio de frente a los encapuchados entrar al pueblo, cargados de fusiles. Amín corrió hasta un sector donde las montañas chocan pero dejan una grieta, un pasillo suficientemente amplio, de no más de dos metros de ancho y nueve de altura que termina del otro lado de la ruta, en la que se alza una iglesia ortodoxa griega del año 1000 DC y algunas casas. El padre de la iglesia griega encontró horas después al pequeño acurrucado en un rincón del corredor montañoso. Se quitó su sotana religiosa y, vestido de civil, lo llevó a su casa. Para ese momento los terroristas ya estaban en la calle principal invitando a los habitantes a decir la shadada: la declaración de fé en un único Dios, Alá.

Dos jóvenes se negaron y fueron decapitados, delante de todos. Amín y toda su familia también observaban la escena. Debieron dejar a Cristo de lado, y jurar por Alá para sobrevivir. Durante esos días Amín se aferró a su madre y no salió de su casa en las 150 horas que duraron los combates. Pasaba el tiempo dibujando y durmiendo.

La ocupación fue reprimida en cinco días por el Gobierno. El paso de los jihadistas aún se nota en las iglesias milenarias incendiadas, las ventanas sin vidrio, las cortinas de los locales perforadas por las balas y la escasez de población. Amín y su familia decidieron quedarse, al igual que las monjas ortodoxas griegas vestidas con burka (una prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo) del monasterio de Santa Tecla. Sus vidas corrían grave peligro si la ocupación se extendía algunas horas más. El mito que da origen a la patrona de la ciudad es asombrosamente similar al relato de Amín. Santa Tecla de Iconio es considerada la primera mártir de la historia, discípula de San Pablo cuando él predicaba en Damasco. Fue condenada a muerte en diversas ocasiones, y se salvó. El más célebre de sus escapes es toda una leyenda: Tecla estaba acorralada en las montañas de Maalula, escapando de soldados que tenían orden de ejecutarla. Luego de rezar fervorosamente, un rayo cayó sobre la roca, formándose una profunda fisura, por la que pudo escapar. Después volvió a Maalula, convirtiendo a muchos de sus habitantes al cristianismo. Pasó sus días en una cueva, donde ahora está el monasterio.

El gobierno otorgó subsidios para la reconstrucción de la ciudad, reabrió oficinas del Estado, una escuela y unos cientos de locales regresaron. En el colegio, después de aquella experiencia, en ese pueblo todos los alumnos reciben un entrenamiento militar en el que aprenden técnicas básicas de combate, como disparar un arma.

Amin ya no juega al fútbol con los pocos amigos que permanecen en la ciudad. Tampoco usa más la camiseta del Barcelona. Anda todo el día con su uniforme militar.

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A pesar de ser todos “rebeldes” sunitas y wahabistas (fundamentalistas) y de estar enfrentados a Assad, EI, alNusra y la Brigada del Islam no siempre trabajan de manera articulada. En la mayoría de los distritos, mantienen fuertes luchas territoriales entre sí, a las que se suma ELS. Como es un grupo secular fue calificado como un movimiento de “rebeldes moderados”.

Una parte importante de las armas y la logística (cientas de camionetas Toyota por ejemplo) entregadas por Estados Unidos y la OTAN al ELS fueron capturadas por Estado Islámico que, apostados sobre todo en el norte del país, recibieron desde Octubre algunos embates y bombardeos, principalmente de parte de Francia y Rusia. La intervención bélica externa directa fue inconstante, la primera intervención terrestre fue la rusa, hasta ese momento Estado Islámico sólo fue atacado, por parte de gobiernos extranjeros, por vía aérea. En un principio, cuando EI nació, la estrategia por parte de Estados Unidos y OTAN fue dejarlos hacer: eran un frente más para debilitar a Assad.

Hoy la capital del país es controlada por el Estado central pero los suburbios de Damasco están repartidos entre los diferentes grupos rebeldes.

La información que circula es muy imprecisa. Resulta difícil confirmar quién lanza cada ataque. Los medios oficiales –es decir, todos los locales- lanzan hipótesis diferentes todos los días y los pocos corresponsales extranjeros hacen foco en las batallas del norte del país. Ya no le prestan atención a los bombardeos sobre la capital. Algo que sucede todos los días durante cinco años, deja de ser noticia.

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Para tapar el ruido de las bombas y de los enfrentamientos entre las fuerzas oficiales, alNusra y el ELS en las afueras de Kafranbel, una pequeña ciudad siria cercana a la frontera con Turquía, Hadi, un profesor de literatura de 27 años, se encerraba en su cuarto y subía el volumen de los parlantes de su computadora al máximo.

El día en que ISIS intentó entrar a la ciudad cruzando fuego con las otras 3 fuerzas que habitualmente combaten en la zona, su padre no tuvo tiempo de encontrar un lugar seguro. Quedó en el medio del tiroteo. Cuando comenzaron los disparos Hadi estaba en su casa. Gritó a su mamá y a su hermana que se encerraran en el placard. Se pusieron un casco de bicicleta cada una y permanecieron agachadas cubriéndose la cabeza durante 2 horas. Hadi apoyó el sillón contra la ventana principal para intentar amortiguar las balas, cerró la persiana y se acostó en el piso con las manos en la nuca. Cuando el repiqueteo terminó fue a abrazar a las mujeres de su familia y lloraron juntos unos minutos, quietos.

Un día antes de cumplir 26 años Hadi se sumó a los 5 millones de desplazados sirios en el exterior, marchó a Estambul. Su pueblo ya estaba controlado por los “rebeldes moderados”, el grupo del cual él forma parte, con una militancia virtual. Un día después de enterrar a su padre, sintió que la alternativa, al quedarse, era agarrar un rifle para combatir al Ejército oficial. Pasar de la guerra simbólica, al ataque real. No quería eso.

Ahora, bajo el sol radiante de la capital de Turquía, Hadi camina por la plaza Taksim buscando un Starbucks. Acaba de obtener la visa para viajar a Estados Unidos pero aún no le comunicó sus planes a la familia que quedó en Siria. Paga en la caja el pedido y espera el vaso alto con su nombre. Llama por Skype a su madre. La señal del otro lado es muy débil y la comunicación fracasa. Intenta por teléfono, hablan dos minutos. Hadi lagrimea. Lanza un “Ajak-bakí” (“te amo” en arabe) y corta.

Contribuyó con el ELS, intentando derrocar al oficialismo desde lo audiovisual y las redes sociales. Creó, entre otras plataformas, la fan page Kafranbel Syrian Revolution (https://www.facebook.com/kafrev). Desde ahí publica videos y memes. Para producirlos reunió un equipo de militantes, encargados de hacer pancartas escritas en inglés y cartulinas con caricaturas. Fotos de un grupo de personas en Minesotta con carteles que dicen “Russia Hand Off Syria!”, selfies de soldados del ELS con explosiones de fondo, pancartas denunciando que Assad usa bombas químicas y videos en los que se observan niños afectados por la guerra, algunos de ellos, muertos. Las últimas publicaciones expresan solidaridad con París. En otras, fotos de gente con carteles en inglés, dicen: “Matar civiles en París es terrorismo. ¿Pero qué pasa con matar civiles en Siria por parte de Rusia y Assad?”

Hadi está convencido de que el ELS es el más débil de todos y siente que Estados Unidos los fue dejando solos. A fines de 2014, Hillary Clinton, ex Secretaria de Estado y candidata a presidenta del partido demócrata, de Obama, anunció que iban a dejar de apoyar a los rebeldes “porque habían resultado funcionales a Estado Islámico”. Pero tanto su país, como la OTAN, no cambiaron su estrategia.

Termina el frapuccino y va a trabajar. Enseña Historia en una escuela específica para niños sirios desplazados, parte de los más de cien mil nuevos alumnos de primaria y secundaria que se sumaron desde Siria al sistema educativo turco pero de forma diferenciada, en los últimos dos años. Algunos vivían con sus familias en las estaciones de metro de Estambul hasta que el gobierno lo prohibió. Cada vez que la policía turca encuentra algún refugiado en esa situación el gobierno lo reubica en alguna de las carpas que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) montó en las afueras de la ciudad.

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“Para irse como se van, mejor quedarse” suele decirles Rawad a sus alumnos de español en la Escuela Secundaria nº 2 de Damasco, en el barrio islámico de Bab-Tuma, cuando surge la discusión sobre los refugiados. Rawad también quiere vivir en otro país pero no de cualquier forma.

Lamenta no saber cocinar. La electricidad viene a las 9 y se corta a las 12; vuelve a las 4 y se termina a las 7. Son sólo 6 horas por día. No puede refrigerar alimentos y no saber prepararlos lo obliga a gastar la mayor parte de su sueldo en comida hecha.

El Código Sirio de Estatuto personal dice que “no está permitido al hombre casarse con una quinta esposa, mientras que no repudie a una de sus cuatro esposas y ésta finalice su `idda”, el período de espera similar al duelo. Rawad sólo tenía una y lo acaba de dejar.

En un país con un 55% de desocupación él conserva su trabajo pero con el correr de los años su salario le quedó corto para mantener a su mujer. No sólo perdió poder de compra por el 257% de inflación anual que sufre la economía; hace dos meses le comunicaron que su salario iba a volver a bajar.

Cuando abre su Facebook, Rawad imagina que vive en España. Busca en el chat a algunos de sus amigos españoles esperando novedades, prometieron enviarle un contrato de trabajo que aún no llega. El idioma español no sólo le da de comer sino que es una puerta de salida del país que aún no se termina de abrir. Hace veinte años, cuando terminó el profesorado, pasó un tiempo en Madrid y ahora sueña con trasladarse a esa ciudad en la que fue feliz por unos meses. Rawad repite que quiere mudarse pero no ser un refugiado. Entre los pocos contenidos locales de su time-line hay una típica foto de desplazados sirios en una balsa en el Mediterráneo con una leyenda en español que reza “el que se va sin que lo echen…”.

Cuando vio la foto de Aylan, en el muro de sus contactos comentó: “No es culpa de Siria, sino de los padres.”

Luego de los atentados en París, algunos medios levantaron la sospecha, no confirmada: uno de los detenidos sería un sirio que habría ingresado a través de Grecia, y llegó a Francia como refugiado. Rawad publicó en su facebook: “Yo también creo que hay terroristas entre los refugiados. La guerra va de Arabia Saudita a Yemen, de Iraq al Libano y de Siria a Alemania”. Así se suma un complejo eslabón más al ya complicado tema político y humanitario de los exiliados, que afecta tanto a Siria como a la Unión Europea. Y también, al resto del mundo.

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Ibrahim, a sus 9 años, no guarda tantos recuerdos como Amín. Cuando despertó de la operación los médicos le preguntaron qué pasó y él respondió: “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Una asistente social del gobierno se acercó para intentar obtener más información e Ibrahím le dijo todo lo que sabe: “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Cuando fue visitado por periodistas extranjeros repitió “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Pero agregó un pedido: “hagan algo”.

Pudieron haber sido las fuerzas de Assad pero en esa batalla el gobierno controlaba la ciudad, en posición defensiva y disparando hacia fuera de la zona urbana. La responsabilidad por la bomba que impactó sobre Ibrahim quizás radique en alguna de las otras fuerzas. Pudo haber provenido de un avión caza francés. O ser un misil de los “rebeldes moderado”s de ELS. O un mortero wahabista del ISIS.

Ibrahim nació y vivía en Homs, a 170 km de Damasco; supo ser la tercera ciudad más importante de Siria. Quien encontró a Ibrahim lo llevó a un puesto sanitario del gobierno. No se permite el ingreso de Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras y no se han brindado argumentos oficiales sobre tal decisión. Desde las organizaciones comentan que es por temor a una hipotética injerencia en el flujo de la información de la que Assad tiene el monopolio en los territorios que controla, el 60% del país, según la mayoría de las fuentes.

Por la complejidad del cuadro, Ibrahim fue derivado urgente a Damasco. Le amputaron su pierna derecha. La asistente social no tiene información sobre sus padres: cuando le den de alta irá al orfanato “Dar Al-Aman”. Significa “Casa de la seguridad” aunque en 2013 un cohete cayó sobre el edificio y murieron dos niños.

El gobierno acusa: aquel cohete lo tiraron los rebeldes. Los rebeldes de ELS dicen que fue el gobierno. U otro grupo de rebeldes como al Nusra. O alguno de los 13 países que intervienen en el conflicto. Con cada disparo se vuelve a dar la misma discusión. Con las armas químicas, también.

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El día después de que su mujer y su hijo murieran casi sin darse cuenta, inhalando gas sarín, Alí rezó al amanecer, al mediodía, a la tarde, al ocaso y a la noche. Desayunó, almorzó, merendó y cenó. Hizo todo lo que hace un día normal. No lloró.

El 21 de agosto de 2013, mil cuatrocientas personas en los suburbios de Alepo murieron de la misma manera, respirando compuestos de laboratorio. El gobierno de Assad se desprendió de sus armas químicas según una supervisión enviada por la ONU. Pero igual fue acusado por los rebeldes y la OTAN de haber sido el responsable de esparcir las pequeñas bombas que llenaron Alepo de gases tóxicos. No es el único lugar donde se usaron armas de ese tipo. En Gouhtha en 2013 y en Damasco en abril de 2015 se comprobó la utilización del mismo gas aunque no encontraron responsables. El gobierno de Estados Unidos afirma tener pruebas de que Estado Islámico ataca con gas mostaza, pero no lo denunciaron ante ningún organismo internacional.

El barrio de Alí hoy es una serie de casas con puertas rotas, forzadas en busca de sobrevivientes y Alepo se transformó en poco tiempo en la ruina de la ciudad económicamente más importante de Siria.

Si en alguna conversación alguien habla de la guerra Alí sólo repite que su mujer y su hijo son mártires, no víctimas. Aunque es palestino, los piensa como una ofrenda a la patria. Los refugiados palestinos gozan en Siria de plena ciudadanía.

Su familia es parte de los 250 mil muertos desde que comenzó la guerra. Él es uno de los 6 millones de desplazados internos. Tiene 72 años y no tuvo otra opción que mudarse a la capital. El gobierno le dio una habitación, una pensión mínima, una colchoneta y algunas sábanas.

Todos los días asiste a la “Fundación nuestros mártires” en la que encuentra otros familiares de caídos, recibe apoyo moral y resuelve alguna de las comidas del día.

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La palabra que más sale de la boca de Alí es “Inshallah”, antes y después de que se enterara de los atentados en Francia. La frase significa “lo que Dios quiera”. Es muy común en todo Medio Oriente: se usa como respuesta a todo. Ante situaciones críticas. Y en la vida cotidiana. Que a veces son lo mismo.

—Entonces, ¿nos vemos a las 9?
—¡Inshallah!
— Me siento mal, no puedo más.
—Mañana, Inshallah, estará mejor.

“Inshallah” es, también, el título de la novela de Oriana Fallaci, la periodista italiana que vio cómo dos camiones, conducidos por suicidas, llenos de explosivos, mataron más de 300 soldados franceses mientras dormían. Sucedió en Beirut. En el año 1983. En su texto, Fallaci intenta correr el eje de la cuestión religiosa. “El tema que hay que abordar no versa sobre la guerra, versa sobre los hombres que deciden sobre la guerra”. En el medio de esos hombres que deciden la guerra existen otros hombres y mujeres. Víctimas en Occidente y en Oriente. Huérfanos, madres y padres que perdieron a sus hijos. La familia de Alí y de Ibrahim. El papá de Hadi y, entre otros centenares, ciento veintinueve ciudadanos franceses.

1. Registro de una captura

En la mañana del viernes 9 de enero de 1981, un comando armado asaltó un taller de imprenta ubicado en la Avenida Cuscatancingo, de San Salvador. Hacía cinco meses que la guerrilla había atacado siete guarniciones militares en el interior del país, y apenas semanas atrás, en diciembre, había anunciado la inminencia de una “ofensiva final”. Esta sería ejecutada al siguiente día, 10 de enero y así El Salvador entraría plenamente a la guerra. Pero aquella mañana de viernes no se sabía lo que estaba por venir, y en un taller de imprenta de la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, siete hombres trabajaban como en un día cualquiera. Uno de ellos era artista y serigrafista. Cuando el comando armado ingresó al taller, todos temieron por sus vidas. Aquel comando estaba integrado por agentes de la Policía Nacional.

Los sacaron a la fuerza y los subieron a un camión. Luego se los llevaron al cuartel central de la PN, “el castillo”, en el centro capitalino.

A los capturados se los llevaron por ser miembros de la Asociación de Empleados del Ministerio de Educación (AEME), “la cual es un grupo de fachada del Bloque Popular Revolucionario (BPR)”, escribió la PN, en un registro en el que además se asegura que utilizaban ese taller del Ministerio de Educación para imprimir propaganda de “esa organización clandestina”.

Jesús es un hombre pequeño que ronda los 60 años y trabaja en una oficina del segundo gobierno de izquierdas del FMLN. La guerra, la represión y la persecución, en teoría, han quedado atrás, en el olvido.

Cuando a Jesús lo capturaron, hace 34 años, lo acusaron de pensar distinto y por oponerse al régimen desde una organización clandestina. Algo le hicieron mientras estuvo capturado, y eso lo dejó marcado. Nuestra llamada lo sorprende, pero accede a cruzar palabras cuando le explicamos que un amigo en común nos refirió.

“Entonces, Jesús, sabemos de su captura. ¿Puede contarnos qué le ocurrió?” Jesús pregunta en dónde obtuvimos la información. Le explicamos. Luego dice que no quisiera hablar, que recordar ese episodio le trae recuerdos desagradables, que después de la captura “y lo que me hicieron, hui del país. No pensaba volver, pero luego volví, con la paz…”

Le enviamos a Jesús, por correo, una copia del registro de su detención, la número 8 del libro “capturas más relevantes realizadas por la Policía Nacional desde 15OCT979 a la fecha, de personas relacionados con actos de subversión y terrorismo”. El libro de capturas está fechado el 24 de abril de 1984, fue elaborado por el Departamento II de la PN, la rama de inteligencia, dedicada a labores de espionaje para perseguir objetivos políticos.

Jesús responde el correo, y es la última vez que dirá algo sobre su registro de captura. De nada sirven los ruegos. Él no quiere revivir ese episodio, y lo resume así:

—Muchas gracias, acuso recibo de su correo y archivo adjunto. Estoy sorprendido de ver el documento, escrito en las viejas máquinas de escribir de la época, que aún remueve la memoria personal…

En realidad, estos libros remueven la memoria nacional.

2. El sendero del libro amarillo

El libro de capturas más relevantes de la PN no es el único. Hay otros. Por ejemplo, uno que también habla de registros de capturas, lo llamaremos libro de viajes por lo pintoresco de su título: “Resumen de capturas realizadas por la Policía Nacional de personas por participar en actividades de tipo subversivo-terroristas y que han manifestado haber viajado a países comunistas, así: a Rusia, Cuba y Nicaragua”. Este libro también fue elaborado por del Departamento II de la PN. En él hay más registros de capturas fechadas desde el “150CT979”. Para esa fecha, hacía tres meses que los sandinistas habían triunfado en Nicaragua. La última fecha de actualización dice “San Salvador, 29 de marzo de 1985”, es decir, menos de un año después de iniciar el gobierno del presidente José Napoleón Duarte.

Podríamos decir que solo en estos dos libros, elaborados por una de las oficinas de inteligencia contrainsurgente de la Fuerza Armada de El Salvador, hay 496 registros de capturas de salvadoreños, y que 90 de ellos se convirtieron en fantasmas luego de haber caído en manos de la Policía Nacional, uno de los tres cuerpos más temidos en los años de las dictaduras y de la guerra civil salvadoreña.

Pero eso no sería del todo cierto.

Los fantasmas no existen.

En esos dos libros hay información sobre hombres y mujeres de carne y hueso -como Jesús-, con identidad y parentela, muchos hasta con edades, profesiones, lugares de origen y residencia; muchos otros hasta con direcciones de trabajo.

Estos dos libros, junto a otros seis documentos, conducen hacia un Estado que espiaba, perseguía, capturaba, interrogaba, torturaba, desaparecía, asesinaba.

Los libros evidencian, además, que la información obtenida en los interrogatorios era utilizada para continuar con la persecución y para entender el funcionamiento de la guerrilla, los nombres de sus mandos, su estructura y su despliegue territorial.

En otros dos libros, catalogados como “secretos”, la Fuerza Armada hace un dibujo pormenorizado del organigrama y el funcionamiento del Partido Comunista y las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y en ellos se menciona que están hechos para ser compartidos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Lo de “secreto” no es gratis. La palabra en mayúsculas “SECRETO” acompaña, centrada y en negritas, el inicio y pie de página, de las más de 70 hojas que componen cada libro.

La presentación de uno de ellos es más que clara: “Estudio sobre las fuerzas terroristas salvadoreñas –Partido Comunista Salvadoreño”.

El prólogo de este documento, además, comprueba un doble discurso del gobierno estadounidense respecto a su papel en la guerra, en el que criticaba al Estado y a la Fuerza Armada salvadoreña por las violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo se nutría de la información que se recopilaba en El Salvador luego de persecuciones, capturas y torturas. Al menos estos libros indican que fue así hasta 1986, dos años después de los intensos debates en el congreso estadounidense para cortar la ayuda militar a El Salvador, y tras las visitas del vicepresidente George Bush y del secretario de Estado George Shultz a El Salvador, en las que reclamaron por el uso excesivo de la fuerza.

“Este estudio es para compartir descubrimientos analíticos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos relacionados con la estructura de fuerzas terroristas dentro. Este estudio reemplaza y pone al día el estudio 16-86, con el título Fuerzas Terroristas Salvadoreñas-Partido Comunista”, se lee en el prólogo del libro sobre el Partido Comunista, cuya última fecha de actualización es “diciembre de 1986”.

Otro de los libros es un compilado de crímenes que hasta 1991 la PN le endilgaba a la guerrilla salvadoreña, incluido el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Repetimos: la sección de inteligencia de la Policía Nacional, todavía en 1991, 11 años después del magnicidio del Arzobispo de San Salvador, sugería que sus asesinos habían sido “terroristas-subversivos”.

Aunque no toda la información en este libro es falsa.

De los 32 crímenes que la PN le atribuía a la exguerrilla, en 1991, siete fueron validados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Entre estos el asesinato de José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la presidencia del primer gobierno de Arena, asesinado el “081509JUN989” junto a su guardaespalda, Benjamín Pérez.

El sexto libro contiene un “análisis político-militar sobre las agrupaciones terroristas” que la inteligencia de la PN hacía sobre la guerrilla, y el séptimo es el resumen de una investigación de espionaje tras la caída de uno de los fundadores de las FPL, Felipe Peña, en 1975.

En ese libro se reproduce parte de los hallazgos de inteligencia policial al momento de dar con el paradero de Peña en una “casa de seguridad”, y narra el enfrentamiento entre Peña, su compañera de vida, y los agentes de la PN. El documento revela, además, una “lista de funcionarios y otros que estaban fichados por guerrilleros”. La lista está compuesta por 41 nombres, entre ellos el teniente coronel José Guillermo García que a la postre se convertiría en general y ministro de la Defensa para los primeros años de la guerra, así como los empresarios Roberto Hill y Archie Baldocchi. La hermana de Felipe Peña, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, revisa este documento con paciencia y confirma que en efecto su hermano era líder fundador de las FPL, que en esa casa de seguridad residía y que mucha de la información que hay sobre sus actividades es cierta. “Pero estas cosas deben analizarse en su respectivo contexto. ¿Por qué se hacían esas cosas? ¿Para qué era esa lucha? Era para combatir un régimen, un sistema que no dio ninguna otra vía de solución pacífica a ese conflicto”, dice.

La fuente que hizo llegar el documento en el que se habla sobre Felipe Peña dijo a El Faro que “este es el verdadero libro amarillo, elaborado por la guerrilla para eliminar a sus objetivos políticos”, en alusión a la revelaciones sobre el libro amarillo, divulgadas en 2014 por investigadores estadounidenses, y que vinculaban al ejército en prácticas de persecución y violaciones a los derechos humanos.

Este libro rosado (por el color de su pasta) aunque habla de objetivos perseguidos por inteligencia insurgente, va más allá. Dibuja los métodos que el Estado utilizaba para espiar a sus adversarios, utilizando varias dependencias de gobierno, como el viceministerio de Transporte, o inclusive metiéndose hasta en los velatorios de sus enemigos para espiar a sus deudos, para determinar si aquellos que llegaban a despedirse también eran opositores políticos.

En el libro rosado hay memorándums confidenciales entre el Director de la Policía de Aduanas, el Jefe de la desaparecida Ansesal y el Ministro de la Defensa de la época, en los que se ordena al Departamento de Tránsito autorice la recolección de datos (nombres y direcciones de vivienda) de 45 personas que acudieron, el 16 de septiembre de 1975, a la misa de 30 días tras la muerte de Felipe Peña, celebrada en la capilla de la colonia Centroamérica de San Salvador. Días antes, la Policía de Aduanas informaba a Ansesal que una “comisión de este cuerpo” se había hecho presente a la misa para “tomar el número de placas de las personas que asistieron a la misa”. La Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (Ansesal) tuvo la fama de haber sido la agencia de vigilancia de enemigos del régimen con más vínculos a los escuadrones de la muerte, tanto que cuando se habla del mayor Roberto d´Aubuisson, fundador del partido Arena, suele hablarse de Ansesal.

Este legajo de documentos guarda una relación directa con el libro amarillo, una lista de casi 2 mil salvadoreños, opositores políticos (con nombre, seudónimo y fotografía) utilizada para dar caza a los “delincuentes-terroristas”, según se lee en las primeras páginas de ese documento, el cual invitaba a los militares a un “para que se use”.

El libro amarillo reapareció en 2013, pero fue elaborado entre 1979 y 1987 por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, para darle persecución y captura a comandantes guerrilleros, pero también a opositores políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

En 2014, el Centro para la Defensa de Derechos Humanos de la Universidad Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) divulgó un análisis al contenido de ese documento, y esa investigación arrojó que el 43 % de los enlistados en el libro amarillo habían sufrido violaciones a los derechos humanos.

El libro amarillo apareció cuando un hombre alquiló una casa en San Salvador, y de un cielo raso cayó, al suelo, un documento que estaba forrado con una pasta amarilla. El hombre, entonces, lo comentó entre sus allegados, lo entregó a una organización que recoge documentos históricos –quienes aún guardan el libro original- y el cuento de un libro amarillo caído de un cielo raso llegó a los oídos del investigador y ex preso político Carlos Santos.

Santos, exestudiante del Centro Nacional de Artes (Cenar), se formó en un país que perseguía y reprimía cualquier manifestación opositora, incluidas las artísticas. Santos fue capturado y torturado por la Policía Nacional en la ciudad de San Miguel. Tras su liberación se autoexilió, y desde entonces trata de armar el rompecabezas que le dé una explicación a sus traumas: aquellos que lo hacen volver a un baño público ubicado en lo que ahora es un amplio parqueo-mercado de la ciudad de San Miguel. El baño está ubicado en el subsuelo, debajo de un pequeño edificio de dos pisos. Es un baño mugre, lúgubre, con una pared que separa los mingitorios de una pequeña pila, escondida en una esquina. “Ahí me sumergían la cabeza, una y otra vez”, dice Santos. El baño y esa pila eran utilizados como una sala de tortura para presos políticos.

—¿Por qué cree que el libro amarillo es real?
—Es real. Fue elaborado por el Estado Mayor y a mí me lo han confirmado guardias nacionales, policías de hacienda y policías nacionales que lo utilizaron. Además, las personas registradas ahí también validan ese documento. Sus historias, el afán de sus familiares por dar con el paradero de sus desaparecidos, comprueban su autenticidad.

Carlos Santos, desde que encontró el libro amarillo, ha tratado de dar con el paradero de esas familias. A la fecha ha ubicado el posible destino de 32 de los registrados. En la mayoría de esos casos, las personas capturadas fueron desaparecidas.

3. Identificar, capturar, interrogar, eliminar

El Faro presentó los ocho documentos al ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, un militar que a principios de la guerra fue miembro fundador del Batallón de Reacción Inmediata Belloso, uno de cuatro comandos élites entrenados por los Estados Unidos en combates contrainsurgentes. Munguía Payés fue en el Belloso comandante de la compañía de armas, y durante seis meses jefe del Departamento II (inteligencia) de esa unidad. “Hacíamos labor de inteligencia táctica en combates, no inteligencia política”, dice Munguía Payés, para marcar distancia respecto de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada.

Más tarde, en el segundo lustro de los ochentas, en la segunda mitad de la guerra, Munguía Payés fue uno de los hombres más cercanos al desaparecido presidente José Napoleón Duarte. En la posguerra se convirtió en un político que logró ganarse la confianza de la exguerrilla y desde 2009 ha sido ministro de los dos gobiernos del FMLN.

El ministro reconoce que durante la guerra, en afán de combatir a los enemigos, se cometieron excesos. Sobre todo en los primeros años, los mismos años en los que se elaboró el libro amarillo y los nuevos archivos a los que ha tenido acceso El Faro.

El libro amarillo fue elaborado por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, y guarda una estrecha relación con otros siete libros secretos de la Fuerza Armada. Esto dice David Munguía Payés, el ministro de la Defensa, sobre el libro amarillo:

“Bueno, ese libro tiene que ver un poco con las fases incipientes de la guerra, donde había menos conciencia al respeto a los derechos humanos. Porque la guerra nuestra fue evolucionando. Los primeros años fue dura, una guerra sangrienta que no tenía leyes”, dice Munguía Payés. “Acuérdese que por un lado había secuestros, por otro lado los escuadrones de la muerte. El tema de los derechos humanos como que no se conocía y no importaba, entonces tengo entendido que ese libro se… se comienza a elaborar identificando a aquellas personas que eran consideradas comunistas y dañinas al régimen, las cuales deberían ser capturadas y en algunos casos hasta eliminadas”, dice el general.

Para Munguía Payés, la importancia con el libro amarillo radica en saber responder qué ocurrió con las personas que aparecen enlistadas. “El punto para mí no es tanto que haya lista de nombres ahí… el punto es si en realidad se cometieron errores y si algunas de esta gente que estaban en este libro fueron perseguidas para ser eliminadas… y si se hicieron o no se hicieron.”.

A mediados de noviembre de 2015, El Faro presentó a Munguía Payés los archivos secretos de la dictadura. Se le explicó al ministro que en esos libros hay una correspondencia, en 90 casos, de personas que aparecen con registro de captura, y que, según la Comisión de la Verdad, fueron torturadas, asesinadas o están desaparecidas. Se le explicó, además, que entre estos siete libros y el libro amarillo hay una correspondencia de 120 personas que estaban fichadas en el libro amarillo y que terminaron capturadas por la PN. De ese total, el 20 % aparece registrado con violaciones a sus derechos humanos en el informe de la Comisión de la Verdad. La mayoría sufrieron desaparición forzada.

El ministro Munguía Payés hojea los libros, uno por uno. Lo hace con calma y paciencia.

—Ministro, ¿estos libros son auténticos?
—He visto los documentos y me parece que son auténticos… aunque no lo podría asegurar.

Cuatro de los siete libros presentados al Ministro están en su formato original, con sus pastas desgastadas por el tiempo y, posiblemente, el uso.

—¿La Fuerza Armada guarda registros de los informes de inteligencia, como estos, que realizaban los extintos cuerpos de seguridad?
—No lo sé, habría que buscarlos…
—¿Estos libros fueron sustraídos de los archivos de la Fuerza Armada?
—Probablemente las hubo (sustracciones). Posiblemente haya habido fugas…

El Faro también presentó los libros al último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, un militar de bajo perfil, ahora en retiro, con cursos de inteligencia en la Escuela de las Américas, el centro de capacitación de los Estados Unidos para un nutrido grupo de militares latinoamericanos que a la postre fueron acusados en sus países por cometer graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos, el general Noriega, de Panamá; el general Pinochet, de Chile; el general Videla, de Argentina; el coronel Domingo Monterrosa y el mayor Roberto d´Aubuisson, de El Salvador. “Se dice eso, pero a mí no me enseñaron a torturar”, dice el coronel Cuéllar.

Cuéllar estuvo destacado en la Guardia Nacional y en la Policía Nacional, a finales de los setenta y primeros años de la década de los ochenta, y luego dirigió el Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol), una academia que formaba agentes de la PN, en donde fue maestro para la generación de oficiales de la actual Policía Nacional Civil que formaron parte de la cuota propuesta por la Fuerza Armada, en 1994. Cuéllar también combatió en la guerra y llegó a dirigir la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, una década más tarde, a inicios de los noventa.

El coronel Cuéllar se dice un férreo opositor a la lucha clandestina de la Fuerza Armada. Dice que lo suyo era combatir bajo las reglas de la guerra, unas que permiten, dice él, matar o morir en combate, pero nunca atacar a poblaciones civiles, nunca a enemigos vencidos o rendidos. Eso, asegura, le trajo muchos problemas con sus compañeros de milicia. Cuéllar se perfila a sí mismo como una aguja en un pajar.

Tras la firma de la paz, Cuéllar fue el encargado de la desmovilización del Batallón de Reacción Inmediata Arce, desplegado en la zona norte de Morazán, al oriente del país. Más tarde, fue llamado por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) para desmovilizar a otro cuerpo de seguridad: el coronel Cuéllar finiquitó a la temida Policía Nacional, que fue cerrada el 31 de diciembre de 1994.

Desmovilizar a los agentes de la PN significó una sola cosa: dar de baja a todos aquellos que a juicio de los observadores de las Naciones Unidas tenían manchado su expediente por violaciones a los derechos humanos u otros crímenes. Entre muchas de sus funciones, asegura Cuéllar, le tocó incluso enviar a prisión a agentes de la institución que fueron descubiertos por liderar bandas de extorsionistas.

Una caricatura de la época de Alecus publicada en el periódico La Noticia, un vespertino ya desaparecido, muestra a Cuéllar dormido, en una cama, cobijado con una sábana en la que se lee: “Policía Nacional”. Cuéllar suda y tiembla por culpa de una pesadilla: un hombre vestido de negro y con capucha, una sombra negra armada con un fusil, asalta a dos ovejas. “¡Quietas, esto es un asalto!”, le dice la sombra a las dos ovejas, que levantan sus patas delanteras. En otra publicación dominical de El Mundo, fechada el 5 de noviembre, la portada de una entrevista con Cuéllar invita a ser leída gracias a este titular: “Este olorcito de la Policía se irá conmigo para toda la vida”.

Cuéllar hojea los libros presentados por El Faro y dice: “Estos libros eran hechos por la inteligencia de la Policía. En aquella época se cometieron errores que nunca debieron haber ocurrido”.

Cuéllar hojea los documentos, uno por uno, y se detiene a examinar detenidamente el libro de capturas.

—¿Han dado con el paradero de estas personas? -pregunta.
—Sí, hemos dado con el paradero de algunas.
—Ellos darían un buen testimonio. Y al encontrarlos pueden decir algo con respecto a otros que estaban con ellos. Ahora, yo no sé hasta dónde llegaron en este departamento (de inteligencia) para haber recopilado a toda esta cantidad de gente capturada. Desde el momento en que están ellos archivándolas, ya hay una responsabilidad, un compromiso de la institución que merece una respuesta.
—¿Qué le parece la información que hay en estos documentos? Nombres, residencias, trabajos. Hay casos que tienen una relación directa con el libro amarillo. Es decir: perseguidos en ese libro terminaron capturados por la PN, y muchos posteriormente desaparecidos, asesinados o torturados.
—Este es un trabajo muy interno. Cómo salieron no lo sé. Es un descuido de ellos o lo pasaron a otras instituciones. No sé qué habrá pasado con esta gente, si es que la entregaron. Debería de haber (habido) un control de derechos humanos.
—¿Dentro de la Policía había gente que se dedicó a registrar capturas y otra gente que participó de violaciones a los derechos humanos?
—En mi gestión no ocurrieron esas cosas. Era otro momento del debate político. Recuerde que estábamos finiquitando a los miembros de la PN y estábamos dando nacimiento a la PNC.
—Pero usted me ha dicho cómo operaba la Policía en los 70 y 80 y dice que se cometieron errores…
—Sí, hubo errores. Era más como una policía urbana. Había problemas de detenidos a los que les aplicaban bastante…
—¿Torturas?

Cuéllar asiente meneando la cabeza de arriba hacia abajo, pero no se atreve a pronunciar esa palabra: “torturas”. Él continúa:

—En los interrogatorios, verdad, eran más estrictos. Creo que más que la Guardia…
—¿Más que la Guardia?
—Con la Guardia era otro problema, tenía objetivos diferentes a los de la Policía en la guerra. El objetivo de la Guardia con la izquierda era bien peculiar, bien especial…
—¿El objetivo de ellos era exterminar opositores?
—(Cuéllar asiente de nuevo con movimiento de cabeza). La Guardia era como una muralla. Con la Policía era diferente, aunque había policías que trabajaban con ellos también, pero cuando llegaban a trabajar los interrogadores… eran cosa seria. Uno se daba cuenta por la información que llegaba. La Guardia era más… yo siempre critiqué eso. Siempre dije que había que cambiar mandos, cambiar idearios en la Guardia y la Policía.
—¿La inteligencia de los cuerpos de seguridad funcionaba como una inteligencia para la persecución política? Supongo que no se utilizaba para combatir la delincuencia común, el crimen organizado… ¿o sí?
—No. Y no era un inteligencia militar. Era una inteligencia política, una inteligencia policial-política, porque así era el tipo de conducción. Los cuerpos de seguridad respondían al Viceministerio de Seguridad Pública y ellos informaban directamente al Ministerio de la Defensa. La forma de conducción era un concepto demasiado duro, porque el comunismo es el comunismo, pero es diferente un combate a una ideología, que se combate con ideas… pero allá no. Allá mezclaron las cosas y si alguien pensaba así, había que ver cómo lo capturaban y lo eliminaban.
—¿Cuando usted llegó a dirigir a la Policía Nacional había un archivo en el que dijera “estos son los archivos secretos de la PN”?
—No.
—¿Tras la firma de la paz hubo una fuga de documentos?
—Desde que se firmaron los acuerdos de paz, una de las instrucciones que dieron fue que inmediatamente todas las instituciones, cuarteles, comandancias, debían limpiar completamente todo los que fueran aspectos de inteligencia, de investigaciones investigación. Y así lo hicieron. Empezando desde el Ministerio, el Estado Mayor… ya cuando llegaron los Acuerdos y que comenzó la desmovilización, ya no había nada de esto.
—¿Quién emitió la orden para desaparecer esos documentos?
—El Ministerio de la Defensa comunicó esa orden a modo de sacar y desprenderse de esos documentos comprometedores.

4. Los hallazgos

El libro de capturas y el libro de viajes por sí solos, no dan cuenta de los “errores” o los “excesos” de los que hablan el ministro de la Defensa y el último director de la Policía Nacional, Samuel Cuéllar.

En realidad, estos libros, junto al libro amarillo, son parte de un rompecabezas que podría ser más grande, pero que por el momento solo puede ser entendido si el contenido de estos libros se compara con las listas de denuncias de la Comisión de la Verdad.

Tras las negociaciones y la firma de la paz entre el Estado salvadoreño y los comandantes guerrilleros del FMLN, el 16 de enero de 1992, uno de los puntos medulares de los acuerdos exigía la instauración de una Comisión de la Verdad, un grupo investigador compuesto por extranjeros, cuyo mandato los obligaba a investigar los principales crímenes ocurridos durante la guerra civil. La Comisión compiló los casos más significativos ocurridos en los 12 años de guerra en un informe titulado “De la locura a la esperanza”.

Los observadores de las Naciones Unidas se entrevistaron con militares, patrulleros, agentes de cuerpos de seguridad, exguerrilleros, políticos, familiares de víctimas, representantes de oenegés de derechos humanos, e hicieron una convocatoria para que se pusieran denuncias en todo el país por violaciones a los derechos humanos sufridas en carne propia o cometidas en parientes o conocidos. El llamado de la Comisión de la Verdad fue atendido por más de 21 mil denunciantes, que dieron cuenta de los sucesos ocurridos a miles de salvadoreños. Los resultados de esas consultas están recogidas en los “Anexos” al informe.

El Faro digitalizó tres bases de datos de denuncias registradas por la Comisión de la Verdad, y cotejó más de 21 mil registros de personas, con nombre y apellido, con los 496 nombres aparecidos en el libro de capturas y el libro de viajes de la PN.

En el libro de capturas, la Policía Nacional registró la detención de 368 salvadoreños. De estos, casi siete decenas fueron desaparecidos, asesinados o torturados. Del cruce de nombres se obtuvo que el 17.8 % de los capturados sufrió alguna violación a sus derechos más elementales. Muchos en fechas posteriores a las de su captura.

Salvador Hernández Hernández es uno de ellos. Fichado en el Libro Amarillo de la Fuerza Armada, fue capturado el 13 de julio de 1982, en Ilopango. 10 días más tarde, la PN lo remitió a un juez militar de instrucción mediante el oficio número 4255. Por esos años, una primera ley de amnistía benefició a muchos presos políticos, incluido Hernández, quien fue liberado. “Amnistiado”, se lee en el archivo de la PN. Sin embargo, dos años después, el 27 de junio de 1984, fue asesinado “por paramilitares en Cancasque, Chalatenango”, según la Comisión de la Verdad.

En el libro de viajes están registradas las capturas de 128 salvadoreños. El 18.7 % de los registrados en ese libro sufrieron tortura, desaparición forzada o asesinato en las mismas fechas, en fechas previas o en fechas posteriores a la de su captura.

Rosa Ada Soto de Acosta es una de esas víctimas. Ella era un ama de casa de 45 años que fue acusada de pertenecer al Partido Comunista. El 9 de junio de 1983 fue capturada junto a su esposo, Alfredo Acosta Díaz, en su propia casa, ubicada en la colonia Satélite de San Salvador. Del relato de su captura se desprende que tanto Rosa Ada como Alfredo fueron interrogados por los viajes que ambos emprendieron a Rusia, y por los viajes de sus hijos. Rosa Ada también tenía un hijastro que había viajado a Cuba, según la Policía. Su nombre era Ramón Ernesto Acosta, de 31 años, capturado un día después que su padre y su madrastra en la misma casa de la colonia Satélite. Según la Comisión de la Verdad, Rosa Ada fue reportada como desaparecida el 8 de junio de 1983, un día antes del reporte de la fecha registrada de su captura. Su hijastro, Ramón Ernesto, también fue desaparecido en la misma fecha que su madrasta, aunque la PN registró su captura el “10JUN983”.

De las 496 personas registras en el libro de viajes y el libro de capturas, 90 sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, según la Comisión de la Verdad. La mayoría fueron desaparecidas.

De los 496 casos que hay en estos dos libros, 120 tenían una orden de búsqueda en el libro amarillo. Y de estos, el 20 % sufrió desaparición forzada y asesinato luego de haber estado bajo custodia de la PN, según los registros de la Comisión de la Verdad.

Mauricio Hernández Campos, Julio César Orellana Lemus y Daniel Arturo Hernández Castillo son tres de ellos. Los tres aparecieron fichados en el libro amarillo, con su nombre real, su fotografía y sus presuntos seudónimos. Más tarde, el 28 de julio de 1983, fueron capturados en una imprenta del Barrio Santa Anita, en el centro de San Salvador. Los tres fueron acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de imprimir “propaganda subversiva” para dicha organización. En 1993, la Comisión de la Verdad registró que estas tres personas, con su misma edad y sus mismos seudónimos, fueron reportadas como desaparecidas el mismo día en el que la PN registró sus capturas.

5. Hablan dos sobrevivientes

El “13JUN980”, sábado, cuatro agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y uno uniformado golpearon a la puerta de la familia Lazo Hernández, en un apartamento ubicado en la tercera planta de uno de los multifamiliares de la colonia Zacamil. En la casa vivían Rosalina, su esposo, Fredy, y los hijos de ambos. El mayor tenía 11 años; la menor, seis. Había varios invitados a la casa, entre ellos dos líderes de las FPL y un joven, al que Rosalina no conocía. Este dijo llamarse José Ricardo Funes Zepeda.

Eran las 8 de la noche cuando llegaron los agentes. “Ya nos cayeron”, dijo el hijo mayor, quien se percató del operativo cuando jugaba con unos amigos en el segundo piso. Subió. Fredy miraba la televisión junto a su hija. Veían Hawai Cinco-0. En la cocina se preparaba un lomo horneado y en la mesa había un plato lleno de jocotes de corona.

Antes de que los policías entraran, Rosalina intentaba romper la documentación que había en el apartamento. Recibos, hojas reclutorias de miembros de las FPL, afiches y propaganda. Ella había ingresado a la organización en 1976, y aparte de prestar su vivienda, hacía labores de inteligencia. “Estaba en el lugar de los hechos”, dice ella, refiriéndose a sus andanzas como insurgente. Cuando los policías entraron, Fredy recibió un culatazo en la cabeza. “Y ¡plas! ¡Chorro de sangre, mire!”. Los niños fueron testigos de cómo unos extraños torturaban a sus padres.

—No lloren, hijos -les dije-. No lloren, que ya voy a regresar -cuenta Rosalina que alcanzó a decirles.
—¡Ajá, hija de la gran puta: ¿ya vas a regresar?! -le dijo uno de los policías.
—Y me dan la gran… que reboté contra el muro. Luego me bajaron arrastrada por las gradas. No, dije yo: ¡ya valimos! –cuenta Rosalina.

Ya en la calle la subieron a un camión y le ordenaron que se acostara y que abrazara el cuerpo de un joven que estaba tirado sobre la cama. “Era un cadáver”, recuerda.

Mientras tanto, a los hombres en el tercer piso les vendaron los ojos y los seguían golpeando frente a los niños. Al cabo de un rato también los bajaron, arrastrados por las gradas, y los subieron al camión, ordenándoles que se recostaran encima de Rosalina y el cadáver.

El camión arrancó.

—Nos llevaron a un lugar en donde había una gran cárcava, y adentro habían escarbado tierra y habían aventado unos cadáveres –recuerda Rosalina.
—Mirá, vení –le dijeron sus captores, mientras la bajaban del camión-: Así va a ser tu suerte si no hablás.

Ya en el cuartel de la PN, en “el castillo”, la encerraron en unas celdas ocultas en un sótano.

El “castillo” de la PN ha cambiado desde entonces. Ubicado en el centro histórico de San Salvador, ahora alberga a la dirección central de la Policía Nacional Civil, el cuerpo policial creado para sustituir a los cuerpos de seguridad pública del pasado. Hace algunos años, cuando se remodelaba uno de los jardínes de la nave central, albañiles encontraron huesos en la tierra removida. El director de Medicina Legal de la época, Juan José Mateu Llort sugirió, sin pruebas científicas, que ese hueso era humano. Aquello fue un escándalo. La sola posibilidad de que en el corazón del castillo brotara el hueso de un salvadoreño alertó a las organizaciones de derechos humanos, que desde la dictadura y luego en la guerra reclaman por el paradero de más de 5 mil desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaban desde el interior del castillo los familiares de decenas de desaparecidos.

Saúl Quijada, segundo al mando del Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal, recuerda que a ellos los habían convertido en el blanco de todas las sospechas. Hasta la Procuraduría de Derechos Humanos intervino para garantizar la integridad de los forenses, porque los familiares de las víctimas los acusaban, con gritos, de encubrir las atrocidades de la PN. Durante una semana, custodiados por familiares vigilantes, ellos excavaron en el jardín, bajo la mirada de aquellos que buscaban los huesos de los suyos. “Terminamos de amigos con algunos de ellos”, dice Saúl Quijada, cuando recuerda el campamento que se montó en el castillo. Al final, Medicina Legal certificó que esos huesos, para infortunio de las víctimas y sus familiares, eran de un perro.

Hoy se mantiene el edificio principal del castillo, con cinco niveles, pero uno de los edificios de celdas y salones de interrogación fue demolido a mitad de los noventa, y el área de las celdas ocultas ahora es un sótano oscuro que sirve de parqueo. En las plantas más bajas de la nave central hay un gimnasio para los policías que incluye un salón en el que se imparten clases de baile.

Hace más de 30 años, Rosalina estuvo recluida en una celda donde su cuerpo no cabía y el piso siempre estaba húmedo. Desde la primera noche, y durante todo ese primer mes, la torturaron todos los días. No le dieron de comer, y la invitaban a tomar agua de un escusado. Querían sacarle información, pero ella se resistía.

—¿Por qué la torturaban?
—El objetivo de ellos era que dijera quién era mi jefe, adónde tenía el dinero, quiénes colaboraban, de dónde sacábamos para comprar carros, qué dónde habíamos hallado unos zapatos Kickers (en la casa tenía una caja llena de zapatos Kickers) y yo no me acordaba… ja, ja, ja. ¡y por eso me dieron veeeerga!

Le engraparon la espalda, a la altura de la columna; le arrancaron, “sin qué ni para qué”, algunas de sus muelas; le fracturaron tres vértebras, que 35 años después le causan unos fuertes dolores de espalda; le aplicaron el potro: el torturador se sienta en la cintura de la víctima, que está boca abajo. El torturador le jala la cabeza, hacia arriba, arqueándole la espalda. Y Rosalina no cedía. Le aplicaron choques eléctricos en el pubis, ella de pie, amarrada, desnuda, con los brazos estirados. Recuerda que le pegaban en la entrepierna unos electrodos que la hacían convulsionar. Otras veces la tortura fue más simple: golpes contundentes a la cabeza, que la hacían saborear su propia sangre. “Yo sentía las gotas de sangre glup, glup, glup, se sienten las gotas de sangre, ¿veá?”, dice Rosalina.

La golpiza que más recuerda y que más le duele, y ni ella entiende por qué es la que más recuerda, ocurrió una vez que sus verdugos le preguntaron quién, según ella, se la había llevado presa.

“¿Te acordás quiénes te llevaron presa: la guardia o la policía?”, le preguntaban. “La policía”, decía ella. “¿Ah, sí, no?”, le reclamaban. “¡Plas! Fue cuando me quebraron aquí, mire”, y Rosalina se toca la quijada. “No les pareció que dijera que la Policía. A saber por qué no querían que dijera que fue la Policía…”

A los tres meses, Rosalina fue trasladada a Cárcel de Mujeres, al ala de presas políticas. Un mes más tarde, en octubre del 80, la guerra ya había estallado. Las FPL y las otro cuatro facciones de la guerrilla anunciaron que se convertían en un solo frente: el FMLN. Solo hasta entonces se reencontró con sus hijos. Solo hasta entonces le dolió lo que ellos también habían sufrido.

Un niño de 11 años y una niña de seis sobrevivieron en la casa de sus padres, solos, hasta que la comida se les acabó en la refrigeradora y la alacena. Esto era la guerra. Y antes de que eso ocurriera, un niño de 11 años se convirtió en un padre para una niña de seis, y todos los días iba a dejarla y a traerla a la escuela, hasta que un día el niño tomó a su hermana de la mano y decidió, como adulto, que lo mejor era que la niña se quedara en la escuela, hasta que él resolviera cómo encontrar, a sus 11 años, y sin dinero, al resto de su familia. Esto era la guerra. El niño dejó a la niña con la directora de la escuela, le pidió que la cuidara y prometió regresar por ella. La niña de seis años se encontró, entonces, con la soledad más grande de esta tierra, cuidada por una mujer extraña, en una casa que no era la suya. Y fue así por dos largos meses, hasta que su hermano regresó con un tío, a rescatarla. Rosarlin Hernández hoy es una mujer con un hijo mayor de edad, un esposo y otra vida a la que le hace falta algo. Algo que se le perdió el día en que se llevaron a sus padres. Ella dice: “Aquel día me robaron la infancia”.

La guerra le robó la infancia.

***

El sábado 13 de junio de 1980, José Ricardo Funes Zepeda se reunió con dos “compas” en las cercanías del colegio Cristobal Colón, en la colonia San Luis, de San Salvador. Debían organizar unas acciones de las FPL, y en esa zona vivían unos colaboradores dispuestos a prestar su casa. A las 5 de la tarde, José Ricardo y sus compas descubrieron que sería imposible celebrar la reunión, porque la zona estaba militarizada y los colaboradores habían desistido. Uno de los compas propuso viajar a la colonia Zacamil, “una zona caliente”, pero que era eso o nada.

José Ricardo tenía 22 años, y había decidido luchar contra el régimen desde que en 1977 fue testigo de una masacre en la Plaza Libertad, en medio de las protestas masivas contra el fraude electoral cometido por la dictadura contra la Unión Nacional Opositora, de la que su padre era candidato a la vicepresidencia. Tras esa masacre, la familia de José Ricardo huyó a Costa Rica, pero un mes más tarde él regresó a colaborar con las organizaciones de masas de la oposición. Su padre, dos años después, formó parte de la junta revolucionaria de gobierno, un movimiento compuesto por civiles y militares progresistas que derrocaron al general Carlos Humberto Romero, al que la dictadura le había dado el triunfo fraudulento en 1977. Esa junta duró unas pocas semanas con su formación original, y la mayoría de los líderes civiles renunciaron a ella y huyeron del país, de los atentados y las amenazas de muerte, luego de una serie de desencuentros influenciados por la injerencia de Estados Unidos y el regreso al poder –vía la junta- de la élite militar a la que se quiso combatir.

El padre de José Ricardo fue, junto a otros líderes de la Democracia Cristiana, de los que seguían creyendo que desde la junta se podía cambiar al país. José Ricardo no estuvo de acuerdo con su padre. Así que anunció públicamente su adhesión a las FPL, y en aquellos años eso causó una gran conmoción: el hijo de uno de los miembros de la junta se declaraba enemigo del Estado.

Aquella tarde del 13 de junio de 1980, José Ricardo llegó a la casa de una mujer que se dijo llamar América. Iban a cenar un oloroso lomo horneado y jocotes de corona. En la casa había cinco adultos y dos niños, uno de 11 y una niña de seis. Cuando la PN los descubrió y los capturó, José Ricardo supo que lo mejor que podía hacer era resguardar su verdadera identidad, así que insistió e insistió en que su nombre era José Ricardo.

José Antonio Morales Carbonell, hoy subsecretario de Gobernabilidad del gobierno, tuvo la suerte de que los agentes de la PN no le reconocieran. Su nombre y su seudónimo y su filiación y su rostro, para 1979, ya estaban registrados en el Libro amarillo. Y aunque en el libro de capturas la Policía Nacional lo registra con su nombre y su seudónimo, en realidad nunca supieron a quién habían detenido junto a América (Rosalina).

Quizá los archivos con los cuales se daba persecución a los opositores todavía no eran del conocimiento de todos los militares. O quizá tuvo la suerte de que… José Antonio Morales Carbonell, el hijo de Antonio Morales Erlich, uno de los miembros de la junta revolucionara de gobierno, tuvo mucha suerte.

La primera noche en el cuartel de la Policía, a Morales Carbonell lo separaron del grupo y se lo llevaron a una celda solitaria, húmeda y fría. Recuerda que en la madrugada lo despertaron unos gritos. Eran los gritos de los torturados.

—¿Qué escuchaba?
—Eran unos alaridos… Yo nunca había escuchado los gritos de los torturados. Son gritos que no se parecen a nada de lo que uno conoce. Es como cuando uno pasa por un matadero, solo que este es de seres humanos. Entre el frío del piso y los gritos de esa gente yo empecé a temblar de pavor.

Mientras pasaban los días, la tortura se iba aproximando a su celda. La tortura le llegó con la cara de un joven al que lo colgaban de los pulgares para que estos soportaran todo el peso de su cuerpo. A ese muchacho le habían apagado, en el trayecto desde La Libertad –donde lo habían capturado- todos los cigarrillos que su captores venían fumado. “Tenía las orejas desechas”, recuerda Morales Carbonell. En la espalda y en el abdomen del joven, Morales Carbonell descubrió el efecto que produce el cañón de un fusil estrellado con violencia contra un cuerpo desnudo.

Una noche sacaron al joven. Desde su celda, ubicada en una parte alta, Morales Carbonell tenía visibilidad hacia el parqueo. Desde ahí vio cuando a ese joven lo subieron a un auto y se lo llevaron. Nunca más se supo de él. Cuando la Cruz Roja se asomó por las celdas de la Policía Nacional, le preguntaron a José Ricardo si sabía qué habían hecho con ese joven, del que ya había un registro de captura pero que no aparecía en ninguna otra cárcel ni bartolina del país. “Lo desaparecieron”, pensó José Ricardo, que ahora temía por su vida. Entonces pensó en confesar su verdadera identidad a los delegados de la Cruz Roja. Tenía miedo. No sabía si el delegado le ayudaría a contactar a su padre. Confió. Morales Carbonell confesó su verdadero nombre y, al día siguiente, lo condujeron a la oficina del director de la Policía Nacional, el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. En el salón lo esperaban, junto al coronel, su padre y su madre.

Antonio Morales Ehrlich le confió, tiempo después, que cuando llegó a la oficina del director de la PN para reclamar a su hijo, el coronel López Nuila respondió, sorprendido, convencido de que su Policía Nacional no tenía preso al hijo de un miembro de la junta revolucionara de gobierno. Pero entonces Morales Ehrlich le pidió la lista de los presos, y le señaló el nombre falso de José Ricardo Funes Zepeda. “Este es. Tráiganlo”, dijo a López Nuila.

Morales Carbonell, en protesta contra el régimen, continuó preso, y recuerda que desde que López Nuila supo que él estaba en su cárcel, siendo testigo de lo que ahí ocurría, dejaron de oírse los gritos de los torturados. Morales Carbonell recuerda que una mañana, en el patio de la Policía, adonde sacaban a los presos a tomar el sol, se cruzó con López Nuila.

—Lo veo afónico –me dijo.
—Y cómo no voy a estar afónico si dormimos en el suelo? -le contesté.
—¿Cómo en el suelo? ¿No tienen camas? Si se supone que deben tener…

6. El coronel López Nuila “está enfermo”

En un pequeño cerro con una vista privilegiada al volcán de San Salvador vive el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. La casa tiene dos plantas y está protegida por alambres razor y un guardia armado, que al menor movimiento cerca del portón abre y pregunta: “Sí, ¿qué desea?”.

Ubicar el paradero del exdirector de la Policía Nacional no es una tarea sencilla. Su oficina en la Universidad Tecnológica, de la cual es vicepresidente, es un fuerte infranqueable que repele a aquellos que quieren preguntarle sobre la guerra. En el presente, López Nuila rehúye hablar de su pasado.

Carlos Reynaldo López Nuila es un militar en retiro que en 1979, con la llegada de la Junta Revolucionara de Gobierno, se convirtió en director de la Policía Nacional. Salvo este ascenso que lo lanzó a la fama en plena efervescencia de la guerra, de su carrera se sabe muy poco. Quizá lo más sobresaliente sea que en 1963 participó en un curso de la Escuela de las Américas. Fuera de eso, la voz de López Nuila se enciende y se apaga en las escuetas notas de prensa que dan cuenta de entrecomillados atruibuidos a su nombre, elaboradas en su mayoría por corresponsables extranjeros. En ellas él habla del trabajo de la Policía Nacional e intenta desmarcarse de las denuncias o justificar el comportamiento de algunos de sus subalternos.

Una de esas publicaciones apareció el 9 de mayo de 1984. El periódico español El País publicó un cable de la Agencia France Press (AFP) con este titular: “Vinculan a la CIA y al alto mando del ejército salvadoreño con los escuadrones de la muerte”. El cable de la AFP retoma un artículo publicado por el Christian Science Monitor, en el que se retrató a toda la plana del Estado Mayor, y al Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas, como cómplices de las actividades de los escuadrones de la muerte.

En el artículo reproducido por El País, se lee: “Las actividades de los escuadrones de la muerte deben ser aprobadas en última instancia, directa o indirectamente, por el Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas”.

“Miembros señalados son el general Vides Casanova, viceministro de la Defensa, el coronel Adolfo Blandón, jefe de Estado Mayor, el coronel Nicolás Carranza, director de la Policía de Hacienda, y el coronel Reynaldo López Nuila, director de la Policía Nacional, que forma parte de la Comisión pro-derechos humanos de El Salvador”, dice en la nota reproducida por El País.

Aquella denuncia contra ese grupo de militares que dirigía a la Fuerza Armada pasó inadvertida, y tras el triunfo electoral de Napoleón Duarte en 1984, Eugenio Vides Casanova se convirtió en ministro de la Defensa, y López Nuila salió de la dirección de la Policía Nacional para convertirse en viceministro de Seguridad Pública, la cabeza al mando de la PN, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.

De las andanzas del coronel López Nuila en los primeros años de la guerra ahora se conoce un poco más gracias a documentos desclasificados del Departamento de Estado. El 17 de junio de 1982, López Nuila se reunió en El Salvador con dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Uno de ellos era Jon Glassman, un importante asesor del Departamento de Estado, autor del libro “interferencia Comunista en El Salvador: documentos que demuestran apoyo comunista a la insurgencia salvadoreña”

“Conversación con el director de la PN”, es el título del cable que da cuenta del encuentro entre Nuila, Glassman y Craig Jonhstone. En el documento -obtenido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWHRC, por sus siglas en inglés), vía Acta de Libertad de Información (FOIA) en Estados Unidos-, López Nuila habla sobre los alcances de la guerrilla, la necesidad de crear un centro de inteligencia que recoja la información proveniente de todas las unidades del ejército y minimiza las denuncias por violaciones los derechos humanos en la PN.

“América Central y El Salvador solía tener mucho mejor inteligencia cuando Estados Unidos dio su apoyo a esta actividad”, dijo Nuila en aquella reunión, en la que reconoció que la labor de inteligencia de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada había sufrido tras los recortes a la ayuda militar que Estados Unidos implementó en 1982.

Cuando a López Nuila le preguntaron qué estaba haciendo para detener abusos de autoridad de sus tropas, el coronel “mostró un resumen y una lista de agentes policiales llamados a comparecer ante cortes por crímenes serios desde octubre 15 de 1979”. Cuando le preguntaron sobre abusos cometidos a prisioneros, López Nuila respondió que “había menos que en las islas Fackland donde ocho argentinos habían muerto”, y que las condiciones de los presos eran vigiladas constantemente por la Cruz Roja Internacional, que visitaba las celdas “hasta tres veces por semana”.

En esa reunión, López Nuila presentó un resumen estadístico “que indicaba que la Policía Nacional había arrestado a 2,288 por subversión desde octubre 15 de 1979. De estos, 1,200 habían sido liberados después de haber sido interrogados”.

El libro de capturas y el libro de viajes dan cuenta de detenciones desde “15OCT979”. López Nuila confiesa a Estados Unidos que hubo capturas masivas de “subversivos” desde el 15 de octubre de 1979. Ese día, un grupo de militares progresistas dieron un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero. En su proclama se comprometieron a romper con el pasado y a respetar los derechos humanos. Estas nuevas evidencias apuntan a lo contrario: que a partir del golpe de Estado creció la persecución hacia los opositores políticos.

Durante todo el mandato de Nuila al frente de la PN, los libros secretos del ejército continuaron actualizándose. El libro de capturas terminó de rellenarse en 1984. El libro de viajes en 1985. Los libros de inteligencia sobre el Partido Comunista y las FPL indican tener información actualizada hasta 1986. El libro amarillo tiene como última fecha de entrada “13AGOS987”. Hasta aquí, Vides Casanova y López Nuila reinaban en lo más alto de la jerarquía militar de la época.

Al final del cable de la Embajada de Estados Unidos, Craig Johnstone y Jon Glassman suscriben un comentario sobre López Nuila y la Policía Nacional. “López Nuila se proyecta a sí mismo como un chico bueno tratando de hacer su trabajo bajo circunstancias muy difíciles. La Policía Nacional está lejos de ser una organización de santos, pero es una organización importante gracias a los esfuerzos de este abogado y coronel”, escribieron.

En otro cable desclasificado por el Departamento de Estado, y fechado en marzo del 83, se da cuenta de la “existencia de un escuadrón de la muerte de la derecha en la Policía Nacional salvadoreña”. En el documento, al que se la han tachado todos los remitentes y destinatarios, informantes aseguran que dentro de la PN existe un “escuadrón de la muerte compuesto por miembros de tres áreas de la Policía Nacional: la Sección de Investigación Criminal, la Sección Especial de Investigación Política y la Sección Antinarcóticos”.

Hoy día, es imposible hablar con López Nuila sobre cualquier hecho de la guerra. Desde que Arena llegó al poder en 1989, su figura poco a poco se fue diluyendo en el reguero en el que se convirtió el mapa político de la posguerra. Y es así hasta la fecha. Hoy se le conoce más por sus inversiones en educación a través de la Universidad Tecnológica, y por ser socio y administrador del Canal 33 de televisión en señal abierta.

En una nota publicada el 26 de febrero de 2015 en El Diario de Hoy, se cuenta de un guiño que la Universidad hizo a López Nuila, en la inauguración de un edificio en el centro de la ciudad. “En homenaje al Dr. Carlos Reynaldo López Nuila, por ello lleva el nombre de dicho fundador del alma máter e impulsor de servicios educativos a nivel de postgrados”.

En mayo de 2013, en una nota sobre el libro amarillo publicada por el periódico mexicano La Jornada, aparecen recogidas las últimas palabras que López Nuila ha dado sobre su pasado. “Yo de esa época no quiero saber absolutamente nada”, dijo el coronel en retiro.

En la Universidad Tecnológica, López Nuila es infranqueable. “Está enfermo”, dice su asistente. “No lo podrá atender”.

En su casa, un guardia armado abre la puerta al detectar el menor movimiento frente al portón.

—Vengo a buscar al coronel López Nuila. Queremos una entrevista para pedirle explicaciones sobre unos hallazgos que tenemos sobre la Policía Nacional que él dirigió.
—Permítame…

El guardia armado cierra la puerta y se pierde en el interior de la vivienda. Al cabo de unos minutos regresa:

—No, que no. Que dice que lastimosamente está enfermo, y que no lo podrá atender. Tal vez en otra ocasión.

El 14 de noviembre de 2015, El Faro le dejó una carta en su casa, en donde se le detalla los hallazgos: que 90 de 496 salvadoreños con registro de capturas en la PN terminaron, según la Comisión de la Verdad, desaparecidos, asesinados o torturados. A la fecha, este periódico no ha obtenido respuesta del coronel López Nuila.

7. R32 busca a su esposa e hija

Podríamos decir que en los libros de la muerte hay respuestas para las miles de víctimas de la guerra y sus familiares, pero eso no sería cierto.

En los libros de la muerte solo hay respuestas para las familias de 496 salvadoreños.

En El Salvador, según las autoridades, no existen archivos de la guerra, y quizá sea porque realmente allá afuera, en la calle, sobrevivan los verdaderos archivos perdidos del conflicto. El Faro ha tenido acceso a siete documentos, pero seguramente hay más, muchísimos más, como lo sugieren el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, cuando dice que “es probable que haya habido fugas”; o el último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, cuando cuenta que tras la firma de la paz se giró una orden para que se desaparecieran los archivos de inteligencia de las comandancias, cuarteles…

Y sin embargo, miles de salvadoreños siguen buscando aquello que se las ha perdido, y la sola existencia de unos archivos apócrifos quizá pueda ayudarles en su búsqueda.

R32 es uno de ellos.

El libro amarillo del Estado Mayor dice que R32 era un “miliciano” de la Resistencia Nacional (RN/FARN). R32 fue secretario general de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras). Ingresó muy joven al movimiento sindical del sector energético del país, que a inicios de la guerra protagonizó importantes apagones para presionar al régimen. Antes de la última de sus capturas, que duró cuatro años, entre 1980 y 1984, R32 había sido capturado en dos ocasiones, una por la Guardia Nacional y otra por la Policía Nacional. R32 era un perseguido que tuvo que abandonar su apartamento en la colonia Zacamil, cambiarse el nombre, el de sus cuatro hijos y el de su esposa. Pasó a un estado de semiclandestinidad hasta que fue capturado por última vez el 22 de agosto de 1980.

R32 aparece fichado en el libro amarillo pero no aparece registrado en los libros de la Policía Nacional. Sin embargo, al menos dos de los capturados por ese libro lo mencionan en sus declaraciones, obtenidas presuntamente a golpes de tortura.

Más de 30 años después, Héctor Bernabé Recinos dirige el Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (Coppes). Durante cuatro años él fue torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional, luego en la prisión para presos políticos de la ciudad de Santa Tecla -una cárcel hoy convertida en museo- y más tarde en el Centro Penal La Esperanza, la principal cárcel del país, conocida como “Mariona”. En la prisión de Santa Tecla, Bernabé conoció a José Antonio Morales Carbonell, aquel joven militante de las FPL que fue capturado en un apartamento en el que una niña junto a su padre miraban Hawai Cinco 0. En plena guerra, Bernabé Recinos, Morales Carbonell y otros dos presos políticos se convirtieron en líderes de un movimiento en las cárceles del país. En libertad, Bernabé Recinos lideró un movimiento opositor importante en el sector energético del país. En prisión, lideró un movimiento importante que denunciaba las torturas a las que el régimen sometía a los presos políticos.

Podríamos decir que la suma de ambas luchas provocó que lo castigaran donde más podía haberle dolido.

Podríamos decir que por eso desaparecieron a su esposa y a su hija.

Podríamos decirlo, pero ya nos lo ha dicho él.

Bernabé sospecha que sus captores dieron “seguimiento de inteligencia” a su esposa y a su hija, luego de una visita que le hicieran en la cárcel. Las ubicaron en una colonia del Barrio San Jacinto, en la casa de una pareja de amigos que le daban refugio a su familia: su mujer, su hija y sus dos hijos.

El 22 de agosto 1982, Ana Yanira (11 años) y su esposa, María Adela García, fueron capturadas y posteriormente desaparecidas por un comando armado. Junto a su esposa y su hija, los captores se llevaron también a la pareja que les daba refugio: América Fernanda Perdomo, del Comité de Derechos Humanos, y Saúl Valentín Villalta, un abogado miembro del FAPU. Sus dos hijos varones fueron testigos del secuestro. Ellos se salvaron porque en el momento del operativo, jugaban fútbol, en la calle, junto a un grupo de niños de la cuadra. Así era la guerra.

Hace más de 30 años, la noticia de la desaparición de su esposa y su hija le llegó a través de una visita a la cárcel. Aquella fue la peor tortura.

Desde entonces Bernabé busca aquello que se le ha perdido.

A finales de septiembre le enseñamos a Bernabé el libro de capturas y el libro de viajes.

Podríamos habernos quedado callados, y haber dejado que él navegara, intentado encontrar ahí sus nombres, pero eso no habría sido justo.

—No están, ¿verdad? –nos pregunta.
—No, Bernabé. Los hemos buscado y no aparecen.
—¿Tampoco América y Valentín?
—Tampoco.

Los ojos de Bernabé no quieren creernos. Sus piernas, que bailotean debajo de la silla, no quieren creernos. Las yemas de sus dedos no quieren creernos, y juegan, inquietas, con las esquinas de las páginas del libro de capturas, abierto de par en par. Él suspira. Se encoge de hombros…

—Bueno, habrá que seguir buscando…

Entonces Bernabé se sumerge en el libro de capturas. Lo hojea con paciencia. Empieza en el medio, y luego se va a las primeras páginas. Se detiene. Señala con el dedo.

—A este lo conocí: terminó en silla de ruedas. A este también lo conocí…

1.

El cabo Mora aterrizó en Bogotá una mañana fría de septiembre de 2008. Venía de Ocaña, en Norte de Santander, donde la temperatura rondaba los treinta grados. Se ubicó temporalmente en una unidad de aviones plataforma, mientras sus superiores le informaban cuál sería su trabajo y dónde viviría en la capital.

Hasta ese momento, Mora se había desempeñado como agente de inteligencia del Ejército y había logrado infiltrarse en los reductos paramilitares del nororiente colombiano. Sin embargo, sospechaba que de ahí en adelante el Ejército no lo iba a seguir destinando a misiones similares. Los comandantes en Norte de Santander lo habían expulsado prácticamente como a un perro. Tenía 24 años y uno de sus temores más agobiantes era que su carrera militar podía desplomarse: lo iban a retirar o a presionar para que solicitara su retiro. Aunque existía una posibilidad todavía peor: lo iban a matar o le iban a matar a su familia.

Por esos días leyó en la revista Semana un artículo titulado “Versiones encontradas sobre jóvenes desaparecidos en Soacha”. La nota daba a entender que en fosas comunes, en las afueras de Ocaña, habían encontrado los cuerpos de un puñado de jóvenes que residían en aquella población al sur de Bogotá y que habían sido reportados a comienzos de año como desaparecidos. El Ejército los estaba presentando como integrantes de grupos al margen de la ley, pero sus familiares desmentían esa versión diciendo que esos jóvenes no eran criminales de ninguna clase. Al día siguiente, la revista volvió a publicar una nota esta vez con el título “¿Reclutados o asesinados?”, según la cual los exámenes de medicina forense indicaban que los jóvenes habían sido asesinados meses atrás y que los camuflados con que habían sido inhumados no tenían los orificios de balas que sí tenían los cuerpos de cada uno. Fue en ese momento cuando Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, se arriesgó a lanzar por primera vez la hipótesis de que los jóvenes habían sido secuestrados para matarlos.

Mora se dijo: “Yo sé qué pasó con esos muchachos”. Sin embargo, recordó que en enero de 2008 un sargento del Ejército también había hablado con Semana sobre casos parecidos, luego se le había presentado en su oficina en Bogotá al comandante del Ejército, el general Mario Montoya, y poco después, de manera insólita, el mismo Ejército lo había capturado por cargos de extorsión. “Acá en Bogotá tampoco se lo puedo contar a nadie”, pensó. Dos días más tarde, leyó en Semana: “Ya son 46 los jóvenes desaparecidos que fueron reportados como muertos en combate”. Otros medios también comenzaron a ventilar las historias de las familias de esos muchachos y a mostrar a las mamás en llanto. En ese instante, el cabo Mora cambió de decisión.

–Me sentí culpable –me dice–. Fui a donde un mayor, amigo mío, y le dije que yo podía aclarar lo de Ocaña. El mayor me llevó con el director de inteligencia del Ejército, el general Díaz. Y a él le conté todo. Duramos casi un día hablando y él solo se cogía la cabeza con sorpresa y decía “…cómo así, cómo así…”, y me decía que ellos tenían sospechas pero que faltaba un testimonio como el mío.

Al final de la tarde, el general Díaz se saltó el conducto regular: no le informó al general Mario Montoya, sino que telefoneó al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, para que supiera y a su vez pusiera al corriente al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

–Sabían de pronto que mi general Montoya… –Mora se frena. Piensa mejor lo que va a decir–. Mi general Montoya ha dicho que lo que mataron allá fueron delincuentes y que no pasaba nada.

A la mañana siguiente, ya sintiéndose respaldado por el ministro Santos, Mora madrugó a denunciar los hechos en la Fiscalía y en la Procuraduría.

–Me parece –dice, forzando el recuerdo– que fue un procurador el que llamó a estos crímenes “falsos positivos”. Y después se vino la bola mediática e investigativa tan inmensa.

Bola que obligó al general Montoya, un mes más tarde, a destituir a tres coroneles de Norte de Santander: Rubén Darío Castro, Santiago Herrera Fajardo y Gabriel Rincón Amado, dos de los cuales habían hecho sentir como un delincuente al cabo Mora. Y a los cuatro días de estas bajas, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo lo mismo con 27 militares más, entre ellos tres generales.

–Todos estos militares supieron que fui yo el que puso todo al descubierto. Inmediatamente me empezaron a tratar de sapo, de traidor.

El cabo Mora es un tipo alto y grueso, quizá con kilos de sobra. Tiene la piel oscura y los ojos escondidos, pero con pupilas de un blanco intenso. Su nombre es Carlos Eduardo, habla con voz delgada y mantiene ese suave tono de niño bien educado y tímido: “Buenas, don Juan”, “¿le provoca algo de tomar, don Juan?”. Vive con su esposa y su hija, una pequeña que va llenando de grititos y risas la casa. Mora la besa, la abraza, con ella se le enflaquece aún más la voz. Viven al norte de Bogotá, en un conjunto residencial de las Fuerzas Militares. Algunos soldados controlan la entrada, y en el parqueadero hombres en camuflado, con sus pistolas de dotación rebotándoles en la cintura, se bajan de carros con placas civiles sin polarizados ni escoltas. Los niños juegan fútbol en los jardines.

Mora se transporta en un carro blindado y está protegido por dos escoltas. Esas son las medidas cautelares que le otorgó la Fiscalía luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conceptuara en octubre de 2013 que “sus derechos a la vida e integridad” estaban “amenazados y en grave riesgo”.

Estamos sentados en la sala. El apartamento es pequeño y decorado modestamente. Un solo cuadro de colores encendidos cuelga en el comedor. Mora ha contado varias veces su historia como testigo principal de los falsos positivos. La mayoría de ellas en el proceso de investigación y juicio abierto contra los militares implicados. Y es esa historia la que los tiene en la cárcel o a un paso de ella. Pocas veces se la ha contado a la prensa, y esta es prácticamente la primera vez que la narra, dispuesto a que sea publicada in extenso con todos los detalles.

2.

De niño Carlos Eduardo Mora soñaba con ser soldado. Vivía en Ciudad Bolívar con su mamá y su padrastro, y había octubres en que se disfrazaba con camuflado. Al graduarse del colegio, se reencontró con su papá, quien para ese momento ya era un sargento mayor retirado del Ejército. Le dijo que él también quería seguir la carrera militar y, aunque al comienzo su papá trató de disuadirlo –“ser militar es muy duro, mijo, mucho más ahora con la seguridad como está” –, terminó ayudándolo a ingresar a la Escuela de Suboficiales en Tolemaida.

A finales de 2004, recién cumplidos los 21 años, obtuvo el grado de tecnólogo en ciencias militares y entre mil aspirantes fue incluido en un grupo de cincuenta que se especializó en nueva inteligencia militar. Palabras más, palabras menos: pasar desapercibido en una comunidad y ser capaz de infiltrarse en un grupo al margen de la ley con el propósito de reunir información para operaciones de choque, asaltos y capturas.

Casi enseguida fue asignado a la recién creada Brigada Móvil XV que operaría en Norte de Santander, desde la región del Catatumbo y la frontera con Venezuela hasta Ocaña y los límites con el Cesar. Pero como nunca antes había padecido el estrépito de la guerra, sus superiores le encargaron una escuadra de cinco hombres y lo enviaron a la zona rural del municipio de Tibú, donde las Farc y el ELN daban bala todos los días. Era marzo de 2006. Fue allí cuando el cabo Mora vio morir a varios de sus hombres, de las maneras más dramáticas: tras un ataque con bombas, uno de ellos perdió la mitad de la cabeza, al otro le volaron el rostro y uno más se desangró por completo después de que un mortero la arrancara una pierna.

–¿Yo qué les decía a los que habían quedado vivos? Para eso no me había preparado la escuela. Lo único que se me vino a la cabeza fue: “Jóvenes, nosotros sabíamos a qué veníamos, ahora vamos a vengarnos”. Me di vuelta, me hice a un lado del grupo y me puse a llorar. Había compartido mucho con esos muchachos, meses sin ver una cara distinta a la de ellos, y de un momento a otro verlos muertos fue muy duro. Ahí me dije: “Esto no es lo mío”.

Un mes después, le llegó la notificación de que había sido designado para crear un grupo especial llamado Central de Inteligencia Técnica de Ocaña (CIOCA), junto con otro cabo que estaría bajo su mando. En adelante, el cabo Mora no volvería a usar el uniforme militar y tampoco podría residir en los batallones. Debía convertirse en un civil más. Su misión sería recabar información desde el interior de las bandas criminales y unas cuantas células aún activas de la desmovilizada guerrilla del EPL, para que la tropa pudiera neutralizarlas.

–Al poco tiempo comenzamos a dar resultados –dice–, más que todo contra bandas criminales. Con nuestra información se decomisó armamento, se capturaron 18 integrantes de los reductos paramilitares, entre ellos un cabecilla. Y luego de estos golpes, los paramilitares se dieron cuenta de que éramos mi compañero y yo, y nos declararon objetivo militar.

Por esos días, noviembre de 2006, el Frente 33 de las Farc se tomó el Alto del Pozo, una ruralía de Ocaña, y mató a 17 soldados. El mando militar reaccionó relevando a los comandantes del Batallón Santander y de la Brigada Móvil XV y nombrando en su lugar al coronel Santiago Herrera Fajardo y su cúpula. Aunque Herrera Fajardo tenía tres medallas por valor en combate y era uno de los mimados del general Montoya, también era muy resistido a causa de sus métodos. Entre militares le decían “Fortín”, por su solidez tropera.

El primer movimiento de Herrera Fajardo fue incrustar su gente en las distintas áreas de trabajo. A la CIOCA metió un cabo de apellido Urbano, trasladando al cabo que estaba bajo el mando de Mora.

–A Urbano le decían “Hitler”. Imagínese lo malo que era. Y claro –me explica Mora–, apenas llegó dio un resultado. Comencé a dudar porque yo llevaba meses trabajando para crear líneas de acción y este cabo llegó y en un día ya lo había logrado. Es más: casi enseguida dio información para lograr una supuesta baja del enemigo. Pero como yo hablaba con la gente del pueblo, supe que el muchacho al que habían matado no era ni un paramilitar ni un guerrillero, era un loquito de la calle. Y en la morgue confirmé que ese muchacho había pasado por tratamiento psiquiátrico en la clínica de Ocaña.

A continuación, un mayor también de la cuerda de Herrera Fajardo le pidió a Mora el nombre de sus informantes. El cabo se rehusó. Esa petición, más lo que venía haciendo Urbano, le parecieron indicios de que los métodos de este grupo de militares no eran ortodoxos. Para protegerse y preservar la vida de sus contactos, Mora le informó de sus sospechas a un sargento con autoridad sobre la contrainteligencia de la Brigada Móvil XV. Este sargento, en respuesta, le ordenó a Mora pegársele al cabo Urbano y averiguar más detalles.

–Una noche, uno de los coroneles nuevos, Gabriel Rincón Amado, me llamó sorpresivamente al celular. Me dijo: “El cabo Urbano tiene una información y como usted ya lleva un buen rato acá necesito que la verifique con él y con los informantes suyos”. Yo ya tenía mucha idea de que Urbano trabajaba en llave con los paramilitares y, si yo cumplía las órdenes del coronel Rincón, temía que mataran a mis informantes. Igual era orden de un superior, me tocaba cumplirla. Pero antes de salir le dije al cabo con el que yo compartía apartamento que, si yo no volvía, por favor informara que me había ido a encontrar con Urbano por orden de Rincón.

Mora se encontró con Urbano en el barrio Santa Clara, a las afueras de Ocaña. Se saludaron y se montaron a un taxi. Mora quedó en la mitad del puesto de atrás. Hubo un silencio como si en segundos fuera a pasar algo. Urbano le preguntó: “¿Usted conoce a Leo?”. Era el cabecilla del reducto paramilitar en esa región. “No lo conozco. Sé quién es –respondió Mora–. Estoy trabajando para ver si lo podemos coger”. “Se lo presento”, le dijo Urbano. Leo estaba a su lado. Y lo primero que se le pasó por la cabeza fue: “Aquí ya me mataron”. “¡Cabo hijueputa!”, le gritó Leo. “Usted nos tiene jodidos. Para mí es fácil mandarlo a picar y hasta podría pagarle a unos muchachos para que lo metan a la cárcel”. Mora, callado, se daba por muerto. No tenía escape. No podía correr. No andaba armado. Y el taxi se desplazaba por un paraje oscuro y solitario.

Llegaron a un descampado del aeropuerto. Urbano le pidió a Mora que llamara a sus informantes y los hiciera venir. Mora se negó. Leo, el paramilitar, se le acercó.

–Sacó un papel y me dijo: “Usted se llama así, su mamá es tal, su papá es tal, el cabo que se la pasa con usted es tal, los papás de él viven en Ibagué. Se los matamos a todos si no llama a los informantes”. Entonces cogí el teléfono y marqué.

Apenas Mora colgó, Urbano telefoneó al coronel Rincón para decirle que los “paquetes” ya venían en camino. Pasaron quince minutos y antes de que llegaran apareció un camión con el Grupo Especial de la Brigada Móvil XV. Mora se extrañó, pero quedó atónito del todo cuando del camión descendió el comandante de ese grupo y se saludó con Leo como si fueran amigos de siempre –se estrecharon la mano con una sonrisa cómplice y se dieron palmadas en los hombros–. Minutos después llegaron sus informantes en una moto. A uno lo subieron al camión y se lo llevaron. El otro se quedó mirando sin saber qué estaba pasando. Urbano le dio una pistola a Mora y le dijo: “Vaya mátelo o nosotros lo matamos a usted”. Mora cargó la pistola y se dirigió hasta donde estaba su informante. Le dijo: “Viejo, arranque o le disparo”.

–Cuando él arrancó –recuerda Mora– empezaron a encenderlo a plomo pero gracias a Dios no le dieron. Urbano me quitó la pistola y me la puso en la cara. “Si me matan saben que estoy con usted por orden del coronel”, alcancé a decir. Ahí lo pensó y sin dejar de encañonarme llamó al coronel Rincón a decirle que yo había dejado volar al informante y le preguntó qué hacían ahora. Rincón les ordenó que encontraran al informante, pero no lo lograron. Y a Urbano se le veía en la cara las ganas de dispararme en la cabeza. El coronel Rincón pidió que me presentara ante él y que ya no mataran al informante que tenían en su poder y que querían presentar como muerto en combate.

El cabo Mora regresó a su apartamento y se soltó a llorar. Le contó todo a su novia y al cabo que vivía con él. Se le cruzó la idea de escapar, pero el Ejército lo hubiera acusado de desertor. No sabía qué hacer. No tenía nadie a quién contarle. Acudir a la policía, menos, porque él sabía que en esa región la mayoría de los agentes estaban comprados por paramilitares. No vio otra que presentarse en el despacho de Rincón al otro día a primera hora de la mañana. El coronel lo esculcó y le quito el celular. “Es que los de inteligencia son muy sapos”, le dijo con resentimiento. Y luego, engreído, lo amenazó: “Usted ya sabe quién soy, usted ya sabe qué hago. No lo voy a matar, pero le mato a toda su familia si llega a decir algo. De ahora en adelante va a andar para todo lado con Urbano para que no vaya a decirle nada a nadie”. Ese mismo día, Urbano le ordenó a Mora que le informara cada vez que saliera de su casa y que a ciertos sitios debían ir juntos. Mora aceptó: en el fondo estaba convencido de que algo tenía que hacer contra ellos, que no se podía quedar callado.

–Llamé al mayor Velandia, jefe mío ahí en la Central de Inteligencia. Me cité con él en la Iglesia Mayor de Ocaña, en la Plaza 29 de Mayo. Le conté y le pedí que me aconsejara. Me dijo que él ya tenía las mismas sospechas. Entonces, que hiciéramos un trabajo de contrainteligencia: que yo anduviera con Urbano y le informara todo y que él trasladaba esa información a Bogotá. Yo asumí eso como una orden de un superior mío y salí un poquito más calmado. Ya en la calle me dije: “Vamos a hacer un buen trabajo, no importa que el investigado sea un coronel”. En ese momento no sabía que ese mayor también le era leal a Herrera.

Durante varias semanas el cabo Mora informó al mayor Velandia sobre el tráfico de armas que Urbano sostenía con paramilitares, las cuotas de dinero que circulaban a cambio y los muertos civiles que estaban legalizando como bajas del enemigo en combate. Y logró ganarse la confianza del enlace entre las dos partes: un paramilitar llamado John Pabón, quien le anticipaba a Mora los encuentros con Urbano. Pero al ver que del alto mando no llegaba una orden o que la Policía Militar no detenía a Urbano, empezó a sospechar que Velandia se guardaba la información. De ser así, en cualquier momento lo iban a matar porque, desde el incidente con sus informantes, el círculo de poder que manejaba Herrera se estaba estrechando en torno a él.

Velandia fue trasladado y reemplazado por un mayor procedente de Bucaramanga. El cabo Mora debía encontrarse con este mayor para ponerlo en contacto con una mujer, novia de un cabecilla de las Farc, que le suministraba información. “¿Aparte de esto usted tiene algo que contarme?”, le preguntó el mayor. Mora optó por revelarle la historia. Creyó que como procedía de otra zona, el militar no hacía parte de la misma confabulación. “Sí, mi mayor. Sin nombres, pero aquí hay oficiales de alto rango que están trabajando con los paramilitares y haciendo cosas graves”. “Deme bien su nombre –le dijo el mayor– y yo lo saco de acá antes de que lo maten”.

Al día siguiente muy temprano el coronel Herrera, comandante de la Brigada Móvil XV, telefoneó al cabo Mora.

–Lo primero que me dijo fue: “¡Cabo hijueputa, se va a morir por desleal, por sapo! Véngase ya para el batallón y se me presenta”. Apenas llegué me siguió diciendo que yo era un sapo, y le dije: “No, mi coronel. Yo tengo información de dónde están los paramilitares”. Y no me contestó nada. Cortó la conversación y se fue. A los diez minutos volvió y me dijo: “A usted lo van a matar por sapo. Se me sube ya a ese helicóptero”. Y yo respondí: “Mi coronel, pero es que yo no tengo ni uniforme, no puedo patrullar”. Me había accidentado en esos días. Nada de eso sirvió, me subió a un helicóptero que iba para San Calixto a llevar comida…

Mora se detiene. Cavila y deja escapar una risa nerviosa.

–¿Usted conoce San Calixto? –me pregunta.

–No.

–Es un municipio pequeñito, un caserío. En esos días era un territorio del EPL. Todos los habitantes son monos y ojiclaros. Y yo, bien negrito, iba a llegar allá en un helicóptero del Ejército. “Me van a meter una matada ni la más tremenda”, pensé.

Por fortuna para Mora, allá se encontró al mayor Velandia, quien le dio tres soldados para que lo escoltaran desde el punto de aterrizaje del helicóptero hasta la estación de policía. El intendente a cargo lo recibió, lo uniformó y lo tranquilizó: “Va a ser un policía más. Se quedará con nosotros”.

–Y estando ahí –continúa Mora, elevando la voz–, el coronel Herrera me llamó para ordenarme que regresara a Ocaña, pero por tierra. No iba a enviar un helicóptero por mí. Me negué. La carretera entre San Calixto y Ocaña estaba llena de guerrilla, ponían bombas, montaban retenes. Si yo cumplía esa orden, terminaba muerto.

Mora hace una pausa. Niega con la cabeza.

–Esa es una de las cosas que Herrera ha dicho en la Fiscalía: que yo no le hacía caso. ¿Pero cómo iba a hacer caso a esas órdenes incoherentes?

John Pabón, el enlace de los paramilitares con Urbano, también llamaba a Mora. Le decía que la situación estaba muy grave, que ya no soportaba más, que se quería desmovilizar. Mora le informó sobre la situación de Pabón a un capitán recién trasladado de Bogotá a Norte de Santander. Le pidió que lo recibiera por fuera del batallón, que era su informante y se quería entregar, pero que nadie se enterara. Pabón se entregó junto con uno de los escoltas de los narcotraficantes Mejía Múnera. Y ese capitán los dejó dentro del batallón y les hicieron un atentado del que salieron vivos. Días después, John Pabón terminó preso en la cárcel de Ocaña pero no como desmovilizado sino como capturado.

Mora ya le había contado los hechos a dos mayores, a un sargento y a un capitán. Y todo seguía igual. Para irse de San Calixto, se subió al helicóptero a la brava. Era septiembre de 2008. Aterrizó en Ocaña y enseguida lo mandaron para Bogotá. Pero antes de despacharlo en el avión, los dos coroneles, Herrera y Rincón, y el cabo Urbano, cada uno en momentos distintos, lo volvieron a amenazar: si contaba algo, le mataban a la familia.

3.

En la primera semana de noviembre de 2008, al mes de la purga de los treinta militares, el general Mario Montoya pasó su carta de renuncia. Y aunque para ese momento cargaba con varios señalamientos por violaciones de derechos humanos y de colusión con paramilitares –muchos de ellos por boca de comandantes desmovilizados de las AUC–, fue nombrado por el presidente Uribe como embajador en República Dominicana.

A comienzos de 2009, una oenegé con sede en Washington, llamada National Security Archive –dedicada a solicitar el levantamiento de la reserva de documentos oficiales relacionados con la seguridad de Estados Unidos–, reveló cables de la Embajada en Colombia en los que desde 1990 se hablaba de asesinatos de civiles cometidos por la tropa pero legalizados como bajas en combate de la guerrilla. Uno de sus investigadores, Michael Evans, explicó que estos crímenes tenían como fin inflar las cifras de bajas del enemigo, porque la revisión de estos datos era la manera en que las Fuerzas Militares cuantificaban el progreso de la lucha contra las guerrillas, cálculo que en el dialecto militar gringo se conoce como “body count”. Y añadió Evans que el general Montoya “durante muchos años había promovido” tal medición.

Mientras estas discusiones ocurrían en la prensa, el cabo Mora sobreaguaba en el día a día. Durante las semanas del escándalo y a principios de 2009, sintió que estaba protegido por la oficialidad del Ejército, que su actitud a la larga había sido respaldada por el alto mando. Pero luego, cuando menguaron el acaloramiento y las acusaciones, se quedó solo y sin ninguna medida de seguridad. Se había ido a vivir a un barrio residencial al sur de Bogotá y a cada citación de la Fiscalía le tocaba llegar en bus de servicio público.

–Comencé a mandar oficios solicitando seguridad –dice–. Pero la Fiscalía me dijo que no podía ayudarme porque yo era militar, que le tocaba al Ejército. Y el Ejército, nada. Se desentendió totalmente.

En palabras de Mora, lo que vivió a partir de entonces fue una persecución: primero, en la cara, otros militares lo calificaban de “traidor” y “guerrillero”. Le preguntaban si hacía parte de la guerra sucia de las Farc contra el Ejército.

–A los cabecillas de la guerrilla los llamamos “blancos de alto valor” –me explica–. Y para humillarme me decían “negro de alto valor”. Si me veían llegando a alguna dependencia, decían: “Sapo, llegó el sapo… cuánto estarán dando por la cabeza de Mora”.

Luego, una noche en que no había nadie en su casa, se metieron y le robaron unos documentos sobre el caso. Nada de lo que no tuviera copia, pero le hicieron ver que lo tenían ubicado y que lo podían vulnerar cuando les viniera en gana. En los días sucesivos se paraban frente a su casa con pistolas en mano. Y dentro del destacamento militar, sin que lo hubieran notificado, le abrieron una investigación por la pérdida de un armamento en la Escuela de Cadetes de Policía.

–Esa investigación tenía fecha del 2005 y apenas este año me enteré de dónde supuestamente se habían llevado el armamento; en esa área nunca estuve yo, nunca pertenecí a ella. Y segundo, la firma con la que reclamaron el armamento no era la mía. La falsificaron. Ahí guardo el acta como un tesoro porque una vez el Ministerio de Defensa dijo que a mí nunca me habían abierto una investigación.

A comienzos de 2010, la Fiscalía lo puso en contacto con las Naciones Unidas. Gracias a ellos se reunió en Bogotá con el ministro de Defensa, que ya era Gabriel Silva Luján. Mora le contó toda la historia y también le habló del maltrato psicológico. “Si está mal lo que yo hice, entonces no sé en qué ejército fue en el que me metí –le dijo al ministro–. Silva Luján le dijo que el Estado lo tenía que proteger porque había sido él quien había actuado de manera correcta, que enteraría al presidente.

–Y al otro día me llamaron. Que Uribe quería hablar conmigo. Esa sí fue una reunión tensa al principio porque el presidente tenía la bandera de los militares. Pero luego de que le conté los hechos de Ocaña, le pedí que como nuestro comandante directo me diera la baja de la institución, que para mí el maltrato ya era inaguantable. Me dijo: “No, cabo, cómo se le ocurre. Más bien, para evitar todo eso, hoy mismo en la tarde voy a dar una rueda de prensa diciendo que a los militares como usted, que son buenos, se les tiene que rodear. Y deme dos semanas para sacarlo del país con su familia para que trabaje como agregado, como secretario de agregado. Y si necesita venir a declarar, el gobierno está dispuesto a ayudarlo, pero antes hay que proteger la integridad de su familia, antes de que les pase algo”. Y vea –concluye Mora, riéndose tímidamente–, este es el momento en que no he salido de acá. Es más, ni seguridad ni Fiscalía ni nada. Y continuaron las amenazas de muerte, llamadas en las que me decían que era un sapo, que me iban a matar. Fue tanta la presión que a mi esposa le tocó irse con mi hija.

–Después de esa reunión, ¿Uribe Vélez nunca volvió a decirle nada?

–No. Nada. Por el contrario, antes de que él entregara su mandato yo le envié una carta para recodarle lo que me había dicho. Y lo que hicieron fue remitirla a la Oficina de Derechos Humanos del Ejército, donde tampoco dijeron nada. Lo que sí sé es que él me menciona en el libro que escribió y cita la reunión que tuvo conmigo, pero se olvida de lo que me prometió y no me cumplió.

4.

Nada cambió en 2011 ni en 2012. Más amenazas, más actos de tortura psicológica. Mora cumplía su horario de trabajo en el batallón, salía de su casa y regresaba en la noche sin protección. Hubiera sido muy fácil matarlo en esos lapsos y haberle montado la escena de un atraco. Quizá para él lo más conveniente hubiera sido retractarse, evadirse de la situación. Pero no. No aceptaba la impunidad para los culpables de los falsos positivos y se convenció de que tenía que seguir acudiendo a las citaciones de la Fiscalía. Su familia lo vio tan determinado y a la vez tan vulnerable que su esposa, resignada, lo sentó una noche y le dijo: “Bueno, si te matan, estamos seguros de que tú estás haciendo lo correcto”.

Una tarde de junio de 2013, cuando ya varios militares habían sido condenados por estos hechos –la primera sentencia fue en junio de 2011–, el inspector general de las Fuerzas Militares llamó al cabo Mora. Le dijo que había hecho una labor excelente y que querían trasladarlo a la Armada Nacional. A Mora la pareció ideal y empezó hacerse los exámenes. El último era psicológico y arrojó que estaba sufriendo una depresión leve. La psicóloga le dijo que llamara a su esposa y que se fuera con ella para el Hospital Militar. Allá le darían instrucciones.

–Se me hizo raro que me hicieran llamar a mi esposa –recuerda Mora–. Pero bueno, llegamos allá como a las tres de la tarde y una médica me dijo: “La orden que me están dando es internarlo en una clínica psiquiátrica”. “¿Por qué?, ¿qué tengo?”, le pregunté, “¿soy un peligro para la sociedad?, ¿para mi esposa?, ¿para alguien?”. Y me dijo: “No, la orden es esa, pero si quiere vaya y hable con el médico de la Clínica La Inmaculada, allá le explicarán bien y el doctor dirá qué determinación toma”. Entonces me fui en ambulancia para La Inmaculada y esperamos varias horas para que me atendieran. Como a las diez de la noche, sin hacerme ninguna prueba, un doctor me dijo: “Bueno, cabo, la orden del Ejército es que usted se queda internado. Entréguele todo a su esposa. Acá no puede tener celular, no puede tener nada”. “Doctor, pero dígame cuál es la razón. No creo que una depresión leve dé para que me internen”. También le dije que estaba a punto de ir a declarar en la Fiscalía por el caso de los falsos positivos y que no podía dejar sin seguridad a mi familia porque estábamos en riesgo.

El médico sacó a Mora del consultorio y le dijo a la esposa que lo convenciera, que era por el bien de él. Ella contestó: “No, ¿por qué? Él es la persona más calmada del mundo. Y si no ha cometido ninguna locura en estos cinco años en que lo han querido matar tantas veces, no la va a cometer ahoritica. Yo no entiendo por qué lo quieren internar así a la fuerza”.

Transcurrieron unos minutos y adelantándose a cualquier contingencia, Mora le envió un mensaje de texto al agente de las Naciones Unidas que seguía su caso. Le contó lo que le estaba pasando. El agente le respondió que no había razón para que lo recluyeran en un sanatorio. A los pocos minutos, varios soldados llegaron a La Inmaculada y llevaron a Mora de vuelta al Hospital Militar. Era la una de la mañana. Apenas Mora se bajó de la ambulancia vio que había hombres de la Policía Militar junto a otra doctora que lo recibió diciéndole: “La orden es que usted se tiene que quedar internado en la clínica, a las buenas o a las malas”. Al ver a la Policía Militar, supo que lo iban a doblegar por la fuerza. “Listo, intérnenme. Pero déjenme ir a solucionar el problema de seguridad de mi hija y mi esposa. Yo el lunes a primera hora me estoy presentando acá, así yo no vea la razón”. La doctora, exasperada, le replicó: “¡No! Ya. Ya mismo”.

–A las tres de la mañana busqué la forma de que me dejaran solo con mi esposa por unos minutos. Y me escapé asustado como el peor delincuente –me dice, con la voz opacada, encorvado sobre sus piernas–. Lo que me estaban haciendo ya lo habían hecho con un sargento vinculado a los falsos positivos, que se acogió a sentencia anticipada. Cuando comenzó a delatar coroneles, los abogados de esos coroneles lo señalaron de ser un desequilibrado mental.

Al otro día, a las ocho de la mañana, el cabo Mora se presentó ante uno de sus superiores y le dijo que se había escapado. Le contó que las Naciones Unidas estaban enteradas. Que él se iba a someter a un examen ante un médico legista y un psicólogo externo, y si ellos le indicaban que debía internarse él lo haría.

–Ahí murió todo –me dice Mora, abriendo la voz y reclinándose en el espaldar–. Nunca me volvieron a llamar para seguir con lo de la depresión.

5.

Poco después de este episodio y con el apoyo de una oenegé, Mora solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde octubre de 2013 pasó a convertirse en el primer militar, en la historia de Colombia, sujeto a protección internacional.

–¿Cómo cree que ha recibido el Ejército el hecho de que usted sea el primer militar con medidas cautelares, para protegerlo precisamente del Ejército?

–A mucha gente le ha parecido bien –conviene Mora–. Como en su momento lo dijo mi general Rey Navas, el Estado estaba demostrando que las medidas cautelares no son solo para activistas y oenegés de izquierda. Y fue como si también se lo hubiera dicho al Ejército. Aunque a la vez hay un sector de ultraderecha que me ha tratado de hampón y de criminal, y ha dicho que yo solo he buscado desprestigiar a los oficiales.

–Cabo, durante esta entrevista usted ha estado dividiendo al Ejército en dos: un sector ajustado a la legalidad y otro que no. Y tengo la impresión de que usted cree por encima de todo en ese sector ajustado a la legalidad.

Mora abre los ojos y después frunce el ceño.

–Pues no sé. En el Ejército la gente es muy buena. Si no, yo no estaría en la institución todavía. El 90% de los 250.000 hombres que hay en el Ejército son muy buenos. Hay un porcentaje pequeño que hace las cosas mal y a veces son los de más alto mando. No sé qué razones habrá para que no se siga hablando de los falsos positivos. Como si dijeran: “Está bien, ya pasó pero no lo discutamos más”. Mire, a comienzos de 2014 tuve una reunión con un general y lo primero que me dijo fue que yo había perdido mi espíritu de militar. “¿Por qué? ¿Por decir la verdad?”. Y me dijo que pensara en las familias de los militares que están en la cárcel por este proceso. Le dije: “Mi general, claro, yo he pensado en ellos, pero en cambio nadie ha pensado en mi familia. Si yo no acudo a un ente internacional nadie del Ejército me hubiera llamado. Es más, usted me llama ahora porque se enteró de las medidas cautelares, pero tampoco sabe lo que pasó”. Y a todo esto lo que me dijo fue que dejara de pedir premios, que yo no los merecía. Le contesté que no estaba pidiendo ningún premio, ni plata. Que lo que he pedido es que, primero, me dejen seguir declarando. Faltan muchos procesos. Y segundo, que me dejen quieto. Yo no estoy pidiendo ninguna medalla.

–¿Usted siente hostilidad entre sus compañeros del Ejército?

–Todo esto le molesta mucho a muchos mandos. Una vez que me hicieron una entrevista en Blu Radio, el general Mantilla me mandó a decir que yo era un sapo. Pero vuelvo a lo mismo: hay muchos militares que están de acuerdo con lo que yo hice. Mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho: “Mora, bien…”. Es más, un mayor se me acercó en la audiencia en que lo sentenciaron. Me asusté, pensé que me iba a echar la madre. Pero no. Se lo estaban llevando esposado y me dio la mano y me dijo: “Lástima que yo no tuve su valentía para haberme negado a hacer lo que me ordenaron, porque estaría con usted de ese lado. Cuídese mucho y que Dios lo bendiga”.

6.

Desde que el cabo Mora hizo la denuncia en la Fiscalía, a finales de 2008, su vida militar se vino al suelo. En esos días era cabo tercero y hoy, gracias al tiempo transcurrido, debería estar a pocos meses de ser ascendido a sargento. Pero como nunca volvió a misiones de inteligencia –su labor ha sido en oficinas y archivos–, no sabe si le permitirán elevar su rango.

–No siento ninguna clase de frustración personal, porque siempre he hecho lo correcto. ¿Frustración militar? Sí, mucha, un temor constante a que me saquen o a que se inventen algo para desprestigiarme o para abrirme investigaciones; cualquier cosa para no dejarme ascender. Además del miedo. Miedo de que le hagan algo a mi hija por hacerme daño a mí, o a mi esposa, a mis papás –le tiembla la voz por primera vez en esta entrevista–. Para mí, en mi casa, trato de que todo sea normal, pero dentro mío lucho por no desbaratarme. Saber que todos los días hay gente allá afuera que está fraguando algo en contra mía o de mi familia… Todos los días. Hasta que en cualquier momento… –mirándome, Mora simula con la mano su degollamiento–. Si atentan contra ministros y grandes dignatarios, ¿por qué no contra un simple cabo?

–¿Le pide algo al Estado, al gobierno nacional?

–Atención. Le pido atención. En esta situación me he dado cuenta de que uno vale más por su condición económica que por su condición personal. Y eso que tengo medidas cautelares –se ríe–. Atención no solo para mí y para mi familia, también para todas las personas que quieren saber o que quieren decir la verdad y no pueden porque se dan cuenta de cómo tratan a quienes lo hacen. Si yo tuviera dinero –añade– o si yo… y esto me va a traer muchos problemas el día que sea publicado este artículo… si yo fuera un oficial del Ejército, un capitán, un mayor, un coronel, y hubiera denunciado a suboficiales y soldados, estoy ciento por ciento seguro de que ya habría salido del país junto a mi familia, ¡ciento por ciento seguro! Mire –me prepara, anudando las manos–: algunos han dicho que yo tengo un superesquema de seguridad por declarar en contra de oficiales del Ejército. ¿Un superesquema? Yo con eso me imagino seguridad permanente, dos camionetas, cuatro escoltas, seguridad permanente en el colegio de mi hija, en el trabajo de mi esposa. Pero no. Nada de eso. Tengo un carro blindado al que no le cierra la ventana ni le sirven los frenos. ¿Que qué le pido al Estado? Lo mínimo: cámbienme los frenos, por favor.

–Luego de todo este tiempo, ¿sigue pensando en que le den la baja del Ejército?

–No, ya no pido la baja del Ejército –Mora se calla unos segundos–. Ya no puedo irme porque, por el hecho de seguir siendo militar, tengo cierta protección. Entonces no. Mucha gente me ha dicho que si pido la baja me matan al otro día. Y puede ser verdad, porque acá al que no les sirve lo callan.

De la caída al colapso

Publicado: 19 noviembre 2015 en Jon Lee Anderson
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Domingo 27 de febrero de 2011 

La ciudad libia de Bengasi se encuentra a dieciséis horas de marcha si uno conduce peligrosamente desde la capital egipcia de El Cairo. Ambas están conectadas por una franja de carretera y, también, por sus respectivas y recientes “liberaciones”, obra de manifestantes antigubernamentales.1 Al viajar de una a otra, ayer, el lado egipcio de la frontera funcionaba normalmente. Es decir, había guardias fronterizos y funcionarios de inmigración que sellaron mi pasaporte y nos dijeron adiós en unas salas caóticas, repletas de cientos de refugiados que huían de Libia, en su mayoría trabajadores bangladesíes y vietnamitas. Allí acababa lo “normal”.

Cruzar Libia implicaba hacerlo a pie a través de unos ochocientos metros de tierra de nadie hasta un puesto fronterizo; una vez pasado éste, nos hallábamos abandonados a nuestra suerte en la “nueva Libia”.

Nos dio la bienvenida una banda de jóvenes entusiastas que hacían las veces de guardias y que nos ofrecieron tazas de té dulce y caliente. Nos mostraron la bandera que habían colgado en lo alto: la vieja bandera real de Libia, roja, verde y negra, y no la utilizada en la era de Muamar el Gadafi, que es una simple tela verde. Querían que les tomaran una fotografía frente a ella, como si al hacerlo validáramos de algún modo el cambio ocurrido en su país, que todavía parecía algo precario. A su alrededor, los edificios estaban abandonados y cubiertos de grafitis; más allá se extendía el desierto.

La teórica libertad de Libia parecía un espejismo. Pero, tras conducir seis horas más por tierras prácticamente despobladas —un paisaje que alternaba entre el desierto y el ondulado verdear de unas granjas—, llegamos a la vieja ciudad fenicia de Bengasi, con sus decaídos edificios de la era colonial, de estilo italianizante. Allí, en un deteriorado palacio de justicia frente al paseo marítimo, había tenido lugar la semana anterior la revolución que, después de varios días de confrontación violenta, puso al “pueblo” al mando de la Libia oriental.

Dos horas después de llegar me hallaba en el palacio de justicia, que es ahora el cuartel general de la Bengasi revolucionaria, frente al cual cientos de personas paseaban. Tres efigies de Gadafi colgaban de un mástil, y el tronante mar oleaba al otro lado de la calle.

La multitud comenzó a cantar grandes, rítmicos, estridentes cánticos que sonaban como música. Me detuve en un cuarto del piso superior y desde allí miré la escena junto a una de las nuevas líderes voluntarias de la ciudad, Iman Bugaighis, una mujer de unos cuarenta años, miembro de la facultad de Odontología en la universidad local. Le pregunté qué cantaban. Mientras me lo explicaba, la sobrecogió una súbita, inesperada emoción y comenzó a llorar. Me dijo que estaban deseando la muerte a Gadafi. Incapaz de traducir los juegos de palabras de los hombres y mujeres reunidos allá abajo en grupos separados, que cantaban en un llamamiento que resonaba, los resumió: “Lo que tratan de decir es todo lo que no pudieron decir durante cuarenta y dos años. Lo que dicen es que ya no están dispuestos a vivir con vergüenza”. “¿Qué es la vergüenza para ellos?”, le pregunté. “Gadafi”, replicó. “Él es nuestra vergüenza”.

Martes 1 de marzo de 2011.

Bengasi es una ciudad en el limbo, un lugar de rumores y —con Muamar el Gadafi todavía aferrándose al poder en Trípoli— lleno de expectativas por los dramas que están por venir. Pero la “revolución” de abogados, hombres de negocios y jóvenes que barrió el régimen de Gadafi en esta ciudad la semana pasada todavía se esfuerza por encontrar una voz coherente, todavía tiene que generar un liderazgo visible. Según Abdel Hafiz Ghoga, el juez que funge como flamante portavoz del consejo revolucionario de la ciudad y el primer miembro del nuevo Consejo Nacional de Transición de Libia, ello no se debe a una confusión, sino a las consultas que están en proceso. Mientras tanto, la fuerza militar rebelde ha intentado recuperar las armas robadas por la ciudadanía a las varias guarniciones incendiadas de Bengasi a fin de formar un ejército y “marchar sobre Trípoli”.

Más allá de la atmósfera festiva que continúa a lo largo del paseo marítimo cubierto de grafitis —donde el consejo revolucionario ha montado su cuartel—, Bengasi apenas funciona. La mayoría de las tiendas y negocios están cerrados, y hay poca gente en las calles. Sin embargo, los automóviles aceleran por todas partes y hay tiroteos ocasionales: cuando se disparan al aire las armas robadas, en una aparente celebración de la repentina libertad para hacerlo (a los libios civiles no se les permite poseer armas y mucho menos dispararlas). Es una ciudad en suspensión. Familias enteras entran y salen en automóviles de la guarnición principal, donde Gadafi tenía una villa, contemplando embobadas un lugar que antes les estaba vedado.

Sobre las paredes, la gente ha dibujado el retrato de Gadafi en una variedad de aspectos injuriantes y dado rienda suelta a toda clase de insultos en árabe e inglés: Gadafi es un perro, un traidor, un agente —en algunos casos, extrañamente, de los estadounidenses, o también de Israel—. Ayer, al anochecer, mientras paseaba con un par de amigos, encontramos a un grupo de jóvenes, de ocho a doce años, quemando un auto en un solar y haciendo un montón de ruido. No parecía algo que habrían hecho normalmente; algunos adultos los observaban sin detenerlos.

En el puerto, barcos griegos, argelinos y sirios llegaron ayer para llevarse a cientos de trabajadores indios y sirios que se habían congregado con sus pertenencias para ser transportados a algún sitio seguro, a cuenta de sus respectivos países. Es decir, todos menos los infelices bangladesíes, que parecen no tener autoridad alguna que hable por ellos. Se hallaban en una zona abierta del muelle, contemplando lánguidamente a los sirios e indios, cuya partida estaba fuera de toda duda. (Cuando la crisis concluya, posiblemente habrá una falta masiva de trabajadores en Libia: los filipinos trabajan en los campos petrolíferos y las filipinas son enfermeras en los hospitales; los bangladesíes trabajan en la construcción y como empleados no calificados; los sirios, se dice, predominan en los establecimientos de kebab y shisha).

El lunes por la tarde llegó la noticia de un ataque aéreo contra un depósito de armas a una hora al oeste de Bengasi. Como pasa con todo aquí, resultaba difícil precisar los detalles. En busca de información, algunos amigos fueron hoy hasta una base militar, donde los soldados confirmaron la historia pero señalaron en dirección al oeste y les advirtieron que no fueran hasta allí porque había “bandidos”. Regresaron a Bengasi desconcertados. Cuando intenté preguntarle a un oficial de las Fuerzas Especiales qué pensaban hacer, más allá de esperar lo desconocido en sus barracones, se puso a la defensiva y sugirió que prestara un servicio público a los libios y me fuera a “buscar la línea del frente”. También él señaló hacia el oeste.

El martes, un religioso barbudo entró en una barbería, entregó a los barberos una octavilla y les pidió que la colgaran. La leyeron en voz alta a los clientes: era una llamada a la plegaria, en la que se pedía a la gente de Bengasi que se reuniera en un estacionamiento cercano al puerto a las 3 de la madrugada del miércoles. Sugería que si iba suficiente gente, con la voluntad de Dios, el poder de las plegarias podría acelerar la salida de Gadafi y la liberación del país.

Miércoles 2 de marzo de 2011

Hoy, después de días suspendido en un vago limbo político, el territorio “liberado” de Libia oriental tuvo durante varias horas un frente occidental en una guerra real, con disparos. La tensión había ido en ascenso desde el ataque aéreo del lunes contra un depósito de armas al oeste de Bengasi, la capital de “Libia libre”. Esta mañana llegó la noticia de que un gran convoy armado de milicianos de Gadafi había invadido el pueblo petrolero de Brega, unos 250 kilómetros al sudoeste de aquí. Se decía que habían venido de Sirte, la ciudad natal de Gadafi y principal bastión gubernamental entre Bengasi y Trípoli.

Me dirigí a Brega con unos pocos acompañantes. Nos encaminamos hacia el oeste a través de un paisaje desértico cuya monotonía sólo era aliviada por unos pocos pastores con sus rebaños, unos cables eléctricos y, en algún punto, un funcional complejo residencial destinado a “la nueva Bengasi”, deprimentemente grande, que unos chinos construían en la llanura: una cuadrícula sin alma de cientos y cientos de edificios de cemento gris sin terminar. En Ajdabiya, una oscura parada a una hora de camino, descubrimos algo de actividad alrededor del hospital. Un grupo de médicos y voluntarios pululaba excitado; todos gritaban a la vez. Había lucha en Brega, dijeron; estaban enviando ambulancias. Las ambulancias rugieron hacia allá, y las seguimos.

En las afueras de Ajdabiya, bajo un doble arco de color verde y cubierto con dichos del Libro verde de Gadafi, que señala la salida de la ciudad, se desarrollaba una escena teatral. Allí habían aparcado cientos de autos y camionetas y, a cada lado del camino, la gente conducía —y aprendía a conducir— baterías antiaéreas, urgida por una muchedumbre de hombres y muchachos que blandían machetes, cuchillos de carnicero, Kalashnikovs y
revólveres, cantando, celebrando, y gritando “Dios es grande”. Más y más voluntarios comenzaron a llegar, corriendo a toda velocidad para unirse a la multitud bajo las puertas, exhibiendo sus armas. Por momentos, la multitud les arrojaba agua, aparentemente una bendición libia.

Algunos colegas de diversas nacionalidades —estadounidenses, rusos, egipcios, belgas, franceses e italianos— tomaban notas y fotografías en medio del caos. Un arma era disparada cada tanto, y se oyó un gran rugido de aprobación cuando, por fin, algunos de los tripulantes novatos de las baterías antiaéreas apuntaron y lanzaron una descarga terriblemente estruendosa y exultante hacia el cielo. Una gran detonación del otro lado de la carretera puso a decenas de hombres a correr. ¿Acaso venían? No. Alguien había disparado mal un arma y se había herido.

Después de un rato, algunos grupos de combatientes partieron hacia Brega con un rugido y los seguimos. Una hora más tarde, a un lado del camino, apareció Brega, un pueblo petrolero, que pareciera ser totalmente de color salmón, donde hay algunas residencias y una universidad, y donde la lucha tenía lugar. Ahora podíamos oírla: grandes explosiones y golpes que sonaban como morteros; y se alcanzaban a ver estallidos de humo gris en la distancia. El desierto aquí era ondulado, salpicado de arbustos parecidos a la artemisa.

Seguimos a algunos amigos que estaban más adelante por el camino que corría junto al mar —hay hermosas aguas para hacer snorkel por aquí—, y nos encontramos en una suerte de frente de batalla repentino. Cientos de combatientes corrían con armas, lanzacohetes y granadas de mano; trepaban a los médanos junto al camino para mirar y disparar sobre la universidad, donde se decía que estaba la gente de Gadafi; e iban y venían por el paseo marítimo en estrepitosos jeeps, automóviles y camionetas en las que habían montado ametralladoras pesadas. Cada vez que aparecía algún combatiente, la gente cantaba consignas y hacía el gesto de la “V”. Una camioneta rugió al pasar junto a nosotros en dirección a la ciudad, con varios muertos en la caja. Un par de aeronaves —Mirage o MIG, no podría decirlo— aparecieron sobre nosotros e hicieron algunas pasadas, echando las bombas de una vez, justo sobre los médanos. Un amigo que empezó a seguir a algunos combatientes hacia lo alto de un médano volvió un minuto después diciendo que los aviones habían disparado muy cerca del sitio por donde caminaban.

Trajeron arroz y pollo y nos ofrecieron, y después unos pequeños vasos de té caliente y dulce; los hombres se acuclillaron junto a un vehículo, bajo el sol abrasador, para almorzar.

En la verdadera línea del frente, donde un par de automóviles había recibido disparos y nadie más se había atrevido a pasar, se hallaba desparramada sobre el camino una gran cantidad de cartuchos de municiones antiaéreas. Un hombre levantó uno, vino hasta nuestro auto y dijo: “Vamos a metérselo en el culo a Gadafi”, y levantó el pulgar.

Después de un rato sobrevino una suerte de monotonía. Subsistía el golpeteo de la artillería, pero de forma esporádica, y la mayoría de los combatientes se había metido en sus vehículos y vuelto a toda prisa a la ciudad. Decían que la lucha se había desplazado hacia allá, más cerca de la universidad, donde los milicianos de Gadafi se preparaban para atacar desde horas antes. Los seguimos y, finalmente, encontramos la universidad, donde todo estaba tranquilo. Los milicianos se habían ido. Después de su jornada de destrucción, habían desistido y regresado a Sirte en su convoy, según dijo alguien. Los combatientes que los habían perseguido, por delante de nosotros, también se habían desvanecido. Salimos en su busca.

Nos detuvimos junto al mar, donde levanté una caja de municiones que tenía impresos varios números y la leyenda “D. P. R. of Korea” (República Popular Democrática de Corea). Luego regresamos hacia la carretera principal. Un gran número de hombres se había reunido bajo un enorme anuncio de Gadafi y, en una escena festiva similar a la ocurrida en las afueras de Ajdabiya, disparaban sus armas y cantaban victoria. Muchos arrancaban pedazos del cartel, en el que todavía era visible una parte del rostro del Hermano Líder.

Algunos voluntarios pasaban entre la multitud ofreciendo cartones de zumo y barras de pan cuando, de repente, un caza aulló por encima y arrojó una bomba. Aterrizó un poco más allá de los autos aparcados, a unos quince o veinte metros, y lanzó una enorme nube de humo, vidrio y polvo. Todo el mundo corrió. Yo me quedé a observar cómo explotaba la bomba. Increíblemente, nadie resultó herido. Luego, todo el mundo, horrorizado, corrió hacia sus vehículos y escapó de vuelta a Brega, Ajdabiya, Bengasi… El parabrisas de nuestro automóvil tenía una nueva telaraña de grietas, pero mis acompañantes y yo estábamos intactos. Más tarde, en Bengasi, escuchamos explosiones a lo lejos que hicieron ladrar a los perros.

En el último momento, en medio del caos y el humo, unos pocos hombres se reunieron y comenzaron a cantar triunfalmente otra vez, pero el mensaje del caza, o su error, por poco —lo que fuese—, había hecho efecto. Oí que alguien decía: “Por el culo, Gadafi. Ahora vamos a conseguir una zona de exclusión aérea”.

Sábado 5 de marzo de 2011

En los últimos días, la cambiante línea del frente en el conflicto de Libia se ha ido desplazando rápidamente hacia el oeste: de Bengasi, centro de la rebelión, hacia Trípoli, la capital. Desde mediados de esta semana, cuando los variopintos rebeldes de la “Libia libre” asentados en Bengasi rechazaron un ataque del contingente móvil de las tropas de Muamar el Gadafi contra dos pueblos petroleros —Brega y Ras Lanuf—, que constituyen su flanco occidental, la línea del frente se ha ido acercando a la ciudad costera de Sirte, que marca el punto medio entre Bengasi y Trípoli y, a excepción de la capital, es el último bastión de Gadafi.

Hoy llegué hasta Ras Lanuf, que alberga la mayor refinería de petróleo libio y está situada en una carretera de la costa. Como Brega, otro enclave industrial que visitamos el miércoles durante la batalla que tuvo lugar allí, Ras Lanuf es un pueblo montado por una compañía, con complejos residenciales que parecen sacados de un mismo molde, con su pista de aterrizaje, su hospital y sus escuelas. Entre ambas no hay casi nada más que desierto, rebaños de dromedarios y el ocasional piquete en la carretera montado por el emergente “Ejército del Este”: una colección de civiles, muchos de ellos jóvenes armados de veintitantos años. Casi ninguno es un combatiente con experiencia. Son entusiastas y de gatillo fácil, y disparan muchas veces sus armas al aire; van y vienen a todo motor en camionetas y utilitarios que han arreglado como vehículos artillados al estilo somalí, con armas pesadas y, en algunos casos, cañones antiaéreos saqueados de las armerías militares.

Una de esas armerías en Bengasi fue escenario de una tragedia ayer, cuando rebeldes inexpertos aparentemente causaron una explosión accidental. En la conflagración resultante murieron decenas de personas. Por otra parte, Peter Bouckaert, representante de Human Rights Watch, dijo que encontró en Adjabiya una reserva de misiles antiaéreos portátiles rusos buscadores de calor SA-7, así como una vasta cantidad de otras armas y municiones almacenadas en depósitos mal custodiados que ahora se hallan en manos rebeldes.

Durante gran parte de la tarde del sábado, conduje varias veces entre Brega y Ras Lanuf con un par de acompañantes, buscando algún tipo de orden —o, al menos, a alguien que pudiera explicar lo que ocurría— en la caótica y nueva “línea del frente”, sin conseguirlo. Las dificultades en las comunicaciones suponían que sólo podíamos contactar con otros colegas que andaban del mismo modo por el frente mediante mensajes de texto. Los puestos de control rebeldes en los caminos eran ruidosos y peligrosos, y estaban llenos de adrenalina y de combatientes que disparaban sus armas al azar y en todas direcciones. En uno de ellos, tres hombres se negaron a dejarnos ir hasta que consiguieron transferir con éxito una fotografía de uno de sus celulares a uno de los nuestros, vía Bluetooth; ésta mostraba a un ser humano esparcido en varios pedazos sobre una alfombra. Era como si, al poseer la imagen de esa atrocidad, de algún modo la acreditáramos. En otro, un mayor del ejército vestido de civil que intentaba ejercer algún tipo de autoridad nos dijo que le preocupaba que los combatientes estuvieran yendo más allá de Ras Lanuf: tenía información de que las tropas de Gadafi se congregaban para un contraataque; podían volver por un camino del desierto y cortarles el contacto con la retaguardia. Comenzó a ordenar a los hombres que salieran de sus vehículos y, al hacerlo, se generó un clima de urgencia y pánico que produjo un éxodo. Nos unimos a la huida que, como mucha de la actividad en el frente, conlleva conducir a velocidades peligrosas.

Cuando nos detuvimos en un control, un barbudo comenzó a gritar que atrás, cerca de Ras Lanuf, los rebeldes habían tumbado algunos cazas del gobierno. “Derribaron tres”, gritó, exultante. Todos los jóvenes empezaron a cantar triunfalmente y a gritar “¡Allahu akbar!”. El barbudo comenzó a forcejear con su AK-47, tratando de dar un par de disparos de celebración, y casi perdió el control del arma. Por fortuna, dejó de apretar el gatillo justo cuando otros llegaban para mostrarle qué hacer (dimos un brinco hacia adelante con nuestro vehículo para quedar fuera de su línea de fuego, por las dudas).

Una hora después, cuando caía el sol, estábamos de regreso en Ras Lanuf, frente a la refinería. Un combatiente que fumaba un cigarrillo tras otro nos condujo unos cuatrocientos metros hacia el desierto por un sendero, hasta el sitio en que había caído el famoso jet —al final era sólo uno—. Explicó que el avión —algunos dijeron que era un MIG y otros, que podría ser un Sukhoi—, que había estado volando por allí todo el día pero no los había bombardeado, descendió y todos abrieron fuego contra él. Increíblemente, alguien acertó. Cayó, explotó y se rompió en mil pedazos, que quedaron desparramados por el desierto. Los dos pilotos murieron. Uno, dijo el hombre, era sudanés, de acuerdo con el pasaporte encontrado entre los restos; el otro, según sus documentos, era libio.

Vi lo que quedó de los pilotos. Ambos decapitados, presumiblemente por la explosión o el impacto, pero sus cuerpos, todavía vestidos con sus monos de vuelo verdes, estaban intactos. La cara de uno de ellos fue parcialmente rebanada y yacía en el desierto, con la nariz y el labio cubierto por el bigote, como una máscara abandonada.

Domingo 6 de marzo de 2011

En la intermitente guerra civil que ha comenzado en Libia oriental, los rebeldes sufrieron hoy su primer revés a manos de las fuerzas de Muamar el Gadafi. Después de capturar Brega y Ras Lanuf —y haber derribado un jet ayer—, creían, al llegar la noche, que estaban camino de la victoria. Esta mañana avanzaron, con la intención de entrar en Ben Yauad, la siguiente población hacia el oeste.

Entraron en Ben Yauad ayer, pero la encontraron vacía y la abandonaron, dejándola indefensa. Al regresar hoy, en cambio, tropezaron con una seria resistencia y, después de un día entero de batalla que incluyó varias retiradas —puede que diez— como avances, la perdieron. Para la caída del sol, seis hombres habían muerto en el hospital de retaguardia de Ras Lanuf, en medio de escenas de profunda emoción, y unos setenta habían resultado heridos. Los médicos, voluntarios que habían venido de urgencia desde Bengasi la noche anterior, dijeron que morirían más. Dos reporteros —un francés y un estadounidense— recibieron disparos, pero sólo sufrieron heridas leves en las piernas.

Para mí y para muchos colegas, la mañana comenzó con un bombardeo aéreo en un cruce poblado de combatientes, fuera de Ras Lanuf, donde habíamos pasado la noche. Estábamos a unos cientos de metros cuando un jet se zambulló y cayó una bomba, evidentemente sin explotar, porque hubo una gran nube de polvo y tierra pero ningún fuego y, por fortuna, ninguna baja —hasta donde supimos—. Avanzamos luego en varios automóviles hacia Ben Yauad, en medio de vehículos artillados, jeeps y camionetas conducidas a gran velocidad por los rebeldes, que se incitaban unos a otros con gritos de “Allahu akbar” y señales de victoria. A unos ocho kilómetros de la ciudad apareció un helicóptero en el cielo, provocando pánico y una huida precipitada hacia la intersección de Ras Lanuf, donde los combatientes montaron sus baterías antiaéreas —allí, apuntaban con los dedos, estaba el helicóptero—. Había mantenido su distancia, sin embargo; volaba alto y parecía estar abrazando la costa, quizás a dos o tres kilómetros de distancia. No abrió fuego.

Así pasó el día, con una mezcla de bravatas y también de auténtica valentía, miedo, confusión y caos, con los rebeldes acercándose milímetro a milímetro a los bordes del pueblo. Siguiéndolos, mis colegas y yo nos refugiábamos temporalmente detrás de montecillos de tierra cuando comenzaban a gritar y correr, o cuando las cargas de la artillería, que las fuerzas del gobierno habían comenzado a disparar, explotaban en las cercanías. El bombardeo y su respuesta incrementaron su ritmo hacia la tarde. Los rebeldes que nos rodeaban disparaban sus Katiushas contra los límites del pueblo desde múltiples lanzadores, y los hombres de Gadafi respondían, aproximando cada vez más el fuego de la artillería hacia las posiciones rebeldes.

Pasaban ambulancias a gran velocidad, buscando a los heridos del frente; algunos gritaban a los combatientes por megáfonos que se abrieran en lugar de amontonarse, por si un avión venía a bombardearlos. Nadie lo hizo, pero los disparos de artillería comenzaron a caer más cerca y los amigos que estaban delante de mí volvieron varias veces durante la tarde para informar que habían sido blanco de francotiradores y proyectiles. A medida que se acababa el día y la batalla se tornaba más feroz, algunos combatientes intentaban impedir que otros huyeran, plantándose en el camino cuando éstos se marchaban a toda prisa en sus autos, gritándoles que volvieran y reconviniéndolos. A veces era suficiente para detener un éxodo completo; otras no, y casi todo el mundo huía. Nos veíamos empujados por estas fugas, a veces durante varias millas y sin poder evitarlo, para luego arrastrarnos de regreso con un chofer local que habíamos contratado el domingo por la mañana y que se mostraba prudentemente dispuesto.

En un determinado momento, cuando estábamos a un costado del camino observando la batalla de la artillería contra los Katiusha, algunos combatientes retiraron un vehículo artillado de la carretera que discurría junto a nosotros. El hombre que comandaba la pesada ametralladora apuntó su cañón hacia un grupo que se hallaba en el pedregal de una ladera, a unos trescientos metros. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, le gritaron que se detuviera: se trataba de camaradas rebeldes.

Como una hora más tarde, un amigo que estaba parado junto a mí, el fotógrafo italiano Franco Pagetti, señaló de nuevo la ladera. Apuntaba con el dedo hacia un promontorio escarpado y a algunos hombres que se encontraban encima. Sospechaba que podían ser soldados del gobierno, porque los que casi habían sido blanco de fuego amigo ya habían descendido la ladera. Los miré, era un grupo de seis u ocho, y advertí que varios parecían huir de algo que se hallaba en una grieta de la montaña. Justo entonces una explosión sacudió el pedregal, no lejos de nosotros, y se oyó la detonación de un mortero; todo el mundo comenzó a correr y a subirse a sus automóviles al tiempo que aceleraban para salir de allí. Parecía que Pagetti había estado en lo cierto y que la colina había sido tomada por los hombres de Gadafi, que acababan de dispararnos (y que, por suerte, erraron).

Tras ello, y con la batalla aparentemente sin definir —aunque no pintaba muy bien para el bando rebelde—, mis compañeros y yo cambiamos el frente por Ras Lanuf y las horrorosas escenas de su hospital, adonde eran llevados los heridos y los moribundos mientras sus amigos y hermanos pululaban alrededor, gritando, llorando y, a veces, amenazando a los demás con sus armas, en medio de su angustia y su furia.

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía has registrado 4,716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

—Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero –le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
—No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
—Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15, y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

—Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4,716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3,925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.

“Escogíamos a los más chirretes”

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200,000 a 500,000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió: “Sí, patroncito, voy para allá”. Colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial” que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (cincuenta centavos de dólar).

—Él no distinguía el valor del dinero –dice Luz Marina Bernal–, pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: “Mira, mamá, me acordé de ti”.

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 100 dólares) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él, y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. “El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro”, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban “el bobito”, explicó.

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 200,000 pesos, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2:24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

—Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

Le pedían casi $7,000 por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

Uribe: “No fueron a coger café”

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, “por no cerrar la boca”. Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: “Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las FARC”.

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: “No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales”. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: “No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”.

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, su sucesor en la Presidencia de Colombia. Y dijo: “En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes”. Luego anunció la destitución de 27 militares.

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. “Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas”, declaró al final de su estancia, “pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”. El término “falsos positivos”, según Alston, “da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro”. Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos “por algunas manzanas podridas dentro del Ejército”, como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban “una estrategia sistemática”, ejecutada por “una cantidad significativa de elementos del Ejército”.

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

El presidente Uribe respondió que “la mayoría” de las acusaciones eran falsas. Que venían de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales”, cargados “de odio y de sesgos ideológicos”. Y salió una y otra vez a defender a los militares: “Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones”.

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: “Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas”.

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba “como una boba”. Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

“Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla”, dice Sanabria, “a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado”.

A $2,000 el muerto

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara “negligencia” y “falta de cuidado en los procedimientos” del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los $2,000 por un combatiente raso, hasta $2.5 millones por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de 9,000 miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a 7,000 personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: “Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas”. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. “La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad”, denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: “Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19,405 combatientes fueron “abatidos” (un eufemismo para no decir “muertos”), 63,747 fueron capturados y 44,954 fueron desmovilizados.

La suma alcanza 128,106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32,000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad “la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos”.

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3,796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3,084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

Una grieta en la impunidad

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

—Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4,700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5,500 rosas y 25,000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

—Nos siguen acosando –dice Luz Marina Bernal–, pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

La Corte Penal Internacional tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la Corte Penal Internacional afirmó que había “bases razonables” para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado.

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

Como crímenes contra la humanidad

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4,716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

—A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice–. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.
—Necesitamos la verdad para seguir viviendo –dice Luz Marina Bernal–. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

Ella despertó sin hacer mucho ruido, recogió su cabello enmarañado y lo domó con una cola. Era la última hora de una cotidiana oscurana disfrazada en la fecha del 16 de septiembre. El día anterior, el 15, el país entero estuvo de fiesta. Por el espacio aéreo que envuelve a la capital del país zumbaron los Arava militares; y, en el suelo, sobre una larga calle, retumbaron tres millares de botas negras e igual número de ojos serios. Los camiones-tanque, las camionetas humvee, los caballos y jinetes, fueron aplaudidos por una capital que se rindió, como lo ha hecho desde siempre, a una marcha que culminó en el estadio “Mágico” González, un coliseo en el que unas 30 mil almas, incluida la del presidente Mauricio Funes Cartagena, aplaudieron las destrezas guerreras del ejército salvadoreño, espléndido en un aniversario más de la independencia patria. Pero lejos de la capital, de las marchas, de las “bandas de paz” y de las banderitas blanquiazules ondeadas por los estudiantes; en una casita de dos cuartos que gobierna la cumbre de una ladera de una de las montañas del norte de Morazán, ella pasó su último día en esta tierra atendiendo a unos familiares que la visitaron desde muy lejos. Aquello fue una despedida. En la madrugada del lunes 16, arrastró las sandalias hacia la penumbra, encendió un fogón en la cocina, abrió una puerta de metal y salió al patio. Afuera no había nadie. El aire estaba fresco y aunque ya alumbraban algunas lámparas, solo algunos gallos merodeaban por los alrededores.

Su hijo más pequeño se levantó poco después, se acostó en la hamaca que domina la salita principal de la casa y escudriñó un cuaderno. Esa semana arrancaba exámenes de penúltimo periodo del primer año de bachillerato. Debajo de esa hamaca, en la que él se mecía mientras revisaba sus notas, todos los días, desde que el sol se encendía, hasta que se apagaba, siempre había un huacal pequeño y hondo lleno con ceniza. Ella le ofreció desayuno pero él solo aceptó café. Se lo sirvió, y ella salió de nuevo al patio. Desde el otro lado de la pared, él escuchaba cómo su madre jalaba agua desde el fondo de una vieja y honda pila y la vertía catarata contra algunos platos sucios, hasta que aquellos ruidos se desvanecieron por completo cuando él se sumergió en los misterios de unas páginas que rebalsaban letras y números.

A las 5:30 de la mañana, Anacleta Márquez, de 99 años, escuchó un ruido y eso la despertó.

—¿Está bien tu mamá? —preguntó a su nieto—. Creo que le ha pasado algo —presintió la anciana.

***

Un contingente de soldados avanza, sin levantar mucho polvo, hacia los caseríos del cantón Cerro Pando. Al primero que llegan es a El Barrial, formado por una colección de casitas mínimas, muy pobres. Los soldados queman las casas, y mientras las queman recomiendan a los campesinos que todavía no han huido a los montes para que lo hagan. “Los que vienen no van a perdonar”, les advierten.

Más tarde llegan “los que vienen”. A las 8 de la mañana inicia la masacre, y “los que vienen” son soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl. Desde hacía cuatro días en el municipio de Meanguera, en Morazán, se habían escuchado la detonación de bombas y granadas, el traqueteo de metralletas y los disparos secos de las pistolas. Por los aires zumbaban helicópteros, y por las tardes, de entre las montañas, nacían potentes columnas de humo que arañaban el cielo. Para cuando “los que vienen” llegan a Cerro Pando, soldados del Destacamento Militar No. 4, de San Francisco Gotera, de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Batallón Atlacatl, ya han ejecutado a centeneras de campesinos en los poblados de El Mozote, y otros siete asentamientos más. Niños fueron la mitad de las víctimas.

El ejército combatía a la guerrilla en Morazán. O al menos eso declaraba el alto mando de aquella época a la prensa. El ejército iba a desmontar a la Radio Venceremos, creada a inicios de 1981, o al menos esa era la segunda justificación. Pero la verdad fue otra, y el ejército salvadoreño combatía contra campesinos desarmados, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas. Los militares concluyeron extrajudicialmente que toda esa gente era subersiva, y que por esa razón merecían la muerte. No había defensa legal ni poder de convencimiento en los ruegos de las víctimas. La orden se cumplía sin objeciones. Los llantos de los niños solo hacían más dramáticas las escenas. En uno de los caseríos hubo un tío que vio cómo le volaban la cabeza a su sobrina, que lloraba y pedía clemencia; en otro, una mujer escuchó los últimos ruegos de sus hijos antes de que los mataran. Los niños clamaban su nombre: “¡mamita Rufina, nos están matando!”, decían. Así, campesinos pobres convertidos en soldados asesinaron a otros campesinos pobres que vivían en un territorio dominado por dos bandos. Porque en Cerro Pando, como en casi todos los caseríos del norte de Morazán, así como algunas familias tenían vínculos de sangre con la guerrilla; otras también los tenían con el ejército.

En Cerro Pando, por ejemplo, vivió alguna vez un soldado formado en el destacamento de San Francisco Gotera que se llamaba Domingo Tobar. Meses antes de la masacre, luego de los ruegos de sus primos, él decidió convertirse en guerrillero. En ese mismo cantón, a otros que no se dejaron convencer, la misma guerrilla se encargó de matarlos. “Ajusticiarlos”, era el eufemismo que usaban los guerrilleros. Durante la masacre, ninguna de esas conexiones y desconexiones importaba porque la guerra atacaba sin sentido, como un perro loco y rabioso.

La comunidad estaba compuesta, en su gran mayoría, de familias evangélicas, que se resguardaron adentro de un templo, donde oraban, pidiéndole a Dios que las salvara. Pero Dios no atendió los ruegos y ahí dejó, que se murieran, orando, mientras los soldados les disparaban. Domingo Tobar, el exsoldado y guerrillero, perdió a toda su familia en esa masacre. A su mujer, a sus hijos, a sus padres y hermanos. Todo eso le duele a Domingo Tobar, y cuenta la historia con la importancia que le da un narrador a una historia que ya lo tiene aburrido. Lo ha contado 32 años. Mientras narra, él da los últimos retoques a una pila que está levantando en medio del patio de su casa. Se detiene para cerciorarse de que su obra está perfecta. Se seca el sudor de la frente. Se sacude el cemento pegado en las manos. Todo su diminuto cuerpo está empapado en sudor. Se sienta en una silla. Y es hasta entonces cuando se conmueve de sí mismo. Lo que más le duele es que 32 años después, sigue sin saber qué le pasó a su bebé de nueve meses. Porque de su hija no encontró rastros entre los cuerpos carbonizados o devorados por los animales, y eso, ignorar si está viva o está muerta, lo sigue torturando 32 años después… Domingo Tobar sigue buscando el rastro de lo que podría ser un fantasma.

Él no es el único que ha cargado con una pena más grande que todas sus alegrías conquistadas en la posguerra. Él tiene una vecina. Y muchos alguna vez la llamaron “la Siguanaba”.

***

Ella corre, despavorida, y huye. Huye de la masacre. Atrás van quedando los gritos, las balas, el fuego y el humo. Atrás quedan 141 amigos, vecinos, familiares. Asesinados todos en Cerro Pando. Por eso ella corre, y corre, y brinca entre los matorrales, fundiéndose con la espesura del bosque. A cada brinco va desprendiéndose de su humanidad, en cada metro conquistado deja de ser ella y se convierte en otra cosa. Corre, huye, se salva y se transforma.

Para cuando ella se siente segura, está consciente de que lo peor está por venir. Pero se resiste a creerlo, y sigue corriendo, más rápido, y mientras corre, sigue apretando con fuerza el bulto inerte que carga en los brazos.

Ambos, ella y el bulto, están empapados en sudor y sangre. Finalmente, al pie de un árbol, en un lugar que solo ella conoce, deposita a su hija. La había nombrado Ana Maribel. La había visto llegar hasta un año y medio de vida y ahora Ana Maribel lo que tiene es un cráneo destrozado por una bala que las persiguió y las alcanzó.

La madre quizá grita, quizá llora, quizá se vuelve loca. Ella quizá verbaliza las últimas palabras que pronunciará durante mucho tiempo. Entierra a la niña. Al pie de aquel árbol, en medio de la espesura del bosque. Y entonces vienen las primeras noches negras, y tras de ellas, los terribles primeros días.

A la niña la desenterraron unas fieras que empezaron a comérsela. A la niña hay que enterrarla de nuevo, lo más hondo y más profundo que puedan excavar unas desgastadas uñas.

A la niña la desenterraron de nuevo. De la niña quedó solo el recuerdo.

***

Cuando vaga por los montes, entre la maleza, en los ríos o en lo profundo de las quebradas, ella se esconde de la humanidad. Cualquier ruido son sus verdugos, así que decide convertirse en un fantasma que se asoma a los ríos por las noches y en una cueva se refugia de los días. Come cangrejos y chacalines, con suerte pescados crudos o secados al sol; de las matas de las huertas arranca guineos verdes.

Poco a poco la camisa desaparece a jirones; el pelo se la hace una compleja maraña.

Íngrima, se comporta como si fuera un animal. Y es así durante 28 largos meses, casi dos años y medio, hasta que una noche ella se acerca a la misma ribera de siempre, para buscar comida, y huye despavorida cuando escucha la presencia de unos hombres armados.

Ella cree que esos son los mismos verdugos que acabaron con su hija. Ella no sabe que ellos también le tienen miedo.

***

La guerrilla nunca se fue de La Guacamaya. En Meanguera, Morazán, ese cantón fue uno de sus principales bastiones. Ni siquiera la masacre ocurrida en octubre de 1980, un año antes de la masacre de El Mozote, ahuyentó a los combatientes, que establecieron en La Guacamaya una de sus comandancias.

Desde ese cantón, ubicado entre montañas, peinaban toda la zona las patrullas guerrilleras, que bajaban hasta El Mozote o patrullaban cerca de las riberas del Río Sapo. Cuando en diciembre de 1981 ocurrió el operativo que terminó en masacre, los guerrilleros se dispersaron, pero para enero de 1982, tras la salida del ejército, ya habían recuperado la zona, y para 1984 controlaban el puesto de Arambala, el más cercano a El Mozote y al resto de caseríos masacrados.

En uno de los patrullajes a la orilla del río, un guerrillero divisó un bulto, una sombra, un espectro.

—¡Es una mujer! –dijo.

—¿Cómo lo sabes? –preguntó otro.

—¡Le vi las tetas!

Muchos de los combatientes, campesinos la mayoría, echaron a reír. Pero otros abrieron grandes los ojos. Todos ellos compartían en su memoria un relato ancestral, un mito contado de generación en generación, conocido desde El Salvador hasta Costa Rica, que habla de una mujer hermosa que se pasea por las riberas de los ríos, desnuda, y que atrae a los hombres para luego jugarlos, espantarlos, porque en realidad se transforma en un monstruo, con largos senos colgantes y uñas largas, con el pelo enmarañado, y un rostro horrible, como de bruja.

La Siguanaba se llama ese espanto. Según la leyenda era una india muy hermosa que fue castigada por los dioses. La india le fue infiel a su pareja y abandonaba a su hijo, Cipitío, en sus escapes. Entonces los dioses la maldijeron, y la convirtieron en un espejismo que vagaba por la tierra, penando a su hijo, y engañando a los hombres como mujer bonita, para luego volverlos locos con su cara de bruja.

La supuesta aparición de la Siguanaba se esparció rápido por los campamentos del norte de Morazán, y de ser una burla entre las tertulias pasó a ser un tema serio, de miedo. Nadie quería ir al río Sapo. Pero el país estaba en guerra, y la guerra exigía conductas de combatientes serios. Así que se armó una expedición para capturar al espanto.

“Corría el bulto y corrían más ellos, hasta que, al fin, entre las ramazones, lo alcanzaron. Sí, era una mujer. Pero una mujer espantosa. Tenía todo el pelo enmarañado y larguísimo, la cara tierrosa, con unos harapos sucios que apenas cubrían aquel saco de huesos”, escribió el periodista José Ignacio López Vigil, para el libro Las mil y un historias de Radio Venceremos.

La guerra, esa perra rabiosa que mordió a El Salvador durante 12 años, desapareció a los vivos, masacró a los vivos, convirtió a los familiares de todos los muertos en menos que un espanto, fantasmas errantes en busca de huesos, y fue capaz también de hacer que un mito cobrara vida. Que cobrara vida en ella, en aquella mujer que lo había sufrido todo 28 meses atrás.

—¿Eres de esta vida o de la otra? —le preguntaban. Pero ella no contestaba palabra. Sólo los miraba con un par de ojos desorbitados.

Los guerrilleros la llevaron al campamento. Y se la presentaron a Eduardo, un médico mexicano que dirigía la clínica de la guerrilla. Él había entrado a Morazán después de una larga y clandestina marcha desde México, que arrancó en los primeros días de enero de 1981. En Tegucigalpa, Honduras, Eduardo tuvo una larga y solitaria estancia, mientras se concretaba el plan para ingresarlo a El Salvador. Él llegó al campamento de La Guacamaya a las 8 de la mañana del 9 de febrero de 1981, 10 meses antes de la masacre de El Mozote. Así lo escribió en su diario. Viajó ocho horas en jeep desde Tegucigalpa hacia un punto muerto; y caminó desde “las 20:00” hasta las “8:00” el resto del trayecto entre las veredas de las montañas. “Me faltaba el aire de manera extraordinaria”, describió. “Vomité, y después de un tiempo comenzaron a dolerme las rodillas”.

Antes de entrar a El Salvador, de los compas que le ayudaron a cruzar la frontera aprendió vocablos salvadoreños. “Enriquezca su vocabulario: guaro (aguardiente de maíz); alentado (mejorado, aliviado, sano); cipote (niño pequeño); guinda (huida)…”.

Cuando a Eduardo le llevaron a la Siguanaba, él rápido le dijo a los compas:

—Esta es una mujer humana.

—Es la Cochina, doctor.

—Cochina sí que está, la pobrecita. Báñenla. Frótenla bien.

—¿Alguna medicina, doctor?

—Comida —dijo Eduardo—. Solo eso.

Y llevaron a aquella infeliz a la pila. La bañaron, la vistieron, la peinaron. Después, fue como un milagro: apareció una muchacha jovencita y linda. Escuálida, pero muy linda. Le ofrecieron cafecito y frijoles. Y entonces ella balbuceó sus guindas.

El 24 de julio de 1984, Santiago, uno de los fundadores de la Radio Venceremos, conoció a la famosa Siguanaba. Ella le dijo su verdadero nombre y le contó su historia.

—¿Usted la vio cuando la capturaron? –pregunto a Santiago, hoy director del Museo de la Palabra y la Imagen.

—No. Ya la habían atendido cuando la entrevisté.

—¿Qué es lo que más recuerda de aquel momento?

—Recuerdo algo que me dijo que me conmovió mucho.

—¿La muerte de su hija?

—No, pero claro que eso también era fuerte. Recuerdo que me contó cómo le costó luchar, durante varios días, recogiendo ramas secas para avivar la llama de una fogata que se había formado gracias a un rayo que cayó sobre un árbol.

—¿Cuánto tiempo la habrá mantenido?

—Días… no recuerdo. Pero sí recuerdo que se la apagó una lluvia, y cuando me lo contó me lo dijo con una profunda tristeza. Esa mujer sufrió mucho.

El día que la conoció, en su diario, Santiago escribió:

“Era una mujer, con tal desnutrición, que tenía la piel pegada a los huesos. Al principio solo emitía gruñidos… Ha sido traída a nuestra clínica de Arambala donde se está recuperando. Quizá con el tiempo logre borrar del alma los traumas y los miedos que Domingo Monterrosa y la ‘guerra de baja intensidad’ dejaron incubados en la mente de esta humilde campesina salvadoreña”.

***

Ella fue enviada a los campamentos de refugiados en Colomoncagua, Honduras, y allá se reencontró con su madre, Anacleta, que ya la daba por perdida. Aprendió a hacer sombreros.

Retornó a El Salvador, y junto a su madre se instaló en la comunidad Segundo Montes. Intentó rehacer su vida, amó de nuevo y tuvo dos hijos: Juan y Mario. Terminó la guerra y vivieron la posguerra en una pequeña casa, de dos cuartos. Pero una herida nunca le cicatrizó. Y su trauma no solo le alborotó los pensamientos, sino que también le afectó físicamente. Nunca más recuperó el habla de manera fluida. Dicen que hablaba como una niña que está aprendiendo el idioma, con palabras entrecortadas. Quedito.

En la comunidad trabajó de cocinera y de niñera en una guardería.

El estigma de la Siguanaba, aquella figura fantasmal que hizo temblar a los compas, la acompañó por siempre.

Denuncian sus hijos que en su lugar de trabajo era objeto de burlas y humillaciones. Que eso a ella le afectaba mucho; y que esas humillaciones y el recuerdo de su pasado, últimamente, le habían hecho padecer de los nervios.

Trabajaba de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Nunca convivió con sus hijos más allá de la cotidianidad básica: alimentarlos en la mañana, a la hora del almuerzo y en la cena. Pero nunca permitió que les faltara nada. Lo dicen ellos, orgullosos de su madre. Ella, que les dio estudio, alimentación y abrigo con un sueldo de 68 dólares mensuales.

Ella tampoco desatendió a su madre, Anacleta, la anciana de 99 años que ya no puede moverse, y que vive vencida por la flema y la tos. Por eso, debajo de la hamaca en la que la ponen a descansar, ella siempre ponía un huacal relleno de ceniza. Para que la anciana escupiera ahí las flemas, que encima del huacal formaban grumos grises.

Muy pocas veces habló ella de su historia, aunque a su casa siempre llegaban extraños que se iban satisfechos con el placer de haberla conocido. De cerciorarse de la realidad de aquel mito.

***

Dice Juan, 24 años, su hijo mayor, que extraña mucho a su madre. Le duele no tenerla consigo. Le duele descubrir que para cuando su hijo nazca, en febrero próximo, su madre ya no estará ahí.

Ella nació un 4 de febrero del 58 y con Juan cruzaban los dedos para que el niño naciera en la misma fecha.

Juan es pequeño, muy pequeño. Tiene 24 años pero parece un jovencito de 16. Estamos sentados en el portal de su casa. Anacleta descansa en la hamaca y al fondo hay un altar con la foto de la madre de Juan. Nos acompaña Mario, el hermano menor de Juan. Mario parece estar hecho para el baloncesto. Es callado, quizá como lo era su madre.

Han pasado 32 años desde la masacre en El Mozote y otros siete poblados. Y por más que se siga celebrando la paz –un paz pactada entre los bandos en conflicto, pero que no pidió opinión a las víctimas inocentes- en todo El Salvador hay gente que vive marcada. Por lo que hizo, por lo que vio o sufrió. Quien diga que esto no es cierto quizá estaría pecando de mentiroso. Basta con platicar con estos jóvenes, que crecieron en la posguerra, para comprobarlo. A ellos, la guerra que terminó 22 años atrás, ahora los has marcado.

Le pregunto a los hermanos qué piensan de este círculo vicioso. De este trauma que no se cierra. Juan dice, con rabia:

“¡A mi cólera de me da! Por esa masacre que se dio, mi mamá estuvo perdida todo ese tiempo. ¡Le mataron a mi hermana! ¡Porque esa criatura que cargaba en brazos era mi hermana! Por todo ese problema… ¡Ella nunca recibió ayuda! Por decir algo: un sicólogo, alguien que la escuchara, que le ayudara a superar todo ese problema. Tal vez así se hubiera mejorado… porque ella sí quedó dañada por esa masacre. Le afectó mucho, fue como una presión que cargó todo este tiempo. Una presión que le hizo hacer eso…”

***

Anacleta ha escuchado un ruido y sospecha que a su hija le ha ocurrido algo.

Anacleta está inquieta y angustiada. No puede moverse, y desde el pequeño dormitorio le habla a su nieto, que estudia recostado en la hamaca.

Mario le responde a su abuela que no pasa nada, que su mamá está lavando los platos en el patio, pero es hasta entonces, cuando ya ha salido del sopor en el que lo tenían los números y las letras de su cuaderno, cuando repara en que allá afuera solo hay un profundo silencio.

Mario se baja de la hamaca, da dos pasos hacia la cocina y es entonces cuando la encuentra flotando en el aire al otro lado de la puerta. Ella quizá ya no aguantaba vivir sin paz. Quién sabe. Lo cierto es que antes de morir, sus ojos apuntaron hacia los cerros en los que se perdió una joven llamada Andrea Márquez.

***

Miércoles 15 de enero de 2014. Mañana se cumplirán cuatro meses desde su muerte. He logrado hacer contacto con Eduardo, el médico que hace 30 años la atendió luego de que los compas la capturaron cerca del río. Me ha escrito esta mañana, desde algún lugar de México: “Lamento mucho la muerte de la compañera. Las heridas de la guerra están mucho más profundas y guardadas de lo que imaginamos. Sus efectos seguramente han cambiado la vida de muchos de nosotros, aunque creamos que salimos ilesos y estamos ´normales’. Algunos tal vez logren sobreponerse a aquellas, pero en el caso de la compañera, un efecto tardío, como una metástasis oculta de aquel terrible cáncer de la guerra y sus crueldades, terminó llevando su vida”.