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Aquí murió un río. Queda solo su carcasa. Un cauce seco. Un lecho polvoriento, con enormes rocas y piedras de todos los tamaños, donde otrora nadaban peces. Su cadalso está unos metros arriba, entre las montañas del Jilguero: un embalse de cemento donde van a morir las aguas del río Zapotal y todo lo que las habitaba. Corona el embalse una gran manta plástica en la que aún es reconocible el rostro de la diputada Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso; presidenta del Partido Nacional que busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y esposa del propietario de esta represa que lleva su nombre: Aurora 1. Ante el retrato sonriente de la congresista se muere El Zapotal. A partir de aquí, el agua corre entubada durante algunos kilómetros para terminar más abajo en unas turbinas.

Caminamos por lo que alguna vez fue río abajo con Magdaleno Aguilar, un recio lenca de 61 años que pescó aquí toda su vida; que se bañó aquí toda su vida. A pesar de que la ley exige a las hidroeléctricas dejar parte del caudal del río para preservar los ecosistemas, aquí ya no hay agua. Este es un cauce árido en plena temporada lluviosa, salvo por una charca formada por la caída de una raquítica cascada que desliza por una de las laderas de la montaña del Jilguero. “Ya ve -dice Magdaleno Aguilar-: Ya no hay río. Ya no hay peces. Ya no hay nada”.

Este río se secó por decreto. Con licencias del ministerio de Medio Ambiente de la administración de facto de Roberto Micheletti, otorgadas sin que se llevaran a cabo consultas ni estudios previstos por la ley. Con permisos de construcción aprobados por la alcaldía de San José sin la consulta popular a la que obligan la ley hondureña y los convenios internacionales. Con un contrato en el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se comprometió a comprar durante el siguiente medio siglo la energía producida por Aurora 1. A pesar de que tanto la diputada como su esposo han dicho que el proyecto fue aprobado durante la administración del depuesto Manuel Zelaya, los documentos oficiales revelan que el contrato se realizó en junio de 2010, un año después del golpe de Estado y cuando Gladis Aurora López ya era diputada nacional, a pesar de que la ley prohíbe la firma de contratos estatales con funcionarios públicos.

El Zapotal se encuentra en una reserva natural protegida, en el departamento hondureño de La Paz, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador. Aquí es territorio lenca. Pero ni siquiera una reserva protegida impidió que Inversiones Aurora, la empresa de la prominente familia nacionalista hondureña, obtuviera autorización para construir la hidroeléctrica.

Poco después de recibir los permisos, en 2010, Arnold Castro, el propietario de Inversiones La Aurora y esposo de la diputada López, firmó un acuerdo con representantes de los patronatos de cinco comunidades del municipio de San José La Paz en el que se listan las obras que cada patronato solicitaba a cambio de apoyar la construcción de la represa. Leer esa lista ayuda a dimensionar la pobreza de estas comunidades: repello de la escuela o la iglesia, apertura de caminos, asignación de un vehículo para evacuar enfermos en caso de emergencia, mejoramiento del centro de salud, electrificación de la comunidad etc. Hay otras, como redes para las porterías de la cancha de fútbol y la construcción de una ermita. A cambio, los representantes de los patronatos autorizaron a Inversiones La Aurora el uso de los recursos naturales de sus comunidades para producción hidroeléctrica. Por los próximos 50 años.

El acuerdo se hizo a espaldas de los pobladores, pero eso bastó a Aurora para no llevar a cabo las consultas que la ley le exigía. Cuando le demandaron la consulta, la diputada organizó un mitin con simpatizantes del Partido Nacional y recolectó firmas. Asunto arreglado. En seguida mataron al río. Aurora ni siquiera cumplió con las míseras promesas que hizo a los representantes de los patronatos. Los caminos que llevan a la presa son los mismos senderos maltrechos que abrió, hace muchos años, una organización local de pequeños productores de café. No hay vehículo para evacuar a los enfermos en esa zona de difícil acceso. Nada. Solo la presa.

En Honduras este tipo de proyectos está viviendo su boom desde el golpe de Estado de junio de 2009. “El golpe se convirtió en una piñata”, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de la Radio Progreso, una estación reconocida como lugar de encuentro y plataforma de movimientos populares y denuncias de violaciones a derechos humanos. “Todo quedó sin asidero. Las multinacionales se aliaron con los capitales locales y con los políticos. En los primeros meses se desató una ola de decretos para concesiones”.

El gobierno de Micheletti derogó decretos previos que prohibían explotación de recursos hídricos en zonas protegidas; a partir de entonces comenzó una masiva privatización de ríos y concesión de represas. En un año se concesionaron 40 nuevos proyectos, entre ellos las Auroras.

Desde aquel golpe de Estado de 2009, las sucesivas administraciones de Micheletti, Lobo y Hernández han otorgado 111 concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Aprobaron también una ley de incentivos que otorga exenciones fiscales a quienes desarrollen estos proyectos. Algunas de las familias más poderosas de Honduras crearon empresas “verdes” para desarrollar proyectos hidrológicos en medio de comunidades extremadamente pobres. El Estado compra la mayoría de la producción energética.

Se otorgaron además centenares de concesiones mineras; de carreteras, de administración de reservas naturales y, a partir del próximo año, de administración privada de comunidades enteras en las llamadas ciudades modelo.

En el noroccidente, el gobierno hondureño ha iniciado la concesión de carreteras estatales a empresas privadas, y el experimento es tan agresivo que hoy no es posible salir de la ciudad de El Progreso, antigua capital de la industria bananera, si no es pasando por una caseta de peaje. Desde San Pedro Sula, la única manera de evadir la primera de cuatro casetas para llegar a Tegucigalpa es atravesando el peligroso barrio Rivera Hernández, controlado por pandillas. No hay escape de las otras tres casetas. Esa carretera, la que conecta a las dos ciudades más importantes del país, fue construida con fondos del Milenio -es decir, con fondos de los contribuyentes estadounidenses- y contrapartida del BCIE y el Banco Mundial, pero ha sido concesionada a una empresa privada ecuatoriana para que la mantenga y cobre el peaje.

El seguro social, prácticamente quebrado por un millonario fraude cometido por funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, ha comenzado en algunos hospitales a entregar vales para que los usuarios compren medicamentos en farmacias comerciales. El estado garantiza el negocio a las farmacias privadas.

La minería es probablemente el más rotundo ejemplo de la Honduras concesionada. Según el Equipo Jesuita de Investigación, Reflexión y Comunicación, ERIC, solo en proyectos mineros Honduras ha otorgado 155 concesiones que abarcan la tercera parte del territorio hondureño: 35 mil kilómetros cuadrados; es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.

La ley de Minería, aprobada en 1999, afrontó fuerte resistencia de las organizaciones sociales, que lograron una moratoria a nuevas concesiones hasta 2009, cuando el golpe de Estado puso en el gobierno a la administración que contrajo la fiebre de las concesiones y la heredó a las siguientes.

El gobierno de Roberto Micheletti autorizó a las mineras a explotar todos los recursos hídricos de cada zona de operación concesionada y dejó desarmadas jurídicamente el 90 por ciento de las áreas naturales protegidas. Los siguientes dos gobiernos ampliaron el espectro. El año pasado, Honduras fue sede de un cónclave mundial minero denominado “Honduras está listo para la Minería” que ofreció casi mil nuevos proyectos mineros a inversionistas extranjeros.

A ello se agrega el desplazamiento de campesinos para la utilización de tierras en la agroindustria, que también ha sido fuente mayúscula de conflictos sociales.

Honduras ha delegado el desarrollo de su población más pobre al sector privado. El Estado parece haber capitulado a favor de los empresarios.

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El lenca Felipe Benítez ha venido a Simpinula, a pocos kilómetros de donde termina la presa de Aurora, a dirigir una ceremonia maya. Viste jeans, una camisa americana de manga larga a cuadros y una gorra para protegerse del sol. Tiene 44 años; la tez curtida por el trabajo agrícola y una sonrisa que no se le va ni cuando habla de los proyectos hidroeléctricos que él ve como amenaza para su etnia.

Yo he venido tras él porque hoy, 21 de agosto de 2016, se celebra aquí un guancasco: una fiesta lenca en la que usualmente dos comunidades se encuentran para reafirmar su amistad y armonía, en las que suele haber bailes tradicionales. Pero el de hoy no es un guancasco usual. Representantes de varias comunidades lencas de La Paz han hecho el viaje a Simpinula por un tortuoso camino de tierra, cuesta abajo, para participar, dicen ellos, de un día histórico.

Simpinula es un pequeño valle, de difícil acceso, escondido entre cerros y altas montañas. La entrada, y centro de la vida comunal, es una enorme y maltrecha cancha de futbol con parches de grama cuyas porterías son apenas marcos oxidados, sin red, que también sirve de estacionamiento para camionetas y microbuses en los que llegaron decenas de peregrinos. Cuando hay partido, si alguien lanza el balón fuera habrá que irlo a rescatar a los maizales de algún vecino. Justo frente a la cancha está el cerro en el que tendrá lugar elguancasco.

Ha llovido esta mañana y las nubes mantienen ese color gris plomizo que lucen cuando están a punto de reventar y liberar un largo diluvio tropical, como han hecho todos los días durante las últimas dos semanas. Le digo esto a Felipe Benítez a manera de advertencia. Él mira al cielo, se sonríe y me responde que no. Que no caerá agua hasta entrada la tarde. Pronto saldrá el sol.

Los lencas se han reunido hoy en una pequeña planicie que corona el cerro frente a la cancha de futbol. Las mujeres abrieron tres agujeros cúbicos en la tierra en los que han encendido leña a manera de fogón y en grandes cazos preparan atol salado, elotes y un guisado de carne con yuca. En una comunidad pobre, este lujo indica la estatura de la fiesta.

Han preparado con esmero una pequeña alfombra ceremonial compuesta por aserrín y rodeada de hoja de aguja de pino. Al centro colocaron una vasija de barro; una estatuilla maya de las que venden en Copán a los turistas y una botella de plástico con dos litros de chicha para agradecer a la tierra por los cultivos. En los cuatro puntos cardinales, granos dispuestos según la tradición maya: al norte maíz blanco; al sur maíz amarillo; al este frijol rojo y al oeste negro. La alfombra está rodeada por un círculo de hierbas verdes y frutas y flores y candelas de los mismos colores de los granos, simbolizando la purificación, la fertilidad, el sol y la muerte. Una cruz cósmica. Una ofrenda a la madre tierra, la buena madre, que les ha dado el maíz y el frijol. Que les ha dado los ríos y las montañas.

Benítez encabeza una organización llamada Milpah (Movimiento de Indígenas Lencas de La Paz, Honduras) que se ha plantado en resistencia contra proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Inversiones La Aurora tiene los permisos para construir otra represa, llamada Aurora 2, arriba en Santa Elena, donde vive el Felipe Benítez. El gobierno hondureño no vio ningún impedimento para aprobar la concesión a pesar de que se encuentra, también, en una reserva natural protegida. Benítez y otros lencas sí vieron el problema: una empresa privada quiere apropiarse de sus ríos.

Hace algunos meses, organizaciones lencas como Milpah se tomaron la carretera impidiendo que la empresa ingresara tractores y maquinaria para la construcción de Aurora 2. Mientras resisten in situ, buscan soluciones definitivas. Su misión parece titánica, habida cuenta del poder político de los propietarios de Aurora. La ceremonia de esta mañana en Simpinula es parte de su estrategia. Eso explica la presencia de periodistas de varios medios de comunicación locales, entre ellos radios comunitarias, y algunos académicos, invitados por Milpah para registrar la ceremonia.

Un hombre sopla un caracol hacia el cielo, lo que anuncia el inicio de los oficios. Felipe Benítez toma un micrófono y explica la cruz cósmica maya: “Aquí tenemos la comida que nos quiere quitar Monsanto…”. Lee después un comunicado firmado por los líderes lencas presentes: “Este cerro será llamado, a partir de hoy, Guastes Tupayca”. Como casi ninguno de los lencas habla lenca, Benítez traduce: “El Cerro de Nuestro Señor”. A partir de hoy, pues, este cerro será un centro ceremonial. Los habitantes de Simpinula se comprometen a cuidarlo, a mantener la cruz cósmica en orden y fuera del alcance de los perros callejeros que en el campo, donde no hay calles, se llaman aguacateros.

Invoca al espíritu de Lempira y al de la nueva mártir del movimiento indigenista y ambientalista hondureño: “Berta Cáceres. Que su espíritu nos guíe en nuestra lucha para proteger a Maika Durra, la Madre Tierra”. Berta Cáceres, la líder ambientalista que dedicó los últimos años de su vida a resistir contra estos proyectos, asesinada hace seis meses y hoy colocada en el martirologio lenca junto a Lempira, el jefe que resistió a la colonización española hasta que un arcabús ibérico le partió el pecho. Por el pecho, también, penetró una de las tres balas que terminaron con la vida de Cáceres cinco siglos después.

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Poco antes de la medianoche del pasado 2 de marzo, tres hombres llegaron a la ciudad de La Esperanza, forzaron la puerta de la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. El mexicano Gustavo Castro, quien se hospedaba en la casa, recibió algunas heridas de bala. Pero sobrevivió.

Dice Felipe Benítez que habló con ella el día anterior al crimen. “Queríamos hacer un frente común de varias organizaciones indígenas”. El gran desafío que enfrentan hoy estas organizaciones es sobrevivir a la muerte de la más visible de entre ellos.

Cáceres era la activista hondureña más reconocida en el mundo, sobre todo tras haber ganado, algunos meses antes, el premio Goldman, conocido como el Nobel verde. Su asesinato puso en las portadas de los periódicos internacionales el conflicto entre comunidades indígenas y empresas beneficiarias de la fiebre hondureña por concesionarlo todo. Y también los riesgos para los ambientalistas y defensores de tierras en Honduras. Berta Cáceres murió la víspera de cumplir 45 años de edad.

Hija de una lideresa lenca, inició su actividad política en la guerra civil salvadoreña, a los 16 años. Siguiendo a su novio, el activista hondureño Salvador Zúñiga, cruzó la frontera entrando por Cabañas. Ambos se incorporaron al FMLN en 1988. “Estuvimos organizados con la Resistencia Nacional”, aclara Zúñiga. “No solo del lado salvadoreño. Apoyamos en otros momentos en la parte logística en Honduras, en Nicaragua también. Para la ofensiva del 89 estuvimos en Soyapango”.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, ambos regresaron a Honduras a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. “La experiencia revolucionaria nos ayudó a organizar a las comunidades, a plantearnos la estrategia pero en tiempos de paz”, recuerda Zúñiga, el primer coordinador de la organización. Mientras Centroamérica intentaba pasar página a los años de las revoluciones y las dictaduras, las banderas del COPINH ya estaban en una nueva lucha: la defensa medioambiental y la reivindicación de la identidad indígena.

El divorcio con Zúñiga terminó también con la sociedad y ella quedó sola al frente del COPINH. Demostró ser hábil para la organización y apta para el liderazgo. Ya había probado ser incombustible y visitaba con frecuencia lugares de muy difícil acceso, lo que ayudó a mitificar su omnipresencia.

Algunas personas a las que Berta fue conociendo en el camino la recuerdan especialmente insistente en el devocional respeto a la naturaleza, heredado de la cosmovisión lenca; y en la recuperación de la dignidad y el orgullo indígena. Pero lo hacía con la estrategia aprendida de los movimientos revolucionarios: participaba en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional, intercambiaba experiencias con otros movimientos en toda América Latina.

Frenó la labor de algunos aserraderos, una de las grandes industrias extractivas de Honduras y origen de violencia en todo el país. Marchó con otros activistas a Tegucigalpa para protestar contra las concesiones (en una de ellas tiraron abajo una estatua en honor a Cristóbal Colón y en su lugar colocaron una de Lempira). Creó talleres para hombres y mujeres lencas. El COPINH se convirtió en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2010, poco después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto de Roberto Micheletti otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque, que sirve de frontera a los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, zonas lencas también.

DESA es una empresa privada copropiedad de José Eduardo Atala y sus hermanos Pedro y Jacobo. El grupo familiar, llamado Jacaranda, importa y distribuye equipos de maquinaria y construcción, representa a la marca John Deere en Honduras y tiene inversiones en bienes raíces y energía. Los hermanos Atala son además propietarios del Club de Futbol Motagua.

Su proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, llamado Agua Zarca, obtuvo un financiamiento de $45 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. Agua Zarca es un proyecto a filo de agua que, a diferencia de las Auroras, sí contempla mantener el caudal ecológico; tiene proyectado producir 21 megawatts en el Gualcarque. Por eso calificó como proyecto de energía limpia para los donantes internacionales. En los albores del proyecto, el gigante chino de construcciones de presas, Sinohydro, fue subcontratado para la construcción.

Agua Zarca instaló su campamento original en Río Blanco, Intibucá, en la ribera oriental del río Gualcarque. Pero el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a Sinohydro. DESA tuvo que instalarse al otro lado del río, en el municipio de San Francisco Ojuera, Santa Bárbara, donde se encuentra ahora.

Tras la salida de los chinos, DESA contrató para la construcción del proyecto a la empresa Copreca, la misma acusada en El Salvador por fraude contra el Estado por $12 millones de dólares tras el fiasco en la construcción del Boulevard Diego de Holguín (Hoy llamado Monseñor Romero). Copreca, cuyo propietario Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de estafa, peculado y falsedad ideológica, está a cargo de la construcción de otras hidroeléctricas en Honduras.

Pero la presa de Agua Zarca no ha podido construirse a pesar de la inversión que DESA ha realizado ya para iniciar el proyecto (apertura de calles; contratación de ingenieros; instalaciones eléctricas; materiales de construcción; trabajadores sociales; agentes de seguridad privada; etc…), debido a la protesta de las comunidades que se oponen al proyecto. Berta Cáceres encabezó la resistencia contra Agua Zarca.

Hace tres años, Cáceres comenzó a recibir amenazas, de las que responsabilizó a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. El jefe de seguridad de la empresa era un militar retirado, Douglas Bustillo.

El Presidente de DESA, David Castillo Mejía, es también un militar. Se graduó de West Point y fue sancionado en noviembre de 2009 por el Tribunal de Cuentas hondureño, por estar recibiendo doble salario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y de las Fuerzas Armadas, donde fungía como subteniente de inteligencia militar. El Tribunal le obligó a devolver los sueldos. Lo encontró además culpable de vender equipos sobrevalorados a la Fuerza Armada, desde una empresa de su propiedad.

Debido a las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres. A pesar de las amenazas, el COPINH mantuvo la resistencia. A pesar de las medidas cautelares, Berta Cáceres fue asesinada.

El crimen causó tal indignación internacional que se convirtió en el principal problema político del gobierno de Juan Orlando Hernández. En las semanas posteriores, las autoridades hondureñas llevaron a cabo cinco capturas: Los gemelos sicarios Edilson y Emilson Duarte, presuntamente contratados para perpetrar el crimen; como cómplices continúan detenidos el ex jefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, a quien Cáceres había denunciado, además, por acoso; el Ingeniero Sergio Rodríguez, a cargo de las obras de construcción de DESA; y Mariano Díaz Chávez, un militar activo al momento del crimen. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Elvin Rápalo Orellana, el presunto tercer hombre en participar en el asesinato. Hay un prófugo, Henry Hernández, de quien las autoridades suponen que era el conductor, que esperó en el vehículo mientras los asesinos disparaban contra Cáceres y Castro.

Los investigadores armaron el caso a partir de los registros de llamadas telefónicas de los acusados, en los que habrían determinado no solo la ruta y las horas en que los asesinos entraron y salieron de La Esperanza, sino también una intensa comunicación entre ellos y el exjefe de seguridad de DESA; cuando la policía allanó la casa de los gemelos Duarte, encontró el arma con que se cometió el crimen. Posteriormente el Ministerio Público reveló que los gemelos sicarios habían confesado su participación y, según reportes de la prensa hondureña, dijeron haber sido contratados por Sergio Rodríguez, el ingeniero empleado de DESA.

Con las capturas, el gobierno alivió la presión. Y no hay ninguna novedad sobre la autoría intelectual ni ninguna línea de investigación para determinar la naturaleza de la participación de militares en el crimen. En junio pasado, un soldado hondureño dijo al periódico inglés The Guardian que había desertado después de recibir una lista de activistas a los que su unidad debía asesinar, entre los que se encontraba Berta Cáceres. El ejército desmintió estas declaraciones.

Ni el Copinh ni DESA están satisfechos con las investigaciones. “No tiene ningún sentido que responsabilicen al ingeniero Rodríguez o a DESA”, dice José Eduardo Atala, el principal accionista de la empresa. “Nadie se vuelve matón de la noche a la mañana. El ingeniero Rodríguez es un hombre de familia”. Atala asegura que desde que cambiaron el proyecto de Río Blanco a Ojuera habían estado trabajando sin problemas. “Llevábamos quince meses de trabajo ininterrumpido. Habíamos entrado en un diálogo con la señora Cáceres. No tiene ninguna lógica. Hoy tenemos parado un proyecto de $45 millones de dólares que ya iba caminando. Dígame usted si tiene sentido la tesis del Ministerio Público”.

Víctor Fernández, abogado, amigo y asesor legal de Berta Cáceres durante muchos años, es quien representa a la víctima en el juicio. Fernández cree que el caso fue mal armado, porque las investigaciones se basaron en llamadas telefónicas –y ni siquiera se conoce el contenido de esas llamadas- y no en personas. No ve ningún avance en la determinación de la autoría intelectual del crimen ni voluntad del ministerio público. “El caso sigue igual que en mayo, cuando fueron las audiencias iniciales.

Las sospechas sobre el accionar del Ministerio Público se deben también a su historial en un país con altísimos índices de corrupción y de impunidad. “Es el mismo Ministerio Público que en 2013 y 2014 la acusó de portación de armas, usurpación, coacción y daños continuados. Es la misma fiscalía la que llevaba el juicio contra Berta. ¿Cómo podemos confiar en el coyote para que cuide las gallinas?” reclama Tomás Gómez Membreño, quien asumió la coordinación interina del Copinh tras la muerte de Cáceres. Pide que sea la CIDH la que investigue el crimen, habida cuenta de que “en el asesinato han participado el poder económico, el político y el militar”.

Atala también quiere una investigación independiente. Dice haber contratado ya a una empresa internacional para que haga una investigación a fondo. “Mientras no se solucione el asesinato de Berta Cáceres no vendrán a Honduras más fondos internacionales para hidroeléctricas. Es en el interés del país resolver esto”.

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A San Francisco de Ojuera, el municipio que alberga hoy el proyecto de Agua Zarca, se llega tomando el desvío a Santa Bárbara y posteriormente decenas de kilómetros de caminos de piedra y tierra que se internan en las montañas. La plaza central lleva el nombre del actual alcalde, Raúl Pineda, que la pintó y remodeló. Berta Cáceres lo denunció por amenazas y por asociarse con policías, militares y guardias de seguridad privados para reprimir a manifestantes contra la represa. Desde el asesinato de la activista, ni el alcalde ni el vicealcalde quieren hablar sobre la presa. Dicen que no quieren más problemas. El vicealcalde ofrece, a cambio, guiarnos hasta la casa de Ramón Rivera, empleado de DESA a cargo de las relaciones con la comunidad y quien lleva, desde el encarcelamiento del ingeniero Sergio Rodríguez, la oficina de DESA en el pueblo.

Rivera es un hombre delgado, con el cabello entrecano que delata su edad mediana a pesar de su mirada juvenil. Tiene 40 años. Pulseras textiles en la muñeca, lentes y un habla más sofisticada que la de los habitantes locales le hacen parecer un profesor universitario de cualquier ciudad centroamericana. Sabe escuchar y cuando habla habla con una voz serena que fluye con argumentos, aspirando a convencer. En su escritorio hay una maqueta del proyecto de Agua Zarca y varias actas con cientos de firmas de habitantes de la zona que piden la reanudación de la construcción de la represa. El contraataque de DESA, pues, corre a cargo de este señor.

A pesar de su apariencia urbana, Ramón Rivera nació en esta zona rural aislada del mundo. Siendo aún niño se mudó con su familia a Las Vegas, un pueblo minero a orillas del lago Yojoa. Su padre trabajaba en la mina de El Mochito (propiedad de mineras internacionales desde su apertura, en 1948), que extrae zinc, plomo y plata. Esa experiencia temprana parece haber marcado su visión del progreso: “La mina nos dio una mejor casa, con piso y luz eléctrica. Una mejor escuela. Una mejor comida. La mina nos dio una mejor vida. Allí aprendí de desarrollo”.

Años después obtuvo una beca y se mudó a La Habana para estudiar medicina. Allí vivió cuatro años. No terminó la carrera, pero cree que la revolución cubana le enseñó algo más importante: “que todos tienen derecho a una vida digna. Que todos tienen la obligación de ayudar a que el prójimo esté mejor”. Se define como un revolucionario ambientalista y dice que por ello su relación con el proyecto de Agua Zarca es congruente: “Producir electricidad no es delito en ninguna legislatura. Este proyecto es de energía limpia; ha creado trabajos, ha abierto calles, traerá una clínica y una escuela. ¿Por qué se oponen los copines? ¡Si esto es lo que todos queremos… desarrollo!”.

Le pregunto si abrir una calle, poner una escuela y un centro de salud no son obligaciones básicas del Estado. “Sí. También es cierto que el Estado nunca ha cumplido ni está en capacidad de cumplir con su obligación de abrir estas calles y poner clínicas y dar educación y salud a todos los hondureños. ¿Pero por qué nos vamos a oponer a que una empresa privada nos traiga estos beneficios?” Rivera no es el único que piensa así. A este lado del río, son muchos los campesinos, los lencas, que están a favor del proyecto de Agua Zarca. Y Ramón Rivera los está organizando. Convive con las comunidades que están a favor y a todos les habla de medio ambiente. Las hidroeléctricas, dice, son el equilibrio perfecto entre desarrollo y medio ambiente.

Una vez que la hidroeléctrica sea terminada y comience a funcionar, DESA deberá trasladar a las comunidades el dos por ciento de la facturación por venta de energía. Pero por ahora el proyecto está en pausa, porque las entidades financieras internacionales suspendieron los desembolsos desde el asesinato de Berta Cáceres.

La semana pasada, el Banco Holandés de Desarrollo, uno de los donantes, publicó un reporte de situación en el área , realizado por una misión internacional independiente. El reporte es crítico con el proceso de instalación del proyecto y su efecto en las comunidades; sobre todo porque no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada como obliga el convenio 169 de la OIT.

Atala explica las razones: “El país es signatario de ese convenio pero nunca hizo un reglamento. Es el Estado el que está obligado a llevar a cabo esas consultas, no las empresas. Pero el Estado se ha deslindado de esa responsabilidad y nos pide a nosotros que hagamos las consultas, sin un reglamento que determine siquiera cómo se hacen”.

El entonces viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Laínez, enfrenta un juicio por otorgar esos permisos de manera ilegal no solo a Agua Zarca, sino a otras concesiones hidroeléctricas, entre ellas Aurora 2. El funcionario enfrenta un juicio; las empresas no están siendo investigadas por beneficiarse de la corrupción.

El informe del FMO coincide con muchas de las observaciones de Ramón Rivera sobre las posibilidades de desarrollo que el proyecto abre para las comunidades de la zona.

Rivera se ofrece a guiarnos hasta la represa por decenas de kilómetros de calle rural que DESA abrió para llegar hasta el Gualcarque. Vamos en un vehículo doble tracción hacia el lugar donde la empresa inició el desvío del río; hacemos paradas en el camino para subir a algunos campesinos que van de un caserío a otro. Todos saludan a Rivera con estima y se quejan del COPINH. Dicen que la organización de Berta Cáceres les ha quitado el trabajo; los acusan de ser violentos. Los responsabilizan de que ahora la calle esté en mal estado; de que no tengan más los servicios de DESA para sacar a los enfermos hasta una clínica en caso de emergencia. Acusan al COPINH, en resumidas cuentas, de condenarlos al subdesarrollo. De dividir a la comunidad. De negarles la posibilidad de optar a una vida como la que la mina de El Mochito le brindó a Ramón Rivera.

Paramos allí donde ha iniciado el desvío del río. Las palas de la compañía abrieron un canal y acumularon la tierra extraída en un macizo al centro del cauce original del Gualcarque. Así se divide un río: uno de los brazos seguirá corriendo por su cauce natural mientras el otro será guiado por un nuevo sendero hasta donde la empresa ha decidido construir el embalse, donde el agua se irá acumulando a la espera de que alguien abra las compuertas para dejarla correr entubada, por cinco kilómetros, hasta que desde un montículo y de manera natural aumente la aceleración y caiga en picada, con fuerza, hasta unas turbinas que producirán los 21 megawatts proyectados; y esa agua se volverá a unir con el caudal. Así se ha planificado el desvío del Gualcarque, pero hasta ahora solo está el pequeño macizo de tierra al centro que bifurca el caudal, que se vuelve a unir en su otro extremo porque lo demás no ha podido ser construido.

A pocos metros hay un puente colgante, construido también por DESA, que une a las dos riberas. Al cruzarlo se llega a la comunidad de Valle de Ángeles, en el departamento de Intibucá. Es uno de los cinco caseríos de Río Blanco y el más próximo al Gualcarque. Aquí, justo a la orilla del río, vive Lucila Mejía, una señora a la que los años han dado una voz ronca y contundente. Habla con un don de mando que contrasta con la voz suave de Rivera. “Con el proyecto no tenemos problemas. Nuestros problemas son con los copines. Ellos nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a matar”. Le pregunto cómo y cuándo le han dicho eso. “Directamente no. Pero todo mundo lo sabe. Nos dicen que andemos con cuidado porque los copines nos quieren matar”.

¿Cómo es que un proyecto de energía limpia se convirtió en un conflicto entre comunidades pobres? Lucila apunta el dedo acusador hacia la montaña a sus espaldas, allí donde está el caserío de La Tejera, foco de la resistencia contra la presa. “Ellos están peleando por el río. Pero no es de ellos. Es cierto, es un pleito entre comunidades. Pero ellos pelean por destruir. El río nunca se va a acabar y este proyecto nos trae beneficios. Ya ve usted, dicen que el rico vive del pobre. Pero el pobre también vive del rico. Los copines no quieren que nos den estos beneficios”.

Atrás de ella están dos de sus hijos. Son altos y musculosos. Ambos parecen rondar los 30 años. Uno de ellos cuenta que, hace algunas semanas, los vecinos alertaron que todas las tardes, a tiro de vista de aquí, doscopines se sentaban para registrar los movimientos de estos caseríos. Preocupados por un eventual ataque, uno de los hijos de Lucila decidió ir a confrontarlos. Lucila se quedó angustiada, pensando que podían matarle a su hijo. Él me cuenta la experiencia: “Llegué y no había nadie. Y nunca más volvieron”, me dice él. Le pregunto cómo sabe que alguna vez vinieron. “Eso decían. Pero nunca los vi”. El conflicto en Agua Zarca se ha llenado de fantasmas.

Hay dos elementos que parecen comunes a todos los proyectos de industrias extractivas: la división local de las comunidades a través de promesas de beneficios para quienes estén a favor; y los rumores que se esparcen como bolas de nieve, agravando las divisiones. El conflicto visto desde afuera del bosque parece ser entre corporaciones y comunidades pobres; pero al internarse entre los árboles se parece más a uno de pobres contra pobres.

Víctor Fernández, el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres, cree que lo que ha pasado desde el golpe de Estado es un plan para que los grupos de poder se hagan del control estratégico de los recursos naturales de los hondureños. “Estas empresas, que ofrecen hacer inversión social en las comunidades, están traficando con la dignidad de las personas”.

El reporte de misión del FMO recomienda que sigan los desembolsos al proyecto de Agua Zarca de DESA, porque, concluye, no hay ningún proyecto alternativo de desarrollo para las comunidades que viven alrededor del Gualcarque. En otras palabras, el gobierno hondureño no tiene ningún plan para propiciar el desarrollo de las comunidades más abandonadas, salvo delegarlo en empresas privadas que no tienen un interés social, sino de negocios.

El Estado, dice el mismo reporte, ni siquiera fue capaz de mediar cuando inició el conflicto en la zona. Por el contrario, actuó como históricamente ha actuado: envió soldados y policías. Y allí estalló todo.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas y defensores ambientalistas. Según la organización Global Witness, desde el golpe de Estado, 118 de ellos han sido asesinados. Ninguno tan visible, ninguno tan reconocido, ninguno tan claro, ninguno tan sonoro como el de Berta Cáceres.

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Muchas veces pasó Berta Cáceres por estos senderos de barro que conducen a La Tejera. Muchas pasaron los equipos de DESA que también ampliaron estos caminos; y los ingenieros chinos de Sinohydro que pretendían construir la represa; y los supervisores financieros; y las camionetas con materiales para instalar el campamento de los chinos a la vera del río Gualcarque. Desde entonces ha habido varios muertos. Incluso antes de que los chinos pasaran de regreso con sus cosas y abandonaran el proyecto.

Alan García tenía 16 años, en julio de 2013, cuando se encaminó con otros pobladores hacia el campamento de DESA para protestar contra el proyecto. Iba con su papá, Tomás, un líder local. Al llegar a las puertas del campamento, los manifestantes se toparon con soldados del ejército hondureño que custodiaban a los ingenieros chinos. Las versiones varían, pero no las armas: Entre quienes participaban en la protesta había ancianos, mujeres, niños desarmados; y algunos hombres con machetes. Las únicas armas de fuego a la vista, aquel día, estaban en manos de soldados y vigilantes privados. Uno de los soldados disparó contra Tomás García y lo mató. Alan, viendo cómo su padre caía, se lanzó a ayudarlo. Recibió otros dos balazos que lo dejaron inconsciente. Fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir.

Hoy, con 19 años y huérfano, es un muchacho que habla poco. Es menudo y aparenta tener aún la edad que tenía cuando fue herido. Se levanta la camisa y nos muestra las cicatrices de aquella jornada infausta en que perdió a su padre. Una adelante que ocupa medio torso. Otra atrás… Un cráter en la parte superior de la espalda. “El pleito fue porque ellos se metieron en nuestras tierras. En nuestros frijolares. Metieron tractores. No nos preguntaron nada. No aceptaron ningún diálogo”, dice. “Solo dispararon”.

Horas después de la muerte de Tomás García, un niño llamado Christian Madrid, de 14 años, fue asesinado mientras cultivaba las tierras de su familia. Sus hermanos mayores responsabilizan de su muerte a Berta Cáceres y al COPINH. Dicen saber quién es el asesino: “un compadre de mi papá que andaba con ellos”; y acusan a los ambientalistas de protegerlo. Dos muertes. Suficientes para dividir a una comunidad de tal manera que, aunque mañana mismo se clausurara el proyecto de Agua Zarca, sus diferencias son ya lo suficientemente grandes como para esperar que pronto los pobladores vuelvan a ser una sola comunidad.

“Aquí hemos quedado todos divididos”, dice Juan Bautista Madrid, uno de los hermanos de Christian. “Padres contra hijos, hijos contra padres. Primos contra primos. Aquí nos olvidó el gobierno, nos olvidó la alcaldía. Solo la empresa (DESA) nos trajo la calle y nos puso electricidad. Ellos, los copines , destruyeron el proyecto. Nos han amenazado. Aquí ahora nos matamos entre familias”.

Hay cinco caseríos en Río Blanco. La propiedad de los Madrid queda justo en una parada entre caseríos a la que llaman La Caseta. Algunos kilómetros más arriba se encuentra La Tejera. No avisamos a nadie que vendríamos, pero en cuanto llegamos al páramo que sirve de plaza se nos acercó una señora para decirnos que doña Mercedes nos estaba esperando. Ya sabían que nos habíamos detenido a hablar con la familia Madrid. Cuando entramos a su casa, ya había otras dos mujeres de la comunidad. Cuando salimos eran siete. Convocadas por doña Mercedes “para que ustedes estén bien informados”.

Mercedes Pérez es la líder de La Tejera y la cabeza de una familia matriarcal. Altiva y delgada, con el cabello pintando ya canas, parece la imagen que Lucila, la abuela de Valle de Ángeles, podría encontrar en su espejo si tuviera el cabello blanco. Mercedes habla con la misma firmeza pero desde el otro lado de esa frontera que la presa ha creado entre las comunidades de Río Blanco.

Su casa es la de una mujer pobre que sostiene a una familia grande. Piso de tierra y cocina de leña. En un rincón ha apilado decenas de mazorcas, almacenadas en forma de abanico, que terminan componiendo una figura armoniosa, geométrica, compacta. Hermosa. Encima de las mazorcas hay hierbas olorosas para espantar a los ratones del campo. Enfrente una pequeña hamaca, en la que reposa un bebé de dos años. Tres niños más grandes corren y gritan por la casa. Otro más, un poco más pequeño, nos mira fijo desde la esquina. Una veintiañera lava platos en la pila. Tiene a otro bebé colgando. Todos son nietos de doña Mercedes. Hijos de sus hijos que se los encargaron. Hijos de sus hijas cuyos maridos las abandonaron.

Junto a las mazorcas hay una puerta sin puerta, sino con una cortina, por la cual se entra una pequeña habitación. “Aquí dormía Bertita cuando venía”, dice, con orgullo. “Aquí comía”. A sus espaldas, otro cuarto que sirve de comedor tiene las paredes forradas de afiches con la foto de Berta Cáceres. Entrar a esta casa es saberse en territorio en pie de lucha contra la hidroeléctrica. La abuela Mercedes alza la voz: “¡Yo soy Copinh hasta la muerte! Aquí nunca aceptaremos la presa. ¡Nunca! Son unos sinvergüenzas”.

El origen del pleito, en el que todos coinciden, es muy simple: los tractores de DESA invadieron un frijolar. La gente se molestó con la empresa. Organizaron una protesta y voltearon los tractores. Los militares acudieron a proteger a los chinos. La protesta llegó hasta la entrada del campamento y el Estado utilizó a su brazo armado. Para defender a la empresa. Sonó el disparo que terminó con la vida de Tomás García y los dos siguientes, que hirieron gravemente a su hijo Alan. Alguien mató más tarde a Christian Madrid. Y la bolita fue creciendo. Después hubo otros muertos. Uno de paludismo. Otro asesinado en una borrachera. Una joven murió en un accidente automovilístico. Cada parte de la comunidad ha encontrado la manera de culpar a la otra por cada una de estas muertes.

Le pregunto a Mercedes Pérez por los muertos. Comienzo por Christian Madrid. “Mire, su mamá es mi comadre. Hoy ya no nos hablamos. Ese muchacho no murió por nada. Su familia es la que le vendió las tierras a la presa”. La presiono un poco más y termina responsabilizando a DESA también de esa muerte: “Lo mataron para echarle la culpa al Copinh”. Entonces habla de los otros muertos. El asesinato del borracho le parece sospechoso, porque el asesino actuó con premeditación: “lo llevó a tomar para matarlo”, dice. La joven que murió en un accidente de tránsito, murió intentando llegar hasta donde los tractores estaban invadiendo el frijolar. Si la presa no estuviera en construcción, si los tractores no se hubieran metido en el frijolar, si la comunidad no tuviera este problema… la joven estaría viva. Así que esa muerte también debe agregarse a la lista de víctimas de la represa. Y así. Y cada muerte que menciona le cierra un poco los ojos y le endurece la quijada. Con rencor.

En lo único en lo que parece estar de acuerdo con su comadre, la mamá de Christian Madrid, es en que será muy difícil reconciliar a esta comunidad. Es la misma experiencia en todas las comunidades divididas por estos proyectos, particularmente donde ya hay muertos. Pobres contra pobres. Lencas contra lencas.

Sentado en su oficina de La Esperanza, a pocas cuadras de la casa donde Berta Cáceres fue asesinada, el coordinador interino de Copinh Tomás Gómez Membreño me dirá después: “Estos problemas llegaron con las concesiones de los proyectos. El origen de estos conflictos está en las concesiones, no en las comunidades”.

***

La división entre comunidades, hasta ahora, es menor en La Paz. Ni hay muertos entre los que estaban a favor de las Auroras ni hay mucho desarrollo ni oportunidades que defender. La mayor oposición comunitaria a las organizaciones indígenas proviene de aquellos que se benefician del clientelismo político. Alcaldes, representantes patronales, empleados del Partido Nacional en la zona. Y es a través de ellos que el gobierno impulsa su plan.

En Simpinula hay postes de cemento, de esos que sostienen los cables eléctricos. Pero no hay cables. No hay electricidad. Solo postes de cemento. Es un paisaje absurdo en medio de las montañas. El gobierno prometió a los simpinulenses conectarlos a la red eléctrica justo cuando comenzaron los proyectos de las Auroras, pero la comunidad se negó a que se llevara a cabo un catastro para delimitar las propiedades de la comunidad. Sin catastro, les dijeron, no hay electricidad.

No hay electricidad. Los simpinulenses se amparan en el derecho comunal ancestral de los lencas, por el que las tierras de la comunidad son propiedad comunal, no individual, para oponerse al catastro. Esa es parte de su resistencia a las concesiones; su manera de amarrarse al mástil para resistir a los cantos de sirena: Si la comunidad es la dueña de todo, ninguna empresa podrá tentar a un campesino para comprarle las tierras en las que desarrollará los proyectos concesionados. Pero es solo una parte de su resistencia. Negarse al catastro es también reafirmar el carácter indígena de la comunidad.

Las organizaciones indígenas hondureñas, que representan también a las otras etnias (pech, tawaka, misquito, tolupán, garífuna, chortí…), saben que Honduras es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio prevé derechos especiales para las comunidades indígenas y aborígenes, siempre y cuando sus condiciones sociales, económicas y culturales las distingan “de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones…”. Por ejemplo: propiedad comunal de la tierra y un cerro sagrado para sus propias ceremonias, como el que acaban de proclamar en Simpinula.

El Convenio les otorga además el derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres sociales, sus creencias, su bienestar espiritual o sus tierras. Y obliga a los estados signatarios a respetar y proteger sus organizaciones sociales y su forma de vida. Pero uno de los requisitos más importantes, desde luego, es que los indígenas se asuman como indígenas. Por eso es tan trascendente el esfuerzo que están haciendo por recuperar su identidad. Y llevan muchos años en ello.

Berta Cáceres y el Copinh cimentaron buena parte de su estrategia en el 169 y lograron mediante él presionar al gobierno a que cumpliera sus compromisos internacionales. En julio de 2011, Cáceres firmó un convenio con el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el que este se comprometía a no autorizar ninguna concesión sin “una consulta previa, libre e informada”, para lo cual se redactaría un reglamento en coordinación con el Copinh. Además, el gobierno de Lobo reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal.

El convenio tenía dos problemas: que la mayoría de concesiones ya habían sido otorgadas y que el gobierno de Lobo ya iba de salida. Con la llegada de Juan Orlando Hernández, el acuerdo fue engavetado. No hay ningún reglamento. En cambio, la presidencia de Hernández promovió internacionalmente una política de concesiones sin precedentes, que incluyen la creación de “ciudades modelo” en las que las corporaciones extranjeras ganen licitaciones podrán trabajar con ventajas arancelarias en grandes zonas geográficas, con legislación diferente, que en la práctica serán administradas de manera privada. La primera ciudad modelo será inaugurada a finales de este año.

Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEPRODEH y uno de los principales promotores del 169 como herramienta de resistencia, visita frecuentemente la zona de La Paz y reúne a decenas de indígenas para informarles sobre el tratado de la OIT y escuchar sus inquietudes y su situación.

Cuando lo conocí, hacía una presentación a unos 40 indígenas de la zona de Marcala, en la sede local de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Su lenguaje era claro: “quieren forzarnos a la emigración para que les dejemos nuestros ríos y nuestras montañas y nuestros minerales. Quieren que nos sintamos avergonzados de ser indígenas. ¡Pero somos indígenas! Preguntemos a nuestros abuelos. Que nos cuenten nuestras historias. No veamos a los pies a nadie, nunca más. Tenemos muchas historias; y muchos muertos”.

Uno de los asistentes preguntó cómo podían evitar el avance corporativo sobre sus tierras. Donald Hernández, antes de explicar el 169, respondió: “¡Rescatemos nuestra cultura! Nos dicen robatierras pero no estamos robando nada. Nosotros re-cu-pe-ra-mos tierras. Siempre fueron nuestras. Tierras indígenas comunales. Que un alcalde se las haya titulado a un extranjero no las hace de ese extranjero. Son nuestras.” Entonces les habló del convenio de la OIT.

En la reunión estaba también Margarita Posada, cofundadora de Copinh y una activista local muy respetada, quien fuera cercana a Berta Cáceres. Ha dado seguimiento al proceso de construcción de las Auroras y tiene un archivo del que echa mano para explicar las irregularidades en la concesión de los permisos. Le pregunto cuál es el problema con que se produzca energía limpia, a partir del agua de un río. “Con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en vez de consultarnos, en vez de darnos facilidades para que las comunidades mismas produzcamos nuestra energía limpia, los organismos financieros internacionales le dan dinero a empresas privadas que no lo necesitan para que sean ellos los que se lucren de nuestros ríos. Los que los controlen. Los que los destruyan. Ese es el problema. Somos nosotros, las comunidades, las que debemos decidir en qué ríos queremos hacer estos proyectos y cómo los vamos a administrar, de tal manera que nos permitan producir nuestra propia energía en vez de pagarles a estas empresas por controlar nuestros ríos”.

Intenté hablar con Arnold Castro, el propietario de Aurora y esposo de la vicepresidenta del Congreso, pero me canceló a última hora dos reuniones pactadas en la ciudad de Marcala y después alegó estar en reuniones de negocios para no atenderme por teléfono, a pesar de mis insistencias durante más de un mes. Quería preguntarle cómo ha afectado a su empresa el asesinato de Berta Cáceres; cuestionar las alegaciones de irregularidades en la obtención de sus contratos con el Estado; quería que me explicara por qué una empresa de la familia de Gladis Aurora López no ha sido multada ni castigada por no cumplir con la ley. Por qué no respetó el caudal ecológico. Cómo ha beneficiado a las comunidades.

Intenté hablar también con el ministro de Recursos Naturales, José Galdámez, pero me advirtió que lo que lo que yo quería abordar es “muy sensible”. Me ofreció hablarlo en su oficina, después de recibir una solicitud formal de entrevista que incluyera las preguntas que le quería formular. He turnado ya la solicitud. Aún no he recibido respuesta.

En el cerro de Simpinula, el lenca Felipe Benítez lee el acta firmada por todos los representantes de comunidades presentes en el guancasco. En ella, los lencas de la zona se declaran en alerta permanente frente a las “amenazas como las leyes que violentan nuestros derechos indígenas”. Amparados en el convenio 169 de la OIT, “damos el mandato de seguir con el proceso de defensa y organización de los pueblos lencas…”.

Al final de la ceremonia, me siento con Felipe Benítez bajo un árbol, en la cima del cerro que acaba de oficializar como centro ceremonial. ¿Cuántos cerros ceremoniales tienen los lencas? Este, responde, es el primero. Por primera vez se le llenan los ojos de lágrimas cuando le pregunto por Berta Cáceres y qué cambia tras su asesinato. “Es difícil”, me dice. “Estábamos por hacer grandes cosas”. Me pregunta qué me parece la ceremonia de hoy. Le digo que es un hermoso intento de rescate de sus tradiciones, cuyo objetivo es político, no cultural. Benítez me mira de lado y vuelve a sonreir. “Ya le entendió”. Toma un poco de carne con yuca, que han preparado las mujeres del pueblo, y come con gusto. “Pero en el camino vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido durante siglos”. Miro al cielo. Las nubes se han ido. Hoy no llovió.

Todo el mundo sabe lo que pasó en la cárcel de El Porvenir y todo el mundo, especialmente Honduras, parece haberlo olvidado: cuando a las 9:10 de la mañana del 5 de abril de 2003, 10 minutos después de que estallara el motín, la Policía y el Ejército entraron a los patios con sus armas largas y sus pistolas, en teoría para poner orden, solo habían muerto cinco personas. Dos horas después, en aquel penal de una veintena de celdas se amontonaban 68 cadáveres.

***

La batalla la iniciaron los pandilleros del Barrio 18. Entre ellos y los Paisas -los presos no pandilleros- había un acuerdo de no agresión que se había respetado durante meses. A pesar de ser los eternos protagonistas de las portadas de diario, a pesar de encarnar todos los males y provocar todos lo miedos, a pesar de su talento para la violencia, la historia indica que en Honduras, cuando se trata de plantar batalla a otros grupos criminales o a las fuerzas de seguridad, los pandilleros llevan las de perder. En esa certeza descansaba la paz de El Porvenir, en la costera ciudad de La Ceiba. Los paisas cuadruplicaban a los pandilleros en número, aun contando a los recién llegados. Y eran paisas los “rondines”, el grupo de presos en los que las autoridades delegaban desde hacía años el orden en los patios, los hombres que a golpe de tolete o de machete imponían ley intramuros.

En plena explosión del plan “Cero Tolerancia” contra las pandillas impulsado por el gobierno del presidente Ricardo Maduro, si en las calles se temía y despreciaba a los pandilleros y la Policía había comenzado a perseguirlos a plomazo limpio con el aplauso de la población, en la cárcel se les vigilaba y trataba como a animales peligrosos. En El Porvenir, las autoridades habían dado a los rondines las llaves de las celdas 2 y 6, ocupadas por el Barrio 18. Los paisas, liderados por su coordinador general, Edgardo Coca, decidían quién entraba y salía, y cuándo. Hacían constantes registros, hasta tres al día. Establecían para los pandilleros castigos colectivos.

Esa paz desigual, sin embargo, comenzó a agrietarse el 7 de marzo, cuando Mario Cerrato, el Boris, aterrizó en El Porvenir con otros 29 dieciocheros. Habían sido trasladados desde la Penitenciaría de Támara, en teoría para evitar roces con otros presos. En teoría para evitar muertes.

Una vez en El Porvenir, el Boris no tardó en comprobar, indignado, que su Barrio bajaba la cabeza ante los abusos de los presos no pandilleros. Casi deinmediato conjuró reglas no escritas en la pandilla y logró desplazar al hasta entonces líder de los dieciocheros en el penal, Edwin Calona, El Danger, en la toma de decisiones. El Boris tenía en mente una guerra. Se sabe que sobornó a un custodio para que le proporcionara un arma y organizó un plan de ataque durante cuatro semanas. El sábado 5 de abril tomó su nueva pistola y se dirigió a la celda en la que estaban reunidos Coca y el resto de líderes de los rondines. Con él iban El Danger y otros ocho pandilleros armados con palos y cuchillos. El primer disparo de El Boris mató a José Alberto Almendárez, el subjefe de rondines. Encaramados a la confusión inicial, los pandilleros lograron abatir a balazos o machetear hasta matarlos a otros cuatro paisas. Buena parte de los rondines huyeron y buscaron refugio en los baños de sus celdas. Otros, los más veteranos, corrieron a buscar sus armas, para responder a El Boris.

Todos los testigos coinciden en que cuando, 10 minutos después del primer disparo, los policías que custodiaban el penal y los soldados de refuerzo entraron en los patios, lo hicieron a cañón suelto y con la intención clara de proteger a los paisas, matando a todo pandillero que encontraban a su paso. De inmediato, rondines, custodios y militares formaron un solo batallón que hizo retroceder a la mayor parte de dieciocheros hacia sus celdas. La carnicería estaba por comenzar.

Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.

A pocos metros, frente a la celda número 2, policías, soldados y rondines descargaron sus armas hacia los pandilleros que se habían refugiado allí, al tiempo que les gritaban que se rindieran. Por un instante cesó el fuego cruzado: los pandilleros se rindieron y lanzaron sus armas hacia el patio, pero los primeros que se atrevieron a salir con las manos en alto fueron acribillados. Uno murió en el acto. Los que quedaron en el suelo, heridos, retorciéndose, fueron rematados a golpes y cuchilladas por los rondines. Aquellos que en un primer momento se quedaron parapetados en la celda sufrirían una muerte más brutal: cuando el humo y las llamas que de la celda 6 ya pasaban a la 2 les forzaron a salir, fueron tumbados boca abajo en el suelo. En esa posición los ejecutaron. Después de lincharlos y acuchillarlos, todos fueron rematados a tiros. Los mismos tiros que más tarde permitirían reconstruir lo sucedido a Arabeska Sánchez.

En cada rincón del penal, respaldados por las armas de la Policía y los militares, los presos paisa completaron la venganza. Policías remataban a los pandilleros heridos, soldados contemplaban en silencio cómo rondines se ensañaban con cadáveres ya desfigurados.

El comandante a cargo del operativo, el subcomisionado Carlos Esteban Henríquez, detuvo la matanza alrededor de las 11, cuando supo que desde la escalera de un camión de bomberos que acababa de llegar a sofocar el incendio un camarógrafo lo grababa todo. Solo entonces ordenó a sus hombres dejar de disparar y trasladar hacia un hospital a los heridos. En su primera declaración a los periodistas, un vocero del Ministerio de Defensa, el subcomisario Leonel Sauceda, dijo que, de los incidentes carcelarios causados por pandilleros en los últimos meses, este había sido “el más grave”.

23 de las 68 víctimas tenían heridas por arma de fuego. 60 de ellas eran pandilleros del Barrio 18. Cinco murieron desangradas. Una recibió 20 machetazos en la cabeza. En la celda número 6 murieron 25 personas asfixiadas o quemadas. El cuerpo de una de ellas quedó calcinado a tal punto que fue imposible identificarla, y ni siquiera se pudo conocer su edad o su sexo. Los cuerpos de los muertos fueron trasladados a San Pedro Sula para que se les realizara la autopsia. Llegaron como podridos a la morgue. No aguantaron las cuatro horas de viaje a bordo de camiones sin refrigeración.

El presidente Ricardo Maduro, su ministro de Seguridad Óscar Álvarez y su viceministro Armando Calidonio, llegaron al penal a las 4 de la tarde, cuando todavía había cadáveres en el suelo. A los minutos, un miembro de la comitiva presidencial ordenó a los bomberos limpiar de inmediato el escenario de la masacre para que los presos sobrevivientes, que también habían sido evacuados tras el alto el fuego, regresaran lo antes posible a sus celdas. No importó —todavía hoy hay quien sugiere que ese era el propósito de la orden— que con el agua se borraran posibles pruebas y se convirtiera en tabula rasa la escena del crimen.

***

La de El Porvenir fue la primera de las tres grandes masacres ocurridas en la última década en cárceles hondureñas. Un año después, en 2004, la quema del sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula causó 107 muertos. En febrero de 2012, como en una escalada macabra, otro incendio consumió casi totalmente la granja penal de Comayagua y murieron 361 hombres y una mujer que había llegado de visita. Medio millar de muertos en tres zarpazos bajo el aplauso de buena parte de la sociedad hondureña, que suele recibir la muerte de presos como una purga sanadora. Pero la huella puntiaguda de estos tres episodios en las gráficas oficiales de muertes violentas en los penales de Honduras no cuenta la verdadera historia. Es en el valle de los muertos casi diarios y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad por ellos donde brutalidad de la política penitenciaria en Honduras se vuelve transparente.

La hemeroteca y el relato de quienes sobreviven intramuros rebalsa de casos extraordinarios: en marzo de 2008 un grupo de expandilleros fue trasladado desde San Pedro Sula hasta Támara tras un motín en el que hubo nueve muertos. Una vez en la Penitenciaría Nacional fueron metidos en plena noche en sectores de paisas, pese a la certeza de que acabarían muertos. Así fue. Al amanecer había 18 pandilleros acuchillados. A mediados de 2009, dos juezas ordenaron medidas cautelares para proteger a un preso por homicidio cuya vida peligraba si era ubicado en el mismo sector en que cumplía pena el hermano de su víctima. Pese a haber recibido y leído las órdenes judiciales que explícitamente pedían que se le asignara al reo otro área del penal, el director del centro lo envió a la muerte. El director está hoy acusado de homicidio. En 2011 otro director penitenciario mantuvo a un preso epiléptico engrilletado de pies y manos en una pequeña celda de castigo en la base de un torreón de vigilancia, y se negó a que el personal de la clínica le diera su medicación. El preso murió y nadie señaló culpables. Son constantes los enfrentamientos entre internos, con armas de fuego. El 29 de marzo de 2012 un grupo de presos de la cárcel de San Pedro Sula derrocó por las armas a su coordinador general y estableció en el penal un nuevo orden. Tras varias horas de tiroteo se contaron 14 cadáveres.

Los informes de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o Naciones Unidas, han denunciado regularmente desde hace más de una década la crueldad de las condiciones de las cárceles hondureñas y el constante riesgo para la vida de los presos. Sin que haya habido cambios. Solo en los últimos tres años han muerto de forma violenta en cárceles de Honduras más de 450 presos. En promedio, uno cada dos días y medio. Baleados por los guardias, acribillados por disparos de otros reos, perforados por las esquirlas de una granada, estrangulados, acuchillados, ahorcados, apaleados, empalados, decapitados, quemados vivos.

Resulta imposible acceder a registros sistematizados y completos de muertes violentas en las últimas décadas, pero los datos oficiales de mortalidad en cárceles, que convenientemente mezclan los decesos naturales con homicidios y asesinatos, no logran esconder lo evidente: el promedio entre 2003 y 2012 fue de 106 muertes anuales dentro de prisión, la inmensa mayoría de ellas por hechos violentos. Si Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 79 por cada 100 mil habitantes en 2013, y tiene una mortalidad total de 4.78 por cada mil habitantes según datos de 2012, sus cárceles son el lugar más peligroso de Honduras con una tasa de mortalidad promedio que supera los 7.8 por cada mil presos en la última década.

Las autoridades hondureñas suelen sugerir que los incendios en cárceles son excepcionales e imprevisibles, que las muertes de presos en plena fuga son inevitables y justas, y que los motines o las venganzas entre internos son aleatorias. Como si las lógicas salvajes de los presos fueran incomprensibles. No es sino una forma de mentira institucional. En las cárceles, las muertes siempre tienen una explicación. Y las masacres de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua no son sucesos aislados sino cimas, cumbres, de la normalidad asesina del sistema penitenciario de Honduras. Unas veces el Estado mata directamente a través de sus funcionarios de prisiones; otras, facilita que sean otros los verdugos en un sistema de pena de muerte tácita.

***

10 años después, sentada en el bar de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez reflexiona sobre la masacre. Es evidente que le alegra que a alguien le importen aquellos muertos tanto tiempo después y en un país que todavía aplaude sin pudor diversas formas de limpieza social.

Lo que llegó a la mesa de Arabeska Sánchez no parecía una bala. Ese pedazo de metal deforme podía ser cualquier cosa, y aun asumiendo que fuera un proyectil iba a ser imposible rastrear el arma del que salió. Ella, corpulenta, bajita, arrugó la cara, detrás de sus lentes entrecerró aun más sus pequeños ojos e intentó adivinar alguna pista en esa esquirla de plomo, pero terminó por rendirse. Había visto en televisión las escenas de la masacre de la cárcel de El Porvenir y la carcomía el deseo de ayudar a identificar a los perpetradores. Pero de los centenares de balas y casquillos recogidos por el Ministerio Público después de la matanza, su astilla era la más inútil. Incómoda, la devolvió a la bolsa en la que venía etiquetada como indicio y escribió en su dictamen: “El fragmento ha perdido masa y características de clase e individualizantes. No tiene valor analítico.”

Sentada en la parte menos ruidosa de un bar que pretende ser bohemio, en medio de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez se aferra a un vaso con hielo y seven up mientras rememora su intento de descifrar los secretos de aquel pedacito de plomo. No he conseguido que acepte una cerveza o que me acompañe con un trago de ginebra. Dice que mañana tiene que madrugar.

—Nada de alcohol si hay que trabajar.

Es, y lo demuestra en cada frase y cada gesto, una mujer serena. Dura, agresiva en sus opiniones, pero serena. Supongo que solo anclado en esa serenidad puede uno haber visto desfilar ante sus ojos toda la muerte que cabe en Honduras y continuar creyendo que se puede salvar a este país de sí mismo.

Aquel abril de 2003, como si se apiadara de su frustración, el azar quiso que el peritaje fallido le abriera a Arabeska Sánchez una puerta mayor en la investigación de la masacre. Puesto que era la única miembro del laboratorio que no presentaría prueba balística en el juicio, la fiscal del caso le asignó una nueva tarea: reconstruir con la mayor precisión posible, usando los informes de sus compañeros, la masacre de la granja penal de El Porvenir. Sin pedirlo, se convirtió en una pieza clave para probar cómo el Estado hondureño, en complicidad con una banda de matones, asesinó de manera salvaje en dos horas a seis decenas de seres humanos.

Asegura que, más aun que la masacre en sí, y por despiadado que parezca, fue el largo y tenso juicio posterior el que retrató el nivel de desprecio del gobierno de Honduras por la vida de los prisioneros.

—Si quieres saber cómo es, incluso 10 años después, el sistema penitenciario de Honduras, buscá y revisá el expediente del caso de El Porvenir. Fue la primera vez que se desnudaron todas sus debilidades.

Arabeska no lo dice, o lo dice con otras palabras: la de El Porvenir no es una historia del pasado. El país más violento del mundo mantiene aún hoy, como política no oficial, el exterminio sistemático de sus presos.

***

El juicio por la masacre de El Porvenir inició en marzo de 2008 y fue un pulso del Estado hondureño consigo mismo. Mientras el Ministerio Público pujaba por el esclarecimiento de las 68 muertes, el Ejecutivo ponía todo su empeño en el encubrimiento. Quedó probado que la dirección del Sistema Penitenciario había alterado en su libro de incidencias la hora en que comenzó la masacre. Quedó probado que los informes de novedades de la Policía Preventiva se habían falseado para hacer ver que la voz de alarma se dio tarde y el operativo policial había durado una hora menos de lo que realmente duró. Quedó probado que el jefe policial a cargo del operativo mintió en su informe y escribió que sus agentes habían sido recibidos a balazos por los pandilleros y solo habían disparado en defensa propia. La Secretaría de Seguridad pagó los abogados de los custodios, contrató a peritos en balística e incluso reclutó a investigadores del Ministerio Público para que argumentaran en contra de las pruebas de la acusación.

Con la mirada endurecida detrás de sus inseparables lentes, Arabeska Sánchez explica la sensación de desventaja que tuvo el equipo fiscal durante todo el proceso que duró 159 días, algo más de cinco meses.

—Éramos cuatro personas: dos fiscales, un médico forense y yo, y delante teníamos un buró de 60 defensores, una barbaridad de gente. Sentíamos una presión terrible.
—¿Recibieron alguna amenaza?
—Hubo vehículos sospechosos siguiendo el carro de la Fiscalía que usábamos en La Ceiba, así que pedimos un vehículo de refuerzo que nos acompañara cada vez que nos desplazábamos del hotel a la audiencia. Después de cada sesión teníamos que encerrarnos. Balearon a un muchacho en el parqueo de mi hotel, y también hubo disparos frente al hotel en que se estaba quedando la fiscal.

Las salas de audiencia de los tribunales en La Ceiba eran demasiado pequeñas para un proceso de estas dimensiones, así que el juicio se celebró en la sede local del colegio de abogados. Todos los días se desplegaba un cordón policial que rodeaba el edificio en el que se estaba juzgando, principalmente, a policías por el asesinato de presos. Aunque se esgrimía razones de seguridad, para el equipo fiscal era una forma más de intimidación. Durante las audiencias, los jueces pidieron a los acusadores que no se levantaran al baño en los recesos para no exponerse a recibir ataques. A los pocos días de comenzar el juicio, una amenaza de bomba obligó a desalojar todo el edificio y suspender la audiencia durante horas.

Toda La Ceiba se convirtió para Arabeska Sánchez y su gente en territorio hostil. Mientras los acusados y sus familiares celebraban barbacoas por la noche, los cuatro miembros del equipo fiscal comían aislados en su hotel. No había quien quisiera sentarse con ellos ni se podían dar el lujo de caminar tranquilamente por la ciudad costera.

Las pruebas y testimonios eran, en todo caso, aplastantes. Durante el juicio se mostraron imágenes de televisión en las que se veía a agentes golpear a pandilleros moribundos de la mano de presos rondines. Los informes de balística confirmaron que la mayoría de víctimas habían muerto por disparos de armas asignadas a policías y soldados. También pusieron en evidencia que algunas de las armas homicidas nunca llegaron a ser entregadas a la Fiscalía por parte de la Policía. Simplemente desaparecieron.

21 de los 33 acusados fueron declarados culpables y recibieron condenas que oscilaron entre los 3 y los 1,035 años de cárcel. El comandante de la Policía al frente del operativo, Carlos Esteban Henríquez, fue declarado culpable de omisión en 19 asesinatos y condenado a 17 años de prisión. El director del penal, Danny Alexander Rodríguez Valladares, no fue en cambio ni siquiera imputado porque el día de la masacre, aunque no tenía permiso, no se presentó a trabajar. En el año siguiente a la masacre fue trasladado varias veces y dirigió los penales de Santa Bárbara y Danlí, y en 2012, como si en Honduras la burla fuera una política de Estado, fue enviado de urgencia a sustituir al director del penal de Comayagua, fulminantemente suspendido tras el incendio en que murieron 361 personas.

Desde junio de 2013, Rodríguez Valladares es el director del penal de San Pedro Sula, el segundo más grande del país. Allí, como una década antes en El Porvenir, comparte el poder con un equipo de rondines armados, presos que, bajo el liderazgo de otro preso, imponen disciplina, operan como la verdadera autoridad de la cárcel y deciden sobre la vida y la muerte del resto de internos. Como si no hubiera huella del pasado y la muerte de 68 reos fuera un apunte marginal, anecdótico, en la doctrina del sistema y la carrera de un funcionario.

***

La noche lo calla todo menos al río, cuyo rugido parece advertir que en este suelo, donde hubo una vez risas y bailes con orquesta, nadie debe volver a construir nada. Por décadas la corrupción hizo de La Mora -el pabellón de los presos ricos en la antigua Penitenciaría Central de Honduras- un lugar feliz para quien pudiera pagar. Mientras los presos comunes, encerrados en la parte alta del recinto, malcomían y asistían a la escuela para aprender a leer, en las celdas de La Mora se instalaron mesas de casino y en su patio se celebraban a menudo veladas de boxeo con púgiles invitados.

El huracán Mitch barrió todo eso. El 30 de octubre de 1998 las aguas del río Chiquito, convertidas en el brazo de un gigante desbocado, redujeron La Mora a un predio baldío. Del resto del penal quedaron ruinas de cierta solemnidad, pero de La Mora solo sobrevive un torreón de vigilancia, en extraño equilibrio sobre sus bases mordidas.

Entre los cimientos de ese torreón, a oscuras, Dionisio Sánchez ordena sin prisa sus montículos de cartón, sus redes llenas de latas y sus amasijos de quincalla. El aire en Tegucigalpa está limpio, como entre lluvias. Dionisio es pequeño y tiene una sonrisa burlona. Al hablar despereza dos ojos sorprendidos, como si conversar fuera para él una excentricidad o un placer olvidado y redescubierto.

Se asentó bajo este techo prestado en el año 99, pocos meses después del paso del huracán y vive de vender basura y cargar bultos en el mercado mayorista. Nunca ha pisado una cárcel, pero sabe perfectamente qué sucedió acá el día que desapareció La Mora:

—Cuentan que se iban y los mataban. Los presos se iban y los mataban.

Aquel jueves, con Tegucigalpa entera en estado de alarma, con el río a punto de desbordarse, entre los presos de la Penitenciaría Central corrió el rumor de que nadie iba a llegar a evacuarlos. En mitad de la emergencia, mientras temblaban los muros que trataban de sostener el río y se filtraba el agua, decenas de reclusos de La Mora treparon uno tras otro por las paredes pensando que era su oportunidad de escapar o de salvar la vida. Los guardias dispararon a matar. Alrededor de 30 presos fueron arrastrados por el río heridos o ya muertos. Sus cuerpos nunca aparecieron.

Años después, en una nota que pretendía resultar entrañable, el diario El Heraldo escribió que en las ruinas de la vieja cárcel de Tegucigalpa hay fantasmas de guardias y de presos muertos. Como si la leyenda negra de un país que mata a sus presos fuera un juego de miedos infantiles. Como si los asesinatos en una cárcel hondureña fueran cosa del pasado o de otros mundos.

Esta noche, en mitad del antiguo patio de La Mora, a pocos metros de su torreón, Dionisio Sánchez parece uno de esos fantasmas. Sabe que desde este torreón mataron a gente porque se lo contó un amigo que cumplía sentencia en aquellos días en La Mora y vio con sus propios ojos morir y hundirse en los remolinos de agua a compañeros de encierro. Una rata del tamaño de un gato atraviesa el predio en dirección a Dionisio y se cuela entre sus cartones.

***

El Doctor de la cárcel de Támara fue un fantasma en la vieja Penitenciaría Central en los años 90 y la condena de ver pasar cadáveres de presos le ha acompañado hasta hoy. “Aquí la primera causa de muerte es la herida por arma de fuego”, dice, y mantiene una postura fría, los brazos sobre el escritorio, la espalda recta, el gesto ausente, como si hubiera repetido esta frase mil veces y no sirviera para nada.

La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida popularmente como Támara, estuvo una vez llamada a ser la primera piedra de un nuevo sistema penitenciario en Honduras. Cuando Mitch derribó los muros de la antigua Penitenciaría Central, en Támara se estaba terminando de construir una cárcel modelo para 1,800 personas, diseñada para facilitar la clasificación de internos por perfil criminológico y tipo de delito, a la medida de un futuro sistema progresivo de reinserción. Apenas albergaba entonces a 300 presos y debía irse llenando paulatinamente, bajo nuevos criterios de administración.

También eso se llevó el huracán. Los presos de la Central fueron finalmente evacuados de urgencia la tarde del 30 de octubre e instalados temporalmente en los bajos de las gradas del Estadio Nacional, a 200 metros de distancia cruzando el río, pero a salvo de las aguas y al cabo de unas semanas se les trasladó a todos, a los 3,500 que se amontonaban en la Central, a la nueva penitenciaría, donde quedaron de nuevo amontonados. No hubo, claro, más criterio que la prisa a la hora de asignarles celda. Ni perfil, ni distinción entre condenados y pendientes de condena, ni clasificación por grado de peligrosidad. Aún hoy los sectores del penal de Támara se llaman Procesados 1 y 2, y Sentenciados 1 y 2. Una falsedad.

En los desagües del Estadio Nacional aparecieron a los pocos días restos humanos. Los presos de la Central habían hecho sangrientos ajustes de cuentas mientras estuvieron en ese albergue temporal y llevaban consigo hasta el nuevo penal la tradición carcelaria de muerte y corrupción de las décadas anteriores.

El Doctor vivió aquel tránsito de la Central a Támara y ha estado en esta cárcel los últimos 15 años. Él ronda los 60. Su pelo peinado hacia atrás, su afeitado riguroso de médico viejo, y su camisa impecable debajo de la bata blanca contrastan con la clínica en ruinas en la que trabaja, sin equipo de rayos x, sin apenas camas, entre telarañas y pasillos a los que les faltan las ventanas. Como el resto de médicos y enfermeros de Támara, trae cada día de casa sus bisturíes, sus tijeras, su estetoscopio, sus guantes.

El penal es una ciudad pobre, sobrepoblada por 4,000 personas a las que las autoridades alimentan con una dieta única de frijoles y arroz tres veces al día. Además, el agua de Támara, los días que no falta el suministro, no es potable. El Doctor dice que la tratan para eliminar algunos gérmenes, pero que de ninguna manera es potable. Aun así, se bebe. Hacinados, malnutridos, maltratados, enfermos, en los meses de verano tres cuartas partes de los presos tienen sarna.

—Hubo un tiempo en que sí, como a finales de los 80, por el sida, pero desde hace unos 15 o 20 años ya no son las enfermedades las que matan a la gente aquí en las cárceles —aclara el Doctor—. Primero crecieron las muertes por arma blanca, y ahora ya no, ahora son por arma de fuego.

En Támara, la cárcel más grande del país y la más cercana a la capital, conseguir un revólver .38 cuesta alrededor de 25 mil Lempiras, 1,300 dólares, y que las autoridades dejen pasar una pistola 9 mm. cuesta 45 mil, unos 2,300 dólares. Un AK47 o una granada tienen precios lógicamente mayores, pero igual se pagan. Los agentes policiales que custodian la cárcel se dejan sobornar tanto por paisas como por pandilleros y los surten de armas para que se maten entre ellos, como auténticos vendedores de muerte. En un círculo vicioso que se ha perfeccionado con el paso del tiempo, las mafias de los internos alimentan la corrupción y la corrupción a su vez fortalece a las mafias de los internos.

—Mire, en las cárceles hay un poder fáctico que está por encima del director —dice el Doctor—. Los llaman “los Toros”. Son los reos poderosos, los que en cada penal manejan el narcotráfico, los negocios ilícitos, el crimen…

El Doctor no ha necesitado hacer preguntas incómodas ni meterse en los asuntos de otros para averiguar lo que sabe. Por su clínica pasan las consecuencias de todos los problemas de la cárcel. Hace algunos años comenzaron a aparecerle heridos con unos extraños cortes circulares en el cuero cabelludo, un mosaico de incisiones regulares y profundas. Le llevó un tiempo deducir de dónde venían. Los coordinadores de los sectores usan un tablero lleno de corcholatas, chapas de botella, clavadas boca arriba, y colocan al reo con la cabeza sobre las chapas, con los pies levantados y apoyados en la pared, sin manos, para que todo el peso del cuerpo descanse sobre la cabeza y los filos dentados de las corcholatas atraviesen lenta pero profundamente la piel.

Es solo una de las muchas formas en las que Támara se autogobierna de muros para adentro con la absoluta complicidad de las autoridades. Al igual que sucedía con los rondines de El Porvenir, y como sucede en casi todos los penales de Honduras, en Támara los internos que regentan los patios disciplinan al resto con torturas sistemáticas. En cada sector tienen celdas reservadas expresamente para el castigo y la tortura. A esas salas las llaman CORE, como el CORE VII, la posta Metropolitana n°1 de la Policía Nacional en Tegucigalpa, en la que tradicionalmente se ha dicho que las autoridades torturan a su vez a sus detenidos.

15 años después del huracán, la que pretendía ser una cárcel ejemplar está carcomida por la corrupción y la desidia institucional. Las autoridades tratan a los presos como animales y les permiten gobernar su propia jungla. El resultado es un poder, el de los internos, que nadie logra ni -tal vez- quiere domar. Las autoridades se limitan a fingir que al menos pueden evitar que ese poder salga de su jaula. Por eso, cuando no se trata de un escape planeado y pagado a las redes de corrupción del penal, que inician en los coordinadores de cada sector y terminan en las oficinas administrativas del penal, los custodios disparan a quienes tratan de fugarse.

***

El 19 de mayo de 2009, Alexander Noé Moncada Zúñiga, un joven de 29 años condenado por allanamiento de morada trató de fugarse de la prisión Marco Aurelio Soto de Honduras, conocida por todos como Támara. Llevaba menos de un mes de reclusión, pero estaba nervioso como un adicto separado de sus dosis. La cárcel, al principio, puede ser un picor insoportable. A las 11 de la mañana de un martes de mayo, ese preso delgado y con bigote se lanzó, vestido con ropa deportiva, sobre el primer muro de los dos que forman el perímetro de seguridad del penal. Los vigilantes le descubrieron en la llamada “zona muerta” entre las dos paredes y le hicieron disparos de aviso. Él dudó unos instantes, midió sus remotas posibilidades de éxito y decidió que lo más seguro era volver a saltar de regreso a su sector. Pese a ver que el preso regresaba al recinto, un custodio le disparó por la espalda y le hirió en el glúteo.

El disparo no lo mató. El escapista frustrado recibió atención primaria y llegó incluso a hablar con los periodistas a su llegada al hospital Escuela de Tegucigalpa, un par de horas después del suceso. Explicó que quiso fugarse por la ansiedad de que su familia no lo llegara a visitar. Sonrió a las cámaras. Antes de que anocheciera estaba muerto. Desangrado, según la versión oficial. Un año después, el custodio fue condenado a 15 años de cárcel.

Es el único caso de este tipo por el que el Ministerio Público de Honduras ha conseguido jamás una condena. A los internos les da miedo denunciar o testificar porque al regresar al penal temen que los custodios, o los coordinadores de sectores, coludidos con las autoridades corruptas, los vayan a asesinar.

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El Fiscal batalla con cientos de casos como el de Moncada: torturas, abusos, violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Como El Doctor, cuenta sus anécdotas desde la protección que da el anonimato, porque ha recibido amenazas directas de muerte y porque en Honduras los asesinatos de fiscales y defensores de Derechos Humanos en los últimos tres años han hecho del miedo un rasgo de sentido común. Los canallas no quieren que cambie el sistema, y El Fiscal sabe que los canallas, especialmente los que trabajan en despachos oficiales, le conocen y le odian. Por eso aprendió a disparar y anda siempre armado.

—Es típico, ocurre a veces que un interno logra pasar la zona muerta y lo persiguen 10 o 15 policías, y cuando lo tienen casi sometido, y así es más fácil, le disparan en la espalda y muere. O lo capturan, lo ingresan al penal y muere.
—¿Se abren expedientes internos o investigaciones por esos casos?
—Al Ejecutivo no le interesa. Nunca hay sanción para el custodio que dispara. Nunca hay una investigación interna cuando muere un preso. Si la Policía se da cuenta, no investiga. Solo se abre un caso cuando el Ministerio Público toma su propia iniciativa o por denuncia de una oenegé.

Cuenta El Fiscal que una vez llegó a Támara para investigar un caso de abuso de autoridad y se le arremolinó alrededor un grupo de presos ansioso de que viera algo. “Ya le van a conseguir los lisiados”, le dijeron. Al poco vio acercarse a una docena de personas cojeando, malcaminando, apoyada en muletas. Una procesión de tullidos y gente rota. Se trataba de presos que habían intentado fugarse y recibido castigo de los guardias por ello. Muchos tenían brazos rígidos y doblados por fracturas que nunca les fueron enyesadas, o pies ladeados.

—Me han hablado de disparos en los pies, como castigo ejemplar -le pregunto.
—Varios me dijeron: “Mire, yo me escapé, pero cuando ya me tenían detenido me dispararon en la pierna, ‘para que no lo volvás a hacer’, me dijeron, y pummm”. En Támara hay muchos casos. Podés hacer un libro con ellos. Y no es lo peor que ha pasado y sigue pasando.

El 27 de marzo de 2014, a las 2 de la tarde, tres internos trataron de fugarse del penal de Támara después de, aparentemente, sobornar al soldado que ocupaba una torreta de vigilancia. Cuando otros centinelas se dieron cuenta de lo que sucedía, les persiguieron y, tras hacer disparos de aviso, terminaron por apuntar al cuerpo. Uno de los presos, Erik David Sevilla Salgado, recibió un tiro en una pierna. Aunque fue trasladado al hospital en Tegucigalpa, murió desangrado. Otro preso herido que, como Moncada en 2009, murió desangrado.

24 horas después, las autoridades de Támara no habían hecho llegar a las oficinas centrales del Sistema Penitenciario, que están a menos de un kilómetro de distancia del penal, ningún informe escrito sobre el suceso. El Fiscal sabe que, cuando algo así sucede, no va a encontrar ayuda policial para dar con un culpable.

—Ya te digo que estos asuntos no le interesan a nadie.

***

El preso más conocido -y probablemente uno de los más aplaudidos- de Honduras se llama Moncho Cálix. En los periódicos le han dado el apodo de “El exterminador de mareros” por la larga lista de ataques que, ya estando en la cárcel, ha perpetrado -con cuchillo, con pistola, con granada- contra presos pandilleros.

El 24 de julio de 2012 volvió a hacer gala de su sobrenombre. Ese martes, en el módulo de máxima seguridad de Támara, una cárcel aparte construida a un centenar de metros de la Penitenciaría Nacional, Moncho Cálix sacó un revólver .38 por la ventana de su celda y comenzó a disparar contra los pandilleros del Barrio 18 que en ese momento estaban en el patio. Hirió a tres. A uno de ellos, al que Cálix disparó primero, su verdadero objetivo, le acertó en la cabeza. Era Norlin Ardón Varela, “Lucifer”, uno de los principales líderes de la 18 en Honduras.

Ninguno de los pandilleros murió pero en Támara se dice que las secuelas de Lucifer son graves y le han dejado a merced de cualquier enemigo. Ya no puede valerse y menos defenderse solo. Por eso no regresó a Máxima Seguridad sino al módulo El Escorpión, donde está con sus homiesy el Barrio 18 puede atenderle y protegerle.

Es obvio que fue un custodio, un policía, quien proporcionó a Cálix el revólver. Al día siguiente del ataque se habló en los periódicos de la corrupción del sistema penitenciario y de revisar los videos para ver quién entregó el arma. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación. Pero casi dos años después no ha habido ningún detenido ni tiene sentido pensar, a estas alturas, que algún día lo habrá.

Cuando le pregunto a La Sombra por Moncho Cálix su respuesta es el inicio de una cita enciclopédica: “Moncho Cálix Urtecho… es familiar de los Urtecho, que han sido asesores de seguridad pública…”

De la Sombra diremos solo que, por su trabajo atraviesa a su antojo los muros y conoce desde hace años todos los rincones de las cárceles hondureñas. Conoce a los custodios, conoce coordinadores de cada módulo, conoce a los pobres diablos que sufren sus castigos y sabe tanto de las corruptelas administrativas como de los grandes negocios entre la dirección de cada penal y sus presos. Sabe, siempre, qué dicen los patios sobre cada muerte y sobre cada fuga.

Me recibe en su casa, una vivienda sobria en una colonia obrera del extrarradio de Tegucigalpa. Viendo las limitaciones del lugar, uno dría que La Sombra, pese a moverse entre la corrupción del sistema penitenciario de Honduras, tiene las manos limpias.

—Mucha gente me ha hablado de Cálix -le digo-. Le llaman el asesino de mareros.
—Es de Olancho, pero residía en la Mosquitia. Es un exmiembro de las Fuerzas Armadas con mucha experiencia militar que está ahí dentro por un tema de drogas. Heroína. Cayó con su esposa pero él se hizo responsable y cargó con todo. Y ya una vez en prisión se convirtió en sicario.
—¡¿Se convirtió en sicario ya estando dentro?!
—Pues sí. Él no tenía antecedentes violentos, pero al principio le hicieron atribuirse muertos que no eran suyos, y después ya él puso sus muertos. Es el principal enemigo de la 18. Lleva ya… mínimo… 40 o 50 cadáveres dentro de la prisión, pero en tu artículo ponele que son 20 o 30, para que no digan que ando exagerando.

La Sombra habla de los crímenes de Cálix con cierta naturalidad cínica, como lo haría un enterrador, pero poda los números que no puede probar para que nadie le tome por un charlatán. En Honduras la gangrena maloliente de la corrupción carcelaria es tan voraz y ramificada que hay que desbrozarla para que resulte verosímil. ¿Quién demonios va a creer que entre los muros de una cárcel se forjó un asesino en serie de esas dimensiones sin que las autoridades actuaran, sin que el periodismo lo advirtiera y la sociedad se indignara, sin que el esperpento fuera ya una novela o una película?

Yo mismo desconfiaría de La Sombra, de sus números, si no fuera porque el nombre de Moncho Cálix se ha repetido en cada conversación que he tenido las últimas dos semanas acerca de las muertes de presos en Honduras. Cálix es el sicario-símbolo de los penales de Honduras. Entró a la cárcel en 2001 con una condena a 19 años y, a base de cometer asesinatos a plena luz del día en diferentes penales y confesar muchos de ellos, ha sumado condenas hasta tener ahora 340 años de cárcel por cumplir.

Hace unos días, una defensora de Derechos Humanos que sigue su caso, que le teme, que nombra a Cálix en susurros, temiendo que él pueda oírle aunque con certeza sabe que estamos a muchos kilómetros de distancia, me confesó que las sentencias contra Cálix se quedan cortas y ella le atribuye más de 100 asesinatos.

—Analizando sus expedientes le conté 104 muertes en penales, la mayoría por ahorcamiento y casi todos pandilleros, eso entre 2003 y 2006 -me dijo en su pequeño despacho-. Después le perdí la cuenta, dejé de seguir sus casos, hasta que 2012 quiso matar a ese otro… Al pandillero que quedó fregado. Y ahí me vino todo otra vez a la cabeza.

Le pregunto a La Sombra quién ordena todas esas muertes y de repente transita del cinismo y la indignación. Parece que no termina de decidir si le importa, y cuánto, lo que pasa dentro de los muros. O cuánto está dispuesto a permitir que le importe.

—Lo que ocurre es que los organismos de Derechos Humanos no tienen valor, se acomodan, todos… porque ellos tienen que sobrevivir también.
—¿Quiere usted decir que denuncian solo parte de lo que saben?
—Sí, y no son preventivos, no ponen el dedo donde es, no denuncian a quienes controlan los sectores o las cárceles. Solo se dedican a pedir indemnizaciones.
—Pero ese dinero es para las víctimas.
—¿Y es que con una paga se solucionan las muertes? Mire, al final de todo el problema, la pelea, no es la muerte del recluso… sino lo que reclaman los vivos. Eso es lo que he aprendido.

Que los internos controlen de forma absoluta la vida de los sectores no solo implica que establezcan sus propios y brutales sistemas de disciplina. Significa que en complicidad con las autoridades del centro administran todo lo que hay y sucede en la cárcel como un bien privado. Puesto que la opinión de los coordinadores influye en el diagnóstico de peligrosidad del preso, cobran 300 mil lempiras, más de 15,000 dólares, por no enviar a máxima seguridad a un interno que no se pliegue a su jerarquía, o 150 mil por dejarlo en el sector de Diagnóstico, reservado a los recién llegados y en teoría más seguro. Y una vez allí cada cama, cada espacio para dormir, tiene un precio. Se pagan 6,000 lempiras (300 dólares), por el derecho a dormir en el suelo de un pasillo.

Y las vidas, privatizadas, también tienen un precio.

—En 2013 hubo dos muertes de 2 millones de lempiras cada una, pagadas por narcotraficantes y ejecutadas con autorización del director del centro: la de Tatum, un narco de la Mosquitia, y la de “El Chino”, que era de los Cachiros.

David Dalbet Golcher Tatum tenía 55 años y lo mataron el 19 de julio, en un tiroteo en el sector Diagnóstico de Támara, durante la jornada de visitas. Estaba condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Había llegado trasladado desde otro penal por haber recibido amenazas de muerte. “El Chino”, Wilmer Javier Herrera Sierra, fue ejecutado un mes antes, el sábado 15 de junio en la carretera de entrada a Tegucigalpa, junto a otros tres presos y la esposa de uno de ellos. Los tres tenían permiso de semilibertad y pasaban en casa los fines de semana. Dos vehículos en los que iban cuatro hombres encapuchados interceptaron el pick up en el que viajaban y los ametrallaron. Los tiradores se ensañaron especialmente con el rostro y la cabeza de Herrera. En el lugar quedaron más de 100 casquillos de bala. Oficialmente fueron dos muertes más, de entre las muchas que quedan sin explicación ni culpables en Honduras. La Sombra dice que cada una costó unos 100 mil dólares.

Hacemos una pausa. El hijo de La Sombra se acerca a la mesa y le dice que va a salir, que tomará su coche.

—Vaya, pero ya sabés: bajá el vidrio.

La Sombra ve mi rostro de extrañeza. Esta noche hace frío en Tegucigalpa y el vehículo tiene los vidrios tintados. El sentido común dice que sería más seguro llevar la ventana cerrada. Pero en Honduras conviven varias lógicas:

—No quiero que lo confundan conmigo y le hagan algo.

La Sombra teme porque conoce.

—Usted ya ha escrito sobre Chepe en San Pedro Sula, pero hablemos de Támara: Miguel Flores fue el primer coordinador general de la Penitenciaría Nacional después del traslado desde la PC en 1998. Cuando lo liberaron hace cinco años asumió Jacobo Ramírez, que estaba en Procesados 2. Quedó libre en 2013 y desde hace un año el coordinador es Cosme Flores, que está en Sentenciados 2. Y así seguirá la cadena. Ahorita el coordinador de Procesados 2 es el hermano de Jacobo Ramírez, y ya se dice que es el posible sucesor como coordinador general cuando Cosme Flores se vaya.

—Esos son los verdaderos dueños de la cárcel.
—Y está Wilmer Escoto, el coordinador de Casa Blanca (el módulo Sentenciados 1, aislado del resto), que es un histórico, muy sanguinario. No se equivoque, todos son más sanguinarios que Moncho Cálix. Él es solo un comodín, un sicario al que mantienen con comida y dinero desde los módulos. Pero en Honduras, en prisión, va a encontrar a más de 10 Monchos Cálix.
—¡Pero si él ha matado a decenas!
—Él es mediático, pero otros son los verdaderos sicarios en la prisión.

Pese a las denuncias generalizadas, en la última década no se ha desarticulado o juzgado una sola red de sicariato operada desde prisión. El sistema penitenciario de Honduras no se interpone en el camino de nadie que arroje presos muertos por el desagüe. Aplica un despiadado “dejar hacer y dejar pasar” que sujeta a los presos a los designios de una mano criminal invisible. Y a veces tiene la fortuna de que, gracias a que el Estado mantiene la infraestructura de los penales en permanente riesgo de colapso, el asesino a sueldo se llame fuego.

***

La celda número 19 del penal de San Pedro Sula era un cajón rectangular de concreto de 200 metros cuadrados en el que vivían 183 miembros de la Mara Salvatrucha. Un ataúd gigantesco sin ventanas ni ventilación, sin agua corriente, sin duchas ni lavabos y con una única puerta enrejada de salida, de alrededor de metro y medio de ancho.

A la 1:30 de la madrugada del lunes 17 de mayo de 2004, justo encima de esa puerta se produjo un cortocircuito y comenzó un incendio. Durante una hora los presos de la 19 clamaron por auxilio, pidieron extintores, agua, algo. Desde hacía una semana el agua de los retretes, la única que llegaba al lugar, estaba cortada. Pidieron que les abrieran la puerta, que los dejaran escapar de las llamas y el humo. Los custodios que les escucharon hicieron disparos al suelo para advertirles que no se acercaran a la reja. Algunos les insultaban. “Déjenlos, déjenlos”, se decían entre ellos. “Déjenlos morir quemados”. Las autoridades del penal tardaron 25 minutos en avisar a los bomberos. A las 2:30 los mismos presos, los que quedaban vivos, lograron forzar el portón y volver a respirar. Dentro quedaron 107 cadáveres. Unos pocos abrasados por las llamas, más de un centenar muertos por asfixia.

El gobierno de Ricardo Maduro, con la memoria de la masacre en El Porvenir todavía fresca, reaccionó rápido y dispuso una partida especial para indemnizar a las víctimas. Al siguiente día aún quedaban cuerpos por identificar y entregar, pero a las familias ya se les estaban dando 10,000 lempiras (525 dólares de ahora), como ayuda para los gastos del sepelio. El presidente, que estaba de viaje oficial en Europa, suspendió su asistencia a la boda del príncipe de España y regresó a Honduras. Dijo estar consternado. El sentido común hace suponer que debía estar, también, avergonzado: tras la masacre de El Porvenir Maduro ordenó la inmediata creación de una comisión para la reforma carcelaria y un mes después, el 13 de mayo de 2003, tenía en su mesa un informe de más de 100 páginas reconociendo errores, denunciando ilegalidades y corrupción en el sistema penitenciario, proponiendo reformas. Había pasado un año de aquello y 107 cadáveres desmaquillaban su voluntad política.

Lorena tomó los 10,000 lempiras por la muerte de Wilfredo, su esposo, un pandillero de 24 años que iba a salir libre la semana del incendio, y con ellos le compró un ataúd y una lápida. El mismo día que esperaba recibirlo en casa, lo enterró. Seis días llevaba preso y quizá nunca tuvo que haber caído por segunda vez, pero la suerte a veces te condena, de manera justa o injusta.

A Wilfredo, esa segunda vez, le tocó llegar a la cárcel de manera injusta. Por confiado, por creer que a Honduras le importan sus reos y la rehabilitación. Un año antes había pagado unos meses en la cárcel por vender cocaína en una esquina, y una vez dentro había aceptado en secreto entrar a un plan de rehabilitación que incluía borrarse los tatuajes. De regreso en las calles llevaba una carta de la pastoral penitenciaria que decía que estaba en el buen camino y que se iba a rehabilitar. Por eso no corrió como sus amigos cuando llegó la policía a su colonia, la Rivera Hernández, una de las más violentas de San Pedro Sula. Confió su suerte a la carta que llevaba en el bolsillo y no corrió. Los policías le rompieron la hoja de papel frente a la cara. Y se lo llevaron, por asociación ilícita.

Lorena es una mujer pequeña y redonda que parece sonreír hasta cuando llora. Siempre ha comido de vender. Elotes, yucas… Cuando niña, habitaba en La Satélite, otra de las colonias sampedranas famosas por la presencia de pandillas y por su rutina de homicidios. Su familia salió de allí porque el huracán Mitch, que como toda tragedia natural persiguió a los más pobres para ensañarse con ellos allí donde estuvieran, les arrebató la casa.

Tiene cierta coquetería de vendedora ambulante y descaro al hablar. Le caen tres rizos sobre la frente y cierra los ojos cuando asiente o emite una sentencia, como los niños aplicados de la clase.

—Mire, creen que con 10,000 lempiras le callan la boca a uno. Lo dieron rápido, como para que uno se callara y ya no hablara, pero con eso no pagan todos los años que hemos sufrido. ¡Las muertes tienen que servir para mejorar! -dice, y levanta los hombros en un salto, para convencerme de que lo que dice es obvio.
—¿A qué se refiere?
—A que el problema ahora es para los hijos, que quedan con aquel dolor, culpando a la sociedad, culpando a todo mundo. Mi hija tenía 6 años cuando lo del incendio y culpa a la Policía y culpa al gobierno.
—¿Porque no abrieron la puerta para que se salvara su papá?
—Claro.

Al lado de la tumba de Wilfredo, en el cementerio Los Laureles de la colonia Rivera Hernández, hay colocadas en línea otras siete lápidas de pandilleros muertos en el incendio del penal de San Pedro Sula. En Honduras hay colonias enteras en los que la cárcel es como una calle más del vecindario, por la que a veces se pasa por destino o por mala suerte, por culpa de otros o por los pies de uno mismo. La Rivera Hernández es una de ellas. Por eso, el día que se quemó una celda en el penal de San Pedro, en la Rivera Hernández lloraron ocho familias y ahora hay en la colonia una niña, Kailin, que ya tiene 16 años y odia a los policías porque dejaron morir a su padre.

***

Kaylin se volcó a llorar frente a la pantalla del televisor. Ningún canal de televisión hubiera mostrado en primer plano el cadáver sangrante de un viceministro, de una abogada, de un policía asesinado, pero los cuerpos semicalcinados de los presos no pasaron por los filtros éticos que las sociedades suelen aplicar a los muertos propios. Kaylin vio en la pantalla los humeantes pedazos de seres humanos y se echó a llorar aunque no conocía a ninguna de las víctimas.

—¡Mami, viera qué montón de muertos hay en Comayagua! —le dijo a Lorena por teléfono, entre sollozos—. ¡Otra vez! ¡Otra vez!

***

El esposo y el suegro de la mujer que tengo sentada delante rogaron por años que los trasladaran de la cárcel de San Pedro Sula porque tenían miedo a que volviera a incendiarse o estallara el enésimo motín. El padre había sobrevivido a la tragedia de 2004 y sentía que quedarse él y su hijo allí era tentar a la maldita suerte. Se alegraron en 2009 cuando supieron que los movían a la de Comayagua, una pequeña cárcel de pueblo, plácida, una granja penitenciaria de espacios abiertos en la que los presos paseaban sus sombreros por los patios.

Allí murieron tres años después. El 17 de febrero de 2012. En plena noche, un incendio se extendió a velocidad vertiginosa por 5 celdas y calcinó el cuerpo de los presos encerrados en ellas. Como en San Pedro antes, ningún custodio abrió las puertas y no había extintores ni mangueras para matar el fuego. Como en San Pedro, a las autoridades no creyeron necesario llamar a los bomberos. Como en San Pedro, la guardia disparó para evitar fugas porque los presos pueden morir pero no escaparse. Se quemaron vivos o asfixiaron 362 de los 852 internos que había en el penal. Más de la mitad no tenían condena. Eran, legalmente, inocentes.

La mujer que tengo delante viste toda de negro. Habló por teléfono con su esposo el día del incendio y escuchó de fondo, por el auricular, los gritos de los que se quemaban. Él había escapado de las llamas por los baños de su celda. Estaba agitado, pero a salvo. La amaba y le iba a llamar al día siguiente, le dijo. Después de colgar descubrió que su padre había quedado dentro y entró de nuevo a esa cueva de humo. Ninguno de los dos salió ya nunca.

La mujer tiene miedo a dar su nombre y a que se conozca el de sus muertos. Ha dejado de estudiar abogacía porque sola, viuda, no hay quien le ayude a mantener a dos hijas de tres y nueve años. Antes vivía del negocio de comidas que él tenía en el penal. La cárcel en Honduras es una ciudad más, un exilio forzoso desde el que se envían remesas. Ella está convencida de que lo de Comayagua no fue fruto del azar y como la mayoría de familiares de víctimas del incendio piensa que fue un ataque más de esa mano negra empeñada en limpiar de presos Honduras, exterminarlos.

—Imagínese. Sobrevivir a la quema de San Pedro Sula para ir a morir de la misma forma en Comayagua. Es como que los eligieran. ¡Este año vamos a quemar este!

La mujer de negro dice que a ella y al resto de viudas de Comayagua no les va a pasar como a las de San pedro Sula, que tuvieron que esperar diez años para que les hicieran caso. Dice que ya están listas para poner, ellas también, una demanda internacional.

***

“El Estado, con lo de Comayagua, lo que hizo fue ponerse una pistola en la cabeza”. Sentado en una cafetería de San Pedro Sula, Joaquín Mejía se sonríe como un jugador de ajedrez que ve que su oponente acaba de dejar desamparada la reina. Justo como debió sonreírse él mismo una mañana de febrero de 2012, al revisar su correo electrónico y encontrar uno de la asistente de la Procuradora de la República, Ethel Deras.

Joaquín Mejía lleva botas, unos jeans azules, camiseta ajustada, un pequeño collar de cuentas y pulseras de cuero y tela. Viste más como un cantante de rock o un estudiante universitario poco aficionado a las clases que como uno de los abogados más influentes de Honduras. Pero con su barba perfectamente recortada y su verbo descarado, en los últimos cinco años ha impulsado y ganado desde el ERIC, una oficina jurídica fundada por los Jesuitas, varios casos por atentados contra ambientalistas o contra activistas de los derechos campesinos, entre otros. Tiene 39 años y ya hay quien lo promueve como posible Procurador de los Derechos Humanos en el futuro.

Cuando ardió el penal de Comayagua, este enfant terriblede la lucha por los derechos humanos en Honduras formaba parte de un equipo creado por Cáritas y Pastoral Penitenciaria, que llevaba ocho años presionando sin suerte al Gobierno para que diera una señal de arrepentimiento por la quema del penal de San Pedro Sula en 2004 y asumiera su responsabilidad por lo sucedido. Puesto que en la justicia hondureña se había absuelto al director del penal sin investigar otros posibles culpables, ese equipo había llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. Las únicas respuestas del Estado habían sido la negación unas veces y el silencio administrativo otras.

Pero a los pocos días del nuevo incendio a Joaquín Mejía le llegó un correo electrónico. La Procuradora de la República, dependiente del despacho del Presidente de la República, quería reunirse con ellos. A esa maniobra desesperada, evidentemente causada por las muertes en Comayagua, llama él “ponerse una pistola en la cabeza”.

—¿En qué sentido? —le pregunto.
—El Estado iba a sentarse a negociar un caso previo pero con una tragedia reciente encima de la mesa, totalmente deslegitimado, abierto a aceptar cualquier cosa. De ahí en adelante nosotros nos aprovechamos… así, literalmente, nos aprovechamos, de la inexperiencia de la gente del Estado en litigios en el sistema interamericano.

El gobierno estaba repentinamente desesperado por lograr un acuerdo porque para el 28 de febrero estaba programada una audiencia de la Corte Interamericana en su sede en San José, Costa Rica, para resolver el caso de San Pedro Sula. Urgida por borrar en días la imagen de indolencia ante la muerte de presos que el gobierno se había forjado por años, Ethel Deras se trasladó a San Pedro Sula para tener reuniones con los abogados de las víctimas. Los encuentros, celebrados en la sede del obispado, no bastaron para cerrar un acuerdo pese a la inédita flexibilidad de los negociadores del gobierno, abogados privados contratados para la ocasión. El día 27, el diálogo se trasladó a Costa Rica.

La noche antes de la audiencia se celebró una reunión definitiva en un hotel de San José. Las discusiones fueron muy tensas: Joaquín Mejía cuenta que los abogados de Cáritas y él se habían repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Cada vez que había un desencuentro, él se levantaba de la mesa y amenazaba con irse y arrastrar al resto de la delegación. Normalmente, los abogados del Estado terminaban cediendo. Consciente de su superioridad moral en este caso y técnica en litigios internacionales, Joaquín Mejía admite que llegó, incluso, a engañar a sus interlocutores citando sentencias inexistentes de la Corte para sustentar sus puntos, ante la torpeza de las personas en las que el Estado había enviado a negociar, evidentemente legas en materia de legislación internacional en Derechos Humanos. El acuerdo que se terminó firmando cinco minutos antes de que iniciara la audiencia y en presencia de los magistrados de la Corte, era casi una rendición.

—Por lo que cuenta son ustedes unos cabrones.
—¡El estado es más cabrón! ¿Sabés por qué los engañé? Porque la procuradora, sabiendo eso de contratar gente privada para algo así es algo, pucha, terrible, se atrevió a decirme a mí, ella, en San José, que estos tres abogados privados, venían pagándose sus gastos y lo hacían por amor al país. ¡Piensa que uno es pendejo! Después me di cuenta de que al menos uno de ellos ganó por aquello medio millón de lempiras.

El 28 de febrero de 2012 el Estado hondureño aceptó formalmente su responsabilidad por los 107 muertos en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula y se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas. También se comprometió a emprender una profunda reforma del sistema penitenciario, y por ello en junio de 2013 comenzó a funcionar una comisión de transición llamada a sanear las cárceles del país. Sus primeros pasos han sido tímidos. El Ejecutivo le ha dado autoridad pero no presupuesto para nuevas cárceles, ni para formar a nuevos custodios, ni para investigar casos, ni para reforzar la seguridad…

Con la memoria puesta en la inutilidad de las promesas de reforma que Ricardo Maduro hizo tras la masacre de El Porvenir, Joaquín Mejía es pesimista respecto al proceso de reforma actual. Pero se consuela pensando que la sentencia de la Corte ayuda a hacer pública una verdad dolorosa:

—El Porvenir fue la confirmación de que la política de mano dura, de limpieza y exterminio social en las calles, se estaba trasladando a los centros penales —dice—. Y luego ves lo de San Pedro Sula y lo de Comayagua… No queda otra explicación lógica: hay una política de Estado, porque una política no sólo es hacer algo; la política de Estado puede ser no hacer nada.

La serenidad de Arabeska Sánchez contrasta con el ímpetu de Joaquín Mejía pero a ambos los une una tenaz filosofía de maratonista en su batalla contra esa política de Estado. Mientras termina su seven up, Arabeska Sánchez cuenta que su último trabajo para el Ministerio Público fue sistematizar en una base de datos toda la información forense de las víctimas del incendio de Comayagua. Cadáveres y más cadáveres. Después de eso renunció. Ahora trabaja en el Observatorio de violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la UNAH. Dice que aunque los testimonios hablan de custodios disparando a los presos para que no intentaran fugarse, ella no encontró en ningún informe de autopsia rastros de bala.

—Mi conclusión es que en Comayagua, a diferencia de lo que pasó en El Porvenir, aprendieron a matar sin dejar pistas.

***

En domingo de visita y con el día soleado, hasta un lugar tan sórdido como la cárcel de Támara ofrece una estampa de parque familiar. Parejas abrazadas, niños que corren por las canchas deportivas, bolsas de comida que van y vienen. Solo la mirada inquisitiva de los custodios, los límites que imponen a quien quiera moverse por el recinto, recuerdan que no todo lo controlan todavía los presos. Me impiden llegar hasta la celda de aislamiento en la que está Moncho Cálix; va a ser imposible entrar a los edificios de Sentenciados 1 y 2 en busca de los CORE, o llegar hasta El Escorpión, el sector que ocupan los presos del Barrio 18, para recoger su versión sobre la matanza más reciente.

El 3 de agosto de 2013, a las 7 de la mañana, pandilleros de la Mara Salvatrucha abrieron un boquete en uno de los muros que separa el sector el Barrio 18 del resto del penal y atacaron a sus enemigos con fusiles AK-47 y hasta once granadas. Murieron tres dieciocheros. La nueva comisión de transición para la reforma del sistema penitenciario llevaba apenas dos meses en sus cargos. Toda una bienvenida.

Desde que supe del ataque, dos detalles me llamaron especialmente la atención: por un lado, para llegar desde sus celdas hasta las de sus enemigos, los miembros de la MS-13 tuvieron que atravesar todo el penal, tres sectores, controlados totalmente por paisas. Es obvio que hubo una alianza entre pandilleros y no pandilleros para atacar al Barrio 18. Por otro, la reacción de las autoridades fue esencialmente aumentar la seguridad perimetral de la cárcel, pero no hubo grandes novedades o acciones hacia el interior. De hecho, en los registros de celdas que se hicieron a los pocos días, la Policía y el Ejército no fueron capaces de encontrar ni un solo arma larga de las utilizadas en el atentado.

Pero estando aquí, en Támara, paseando por sus patios y hablando con algunos internos, aparece una nueva sorpresa: justo sobre el lugar en el que la Mara perforó el muro tras al menos una hora de martillar, hay una torreta de vigilancia ocupada las 24 horas del día por un centinela. Las autoridades del penal, me resulta evidente, toleraron de alguna forma el ataque.

Sentado en una banqueta de madera dentro de una de las pequeñas tienditas ilegales que hay por todo el penal, comento con El Guitarrista mis conclusiones. Se limita a sonreír.

El Guitarrista es un hombre joven, que no tiene mucho más de 30 años pero lleva más de una década en cárcel por homicidio y sabe que de muros para adentro es mejor no cruzar acusaciones con otros presos. Por eso calla y solo sonríe. Estaba en El Porvenir el día de la masacre, hace once años. Era uno de los rondines bajo las órdenes de Coca. Asegura que él no participó en la muerte de ningún pandillero.

—A mí, cuando el forense pidió ayuda, me tocó embolsar los cuerpos de la mujer y la niña que estaban visitando a los pandilleros…. Mire, yo no justifico lo que allí ocurrió, pero sí le digo que la intención de esos mareros era matarnos a todos los que estábamos allí. De haberles dejado nos mataban a todos.

No le creo una palabra. No me lo imagino de brazos cruzados o debajo de su cama durante aquella guerra de las dos horas. Parece un hombre tranquilo pero en la cárcel la mayoría de los que destriparían al vecino con la pata de una silla si se sintieran en peligro son, en el día a día, hombres tranquilos.

Mientras juguetea con unos acordes al azar, el Guitarrista asegura que lo de El Porvenir fue solo un caso más. Que en realidad cada preso muerto es un éxito en los planes de las autoridades.

—Se hacen la vista gorda porque piensan que si en una cárcel hay un motín no es pérdida, sino ganancia. Es una depuración, y cada preso que muere es un ahorro de gasto para el gobierno. Aunque sean inocentes.
—Es una idea cruel aunque sean culpables.
—Pues sí, pero así reducen. Se lavan las manos. ¡Un delincuente menos! Se supone que así reducen el índice de criminalidad, pero los criminales son ellos.

A su lado, El Ronco asiente. Tiene bigote y cuerpo de boxeador. Uno diría que el torso se le ha comido el cuello y que todavía, aunque tiene más de 50 años, entrena todos los días. Me cuenta que se crió en Estados Unidos y fue a la universidad allí. No me dice dónde. Si yo me pregunto qué le haría cometer el error de regresar a Honduras, seguro que él se lo pregunta también. Habla de la cárcel con la concisión del viejo que lo ha visto todo y recibe mis preguntas y mis dudas con un dejo de desánimo: le fastidia mi ignorancia.

—Detrás de muchas de las masacres está el gobierno, él es —dice con su voz grave.
—Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas?
—¿Cómo va a ser de otra forma? El gobierno es aquí un simple mediador entre grupos. Nos echa leña, nos da las armas para que nos matemos, y si él es la Policía, al que tiene más dinero a ese apoya. Inclina la balanza para un lado o para el otro cada vez.

Támara debió ser una cárcel modelo y es actualmente un enjambre de negocios ilegales, odio y armas deseando purgar esos odios. Sentado en el corazón de este penal resulta difícil creer en soluciones. Cuando le pregunto a El Ronco si es posible que todo esto ocurra sin conocimiento del director del penal y también de sus superiores, él ríe.

—Como en cualquier empresa, nada pasa sin que el jefe reciba su parte del dinero. Créame. Yo he hecho negocios con ellos, con la administración del penal. Negocios ilícitos, pues.
—¿Así de simple?
—Así. Pero el gobierno es ciego y tonto, porque si esto sigue igual, si todo sigue podrido y sigue la matazón, ¿qué va a pasar con los hijos de ellos? ¿No los van a matar como a los hijos de usted o como a los míos?

Los colombianos tienen la llave de su celda y cuando alguien, toc, toc, golpea la gruesa puerta metálica, escrutan por una mirilla antes de dejarlo entrar a su refugio de paredes blancas, cocina propia, dos habitaciones y cuarto de baño privado con suelo y paredes de azulejos celestes. Hace solo un año, estos 25 metros cuadrados eran un comedor abandonado y abierto a una de las calles principales del penal de San Pedro Sula, Honduras. Ahora, una familia con negocios en Medellín lo ha convertido en su búnker de lujo en el núcleo mismo de esta cárcel mísera. Y no lo hubieran podido hacer sin el permiso de Chepe, el preso que reina en esta penitenciaría y que lleva 40 minutos sentado frente a mi en una silla de plástico, presumiendo de su cárcel.

Chepe habla con soltura y cecea como un amigo entrañable. Trata de convencerme de que al resto de presos él les pide, como un buen pastor, que se aparten “de esas vainas”, de la delincuencia.

—Porque la delincuencia a mí solo me dejó cárcel, heridas, enemigos.
—Hablame de tus heridas —le he dicho.

Porque José Cardozo, Chepe, es joven y se podría decir que guapo, pero tiene la cara cortada por un costurón que le baja de la oreja derecha hasta la comisura del labio y le dibuja una descomunal media sonrisa. Y también tiene la mano derecha salpicada de cicatrices con forma de estrella. Y le falta entero el dedo medio de la mano izquierda.

Chepe se levanta la camiseta y descubre una enorme cicatriz vertical en su vientre, debajo del ombligo.

—Afuera, cuando anduve en cosas ilícitas, en una balacera con la Policía tuvimos un inconveniente.

El inconveniente fue liarse a tiros con un vehículo policial y sus ocupantes, pensando que eran miembros de una banda enemiga. “Remitimos contra ellos, y ellos también contra nosotros”, dice. Le tuvieron que operar la vejiga. A sus 27 años, Chepe es un catálogo de cirugías.

—Pero esta del cachete fue un accidente en motocicleta. Y estas de la mano. Y este dedo fue con una sierra trompo para madera, de pequeño.

Y cuenta la historia de un niño pobre que por años labró la tierra con su padre. Maíz, frijoles, tomate, zanahoria, rábano, coco, de todo. Al terminar, se recuesta hacia atrás en la silla como la gente que no teme ni oculta nada. Todos los presos de San Pedro Sula dicen de él que es un rey bueno, generoso, justo, que tras imponerse por la fuerza trajo la paz. Que desde que llegó él, no ha habido asesinatos en este penal que antes era una mesa de carnicero.

***

En las cárceles de Honduras es fácil perder la noción de lo normal. Hace un par de años vi cómo dos pandilleros del Barrio 18 entraban en su sector de la penitenciaría de Támara, cerca de Tegucigalpa, con un enorme cerdo vivo sujeto con una cuerda. Cuando pregunté por el animal, un custodio me explicó que los pandilleros tenían permiso para terminar de criarlo y después convertirlo en filetes y embutido. “¿Con qué cuchillo?”, le pregunté con sorna, sabedor de que todos dentro de ese sector escondían, como mínimo, un machete, cuando no un arma de fuego. Con una seriedad casi convincente, el custodio me explicó que los familiares solían traerles animales vivos y, para sacrificarlos, los presos pedían prestado a la dirección un cuchillo, que después devolvían.

Fiel a esa pantomima representada por internos y autoridades penitenciarias, la cárcel de San Pedro Sula es, vista desde fuera, un sucio muro de hormigón que finge albergar una cárcel. Pero dentro, sobre lo que edificó el Estado, los internos han levantado un pequeño pueblo con su propia ley de mercado, sus historias secretas, sus gentes trabajadoras, sus tradiciones y sus caciques que desbordan lo gubernamental.

No es una metáfora. A lo largo de los años, con madera o cemento, y con la tolerancia o rendición de las autoridades, los presos han construido nuevas celdas, ventanas, escaleras, segundos pisos y nuevos muros que acabaron con cualquier atisbo de estructura regular. Resulta difícil distinguir la edificación original de sus añadidos. La cárcel es hoy una espiral de callejuelas en las que en cada rincón golpetean talleres de hamacas o zapatos, mesas de apuestas, cafetines, carnicerías, fruterías, barberías, una joyería —en la que un preso funde plata, diseña joyas y compravende oro—, o una iglesia de techos altos y amplitud extraordinaria para este lugar abigarrado, en el que deberían habitar 800 presos y se soportan todos los días cerca de 2,500.

A simple vista, en las partes más concurridas del penal, parece que ni siquiera queda espacio para las celdas, que se esconden tras puertas cerradas o entre los toldos de colores de los puestos de venta.

El cuerpo central de la cárcel lo ocupan los paisas o no pandilleros, aunque hay tres sectores segregados y mucho más pequeños para presos de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y para pandilleros retirados. El sector principal incluye además un módulo de mujeres, que durante el día comparten patios y actividades con los hombres, y recibe durante el día a decenas de madres, esposas e hijas de internos que tienen permiso para trabajar en los negocios que los presos han montado intramuros.

El reguetón y las rancheras de diferentes comedores se funden en los pasillos con las alabanzas del templo evangélico, y la algarabía de hombres y mujeres yendo y viniendo, serrando, pintando, comiendo, maquilla en cierto grado el abandono de las instalaciones. A pesar del suelo encharcado por las aguas sucias que escapan de los infinitos lavaderos y cocinas repartidos por el penal, la humedad tiene cierto olor jabonoso a novedad y limpieza.

El lugar es el símbolo perfecto de la falta de institucionalidad del sistema penitenciario de Honduras, abandonado presupuestariamente a su suerte y encomendado las últimas décadas a una Policía Nacional corrupta, acostumbrada a compensar con violencia arbitraria su falta de autoridad, porque no gobierna, en realidad, ni las calles ni esta cárcel.

***

La comisionada de Derechos Humanos que me ha facilitado el acceso al penal recorre el recinto anotando testimonios de abusos, olvidos administrativos y supuestas injusticias en un intento frágil por contagiar de orden y justicia esta cárcel. Es una abogada de más de 50 años, delgada y de voz maternal, que cree en su trabajo y lo ejecuta como quien achica agua a cubetazos de un bote agujereado: sin detenerse a medir sus posibilidades de éxito.

En el dormitorio de mujeres registra el caso de una mujer de 61 años que acaba de reingresar a la cárcel después de varios meses recibiendo el beneficio de casa por cárcel. Es diabética, y un pie ulcerado le impidió cumplir con la rutina semanal de firmar en el juzgado. Cuando por fin pudo acudir, la esperaban con una orden de captura. Ahora ocupa una de las camas bajas en este galerón para 70 reclusas.

—Como no aplicamos lo que dijo Couture sino lo que dijo Justiniano… —reflexiona en voz alta la abogada, en un ejercicio que no encaja con el lugar ni la escena—. Couture decía que cuando entra en conflicto la justicia con el derecho debes luchar por la justicia. ¡Eso decía Eduardo J. Couture! Pero Justiniano decía “Dura Lex Sed Lex” —y señala, sonriendo, a la pared del barracón, en la que hay pintado un enorme escudo del sistema penitenciario, que incluye esa leyenda. Y traduce— Dura es la ley pero es la ley.

El subdirector del penal, el oficial Escalón, un policía fibroso de unos 45 años, con maneras militares, acompaña testimonialmente nuestro recorrido simulando protegernos. Ha escuchado el comentario y pregunta desconcertado por el autor de esa frase extraña que él mismo tiene bordada en el hombro del uniforme:

—¿Quién decía eso?
—Justiniano.
—Justiniano… ¿y de qué nacionalidad era?
—Italiano. Bueno, romano. ¡Eran duros, los romanos!

También los hondureños deben creerse duros, pienso, por haber sido implacables con una anciana enferma que no fue a firmar su expediente una semana. En noviembre pasado Honduras eligió como presidente de la República a Juan Orlando Hernández, que ha prometido reforzar la presencia del ejército en las calles para combatir el crimen y que tiene como uno de sus hombres de confianza a Óscar Álvarez, el ministro de Seguridad que impulsó la Mano Dura el el país a inicios de los 2000 y bajo cuyo mandato murieron casi 200 presos quemados en esta misma cárcel y en la de El Porvenir, en La Ceiba. “Haremos lo que tengamos que hacer para combatir la delincuencia”, ha dicho el nuevo presidente, inflexible en apariencia, rígido como los lomos de una vieja enciclopedia con tapas nuevas.

A unos 20 metros del módulo de mujeres, ajenas a la amenaza de una nueva era de Mano Dura, Pirigüey y Bonita, las dos cabras de uno de los dueños de un taller de hamacas, se pasean entre seis mesas de billar en las que presos sin camisa apuestan el tiempo y unos pocos lempiras bajo el humo de cigarros y rodeados de mirones. Cerca de las mesas de billar, los estantes de una enorme pulpería ofrecen desde azúcar o chocolate hasta una infinidad de latas de maíz, chícharos u hongos en conserva. En este penal hay quien tiene dinero y no se conforma con la dieta de subsistencia que ofrece el Estado, a base de arroz, frijoles y espagueti. Para ellos hay en este pequeño supermercado incluso boquitas importadas, un dólar más caros que las nacionales.

—Se supone que la cárcel es represión, porque tú has cometido un delito, pero aquí hay mucha flexibilidad —dice El Italiano, un interno que frecuenta la pulpería—. Y al haber tanta flexibilidad la gente está más tranquila. Por ejemplo, el hecho de que los internos tengamos acceso a esto —y muestra un smartphone—, da a todo el penal una tranquilidad enorme.

—Tú tienes internet en ese teléfono.
—Claro. Pero hay también quien no puede pagar comodidades, quien no tiene nada y se lanza al vicio para mitigar el hambre, la soledad…

El Italiano lleva tres años encarcelado y conoce con detalle el negocio de la compraventa de favores en este lugar. Dice que llegó a San Pedro Sula hace cinco años cansado de la falta de oportunidades en Europa y que trataba de exportar palmeras decorativas cuando “los españoles” -así los llama- le ofrecieron llevar un dinero a Colombia. Los periódicos del día de su detención le muestran con bigote y dicen que entre él y sus tres cómplices llevaban adheridos al cuerpo más de un millón y medio de dólares.

El Italiano está condenado a 11 años de prisión y es de los que se pueden permitir privilegios. El mayor de ellos es ocupar una pequeña celda semiprivada con paredes de madera que solo comparte con otro preso y por la que pagó 2 mil dólares al llegar a la cárcel. Aquel pago, hecho a las autoridades oficiales del penal, pero que requirió el visto bueno previo del líder de los internos, le da también derecho a tener, hasta el día en que cumpla su pena, un cuarto de baño completamente equipado que solo comparte con otras tres personas, y un pequeño pasillo de dos metros en el que colocó una cinta andadora para hacer ejercicio. El Italiano habla a diario por skype con su familia y responde su correo electrónico desde una laptop colocada a la vista sobre un pequeño escritorio en su celda. Son los lujos, dice, de lo que él llama “la clase media de la cárcel”. Los verdaderos privilegiados llegan a pagar entre 5 mil y 7 mil dólares por vivir en minisuites completamente privadas, más amplias, mucho mejor acondicionadas.

Ese dinero, junto al impuesto ilegal que las autoridades del centro cobran a quienes desean tener un negocio en el interior, sirve en teoría para complementar el presupuesto general del penal, siempre corto para pagar los salarios administrativos y dar alimentación a los presos. Ese dinero, que no está sometido a ningún control oficial, señala también el cauce por el que se pueden comprar otros favores. Si tienes los contactos indicados, en la cárcel de San Pedro Sula puedes hacer incluso que tu familia, si ha viajado desde lejos para visitarte, se quede unos días o varias semanas contigo en el penal, en una especie de extrañas vacaciones.

—Tener a las mujeres, a los niños… eso da tranquilidad —confirma El Italiano—. Esto es un pueblo pequeño en el que los internos saben que no pueden salir, pero tienen acceso a todo.
—¿A todo?
—A todo, todo, todo, todo.

En la pulpería, del estante de la derecha cuelgan perfectamente alineadas media docena de brocas para taladro eléctrico, todavía en sus envoltorios, y algunos martillos. Un poco más arriba, un serrucho para metal sin estrenar se vende a quien lo quiera por 130 lempiras, poco más de 6 dólares. Como explica El Italiano, las autoridades de la cárcel de San Pedro Sula tienen un concepto muy flexible de la seguridad en el penal:

—Está la Policía, están los directores de los centros penales, pero aquí dentro existe lo que ellos llaman “la autoridad civil”, que son los coordinadores generales. Y todo es como con Dostoievski: Crimen y Castigo. Los internos saben cómo controlar a los propios internos.
—A golpes.
—A palos, sí, y a patadas también. Tú robas y te ponen en el piso, te agarran a patadas y te meten en una celda aparte. Y eso es ahora, con Chepe, porque antes si robabas mucho y se cansaban de ti aparecías ahorcado. Y si te ponías muy bravo… —El Italiano se pasa la mano por el cuello como si fuera un cuchillo—. En tres años he visto más de 40 muertos, y ni una sola investigación. Aquí te matan, te desaparecen, y lo único que dicen las autoridades es “hubo un motín entre internos”. Y le dan tu cuerpo a tu familia en una bolsita amarilla.

San Pedro Sula es la ciudad con más alta tasa de homicidios del mundo. Un enclave industrial y comercial que presume de ser capital económica de Honduras y al mismo tiempo es el centro neuronal del narcotráfico en el noroeste de un país casi en desgobierno. Mientras los políticos se acusan unos a otros de ser narcos, los jefes nacionales de Policía, que no escapan al torrente de acusaciones y sospechas, se suceden como las estaciones en un relevo inútil.

En ese contexto, las cárceles han encontrado su propia forma de gobernarse y sería absurdo pretender que lo hicieran en un idioma diferente al que el país en su totalidad habla extramuros. Las cárceles hondureñas, como lo hacen las calles, se autorregulan con violencia. Son las armas las que otorgan un poder efectivo y medieval. Y desde marzo de 2012, en San Pedro Sula, ese poder lo tiene Chepe. Lo obtuvo tras decapitar al anterior coordinador general de la cárcel.

***

Mientras esperamos en la celda-apartamento de los colombianos, Ángela, la madre de la familia, una mujer voluptuosa hasta el exceso por obra y gracia de un cirujano plástico, nos sirve café y cuenta por pedazos su captura, la arbitrariedad de la Policía, la injusticia que, asegura, se está cometiendo con ella, su esposo, su hija Tati y con el esposo de su hija. Viajaban de la paradisiaca isla de Roatán a La Ceiba, ciudad cabecera del caribe hondureño, y les detuvieron y llevaron a juicio por llevar un total de 23 mil dólares en efectivo entre seis personas. Ninguno superaba la cota de 10 mil que se obliga a declarar en los aeropuertos, y además estaban en un vuelo interno varios días después de haber entrado al país, pero de nada les sirvió protestar con acento colombiano. “¡¿Usted sabe cuánto cuesta una semana de buceo en Roatán?!”, le dijo Tati al policía que le preguntó por qué viajaba con tanto dinero.

Tal vez aquel policía y el resto de los asignados al caso nunca habían buceado entre los corales de Roatán, o quizá percibieron en el relato de los colombianos los mismos silencios extraños que yo encuentro cuando le pregunto a la chica el nombre completo de su padre o el del pueblo en la región de Antioquia, Colombia, en el que la familia dice tener negocios de ganadería. El caso es que creyeron que mentían. Dejaron ir a la abuela y al hermano pequeño de la familia, y acusaron a los otros cuatro de lavado de divisas.

La puerta se abre sin aviso previo y antes de que aparezca Chepe lo hacen un niño de apenas dos años y una niña de cinco. Son sus hijos. Viven fuera de Honduras —“por seguridad”, dirá más tarde su padre, “tengo demasiados enemigos”— y están pasando unos días de visita en el penal. Se lanzan a jugar en el suelo mientras Chepe saluda como un candidato sin prisa. Se sienta en una silla de plástico con la espalda contra la pared, acepta el café que amablemente le ofrecen las colombianas, y se lanza al grano. Sin sonreír:

—Bueno, ustedes dirán por dónde empezamos.

Los líderes carcelarios suelen ser hombres-sombra que no quieren ser vistos y ante visitas incómodas o intrascendentes se parapetan detrás de un hombre-fachada. Me habían advertido: “Te presentarán a Noé como representante de los presos, pero el que manda es Chepe”. Fueron la casualidad y las colombianas los que acabaron por ponerme enfrente al hombre al que buscaba. A pesar de que cumple prisión por robo agravado, y no por delitos ligados al narcotráfico, Chepe, que se lleva bien con todos y dice tratar a todos por igual, tiene una llamativa cercanía con los internos acusados o condenados por lavado de dinero.

Nació un 17 de diciembre en una pequeña aldea a dos o tres kilómetros de San Pedro y estudió hasta segundo de secundaria. Tenía 18 años cuando entró por primera vez a este penal en 2005 y desde entonces apenas ha vivido fuera de él. En 2009 volvió a saborear las calles, pero no llegó a completar dos años en libertad. El 16 de abril de 2011 regresó y lleva casi tres años a la espera de juicio, viviendo, dice, de la carpintería. No le creo en eso, pero sí es irónico pensar que, técnicamente, el rey armado que gobierna el penal de la ciudad más peligrosa del mundo sea todavía, y hasta que un juez diga lo contrario, un inocente, aunque puede que sea solo una cuestión de estadística: el 49.5 % de los presos de Honduras aún no han sido condenados.

—Empieza por contarnos cómo lograste calmar este penal. San Pedro Sula tiene una trayectoria de violencia enorme —le digo.
—Bien exagerada. Pero este es un cambio que se vino dando por necesidad.

No lo cuenta solo Chepe. Lo dice todo al que le preguntes: Mario Henríquez, el anterior coordinador general de la cárcel de San Pedro Sula, era un maldito entre malditos, que extorsionaba a los internos que tienen negocios y que retenía parte de la manteca y el arroz que entrega el Estado para los presos y la vendía por su cuenta a los comedores privados aunque eso significara recortar la ración de comida a los internos más pobres. Suyos y de los suyos eran la mayoría de negocios ilegales del penal, y trataba de ir haciéndose, poco a poco, por la fuerza, con los legales. La brutalidad de sus castigos roza la leyenda. Colgaba de las manos a los condenados por su justicia arbitraria, y les levantaba la piel a latigazos mientras su perro les mordía los pies. El penal entero rezaba por la venida de un salvador.

—Se degeneró eso, se desató una ola de violencia porque la gente ya no acataba órdenes de nadie. Desde ahí fue que nosotros tomamos la decisión de poner un orden específico, ¿verdad? —se aplaude Chepe—. Una norma bien establecida, de que no hay necesidad de llegar a un acto de violencia, ni pequeña ni grande.
—¿Quiénes son “nosotros”?
—Nos referimos a un pequeño grupo de gente que, unos 15 o 20, nos pusimos a pensar coherentemente que era necesario poner orden, control. Y entonces hicimos lo que tuvimos que hacer, tomamos las medidas que teníamos que tomar.
—¿Recuerdas el día en que las cosas cambiaron?
—Mire, específicamente no podría decirle “este fue el día que cambiaron las cosas”, porque hubo diferentes problemas… Hablando en el diálogo que hablamos nosotros aquí: hubo diferentes revueltas. Y hubo bajas, pérdidas humanas invaluables. Mire, es una historia muy larga…

***

Las historias carcelarias son siempre largas e intrincadas. Se tejen día a día, mirada a mirada, con malos comentarios, peleas postergadas y muchas horas de conversaciones susurrantes en las celdas. Luego, pum, un estallido, un machetazo, zas, o una cadencia de disparos que casi nunca se comprenden desde el otro lado de los portones, del lado de las autoridades, y que en los periódicos son parte de una masacre inexplicable. Para el mundo exterior, las muertes en una cárcel son como un rayo que corta un árbol, impredecibles y sin sentido.

La masacre que coronó a Chepe, sin embargo, comenzó a gestarse el día en que un líder brutal llamado Lázaro Francisco Brevé quedó libre y un hombre más brutal aun, Mario Henríquez, le sucedió al frente del penal. Hubo avisos, muertes previas, fumarolas por las que el penal liberó presión pero que auguraban más muertes. Una de esas fumarolas se levantó una tarde de febrero de 2012. Mario y su gente violaron a la visita de un preso de la celda 12 y durante toda esa noche la cárcel fue un campo de batalla. Fue la primera vez que Chepe intentó hacerse con el penal. Desde el exterior se escuchaban, cada pocos minutos, disparos, y en los callejones del sector paisa se desató una cacería esquina a esquina. Cuando amaneció y las autoridades lograron calmar los ánimos encontraron muerto a Luisito, el coordinador de la 12. Mario siguió en su puesto.

Un mes después, el 29 de marzo, sobrevino la erupción. Ese día hubo 14 muertos, asesinados a bala o a machete. A Mario, en venganza por sus propias formas, Chepe y los suyos le colgaron, le sacaron el corazón y se lo dieron a comer a su perro. Después mataron al perro. La cabeza del antiguo coordinador terminó sobre un tejado y el cuerpo de sus acólitos calcinados bajo una montaña de colchones en el patio del penal. La Policía, consciente de que asistía a una guerra por un territorio que no es suyo, solo se atrevió a entrar al recinto cuando los nuevos líderes paisas autorizaron la retirada de los cadáveres. Así se construyó la paz en el penal de San Pedro Sula.

Menos de dos años después de ajusticiar salvajemente al antiguo coordinador, Chepe se ha ganado el aplauso del resto de internos y de las autoridades porque ha puesto en marcha planes médicos y porque obliga a otros presos a ir a la escuela. Cada preso aporta dos lempiras semanales para sufragar las medicinas de los más pobres del penal o de sus familiares en el exterior. Desafiando lo absurdo, en un país en el que pocos tienen seguridad social, ir a la cárcel en San Pedro Sula te garantiza seguro médico. Además, cada preso paga los domingos una cuota, el “rolo”, para la limpieza de su celda y de las áreas comunes. En las celdas normales esa cuota es de cinco lempiras, pero los que tienen privilegios y celdas privadas pagan 10 o hasta 50 lempiras semanales. Con ese dinero, los presos que limpian los cuartos y letrinas reciben un pequeño salario.

Chepe presume de sus políticas sociales. Cuando a mediados de 2013 la gente de la Pastoral Penitenciaria le dijo que iba a cerrar su programa educativo en la cárcel porque solo tenían 36 alumnos y necesitaban un mínimo de 70, él reunió a toda la población y les amenazó con no firmarles cartas de buena conducta si no le mostraban antes un certificado de estudios.

—El que no tenía escuela, que mostrara un certificado de escuela; el que había cursado escuela, un certificado de colegio; el que tenía colegio, de computación o inglés…
—¿Pero qué es eso de la carta de buena conducta?
—Ah, le explico. Se le firma al interno cuando se va, siendo uno testigo de que el interno ha trabajado y se ha rehabilitado. Para que le sirva para la salida. Si no, le cuesta salir…
—Espera. Aclárame eso: ¿los certificados de buena conducta los haces tú?
—Actas de conducta. Es un papeleo que pide el juez para ver si cada uno se ha rehabilitado, si ha hecho algo que por lo menos beneficie salir afuera.

Los certificados de estudio los da la Pastoral Penitenciaria en nombre de una escuela de extramuros, la Leonel Zepeda, y no dicen que el estudiante ha estado en el penal. A los que se matriculan, Chepe les exime de pagar el rolo, para motivarlos, y cada vez que se gradúan les da un kit de aseo. En la cárcel de San Pedro Sula hay una política de incentivos para el estudio y la libertad se busca con un certificado de buena conducta firmado por un hombre que descabezó a otro preso. En el programa educativo ahora hay 140 matriculados.

El Flaco es un paria, un drogadicto marginado en la escala social interna de la cárcel. Hace maltallados barcos de madera que mete en botellas vacías, adornos feos que no imagino quién puede querer comprar, pero que él trata de vender por cien lempiras cada uno. El negocio no le va bien. Aun así, tiene los ojos encendidos por la última dosis de lo que sea que se mete en el cuerpo. Es salvadoreño, y al verme en un pasillo del penal me ametralla con palabras:

—¿Usted es de El Salvador? Necesito ayuda, acá a los salvadoreños quieren matarnos, quemarnos vivos, no hay derechos humanos acá, me estoy quedando loco, necesito salir, se ven cosas que no deben de verse y todo el mundo se queda callado, los policías se prestan para hacer cosas, tengo dos costillas quebradas y 18 puntadas en una nalga, de una paliza que me dieron y vomitaba sangre…
—A ver, tranquilo. ¿Por qué fue la paliza?
—Me acusaron de andar robando acá adentro, y era otra persona, no fui yo, pero cuando investigaron el asunto ya me habían golpeado.
—¿Lo ordenó Chepe?
—No, Chepito no, un señor que estaba antes, Brevé se llamaba. Es que aquí han pasado muchas etapas… Y el que vino después, Mario, no nos daba de comer. La comida él prefería dársela a los cerdos.
—¿Es cierto que colgaba a gente y castigaba con latigazos?
—Colgaba a gente hasta de los testículos. Yo pasé una etapa que me torturaron, me ataban y me subían los brazos así, por atrás. Por eso tengo rotas dos costillas.

El Flaco quiere dinero. “Sé muchas cosas de lo que pasa aquí”, me dice. “Pero necesito unos pesitos”. Lleva nueve años aquí. Una vida entera. Nueve vidas de gato. Decenas de motines, miles de días en los que tuvo suerte. Dice que espera volver a las calles en marzo.

—¿Y eso ya no pasa, lo de los golpes?
—Ya no, ahora hay amor y paz, Chepito se ha portado lo máximo, buena onda, me operaron del apéndice y él me ayudó bastante… Pero no me puedo confiar, así comienza todo siempre, porque cuando todo está calmado la Policía se confía y todos los coordinadores vuelven a lo mismo.

***

Los hijos de Chepe le interrumpen con sus juegos y él, sin levantarse, entreabre la puerta y llama a uno de sus guardaespaldas. Desde el exterior llega el sonido de una sierra eléctrica. El taller de carpintería de Chepe está justo enfrente de la celda-apartamento de los colombianos y cada vez que se abre y cierra la puerta, un chirrido agudo invade esta casa burbuja.

—Quédese pendiente de los niños usted. Lléveles por ahí —le dice a un hombre alto, vestido como un cantante de reguetón y que cumple el tópico del guarura que lleva gafas de sol.

Las anfitrionas, madre e hija, orgullosas de que esta entrevista sea prueba irrefutable de su alta posición en el sistema de castas carcelario, nos ofrecen más café y regresan a una posición de guardianas-sirvientas, de pie apenas a metro y medio de nosotros, atentas a la conversación. Sus maridos regresaron hace unos minutos de jugar al fútbol, sudados, jadeantes, y nos saludaron con desinterés, como si la presencia de Chepe fuera habitual, y se encerraron en uno de los cuartos a ver más fútbol por televisión.

—Si yo vengo y solo porque soy más malo o más grande que usted le pego un puñetazo en la cara… Al jodido que haga eso lo llevan castigado y lo golpean a él. Es una regla de antigüedad que no ha cambiado. Si alguien golpea, lo golpean.

Le he preguntado a Chepe por su ley, por las normas de disciplina con que mantiene el penal en orden, así que cuando dice “lo golpean” quiere decir “mi gente lo golpea”. El subdirector Escalón admite que son los líderes de los presos, la “autoridad civil”, los que determinan a qué hora se levanta y acuesta cada interno, sus horarios de ducha y comida, las cantidades del rancho, quién tiene derecho o no a participar en actividades formativas o talleres profesionales, quién es confinado en una celda de aislamiento y por cuánto tiempo, qué castigo se impone para cada falta. El director del penal, los hombres uniformados que representan esa ficción llamada Constitución, solo intervienen cuando no hay más remedio, cuando los disturbios se prolongan el tiempo suficiente como para que lleguen las cámaras de televisión. No hay cómo evitar una muerte aislada. Probablemente no interesa evitarla.

—Si uno mata a alguien aquí, ya como están establecidas hoy las cosas, si uno mata a otra persona, la misma población lo mata a él. Sin necesidad de que yo diga que sí o que no —explica Chepe, reconvertido de golpe en Pilatos.
—Ojo por ojo.
—Es una regla que se estableció entre toda la población. Si alguien rompe la paz que hay y jode a alguien, mata a alguien, ahí mismo se lo acaban a él también. Como les digo, yo siempre veo que la gente, a veces, en algunas cosas, toma sus decisiones, porque ellos también son la población y ellos también tienen mando.

La suerte de un ladrón, la vida de un homicida común, descansan en la voluntad popular porque no desafían a una autoridad que tiene por natural matar. O la de un pandillero, porque la ley de Chepe llega hasta donde termina el sector de los paisas y no responde de los muertos tatuados. Y su justicia tampoco persigue la venta de droga o el sicariato en la medida en que no desafíen a quien reina. En eso, el régimen de Chepe y el de la Policía hondureña se parecen demasiado.

—Yo lo que le digo a la gente que trabaja ilícitamente en su cuestión, tal vez de drogas, es que no me vayan a generar problemas —dice Chepe—. Pero uno no puede cerrar las puertas a muchas cosas…
—No hay cárcel sin drogas, dicen.
—Mire: una vez, hace ya tiempo, había pleitos a cada rato. Que uno le pegaba un leñazo al otro, que rayones con cuchillo… Y un día ingresó el director del penal, que yo creo que ya lo mataron, un tal García Méndez, y dijo: “¿Bueno, qué es lo que está pasando, que a cada rato hay heridos?” En este tiempo aquí estaban revueltos los paisas con los retirados de la 18 y de la MS-13, y brincó un jodido todo manchado: “Mire, jefe”, le dijo, “el problema es que aquí no tenemos marihuana, y nosotros sin la marihuana no podemos vivir”. “Esa es toda la bravura de la gente”, le dijo, jaja. “¿De verdad ustedes están…?” “Sí, jefe” “Vaya pues, pasen ahí…” Y el director les dejó meter al penal como dos libras. ¡Uy, hombre! ¡Una felicidad todos! ¡Hubo como varios días que no hubo problemas en el penal! Ja ja ja.

***

Chepe es solo un heredero más de la tradición de violencia y corrupción del penal de San Pedro Sula, en el que han muerto calcinados, asfixiados, desangrados, ahorcados o desmembrados más de 200 internos en los últimos 10 años. Es un heredero astuto, dotado por igual para la brutalidad y la sutileza, pero al fin y al cabo un nombre más en la historia. Una vieja serie de artículos de La Prensa, uno de los principales periódicos de la ciudad, recoge el testimonio de antiguos presos de esta cárcel, que aceptaron describir las redes de corrupción, tráfico de drogas y sicariato de las que participaron o que vieron operar durante su encierro. Aunque sus historias datan de 2006, justo el año en en que Francisco Brevé se hizo cargo del penal, el relato es atemporal: sobornos que permitían fugas, pagos desde fuera para asesinar a enemigos dentro de los muros, y constantes luchas entre bandas de paisas por el control del penal y sus mercados de droga.

El de San Pedro Sula siempre fue un penal paisa. El 17 de mayo de 2004, en pleno fervor de la política policial antipandillas del presidente Ricardo Maduro, en plena Mano Dura, un cortocircuito provocó un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha y los custodios mantuvieron los candados cerrados hasta que se quemaron vivos o asfixiaron 107 pandilleros. Tampoco llamó nadie a los bomberos, que tardaron hora y media en llegar. Ese día los paisas entendieron que incluso un Estado tan cruel con sus reos como el hondureño odia más a unos presos que a otros. A diferencia de lo sucedido en El Salvador o Guatemala, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha nunca han logrado que se les asigne penales propios y sus miembros cumplen pena en sectores minoritarios de cárceles controladas por presos comunes.

Eso, sin embargo, no ha evitado que los penales, vencidos por el hacinamiento y la corrupción, acumulen una tasa de homicidios muy superior a la del resto del país. Por eso Chepe es valioso. Porque con sus hombres y las armas de sua hombres logra administrar lo que al Estado le estalla en las manos. En los 21 meses que lleva al frente del penal ha conseguido, incluso, que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se sometan a su régimen y no crucen las fronteras de sus sectores. El brazo de la justicia de Chepe no llega hasta los módulos de las pandillas y el de los retirados, pero los tres grupos saben que si causan problemas en territorio paisa sufrirán su ira.

A finales de 2012 una parte de los paisas le empezaron a pedir a Chepe sangre de pandillero. En Honduras hace años que buena parte de la población, incluidos la mayoría de funcionarios, considera la ejecución de un pandillero un acto limpio de justicia. Los internos de la cárcel de San Pedro Sula comparten esa idea y querían deshacerse de sus 18, sacarlos del penal vivos o muertos. Chepe no quiso ser líder de esa escabechina y, para buscar una solución que no le costara el respeto de los suyos, pidió ayuda al hombre que lo media todo y lo trata de pacificar todo en San Pedro Sula: el obispo Rómulo Emiliani, un cura panameño de voz ronca que lleva 12 años tratando con pandillas y buceando en las cárceles de Honduras. Emiliani fue testigo del primer encuentro del rey paisa con Flash, Termita y el resto de líderes dieciocheros en el penal de San Pedro.

La reunión fue en el patio de acceso al penal, enfrente mismo del despacho del director. Chepe acudió solo. Los pandilleros en grupo y armados hasta los dientes. En los penales, los dieciocheros hondureños visten como lo hacían en los 70 y 80 los pandilleros de Los Ángeles, y aquel día bajo sus camisas de cuadros, anchas, sueltas fuera del pantalón y abrochadas en el cuello, se entreveían las formas y los cañones de pistolas y de fusiles AK-47. También el líder paisa iba armado, con una pistola y con una granada por si la escena se desesperaba. Y se sentía más fuerte que sus adversarios. “La onda, Flash, es que si quisiéramos perjudicarlos a ustedes toda esta gente paisa se los come. Sólo les digo ʻtírenseles amorʼ, y ustedes van a matar a un montón, no lo niego, pero ellos se los van a comer a todos”, le dijo al que tenía enfrente. Y los dieciocheros se midieron, pensaron, y con Chepe acordaron evitar cualquier provocación, limitarse a su propio sector y gobierno, tratar de pasar inadvertidos, conscientes de que en Honduras el gran crimen organizado vuela más alto que las pandillas, y es paisa.

Emiliani, que antes y después de aquello ha visto cómo administra Chepe su destreza para amenazar, habla bien de él:

―No vamos a discutir si eso está bien o mal, pero ha mantenido la paz y tiene un control muy efectivo ―dice.
―Tienen la autoridad que la supuesta autoridad no tiene.
―Sí, ellos tienen la autoridad que la autoridad ha ido perdiendo. La Policía puede poner orden en el penal, claro, pero eso implicaría entrar con soldados y matar a un montón de gente.

Para que eso no ocurra, Emiliani dice que Chepe y la dirección del penal han llegado a un equilibrio no firmado que evita por partes iguales los motines y la injerencia del Estado en los asuntos de los internos. Un pacto similar al que alcanzó el líder paisa con la 18, o al que ya había forjado con la Mara Salvatrucha unos meses antes.

En septiembre de 2012 cayó preso en San Pedro Sula un empresario de transporte conocido como Cheno: Arsenio Rodríguez García. Chepe dice que nada más entrar a la cárcel Cheno buscó su protección porque temía que la MS-13 le castigara por dejar de pagar el impuesto de guerra ahora que estaba en desgracia, y que él se sintió llamado a ayudarle porque el hombre no tenía nada, ni dinero, ni buses ya, ni casa, porque todo se lo había quitado la Fiscalía. Echar una mano a Cheno era, casi, una obra de caridad. Cuenta Chepe que volaron mensajes de un sector a otro y se concertó una reunión en las oficinas de la guardia, junto al despacho del director del penal. Y cuenta que una vez allí amenazó a Marcos, el representante de la Salvatrucha: “Colabóreme con esto, hermano, porque yo le voy a estipular una cosa bien clara: si a este señor le llega a pasar algo acá adentro, o a la esposa o a los hijos de él afuera, yo los voy a perder a todos ustedes”. Y les hizo ver que no era justo cobrarle a Cheno ahora en las malas cuando él, en las buenas, les había ayudado a ellos pagándoles renta y quién sabe qué más. “Más bien colabórenle con algo, que este hombre está jodido”, dice que les dijo.

Al día siguiente, en una oficina de la guardia, el representante de la Mara Salvatrucha entregó a Chepe una bolsa negra con 100 mil lempiras -unos 5 mil dólares- en efectivo, para Cheno Rodríguez García. Y dice que a él le dio otros 10 mil lempiras, como gesto de buena voluntad. Desde entonces, la MS-13 incluso le ha ayudado a comprar una silla de ruedas para un enfermo paisa y participa de vez en cuando en los fondos comunes para pagar alguna operación o medicina. De eso presume Chepe.

Escuchándole, uno creería que el rey del penal de San Pedro Sula se jugó la vida por un preso anónimo y que la MS-13 se le hizo dócil por arte de magia. Lo que Chepe no dice, entre otras cosas, es que Arsenio Rodríguez era en San Pedro Sula mucho más que un antiguo motorista convertido en empresario de buses. La Fiscalía hondureña lo investigaba desde 2007 por enriquecimiento ilícito, había ordenado su captura en 2010 y le incautó 12 viviendas, tres terrenos, una discoteca, tres buses, siete taxis e igual número de vehículos particulares.

Cuando la Policía se presentó en su casa, Cheno la recibió a disparos. Para la anécdota queda que el personaje por el cual los paisas y la MS-13 pensaron que valía la pena negociar la paz en la cárcel, tenía en su jardín un venado cola blanca.

―¿Quién era Chepe antes de ser coordinador? ―le pregunto a Emiliani.
―No figuraba. Pero ya había estado antes en la cárcel y era un poder detrás del trono, como de segunda categoría. Y sube y se mantiene en el poder con mucha elegancia, digamos, en un contexto difícil. Gracias a él en el penal no hay muertos.
―Siempre tuvo cierto poder entonces.
―No tengo mucho detalle, pero no era un nadie, claro. La gente lo respeta, la gente le tiene confianza y hace muchas cosas positivas. Es un hombre fiable, que hace el bien a su manera.

***

A mediados de octubre, una muchacha llegó al portón principal del penal de San Pedro Sula a preguntar por Chepe. Estaba nerviosa y solo eso decía: quiero ver a Chepe.

En las cárceles hondureñas no hace falta estar inscrito en ninguna lista ni tener un vínculo especial con un interno para entrar de visita. Dar un nombre y un número de celda o módulo bastan para que un policía que no conoce a sus prisioneros, ni sabe quién o qué eres tú, anote tus datos en un gastado libro de registro y, sin levantar la vista del papel, te deje entrar al país de los de adentro. La muchacha ni siquiera necesitó eso. En el penal de San pedro Sula, Chepe no necesita apellido ni tiene celda fija. Estuvo en la 2A, después quiso estar en la 22. Hoy duerme “buscando más tranquilidad y estar un poco más seguro, también para beneficio de todos”, en un cuarto privado que se mandó construir en la zona de visita conyugal. En la puerta de ese cuarto estaba cuando uno de sus coordinadores llegó con la muchacha que le buscaba.

—Mire, Chepito, que viene esta muchacha ahí de la guardia. Lo anda buscando.
—¿Y qué pasó?
—Es que mire —le dijo ella—, a mi mamá nosotros la trajimos desde Tegucigalpa y la tenemos internada en el hospital Mario Catarino, y necesito 900 lempiras para hacerle estos exámenes, porque si no, de puro gusto la fui a traer…
—¿Y a quién viene a visitar usted? ¿Tiene algún pariente usted aquí?
—No, usted, si yo me vine para acá porque me dijeron afuera que fuera al centro penal, que ahí me podían ayudar…

Las historias de quien llega al penal en busca de trabajo, protección o un simple plato de comida gratis, están en cada pasillo de la cárcel de San Pedro Sula. “Aquí afuera la gente es tan pobre que hasta viene a comer a la cárcel”, me dijo una interna. Días después de la entrevista con Chepe, mientras esperaba a alguien junto a los muros del penal, un activista de Derechos Humanos señaló a la densa columna de mujeres que esperaban ser revisadas para entrar a visita y me desafió con una frase que pretendía ser un enigma:

—Un tercio de esas mujeres vienen a visitar a alguien.

Aunque llevábamos parados más de una hora bajo el calor, volví a escrutar con la mirada a aquel grupo heterogéneo. Faldas largas y faldas cortísimas, rostros casi siempre maquillados, enormes bolsas llenas de comida casera, algunas chicas jóvenes vestidas como para ir a una discoteca…

—¿Y el resto?
—Algunas vienen a comprar mercadería de la que fabrican los internos para venderla afuera. Las hay que se prostituyen. Y muchas vienen a probar suerte.
—¿Cómo que a probar suerte?
—Sí, a ver si conocen a alguien y se acompañan.
—Eso no tiene sentido…
—Claro que lo tiene. En las comunidades de las que vienen estas mujeres, tener un novio o un marido que está dentro del penal las coloca en otra posición, no solo económica, sino sobre todo de seguridad.

En el San Pedro Sula que no se esconde bajo el aire acondicionado de los centros comerciales, la cárcel es un corazón poderoso que igual bombea muerte que dinero o protección. En las comunidades más pobres, a las que pertenecían los 107 pandilleros muertos en el incendio de 2004 y en las que crecieron la mayoría de internos de este mísero penal para hondureños sin suerte, la cárcel forma parte de la vida y las rutinas. Y tiene para bien y para mal voz y voto sobre el futuro inmediato de los supuestos hombres y mujeres libres.

Cuando Chepe entró a su cuarto, salió con unos cuantos billetes gastados que sumaban 900 lempiras y se los dio a esa muchacha que casi lloraba. Hizo algo parecido a lo que en la calle se considera justicia. A la leyenda de la cárcel en la que las cosas funcionan y los pobres tienen un rey ladrón con la cara cortada, que es más justo que los políticos y más honesto que la Policía de Honduras, le nació otro capítulo.

***

Ya fuera de la celda de los colombianos, paseo con Chepe hasta topar con un gran cajón de madera en mitad de un callejón. Tiene alrededor de un metro y medio de alto, dos ventanas de cristal y una puertecita con candado. Me sorprende descubrir que esta especie de casita de muñecas gigante tiene aire acondicionado en un lateral, y más aun ver asomarse a las ventanas a dos huskies siberianos.

—Son míos —ataja Chepe cuando le pregunto por los perros, y les abre la puerta para que salgan. Se llaman Gol y Sissi.

Cuando los perros, después de juguetear con las caricias de su amo, se lanzan a correr por el callejón y se pierden por una esquina, tomo conciencia de que el penal entero es la celda, el jardín, la finca de Chepe. Aun así, los tiempos de paz tienen en la cárcel la consistencia de una figura de origami, y por eso pasea por sus dominios rodeado siempre de 10 hombres fornidos, de vestir pulcro y, es un secreto a voces en la cárcel, armados con algo más que cuchillos. Si le pasara algo, probablemente volverían los tiempos de zozobra y de lucha por el poder. O si le trasladaran. O si saliera libre, porque en teoría este año Chepe debería ir por fin a juicio.

—¿Crees que te van a declarar inocente?
—Siendo realistas, tengo todos los problemas encima. Si voy hoy, sería solo a que me sentencien. Pero estoy agarrado del mero todopoderoso y creo que Él me va a sacar libre cuando yo esté preparado.
—¿Cómo?
—Es que mire, yo puedo arreglar ahorita mismo mi situación jurídica y salir libre, ¿me entiende? Porque se puede. Se puede apelar a errores en la captura, o hasta la misma Policía se puede robar las evidencias, y si no le ponen evidencia a uno, ¿cómo le van a comprobar el delito? Pero yo es que antes de salir estoy dejando que Dios me transforme.
—Y si sales, ¿qué va a pasar acá dentro?
—Mucha gente tiene miedo a eso. Hasta el mismo director y el subdirector me dicen que no les gusta que les hable de eso.

“¿Quién dijo miedo detrás de una palmera?”.
Dicho de los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Honduras.

Doris en el laberinto

A las 11 de la noche del 25 de diciembre de 2009, Doris Pérez se preparó para una emboscada. Se puso unos vaqueros, una camisa grande de hombre, de botones, cuadriculada, unas botas de hule y sobre el cabello castaño un gorro negro.

Cinco horas más tarde cargaba un machete en una mano. Avanzaba despacio y en silencio. Los rayos de la luna se colaban raquíticos hasta los senderos que separan a unas palmas africanas de otras palmas africanas. Gracias al follaje de las palmeras, elevado 25 metros, ella y el resto de campesinos eran sombras sigilosas que esquivaban como podían las ramas secas del camino. El menor ruido, cerca de la estación de guardias de seguridad, a la entrada de la finca, podía frustrar la misión.

En el Valle del Aguán, al noroeste de Tegucigalpa, Honduras, una plantación de palma africana puede convertirse en un laberinto sin paredes. Forma senderos interminables y desde cualquier punto evoca un espejo infinito: palmeras gigantescas, casi idénticas, alineadas una detrás de la otra, una a la par de la otra; cientos a la derecha, cientos a la izquierda y en diagonal… Un mar geométrico de árboles en el que solo los expertos saben entrar, salir, esconderse.

Doris no conocía ese laberinto pero no iba sola. Era una más entre el grupo de 100 usurpadores que avanzaban, decididos, para tomarse La Aurora, una de las plantaciones propiedad de la Exportadora del Atlántico, empresa de Miguel Facussé, uno de los hombres más poderosos de Honduras. La mayoría de los sigilosos invasores cargaba machetes y gorros como los de Doris. Unos pocos, los que lideraban la expedición, se cubrían además el rostro con pasamontañas. Esos cargaban armas de fuego.

El asalto fue rápido. “¡Ahí vienen los campesinos!”, gritó un guardia a lo lejos. Alguien disparó, otros respondieron y Doris se escondió detrás del tronco de una palmera. La División Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, insinúa que fueron los campesinos los primeros en apretar los gatillos. “Los campesinos amenazaron con armas de fuego”, escribió en un informe -elaborado año y medio después, en mayo de 2011- el jefe departamental de la división, Nelson Aguilera. Según los campesinos, ellos únicamente respondieron al fuego de los vigilantes. En el Bajo Aguán, las versiones sobre los enfrentamientos siempre están divididas.

De los hechos de aquella madrugada basta decir que había 25 guardias armados contra un centenar de campesinos. Los guardias huyeron serpenteando entre las palmeras. Cuando uno de los campesinos de la delantera descubrió la retirada, gritó: “¡Vencimos!” Doris también gritó, varias veces, mientras alzaba su machete, mientras brincaba, mientras se fundía en un abrazo con Geovany, el joven que venía a su lado: “¡Ganaron los campesinos! ¡Ganamos! ¡Que vivan los campesinos!”

***

El Valle del Aguán es una inmensa alfombra verde que atraviesa los municipios de Tocoa y Trujillo, en el Caribe hondureño. Es un paraíso agrícola en el que confluyen transnacionales como la Standard Fruit Company, con sus furgones planchando día y noche la Carretera Panamericana; poderosos terratenientes como Miguel Facussé, con más de 16 mil hectáreas de tierra; un ejército de guardias privados para custodiar la carretera y las fincas; y más de 3 mil campesinos pobres y sin tierras.

Hace tres años, en mayo de 2009, se expresaron aquí las profundas diferencias entre esos hombres y mujeres pobres y los terratenientes millonarios. En una revuelta pacífica y sorpresiva, un millar de campesinos ocuparon la planta El Chile, una de las procesadoras del aceite de palma africana de la Corporación Dinant, la empresa insignia de Miguel Facussé.

Esa toma generó pérdidas millonarias a Dinant, porque en un mundo con una creciente crisis energética los derivados del aceite de la palma africana generan cada día millones de dólares en ganancias. El aceite de palma es el cuarto producto de mayor exportación en Honduras, y en los últimos 10 años ha colocado al país en la lista de los 10 principales productores del mundo. Pero más allá de lo económico, se impone el valor simbólico de lo que ocurrió hace tres años: por segunda ocasión en una década, los campesinos de esta zona del país entonaban un mismo cántico revolucionario. Exigían más tierras para los pobres a costa de quitar tierras a los ricos.

Doris Pérez y el resto de los que participaron en aquella primera toma de 2009 y en las que la han seguido desde entonces, están inspirados por otros que en el año 2000 se tomaron por primera vez tierras en el Aguán. En aquel entonces, la región intentaba recuperarse de la devastación provocada por el Huracán Mitch de 1998, que dejó inundaciones, ríos revueltos, puentes destruidos, derrumbes y muerte. Más de un millón de damnificados, 5 mil fallecidos y 8 mil desaparecidos. Honduras, el país más afectado por el huracán, tenía hambre y frío. Entonces de todos los rincones del país, una masa de campesinos caminó hasta el Valle del Aguán, aquel que en otros tiempos había sido un edén de productividad agrícola, de empleo, de estabilidad, pero que para el nuevo siglo se había convertido en un intrincado sistema de compraventas, de cooperativas campesinas quebradas, estafadas, sobornadas. Todo eso lo sabían los campesinos, pero aún así las familias marcharon cargando machetes, una muda de ropa, animales de granja y niños. Decían que si la tierra alguna vez fue de los campesinos debía volver a manos de los campesinos. Decían que el Estado no los podía dejar morir de hambre. Se instalaron en las tierras del otrora Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), el campamento en el que Estados Unidos entrenó en tácticas contrainsurgentes a los ejércitos de Centroamérica, hace más de 30 años, en los 80. Se instalaron y ya nunca se fueron. Luego de meses de negociaciones, los campesinos aceptaron asentarse en una porción de tierra lo suficientemente grande como para que ahora quepan ahí los cultivos, las edificaciones, y hasta la tercera generación de esos primeros colonizadores.

Los campesinos de 2009, autonombrados como el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) emularon aquellas tomas pero le agregaron un nuevo matiz: se armaron. El entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, intentó reaccionar y diluir el movimiento aceptando sus motivos, negociando entregas parciales de tierras y prometiendo soluciones futuras, pero el golpe de Estado que lo derrocó en junio de 2009 truncó cualquier posible acuerdo.

El movimiento creció y se organizó. Para el primer semestre de 2010 eran 23 las plantaciones tomadas, en una operación que paralizó la producción en más de 20 mil hectáreas de tierra, el equivalente al área urbana de la capital del país, Tegucigalpa, o a casi cuatro veces la isla de Manhattan, en Nueva York. El 10 de diciembre, 200 campesinos se tomaron 950 hectáreas de la finca La Confianza; el 22 de diciembre cayó la finca San Isidro; en la madrugada del 26, Doris y sus compañeros se tomaron La Aurora; el 5 de enero de 2010 cayó la Finca Concepción…

El gobierno de Porfirio Lobo, electo a finales de 2009 e instalado el 27 de enero siguiente, se encontró con un fenómeno desbocado y ya no pudo hacer mucho. Las tomas siguieron. El nuevo presidente apenas alcanzó a colocarse como intermediario entre los campesinos y los terratenientes, encabezados por Miguel Facussé, dueño de 12 de las 23 fincas tomadas. La intermediación solo consiguió que los campesinos entregaran la mayoría de las tierras a sus actuales dueños y se instalaran en poco más de 4 mil hectáreas, a cambio de una promesa de compraventa, de remediciones y acciones jurídicas que definieran si era legal que un pequeño grupo de terratenientes tuviera tanta tierra en su poder. Así se desarrolló el conflicto: con el gobierno negociando con cada grupo por separado, y con los bandos enfrentados entendiéndose con las armas. Lo dicen los hechos. Lo dice el odio que ha crecido en estos tres años entre los dos bandos armados. Lo dicen los muertos que comenzó a cobrarse y que se sigue cobrando el conflicto del Bajo Aguán.

Como los tres guardias que en enero de 2010, cinco semanas después de la toma en la que participó Doris Pérez, regresaron a sus puestos de vigilancia en La Aurora creyendo que la Policía había desalojado a los usurpadores. Se encontraron con las armas de los campesinos, decididos a preservar a cualquier precio la tierra conquistada. Los tres fueron abatidos a balazos. Del lado de los campesinos no hubo ninguna baja. Las autoridades no realizaron capturas. Por ninguna de las más de 60 muertes que ha caudado la guerra por el Bajo Aguán hay capturas. Ni una sola. Los guardias, eso sí, han vengado a los suyos por la vía de las armas, en otros enfrentamientos, de otras maneras.

Zona de guerra

—¡Ahí van esos hijos de puta! ¡Sígalos, compa, sígalos!

Contagiados de la urgencia que hay en la voz de Vitalino, giro a toda velocidad el timón, damos media vuelta y enrumbamos de regreso a Tocoa. El pick up con el que nos acabamos de cruzar y que ha despertado la cacería desaparece en una curva. Aceleramos. 80 kilómetros por hora. Lo redescubrimos a lo lejos, en la recta de asfalto. En la cama del pick up van, parados, sujetos a un armazón de hierro, media docena de hombres. Algunos llevan pasamontañas. Van armados, pero por la distancia no sabemos si lo que cargan son escopetas, fusiles o -quién sabe- armas de juguete. Vitalino Álvarez, “El Chino”, el vocero del MUCA, que está sentado a mi lado y nos sigue animando a darles alcance, asegura que vio armas largas.

—¡Ahí llevan AK-47, compa! ¿No las vio? ¡Métale, compa! Métale para que les saquen la foto.

En el asiento trasero, el fotoperiodista alista su cámara. Los guardias bajan la velocidad cerca de la entrada a Tocoa, en un desvío en el que hay una gasolinera y que separa a la ciudad de las plantaciones. Entre Tocoa y las plantaciones de palma de Miguel Facussé hay 15 minutos en automóvil. La división entre lo urbano y lo rural es una nada.

Nos llevan 200 metros de ventaja cuando llegan al desvío y cruzan a la derecha. Vitalino, mi copiloto, sube el vidrio y se enrolla en el asiento. Perseguimos a los guardias de la finca San Isidro, la propiedad que colinda con el asentamiento campesino de La Confianza y con la finca La Aurora. Esta zona de plantaciones es como un rombo en el que en cada esquina hay hombres armados. Los guardias controlan una de las cuatro partes del territorio en disputa. Los campesinos las otras tres.

Los encapuchados giran a la derecha y se meten en una calle de tierra, paralela a la Carretera Panamericana. Vitalino grita:

—¡Siga recto, compa! ¡Ahí ya no nos metamos! ¡Esa es zona caliente!

Apenas y asoma los ojos chinos por la ventana, mientras los guardias se alejan, escoltados por una nube de polvo. No hemos tenido oportunidad de fotografiarlos. Damos media vuelta, ya despacio, y emprendemos el camino original hacia La Confianza. Vitalino no sale del caparazón en el que convirtió el asiento de copiloto hasta que retomamos la Carretera Panamericana. Son las 6:30 de la mañana. Es martes 29 de mayo de 2012 y faltan dos días para que venza un ultimátum que lanzó el terrateniente Miguel Facussé.

Han pasado tres años desde las primeras tomas en el Bajo Aguán y el gobierno no ha resuelto nada. Aquí todavía suenan las balas y caen los cuerpos. La lista de asesinados supera, repito, los 60. La mayoría de las bajas son del lado campesino. Las autoridades no han hecho, repito, ni una sola detención. El terrateniente dijo hace dos semanas que los campesinos tienen que desocupar las 4 mil hectáreas en las que se replegaron mientras esperan que el gobierno haga algo que convenza a todos, que deje satisfechos a todos. Pero en estos días nadie entiende, ni siquiera el gobierno, por qué el terrateniente tiene tanta prisa. Los campesinos han respondido que de esta tierra solo los sacan muertos.

Por fin atravesamos La Confianza, el asentamiento campesino más organizado del Bajo Aguán, y nos topamos con la cerca que separa la finca San Isidro de las tierras a las que las gentes del MUCA llaman con mística revolucionaria “territorio liberado”. La calle se convierte en una T que surca un océano de palmeras. Si vamos hacia la izquierda, nos explica Vitalino, daríamos con la misma “zona caliente” donde se metieron los guardias que perseguíamos. Ahí no entra nadie, dice. A la derecha está el sector de Sinaloa, con las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y el camino hacia la finca La Aurora, ambas en manos de los campesinos. Enfrente, 50 metros detrás de la cerca que protege la finca San Isidro, sobresale una barricada.

Es un muro de sacos de arena levantado debajo de las palmeras. Parece que no hay nadie, pero igual nos sentimos observados. Tomamos fotos. Esta es “zona caliente”, tierra de sospechas, de paranoias. Enfrente tenemos el territorio que ocupan los hombres de Facussé.

Vitalino nos invita a un café en un chalé ubicado en medio de los dos territorios enemigos. Bromeamos con que este lugar fue la Casablanca del Bajo Aguán, como en la película. Aquí, hace solo un año, guardias y campesinos coincidían a la hora del almuerzo. Hoy se han acumulado demasiados odios como para que eso se repita. Aquí, en este Rick’s centroamericano, mientras su dueña prepara huevos fritos, calienta el café y hornea las tortillas, Vitalino nos cuenta de una campesina aguerrida, una líder del movimiento. Nos habla de Doris Pérez.

***

A las 6 de la mañana del 5 de junio de 2011, Doris Pérez preparó cinco pollos que comerían su familia y sus amigos más tarde, en el almuerzo. Primero les torció el pescuezo. Luego los desplumó. Por último, les sacó las entrañas.

Terminando estaba con el último animal cuando unos jóvenes le advirtieron que los guardias de la finca San Isidro hacían “una gran disparazón”. “Ahí que se maten ellos, nosotros no les estamos haciendo nada”, respondió ella. Los jóvenes le dijeron que por atenida le podía ir mal, y se marcharon.

Media hora más tarde, cinco mujeres pasaron junto a Doris corriendo, espantadas. Cuando, intrigada, fue a ver qué pasaba al otro lado de la casa, que alguna vez funcionó como oficina gubernamental, a Doris se le aguadaron las piernas. Un grupo de guardias armados cruzaba la calle de tierra y estaba a punto de entrar al INA, el sector ocupado por los campesinos en el que desde un año antes vivía Doris. A gatas se metió a la casa y encontró a tres de sus cuatro hijos escondidos debajo de una cama. La mayor, de 11 años, que ya no cupo en el hueco, le dijo: “¡Hoy nos matan, mamita!”. Ambas se tiraron al suelo cuando la casa fue barrida por los disparos.

Pasaron unos minutos hasta que el silencio que suele seguir a las balas logró convencer a Doris de que era hora de escapar. Uno de los pasillos internos de la casa conducía al patio, donde quedaron unos pollos sin plumas, encima de una pila. Ahí reunió a los niños, que temblaban, y les dijo: “Primero Dios no nos pasa nada, pero tenemos que correr con todas nuestras fuerzas”. Les ordenó desfilar uno detrás del otro, lo más recto posible. Doris imaginaba que si corrían en grupo serían un blanco fácil. No habían avanzado ni 10 metros cuando le dieron la razón los zumbidos de los disparos que caían a los lados de la fila, que zigzagueaba entre los arbustos.

Cerca de la salida de la propiedad encontraron apretujadas, asustadas, congeladas, a las mismas que huyeron cuando inició el ataque. “¡Levántense, que ahí vienen los guardias!”

Y entonces Doris sintió el balazo.

Todavía siguió corriendo junto a sus hijos por unos minutos, hasta que uno de sus compas, que acudía en auxilio de quienes huían en desbandada, se le echó encima y la aventó al suelo. “¡Cuidado, muchacha!”, le dijo, antes de que ambos rodaran en la tierra, antes de que una bala zumbara justo donde ella estaba parada. Ese hombre, cree ella, le terminó de salvar la vida. El compa se levantó, tomó su fusil y se fue a repeler a los guardias. Antes de irse, le dijo a otro que auxiliara a Doris, gravemente herida. Solo entonces Doris se tocó el vientre y se manchó con su propia sangre; solo entonces se dio permiso para ser débil. Sintió algo ácido en el estómago y vomitó.

La bala había atravesado el celular que cargaba en la cintura, sostenido por unos apretados vaqueros, y se le había alojado en las entrañas. Ella cree que esa costumbre de cargar ahí los celulares le permitió sobrevivir. Ahí carga ahora su nuevo celular, cubriendo la cicatriz del disparo. “Imagínese me agarran de nuevo”, dice Doris Pérez.

***

Los guardias de los terratenientes tienen bien ganada mala fama entre los campesinos y entre oenegés que velan por los derechos humanos en Honduras. En la semana del ultimátum de Miguel Facussé un grupo de estas oenegés instauró en Tocoa un juicio simbólico en el que se recogieron más de 15 testimonios que hablan de asesinatos, maltratos, desapariciones, persecuciones a manos de esos guardias. Asistieron cientos de habitantes de las comunidades de la zona y de los asentamientos del MUCA. En la mesa de honor lograron sentar a un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Nadie contó el caso de Carmela Chacón. El 15 de mayo de 2011, los guardias de la finca San Isidro secuestraron a Pascual López, su cuñado. Pascual, de 45 años, le cuidaba unas vacas a Carmela en un pastizal ubicado al extremo norte de la finca, que linda con otro asentamiento de campesinos llamado Rigores. Cuando los guardias lo vieron, le dispararon en una pierna y luego lo arrastraron hacia el laberinto de las palmeras. Todo esto ocurrió frente a los ojos de Jaime, un niño de 12 años que acompañaba a Pascual aquella tarde. Será porque iba al otro lado del rebaño, cubierto por una docena de vacas, pero no vieron a Jaime, que cuando escuchó los disparos se escondió detrás de unos matorrales. Un año después, el niño no logra sacarse de la cabeza aquella imagen: un hombre arrastrado hacia una plantación mientras grita que lo suelten, que le den auxilio. Pascual, a la fecha, no aparece. Su cuñada, cuando lo recuerda, todavía llora.

Cuando inició el conflicto, los principales periódicos de Honduras, el gobierno y buena parte de la sociedad, cuando hablaban de la guerra en el Bajo Aguán se referían únicamente al terror que provocaban los “campesinos guerrilleros”. La violencia ejercida por el ejército de guardias armados que custodian las fincas de los terratenientes no encontraban espacio en ninguna portada ni en ningún discurso gubernamental. Si se pregunta a las autoridades, casi siempre dicen que los guardias actuaron en legítima defensa. Tuvieron que pasar tres años, y más de 60 muertos, la mayoría campesinos, para que los campesinos dejaran de ser víctimas de “la violencia” -así, en abstracto- de un país devorado por la delincuencia y con la medalla de tener la tasa de homicidios más alta del mundo. Ahora los periódicos comenzaron a preguntarse quién asesina a los campesinos del Aguán y a pedir reacciones a la Corporación Dinant, a la que los campesinos acusan de ordenar la mayoría de asesinatos. Dinant se lava las manos. Le reclama al gobierno porque no logra poner orden en la zona. Hoy que le toca responder, cuando un campesino cae muerto o desaparece, la empresa de Facussé responde que no se dedica a la eliminación sistemática de personas.

Los familiares de estos campesinos no creen a Dinant.

Yamileth Valle es una de las que desconfía. A mediados de marzo de 2012, dos fiscales del municipio de Trujillo ingresaron al recién inaugurado cementerio del asentamiento campesino en La Confianza. Pretendían exhumar un cadáver, pero no pudieron iniciar la excavación porque Yamileth Valle, de 16 años, estaba sentada sobre la tumba recién sellada y no quería levantarse. Tenía una mirada furiosa, en la mano derecha una piedra, y alrededor de los pies otra docena. Yamileth desafió a los fiscales a que intentaran desenterrar a su padre, Matías Valle, asesinado un mes antes, pero les advirtió que con las piedras apuntaba a la cabeza. Los fiscales no lo intentaron demasiado.

Yamileth desconfiaba de los fiscales. Ni siquiera creía que fueran fiscales. Aún hoy no tiene cómo comprobarlo, pero en el conflicto del Bajo Aguán casi nadie trata de confirmar sus sospechas. Aquel día, Yamileth temía que esos hombres estuvieran del lado de los asesinos de su padre, uno de los máximos líderes del MUCA. Desde el día del asesinato, los rumores decían que los sicarios que lo mataron no podían cobrar su pago porque les pedían la cabeza de Matías Valle como prueba para cobrar la recompensa.

Matías Valle se había convertido en los últimos años en uno de los principales promotores de la lucha campesina en el Bajo Aguán. Exsoldado, se convirtió a la causa campesina después de asistir a algunas asambleas que el MUCA organizó en su comunidad, ubicada muy cerca de una de las fincas de Miguel Facussé. Al principio, Valle llegaba a escuchar, pero pronto comenzó a hacer oír su voz y se acabó por convertir en el enlace de los campesinos del Aguán con las organizaciones campesinas del resto del país. Él fue el principal organizador de la revuelta pacífica que culminó con la toma de la planta extractora de aceite de palma de la Corporación Dinant en mayo de 2009. La primera toma campesina, la que dio inicio al conflicto armado entre los campesinos pobres y los guardias de los terratenientes.

La identidad del hombre que ordenó la muerte de Matías Valle quizá sea, para siempre, un misterio sin resolver. Yamileth da por hecho que los gatilleros eran hombres de Miguel Facussé. En la mañana en que fue asesinado, Valle esperaba un autobús en una parada cuando dos sicarios, en moto, lo acribillaron. Tres de los disparos le entraron en el tórax. Matías Valle quedó tendido sobre un piso de tierra, con los ojos completamente cerrados, frente a unas cajas de cervezas y gaseosas llenas de botellas vacías.

Lo velaron en su comunidad, y en la noche de la vela un amigo corrió el rumor de que los sicarios, guardias de una de las fincas, necesitaban cortarle la cabeza al cadáver para cobrar por el trabajo. Por eso en el cementerio de Quebradas de Arena se abrió un nicho para un cuerpo que nunca se enterraría. La familia decidió hacerlo en otra comunidad llamada Suyapa, pero el rumor también los alcanzó hasta allí. Matías Valle fue enterrado en los terrenos de La Confianza porque es zona liberada y los policías y fiscales saben que no pueden llegar hasta allí sin bajar los vidrios de los autos y, sobre todo, sin permiso del MUCA. La tumba fue cavada debajo de unas palmas africanas.

El sueño del guerrillero

Si no hubiera tanto en juego, las muertes en el Bajo Aguán quizá hubieran significado poca cosa en Honduras, el país más violento del mundo. Su tasa de homicidios para 2011 fue de 82 por cada 100 mil habitantes, y diluidos en esas cifras los asesinatos por este conflicto bien podrían pasar inadvertidos. Pero lo que ocurre aquí importa. Están en juego millones de dólares representados por miles de hectáreas agrícolas cultivadas con palma africana. Y está en juego un proyecto político.

En 2009 se expresaron aquí las profundas diferencias entre Manuel Zelaya, un presidente que se salió del molde de las élites hondureñas, y la poderosa clase empresarial del país. Es curioso que para entender el conflicto del Bajo Aguán haya que revisar el papel de un antiguo terrateniente convertido en político y derrocado con un golpe de Estado.

En junio de 2009 Zelaya, un finquero hijo de finqueros de la región ganadera de Olancho, había dado la espalda al ala tradicional del Partido Liberal, que lo llevó a la presidencia, y se había convertido en aliado del presidente venezolano Hugo Chávez. También se había revelado como un defensor populista de las causas campesinas en Honduras. El 17 de junio de 2009, en una reunión con un millar de campesinos del Bajo Aguán, realizada en la ciudad de Tocoa, Zelaya lanzó una bomba para el sector político empresarial del país: prometió remedir las tierras de los terratenientes y entregar los excedentes que estuvieran fuera de la ley, junto a otras tierras ociosas, a unos 100 mil campesinos que reclamaban suelo cultivable. Los líderes del MUCA que participaron en la firma de ese acuerdo no pudieron ser más felices. Zelaya movió hilos en el Congreso y aprobó el decreto que haría realidad sus promesas. El conflicto del Bajo Aguán parecía solucionado. Pero la alegría campesina duraría muy poco. 11 días después de esa promesa, el domingo 28 de junio de ese mismo año, el ejército, tras conspirar con la élite económica del país y con la mayoría del Congreso, sacó a Zelaya de su casa en plena madrugada y lo subió a un avión con destino a Costa Rica. Allá llegó exiliado el presidente derrocado. Allá se bajó de un avión, vestido en pijamas.

“Eso nos hizo entender que había que actuar por la fuerza, dado que el sistema estaba colapsado. No había otra salida”, dice hoy Jhony Rivas, uno de los líderes políticos del MUCA y el negociador en la mesa del gobierno de Porfirio Lobo, que tres años después todavía intenta solucionar el conflicto.

¿Qué pasó en el Bajo Aguán tras el golpe? Hasta agosto de 2009, dos meses después del golpe, los campesinos no hicieron nada. Se sumaron al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un movimiento que abrazaba a un sinnúmero de gremios, oenegés y asociaciones que van desde defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas, estudiantes, obreros, políticos y campesinos opuestos al golpe de Estado. El FNRP era una nueva izquierda visible, y quería el regreso de Zelaya. Para agosto de 2009 ya era evidente que no lo lograría. Entonces los campesinos se decidieron a actuar.

“Si algo estalla, va a estallar en el Bajo Aguán. Allá hay comunidades entrenadas, comunidades con armas”, nos dijo aquel agosto un activista beligerante del FNRP en Tegucigalpa. Este activista, en esa época, era uno de los encargados del sistema de comunicaciones, tenía contactos con la mayoría de líderes de esa resistencia.

Tres años después, en el Bajo Aguán hay una guerra entre dos frentes: los campesinos y los guardias de los terratenientes, y el Estado es apenas un testigo silencioso de lo que aquí está ocurriendo.

En septiembre de 2011 el general René Osorio, jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, calificó de “guerrilla” a uno de los bandos en esta guerra. Se refería a los campesinos.

***

Atardece en el Bajó Aguán, a la redonda todo se ha pintado gris y se aproxima una tormenta. La anuncia una llovizna que humedece la frente de Vitalino Álvarez, “El Chino”, el hombre con el que estuvimos persiguiendo a un pick up lleno de guardias. Recién cruzamos la caseta de control de la entrada principal y un hombre con pistola al cinto y un fusil en la mano le pregunta a Vitalino quiénes somos. Se lo pregunta con un semblante serio, con desconfianza. “Vienen conmigo, compa. Vienen a conocer el asentamiento”, explica Vitalino. El equipo de seguridad tiene todas las alertas encendidas.

Entramos a La Confianza y desde decenas de ranchos de manaca (como se llama aquí a las chozas hechas con ramas de palma africana unidas con nailon y recubiertas con barro) hombres, mujeres y niños nos observan curiosos. Los campesinos han soñado con que esto algún día se convierta en una bonita colonia. Las calles ya están trazadas, hay una escuela con techos de lámina, un templo católico, uno evangélico, los cimientos de una casa comunal y el pasto para una cancha de fútbol. El dinero para todo esto ha salido de la venta de la fruta de la palma africana que los campesinos han cosechado en las fincas tomadas. Los líderes del MUCA estiman que solo en 2011 lograron un producción de 114 millones de lempiras (alrededor de 6 millones de dólares). La administración de estos fondos recae en una asamblea comunitaria. Los del MUCA se han convertido en millonarios, por decirlo de alguna manera. En la tierra ocupada dan empleo a cientos de familias y con los beneficios pagan salarios que rondan los mil 300 lempiras semanales (68 dólares) por ocho horas de trabajo. Comparando con los 38 dólares semanales que ganaban trabajando para los terratenientes en estas mismas fincas, con jornadas que superaban las 12 horas diarias, los campesinos dicen sentirse satisfechos.

El MUCA asegura que el pago de salarios consumió el 60% de lo que el movimiento ganó en 2011. El resto lo invirtieron en seguir edificando La Confianza y en el mantenimiento de la organización. Y el mantenimiento de la organización incluye la compra de armas. En lo que va de conflicto, la Policía ha recogido rumores sobre las armas de los campesinos a lo largo y ancho del caudal del río Aguán. Solo rumores, porque armas de guerra no ha pescado ninguna. Esos rumores dicen que las AK-47 están escondidas en el follaje de las palmeras oenterradas a la orilla del río o en cajas, debajo de las chozas en los asentamientos… Hay fotografías que alimentan esos rumores: hace dos años, un fotógrafo de La Prensa captó la imagen de un grupo de encapuchados que cargaban lo que se presume eran unos fusiles de guerra.

Más rumores. Un periodista de la Resistencia Nacional, que nunca publica nada con su nombre real, que viaja por todo el país para monitorear cómo se está moviendo la Resistencia, invita a creerle y a no creerle cuando habla de los secretos del Aguán. “En una de las zonas tomadas hay un campo de entrenamiento militar, pero como nunca los dejarán llegar hasta ahí, y como el periodismo vive de confirmaciones, esto que les cuento no les sirve de nada”.

Lo cierto es que en La Confianza hoy Vitalino carga en la cabeza una gorra; en la espalda una mochila; y en la cintura, por debajo de la camisa, una pistola nueve milímetros. “Está en regla”, dice. Es decir, que es un arma legal, registrada a su nombre. Con la pistola se protege cuando sale del perímetro custodiado por el equipo de seguridad, porque el vocero del MUCA, dice, no puede andar desarmado cuando viaja a otros lugares. “Los compas me lo han exigido”. Los compas se la han comprado. Luego nos pide que no hablemos de las otras armas, que no fotografiemos las otras armas, que no escribamos de las otras armas.

Vitalino no es campesino. Al menos no un campesino que cultive palma africana. Es un activista político que antes del golpe de Estado trabajaba en la construcción y administraba una pequeña tienda. Ahora trabaja a tiempo completo como vocero del MUCA y enlace del movimiento con la prensa nacional e internacional. “¡Hasta la victoria siempre!”, se lee en su tarjeta de presentación. Vitalino ha sido político siempre. Es un sobreviviente de la década más represiva de un país que aniquiló, en los 80, todos los intentos de la izquierda de acabar por las armas con “los opresores” de este país. En Honduras hubo un intento de formar una guerrilla, como la de El Salvador, como la de Nicaragua, como la de Guatemala, pero fracasó. Vitalino sueña ahora con una segunda oportunidad.

En aquella época hubo dos famosas células guerrilleras ligadas al Partido Comunista de Honduras: las Fuerzas Populares de Liberación “Lorenzo Zelaya”, y los Cinchoneros. A los integrantes de la primera los llamaban “Lenchos”, en honor al pionero de las luchas campesinas, asesinado en 1935. Los de la segunda le deben su nombre a Serapio Romero, un campesino que vivía de hacer cinchos y correas para caballos. Hace un siglo y medio, Romero lideró una revuelta en contra del presidente de turno, fue capturado y murió decapitado, por orden judicial, el 20 de julio de 1868.

—A una de esas células pertenecía, pero no les voy a decir a cuál –dice Vitalino, mientras tomamos gaseosas al pie del rancho que comparte con su pareja, una morena de pelos rizados y labios gruesos. En una esquina del solar que ocupa en La Confianza, Vitalino tiene una letrina, y la puerta de lámina de la letrina está recubierta por una llamativa bandera de Estados Unidos. “Es que el imperio se ha cagado tanto en nuestros pueblos, compa, que hay que jugarle una broma”, dice Vitalino, mientras ríe con los dientes completamente pelados. Según él, en algo tiene uno que pensar mientras caga.

***

A Vitalino no le gusta revelar muchos secretos. No es originario del Bajo Aguán. Su verdadera residencia está a siete horas de camino, en otro departamento. Allá viven sus hijos y la madre de sus hijos. “Aquí está mi otra familia. Aquella ya la formé, ya camina sola. Ahora aquí me necesitan más”, dice. A su modo, Vitalino protege a los suyos, intercede por los suyos. Y ellos se lo agradecen.

“¡Chino! ¡Chino!”, grita una niña pelirrubia que nos sale al paso, con los brazos abiertos, bajo la llovizna. Seguimos recorriendo La Confianza y la niña prácticamente se cuelga de Vitalino, que la carga y la abraza mientras hace de guía en esta utopía de comunidad autorregulada. “El robo y el hurto comprobado se sanciona con tres veces el valor de lo robado, y se anotará en el expediente personal del compañero sancionado. Att. Junta de Disciplina y Vigilancia”, se lee en un rótulo colgado en la puerta de la administración de la comunidad.

Avanzamos. Un niño chapotea casi desnudo en una poza que se ha formada en la calle de tierra. Vitalino se molesta. Hay visita -nosotros- y quiere que todo brille en el asentamiento estrella del MUCA y un niño careto, con los calzones llenos de lodo, rompe con la estampa. Le grita a la mamá del niño y le hace señas. Se lo llevan. “¿Quieren ver la quesera?”, nos pregunta Vitalino, mientras la madre y el niño se escabullen dentro de una champa. “Eso que ven allá, al fondo, es el bulevar. Ya casi está terminado”. En una ancha avenida de tierra, una docena de lámparas formadas en línea recta esperan a que llegue el cemento.

Una reportera de la televisión local, del municipio de Tocoa, se entretiene entrevistando a la niña pelirrubia de siete años, ojos vivaces y pestañas colochas.

—¿Qué querés ser cuando seas grande? –le pregunta.
—Una socia de la cooperativa porque aquí vivo muy bien –contesta la niña, risueña pero apenada, moviendo los pies, apretándose los dedos, mirando hacia el suelo barroso.

Vitalino, complacido, sonríe. “Estos niños ya saben lo que significan las siglas del MUCA. Desde pequeños los vamos preparando”, nos dice. En las escuelas de los asentamientos, además de enseñarles a sumar y a restar, a los niños les inculcan la historia y los valores del movimiento campesino.

La reportera entrevista a Vitalino. “(…) Esta es una lucha que nunca vamos a dar por perdida”, alcanzamos a escuchar, mientras nos concentramos en la pelirrubia que ahora juega sobre un montículo de arena.

—¿Qué es el MUCA? ¿Qué significa? –le preguntamos.

La niña levanta el dedo índice y gira 360 grados, al tiempo que responde, risueña, con la mirada perdida en algún punto del asentamiento, que desde aquí luce inmenso:

—Todo esto es MUCA.

***

Son las 2 de la tarde y en el Bajo Aguán el calor provoca sudores a un millar de campesinos que rodean al ministro de Agricultura, César Ham. Ham es un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Honduras que con el tiempo se convirtió en burócrata y en uno de los líderes del partido de centroizquierda Unión Democrática (UD). Cuando derrocaron a Manuel Zelaya fue uno de los principales opositores al golpe y al gobierno de facto de Roberto Michelletti, pero no renunció a participar como candidato a la presidencia por UD en las elecciones que ganó Porfirio Lobo. El FNRP no se lo perdona. Le acusan de legitimar el proceso electoral y con ello al gobierno de facto. Peor fue cuando Ham aceptó integrar el “gobierno de unidad” que Lobo instauró, y se convirtió desde 2010 en ministro de Agricultura. A él le ha correspondido actuar como mediador en el conflicto de tierras en el Aguán. Sin resultados hasta el momento.

Ham es un hombre recio y desconfiado. No confía en los campesinos y tampoco confía en los guardias de Miguel Facussé. Hace dos horas entró al INA, el lugar en el que casi perdió la vida Doris Pérez, custodiado por un convoy militar compuesto por tres vehículos Humvee armados con metralletas M-60. Cuando entraron, los soldados apuntaron hacia los campesinos con sus armas. Un grupo compuesto por unos 30 campesinos respondieron apuntándoles con sus celulares. Decían que había que registrar en fotografías esa “intimidación”. Los soldados se retiraron del lugar, y se parquearon frente a la finca San Isidro, sin dejar de apuntar con sus metralletas. La reunión está por terminar y los soldados siguen patrullando el perímetro.

Ham ha venido para dar otro ultimátum a los campesinos: o firman un acuerdo de compraventa con el gobierno y asumen un préstamo con bajos intereses para pagar con él las tierras ocupadas a Miguel Facussé, o serán desalojados. “Es ahora o nunca, compañeros, tienen que firmar”, dice el ministro Ham. Le responde el silencio. Los campesinos no entienden por qué el gobierno se ha contagiado con la prisa del terrateniente.

Antes de que se retire, una campesina increpa al ministro:

—¿Por qué nos llama compañeros, si mire cómo nos viene a visitar: presionándonos, intimidándonos con esos hombres y esas armas?
—Compañeros, a mí me hubiera gustado ir a la finca La Aurora para reunirme allá con ustedes, pero es que no nos engañemos: esta zona es caliente allá y acá, y uno solo quiere ser precavido.

Ham se monta en su camioneta, y atraviesa La Confianza para buscar la Carretera Panamericana. Ni un ministro custodiado con tres Humvees se atreve a tomar el camino que corre a lo largo de la finca San Isidro, la zona caliente. En esta zona hay que ser precavidos.

***

El ministro se fue hace 10 minutos y nosotros queremos conocer a los famosos guardias del terrateniente. La guerra del Aguán se ha cobrado ya una docena de bajas de su lado y ellos también tendrán algo que decir. Pese a las advertencias de Vitalino Álvarez y a la precaución del mismo César Ham, decidimos que es ahora o nunca, así que tomamos la calle de la zona caliente y la atravesamos. Avanzamos a 10 kilómetros por hora. Desde ambos lados de la calle, el laberinto de palmeras africanas nos vigila.

A los pocos minutos los vemos. Serán unos ocho o 10. Quizá una docena. No hay tiempo para contarlos. Unos están sentados en una especie de banca y otros están parados. Parecen posar para una foto de postal, con el paisaje de las palmeras al fondo. Portan armas. Parecen escopetas. A su alrededor hay pichingas de agua. El grupo es una mancha azul turquesa en medio del negro de las sombras de las palmeras y del verde del follaje. De un inconfundible azul chillón es la camisa de su uniforme.

Vamos a detenernos. Levantamos la mano para saludar. Ellos nos han visto llegar y ahora nos pueden distinguir a través de la ventana abierta del copiloto. Es entonces cuando escuchamos un disparo. ¿Un disparo? En esta zona hay que ser precavidos, ya lo dijo el ministro, así que para efectos prácticos ese tronido fue un disparo. Aceleramos. Las llantas traseras se barren. ¿Se barrieron? Nos perdemos delante de una nube de polvo. ¿La levantamos?

Un día después, le narramos lo sucedido al jefe policial del municipio de Tocoa, Daniel Reyes.

—¿Un arma con silenciador? Tal vez un disparo a la tierra. ¿50 metros? ¿Dice que había palmeras? El sonido pudo ahogarse entre las palmeras… Pero mire, déjeme decirle algo… Eso que hicieron es una imprudencia. ¡Si ni nosotros vamos por esa ruta! Y si vamos nos coordinamos primero con ellos. ¿Es qué don Vitalino no les advirtió que esa es zona caliente?

En ese camino, en esa zona caliente, el 15 de agosto de 2011 cinco personas fueron asesinadas. Tres hombres y dos mujeres. Recién habían salido de las instalaciones ocupadas del INA. Nadie sabe por qué tomaron la calle de la zona caliente. Nadie les dijo que debían ser precavidos. Lo cierto es que un pick up los interceptó y desde el pick up los acribillaron. Cuatro de los asesinados eran empleados de la embotelladora Pepsi, que venían de pintar unas vallas publicitarias. La quinta era la dueña del negocio favorecido con la publicidad de esa compañía. Por esta masacre no hay ningún sospechoso, mucho menos algún capturado. Ya hemos dicho que por las muertes en el Aguán no hay nadie detenido. Nadie.

Tres días más tarde, en Tegucigalpa, le narramos lo mismo al gerente financiero de la Corporación Dinant, Roger Pineda.

—Honestamente no sé qué decirle. La verdad es que los nervios están crispados. No se justifica, pero (los guardias) deben tener una paranoia, sobre todo cuando ven gente extraña. Bueno, ustedes lograron captar la esencia del ambiente que está ahí, ¿no?

El terrateniente padece dolores de espalda

A juzgar por una foto colgada en el lobby de su oficina en la ciudad de Tegucigalpa, en la que se le ve con una banda azul cruzándole el pecho, uno pensaría que Miguel Facussé Barjum es el presidente de Honduras y está pasado de años. Por las fotos que hay en un taburete de su oficina, sin embargo, el terrateniente es un abuelo canoso, bonachón y sonriente. Y por el aparato de masajes dispuesto frente al ventanal, en el que se somete a dos sesiones diarias de terapia, Facussé es un anciano de 85 años que debe inclinarse mucho, boca arriba, para intentar sosegar sus fuertes achaques en la espalda.

Facussé es todo eso y más. Es uno de los empresarios más poderosos de Honduras y sus detractores dicen que es pieza clave para poner y quitar presidentes en su país. Su influencia se extiende por todo el istmo centroamericano, donde su empresa, Corporación Dinant, tiene fuertes inversiones. Inunda las cocinas -y los anuncios en televisión- con el popular aceite vegetal “Mazola” y las pastas marca “Issima”. En las tiendas y supermercados introdujo la marca “Yummies”, especializada en las tajaditas de plátano “Zambos”, en los palitos de papa “Zibas”, y en los aros de cebolla “Taco”. Las inversiones de Facussé inclusive saltan hasta México, al Norte; y Colombia, al Sur. El 4 de mayo de 2011, un fan escribió en la página de Facebook de la compañía: “Grande el Zar de las marcas”. Dinant produce y exporta snacks, jabones, lejías, pastas y aceite de palma. También ha invertido con éxito en biogás, biodiésel y biomasa. Todo esto último gracias a la palma africana.

A Facussé en las esferas políticas de Honduras todavía lo llaman “Tío Mike”, un mote que cobró relevancia cuando su sobrino, Carlos Flores Facussé, gobernó el país entre 1998 y 2002. Pero para los campesinos del Bajo Aguán este empresario es “el terrateniente”. El mote tiene un asidero lógico: según Dinant, antes de las tomas Facussé tenía en Honduras 16 mil hectáreas destinadas al cultivo de palma africana. Eso sin contar las propiedades que aseguran poseer en Nicaragua. El mote también lleva un dejo de rencor que asoma en la voz de los campesinos cada vez que hablan del conflicto: ¿De quién son esas tierras? “Del terrateniente”. ¿A dónde trabajaba antes de ingresar al MUCA? “En la palma del terrateniente”. ¿Quién mató a su esposo? “Los guardias del terrateniente”. ¿Por qué no denunció el asesinato? “Porque la Policía está con el terrateniente”.

En su oficina hay otros dos objetos que lo perfilan: un cuadro pequeño, con un dibujo a grafito, en el que sobresale orgullosa una palma africana, y una avioneta a escala que reposa sobre un archivero, al lado del escritorio. “¡Le fascinan!”, dice Anabela, su asistente en los últimos 25 años. En Honduras dicen que Facussé suele poner a disposición de los presidentes y de la élite política centroamericana sus avionetas. También hay quienes dicen que muchas de esas avionetas aterrizan con fines sospechosos en las plantaciones de palma del terrateniente. Sobre todo después de que la organización WikiLeaks revelara en 2011 algunos cientos de cables confidenciales de la embajada de Estados Unidos en Honduras.

En uno de esos cables, fechado el 4 de marzo de 2004, la embajada reporta el aterrizaje, descarga y posterior destrucción de una narcoavioneta en una finca de Facussé, ubicada en el municipio de Trujillo.

En el conflicto del Bajo Aguán, el narcotráfico ocupa un papel importante. Según el ejército, gracias a los narcos los campesinos se han armado hasta los dientes. Según los campesinos, algunos de los enfrentamientos en los que han muerto guardias e incluso policías han sido en realidad revueltas entre narcotraficantes y guardias o policías que se les enfrentan. Lo único cierto es que se ha comprobado que los narcotraficantes utilizan las fincas más cercanas al mar Caribe para aterrizar sus avionetas o descargar narcolanchas. Lo único seguro es que esta región está dominada por el narcotráfico.

Según el mismo cable develado por WikiLeaks, en marzo de 2004 fue el mismo Miguel Facussé quien reportó a las autoridades que una narcoavioneta fue derribada por los guardias cuando sobrevolaba su finca. Al margen de las diferentes versiones que la embajada norteamericana recogió sobre el suceso, el entonces embajador Larry Palmer cerró el cable considerando “de mucho interés” el hecho de que en los 15 meses previos al reporte otros cargamentos de droga habían tratado de desembarcar en esa misma propiedad de Miguel Facussé:

“In July 2003, a go-fast boat crashed into a sea wall on the same property and engaged in a firefight with National Police forces. Two known drug traffickers were arrested in this incident and 420 kilos of cocaine were recovered. Earlier in the year, another air track terminated at the same property and appeared to have used the same airstrip”.

***

Es lunes 4 de junio de 2012. El plazo para que los campesinos firmen con Facussé un acuerdo de compra o desalojen las tierras se ha vencido, y aunque la Policía ya recibió las órdenes de desalojo, por instrucciones del gobierno no han actuado y dan un compás de espera. El MUCA, acorralado, ha anunciado que firmará el acuerdo y comprará las tierras usurpadas. En la sede de Corporación Dinant, un complejo de oficinas situado en una loma, en el centro de Tegucigalpa, nadie está celebrando nada. Facussé no está en casa. Pese a la promesa de su equipo de relaciones públicas, el empresario designa a otro para que hable en su lugar: el gerente financiero, Roger Pineda. Al terrateniente no le gusta hablar con la prensa.

Pineda es un ingeniero agrónomo, experto en banca, que lleva 16 años trabajando para Facussé. Es un hombre de buenas maneras que habla fluido, como un candidato entrenado en plena campaña electoral, y quizá sea por eso que me recuerda a los diputados cuarentones, pasados de peso, que se saben ganadores porque hay alguien mucho más fuerte detrás de ellos que los respalda. Pineda es el representante y vocero de Facussé para el conflicto en el Bajo Aguán. Es quien da la cara a la prensa por su jefe. Desde septiembre de 2011 no viaja a la zona porque dice que lo han amenazado de muerte. Hace una semana, por sugerencias del departamento de seguridad de la compañía, blindó su camioneta.

Pineda asegura tener una visión clara de lo que está ocurriendo en el Bajo Aguán, pero antes de compartirla con nosotros ofrece copias de denuncias por usurpación y de un informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía de Honduras, en donde se detallan todos los ataques contra la Exportadora del Atlántico en el Bajo Aguán. Pineda muestra fotocopias de notas periodísticas que habla de campesinos armados y violentos. Habla de guardias desaparecidos. De guardias torturados “a los que les arrancaron la oreja como salvajes”.

—Contra los guardias de esta empresa también hay serias acusaciones –le decimos.
—¿Pero dónde están judicializadas? ¿Dónde están las pruebas? Nosotros amparamos nuestras acusaciones sobre la base de denuncias verificables en las oficinas destinadas a perseguir el delito. Los dichos de los campesinos, en cambio… ¿cuál es el asidero de sus denuncias?
—¿Los guardias de esta empresa nunca han disparado un arma contra un campesino?
—Siempre que han utilizado un arma de fuego es para defenderse. Nuestros guardias siempre han fallecido adentro de las fincas, no fuera de ellas.
—¿Qué ocurrió en la finca El Tumbador?
—No hay una conclusión clara sobre lo que pasó, pero nuestros guardias portaban pistolas y escopetas. Sin embargo, los campesinos tenían disparos de AK-47. Como le repito, nosotros pusimos a disposición de la justicia a nuestros guardias pero no hubo y a la fecha no hay certeza de lo que pasó.

El 15 de noviembre de 2010, en la finca El Tumbador, ubicada en el municipio de Trujillo, cinco campesinos fueron asesinados y otra media docena fueron heridos de gravedad, tras una toma que terminó en tragedia, los 100 campesinos que intentaron hacerse de la finca terminaron huyendo despavoridos. Según la Fiscalía, los cinco asesinados fueron abatidos fuera de la finca custodiada por los guardias de Dinant. Una de las víctimas, un joven de 23 años, José Luis Sauceda, padre de dos niños, recibió “varios disparos en la cabeza”.

—¿Qué tipo de armas utilizan los guardias de la empresa?
—Armas legales: escopetas y pistolas.
—¿No utilizan armas de guerra?
—Hay fotografías, de la prensa, en donde usted se da cuenta que son los campesinos los que utilizan armas ilegales. Yo no sé qué pasó en esa ocasión en El Tumbador… Supongo que ellos mismos, en la desesperación, fueron presas del cross-fire.
—El jefe de la policía municipal en Tocoa dice que en los enfrentamientos entre guardias y campesinos nunca han encontrado casquillos o municiones de escopetas o pistolas. Dice que los enfrentamientos son con armas largas.
—¡Pues claro! ¡Son las que usan los campesinos!

Roger Pineda saca una última fotografía: es una ampliación a colores. En la imagen, un hombre carga una pancarta de color rojo con las siglas MUCA pintadas de blanco. En la esquina de la pancarta aparece dibujado, en negro, el rostro del Che Guevara. Para Pineda detrás de las acciones de los campesinos hay una motivación política.

***

Un sábado de 2010 –Pineda no recuerda la fecha- un hombre que lo había visto en la televisión lo abordó a la entrada de un supermercado. Para esa fecha, primer trimestre de 2010, las 23 fincas en el Bajo Aguán seguían tomadas. El hombre le preguntó a Pineda si ya habían resuelto el problema, y Pineda le respondió que lo estaban intentando resolver. Entonces el hombre se le quedó mirando, serio, y Pineda se asustó. Después, se sorprendió. “Dígame la verdad –le dijo aquel hombre-, tengo 45 manzanas de tierras y quiero saber si las voy a perder o no”.

—Ahí me cayó el 20 de por qué el MUCA ha hecho esto, sobre todo a don Miguel. Lo que han logrado es crear en la mente de la población un estado de indefensión inmediato, bajo la siguiente lógica: la gente ve el escenario y se pregunta: ¿si al grande, o a uno de los más grandes lo botaron, por qué no me van a botar a mí?

Pineda está convencido de que hay un grupo detrás de los campesinos que está utilizando la fuerza como estrategia de una campaña política, pero no se atreve a ponerle nombre alguno a sus suposiciones. “No, sé, no sabría decirle…”

Pineda cierra su hipótesis citando otros hechos. Según él, la guerra por el Bajo Aguán lo que ha hecho es levantar otros frentes de guerra. Para junio de 2012, en varias regiones del país, incluido el Valle de Sula, departamento de Cortés, movimientos campesinos se habían tomado miles de hectáreas de cultivo de caña de azúcar. La industria azucarera de Honduras reportó pérdidas superiores a los 300 millones de lempiras debido a la toma de las tierras. Los campesinos de esa zona han copiado la organización de las tomas en el Bajo Aguán.

Los hombres más tristes del mundo

La penúltima vez que vimos a Jhony Rivas, el líder político del MUCA, a Vitalino Álvarez, el vocero, y a Doris Pérez, la campesina que se tomó La Aurora y fue baleada en el INA, fue el viernes 1 de junio, en la toma del puente sobre el río Aguán, que sirve de entrada al municipio de Tocoa. El día anterior había vencido el ultimátum del terrateniente y del gobierno.

Vitalino llevaba gorra, camiseta y su nueve milímetros en la cintura; Jhony Rivas un fólder en la mano y dos custodios en los costados; Doris Pérez llevaba sombrero, una camisa cuadriculada de botones tallada en la cintura, jeans apretados y un par de botas negras con tacón alto. Parecía una vaquera a la moda.

Vitalino soñaba con que en la marcha los campesinos desfilaran con los machetes en alto y con los malayos con los que cortan la fruta de la palma africana. El malayo es un tubo de aluminio de 25 metros de largo que tiene acoplada una hoja curva y afilada en la punta. “¿Ha visto cómo desfila el ejército chino, compa? Eso da una impresión de poder”, nos dijo días antes de la marcha. Pero en la marcha eran muy pocos los campesinos que cargaban machetes y solo él y los guardias de Jhony Rivas estaban visiblemente armados. Ese viernes, el MUCA, a sus campesinos, les aseguraba que nadie podía presionarlos, que la lucha llegaría hasta las máximas consecuencias.

Dos días después, el domingo 3 de junio, nos reencontramos con ellos en Tegucigalpa. Estaban recluidos en un hotel custodiado por el equipo de seguridad del MUCA. Después de la marcha en el puente, el equipo de negociación de los campesinos, liderado por Jhony Rivas, se había movilizado de urgencia para pensar mejor las cosas y había acabado por aceptar el acuerdo ofrecido por el gobierno, con cierta sensación de derrota.

Doris Pérez se alegró al vernos, pero rápido regresó a la melancolía que reinaba en el lugar. Nos dijo que los habían presionado con el uso de la fuerza, con las amenazas de desalojo, que firmaron sin querer firmar. Lo mismo repitieron Vitalino y Jhony Rivas.

Vitalino improvisó una conferencia de prensa y Johny Rivas se lanzó a hablar. A medio discurso entró al salón uno de los máximos dirigentes del Frente Popular de Resistencia Nacional de Honduras. Nos vio, saludó y se retiró. Era Rafael Alegría, uno de los hombres más cercanos al depuesto presidente Manuel Zelaya, que hoy impulsa la candidatura presidencial de su esposa, Xiomara, por medio del Partido Libre, extensión del FNRP.

La conferencia de Rivas se alargó una hora. Aunque la lógica mandaba que estuvieran felices porque ahora La Confianza y más de 4 mil hectáreas de tierra iban a ser suyas, porque ya no habría amenazas de desalojos y las escrituras estarían a su nombre, porque el conflicto, en teoría, estaba resuelto y cesarían los enfrentamientos, la violencia, los asesinatos, Jhony y Vitalino estaban tristes. En aquel hotel, lejos de celebrar que habían ganado tierra para más de 600 familias campesinas, actuaban como si lo hubieran perdido todo.

***

Un hombre camina lento en un camino de tierra, a un costado de una plantación de palma africana. Esa plantación es el laberinto de la finca Paso Aguán, otra de las propiedades del terrateniente Miguel Facussé. El campesino se llama Gregorio Chávez, tiene 69 años. Gregorio es miembro activo del MUCA. Alguien aborda a Gregorio y Gregorio desaparece sin dejar rastro. Desaparece en la tarde del domingo 3 de junio, el mismo día en el que el MUCA decidió darle una tregua al conflicto. A la fecha, Gregorio sigue desaparecido.

***

Un grupo de hombres encapuchados, sigilosos, armados, se abre paso entre las palmas africanas. Es la madrugada del domingo 8 de julio. Ha pasado un mes desde que los campesinos, el gobierno y Miguel Facussé acordaron la tregua; un mes desde la desaparición de Gregorio Chávez en la finca Paso Aguán. Los campesinos que caminan entre los árboles de palma saben que hay un acuerdo firmado y saben que hay un desaparecido más. Por supuesto que lo saben. Quizá albergan esperanzas de encontrar mientras avanzan los restos de Gregorio Chávez. Pero su objetivo es otro. El grupo sigue avanzando y esquiva como puede las ramas secas del camino. El menor ruido, cerca de la estación de guardias de seguridad, a la entrada de la finca Paso Aguán, podía frustrar la misión…

La guerra del fútbol

Publicado: 19 octubre 2011 en Ryszard Kapuscinski
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Luis… había leído un informe del partido de fútbol entre los equipos de Honduras y El Salvador. Los dos países jugaban para ganar el derecho a participar en la copa del mundo de 1970 en México. El primer partido fue llevado a cabo el Domingo 8 de Junio de 1969, en la capital hondureña, Tegucigalpa. Nadie en el mundo prestó atención.

El equipo de El Salvador llegó a Tegucigalpa el sábado y pasó una noche sin dormir en su hotel. El equipo no pudo dormir porque era blanco de la guerra psicológica emprendida por los hinchas hondureños. Una multitud cercó el hotel. La muchedumbre lanzó piedras en las ventanas y hacía ruido golpeando latas y barriles vacíos con palillos. Lanzaron petardos unos después de otros. Alinearon vehículos y tocaron sus bocinas parqueados delante del hotel. Los hinchas silbaron, gritaron y cantaron canciones hostiles. Esto duró toda la noche. La idea era que un equipo soñoliento, nervioso y agotado estaría limitado para perder. En América Latina éstas son prácticas comunes.

Honduras derrotó el día siguiente por uno a cero al soñoliento equipo de El Salvador.

Amelia Bolaños de dieciocho años de edad estaba sentada delante del televisor en El Salvador cuando el delantero hondureño Roberto Cardona anotó el gol en el minuto final. Ella se levantó y corrió al escritorio donde estaba la pistola de su padre y se disparó en el corazón. `La joven no pudo soportar ver a su patria perder,’ escribió un periódico de El Salvador el día siguiente. Toda la capital participó en el entierro televisado de Amelia Bolaños. Una guardia de honor del ejército marchó con una bandera al frente del entierro. El presidente de la república y sus ministros caminaron detrás del ataúd cubierto con una bandera. Detrás del gobierno venía la oncena del equipo salvadoreño que había sido abucheado, burlado y escupido en el aeropuerto de Tegucigalpa, y que había vuelto a El Salvador en un vuelo especial de esa mañana.

Pero el partido de vuelta de la serie tendría lugar en San Salvador una semana después, en el estadio con el bonito nombre de Flor Blanca. Esta vez el equipo hondureño pasó una noche sin dormir. La muchedumbre rompió todas las ventanas del hotel y lanzó adentro huevos podridos, ratas muertas y trapos que apestaban. Los jugadores fueron llevados al estadio en vehículos blindados de la primera división mecanizada –que los protegió de la venganza y de morir en manos de la multitud que alineó la ruta–, llevando las fotos de la heroína nacional Amelia Bolaños.

El ejército rodeó el estadio. En la cancha se apostó un cordón de soldados de un regimiento de la Guardia Nacional, armado con sub ametralladoras. Al ejecutarse el himno nacional de Honduras la muchedumbre rugió y silbó. Después, en vez de la bandera hondureña –que había sido quemada delante de los espectadores, enloquecidos de alegría– los anfitriones colocaron un trapo sucio, hecho andrajos encima del asta de la bandera. Bajo tales condiciones los jugadores de Tegucigalpa, no tenían, por razones comprensibles, sus mentes en el juego.Tenían sus mentes en salir vivos. Fuimos`terriblemente afortunados al perder,’ dijo con alivio el entrenador visitante Mario Griffin.

El Salvador ganó tres a cero.

Los mismos vehículos blindados llevaron al equipo hondureño directo desde el estadio al aeropuerto. Un destino peor aguardaba a los hinchas visitantes. Pateados y golpeados, huyeron hacia la frontera. Dos de ellos murieron. Más llegaron al hospital. Ciento cincuenta carros hondureños fueron quemados. La frontera entre los dos países fue cerrada algunas horas más adelante.

Luis leyó sobre todo esto en el periódico y dijo que iba a haber una guerra. Él había sido reportero durante mucho tiempo y sabía su oficio.

En América Latina, dijo, la frontera entre el fútbol y la política es vaga. Hay una lista larga de gobiernos que han caído o fueron derrocados después de la derrota del equipo nacional. Los jugadores del equipo perdedor son tratados como traidores en la prensa. Cuando Brasil ganó la copa del mundo en México un colega mio del Brasil se puso triste: ‘el régimen militar’, dijo, ‘ puede estar seguro al menos con otros cinco años de tranquilidad.’ En la ruta al título, Brasil ganó a Inglaterra. En un artículo con el titulo ‘Jesucristo defiende a Brasil’, el diario de Rio de Janeiro Jornal dos Sportes explicó así la victoria: ” siempre que la bola llegó a nuestra meta y un gol parecía inevitable, Jesucristo sacó su pie de las nubes y despejó la bola.” Dibujos acompañaron el artículo, ilustrando la intervención supernatural.

Cualquiera puede perder su vida en el estadio. En el partido en que México perdió con Perú, 2-1, un mexicano enojado gritó “¡Viva México!”y fue muerto, masacrado por la muchedumbre. Pero las emociones exaltadas encuentran a veces otras salidas. Después que México ganó a Bélgica 1-0, Augusto Mariaga, el guardia de una prisión de máxima seguridad en Chilpancingo (estado de Guerrero, México), llegó a delirar con alegría y corrió alrededor disparando una pistola al aire y gritando, `¡Viva México!’ abrió todas las celdas, liberando a 142 criminales peligrosos. Una corte lo absolvió, y según el veredicto, ` actuaba en exaltación patriótica.’

“¿Piensas que vale la pena ir a Honduras?” Pregunté a Luis, que entonces editaba la seria e influyente revista semanal Siempre .”Creo que vale la pena”, respondió, “algo va a suceder.”

La mañana siguiente ya estaba en Tegucigalpa.

Al anochecer un avión voló sobre Tegucigalpa y arrojó una bomba. Todos la oyeron. Las montañas cercanas repitieron el eco del violento estallido de modo que algunos dijeron más adelante que una serie entera de bombas habían caído. El pánico barrió la ciudad. La gente huyó a sus casas; los comerciantes cerraron sus tiendas. Los carros fueron abandonados en el centro de la calle. Una mujer corrió a lo largo del pavimento, gritando, `¡Mi niño! ¡Mi niño!’ Luego hubo silencio y todo quedó quieto. Era como si la ciudad hubiera muerto. Las luces se apagaron y Tegucigalpa se hundió en la oscuridad.

Corrí al hotel, entré a mi cuarto, puse papel en la máquina de escribir e intenté escribir un despacho a Varsovia. Intentaba moverme rápidamente porque sabía que en ese momento era el único corresponsal extranjero allí y que podría ser el primero en informar al mundo sobre el inicio de la guerra en América Central. Pero estaba oscuro en el cuarto y no podía ver nada. Encontré camino abajo a la recepción, donde me prestaron una candela. Regresé arriba, encendí la candela y encendí mi radio transistor. El locutor leía un comunicado oficial del gobierno hondureño sobre el comienzo de hostilidades con El Salvador. Entonces vinieron las noticias de que el ejército de El Salvador atacaba Honduras a todo lo largo de la línea fronteriza.

Comencé a escribir:

TEGUCIGALPA (HONDURAS) PAP 14 DE JULIO VÍA LA RADIO TROPICAL RCA HOY A LAS 6 DE LA TARDE COMENZÓ LA GUERRA ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS LA FUERZA AÉREA DE EL SALVADOR BOMBARDEÓ CUATRO CIUDADES HONDUREÑAS STOP AL MISMO TIEMPO EL EJÉRCITO SALVADOREÑO CRUZÓ LA FRONTERA HONDUREÑA TRATANDO DE PENETRAR EN EL PAÍS STOP EN RESPUESTA A LA AGRESIÓN LA FUERZA AÉREA DE HONDURAS HA BOMBARDEADO IMPORTANTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIALES Y FUERZAS TERRESTRES INICIARON UNA ACCIÓN DEFENSIVA.

En este momento alguien en la calle comenzó a gritar”¡Apaga la luz!” repetidamente, más y más alzando la voz con mayor agitación. Soplé la candela. Continué escribiendo ciegamente, por el tacto, encendiendo un fósforo al tocar las teclas.

LOS INFORMES DE RADIO DICEN QUE HAY LUCHA A LO LARGO DE LA FRONTERA Y QUE EL EJÉRCITO HONDUREÑO ESTÁ INFLINGIENDO FUERTES PÉRDIDAS AL EJÉRCITO DE EL SALVADOR STOP EL GOBIERNO HA LLAMADO A TODA LA POBLACIÓN A LA DEFENSA DE LA NACIÓN QUE ESTÁ EN PELIGRO Y HA LLAMADO A LA ONU PARA QUE CONDENE EL ATAQUE.

Desde temprano en la mañana la gente había estado cavando trincheras y erigiendo barricadas, preparándose para un ataque. Las mujeres almacenaban provisiones y protegían sus ventanas con cinta adhesiva. La gente corría cruzando las calles sin dirección; reinaba una atmósfera de pánico. Brigadas de estudiantes pintaban enormes lemas en las paredes y muros. Una burbuja de grafitis había estallado sobreTegucigalpa, cubriendo las paredes con numerosas consignas.

SOLO UN IMBÉCIL SE PREOCUPA NADIE ATACA A HONDURAS

Ó:

TOME SUS ARMAS Y VAMOS MUCHACHOS A DESTRIPAR A ESOS SALVADOREÑOS NOS VENGAREMOS DEL TRES A CERO

PORFIRIO RAMOS DEBE ESTAR AVERGONZADO POR VIVIR CON UNA MUJER DE EL SALVADOR

CUALQUIERA QUE VEA A RAIMUNDO GRANADOS QUE LLAME A LA POLICÍA ES UN ESPÍA DE EL SALVADOR

Los latinoamericanos tienen obsesión con los espías, conspiraciones y complots. En guerra, cada uno es quinta-columna. Yo no estaba en una situación particularmente cómoda: la propaganda oficial en ambos lados culpaba a los comunistas por cada desgracia, y yo era el único corresponsal en la región de un país socialista. Incluso así pues, quería ver la guerra hasta el final.

Fui al correo y pedí al operador del Telex que me acompañara para una cerveza. Estaba temeroso, porque, aunque él tenía un padre hondureño, su madre era una ciudadana de El Salvador. Era un nacional mezclado y estaba entre los sospechosos. No sabía que sucedería después. Toda la mañana la policía había estado reuniendo salvadoreños en campos provisionales, a menudo en estadios. En América Latina, los estadios desempeñan un papel doble: en tiempo de paz son lugares de deportes; en guerra se vuelven campos de concentración.

Su nombre era José Málaga, y tomamos una bebida en un restaurante cerca del correo. Nuestro estado incierto nos había hermanado. José telefoneaba a menudo a su madre, que estaba encerrada en su casa, y decía “mamá, todo está bien. No han venido por mi. Todavía estoy trabajando.”

Por la tarde otros corresponsales llegaron desde México, cuarenta de ellos, mis colegas. Habían volado a Guatemala y alquilaron un autobús, porque el aeropuerto en Tegucigalpa estaba cerrado. Querían ir al frente. Fuimos al palacio presidencial, un edificio azul brillante, feo, de principios del siglo, en el centro de la ciudad a arreglar el permiso. Habían nidos de ametralladoras y sacos de arena alrededor del palacio, y armas antiaéreas en el patio. En los pasillos adentro, los soldados dormitaban o caminaban alrededor en uniforme de campaña.

La gente ha estado haciendo la guerra por miles de años, pero cada vez es como si fuera la primera guerra emprendida, como si cada uno haya empezado de cero.

Un capitán apareció y dijo que era el portavoz de prensa del ejército. Le pidieron describir la situación y dijo que estaban ganando en todo el frente y que el enemigo sufría fuertes pérdidas.

“OK” dijo el corresponsal de la AP, vamos al frente.

Los estadounidenses ya están alli, dijo el capitán. Van siempre primero debido a su influencia – y porque comandan obediencia y pueden arreglar las cosas.

El capitán dijo que podríamos ir al día siguiente, y cada uno debía traer dos fotografías.

Fuimos a un lugar en donde dos piezas de artillería estaban emplazadas debajo de unos árboles. Los cañones disparaban y había municiones en el suelo. Delante de nosotros podíamos ver la carretera con dirección a El Salvador. A ambos lados de la carretera era pantanoso y más allá empezaba un denso bosque.

El sudoroso y barbado comandante en el mando nos dijo que no podíamos ir más lejos. Más allá de este punto ambos ejércitos estaban en acción, y era difícil distinguirlos. El bosque era demasiado denso para ver. Dos unidades opuestas se distinguían al último momento cuando se enfrentaban. Además ya que los dos ejércitos tienen similares uniformes, poseen el mismo equipo y hablan el mismo idioma era difícil distinguir uno de otro. El comandante nos aconsejó volver a Tegucigalpa, porque avanzar podía significar morir sin saber quién lo había hecho (como si importara eso, pensé.) Pero los camarógrafos de la televisión dijeron que tenían que ir a la línea del frente a filmar a los soldados en acción, disparando y muriendo. Gregor Straub del NBC dijo que él tenía que tener un primer plano del goteo del sudor de la cara de un soldado. Rodolfo Carillo del CBS dijo que él tenía que tener a un comandante desanimado que se sentaba debajo de un arbusto y que lloraba porque había perdido su unidad entera. Un operador francés deseaba filmar un panorama con una unidad de salvadoreños que atacaba a una unidad de Honduras desde un flanco, o viceversa. Alguien quería capturar la imágen de un soldado que llevaba a su camarada muerto. Los reporteros de radio apoyaron a los camarógrafos. Uno deseaba grabar los gritos de un herido pidiendo ayuda, al hacerse débil y más débil, hasta perder el aliento. Charles Meadows de Radio Canadá deseaba la voz de un soldado que maldecía la guerra en medio de un infernal ataque. Naotake Mochida de Radio Japón quería el grito de un oficial que gritaba a su comandante en medio del ruido de la artillería – usando un teléfono de campo japonés .

Muchos decidieron ir adelante. La competencia es un incentivo poderoso. Puesto que la televisión estadounidense iba, también tenían que ir los servicios de radio. Puesto que iban los americanos, Reuters tenía que ir. Excitado por la ambición patriótica, ya que era el único polaco en la escena, decidí unirme al grupo que intentaba hacer la desesperada marcha. A los que dijeron tener corazones enfermos, o estar desinteresados en detalles ya que escribían comentarios generales, los dejamos atrás bajo un árbol…

La guerra del fútbol duró cien horas. Sus víctimas: 6.000 muertos, más de 12.000 heridos. Cincuenta mil personas perdieron sus hogares y cosechas. Muchas aldeas fueron destruidas.

Los dos países cesaron la acción militar porque intervinieron los estados de América Latina, pero hasta éste día hay intercambios de fuego a lo largo de la frontera Honduras – El Salvador, y la gente muere, y se destruyen aldeas.

Éstas son las razones verdaderas de la guerra: El Salvador es el país más pequeño de América Central, tiene la densidad demográfica más grande en el hemisferio occidental (más de 160 personas por kilómetro cuadrado). Las cosas están apretadas, y tanto más porque la mayor parte de la tierra está en manos de catorce grandes clanes de terratenientes. El pueblo incluso dice que El Salvador es propiedad de catorce familias. Mil latifundistas poseen exactamente diez veces más tierra que cien mil campesinos. Dos tercios de la población rural no posee ninguna tierra. Por muchos años una parte de los pobres sin tierra ha estado emigrando a Honduras, donde hay zonas extensas de tierra sin cultivar. Honduras (112.492 kilómetros cuadrados) es casi seis veces más extenso que El Salvador, pero tiene casi la mitad de la población (2,500,000). Ésta fue una emigración ilegal pero fue mantenida silenciada, tolerada por el gobierno hondureño por años.

Los campesinos de El Salvador se asentaron en Honduras, establecieron aldeas, y crecieron acostumbrados a una vida mejor que la que habían dejado detrás. Llegaron a ser cerca de 300,000.

En los 1960, el malestar comenzó entre el campesinado de Honduras, que exigía tierra, y el gobierno de Honduras pasó un decreto de Reforma Agraria. Pero puesto que era un gobierno oligárquico, dependiente de los Estados Unidos, el decreto no tocó la tierra de la oligarquía o de las plantaciones grandes de banano que pertenecían a la United Fruit Company. El gobierno decidió redistribuir la tierra ocupada por los ocupantes ilegales de salvadoreños, significando que los 300,000 salvadoreños tendrían que volver a su propio país, en donde no tenían nada, y donde, en cualquier caso, serían rechazados por el gobierno de El Salvador, temiendo una revolución campesina.

Las relaciones entre los dos países eran tensas. La prensa en ambos lados emprendió una campaña de odio, llamándose nazis entre si, enanos, borrachos, sádicos, agresores y ladrones. Había pogroms. Las tiendas fueron quemadas.

En esas circunstancias había ocurrido el partido entre Honduras y El Salvador.

La guerra terminó en un estancamiento. La frontera siguió siendo igual. Es una frontera establecida a vista en el bosque, en terreno montañoso que ambos lados demandan. Algunos de los emigrados volvieron a El Salvador y algunos de ellos todavía están viviendo en Honduras. Y ambos gobiernos están satisfechos: por varios días Honduras y El Salvador ocuparon los titulares de prensa del mundo y fueron objeto de interés y preocupación. El único chance que los países pequeños del tercer mundo evocan un animado interés internacional es cuando derraman su sangre. Es una triste verdad, pero así es.

El juego decisivo se realizó en campo neutral, en México (El Salvador ganó 3 a 2). Los hinchas de Honduras fueron colocados a un lado del estadio, los salvadoreños al otro lado entre 5,000 policías mexicanos armados con garrotes.

A la orilla de la carretera hacia La Entrada, orina un hombre atrás de su carro. Anochece en la frontera hondureña con Guatemala. El Tigre Bonilla da la orden a su subordinado para que el convoy policial revise al borracho. Al vaquero gordo que orina lo acompañan su guardaespaldas y una señora que espera en el carro. En el carro, por supuesto, hay dos armas de fuego. El guardaespaldas muestra los permisos de ambas. El vaquero le grita algo a Rivera Tomas, el jefe policial del municipio de Florida, subordinado de El Tigre.

En ese momento, al otro lado de la calle, una camioneta repleta de hombres sube la cuesta con música norteña a todo volumen. Al ver la escena, el conductor frena con brusquedad y seis hombres armados bajan de ella. De inmediato, los 20 policías rodean y apuntan a los recién llegados.

—¡Soy el alcalde de La Jigua, pendejos! –grita el más gordo de todos los que acaban de llegar, y luego da un empujón en el pecho al agente que pretende revisarlo.

El Tigre, que observa a la distancia, no puede contenerse cuando mira la agresión contra el policía.

—¡A ver, qué papadas pasa aquí! –interviene.

El alcalde de La Jigua, Germán Guerra, lo ve, ve a El Tigre, y entonces entrega no una, sino las tres pistolas que andaba. Dos no tienen permiso, son armas ilegales.

La escena más descriptiva de esta frontera empezó a ocurrir aquí, ya a unos kilómetros de El Paraíso, un lugar que resultó ser un fiasco.

* * *

El Paraíso es un fiasco. Es un lugar vacío, solitario, de polvo o de lodo, depende de la temporada. Ahora es de lodo. Nada que ver con lo que me habían anunciado. Un lugar sorprendente, dijeron, un sitio que no muchos han visto. Un lugar del que jamás saldrás con vida si osas entrar sin permiso.

Nada de eso ha pasado. Aquí hay poco que ver, al menos si uno entra como yo entré. Si es así, El Paraíso es un fiasco. Lo del palacio sí es cierto, es imponente. Es un bloque de dos pisos, justo en el centro de El Paraíso, con sus cinco pilares largos en la fachada. Diminuto, en medio de la tormenta que hoy arrecia, asomaba el guardián del palacio a la par de uno de los pilares. Era apenas del tamaño de la base. Porque el palacio sí es tal cual lo que uno espera. Majestuoso, impoluto. Y allá arriba, arriba de la estructura y de los pilares, en el techo, digamos, un helipuerto, como si en El Paraíso hubiera mucha gente que necesitara un helicóptero para salir volando.

Todo ocurrió así porque la gente que alguna vez estuvo allá me dijo que no había otra manera de entrar, que llegar por llegar, como un turista desorientado, era inverosímil. Que, con suerte, solo sería expulsado de El Paraíso. Por eso tuve que entrar como entré, en caravana.

Así, El Paraíso es un fiasco. Es obvio que los vigilantes de este lugar nos detectaron desde que descendíamos entre precipicios por la vereda lodosa y turbulenta que conduce a El Paraíso, este municipio hondureño que hace frontera con Izabal, Guatemala, y que es señalado como la puerta de oro de la droga entre estos dos países.

* * *

En Honduras todo empieza mal desde arriba. Es de esperar que cuando uno busca entrar en un territorio de control del crimen organizado las advertencias fatalistas empiecen a darse en cierto momento a medida que uno se acerca al lugar.

No se puede entrar.

Ellos lo ven todo.

Si –quién sabe cómo– entrás, no salís.

En Honduras esto ocurre desde el inicio, desde la capital, Tegucigalpa, a ocho horas en vehículo de El Paraíso.

Era una tarde de sábado y en la mesa me acompañaban dos expertos reporteros del país. Ambos con experiencia en cobertura de crimen organizado. Al poco tiempo, se nos unió una fuente de confianza de ellos, un fiscal que también en varias ocasiones ha llevado casos que han involucrado a familias dedicadas al crimen organizado, que en Honduras se dedica principalmente al tráfico de drogas, personas y madera, y a la trata de personas.

Para hablar del tema hemos abandonado la fresca terraza y, a petición de uno de los colegas, nos encerramos en el apartamento a susurrar.

—Cerca de la calle ni mú –dice uno de los reporteros.

El fiscal ha llegado para reafirmar las restricciones.

—Copán es un lugar donde te podemos abrir contactos. Yo al menos tengo a alguien de confianza en la capital, Santa Rosa, pero hasta ahí. De ahí para la frontera con Guate es territorio de los señores. Allá no hay Estado que valga.

Por primera vez escuché hablar de El Paraíso. En esa conversación, El Paraíso era algo lejano, sin nombre, un lugar mítico gracias a su palacio municipal.

—Hay por ahí un pueblito en medio de esa zona de la frontera que sí es jodido. Dicen que tienen pista de helicópteros en el techo de la alcaldía, y que el alcalde se jacta de que ahí no les falta nada, de que no necesitan cooperación porque les sobra el dinero –contó uno de los periodistas.
—En esos lugares, cerca de ese pueblo, el Estado no tiene fiscales asignados exclusivamente para esa región, tiene pocos policías y ninguno de investigación, de unidades especiales. Esa zona, el gobierno ha decidido entregarla a los señores –complementó el fiscal.

* * *

Estoy convencido de que El Tigre Bonilla no está satisfecho. Son más de las 10 de la noche cuando salimos de El Paraíso. Los 25 policías que componen la aparatosa caravana están cansados. El ímpetu que mostraron al inicio del recorrido, cuando al mediodía registraban enérgicos cada vehículo que trastabillaba en estas veredas, ha desaparecido. Tiemblan de frío. Sus uniformes están empapados y el viento se los recuerda allá atrás en las camas de los pick ups. Pero El Tigre Bonilla quiere más.

El comisionado policial Juan Carlos Bonilla, El Tigre, es un policía de 45 años, con casi 25 de servir en la institución. Ahora mismo es el jefe de tres departamentos hondureños que hacen frontera con Guatemala y El Salvador. Él manda en Copán, donde estamos ahora, frontera con Izabal y Zacapa, en Guatemala. Izabal y Zacapa están bajo el control de los Mendoza y los Lorenzana, que según la Policía chapina son dos de las familias más emblemáticas del narco guatemalteco. Manda también en Nueva Ocotepeque, frontera con Chiquimula, Guatemala, y con Chalatenango, El Salvador. Este departamento hondureño es frontera con San Fernando, el minúsculo pueblo chalateco donde inician los dominios de El Cártel de Texis. El Tigre también es el jefe policial de Lempira, que hace frontera con Chalatenango y Cabañas, en El Salvador. Por encargarse de Copán, El Tigre está al mando del punto de salida de lo que en Honduras se conoce como el corredor de la muerte, la ruta del tráfico de cocaína que inicia en la frontera con Nicaragua, en el caribeño departamento de Gracias a Dios, y que recorre por la costa otros cuatro departamentos antes de llegar a esta frontera con Guatemala. Entre ellos, Atlántida, el departamento centroamericano más violento.

El Tigre es un descomunal hombre grueso y de casi 1.90 metros, con un rostro duro, como esculpido en roca, que recuerda a las mexicanas cabezas olmecas. Entre sus colegas tiene fama de bravo, y a él le gusta que así se le reconozca.

—Todos saben que conmigo no se anda con mierdas –repite seguido.

En 2002, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía acusó a El Tigre de participar en un grupo de exterminio de supuestos delincuentes en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Centroamérica, con 119 homicidios por cada 100,000 habitantes. Incluso hubo un testigo que dijo haber presenciado una de las ejecuciones de este grupo de exterminio formado, supuestamente, por policías y llamado Los Magníficos. El Tigre tuvo que pagar una multa de 100,000 lempiras (más de $5,000) por su libertad durante el juicio. Luego, en un proceso que muchos tachan de amañado, donde la principal promotora de la denuncia, la ex jefa de la unidad acusadora, quedó fuera de su cargo a medio juicio, Bonilla fue exonerado.

—¿Ha matado fuera de los procedimientos de ley? –le pregunté, mientras dejábamos atrás El Paraíso.
—Hay cosas que uno se lleva a la tumba. Lo que le puedo decir es que yo amo a mí país y estoy dispuesto a defenderlo a toda costa, y he hecho cosas para defenderlo. Eso es todo lo que diré.

La entonces inspectora María Luisa Borja aseguró ante los medios hondureños que durante el interrogatorio de la inspectoría interna, El Tigre pronunció una frase.

—Si a mí me quieren mandar a los tribunales como chivo expiatorio esta Policía va a retumbar, porque yo le puedo decir al propio ministro de Seguridad en su cara que yo lo único que hice fue cumplir con sus instrucciones –fue, según Borja, la frase de El Tigre, que luego llamó al entonces viceministro de Seguridad, Óscar Álvarez, hoy número uno en esa oficina.

Estamos aquí porque El Tigre quiere demostrar que no es verdad lo que le dije. Le dije que, según funcionarios, alcaldes, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, hombres y mujeres que piden que se oculten sus nombres, ciertas zonas de la frontera de Copán, de su frontera, están controladas por el narcotráfico. Por los señores, dicen.

El Tigre, en una tarde, montó un operativo. Me aseguró que los hace como rutina, y que hoy yo podía escoger dónde ir, para que me diera cuenta de que él entra donde le da la gana.

—A El Paraíso, quiero ir a El Paraíso.
—Está bien… Donde quiera entro yo… Niña, deje esos informes y prepare una buena comitiva de agentes, llame a los de caminos, pero no les diga a dónde vamos, que sea sorpresa.

El Tigre no confía en sus policías. Él dice que solo confía en uno de los de su zona: en él mismo.

* * *

El agente de inteligencia hondureño era más desconfiado que cualquier otro de Centroamérica con el que he trabajado. El de Nicaragua incluso accedía a tomar unas cervezas a orillas del Caribe, pero aquel asesor de inteligencia del Gobierno hondureño ni siquiera aceptó bajarse del carro. Dio vueltas por Tegucigalpa durante una hora mientras conversábamos, vueltas cuyo único patrón era no repetir la misma calle.

Yo buscaba preguntar un poco por la zona de Copán, conocer el sitio al que entraría. Sin embargo, la mitad del tiempo lo gastamos en preguntas de él hacia mí. Cuando al fin habló, lo que dijo retrató una zona de vaqueros y ranchos.

—Santa Rosa de Copán es un lugar de descanso de esos señores, de oficina. Ahí hacen tratos, se reúnen, tienen a sus familias y casas de descanso. Ahí también hacen trato con aquellos policías, alcaldes y funcionarios que tienen comprados, sus reuniones políticas.

El agente diferenció Copán de otros departamentos hondureños, sobre todo de aquellos como Olancho o Gracias a Dios, puertas de entrada de la cocaína que sube desde Colombia hasta Honduras. Allá, las balaceras son música cotidiana. Ayer hubo una de dos horas en Catacamás, la segunda ciudad en importancia de Olancho, porque los narcos de ese lugar disputan el control de las rutas con las familias de Juticalpa, la capital. En Copán, la efímera paz de los narcos reina de momento. Cuando tras sus batallas uno se proclama rey, durante un tiempo lo dejan reinar. Solo durante un tiempo.

—En Copán todos saben quién manda. Ese es territorio de gente vinculada al Cártel de Sinaloa, aunque no son exclusivos de ellos. Operan como agentes libres de quien pague, pero tienen una estrecha relación con Sinaloa. Incluso tenemos una alerta constante porque sabemos que (Joaquín) El Chapo Guzmán (jefe del cártel de Sinaloa) suele venir a los municipios fronterizos con Guatemala. Este año hemos detectado presencia de Los Zetas. Eso, de confirmarse su interés por la zona, cambiaría el panorama.

Dimos más vueltas por Tegucigalpa. Entramos a una zona residencial y al poco tiempo aparecimos en una avenida principal de la que pronto volvimos a salir. El agente de inteligencia del Estado continuó describiendo Copán como una zona de narcos más organizados, con más experiencia. Dice que gran parte del control de esa frontera lo tiene la familia Valle, con sede en El Espíritu, una aldea de poco menos de 4,000 habitantes a una hora de la frontera con Guatemala. De frontera sin aduana, obviamente, de frontera en pleno monte.

El agente defiende la teoría de que Guatemala es la cabeza centroamericana en cuanto a transporte de cocaína hacia Estados Unidos, son los hombres de confianza de los mexicanos y de los colombianos. Sin embargo, aseguró que las organizaciones hondureñas del occidente del país, como las de Copán, tienen un fuerte poder de negociación, gracias a su experiencia, y que eso queda demostrado por el constante envío de emisarios mexicanos a negociar a ciudades como Santa Rosa de Copán, sin intermediarios guatemaltecos de por medio.

—Y ya, que hoy solo íbamos a conocernos y ya empecé a hablar –dijo.

Detuvo el carro en una acera de Tegucigalpa, en medio de una colonia poco transitada. Cada vez que el carro no estaba en marcha, su mano estaba en la cacha de su Beretta. Con un gesto amable, me invitó a bajar. Lo hice y él se fue.

* * *

Parece que aquí un hombre sin pistola no es hombre. No exagero. Desde que iniciamos el recorrido al mediodía hasta ahora que salimos de El Paraíso y El Tigre continúa revisando a todos los tripulantes de cuanto carro nos cruzamos, solo dos hombres no han llevado al menos una pistola en el cinto. Hemos parado a 14 hombres. Solo uno, un pobre campesino en un carro destartalado, llevaba un revólver sin permiso, y ahora viaja esposado en la cama del pick up que escolta al nuestro, el que conduce El Tigre.

En estos caminos de tierra, las pistolas y los rifles son de lo más común, pero también más allá, cuando el lodo termina en pavimento.

Descendemos por la calle pavimentada que va desde el desvío hacia El Paraíso hasta La Entrada. La Entrada es un punto de carretera del municipio de Florida, como a una hora de la frontera. La Entrada, paso obligado para ir a El Paraíso, para ir a El Espíritu, para ir a la frontera donde los señores se mueven a sus anchas, es un asentamiento cada vez mayor, clave para el paso de la cocaína y la mercadería robada que transita la zona. La Entrada, digamos, es el punto intermedio entre la Copán civilizada y la Copán pistolera.

A la orilla de esta carretera hacia La Entrada, orina un hombre atrás de su carro. Anochece. El Tigre da la orden para que el convoy lo revise. El hombre vocifera, le grita algo a Rivera Tomas, el jefe policial del municipio de Florida, subordinado de El Tigre. Entonces aparece la camioneta del alcalde de La Jigua, repleta de hombres armados. Los 20 policías rodean y apuntan a los hombres. El alcalde arma su zafarrancho, se pone a insultar.

—¡A ver, qué papadas pasa aquí! –interviene El Tigre.

El alcalde de La Jigua, Germán Guerra, lo ve, ve a El Tigre, y entonces entrega no una, sino las tres pistolas que andaba. Dos no tienen permiso, son armas ilegales.

—Hola, Tigre, gusto de verlo otra vez. Vaya, está bueno, llévese las pistolitas, pero yo tengo que irme a un velorio –pide, lambiscón.
—Entiéndase con Rivera Tomas –responde con desdén El Tigre.

Se acerca a Rivera Tomas, lo toma del brazo y le dice en voz baja.

—Haga el procedimiento. ¡Lo miro temblando! Deje la cagazón. Así como llevó al indito del revólver, lleve a estos señores.

La Jigua es uno de los cinco municipios considerados como zonas de control de los narcotraficantes de Copán debido a estar en la franja del departamento que toca Guatemala.

Rivera Tomas ordena que los suban a la cama del pick up, esposados, y los lleven a la delegación de La Entrada. Es evidente el nerviosismo de Rivera Tomas. Es evidente que el alcalde de La Jigua solo cambió la actitud cuando vio a El Tigre. Es evidente que lo ve pocas veces. Y también es evidente que está acostumbrado a tratar a los policías como sirvientes.

—¿Ve? Conmigo no se andan con mierdas –se pavonea El Tigre.

* * *

—Si yo creyera que dar mi nombre cambiaría algo, te daría mi nombre, pero no sirve de nada, porque estos señores que mandan en esta frontera no están solos, detrás de ellos están los hombres de corbata que gobiernan el país –justificó el ex alcalde por qué no se identificará en la conversación.

Nos reunimos a desayunar en un restaurante en las afueras de Santa Rosa de Copán. Para que accediera a presentarse, este exalcalde de un municipio de la zona fronteriza de Copán, solicitó todo el protocolo habitual. Un conocido de confianza de él le dijo que confiara en mí. Le dijo que no publicaría su nombre, que no diría el lugar de la reunión ni el municipio que gobernó. Le dijo que tampoco le sacaría fotos. Entonces, aceptó hablar, e hizo un muy ilustrativo resumen.

—Mirá, aquí las cosas que parecen mentira, invento, exageración, no lo son. Hacen lo que quieren porque tienen todo el apoyo político que les viene en gana. El Chapo Guzmán sí que ha pasado por aquí, todos lo sabemos, ha estado en una hacienda en El Espíritu protegido por la familia Valle, los grandes lavadores de dinero de la zona, con hoteles en Santa Rosa de Copán y otro montón de negocios. Y ha estado en El Paraíso.

Por primera vez, de manera directa, pregunté por El Paraíso, por su bonanza, por su helipuerto y su alcaldía con ínfulas de El Capitolio.

—Mirá, todos los alcaldes de la zona sabemos cómo opera el alcalde de El Paraíso. Él no siempre te ofrece dinero. Cuando tenés ferias municipales él te manda a ofrecer lo que querás, jaripeos, grupos norteños mexicanos de prestigio que te atraen gente y así recaudás más. Luego, él te pedirá favores. Eso nos pasó a muchos alcaldes. Y vos te preguntás, si mi municipio es tan pobre, tan rural como el de él, ¿por qué él tiene tanto dinero como para traer grupos mexicanos que cobran miles de dólares por una función?

Lo que el exalcalde me contó mientras desayunábamos lo confirmó otro alcalde en funciones que también recibió ofertas del edil de El Paraíso. Este notable alcalde de El Paraíso se llama Alexander Ardón, y viaja en una camioneta blindada escoltada por otras dos en las que se movilizan los 20 hombres armados que lo custodian día y noche.

El interés mediático por El Paraíso se acrecentó cuando en 2008 el ex ministro de Seguridad hondureño, Jorge Gamero, calificó a ese municipio como “el punto negro de Copán”, un departamento ya de por sí célebre por ser clave en el tránsito de la cocaína sudamericana.

En una entrevista publicada en agosto de 2008 por el periódico hondureño La Prensa, la única que ha concedido el alcalde, Ardón se jacta de haber estudiado solo hasta quinto grado, de haber nacido pobre y ahora tener crédito de millones de lempiras con los bancos. Asegura que su municipio y él son ricos por la leche y el ganado. Dice que es un negocio millonario ese.

Ardón se define como un hombre humilde, pero asegura que es, literalmente, el rey del pueblo. Rehúye las respuestas sobre sus vinculaciones con el narcotráfico, y acepta que, por estar en la frontera, muchos ganaderos como él se han beneficiado del contrabando de ganado. Por lo demás, Ardón no da entrevistas ni recibe medios.

Quien sí lo hace es el obispo de Copán, Luis Santos, que desde 2008 ha declarado a diferentes medios frases que bien podrían ser impactantes titulares si no fuera porque en Copán ya cualquier declaración sobre el mundo del narcotráfico, por estrambótica que sea, se lee como normal. “En El Paraíso solo la iglesita queda, porque todo lo demás ya lo compraron los narcos”, dijo. “En El Paraíso hay aldeas donde pueden verse mansiones”, dijo también. “En El Paraíso las muchachitas no aceptan al novio si no tiene un carro último modelo, que los narcos sí tienen”, dijo. No nos perdamos: recordemos que El Paraíso es un municipio refundido en la frontera, refundido en Honduras, con acceso de tierra, de lodo.

—Hay cosas que todos sabemos, como que en El Paraíso en las elecciones de alcaldes y diputados de 2009, las urnas se cerraron a las 11 de la mañana con ayuda de hombres armados que repartieron a cada delegado del Partido Liberal 3,000 lempiras y los despacharon. Se llevaron las urnas y las terminaron de llenar –me dijo el ex alcalde en el desayuno.

Dos fuentes más me confirmaron este hecho en Santa Rosa de Copán. Uno de los que lo hizo es miembro del Partido Nacional, al que pertenece el alcalde Ardón. Los números de las votaciones hablan de unos muy inusuales resultados en El Paraíso en comparación con el resto de municipios. De los 12,536 votantes que podían decidir en ese municipio, 9,583 fueron a las urnas. Es el que menos abstención tuvo en todo el departamento de Copán. De esos votantes, solo 670 eligieron al Partido Liberal. Los otros 8,151 dieron el triunfo al Partido Nacional. Fue tanta la diferencia que El Paraíso estuvo a menos de 1,000 votos de conseguirle un diputado más a su partido en ese departamento. En los demás 22 municipios de Copán la diferencia de votos entre un partido y otro nunca superó las 600 marcas. En el municipio de Ardón, su partido barrió por 7,481 votos a sus contrincantes.

Es un hecho, si alguien se acerca a Copán a preguntar por el narco, el nombre de El Paraíso y de su alcalde terminarán saliendo a la plática. Eso le ocurrió, por ejemplo, al investigador y periodista estadounidense Steven Dudley, quien en su investigación de febrero de 2010 para el Woodrow Wilson Center y la Universidad de San Diego obtuvo información de la inteligencia policial así como de oficiales de la misma institución que le aseguraron que Ardón trabaja directamente con el Cártel de Sinaloa y que es usual que en este municipio se celebren fiestas de capos centroamericanos y mexicanos. Por eso no es de extrañar que en febrero de 2010, el actual ministro de Seguridad hondureño, Óscar Álvarez, declarara a la mexicana Radio Fórmula que el Chapo Guzmán, el capo mexicano más poderoso, vacaciona en El Paraíso.

Álvarez también dijo que a El Paraíso han llegado a tocar Los Tigres del Norte para amenizar fiestas de capos organizadas por el alcalde. Sin embargo, y aunque el folclor llama más la atención, pocos reparan en lo que me hizo ver mi informante de inteligencia.

—Con todo y su mala fama, Ardón es el alcalde de un pueblito perdido, pero es capaz de convocar, como lo hizo para la inauguración de su palacio municipal con helipuerto, a los políticos y empresarios más importantes de este país. Es un hecho, por eso no se permitió libertad de fotografías en el evento. ¿Por qué pasa eso? Porque uno de los mecanismos más eficientes para asegurarte tu tranquilidad, tu bienestar como señor de la frontera, es financiar campañas políticas departamentales y nacionales. Así, cualquier problema futuro se resuelve con una llamadita a tu amigo el importante político.

Según el alcalde en funciones y el ex alcalde con quienes hablé, aquella inauguración del pulcro palacio de El Paraíso fue una alfombra roja de diputados, funcionarios y empresarios.

* * *

El Tigre no quedó satisfecho con las órdenes que le dio a Rivera Tomas. Está estresado. Las oficinas no son su fuerte. Primero, condujo a toda marcha para encontrar un furgón que fue robado con todo y su carga: un tractor. Efectivamente, el furgón estaba a orillas de la carretera que va de La Entrada a Santa Rosa de Copán. Como era de esperar, el tractor había desaparecido. O sea que entre las 5 de la tarde que lo robaron y las 11 de la noche que llegamos, los delincuentes trasladaron un tractor de plataforma a plataforma y desaparecieron.

—Es que aquí no son rateros de cartera los que andan. Esto es frontera, aquí hay señores criminales. ¡Es por gusto, vámonos! Ese tractor ya ha de estar entrando a El Salvador por algún lugar de Ocotepeque –ordena El Tigre a los dos policías que escrutaban la oscuridad que rodeaba el camión mientras apuntaban al monte con sus M-16.

Pasó lo del camión, y ya hace media hora que estamos en la delegación de La Entrada para que El Tigre se cerciore de que Rivera Tomas no dejará ir al alcalde de La Jigua.

Alrededor de la delegación donde el alcalde firma furioso las actas de detención se han apostado 10 personas que, si no son guardaespaldas, intentan parecerlo. Nos examinan, nos filman con las camaritas de sus teléfonos a los policías y a mí, hablan por teléfono, nunca dejan de hacerlo, y se acercan para que los escuchemos: Ya lo vamos a sacar. No saben con quién se metieron estos pendejos. Le vamos a llamar al ministro. En unos minutos lo sacamos.

Pero El Tigre no está de acuerdo. Allá en la esquina azora a Rivera Tomas diciéndole que cuidadito y deja al alcalde de La Jigua pasar la noche en su casa.

Subo a la patrulla con El Tigre. Vamos solos en la cabina. En la cama del pick up van tres agentes. Avanzamos en silencio hasta que una llamada interrumpe en el celular de El Tigre.

—¿Que qué? ¿Que llamó a Barralaga? ¡Me vale verga! ¡Ahí me lo tiene!

Jorge Barralaga es el jefe policial de Copán. El Tigre es su jefe regional, y no se llevan nada bien. El Tigre pidió que se investigara a Barralaga por haber permitido, contra sus órdenes, que 60 policías de Copán brindaran seguridad a la Alcaldía de El Paraíso el 28 de febrero de este año, durante la inauguración. “¿Dónde se ha visto que se descuide todo un departamento para cuidar una alcaldía perdida?”, se pregunta El Tigre. No solo fueron los 60 que envió Barralaga, sino que, según correspondencia interna policial que pude ver en Tegucigalpa, se enviaron otros 20 agentes y algunos militares. Un ejército resguardó la inauguración de una alcaldía que gobierna a poco más de 18,000 personas. En algunas delegaciones solo quedó el motorista. Luego del evento, dice el documento en poder de la dirección nacional de la Policía, los más de 80 servidores públicos se formaron y recibieron 1,000 lempiras cada uno de agradecimiento. La Alcaldía de El Paraíso agradeció con más de 80,000 lempiras (casi $5,000) el gesto multitudinario de los encargados de la seguridad de esta frontera.

En su carta de protesta, anexa al documento, El Tigre se queja de que esto representaba “una violación y desprestigio de la imagen”, porque evidenciaba que “nuestra Policía está al servicio de individuos dedicados a la actividad del narco”. La queja de El Tigre terminó en un llamado de atención hacia él por su mala relación con los alcaldes de la frontera.

Seguimos en silencio por la carretera unos cinco minutos. Nueva llamada en su celular.

—Ajá, dígame. ¿Que qué? ¿Que también llamó el ministro de Seguridad preguntando que por qué han detenido al alcalde? Bueno, hasta que no les diga que lo liberen, ahí me lo tienen.

Cuelga.

—Condenados estos, no dejan de mover sus hilos –me dice, riendo.

Seguimos en silencio. Tres minutos nada más. Nueva llamada.

—Ajá, ajá, dígame… Sí, ahí lo tengo detenido, publíquelo… Ajá, entonces no es información lo que usted quiere, sino que yo libere al alcalde.

Tapa la bocina de su celular, pone el altavoz y me dice en susurro que es una periodista importante de la zona.

—Fíjese que me llamó el diputado Marcio Vega Pinto (diputado por Copán), que intercediera, que porque yo tengo contactos con usted me dijo –dice la voz de mujer.
—Pero ya sabe que en eso no la puedo ayudar –responde El Tigre.
—Se van a enojar todos esos alcaldes, ellos son bien amigos.
—Sí, ya sé que todas esas fieras me van a recordar de por vida.
—Mire, tenga cuidado, dicen que ese alcalde es socio de Los Valle, los de El Espíritu.
—¿Y que a esos Valle no les entra el plomo, acaso?

Quita el altavoz para despedirse de la periodista.

—No va a dejar de sonar el teléfono –me dice El Tigre-. Hasta que suelten a ese alcalde.

Aquí, en la frontera entre Guatemala y Honduras, entre Honduras y El Salvador, el dominio de los señores del narco se parece menos a un pueblo lodoso en la frontera y más a unas llamadas telefónicas que contesta gente que está lejos de la frontera.

Seguimos en silencio. Esta vez es un silencio que hace que El Tigre se sienta incómodo.

—¡Bueno, bueno, está bien! –irrumpe-. Si me dice que esos señores controlan la frontera porque saben cada vez que entro a El Paraíso o El Espíritu, le digo que sí. Me pregunto por qué, y respondo que porque mi gente está infiltrada.

Seguimos en silencio, pero sigue siendo incómodo, porque El Tigre me voltea a ver, como esperando que yo lo interrumpa.

—Se quedó inquieto –le digo.
—Es que está bien, si usted me dice que los señores narcos mueven libremente las drogas en esta frontera, yo le digo que sí, porque nunca he decomisado ni un granito de cocaína…

El Ministerio de Seguridad calcula que cada año atraviesan el país 300 toneladas de cocaína. Copán se considera la principal puerta de salida terrestre de esa droga hacia Guatemala.

—¿En todo este año no ha decomisado ni un granito en tres departamentos que hacen frontera con Guatemala y El Salvador?
—Nada de nada. Y me pregunto por qué. ¡Eso sí, yo no me le ahuevo a nadie! ¿Vio o no vio?
—Es cierto, Tigre, veo que no se le ahuevó al alcalde, ¿pero de qué sirve eso?

Seguimos en silencio hasta llegar a Santa Rosa de Copán.

Los pesetas

Publicado: 27 noviembre 2009 en Daniel Valencia Caravantes
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Misterio sale de las sombras de los dormitorios del primer nivel del penal de Támara y se aparece como fantasma silencioso en medio de la puerta. Nos lanza una mirada fría y cruza los brazos. No dice nada. Óscar, el otro guía que nos ha conducido por la cárcel más grande de Honduras, llega después, alertado por aquellos que tienden ropa afuera, en el patio. Hoy es día de limpieza en el sector de los pesetas.

El silencio adentro del penal hace que los segundos respiren en cámara lenta, en sincronía con el escaneo minucioso hacia los intrusos que esperamos a El Zarco. Por suerte, ellos se distraen con la película True Lies en la televisión colgada en la esquina de la pared. Solo entonces dejan de asfixiarnos con la mirada.

Una hora más tarde, mientras otro reo prepara tortillas, Misterio se enoja porque la fotoperiodista dispara hacia la cocina. Es la primera vez que habla sin hablar con los ojos y a Óscar le toca traducir la queja. “Esperen a que baje el hombre para ver si autoriza las fotos”, dice. Misterio, satisfecho, apoya el cuerpo en la pared y mira hacia el patio. Afuera, tres reos recogen la ropa seca. Son las 10 de la mañana.

El Zarco baja del segundo nivel, vestido con una toalla y pidiendo disculpas por el retraso. Se baña como quien va tarde al trabajo y sube corriendo las gradas. Minutos después regresa vestido, preguntando qué hacemos ahí.

—Queremos saber por qué los atacaron.

El Zarco llama a los otros dos y se sientan todos en círculo, acercando las cabezas al centro, susurrándose secretos al oído. Parecen los líderes conspiradores de una trama política. Si no fuera porque son retirados de pandillas y porque están presos, no habría creído que un tatuado con el barrio 18, otro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y un veterano de la pandilla Sunseri pudieran discutir sin matarse.

Entonces El Zarco me saca del asombro:

—¡Órale! –dice–. Ya vuelvo.

Sube de nuevo y baja con dos páginas de un periódico en donde se reseña el ataque que sufrieron el 20 de abril de 2009 dentro de la penitenciaría. Ahí comienza a señalar, una a una, las fotos de los fallecidos en ese ataque.

—Este es Luis, este es Víctor y este, ¿lo ves? Este de aquí es El Vago. Es el primo de este –dice El Zarco, dándole una palmada en el hombro a Misterio, que esquiva las miradas girando la cabeza, de nuevo, hacia el patio.

***

El Zarco tiene ojos verdes y una cara que parece estar afeitada con la mejor navaja del mundo. La faz la tiene simétricamente delineada en forma de V; y el pelo, al ras, lo hace ver como uno de esos cantantes de reguetón que salen en la tele. Lleva Nike negras y calcetines cortos del mismo color, una calzoneta azul de lona que esconde las piernas flacas y una camiseta blanca sin mangas que deja ver los brazos engreídos, el músculo redondo y perfecto. Es un adonis color canela a quien afuera de la prisión “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la región de Támara, Honduras, una mujer todavía le rinde culto.

—Mi amor, estoy en el trabajo –dice El Zarco a quien le habla desde quién sabe dónde esta mañana de martes.

La chica del teléfono como que se desplomó, porque él, compasivo, la levanta de nuevo con un:

—Tranquila, baby, cuando termine te hablo.

El Zarco cojea de la pierna derecha –herida del fútbol que juegan en el sector–, pero no cuesta imaginarlo “rifando el barrio” o conquistando lindas hondureñas en las caribeñas ciudades de Ceiba y Tela de las que tanto me habla. Pero es tarde para sueños. A ese mar que tanto recuerda no lo podrá tocar en los próximos 22 años porque cayó por tráfico ilegal de armas de fuego. Llegó hace ocho a Támara, ubicada a 45 minutos de la capital; hace seis se retiró de la pandilla del barrio 18 y hoy es uno de los líderes, junto a Óscar y Misterio, de un grupo de 46 hombres a los que las autoridades, sus enemigos y la prensa llaman los pesetas.

En este sector hay ex pandilleros del barrio 18, de la Mara Salvatrucha y de los Sunseris, otra de las pequeñas pandillas casi extintas de Honduras. Aquí todos son retirados. Lo sé desde mucho antes de cruzar los muros del penal y me pregunto cómo es que estos tipos que eran enemigos a muerte ahora conviven bajo el mismo techo. Al entrar a este sector –escoltado por tres que me vieron como bicho raro, haciéndome sentir fuera de lugar– me di cuenta de que viven como si no hubiesen sido enemigos. Se refriegan sus hazañas de cuando eran guerreros del barrio y nada parece molestarlos de esa épica en la memoria. Me pregunto por qué. Quizá porque comparten el mismo sino: los buscan para matarlos.

En Honduras, alejarse de las pandillas es como una doble condena de muerte. Si afuera del penal a los retirados sus ex compañeros los extinguen cuando los encuentran, adentro los retirados tienen tres enemigos: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y los reos comunes, aquí conocidos como paisas.

Los peseteados, los pesetas, son, a juicio de sus ex colegas, los peores traidores del mundo por abandonar al barrio o por robarle o delatarlo. Aquí adentro hay de todo. El término peseta se le habrá ocurrido a algún pandillero activo para decir que uno de sus ex compañeros ya estaba peseteado, es decir, marcado por haber renunciado a la pandilla. Cada uno de estos disidentes tuvo sus motivos para dar un paso al costado. El Zarco decidió dar “paz a la guerra, a las pandillas” adentro de la prisión porque dice que le mataron a la familia biológica. “A la familia”, repite.

Aquí El Zarco encontró a otros con los que ha formado una hermandad de retirados, en donde hay más bravos como Misterio –108 años por los homicidios que coleccionó– hasta los que cayeron presos por robo de autos y todavía no han sido condenados. Támara es injusta y de los 2 mil 646 reos que hay hoy, solo 885 están sentenciados. Luis y Víctor tenían una pena de ocho años cada uno: el primero por robo, y el segundo por violación. El Vago, que también venía por robo, llevaba un año preso y todavía no había recibido condena cuando murió.

Entre los pesetas hay unos que lavan, cocinan, asean, se drogan, juegan fútbol, se tachan los tatuajes, aprenden inglés y administran dos chicleras (venta de golosinas). Hay otros, comandados por El Zarco, que protegen al resto. Los protegen de una guerra que inició hace nueve años y en la que ellos son el flanco débil.

El Zarco me cuenta que los retirados viven como gallos de pelea dentro de una jaula repleta de zorros y le creo. Le creo porque hace cuatro meses, en este patio le mataron a tres de los suyos y le hirieron a otros 12; porque señala con el índice un hueco de unos 25 centímetros de diámetro en el gris concreto, debajo de una pequeña portería de fútbol, y porque dibuja en el aire los detalles de la onda expansiva que provocó aquella explosión. Los pesetas, aquí dentro, viven para sobrevivir.

En este mismo lugar, El Vago fumó su último cigarrillo aquella mañana del 20 de abril. Su suerte estaba echada para otro y él no lo supo nunca. De lo que sí estuvo consciente era de su rango de inferioridad y por eso había aceptado sin reclamos la misión que le habían encomendado: vigilar en dirección sur y parar las orejas como radares para escuchar cualquier movimiento detrás del muro, al norte.

Aquel día también era de limpieza y cerca de El Vago había unos lavando ropa. A su izquierda, un ex 18 de 22 años de nombre Yerson restregaba su camisa contra el suelo con un mascón. En esa esquina, Óscar vigilaba colgado de un hierro que le servía de plataforma. Y en la otra esquina, cerca de la puerta, Luis y Víctor platicaban con otros retirados.

Entonces El Vago vio rodar aquella bolita de metal –que venía del sur– hacia la pequeña portería, a su lado. Cuando la pelotita ingresó a la portería, quedaba un segundo para la explosión y fue cuando, resuelto, gritó:

—¡Granada!

Después del grito, El Vago era un cuerpo tirado en el concreto; el concreto era un pedazo del patio de Los Pesetas y Los Pesetas no lograron evitar el ataque.

***

A las 7 de la mañana, la neblina que todos los días envuelve a Támara con su manto gris no se había disipado del todo aquel lunes 20 de abril. Hacía frío. Un frío de muerte. El Zarco pensaba levantarse a las 10, pero se despertó a las 7:01 a.m. porque el “boom” de la explosión desbarató su sueño, haciéndolo brincar como rana hasta la primera planta del edificio, mientras soltaba varios ¡mierda! en el camino.

Cuando bajó y miró hacia el patio, sus compañeros eran como zombies aturdidos que se tambaleaban de un lado a otro sin rumbo fijo. Al fondo, cerca de las pilas, Yerson se meneaba como epiléptico y pedía auxilio mientras se tapaba el ojo derecho con ambas manos. Yerson quedó tuerto por culpa de las esquirlas. Óscar, empapado, salía de la pila en donde se refugió después de que El Vago los alertara con su grito. Misterio, sin camisa, también recién levantado, estaba hincado enfrente de El Vago, que boca abajo ya no respondía a nada porque la explosión y las esquirlas le sacaron toda la sangre del cuerpo.

Algunas de esas esquirlas se elevaron y rebotaron cerca de la ventana ubicada en la segunda planta del edificio. Ahí, en la ventana, El Black lleva cuatro meses hipnotizado por la fortaleza gris que se eleva detrás del muro de este sector. Colgado sobre una hamaca a 10 metros del suelo, este ex soldado de la Mara Salvatrucha acata las órdenes de El Zarco: vigilar hacia el sur. En esta guerra de Támara, El Black es un halcón centinela.

Hay un segundo halcón que vigila en dirección contraria, subido en un andamio de madera que truena, como rama seca, al menor movimiento del cuerpo. El Zarco aquí no pide permiso y le basta con decir “hola, buenas” para cuadrar a sus soldados. Al llegar a la esquina, mira a ese del andamio y con un chasquido de los dedos ordena que baje.

—Tenemos visita. Son periodistas que vienen a ver qué hay.

El otro, acostumbrado a la altura, baja de un salto para cedernos su puesto.

—¿Por qué los atacaron? –pregunto a El Zarco, una vez que nos acomodamos en el andamio.

—Porque son paisas, porque nos odian.

—¿Por pesetas?

La palabra peseta, me habían dicho, es el peor insulto que se le puede hacer a un retirado de pandillas en Honduras. En aquel momento la mencioné para confirmar el dato sin reparar en que estaba en un sector en donde hay ex pandilleros que alguna vez robaron, violaron y mataron. Aunque están retirados, ellos mismos me aclararon que de angelitos ni una pluma. Y yo, necio, sin meditarlo –pero ni un segundo–, encendí un fósforo dentro de un cuarto lleno de pólvora a la que por suerte no le cayó ninguna chispa.

Para los reos comunes, para los paisas, los pesetas deben pagar la factura por el maltrato que alguna vez infligieron en la calle cuando estaban activos. Es como si en ello encontraran una retribución divina. Matan pesetas porque estos ya no tienen a una pandilla atrás que los defienda. Porque están indefensos y porque son inferiores en número. En la prisión hay 2 mil 646 reos, aunque se construyó para 2 mil. Pandilleros de la MS-13 hay 153. Pandilleros de la 18 hay 145. Pesetas sobreviven 46. Eran más, pero a veces las autoridades inclinan la balanza hacia el lado paisa. Hace un año movieron a 18 pesetas trasladados del penal de San Pedro Sula hacia sectores paisas, a los módulos de Casa Blanca, en Támara. Según el director José Vásquez, los movieron porque temían que los pesetas tomaran más fuerza y se convirtieran en lo que tanto temen:

—En una súper pandilla –dice–. De los 18 trasladados, solo seis sobrevivieron. A los demás los hicieron picadillo en cuestión de minutos. Picadillo, como lo oye. Ha sido uno de los peores errores ese traslado –reconoce Vásquez, antes de que una cuchara llena con agua de sopa ingrese a su boca.

Dos días antes, mientras estábamos en el andamio de madera, viendo al sur, El Zarco me había dicho que un peseta en territorio paisa no dura ni 30 segundos.

—¿Y si un paisa es trasladado a este módulo?

—Aguanta con vida el mismo tiempo –dijo El Zarco, y El Black transformó su dedo índice en un cuchillo que se deslizó por su garganta.

Aunque lo desean, los dos retirados saben que ese es un escenario un tanto imposible. Lo mismo opina Vásquez:

—Nunca se ha trasladado a un paisa al sector de los peseteados.

El director es un moreno de unos dos metros, con brazos rollizos y unas piernas gruesas que llenan un uniforme militar de color azul. Vázquez no llega a los 40 años y ya es director interino de la prisión porque el director anterior tomó unas vacaciones mientras se investiga el incidente de la granada y otra serie de asesinatos registrados a lo largo del año.

Aquí en Támara se mata por venganza y por encargo. Y cuando matan, me dijo El Zarco, lo hacen porque algún preso les “cagó la vara” allá afuera.

—Se las cagó en algún negocio o matando algún familiar.

El martes 4 de agosto, en mi segundo día en el penal, en el sector paisa de Casa Blanca, un interno de nombre Jorge acuchilló a otro de nombre Miguel porque dijo que el segundo asesinó afuera a un primo y a un hermano. Miguel cumplía su noveno día en la prisión.

Afuera de Támara, en la Honduras de la esfera criminal, todo se sabe. Siempre se ha sabido y por eso a lo largo de su historia han caído cientos de guerreros de los grupos en conflicto. Aquí, desde la década del 90 hasta 2002, el promedio anual de asesinatos fue de 11 por año. En 2003 y 2004 la cifra ascendió a 21 muertos y desde entonces el registro anual no ha bajado de 10.

Vásquez explica lo que pasa en Támara con una naturalidad resignada, una naturalidad que solo poseen aquellos que saben que la costumbre puede convertirse en cultura. Y aquí la cultura es la plata de la droga o del encargo de homicidios.

—El poder económico que se mueve aquí es muy grande y no tenemos idea nosotros de cuán grande es. Solo suponemos. Y recuerde que la mayor parte de los seres humanos somos sensibles al dinero… los que se venden lo hacen por necesidad.

Aquí dentro no importa si son pandilleros o no las víctimas. Pero cuando los que cagaron la vara fueron pesetas, hay persecución y aniquilación. En su contra, los paisas incluso se tomaron la molestia de sobornar a un guardia para que permitiera el ingreso de la granada que mató a El Vago, a Luis y a Víctor.

—¿Para los pesetas guerra y muerte? –pregunto a El Zarco.

—Siempre, ¿me entiendes? –responde.

“Pe-se-tas”. La palabra llega separada en sílabas y en cámara lenta a la cabeza de Black, porque solo entonces despierta del trance y busca a El Zarco con la mirada. Algo se dicen sin decirse nada en ese segundo porque a Black se le escapa una carcajada. Black, entonces, me da una palmada en el hombro derecho. “Ja, ja, ja. Sí, pe-se-tas”.

El Zarco me pide que bajemos de la plataforma y de la segunda planta del edificio y acato sus órdenes como otro de sus soldados. Entonces nos dirigimos de nuevo a la meta donde estuvo parado El Vago. El Black nos alcanza en las gradas donde de 10 en 10, todos los martes, los retirados se sientan a masticar colores en inglés (“ye-llow”, dicen al unísono) que un gringo creyente de nombre Michael Miller les regala. Las clases de inglés y la eliminación de los tatuajes con rayos láser es lo más cercano a la rehabilitación aquí. “Ni nosotros podemos ni el Estado puede dar programas de rehabilitación”, dijo Vásquez.

Los tres regresamos al lugar en donde estuvo parado José Leodán García, El Vago, antes de convertirse en un cuerpo bañado por un polvo blanco que sudaba gotas de sangre. Guardamos silencio. Y entonces reaparece Óscar, que se escondió en su cuarto mientras recorríamos el sector, para contar que él se salvó por un golpe de suerte.

***

A las 6 de la mañana de aquel 20 de abril, Óscar estaba nervioso, intranquilo. Pero aquellos nervios que le susurraban al oído que algo iba a pasar no eran ninguna suerte de prestidigitación. No. Óscar sabía –como lo sabían El Zarco y Misterio– que él y sus compañeros serían atacados un día de tantos. Lo que no sabían era la fecha ni la hora exacta. Cerca de la pila donde se tiró como clavadista después del grito de El Vago, Óscar me confesó:

—Por eso vigilábamos.

Y por eso cuando Luis Omar Flores Lago, de 26 años, llegó con aquella propuesta, no dudó en aceptarla. A Luis la cafeína le jugó sucio.

—Quiero café, Óscar. Cambiemos un rato para ir a encargarlo –le dijo.

Óscar aceptó y se trepó, como gato, en la esquina, al fondo de las pilas. Testigo del intercambio fue El Vago, que también le pidió café a su amigo Luis. Óscar ya nunca más regresaría a su puesto, a la par de la portería, junto a El Vago. Tampoco regresaría Luis, que se quedó esperando las bebidas cerca de la puerta.

Crónica pesetas

La vida de Óscar se definió en cuestión de minutos. Un día después de dejar Támara, en la oficina de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en Tegucigalpa, el fiscal Juan Carlos Griffin me explicó que en el expediente del caso está la declaración de un testigo protegido que cuenta dos cosas. La primera, que había un blanco de nombre Óscar, que resultó ser el mismo veterano Sunseri de la región de Progreso, con 34 años, dos hijas y un nieto. El mismo al que le fascinan las zapatillas blancas y que fuera de prisión llegó a tener hasta 10 pares, todas de diferentes marcas. Las Adidas son las que más le gustan. Es el mismo Óscar que dejó la pandilla, hace 15 años, después de que un fulano casi le arrancara la cabeza con un machete.

—Por suerte no me pegó con fuerza –dice, señalándose la cicatriz que le nace en el centro de la nuca y le termina en la comisura del labio derecho. Un año después, Óscar cayó preso por pelearse con otro fulano que quería matarlo en un pueblo llamado Chamelecón.

—¡Los pandilleros deben morir!, me gritaba, y como no entendía razones y venía con otro fierro, le solté un plomazo. Justo en el corazón le cayó.

—¿Que no estabas retirado? –le pregunto.

—Es que todavía andaba haciendo algunos robos –contesta.

Óscar dice entre risas que la persecución que le dieron en Chamelecón ha sido la más grande registrada en la historia. Dice que corrió y corrió como correcaminos durante hora y media, dando vueltas por el pueblo, metiéndose en los matorrales, bajando y subiendo lomas para despistar.

—Pero esos coyotes sí eran astutos, y poco a poco me fueron cercando.

Lo cercaron tanto que el tambor del revólver que cargaba lo traicionó y él se quedó indefenso, como conejo acorralado, en una casa abandonada en las afueras del pueblo. La Policía llegó justo antes de que los familiares dolidos de la víctima lo mataran a golpes en el patio. Óscar nunca más temió por su vida hasta que llegó aquella mañana del 20 de abril.

La segunda cosa que contó el testigo de la Fiscalía es que entre los pesetas hay un traidor que presuntamente informó a los atacantes el orden de vigilancia que había en el patio. Lo hizo minutos antes de que Óscar y Luis cambiaran de puesto.

—Contrataron a un sicario adentro del territorio de los pesetas. El testigo X dice que el ataque iba dirigido a Óscar –leyó Griffin–. Eso es todo lo que tenemos.

Nunca sabré si Óscar sabía que él era el blanco porque desde que los dejé en Támara hasta la fecha ya no contestó su celular. Lo que sí me quedó claro es que después de la explosión ya no alcanzó a escuchar los gritos de Luis porque quedó aturdido adentro de la pila en la que se refugió. De oídas él sabe que Luis, antes de morir, gritó:

—¡Ayúdenme compañeros! –mientras caía al suelo, chorreando sangre de las piernas.

Tampoco alcanzó a ver que El Vago se elevó, como flotando –con las piernas apuntando a la puerta– después de tragarse la mayor parte de la metralla y antes de caer inconsciente. Con la piel color ceniza. Luego, color sangre. Muerto.

Y no pudo ver ni escuchar pedir auxilio a Víctor Manuel Quintanilla, de 27 años, que se sostenía con ambas manos el estómago desecho mientras susurraba:

—Quiero agua. Quiero agua, que me muero.

***

Hace 10 años, cuando la guerra arrancó, en Támara no había pesetas. Adentro, la guerra se libraba entre los paisas y los pandilleros de la 18 o de la MS-13, alimento de estas cárceles glotonas que a la fecha no dejan de tragar reos estén condenados o no.

Hace 10 años los retirados de pandillas morían en las calles de Honduras masacrados por sus barrios, engañados por sus conciencias, que les susurraban un “tirate, no pasa nada, tirate”, justo cuando llegaban al borde de un abismo imaginario.

En Honduras, la organización no gubernamental Casa Alianza lleva un conteo anual –producto del monitoreo diario en medios desde 1998 hasta la fecha– que cuenta de 4 mil 776 jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales en los barrios más pobres. Casa Alianza sospecha que en esa lista hay pandilleros asesinados por pandilleros; otros, por escuadrones de limpieza social –que aparecieron en el contexto del plan Cero Tolerancia del ex presidente Ricardo Maduro en 2003–, y otros que no eran pandilleros pero que pagaron el impuesto que se cobra a la marginalidad.

Todas estas cifras se suman a la cuenta de Honduras en esta región, considerada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como la más violenta del mundo con una tasa de homicidios de 33 por cada 100 mil habitantes. Honduras, Guatemala y El Salvador lideran la lista formando un triángulo perfecto.

En este país, a pesar de la ley que decreta la muerte al pandillero disidente, existen algunos a los que se les respeta la retirada gracias a la clecha (respeto y conocimiento de las reglas internas) que acumularon durante sus años de servicio. A uno de estos tuve que buscar una semana después de visitar a los pesetas de Támara para tratar de entender por qué todos los odian, por qué los matan, qué hay detrás de las paredes de Támara para que se desate esta guerra. Y lo encontré en San Pedro Sula, la ciudad industrial, la que impulsa la débil economía hondureña.

Jovel Miranda, Scrappy, me recoge un sábado al mediodía en la gran terminal de buses de San Pedro, un monstruo de concreto que hasta centro comercial tiene. Ahí me presenta a otros que, como él, dejaron las pandillas hace muchos años, se tacharon los tatuajes con láser o químicos y consiguieron trabajo con sueldo mínimo gracias al apoyo de la empresa privada y de organizaciones no gubernamentales.

De lejos, al igual que sus compañeros, Scrappy no aparenta haber tenido un pasado con las pandillas. De cerca, la piel abultada y lisa, como plástico, que lleva en las muñecas, lo delatan. Ahí cargaba, orgulloso, dos números 18 antes de borrarlos con ácido.

—Fue el precio que pagué para que me creyeran que me quería retirar –dice.

Scrappy era un pandillero de la 18 hasta que decidió dejar el barrio en Támara, justo dos semanas después de que arrancaran los conflictos entre los paisas y los pandilleros activos por el control interno de la droga. Eso fue en 2001. Hasta la aparición de los reclusos pandilleros en la segunda mitad de la década de los 90s, los paisas más fieros, ligados al narcotráfico y al crimen organizado, eran amos y señores de Támara.

***

Scrappy tiene 28 años y los ojos como los de El Zarco, pero a diferencia de aquel, ahora luce una barriguita y sus derrotados brazos perdieron los músculos que alguna vez presumían. Isabel, su mujer, me cuenta que antes tenía hasta tres mujeres al mismo tiempo que le planchaban, cocinaban y satisfacían. Cuesta creerla.

—¡No sabes cuánto me costó! Este baboso cuesta –me dice Isabel, una morena con curvas que sonríe todo el tiempo mientras la acompaño a dejar los pedidos de sopa de res a los clientes de su colonia, repleta de casitas de concreto en donde apenas y caben dos cuartos.

Scrappy no tiene trabajo con sueldo ahora y vive junto a su mujer de la sopa que venden todos los domingos.

Crónica pesetas

En 2003, Isabel, también ex pandillera, lo conoció en un salón lleno de retirados, en una oficina extraviada del centro de esta polvosa y seca ciudad. En aquel salón, Scrappy, entonces de 23 años, le ponía rostro al sueño que llevó a todos esos pandilleros a estar ahí sentados, aguantando el calor pegajoso de San Pedro Sula. Terminaron creyéndole porque tres años después de salir del barrio seguía vivo. Fue así como nació Generación X, una organización creada y dirigida por ex pandilleros de la 18 y de la MS-13 que en Honduras busca rehabilitar y reinsertar a retirados de pandillas.

Después de ocho años aún vive consciente de que en la calle, en cualquier vuelta de esquina, se le puede aparecer un salvatrucho o un dieciochero que no entienda razones.

—Lo vivo y lo acepto. Ya perdí el miedo –me confiesa en un cafetín maloliente en la segunda planta de un centro comercial. Allí alguna vez estuvo la oficina de la organización.

—Hoy esta es la oficina –me dice en broma, mientras me muestra su celular.

Como El Zarco, Scrappy se salió de las pandillas adentro de la cárcel. Como aquel, se salió porque le mataron a un ser querido. Y también se lo mataron en Támara. En 2001, la 18 en Honduras se dividía entre aquellos que respetaban las viejas costumbres de los pandilleros deportados y aquellos que creían que no tenían nada que obedecer a esos que eran escupidos por los aviones en los aeropuertos, traídos desde Estados Unidos.

Uno de esos pandilleros con clecha de Los Ángeles era El Shadow, que nació de padre y madre pandilleros. El Shadow era moreno, fornido. Sus tatuajes del 1 y el 8 en forma de pescado alucinaron a Scrappy. Se habían conocido en La Ceiba, la misma ciudad que alguna vez vio caminar a El Zarco, y se reencontraron en Támara. Scrappy acepta que mató, robó, traficó, pero asegura que por el crimen que lo condenaron no tenía culpa.

—Acepté para evitar que otro fuera preso. Eso en la pandilla es un gran sacrificio que se recompensa. Además, en aquel tiempo, en las cárceles para nosotros había una gran escuela.

En Támara, El Shadow enseñó a su discípulo que de una baleada (tortilla de maíz rellena de frijoles y carne) “pueden comer todos los homeboys”, que si uno tiene medias y tenis de marca, el otro debe tenerlas también. El Shadow fue para Scrappy esa figura paterna que nunca había tenido.

—Y lo mataron, lo mataron por pensar de esa forma. Lo mató aquella que yo pensé que era una familia. Ahí me di cuenta de que uno en la pandilla lo puede dar todo, hasta la vida, pero la pandilla puede pagarte no con la misma moneda.

Una mañana de septiembre de 2001 El Shadow se levantó con un dolor en el estómago que le sacaba gritos de desesperación.

—Traeme agua –pidió a Scrappy.

El Shadow se la empinó y después cayó al suelo, donde comenzó a restregarse.

Scrappy aún no sabe si el veneno con el que lo mataron iba en el agua o en el vaso con chicha que toda la noche le estuvieron rellenando a El Shadow, mientras departía en una pequeña fiesta organizada en el sector.

—¡Me mataron! –gritó El Shadow antes de ahogarse en su propio vómito.

Murió en los brazos de Scrappy, en una celda del sector de Casa Blanca, en Támara, cuando aún no había pesetas.

***

Dos semanas después de la muerte de El Shadow, Scrappy descubrió a qué sabe el miedo. En cada mirada adentro del sector de la 18 creía reconocer a su potencial asesino y por eso se convirtió en un ermitaño. A su cuarto llegaban a buscarlo “porque ya no participaba”, me dice, y eso le afligía. Le preguntaban por su fidelidad al barrio y él temía que le descubrieran esa idea loca que le comía la cabeza. Quería desertar.

Esas dos semanas dio vueltas al asunto e incluso participó en la primera batalla entre paisas y pandilleros sin saber realmente si quería morir por el barrio. En septiembre de 2001, los sectores de las pandillas MS-13 y 18 ya se habían convertido en competidores de los paisas en el contrabando interno de armas y de droga. Al principio, las pandillas le compraban la droga a los paisas, usando a los custodios como encomenderos. Más tarde descubrieron que ellos también podían sobornar y tener su propio mercado, ofreciendo el precio de la droga, robándole una porción del pastel a los paisas.

—En ese momento estuvimos a punto de tener una gran batalla, recuerdo, porque el sector de los paisas quedaba frente al nuestro. Llovían piedras, garrotes… a tirarnos balas íbamos cuando entraron los custodios y a todos los pandilleros nos fueron a meter a las salas de aislamiento –dice Scrappy.

En una de esas salas estaba cuando su padre biológico llegó a ofrecerle un trato.

Joel Miranda es un hombre alto, moreno, con bigote y con una barba canosa. Tiene los ojos del color de los de su hijo y hoy lo transporta en su taxi por la ciudad cuando Scrappy lo necesita. Una noche de lunes, una semana después de mi visita a Támara, Joel me lleva a una colonia pobre en las afueras de San Pedro Sula para conocer a El Negro, un hombre de 25 años, con un 18 que le inicia en el pecho y le termina en el ombligo. El Negro, por las mañanas, trabaja de soldador y por las tardes se disfraza como adolescente de octavo grado porque quiere sacar el bachillerato, ir a la universidad, superarse fuera de las pandillas. El Negro es uno de los últimos jóvenes a los que Scrappy convenció de que dejara el barrio.

Conversar con los convertidos por su hijo a Joel le hincha el pecho de orgullo y le hace recordar su drama con Scrappy. De regreso al hotel, se confiesa. Hace 26 años, cuando el niño tenía dos, Joel decidió huir hacia Estados Unidos víctima de un policía que le pedía demasiado dinero por dejarlo comerciar con droga y armas. Allá, en un giro de 180 grados, se convirtió al evangelio después de pasar toda su juventud metido en el mundo de la droga. Regresó a Honduras por sus hijos cuando el primero tenía 11 y la segunda 9. Quería rescatar al varón que ya andaba de “fascinante”, como le dicen a los jovencitos que todavía no han sido brincados por las pandillas. Scrappy y su hermana rechazaron a su padre pero este, terco como mula, insistió. Al pasar los años se consiguió otra familia ajena a Scrappy, quien en ese momento ya daba su vida por el barrio.

—Una vez me lo balearon y por un milagro un amigo taxista que lo conocía lo encontró tirado en la calle y lo llevó al hospital –dice Joel, mientras limpia el empañado parabrisas.

Después su hijo cayó preso y entonces Joel se propuso visitarlo por última vez. Viajó en bus desde San Pedro hasta la prisión y llegó a la celda de aislamiento en donde metieron a Scrappy después de la primera pelea con los paisas. Scrappy lloró 15 largos minutos antes de responder al ofrecimiento que le llevó su padre.

—Te puedo sacar de aquí pero solo si prometes dejar de una vez por todas esta vida. Y esa es tu decisión –le dijo.

Joel, después de soltar esto, se parquea al lado del camino porque entre la lluvia que afuera cae a cántaros y la que le comienza a salir de los ojos ya no ve nada. Joel llora como un niño que se desahoga con su madre.

***

El paisa que tiró la granada aquella mañana tenía el brazo de un jugador de béisbol y la precisión de un billarista, porque hizo que se elevara sobre el muro que separa a Diagnóstico del sector de los peseteados, cayera en el centro de la cancha de fútbol y luego rodara hasta la meta, a la par de El Vago.

Desde las ventanas de Diagnóstico se ve todo el patio de los pesetas. Del otro lado comen, viven y duermen algunos de los líderes del crimen organizado y del narcotráfico de Honduras. Allá, debajo del muro, hay un taller en donde apareció el seguro de una granada de fragmentación M67. Un seguro sin huellas que perseguir.

El fiscal Juan Carlos Griffin dice que cuando investigaron quién la lanzó, los paisas de Diagnóstico respondían riéndose como hienas burlonas.

—Se reían, ¡en serio! –responde Griffin, al repreguntarle por la reacción de los paisas.

En estos cuatro días en Támara solo he visto a un paisa de Diagnóstico. Este salió, esposado de manos y pies, por la puerta principal justo cuando llegamos a la cárcel. Un custodio sujetaba sus hombros mientras tres oficiales mujeres tomaban sus datos. Tenía bigote espeso, ojeras profundas y una frente y unos pómulos recios, que combinaban perfecto con su cara cuadrada y con sus brazos fuertes como mazos.

Antes de irse observó, uno por uno, con tiempo, sin prisa, a todos los que lo rodeábamos. Si Misterio con su cara tatuada y Óscar con su cara deformada por un corte de machete asfixian con la mirada, este paisa sin tatuajes no se detiene. Estrangula. Acuchilla. Dispara con esos ojos negros.

El paisa se fue y las tres mujeres, vestidas de azul, con gorras en la cabeza y botas estilo militar, fueron las primeras en comentar lo que yo ya sabía. Los paisas sobornaron custodios para ingresar la granada a la cárcel. En Támara, la droga, los celulares, las armas, camas, equipos de sonido y televisores siempre entran por la puerta principal.

“Hay quienes aquí se venden”, dice una de ellas, antes de catear a un compañero. Luego el proceso se repite con otros 12, algo que, aunque es una rutina diaria, igual le causa gracia. “A ver, ¿qué lleva?”, pregunta la misma antes darle dos palmaditas en las axilas, otras dos en las caderas y dos últimas en las piernas a su compañero. Eso es todo. Los días de visita hacen lo mismo con los familiares de los reos porque tienen prohibido escrutarles los genitales. “Por aquello de los derechos humanos”, dice.

Crónica pesetas

En Támara, la máquina detectora de metales no sirve y los perros que olfatean droga nunca están cerca.

—Yo creo que cuando encontramos a una mujer con una bolsa de marihuana en la vagina es porque llaman nuestra atención para ingresar cargamentos más grandes con más bolsas y más vaginas – comenta otra de las oficiales.

Ella lleva 12 años como custodia. Tiene 40, un sueldo equivalente a 100 dólares mensuales y un deseo por cualquier otra vida mejor que esta. En 1997, un informe oficial ya advertía de que la corrupción en el sistema penitenciario de Honduras tiene orígenes económicos.

El halcón Black, originario de Olancho, con 26 años y una pena de 19 por hurto y robo, lo explica de una mejor manera. Él apenas lleva tres años preso y ya ha aprendido la importancia de tener dinero en los bolsillos para sobrevivir acá adentro.

—Aquí, yo, él, todos nosotros valemos dinero –me dice más tarde, mientras tres pesetas dan vueltas como disco rayado alrededor de la cancha. Uno mueve los brazos como si fuera cantando un rap; otro habla por teléfono y el tercero fuma un puro de marihuana.

—Aquí hay días que te podés volver loco si no tenés comida o droga –añade.

La droga, el dinero y las armas, los alicientes de estos hombres sin libertad, mueven un mercado negro en la prisión en donde los custodios se llevan una parte del botín. Las tres oficiales dicen que no todos son corruptos pero cuesta creerlo. Antes de despedirme de ellas, la anciana madre de un reo llega a pedir un favor a la puerta de la cárcel. Quiere que le entreguen a su hijo un dinero para pasar el mes.

—¿Cuánto le trae? –le pregunta una oficial.

—600 lempiras.

—¿Cuánto va a dejar por la carrera? Le recomiendo que deje algo porque así tiene más certeza de que le llegue a su hijo el dinero.

La anciana Oliva accede entonces con 100 lempiras más después de la recomendación. Luego la oficial se dirige a otro cabo que está adentro del salón y regresa con un papelito en donde se lee “600 para X. 100 de carrera. Espere confirmación”.

Por esta puerta donde se dejan encomiendas ingresó también la granada con la que los paisas atacaron a los pesetas hace cuatro meses. La investigación interna, basada en lo que dijo un testigo, determinó que la granada iba dentro de la vagina de una mujer amante de un paisa. Una mujer desconocida.

Más tarde, en el patio de los pesetas, intento por última vez que Misterio se abra para contarme la vida de El Vago. Lo único que obtengo son unos ojos negros que también pueden inspirar compasión.

—Hay cosas que duele recordar. Mejor déjemelo así.

Misterio se lamenta de haberle pedido a su primo, un año antes, que se retirara, que se convirtiera en peseta, para que lo trasladaran a este sector. Dejo a Misterio con sus recuerdos y sigo platicando de pesetas con El Zarco y preguntando a Óscar por los tatuajes de la cara que se tachó con ácido. Nos sentamos en una pila de ladrillos en donde dicen que cayó Víctor antes de pedir agua. En uno de los ladrillos todavía hoy hay restos de sangre. Black, el halcón, ha subido minutos antes a encaramarse en su hamaca, a vigilar el edificio contiguo. Desde la ventana me suelta una sonrisa como despedida.

Es entonces cuando, desde el edificio de Diagnóstico, alguien grita:

—¡Pesetas mierdas!

Desde el hueco de donde proviene el grito, un brazo termina de esconderse por entre los barrotes, como si fuera una serpiente que solo ha sacado la cabeza para atacar.