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La cruz de un hijitus

Publicado: 9 septiembre 2016 en Rodrigo Fluxá
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Episodio uno

Estaba en la fila de la caja del Líder de La Dehesa cuando me doy cuenta de que me faltaba un tarro de atún. Me meto por un pasillo y escucho los gritos de una mujer: eso, escóndete degenerado. Andaba solo, sin mi familia. Ella me seguía hablando, la otra gente se empezaba a dar cuenta. Me fui para adentro, no supe qué hacer.

***

Si le preguntan a Juan Manuel Romeo el momento cuando comenzaron los problemas en su vida, él, un viernes a las diez y media de la noche, vestido con jeans y un chaleco viejo, con las manos sucias, con las uñas negras, no menciona ni a los niños, ni a los apoderados, ni al jardín, ni a la Cárcel de Alta Seguridad. Con los ojos abiertos, pestañeando irregularmente, sin seguir ningún patrón, habla de una antigua pista de bicicross en Vitacura.

—Tenía 8 años. Mi hermano estaba dando vueltas en su bicicleta. Yo tenía la mía, pero lo hinché tanto para que me prestara la de él, que me la pasó. Me subí con chalas, como las de Condorito, y al rato una se me enredó en el pedal. Astutamente, bajé la mano para desenredarla y choqué con un montículo. Desperté tres horas después en la Clínica Las Condes, con un golpe en la cabeza.

Su hermano mayor, Pablo Romeo, mueve la cabeza de un lado a otro: “Es un falso recuerdo. No tenía rastro del golpe. Hemos llegado a la conclusión de que debe haber sido su primera crisis”.

Juan Manuel Romeo, según recuerda su mamá, empezó a fallar en los dictados en el Colegio André sin causa aparente. En quinto básico ya tenía problemas de sociabilidad: mostraba dificultades de coordinación, se quedaba pegado, con los ojos abiertos, en medio de conversaciones y no entendía los chistes. Fue diagnosticado con una epilepsia refractaria, dentro del 10 por ciento de pacientes con esa enfermedad que, pese a los medicamentos, no pueden controlar las convulsiones.

—Un profesor hizo un consejo de curso para echarme -dice-, porque me encontraban raro, que era muy poco para ese colegio. Mi mamá tuvo que llevar a un neurólogo para que explicara lo que tenía, que era normal.

La adolescencia de Romeo también fue a medias. Por su enfermedad debía dormir sagradamente ocho horas y no podía tomar alcohol. Estaba para los mandados en sus grupos de amigos. Su familia recuerda una broma que le hacían: al llegar a los semáforos solía esperar a que el resto cruzara, para cruzar él la calle. Sus amigos, cuando se dieron cuenta, daban un primer paso en falso con luz roja y luego se detenían. Juan Manuel Romeo seguía de largo y quedaba entre bocinazos en medio de los autos.

Tomás Lailacar ha sido su mejor amigo desde tercero medio. Casi veinte años después le tocó declarar en el juicio que definía la vida de su ex compañero. Antes de que diera su testimonio, Juan Manuel Romeo, a través de su defensora Carolina Alliende, pidió permiso al tribunal para esperar en una sala contigua. Se lo concedieron. Quedarse, escuchar lo que se iba a decir, hubiese sido parte de una pesadilla social recurrente: saber lo que dicen de uno a sus espaldas.

El testimonio fue brutal.

“Lo encontrábamos raro en general, pero uno se va acostumbrando. Era más torpe de lo normal, más tedioso, repetitivo, latero. Cosas propias de él que a mí ya no me llaman la atención, pero a la gente nueva sí, les incomoda, lo encuentran nerd en extremo. Tienden a rechazarlo. En las reuniones, Juan Manuel se quedaba muy pegado en la gente. Había que salir arrancando, inventar idas al baño, para que no estuviera toda la noche con uno. Cuando hacía juntas en mi casa, algunos me pedían que no lo invitara y a veces les hacía caso (…) En el colegio lo molestaban mucho. Para el cumpleaños de Juan Manuel en cuarto medio fue mucha gente, casi todos porque había contado que tenía una polola y nadie le creía. Él estaba feliz, le tapó la boca a todos. Uno le llevó de regalo un Sahne-Nuss envuelto en papel confort, como talla, y fue de los pocos que llevaron obsequios (…) Él estaba bastante contento con la polola, le contaba a todo el mundo. Terminó abrupto, porque uno de los amigos del grupo se metió con ella. Ese mismo amigo se lo hizo después con otra niña. Más grande tuvo su relación más larga, con una estudiante de párvulos. Fue parecido a lo anterior, otro amigo también se metió con esta niña”.

Juan Manuel Romeo terminó la enseñanza media casi con 20 años. Quería estudiar veterinaria. Dio la Prueba de Aptitud, pero no entró.

—No me dio, nomás.
—¿No pudiste prepararte por la enfermedad?
—Me preparé mucho, con cronómetro, facsímiles. No me dio, nomás.Se matriculó en el Inacap de Tabancura.

Contaba los pasos de su casa al Instituto: 328. Si tenía ganas de ir al baño, los caminaba de vuelta. Fue una forma de darle independencia, pero controlada. Su mamá, Ana María Gómez, había elegido criarlo sin diferencia con respecto a sus hermanos, pese a sus limitaciones. Sacó, por ejemplo, carné de manejar y condujo por cuatro años, ente los 22 y los 26, cuando, tras una serie de incidentes, incluido un trompo en plena avenida Kennedy, un neurólogo se lo prohibió. Su enfermedad no era un tema que trataran abiertamente en su casa. Él mismo no relacionaba sus fracasos a la epilepsia y a las continuas mezclas de remedios que tomaba para intentar controlarla. Muchos confundían eso casi con altanería.

Sebastián Benavides fue compañero suyo de colegio. Declaró tiempo después en la fiscalía oriente: “Juan Manuel era bastante apático, incluso con sus familiares. En vez de conllevar su enfermedad y asumir que tenía problemas de aprendizaje y movilidad, siempre se creyó el hoyo del queque. En realidad, le hubiera ido mucho mejor en su vida si hubiese aceptado su enfermedad y ser más humilde en la vida”.

Juan Manuel Romeo duró un semestre en su primera carrera, ingeniería agrícola. Se cambió a administración agropecuaria, de tres años, que terminó en cinco, con siete ramos rojos. Tras eso, hizo la práctica en una chanchería. Trabajó un año ayudando a su papá a administrar un casino, hasta que perdieron la concesión. Volvió a estudiar, ahora técnico vitivinícola, dos años más. Nunca pudo conseguir un trabajo en esos rubros.

Su hermano lo mira, mientras él habla y lo interrumpe:

—Uno puede estar hablando un rato con él y no notar el problema. Pero a la hora uno va notando cosas.

Juan Manuel Romeo baja la cabeza.

Su hermano ejemplifica. “Uno le dice: ya, anda a comprarme seis cervezas Escudo. Él va y al rato vuelve sin nada. Te dice: no habían Escudo. Y uno le dice: ¿y no trajiste otras? Y él no, porque no es lo que me pediste. Es muy literal y concreto. Una vez fuimos a hacer rafting y se cayó al agua. El guía le lanzó una cuerda especial y le gritó: agárrala y tírala, tratando de decir que la jalara. Juan Manuel entendió tírala, y la tiró lejos. Hubo que montar un tremendo operativo para sacarlo”.

En 2007 su madre, preocupada porque él tenía casi 30 años, le comenzó a dar labores en el jardín infantil de la que era dueña hace tres décadas en Vitacura, el Hijitus de la Aurora, propiedad contigua a su propia casa. Lo llevó a dos neurólogos, que aprobaron la medida. “Igual, si lo veía raro en la mañana, si no podía ponerse los pantalones o se ponía y sacaba los calcetines más de una vez, le decía que mejor no fuera. Tampoco era gracia que los niños vieran a un profesor convulsionando”, dice Ana María Gómez. Al principio cambiaba enchufes, ayudaba a ecualizar los actos, reponía el papel confort. Después se hizo cargo de la puerta; recibía a los niños, la mayoría de familias del sector, en las mañanas. Finalmente se hizo cargo de un taller de computación, pequeños bloques de 15 minutos, donde les mostraba programas de aprendizajes en grupos de tres: el Conejo Lector, Dinosaurios, Mi Mundo y Yo. Nunca se sintió parte del resto de las parvularias. Se compró un delantal blanco, para mimetizarse, pero no lo incluían en ninguna actividad fuera del jardín. Tal como declararon una decena de parvularias en fiscalía, les causaba gracia algunas cosas de él, como su pésima ortografía, que chocara con las paredes, que con más de 30 años viviera con sus papás y lo literal que era con las órdenes: como estaba de moda la teleserie El laberinto de Alicia, la historia de un pedófilo, su mamá, para evitar malentendidos, prohibió a los tres profesores hombres que tuvieran cualquier contacto con los niños que pudiera ser malinterpretado. Cuando un niño se caía, según declararon las educadoras, Juan Manuel levantaba las manos y no lo recogía.

—Tenía la orden de no tocar y no tocaba. No les sacaba el chaleco, no los llevaba al baño. Muchas veces querían ir al baño y la educadora estaba ocupada. Y si se orinaba, se orinaba. No tocar a un niño, era no tocar. No tal vez tocar, ni tocar en caso de… -dice Romeo.
—¿Te gustaba ese trabajo?
—Me gustaba que fuese siempre igual, que yo no tuviera que tomar decisiones, que fuese una rutina. Yo llegaba, prendía mi computador, iba a buscar a los niños a la sala, ponía los programas y el programa tomaba todas las decisiones.Estar a cargo de computación fue para él un paso importante: pese a que su mamá era la empleadora, tenía contrato, ganaba casi quinientos mil pesos mensuales. “Él sentía que había subido de nivel”, declaró su amigo Tomás Lailacar en el juicio, con Juan Manuel en la sala del lado. “Tenía más interacción con el resto del personal, era importante para él, porque le gustaba una de las niñas que trabajaba, que no lo tomaba en cuenta. Además, se podía pagar sus cosas, sus coca-colas, sus cigarros”.

Su salud seguía muy inestable. Su historial de la Clínica Alemana, solo contando el 2011, da una idea:

4 de febrero. Control. No logra cepillarse los dientes, o vestirse. Ido. Dificultad de caminar. Había llegado de vacaciones.

7 febrero. Golpe con barra del baño. Contusión.

30 de abril. Ojos fijos, desorientado, confuso, actividades no atingentes. Hubo error en baja de dosis.

17 de mayo. Movimiento involuntario del brazo derecho. Despierta adolorido, como golpeado, por convulsiones nocturnas.

22 de junio de 2011. Episodios confusionales: pone un huevo en la sal en lugar de sal al huevo. Cambios de fármacos. Madre nota cambios significativos en relaciones interpersonales.

13 de julio. Lo pica un insecto.

10 de agosto. Lengua traposa, se la muerde constantemente. Buen ánimo.

11 de agosto. Se tropieza, se golpea en la frente, pierde una pieza dentaria.

12 de octubre. Movimientos involuntarios y bruscos repetidos en la mañana. Episodios de desorientación.

12 de diciembre. Sufre caída desde la escalera mientras limpiaba el techo. Dolor en muñeca izquierda.

19 de diciembre. Irritable, más carga laboral. Falta de fuerzas, no logra pararse. Llama a madre. Niega ideas fijas o repetitivas, grave trastorno del sueño.

La vida social de Juan Manuel Romeo perdió aún más intensidad. Buena parte de su grupo de amigos se casó, inició su vida adulta. El 9 de junio de 2012, salió a caminar solo en la noche. Al volver a su casa vio que el pasaje estaba repleto de autos. Pensó que había una fiesta

Episodio dos

—Estaba saliendo desde el patio de comidas del Alto Las Condes hacia la terraza, cuando escuché que alguien me grita. No entendí bien lo que dijeron, pero me di vuelta. Estaba lleno de gente. Era un apoderado del jardín. Ahí me dice: “Pedófilo cu…, tú tenís que estar encerrado, no acá”. Yo justo andaba con el fallo en la mano impreso, porque una semana antes había salido y se lo empecé a mostrar, a decirle que se informara. Me dijo: “Yo tengo dos hijos y tú estás dando vueltas”. Me acerqué e hice lo que hago ahora: tomé el teléfono para sacarle fotos, grabarlo, tener respaldo. Ahí él se dio vuelta y se fue.

***

Declaración de Alejandra Novoa, esposa de José Miguel Izquierdo -cientista político, asesor del Presidente Sebastián Piñera-, madre de la denuncia inicial del caso:

“El viernes 8 de junio, le pregunté a mi hija por el tío Manuel: “¿Te gusta? No, no me gusta. ¿Son aburridas sus clases? Sí, son aburridas. ¿Y cuando no quieres hacer un trabajo te sube en brazos? No. ¿Te hace cariño?”. Se puso muy nerviosa. Se reía, estaba complicada, a punto de las lágrimas. “¿Donde te hace cariño?”. Dijo: “En el potito”. “¿Cuántas veces?”. Con la mano hizo tres y cuatro dedos. “¿Te dolió mucho? Sí. ¿Por qué no contaste? Él dijo que te iba a hacer algo malo”.

Al día siguiente hubo un cumpleaños de otro niño del jardín. Alejandra Novoa le comentó la situación a otros apoderados. Se coordinaron con el abogado y también ex apoderado Mario Schilling, ex vocero de la fiscalía oriente. Esa noche ella declaró en fiscalía. Su hija fue llevada al Servicio Médico legal, donde no encontraron ningún rastro físico de abuso. El abogado se juntó con un grupo grande de padres; recomendó hablar con sus hijos, revisar si habían tenido algún cambio conductual el último tiempo y apoyar con una querella.

No era una fiesta. Los autos que vio Juan Manuel Romeo en el pasaje de su casa eran de policías y apoderados. Entró a su casa.

—Al rato, casi a las cuatro de la mañana, suena el timbre. Dijeron que era la PDI, yo creía que me estaban palanqueando. Después me dijeron que venían por la declaración de una niña que decía que yo la manoseaba en clases, con mi mamá estando al lado. Yo no entendí bien de qué hablaban. Incautaron cosas y al final el fiscal me acorraló contra el refrigerador y una muralla, me mostró un papel y me dijo: “Firma acá y la sacái barata”. Mi papá me sacó justo cuando iba a firmar. Mi mamá preguntó que cuándo me iban a traer de vuelta. El PDI dijo que podía ser mañana o en meses más. Ahí mi mamá sacó 14 frascos con remedios. Yo pensé: “Pucha, la vieja exagerada, si voy a volver mañana”.
—¿Tu sabías de qué niña se trataba?
—Muy poco, solo porque era compañera de mi sobrina. Llevaba apenas tres meses en el jardín. Nunca tuve mayor contacto con ella. Hoy, con tiempo, ya enterado, me llama la atención lo irregular del caso. Me llevaron sin una investigación previa, sin haber delito infraganti. En Alemania, por ejemplo, separan al profesor, investigan meses, antes de cualquier cosa. Y todo sin publicidad.

A la salida estaban los canales de televisión, que grabaron cómo lo subían a un furgón. Minutos después cómo Izquierdo, encapuchado, pateaba la reja de la casa de los Romeo para tratar de abrirla. En el acto, el papá de Juan Manuel recibió un golpe y terminó con el coxis fracturado. Izquierdo fue formalizado 17 meses después.

A la mañana siguiente estaban los matinales en el lugar. Difundían videos de Juan Manuel paseando en el jardín, con el delantal blanco. Alejandra Novoa dio varias entrevistas. Dijo que empezó a sospechar porque cuando veía al profesor de computación, le daba algo en la “guata”, que tenía antecedentes de que él y el profesor de música se tocaban frente a los alumnos y que su hija tenía indicios de desgarros vaginales, pese a que el Servicio Médico Legal los había descartado dos días antes. Schilling fue el vocero de la acción judicial: dijo que se trataba de unos de los mayores pederastas de la historia del país, que existía una red de pedofilia al amparo de su madre, que ella estaba en Argentina para poner otro jardín, que dieran cualquier pista sobre su paradero, que había un pasadizo entre el jardín y la casa, que Juan Manuel se hacía el tonto y que habían muchos casos más. Meses después, interrogado por escrito, dijo que realmente se refería a un caso más: había escuchado de oídas que Juan Manuel había violado a su sobrina.

En pocas semanas, 93 apoderados se querellaron, la gran mayoría sin tener relato de abusos de sus hijos, pero siguiendo cambios conductuales advertidos por Schilling. Muchos solo querían asegurarse de que nada les hubiera pasado a sus hijos. La mayoría basaba sus sospechas en que Juan Manuel Romeo no miraba a los adultos a los ojos, ni los saludaba.

Del expediente:

Caterín Gibson: “El profesor de computación parece una persona extraña, no responde los saludos. A mi hija tampoco”.

Carolina Ortiz: “Un tipo muy poco empático, una persona de mala presencia, algún grado de problemas de desarrollo, no era agradable de presencia”.

María Beckdorf: “Manuel me resultaba extraño, por su mirada, cuestión que también le pasaba a mi hija de 13 años. Cuando mi hijo entraba y lo saludaba, Manuel bajaba la cabeza, cosa que es muy rara en él. Mi temor es que estuvo todos estos años, e ignoro las brutalidades que pudo haber hecho”.

Mario Jaramillo: “Lo vimos con una cámara filmando los actos del colegio”.

Cristián Santibáñez: “Nos llamaba la atención su nivel mental, nos parecía retrasado a mi señora y a mí. Como todos los papás, tenemos la certeza de que estuvieron expuestos a material pornográfico, eso lo mínimo, de ahí para arriba”.

Pedro García-Huidobro: “Para tranquilizar a mi hijo llevamos un mono que representaba a Juan Manuel y lo tiramos desde un puente del río Mapocho y vimos cómo el río se lo llevaba”.

Por la fiscalía oriente desfilaron decenas de niños, casi colapsando el sistema de toma de declaraciones. La mayoría no tenía nada que contar. Otros relataban historias que fueron descartadas por la propia fiscalía. Tal como consta en la carpeta, una niña, por ejemplo, contó que Juan Manuel la llevó a su pieza, se envolvió en una sábana, la pintó, se casaron y bailaron un vals. Otro niño decía que en plena sala de computación, los amarraba, los golpeaba, les cortaba el pelo y se ponía a bailar desnudo. Otra de las denuncias era de 2006, año en que ni siquiera trabajaba en el jardín. La mayoría de los niños ya sabía que estaba preso y que el jardín estaba cerrado, con garabatos escritos en las paredes.

Juan Manuel Romeo se enteró de todo eso mucho más tarde.

—Me llevaron de mi casa a un cuartel de la PDI. Después me metieron en un bus, rumbo a la formalización. Cuando llegué, un gendarme leyó mis papeles y en frente de los otros detenidos gritó: “Cabros, este viene con pichu.. de hueso”, que es como le dicen a la gente que está detenida por esas cosas. Me mandó al fondo de la pieza y me hizo volver y pasar entre los otros 50 detenidos, que te pegan patadas y manotazos, con manos esposadas. Lo indigno que se siente uno cuando te escupen en la cara así.

Al día siguiente lo trasladaron a Santiago Uno, donde un imputado por homicidio frustrado lo recibió.

—A la mañana siguiente este gallo pesca su teléfono y se pone a llamar gente. Me dice, te van a celebrar el mejor cumpleaños en el patio. Yo, ignorante, empecé a calcular y no me daban las fechas. Bajé y vi que se movía gente. Le dije al gendarme que iba conmigo que me iban a sacar la cresta, pero él apuró el paso y entre seis personas con palos me dejaron tirado en el suelo. Después subieron de vuelta y me repasaron. El gendarme me retó por ensuciarle el piso con sangre.

Tras el incidente, a Romeo lo llevaron a la enfermería, donde le pusieron nueve puntos, según consta en un documento de Gendarmería. La familia aún cree que fue una paliza por encargo. A los dos días fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad.

—Ahí también era lo peor de lo peor. Había asaltantes de bancos, asesinos de policías, no podía ni moverme, ni hablar con nadie. Me gritaban: “Romeo, ¿cómo te la pudiste con 90 niños?”. Tiempo después llegó gente que la acusaban de lo mismo que a mí. Como Zakarach, a quien repudiaba de antes. Conversamos harto. Él me creía.
—¿Qué te decía?
—Que sí a él lo dejasen libre, caería de nuevo, porque era algo que lo sobrepasaba, que no podía controlar. Estaba también Jorge Tocornal, el ejecutivo condenado por abusar de sus hijos.
—¿Qué postura tenías con la pedofilia?
—Si me hablas de pedofilia, de cualquier otro abuso, personalmente, lo repudio. Antes de que pasara todo esto te hubiese dicho que a alguien así hay que freírlo en aceite. Pero hacer una investigación seria antes.
—¿Te costó darte cuenta de la dimensión del problema que enfrentabas?
—Sí, no me enteré hasta varias semanas. Después me dio una gran impotencia, sentía que no podía defenderme. A mí me pisotearon, me maltrataron, me basurearon. Me hice famoso en Chile por algo horrible y que era falso. A mi familia le pegaron, a mi mamá la lincharon, también la metieron presa, tuvieron que aceptar insultos, ver cómo la empresa que nos mantenía a la familia quebraba en una sola noche.
—¿Nunca pensaste en aceptar alguna culpa para poder terminar antes?
—La fiscalía le ofreció juicio abreviado a mi abogada. De los 65 años que pedían inicialmente para mí, me ofrecieron, si me echaba la culpa, salir con libertad vigilada al día siguiente, solo firmando. Mi familia tuvo discusiones de si tomarlo o no, pero yo siempre me negué. Prefería estar 65 años preso, que admitir que había hechos cosas así. Les dije: o salgo con la frente en alto o me sacan en un cajón.

Juan Manuel Romeo estuvo un año y medio en prisión preventiva. En todo el proceso, juicio incluido, habló una sola vez, el 6 de enero de 2014, durante una de las jornadas de la audiencia de preparación de juicio oral. Esa vez, después de haber escuchado el detalle de las acusaciones en su contra, cuando la magistrada le preguntó si tenía algo que agregar, desoyendo a su defensa, habló:

“Primero que nada, llevo 18 meses diciendo mi nombre, recitando mi RUT, escuchando una cantidad de mentiras que me han levantado. Esto al margen de que cuando llegué a Santiago Uno me recibieron con tres palos en la cabeza…”.

Este viernes en la noche Juan Manuel Romeo, con los jeans, el chaleco y las uñas sucias, se escucha a sí mismo sollozar en la grabación que sale de los parlantes de un computador. La voz, su voz, se escucha temblorosa, a punto de quebrarse.

“…no puedo ni salir al patio, viviendo en tres metros cuadrados, mientras cien personas me recomiendan la mejor forma de ahorcarme. ¿Qué me queda?… Encerrar…”.

No pudo terminar la intervención. Se puso a llorar.

Su defensa costó más de 300 millones de pesos. Incluyó exámenes bastante vejatorios. Le hicieron uno proctológico para corroborar que no era homosexual, como acusaban algunos de los querellantes. El doctor Luis Ravanal le inyectó un medicamento para poder medir las dimensiones de su erección, descubriendo una de las pocas cosas que se había guardado para sí: que era impotente. En el juicio posterior, el mismo especialista sostuvo que Romeo, por los medicamentos que tomaba, no tenía impulso sexual. Abogados estuvieron discutiendo casi una hora sobre su psiquis sexual, con él ahí. A los peritos del Servicio Médico Legal les dijo que había tenido su primera experiencia sexual el 2006, con la pareja que duró casi un año y que no había vuelto a tener relaciones desde entonces. Los apoderados lo sumaron a la lista de rarezas sospechosas.

—Yo ya estaba sometido, entregado. Si me pedían que me bajara los pantalones en el estrado, me los bajaba. Yo sé que no soy homosexual, que no me han violado. Si no tengo relaciones hace siete años, es cosa mía, es personal, no es un delito. Todos se convencieron siempre de lo peor; no se molestaron en preguntar sobre los efectos de los remedios que tomo. O encontraban “sospechoso” que no mirara a los adultos en la entrada del jardín; me habían encomendado que nunca se arrancara un niño y por eso estaba siempre pendiente de eso. Y no los saludaba, porque no me sabía los nombres de la mayoría. No porque fuera raro.

El golpe más duro en la preparación para el juicio para Romeo fue constatar, científicamente, lo que su familia le había preferido no mencionar: que efectivamente tenía cierto daño cerebral por los años de convulsiones y remedios para evitarlas y que el daño iba en aumento. En un punto les dijo a sus abogados: “Toda esta defensa se basa en que soy tonto”. El perito le hizo un test que incluía sumas y restas, recitar sucesiones al revés y al derecho y explicar el sentido de algunos refranes. Romeo respondió:

A quien madruga…: se refiere a una persona que trabaja más, Dios la ayuda.

Cuando el río suena…: cuando algo suena es porque viene arrastrando algo, algo que pasa por encima de las piedras.

En casa de herrero…: la persona que se dedica a una determinada actividad, autos por ejemplo, no tiene tiempo para él mismo.

Ese examen concluyó que tiene “un típico daño cerebral adquirido”. El psiquiatra Otto Dorr, en otro, coincidió: “Deterioro orgánico secundario a la epilepsia y en alguna medida debido a la medicación”.

Durante el juicio su abogada le dio labores mínimas, como ordenar papeles, para mantenerlo ocupado. En una de las jornadas, el 20 de mayo, como destacan los jueces en el mismo fallo, “se detectó en el acusado un constante parpadeo repentino, además de trastorno en su mirada y a los pocos momentos cayó desplomado al piso reflejando una rigidez en sus extremidades inferiores”, lo que según los jueces, le permitió “corroborar lo informado por la mayoría de los profesionales que declararon en consecuencia”.

Fue un punto crucial. El otro fueron los testimonios: de los 90 casos iniciales, la fiscalía consideró cuatro como creíbles. La defensa se centró en desacreditarlos: trajeron a un experto alemán, Burkhard Schade, quien cuestionó el método en que los peritos chilenos condujeron las entrevistas. Por ejemplo, uno de los menores había declarado en dos ocasiones que nadie le había hecho nada, hasta que, después de meses de terapia reparatoria para un daño aún no explicitado, develó que Juan Manuel le habría mostrado el pene.

Alejandra Novoa, la primera denunciante, debió pedir disculpas por haber dicho que el profesor de música se tocaba con Juan Manuel. También reconoció que su hija jamás presentó daños físicos. La familia Romeo encontró otro dato: ella, en 2009, ya había presentado una denuncia a una parvularia en un colegio de San Antonio, donde trabajaba. A los meses hubo que reintegrar a la trabajadora.

Su esposo, Izquierdo, tuvo que pagar siete millones y medio y publicó disculpas en un anuncio en un diario por la agresión contra el padre de Juan Manuel Romeo.

Tres de los cuatro niños declararon, desde una sala especial, con un perro y una magistrada presente. Solo uno repitió, con contradicciones, el relato de los abusos. Juan Manuel vio todo en un televisor desde la sala principal.

—Me daban mucha lástima. ¿Cómo les robaron la inocencia a todos esos niños de manera tan terrible? -dice.

Juan Manuel Romeo fue absuelto en fallo dividido. Los jueces argumentaron falta de contundencia de los relatos e imposibilidad práctica: estuvo siempre bajo supervisión de otras personas. El texto ratifica, además, como principal víctimas a los menores, por un sistema que no supo resguardar sus derechos.

—¿Nunca te dieron rabia los niños?
—No, ninguna, todo lo contrario. Los respeto mucho. ¿Qué van a pensar cuando sean adolescentes? En esa edad los compañeros son muy crueles. ¿Qué les van a decir a esa niña? “Tu mamá dijo que te desgarraron la vagina en la tele y después tuvo que pedir perdón porque eso nunca había ocurrido”. ¿Qué le va a decir esa mamá, entonces, a su hija? Es terrible lo que les pasó también.

El fallo, además, adhirió a una psicosis colectiva de parte de los apoderados, a las falencias de los peritos chilenos en la toma de testimonio de los menores, la impericia y sugestión de los padres y a una actitud “antiética” del abogado Schilling que influyó generando pánico en el resto de los apoderados. Los querellantes y el Ministerio Público fueron condenados a pagar las costas. Los padres que llegaron a juicio señalaron que le seguían creyendo a sus hijos y que estaban orgullosos de haberlos defendido.

—Personas locas siempre van a existir, personas desbordadas siempre van a existir,  personas con poder político, siempre van a existir, abogados en busca de plata y fama, también.  Como me hicieron exámenes psiquiátricos a mí, habría que hacerlos siempre a los denunciantes antes.

El fallo fue ratificado en todas las instancias. Romeo los imprimió. En junio de 2014 partió al Alto Las Condes con ellos bajo el brazo.

Episodio tres

—Iba a la casa de mi hermana. Estaba yendo a tomar la micro en Cantagallo, cuando de repente se para un auto en la mitad de la calle, dejando un tremendo taco para atrás. Empiezan a sonar las bocinas cuando veo que era la Alejandra Novoa que me empieza a gritar: “Que estái haciendo acá, degenerado”. Lo que más me impresionó es que estaba la hija, en el asiento de atrás mirando todo. Me quedé para adentro, no contesté nada. Esperé que el auto avanzara, nomás.
—¿Qué pensaste?
—Que esa gente se va a morir convencida de que yo soy culpable, no les importa lo que digan las pruebas o la justicia. Y por ese convencimiento, yo y mi familia fuimos sometidos a, como definió la Corte Suprema, un juicio paralelo. No van a cambiar. Cuando dieron el fallo, dije, listo, soy inocente, puedo salir tranquilo. Mi familia me ayudó a aterrizar mejor, que no era tan a la ligera. Al principio me preocupó mi integridad física: salía con un perro de 65 kilos para sentirme seguro. Ahora me preocupa mi integridad psíquica. Elegí que hay barrios a los que no voy, como a Vitacura.

Entre las 90 familias que inicialmente tomaron parte de la querella, los Romeo Gómez dicen que varios se han contactado con ellos para pedir disculpas. Algunos mandaron cartas. A Juan Manuel, personalmente, nadie.

—Tampoco se las recibiría, porque ninguno va a entender jamás lo que pasé yo. Y ellos armaron eso, fueron manipulados por un abogado, pero fueron parte de eso. Que ni se molesten, ellos en su casita y yo en la mía.

Al dejar la cárcel, Juan Manuel Romeo volvió a vivir con su hermana, que ya había recibido a sus papás, quienes habían tenido que vender la casa y el jardín para costear el juicio. Dos tics evidentes le quedaron del tiempo preso: duerme siempre hacia la izquierda, vigilando la puerta imaginaria de su celda y, en la noche se despierta sobresaltado, anticipándose a allanamientos de gendarmes. Otras huellas se demoraron en aparecer. Su hermana mayor tiene una hija que nació cuando su tío estaba encerrado. Cuando ella le dijo que la tomara, él respondió: “Yo, niños, no mudo”. Se demoró en atreverse a tomarlo en brazos.

—En la calle, si veo que hay niños o una plaza, prefiero cambiarme de vereda, caminar cien metros de más. Algo me quedó ahí.
—¿No has pensado en tener hijos algún día?
—No, no voy a tener. Ya no confío. Y si la mamá es una loca… Ni siquiera he pensado en retomar ese aspecto de mi vida. ¿Qué persona va a querer? Cualquier persona que conozca, el tema estará entremedio, puede pasar un día entero en internet leyendo las cosas que supuestamente hice. No planeo nada, mi vida la estoy reconstruyendo día a día, no sé lo que va a pasar mañana, ni lo que voy a hacer. Lo único que sé es que voy a llegar a bajar el switch de la luz en mi trabajo.

Viernes 12 de junio. Mediodía. Un subterráneo de un edificio en Santiago Centro. Juan Manuel se saca una polera gastada. Es un hombre muy delgado. A sus 37 años, tiene bastantes canas. Se pone una camisa limpia para tomarse fotos para este artículo. Ninguna de frente, dice, no por vergüenza, si no por algo práctico: no quiere crearle problemas a su hermana en el condominio donde vive, que algún vecino lo reconozca y empiecen de nuevo las miradas, las sospechas. Siente que ya les ha dado suficientes problemas. Apenas le levantaron la prisión preventiva y pudo hablar largo con su mamá, le dijo: esta fue la última de tu hijo cacho.

—Siempre me he sentido así, gastando una millonada en doctores, 300 mil pesos solo en remedios. Ahora, sin querer, los dejé sin nada. Sigo viviendo con ellos. ¿Quién nos mantiene? Mi hermana. No lo provoqué, no es algo racional, pero es lo que siento.

Juan Manuel Romeo no ha retomado su vida social. En todo el proceso, perdió dos amigos de los cinco que tenía: ellos le dijeron que no apoyarían hasta que supieran la sentencia.

—Como si bastara un tercero para decirles que no soy pedófilo, me conocían de toda la vida. Bueno, así no son los amigos. Tampoco salgo a casas de nadie, ni a lugares públicos con los tres amigos que me quedan. Tienen miedo de ser vistos conmigo. Los entiendo.

Juan Manuel Romeo ahora raspa con los dedos la ventanilla de una puerta.

—Llevo dos semanas tratando de limpiarla, no sale.

En las letras negras dice: mayordomo, administración. A eso se dedica ahora, es conserje. Gana el sueldo mínimo. Barre y lava vidrios. Por eso las manos sucias. Aunque quisiera otro empleo, no podría conseguirlo: no pasaría un proceso de selección. Dice que no le preocupa. Ha pensado ser ascensorista. Subir y bajar.

Se vuelve a poner la ropa de trabajo. Le gustaría usar el delantal, el blanco, el del jardín, pero teme, un poco paranoico, que lo relacionen con las imágenes de televisión donde lo nombraron.

—Siempre asumí que mi epilepsia iba a ser la cruz que iba a cargar toda mi vida. Ahora pasó todo esto y doy gracias, me sacaron esa cruz de encima.

Juan Manuel llega a la puerta del edificio. Le quedan 10 minutos libres para almorzar.

—Pero me pusieron otra mucho más pesada. ¿Quién me va a sacar este cartel de encima? ¿Quién? Me voy a morir así.

Dos meses de investigaciones después, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía General de la República cree que Miguel Ángel Deras Martínez, de 22 años, es un marero que pasó la mañana del 3 de marzo de 2016 en el caserío Las Flores, del cantón Agua Escondida, municipio de San Juan Opico. Aquel día y en aquel lugar, dice la solicitud de imposición de medidas, una clica del Barrio 18-Revolucionarios asesinó a 11 salvadoreños: ocho empleados de una distribuidora de energía eléctrica y tres jornaleros. Los asesinaron con crueldad extrema y grabaron partes de la matanza con celular, para regocijo de las redes sociales de la sociedad más violenta del mundo.

Dos meses de investigaciones después, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil creen que Miguel es un terrorista que participó en la masacre de Opico. Pero hay otra versión que dinamita la versión oficial, que señala que han detenido al joven equivocado, y que ubica a Miguel aquella mañana del 3 de marzo en el mercado Central de San Salvador, comprando conchas, pancitos y camaroncillo.

La Fiscalía acusó ya formalmente a Miguel y a otros ocho adultos de ser miembros de la clica Vatos Locos Primaveras. “Todos son autores directos y realizaron funciones propias para privar de libertad a las víctimas y quitarles la vida”, dice José Ernesto Castaneda Guevara, el fiscal que lleva el caso.

“Sinceramente… me duele lo que le han montado a mi hijo, porque ese día él estaba por San Salvador, a comprar conchas para la coctelería que administra”, dice Miguel Ángel Deras padre, veterano empleado de la alcaldía de Quezaltepeque, de la que llegó a ser administrador de mercados durante la gestión del Manuel ‘Chino’ Flores, hoy diputado por el FMLN.

Al igual que el padre, docenas de amigos, vecinos, familiares y conocidos creen que fiscales y mandamases policiales se equivocan cuando aseguran que Miguel pasó la mañana del 3 de marzo en Opico. Dicen que Miguel ni siquiera es pandillero.

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La de Opico quizá sea la masacre atribuida a las maras que más impacto ha generado en la sociedad salvadoreña desde la quema del microbús en Mejicanos, en junio de 2010. A la brutalidad de la cifra, 11 trabajadores salvadoreños asesinados con corvos, pistolas y armas largas, se sumó que a mediados de abril se filtró un vídeo grabado por uno de los pandilleros que perpetraron la matanza, en el que se aprecia cómo machetean la nuca de uno de los empleados, tirado contra el suelo con las manos amarradas a la espalda.

Desde el inicio, el gobierno –embarcado como está en una guerra abierta contra las pandillas– quiso mostrar firmeza y efectividad. En las horas posteriores a la masacre, desplegó a cientos de policías y soldados en la zona, que se tradujeron en más de 80 detenciones.

El 7 de marzo, en una conferencia de prensa del gabinete de Seguridad encabezada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se informó que el caso estaba en vías de resolución. “Son 82 capturados que pertenecen a grupos de pandillas de la MS-13 (Mara Salvatrucha)”, dijo Sánchez Cerén, apenas unos minutos antes de que el director de la PNC, Howard Cotto, detallara la desarticulación de cuatro clicas de la referida pandilla y dijera incluso que habían determinado que las órdenes para cometer la matanza procedían de los penales de Ciudad Barrios y del Sector 2 de Izalco, donde el Estado recluye solo a emeeses.

En esta imagen descargada de la cuenta Facebook, Miguel y tres amigos asisten el 18 de mayo de 2013 al Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, para ver el partido de vuelta de la semifinal entre Juventud Independiente y FAS, el equipo del que Miguel era fanático.

Sin embargo, apenas un día después, la Fiscalía desdeñó las pesquisas de la PNC, y anunció que no presentaría cargos relacionados con la masacre contra ninguno de los detenidos.

A partir de entonces, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía tomó las riendas de la investigación que, dos meses después, cuajó en órdenes de detención contra cuatro menores de edad y nueve adultos, supuestos integrantes de una clica de la pandilla 18-Revolucionarios con base en el municipio aledaño de Quezaltepeque.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía, que cuadra con el testimonio de un vocero de las pandillas al que ha tenido acceso un periodista de la Sala Negra de El Faro, el grupo de dieciocheros se desplazó armado con fusiles, escopetas y pistolas a Opico, a un sector controlado por la Mara Salvatrucha, para hacer unapegada, para matar a enemigos. Al no hallar a ninguno, cometieron la masacre con la idea de calentar la zona, para que el Estado se desquitara contra los emeeses.

“Tenemos una gama de prueba documental, pericial y testimonial”, dice el fiscal Castaneda Guevara. “Tenemos testigos presenciales que nos aportan elementos que contribuyen a establecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y el nivel de participación de cada uno de los procesados en el mismo”, dice. “Contamos con un vídeo”, dice.

En otras palabras, la Fiscalía ha negociado con un exintegrante de la clica presente en la matanza, lo ha bautizado con el sobrenombre de Islámico, y le ha ofrecido criterio de oportunidad, que no es más que beneficios a cambio de poner el dedo a sus homeboys.

En este contexto es que la Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado.

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Miguel cumplió 22 años en abril. Cuando uno navega en su página de Facebook, lo que halla son continuas referencias a su novia, a su familia, a sus amistades y a los dos equipos de fútbol de su preferencia: el Club Deportivo FAS y el Fútbol Club Barcelona. Es un joven en apariencia enamoradizo, risueño y apegado a los suyos. Sus últimos dos mensajes los dedica uno a su novia (“Un año 3 meses mi amor atu lado te amo mi vida eres lo máximo”, el 14 de mayo), y el otro a su madre (“Feliz día de la madre le doy gracias ah Dios por permitirme tenerte ami lado un año más te amo mama”, el 10 de mayo). El joven que se ve en las fotos viste zocado, camisolas sport o camisas abotonadas, tenis discretos, todo en las antípodas del look atribuido a las pandillas. “Mi hijo no está tatuado ni usa aritos… nada”, dice Ana Lilian Martínez, la madre. En una pared de la habitación en la que vive, en casa de sus padres, Miguel pintó en letras grandes y rojas ‘Guns N’Roses’, el nombre de la banda metalera estadounidense, alejada de los gustos musicales que se presuponen a los mareros.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos.

En la investigación lo han bautizado con la taka Slipy, Miguel Ángel Deras Martínez (a) Slipy de la Santa María, y dicen que disparó en la nuca a una de las víctimas con una 9 mm de fabricación checa. “Pero Miguel le decimos nosotros; Miguel o Miguelito, eso de Slipy se lo han inventado”, dice uno de los amigos, que pide no ser identificado por miedo. “Nosotros somos el círculo de amigos y le decimos Miguel”, apuntala. Otros cinco amigos presentes asienten. A pesar de que a Miguel le tocó ser joven en Quezaltepeque, quizá el municipio salvadoreño más estigmatizado por la violencia, no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Ni él ni nadie de su círculo familiar cercano.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

La familia de Miguel es una familia integrada por padre, madre y tres hermanas mayores. Son clase media y viven en una casa grande ubicada en la Lotificación Antonieta, donde no hay una presencia activa de pandillas. Ana Lilian tiene un puesto en el mercado de Quezaltepeque. Miguel Ángel Deras padre trabaja para la alcaldía desde hace 27 años, salvo el trienio 2012-2015, cuando Arena llegó al poder y lo despidió por ser uno de los cargos de confianza del hoy diputado efemelenista Manuel ‘Chino’ Flores. “El Chino es gran amigo mío; de niños, sus hijos y Miguelito jugaban juntos en el mismo equipo de fútbol”, dice el padre. Miguel se graduó en 2012 de bachiller general en el Instituto Nacional Juan Pablo II, en Nejapa, y el despido de su padre lo desanimó de ir a la universidad. En 2015, Miguel Ángel Deras padre se reintegró en la planilla de la municipalidad, amparado por una sentencia judicial. Con el dinero de la indemnización por la improcedencia del despido, alquilaron un localito en el centro de Quezaltepeque y abrieron una coctelería, que tiene los cócteles de conchas y de camaroncillo como principal reclamo de su menú. El negocio lo administran Miguel y Alberto Domínguez.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

En un municipio como Quezaltepeque, en el que las fronteras de los sectores controlados por la Mara Salvatrucha o el Barrio 18 están muy delimitados, Miguel se mueve con relativa libertad. Vive en la Antonieta, rodeado de canchasfirmes de la 18; lleva a su sobrina al Colegio Adventista, en la otra punta de la ciudad, cerca del redondel de la fábrica Corinca; el puesto de su madre, que visita con frecuencia, está en un sector del mercado bajo influencia de la Mara Salvatrucha; la coctelería, a tres cuadras del parque Central. Viaja seguido a la capital, a Santa Ana para ver al FAS, incluso hace escapadas con sus amigos a la playa El Tunco, en La Libertad. No parece el tren de vida de un mareroactivo.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Un veintena de personas juran y perjuran que la mañana del jueves 3 de marzo, día de la masacre de Opico, Miguel hizo lo mismo que el 2 y el 4 de marzo, su rutina desde que comenzó a administrar la coctelería a mediados de 2015. Mañaneó, fue a dejar en mototaxi a su sobrina al Colegio Adventista, incluso se tomó una foto con ella que subió a su Facebook a las 7:22 a. m., se reunió con su padre para que le diera 30 dólares, se fue en Coaster con una mochila alpina al sector de mariscos del mercado Central de San Salvador, donde compró 150 conchas a nueve dólares el ciento, dos dólares de pancitos duros y el resto en camaroncillo fresco. Regresó tipo 10 y media para abrir la coctelería y se puso a jugar maquinitas; en esas estaba cuando llegó su socio Alberto Domínguez, quien también respalda con su testimonio la versión.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero, de que su taka es el Slipy de la Santa María, y de que es un asesino desalmado.

Habitación en la que vive Miguel Ángel Deras, en la que no se aprecia la más mínima referencia que implique la pertenencia al Barrio 18 que la Fiscalía atribuye a Miguel Ángel Martínez. Guns N’ Roses es un reconocido grupo metalero estadounidense, en las antípodas de la música rap y hip-hop con la que más se identifica el fenómeno de las pandillas. Foto Roberto Valencia.

A Miguel lo detienen unos minutos antes del mediodía del martes 17 de mayo, en su día libre. A las 10:52 a. m. había escrito su último mensaje de Whatsapp a su novia, Jackeline Jiménez: “Okizz mi amor aver si no viene cansada”. Un pick up nuevo y blanco, sin ningún tipo de distintivos, llegó con seis militares y dos policías. Él les abrió y se lo llevaron a la subdelegación policial de Quezaltepeque, y de ahí, ya en la tarde-noche, a las bartolinas de Lourdes, en Colón, que por su tamaño y hacinamiento ya se conocen con el sobrenombre del Penalito. Esa detención se tradujo en dos procesos judiciales distintos: el primero, por agrupaciones ilícitas –nombre legal que recibe la pertenencia a una mara u otra agrupación de naturaleza criminal–, con un requerimiento fiscal tan débil que incluso mentía al aseverar que Miguel fue detenido a las 7 de la noche en la colonia Primavera, y sobre el que el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque concluyó, el lunes 23 de mayo, que ni siquiera ameritaba la detención provisional; el segundo proceso es el de la masacre de Opico, por el que el fiscal Castaneda Guevara pide no menos de 344 años de cárcel para Miguel, e igual número para los otros ocho involucrados.

Porque la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

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Mediodía del lunes 23 de mayo de 2016. Miguel sale de la pequeña sala que acoge el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque. Lleva la camisola y los chores blancos que la PNC entrega ahora a los detenidos relacionados con pandillas. Una juez acaba de decirle que el caso con el que la Fiscalía pretendía que él y otros cinco jóvenes fueran privados de libertad por agrupaciones ilícitas no tiene sustancia suficiente. Miguel luce somnoliento y huele a bartolina, pero acepta platicar.

—En realidad… no sé qué hago aquí, porque yo no tengo ningún vínculo con pandillas –dice.
—Alguien ha tenido que decir que formas parte de la clica.
—Pero no tengo ni la menor idea. Adentro he hablado con los bichos, y ellos mismos me han dicho que ni saben por qué yo estoy aquí. Uno me dijo: “Sí se pelaron con vos…”

En la solicitud de imposición de medidas de la Fiscalía identificada como 64-UDHO-LL-16, la referida a la masacre de Opico, el testigo criteriado Islámico identifica con precisión al Slipy de la Santa María como uno de los jóvenes que participó en la matanza, con un rol destacado. En la página 17 lo describe: “De 18 años de edad aproximadamente, de complexión física delgada, piel negra, cabello negro, de un metro con sesenta centímetros de estatura aproximadamente, residente en colonia Santa María, Quezaltepeque, no le ha visto tatuajes y es soldado o gato de la cancha de la Santa María”. Miguel tiene 22 años, es chele y vive en la lotificación Antonieta, casi en la otra punta de la ciudad.

—Yo no soy pandillero y no tengo… o sea, enemigos, o sea… yo no tengo enemigos –dice Miguel.
—¿Cómo explicas lo que te está pasando?
—No le he hallado… porque yo jamás me he metido en problemas. Ni sé por qué me tienen vinculado.

Al salir del juzgado, un hombre llamado Carlos González se acerca al periodista, se identifica como amigo de Miguel y pregunta por él. Con el celular muestra un par de fotos de hace varios años en las que se ve a ambos. A Carlos todos le dicen Charly, tiene una parte del pelo teñido de rubio, viste colorido y vive de su puesto en el mercado de Quezaltepeque, donde arregla ropa. Es homosexual y lo lleva con orgullo.

En el submundo de las pandillas, la homosexualidad –el culerismo, dicen– está vista como una de las desviaciones intolerables en un homie, razón más que suficiente para ser asesinado. Miguel y Charly son amigos desde hace años.

Pero el fiscal Castaneda Guevara está convencido de que Miguel es pandillero.

“Me llamo Ulises Geovani Rodríguez Silva. 27 años. Me dedico a la zapatería, enderezado y pintura. Estoy acompañado con Roxana Abigail González. No tengo hijos. Soy de Santa Ana. Estaba viviendo en el pasaje San Carlos del Bulevar de Los Héroes de San Salvador. Estudié hasta octavo grado”.

Ulises es un muchacho seco y chele, con tatuajes que cubren gran parte de su brazo izquierdo. Roxana está a su lado, callada, cabizbaja, morena, manos atrapadas entre las piernas, 21 años, de un cantón de Chalatenango, ama de casa, con estudios hasta noveno grado. Una muchacha bajita regordeta que no sabe el nombre de su papá. Cuando se lo preguntan, calla y niega con la cabeza. Ambos están esposados y sentados a la par de su abogado defensor en la sala 2A del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, donde el juez tercero de sentencia de la capital dicta sus sentencias.

“Sí, deseo declarar”.

Ulises ha dicho eso a pesar de que el juez le acaba de explicar que no está obligado a declarar, que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que hoy, 7 de marzo de 2016, está en esta sala para escuchar las pruebas y a los testigos, y también para escuchar a su defensor poner a prueba esas pruebas. El abogado es un abogado público, un hombre con poco tiempo para cada caso. Hay defensores públicos que tienen hasta 60 audiencias cada mes. Un homicidio, cuatro homicidios, 15 homicidios, una violación, cuatro violaciones, diez violaciones, 20 robos, cinco secuestros… 60 audiencias, 30 días. Hasta el momento, el defensor público de Ulises y Roxana solo ha pedido que le permitan que sus defendidos se sienten a su lado. Ulises y Roxana habían sido sentados atrás, como si fueran público de su propio juicio. Luego, el abogado dijo que se acababa de enterar de que su defendido quería declarar y que por tanto ya no tenía sentido defenderlo. “Usted tiene que orientarlo”, replicó el juez. El defensor, revoloteando unos papeles, dijo: “Eeeh… Todo va orientado a la inocencia de mi defendido… Hay sucesos que se dieron ahí… Con eso y otras cosas más trataríamos de contradecir a la Fiscalía”. ¿Qué es “Eso”? ¿Qué “Otras cosas más”? Tras cuatro meses asistiendo a juicios de homicidio en este país he entendido que en muchas ocasiones se dice por decir, se retuerce para aparentar. Donde la honestidad obligaría a decir “señor juez, no tengo ni idea de quién es este señor, pido tiempo para enterarme”, se dicen, por decir algo, palabras como “señoría… defendido… sucesos… acaecidos… contradecir… Fiscalía”. O sea, nada. Dicho lo que dijo el juez, Dicho lo que dijo –o sea, nada- el defensor, le tocó el turno de decir al acusado Ulises.

“En primer lugar, quiero reconocer de que he estado recluido algún tiempo. Estando detenido he leído la biblia. Estudiando la biblia los meses que estuve detenido logré comprender la justicia terrenal y la divina. Mi compañera de vida, al lado mío, ha sido encarcelada por algo que no tiene nada que ver”.

Ambos están acusados de haber matado a un hombre el 12 de mayo de 2015 adentro de una casa de la urbanización San Jorge, a eso de las 10 de la noche, a unos metros del Bulevar de los Héroes, de los restaurantes de comida rápida y el campo de atracciones “El Mundo Feliz”.

“La situación del homicidio, sí lo cometí. Sí cometí ese delito de homicidio por cuestiones personales con el señor Armando Peña Tobar”.

La teoría expuesta por la Fiscalía afirma que Ulises regresó con unos tragos adentro, entró a la casa donde alquilaba un cuarto, apuñaló decenas de veces a su casero de 64 años, con la ayuda de Roxana. La teoría fiscal dice que Marte II, que es un testigo protegido, escuchó el siguiente grito: “te voy a matar, te voy a sacar un ojo”, y entonces se asomó. Esta versión propone que Marte II combatió con Ulises, le quitó el cuchillo, y que Ulises le dijo a su mujer que le alcanzara la .3280 (sic), que ella le alcanzó un bulto pequeño, y que él la empuñó como una pistola y le advirtió a Marte II que o abría la puerta o moría ahí mismo a la par de Armando. Que la pareja, antes de dejar la casa ensangrentada, tomó un televisor plasma de Armando y huyó. La teoría de la fiscalía dice que Marte II avisó a los vigilantes privados que custodiaban ese pedazo de ciudad, y que por suerte una patrulla policial del 911 pasó. La versión consigna que entonces la patrulla aceleró y logró encontrar a Ulises y a Roxana caminando desorientados en el parqueo del restaurante de hamburguesas Wendy’s. La investigación fiscal asegura que ante su inminente captura, Armando y Roxana se rinden. Son capturados como manda la ley y trasladados a diferentes centros de detención.

“Tengo una situación, una enfermedad siquiátrica. Acá está la receta del Hospital Siquiátrico donde me llevan mes a mes para comprar mi tratamiento diario”.

El papel lo saca Ulises. El abogado defensor ve a su defendido como quien ve a alguien realizar un truco de magia.

“Esos meses –alrededor del homicidio- no la pude ir a traer por la situación de que yo soy un ex pandillero. Tengo ocho años de haber dejado la pandilla a la cual pertenecí. El Hospital Siquiátrico está en medio de ambas pandillas. Entonces, no podía poner en riesgo mi vida, no estuve tomando mi tratamiento siquiátrico”.

Para llegar al Siquiátrico es necesario ir a Soyapango. En Soyapango, durante 2015, la tasa de homicidios fue de 81 por cada 100,000 habitantes. Fue una tasa brutal que superó incluso a la tasa del segundo país más violento de la región, Honduras. Sin embargo, la mortal tasa de Soyapango fue mérito en un país como este, que cerró el año con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado en este paisito que cabe unas cuatro veces en el paisito de Guatemala. Para llegar al Siquiátrico hay que internarse en la calle La Fuente, a la altura de Unicentro. Hacia adentro empieza una de las concentraciones de colonias más emblemáticas por el control que las pandillas ejercen sobre ellas. Es un nudo de concreto armado sin esmero que se reparte la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 Sureños. Bosques del Río y San José, bastiones de la 18; Guayacán, Montes, Monte Blanco, El Pepeto, bastiones de la MS. En la calle La Fuente suele ocurrir que pandilleros de ambas organizaciones suben a los buses que pasan por sus colonias, bajen a los jóvenes y les piden el documento de identidad para saber si viven en su zona o en la otra. De esa dirección y del interrogatorio dependerá la severidad de la golpiza o, incluso, la vida. Un joven en camisa polo con el logo de su empresa, pantalón de vestir, zapatos lustrados y pelo engominado corre riesgo de ser revisado, desnudado, interrogado en la calle La Fuente. Un joven como Ulises, tatuado de los brazos, enemigo de la MS y retirado del Barrio 18, es un hombre muerto caminando en la calle La Fuente.

“Mi enfermedad es la esquizofrenia paranoide”.

Sin mucho esfuerzo, esto dice en la web la Medciclopedia sobre esa enfermedad: “forma de esquizofrenia caracterizada por una preocupación persistente, con delirios ilógicos, absurdos y cambiantes, habitualmente de naturaleza persecutoria, de grandeza o de celos, acompañados de alucinaciones”.

“Quiero dar detalles, porque cuando ocurrió, mi compañera de vida estaba dormida. Lo que dijo el criteriado, en parte tiene razón y en parte está mintiendo”.

El criteriado es el testigo Marte II. Todos en la sala sabemos quién es Marte II. “Vivía en el cuarto contiguo a nosotros”, dirá Ulises. Tres jueces me aseguraron que las medidas ordinarias –distorsionar tu voz como la de un ratón o de ultratumba, ponerte un camisón negro y una capucha, permitirte declarar tras un biombo y darte un nombre clave- no protegen a nadie en casi ningún caso. El asesino sabe quién lo delató. El secuestrador lo sabe. El violador lo sabe. Los tres jueces coinciden en que la medida es solo una manera de darle seguridad al testigo, de que no vea al victimario y se sienta más confiado al hablar. En otras palabras, las medidas ordinarias son un mecanismo de engaño para los testigos que se atreven a acusar. Son pequeños detalles que llevan al testigo a pensar que todo está bien porque su voz se hace cavernosa en la sala; que no hay problema, porque viste, en negro, un modelito como los del Ku Klux Klan; que el biombo es un sólido escudo entre él y el asesino. Un fiscal de homicidios, cuyo trabajo depende de esos encapuchados, lo definió así: “ser testigo en este país es joderse la vida”.

“Los hechos sí sucedieron, su señoría, me hago cargo del homicidio, porque maté. Nunca existió la posibilidad de quererle robar, en el departamento él tenía una laptop, las llaves de un vehículo. Mi intención nunca fue robarle, pero sí lo maté, por la situación de que hubo roces. Tengo esquizofrenia, soy muy impulsivo, veo cosas que no existen. No recuerdo ni qué me dijo, solo que me insultó. Yo abrí la puerta y encuentro a Roxana Abigail dormida. Ella tiene un plasma encendido, que es el plasma que dicen que me robé. Yo llegué de noche. Yo solo escuchaba los gritos. A mí se me descontrola un poco la mente, como le digo”.

Es sorprendente la quietud de Roxana. No se mueve. No saca las manos de entre las piernas. Es sorprendente, sobretodo, por lo que sabremos luego.

“Teníamos un problema (con Armando Tobar) con los $200 que se le pagan al mes. Yo tenía 12 días de haberme venido a vivir ahí. Él empezó a decirme… Él quería que yo pagara más por la utilización de la red. (La red) era de un cuarto aledaño. Le dije que dejara de molestar, que yo tenía problemas siquiátricos. Ella se quedaba siempre dormida con sus auriculares, oyendo música. Volví a salir, le dije que no hiciera bulla, que ella estaba dormida. Pero ahí yo ya salí con el cuchillo en la mano. Le dije que por favor se callara, que mejor le iba a desocupar el cuarto. Uno también es celoso. Le dije que no hiciera bulla, que mañana íbamos a platicar. ‘¿O sea que me querés amenazar? No te tengo miedo’. Y empezaron los insultos. Viendo el desafío, uno de hombre y con mi tratamiento siquiátrico, empecé a atacarlo con el cuchillo. Quiso quitármelo. En ese momento yo sabía que era él o yo. De ahí los arañazos que tengo en el cuello. Forcejeamos y empecé a apuñalarlo. ¿Cuántas veces? No sé, porque ya uno airado… Lo apuñalé muchas veces. Me manché de sangre por completo, porque estaba vestido con pantalón y camisa manga larga. Mi situación era no dejar de apuñalarlo, porque él me tenía abrazado y no me soltaba, y como era algo fornido… Hasta que ya me soltó fue que cayó al suelo”.

El testigo Marte II asegura que él salió al escuchar los gritos, que vio el cuerpo ensangrentado y muerto de Armando y que vio el cuerpo de Ulises untado con la sangre de Armando. Marte II asegura que él también forcejeó con Ulises, pero que en su caso, él ganó y pudo quitarle el cuchillo. Marte II asegura que al vencer a Ulises, lo dejó ir y luego pidió auxilio al vigilante y a la Policía.

“Cuando salió el criteriado, me dijo: ‘ey, ¿qué estás haciendo?’ No hallé qué responder, solo le dije: ‘ándate, no te quiero matar, vos no me has hecho nada, no te quiero matar’. Él me dijo: ‘entregame el cuchillo’. Yo se lo he entregado con mis propias manos, nunca ha forcejeado conmigo. El criteriado dice que yo lo quise amenazar. Es raro, cuando don Armando era una persona fornida, el criteriado es delgado y ya de avanzada edad. Me hubiera sido más fácil matar al criteriado que a alguien ya… Por decirlo así, más fuerte. Yo le he dado el cuchillo. Él me dijo que me salga, yo le dije que no, que mi compañera estaba dormida en el cuarto… Nunca amenacé al testigo. No le quité la vida porque no me había hecho nada. Mencionan una .3280. Ese calibre nunca ha existido en calibre de arma. Sí existe la .3220 y la .380. Armas no han encontrado. Es otra de las mentiras del criteriado”.

Efectivamente, la .3280 no existe. Hay revólveres .3220 –mejor conocidos como .32-, y definitivamente hay .380. En El Salvador, el país más homicida del planeta, se registran 11,000 armas de fuego cada año, desde 2010. O sea, cada día unas 30 nuevas armas andan en manos de los salvadoreños en las calles de este país de 6.5 millones de personas. Ninguna de esas armas, obviamente, es una .3280.

“Ella no ha escuchado nada, porque sigue acostada en la cama. He entrado al cuarto a despertarla, la he movido, ahí es donde la he manchado de sangre. Ella se despertó asustada. Me preguntó que qué pasaba. Le dije que no preguntara, porque no le iba a contestar… O sea, que ella ahorita se está dando cuenta que sí, yo maté al individuo. Hasta la fecha, nunca se lo había confesado a ella. Necesitaba de valor y de conocer la palabra de dios. Si yo mintiese, del juicio de dios no me puedo escapar. Por temor a dios es que yo he venido a declararme culpable y pedirle que puedan absolver a mi compañera de vida, porque yo manché de sangre el vestido de ella”.

Roxana, la muchacha de un cantón de Chalatenango, a sus 21 años, ha pasado casi un año de su vida encarcelada sin entender por qué. Quizá intuyó que aquella sangre su pareja se la sacó al hombre en el suelo, pero nadie le había explicado por qué ella estaba presa, qué tenía ella que ver con aquel homicidio. Ella ha pasado un año encarcelada luego de despertar abruptamente, manchada en sangre. Su tiempo en una prisión como la de Ilopango, con un hacinamiento superior al 400%, terminará hoy, porque su pareja entendió que o hablaba o su mujer iría a la cárcel. La Fiscalía la acusa de homicidio simple. El defensor público parece interesarse tanto por este caso como un caníbal en un plato de verduras. En este sistema de (in) justicia donde solo uno de cada 10 homicidios llega a juicio, Roxana solo tenía una posibilidad de quedar libre: que su homicida novio decidiera confesar.

“Yo sé que voy a ser condenado porque cometí el delito. Yo a ella tenía 12 días de haberla conocido… Nos conocimos y nos quisimos acompañar. El único error de ella fue haber estado a la hora equivocada en el lugar equivocado, y el único delito de ella fue haberse acompañado conmigo, pero ese no es un delito ante la ley”.

La Fiscalía también sostiene que Ulises robó un televisor.

“Yo le dije a ella: ‘han matado a don Armando, no pregunte, vámonos’. Y agarré mi televisor plasma de 32 pulgadas y 40 dólares que ella tenía en una mochilita. (En la oficina de don Armando) había una minilaptop, las llaves de una camioneta…”.

Ulises no será condenado por ningún robo en el tribunal, tras casi un año de investigación. Ulises y Roxana serán condenados como ladrones por los medios de comunicación sin ninguna investigación. “Con la idea de obtener unos ingresos extras, un anciano de 64 años, puso en alquiler tres habitaciones su (bis) residencia ubicada en San Salvador, pero nunca imaginó que su inquilino lo mataría al intentar robarle sus electrodomésticos y sus pertenencias personales”, fue el primer párrafo de Diario 1 publicado luego del juicio. A pesar de que la nota cierra diciendo que Roxana fue absuelta “por falta de pruebas”, le dedican este párrafo: “Sin embargo, la noche del 12 de mayo pasado, Rodríguez Silva, había consumido bebidas alcohólicas en compañía de una mujer que responde al nombre de Abigail Villanueva, de 20 años. Ambos sujetos planearon robar electrodomésticos en la vivienda del adulto mayor, pero según su declaración, no pensaban asesinarlo”.

“Yo he salido a buscar un taxi con tal de que me llevara a Santa Ana, Mi intención era parar un taxi, darle el plasma y que me llevara a Santa Ana. Mi compañera, sin saber lo que pasaba… No sé qué pasó en la mente de ella, yo la levanté con mis manos llenas de sangre. Cuando vi la patrulla, me he tirado al suelo”. El Diario La Página habló en su nota luego del juicio de “la pareja de atacantes” y tituló: “testigo relató cómo un sujeto le dio 50 puñaladas a su víctima para robarle un televisor”, a pesar de que Marte II no relacionó el asesinato con el robo.

Luego de la declaración, la Fiscalía insistirá en que “la ropa indica que Roxana participó”. Se consignará que el cuerpo de Armando tenía 50 puñaladas. El defensor, coherente con el desinterés mostrado desde el inicio, solo repetirá algunas de las cosas que Ulises confesó. Su estrategia de defensa era ver qué pasaba. A Marte II solo le preguntó que de dónde bajó Roxana. Marte II, con ayuda del juez, tuvieron que hacerle ver al abogado defensor que nadie bajó de ningún lado, porque la casa es de una planta. El juez, dando crédito a la confesión de Ulises y a su tratamiento siquiátrico, le dará una pena mínima por homicidio simple: 10 años, y otros 3 por amenazas a Marte II. Respecto a Roxana, dijo: “No se ha demostrado la participación que cometió”. Absuelta. Antes de que la sentencia fuera dictada, Ulises pidió una última cosa. El juez no se la concedió. Dijo que no le correspondía a él, y Ulises fue conducido hacia el penal del que salió para venir a este juicio.

“Solo un favor quería pedirle a su señoría: hice una solicitud de traslado de penal. Me tenían con régimen de protección, porque la población adentro no me recibe. Yo ya llegué cuatro veces a ese penal, porque hice una condena anterior. Me han hecho amenazas… Como solo son mareros, más que todo. Ahí tengo enemigos que fueron de la calle, va. Yo hace ocho años anduve activo. Solicito mi traslado por motivos de seguridad al penal de San Vicente, el único penal donde no tengo problemas. Ya me amenazaron de que me van a matar. Ayer, día domingo no hicieron nada por respeto a la visita. Me haga el favor… si me pueden tener de mientras acá en las bartolinas para no poner en riesgo mi vida. Y, por lo demás, me considero responsable del delito. Nada más. Muchas gracias”.

I. El fin de la primavera de Claudia Paz.

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves. La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11. Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo.
—¿Y qué le respondieron ustedes?
—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

Se trataba de un movimiento defensivo. Aunque Paz y Paz pensaba que el pulso por la duración de su mandato estaba resuelto, sabía que vendrían otras acometidas. Con el traslado de Aguilar pretendía sembrar en otras instituciones la experiencia de sus tres años de gestión encarnada en su equipo, una decena de jóvenes abogados penalistas y de Derechos Humanos con los que trabaja desde hace más de una década. El mayor de ellos tiene 50 años. Los hay, como Aguilar, que apenas superan los 30.

Díaz tiene 29. Tiene maneras de estudiante aventajado. Le gusta hablar rápido, tiene un humor cortante y la risa ácida, de sarcasmo destilado. Justo después de la reunión tenía un almuerzo con dos periodistas de Plaza Pública. Con ellos estaba cuando recibió la llamada: la CC había acortado el periodo de la Fiscal.

—En diciembre se juntaron un grupo de abogados de Zona 10 con Pérez Aguilera, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, y él ya les anticipó que Paz y Paz se iba en mayo —dice—. Nosotros sabíamos eso…Y aun así llevábamos una semana como cantando victoria. Ellos nos engañaron, lo hicieron bien, no les vamos a quitar el mérito.

***

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. Lo dice, con esas palabras exactas, uno de los hombres que más influyó en él para que lo hiciera: Carlos Menocal, un experiodista que en aquel momento era ministro de Gobernación.

Corpulento, saco informal, mochila al hombro, barba cuidada y lentes de diseño, Menocal duda si pedir o no un café. Transmite siempre la idea de tener prisa, de estar extremadamente ocupado y a punto de irse, pero da detalles y explicaciones por casi una hora, como si que se sepa lo que sucedió hace cuatro años fuera parte de su trabajo. En eso, el Carlos Menocal periodista se impone al político.

—Álvaro Colom estaba un poco acomplejado porque en su gobierno no avanzaba el sistema de justicia transicional —dice.— El nombramiento de Claudia Paz, experta en Derechos Humanos, caía como anillo al dedo.
—¿Poner a Paz y Paz fue entonces una batalla personal de Colom para hacer justicia a las víctimas de la guerra?
—Digamos que una batalla personal y de algunos de quienes éramos sus colaboradores.

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie. El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social. La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

En 2009 arrancó una pequeña revolución en el sistema de justicia para evitar que Guatemala se convirtiera en un Estado fallido. La CICIG, creada en 2006 para ser bastón internacional de un país cojo, comenzó a desnudar el aparataje paralelo ilegal que operaba dentro del Estado, y tanto su presión como la cooperación extranjera lograron dotar a la Fiscalía de nuevas herramientas legales y científicas de investigación como escuchas telefónicas y laboratorios de balística. Además, la paulatina aparición de nuevos grupos de poder económico ajenos a las familias tradicionales alteró el mapa de influencia en el poder judicial y permitió que la Corte de Constitucionalidad levantara el secreto de documentos militares y resolviera que la desaparición, un crimen habitual durante la reciente guerra civil, no prescribía por ser de carácter permanente. Incluso en la Policía, considerada un irrecuperable foco de corrupción, los gobiernos de España y Estados Unidos patrocinaron y formaron pequeños grupos de agentes jóvenes especializados en la persecución de homicidios y extorsiones.

Pero no bastó. Para marzo de 2010, Colom se había visto forzado a destituir, por corrupción, a tres ministros de Gobernación consecutivos y a dos directores generales de la Policía en solo dos años. Su gobierno había estado a punto de enfrentar un golpe de Estado en 2009 y navegaba con dificultad en medio de pulsos de poder en los que resultaba difícil distinguir las ambiciones puramente políticas de las que tenían raíces criminales. Pese a los avances aislados, el mágico país al que millones de turistas llegaban cada año en busca de ruinas mayas era una ruina en sí mismo.

La convulsión final vendría en junio de 2010: el Comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana, renunció públicamente a su cargo alegando que una semana antes Colom había elegido como Fiscal General a un corrupto pese a saber, por informes que él mismo le había dado, que tenía vínculos con el narcotráfico. El fiscal bajo sospecha, Conrado Reyes, fue forzado a renunciar y se inició un nuevo proceso de selección. Por eso Colom pudo elegir en diciembre a Claudia Paz y Paz.

Cuando le pregunto a Menocal cómo explica que el mismo Álvaro Colom que eligió como Fiscal a Paz y Paz hubiera elegido meses antes a Reyes, le renace el político y trata de lavar las manos del presidente:

—Colom escucha mucho. Fue una decisión demasiado democrática —dice.— Escuchó a muchos sectores y especialmente a su partido.
—Y todo el mundo dice que en diciembre le escuchó a usted.
—Y a otros funcionarios cercanos. Pese a las presiones de su partido, empresariales y dentro de su mismo gobierno, en diciembre tomó la decisión más acertada para el país, no para su partido, ni siquiera para él.

Los miembros de la comisión de preselección del nuevo Fiscal incluyeron a Paz y Paz en la lista final de seis aspirantes para que su perfil académico y progresista adecentara el proceso de cara a la opinión pública, en un momento en el que la legitimidad del sistema político flotaba en las cloacas. Daban por hecho que el presidente no sería tan estrafalario como para seleccionar a una abogada de ideas provocadoras, dedicada por años al esclarecimiento de los crímenes de la guerra y sin amigos ni deudas en la política. Se equivocaron. A las 12 del mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, Colom le dijo a Menocal que se preparara, que Paz y Paz sería nombrada a las seis de la tarde y él sería el único miembro del gabinete presente. También pidió que se enviara invitaciones urgentes al resto de poderes del Estado y a las delegaciones diplomáticas.

Al evento solo llegaron seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos. La Fiscal que en los siguientes años revolucionaría el Ministerio Público tomó juramento en una ceremonia exprés en un salón pequeño, lejos de los boatos con que se solía investir a sus predecesores. Colom tenía que salir de viaje al día siguiente y quería dejar instalada a la fiscal general. Temía que, si esperaba, en su ausencia pudieran fortalecerse y contraatacar quienes se oponían a ese nombramiento.

En esas precarias circunstancias, era de esperar que el respaldo político de Colom no le sirviera de mucho a Paz y Paz una vez en el cargo. Con evidente intención de obstaculizar su trabajo, el Congreso pasó los siguientes cuatro años sin nombrar al Consejo Asesor del MP, que debe autorizar decisiones administrativas como los despidos. Aunque agitó el MP por dentro e intentó una depuración interna, Paz y Paz no pudo despedir a ninguno de los 286 fiscales y empleados del MP a los que destituyó por corruptos o inútiles durante su gestión. Cuando ella dejó el cargo muchos seguían cobrando su salario a pesar de estar fuera de servicio.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

—¿Qué logran los sectores privados que se opusieron a Claudia Paz y Paz con su salida adelantada? —le pregunto a Menocal.
—Disipan el fantasma de una cacería de brujas en torno al concepto genocidio. El sector poderoso del país piensa que si fue procesado Ríos Montt, el general de generales, el gendarme de la oligarquía, puede caer cualquiera. Se abrió la puerta. Se abrió el dique, y el agua te puede arrastrar. Por eso el primer objetivo es que el tema del genocidio no avance. Mirá, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, por poco que sea, levanta olas. Yo creo que Colom jamás midió las dimensiones políticas de nombrar a Claudia Paz y Paz.
—¿No sabía la que estaba liando?
Exacto. Él que en su gobierno se hizo cientos de miles de peticiones de perdón por crímenes durante la guerra, que llegó a pedir perdón en nombre del Estado por el asesinato de su propio tío a manos del Ejército en el 79, no vio las olas que iba a generar.

***

La jueza Yassmin Barrios hasta para ir a comprar flores se sube a una patrulla policial. Va al supermercado en un pickup con sirenas y rodeada de los agentes de policía que la protegen desde que hace diez años, el día antes a que iniciara el juicio por el asesinato del obispo Juan Gerardi, alguien arrojó una granada de fragmentación al patio de su casa. El año pasado recibió de nuevo amenazas de muerte y el sistema judicial le asignó un vehículo blindado, pero ella solo lo usa dos veces al día: para ir y regresar de la torre de tribunales. Nada más. Dice que el vehículo no es suyo y gasta mucha gasolina. “Uno debe ser austero, no abusar de las cosas”, argumenta con lógica maternal. Yassmín Barrios, la jueza que en mayo de 2013 condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, trata de reducir lo más complejo a lógicas simples. Y no tiene vehículo propio.

Su casa es pequeña, objetivamente pequeña. Minúscula al lado de su renombre. Nos ha recibido ella misma en el portón que da a la calle, bajo la mirada incómoda de sus escoltas, resignados a las formas sencillas de la jueza. Viste como lo haría, probablemente, cualquiera de sus vecinas, con una falda a cuadros y un suéter azul ajenos a modas. La jueza apenas se permite la vanidad de pedir que la dejemos ir a maquillarse, cuando descubre que en la entrevista habrá un fotógrafo. Regresa con el rostro lavado, los labios rojos y la línea de los ojos pintada rutinariamente de negro. Hasta la vanidad de Yassmín Barrios renuncia a la grandeza.

—¿Es difícil ser jueza en Guatemala?
—Sí, definitivamente sí lo es. No por los casos que se juzgan sino por el contexto que nos rodea.
—¿Qué contexto?
—La situación de violencia que impera, y la inseguridad para los juzgadores.
—¿Cree que hay jueces que se excusan de conocer ciertos casos por miedo?
—No puedo contestar lo que es referente a otras personas. Eso lo contestarían ellos. Cada quién sabrá por qué se excusa. Lo que sí puedo decirles es que las excusas solo se pueden plantear cuando existe un motivo. No hay por qué excusarse. Uno está obligado a cumplir con su deber.
—Pero por ejemplo, un motivo podría ser que le lancen dos granadas en el patio de casa, como le ocurrió a usted.
—Eso fue una noche antes, el debate era al día siguiente. Y me presenté a trabajar.
—¿Qué la mueve a usted a seguir adelante en unos casos que son tan complicados?
—Simplemente soy juez. Cuando empecé a trabajar hice un juramento. Esto es parte del ser juez.

Antes de que la salida de Claudia Paz y Paz de su cargo redibujara el mapa de la Justicia en Guatemala, la idea original de este texto era perfilar al puñado de personas que en los últimos años parecían haber arrebatado el país de los brazos del crimen organizado y los pactos de impunidad. Un puñado de intocables. Mandos medios policiales, fiscales de carrera, mujeres de la proyección internacional de Paz y Paz o Barrios. Una casta de equilibristas que en un entorno político minado y trabajando en instituciones altamente contaminadas asentaban precedentes impensables en países vecinos como El Salvador u Honduras, incapaces de juzgar al 95% de sus criminales de hoy y ni a uno solo de los violadores de Derechos Humanos del pasado.

Durante las ocho semanas que duró el juicio contra Ríos Montt, Barrios fue una pequeña David de pelo rizado que se batía contra la historia, las estridencias de los abogados defensores y el Goliat invisible de la presión política y mediática. Los querellantes intentaron maniobrar con cuidado para no incendiar el país, mientras los partidarios de Ríos Montt y las cúpulas empresariales acusaban a Paz y Paz y a Barrios de resquebrajar Guatemala y poner en riesgo los acuerdos de paz. La derecha guatemalteca cerró filas, restableció lazos con influyentes militares retirados y olvidó sus diferencias por un fin común. Hubo varios intentos legales de detener las audiencias y en todo momento se temió que una zancadilla política truncara el proceso.

Sabedora de que caminaba por un puente estrecho, la Fiscalía llegó a retirar testigos a última hora para no incriminar al presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante en el terreno durante las masacres de aquellos años, y así evitarle la tentación de intervenir en secreto para detener el juicio.

En una breve encuesta hecha por la universidad Rafael Landívar aquellos días, un 72% de los entrevistados dio por hecho que el proceso no llegaría a su final o el exdictador sería declarado inocente sin tomar en cuenta las pruebas en su contra. Otro estudio de la misma universidad apuntó que el 61% de los columnistas de los principales periódicos del país respaldaron el juicio en sus artículos, pero la sensación de la jueza Barrios era, lo afirma ella, de cerco mediático.

Tal vez sea que las élites guatemaltecas ni siquiera necesitan generar mayorías para vencer balanzas. A medida que el juicio avanzaba se acrecentó la sensación de que su voz penetraba en las carnes del proceso. Puede que fuera un resorte anidado en la conciencia colectiva del resto del país, que reaccionó a la voz de sus viejos amos como el hipnotizado que revive recuerdos al escuchar una palabra clave o una melodía determinada.

Aun así, marzo y abril de 2013 fueron meses de esperanza para quienes llevaban décadas pidiendo reformas en la justicia guatemalteca. En menos de una década se había pasado de los ajusticiamientos trogloditas a manos de la Policía a investigar y llevar a juicio tanto a delincuentes comunes como a exdictadores que en nombre de las ideas fueron tan asesinos como los gatilleros de Berger. Si a eso le añadimos que desde 2010 el país experimentó un lento pero constante descenso en la cifra de homicidios, Guatemala vivía una primavera de la Justicia.

Pero desde que el 10 de mayo de 2013 Barrios condenó a Ríos Montt se comenzaron a encadenar mensajes de retroceso. Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Primero fue la rápida anulación del juicio, solo diez días después de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad, controlada, según fuentes tanto de izquierda como de derecha, por la cúpula empresarial tradicional y en menor medida por el Ejecutivo de turno, alegó defectos de forma para ordenar que el juicio completo se repita. En teoría debe celebrarse en enero de 2015. Después vino la arremetida contra Claudia Paz que terminó en su salida adelantada del cargo.

En medio, el Colegio de Abogados de Guatemala intentó suspender en su cargo a Yassmín Barrios, por supuestas faltas éticas en el trato a un abogado defensor durante el juicio. Su sanción nunca llegó a aplicarse y terminó siendo desestimada por la CC, pero una mancha negra cayó sobre quienes habían intentado juzgar al exdictador.

Es como si alguien estuviera cerrando por decreto la primavera.

—¿Se siente parte de un pulso entre dos Guatemalas? —le preguntamos a Barrios.
—¿Por qué me pregunta esto?
—Porque hay claramente dos Guatemalas, como mínimo. Una que quería que el juicio a Ríos Montt llegara a término y otra que no quería que se completara. Hay una parte de Guatemala que se identifica con usted, y otra que la denuncia y presiona.
—Soy una mujer que cree en la justicia, nada más. Soy abogada. Creo en la justicia. Así de fácil. Sin mucha confusión.
—Lo cuenta usted como si fuera sencillo.
—Lo es. Soy una mujer. Soy una abogada. Creo en la justicia. Así de directo y concreto.

Las respuestas de la jueza son de una sobriedad frustrante para cualquier entrevistador. Todo intento por conseguir que se pronuncie sobre el contexto del juicio o sobre la política guatemalteca es inútil. Se niega a responder las preguntas acerca del impacto del juicio en la sociedad o del grado de independencia que hay en la Justicia guatemalteca. Ni siquiera entra a valorar si Guatemala es racista 30 años después del genocidio.

Por momentos se comporta como si estuviéramos en su sala de audiencias y ella estuviera presidiendo. Responde desde su sofá con la espalda estirada y las manos en el regazo, casi inmóvil, con una sonrisa perpetua, y pide en cuatro ocasiones que se reformule alguna pregunta porque no comparte su premisa o porque el asunto excede sus competencias como jueza. Tiendo a pensar que es tan prudente porque sabe que cualquier palabra suya puede ser usada en su contra por sus adversarios.

Pero existe otra posibilidad. Una más probable. Yassmín Barrios es tan pulcra al conducirse y obrar, tan de libro, que como periodista te desafía a buscarle grietas, defectos, lados oscuros. En su caso no los encuentras. Puede que no se trate de una mujer prudente por miedo a sus enemigos, sino de que solo alguien de carácter tan discreto y comedido como el de Yasmín Barrios haya podido sobrevivir más de una década en primera línea de un sistema de Justicia acorralado por intereses económicos, políticos y de grupo.

—Un nuevo juicio a Ríos Montt, ¿qué significa para la Justicia?
—Puedo hablar de lo que nos correspondió a nosotros jueces —se mide, de nuevo, Barrios—. Nuestra sentencia, porque somos los tres jueces del tribunal quienes la dictamos, constituye un avance. No solo la realización del debate sino llegar a la sentencia. Hay valoración de testigos, de peritajes, de documentos, y hay responsabilidad del acusado por delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Constituye un avance no solo para Guatemala sino para América Latina y para el mundo entero.
—Existe otra lectura: sentar a un exjefe de Estado para juzgarlo por genocidio sin duda es un avance, pero por otro lado las reacciones fuera del tribunal y el resultado final, de nulidad de la sentencia…
—Le aclaro que no se anuló la sentencia. Se anuló el proceso. Son cosas diferentes. La Corte no anuló el análisis que efectuamos. No señaló ningún defecto en la sentencia, no entró a estudiarla, y eso es muy importante.
—O sea, que…
—Es un caso sui generis. No hay un antecedente de esa naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico penal.
—¿Y usted cree que la anulación fue contra el ordenamiento jurídico?
—Creo que lo más importante es lo que los demás piensen.

“Lo que los demás piensen” es un concepto confuso. Cuando la CC anuló el juicio contra Ríos Montt hubo organismos internacionales que lo consideraron una aberración jurídica. Organizaciones de sociedad civil denunciaron el carácter político de la decisión tomada. Y el entonces comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anesse dijo en público tres meses después que se trataba de una “anulación ilegal”.

En el otro extremo reaccionaron, cabía esperarlo, los representantes del CACIF, la organización que históricamente ha concentrado a la cúpula empresarial del país. Ellos mismos habían pedido la nulidad del juicio, y acusaron al comisionado Dall’Anesse de vulnerar la Constitución guatemalteca al desafiar una decisión judicial. A ese punto, el costarricense le quedaba solo un mes en el cargo y ya estaba, por tanto, fuera de la partida. Un comunicado de la CICIG durante el juicio, denunciando la campaña mediática de presión para que Ríos Montt fuera declarado inocente, lo enfrentó con el gobierno de Pérez Molina, que se quejó por vía diplomática ante la ONU y forzó su salida del cargo. Tomar postura contra Ríos Montt en el juicio por genocidio te granjea enemigos poderosos en Guatemala.

***

Yassmín Barrios y Pablo Xitumul durante el juicio contra Rios Montt. Foto Plaza Pública/Sandra Sebastián

El magistrado Pablo Xitumul, que junto a Patricia Bustamante y Yassmín Barrios conformó el tribunal que condenó a Ríos Montt, asegura que no recibió presiones o amenazas directas durante el proceso, pero dice que su teléfono estaba intervenido y no olvida que uno de los abogados defensores del militar le gritó en plena sala de audiencias: “no voy a descansar hasta verlo tras las rejas”. En otro caso, esas palabras no hubieran significado demasiado. En este resultaba tan difícil medir su alcance que el juez las recuerda un año después de que todo acabara.

—Aquellos días, frente a mi residencia pasaban patrullas militares por la vía, porque yo vivo a la orilla de la carretera. Ahí estuvieron durante todo el juicio. Yo al inicio dije “qué bueno, están prestando seguridad”, pero 8 o 15 días después de terminar el juicio se fueron y hasta ahora no han vuelto. ¿Será una coincidencia?
—¿Usted cree que lo era?

Xitumul, originario de una pequeña aldea indígena en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, calla un instante, sonríe y achina un poco más, si eso es posible, sus ojos rasgados.

—Y la otra: que la Policía Nacional Civil retuviera en esos días como en cinco oportunidades a mi hijo mayor, que trabaja en una cadena de restaurantes y a veces regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Justo llegando a la casa lo paraban, le bajaban de la moto y le pedían su identidad. ¿Será una coincidencia o casualidad? Yo creo que no.

Pablo Xitumul acaba de salir de audiencia y me recibe en su despacho, en el que se hacinan un escritorio, tres sillas y un sofá que apenas dejan espacio para caminar. Junto a Barrios y Bustamante acaba de condenar a una veintena de años de cárcel a seis hombres que formaban una banda de secuestradores. Como sucedió en el juicio por genocidio, él no ha abierto la boca en todo el proceso. Se ha mantenido tieso y callado en su silla, deliberando entre susurros con sus compañeras alguna que otra vez, pero sin hacer pública su voz. Me atrevo a decir que en Guatemala poca gente la ha escuchado. Para la mayoría, el Juzgado A de Mayor Riesgo tiene un solo rostro: el de Yassmín, centro de todas las miradas y ataques —a su peinado, a sus gestos, a su supuesta ideología— de quienes querían que Ríos Montt fuera declarado inocente.

—Ellos tenían objetivos específicos. El primero era desintegrar el tribunal. ¿Y cómo se desintegra el tribunal? Cambiando a la presidencia. Cualquiera de nosotros que estuviera en la presidencia hubiera sido atacado. Hubieran buscado la manera —dice Xitumul.
—¿Y por qué cree que eran esos ataques?
—Por el tipo de juicio, el tipo de personaje a juzgar y también el tema subyacente, que es el conflicto armado.
—Pero se ha juzgado otros casos de crímenes de guerra, sin este revuelo.
—Esta vez el objetivo inicial era no permitir que fueran llevados a juicio estos personajes, pero no por el personaje en sí, sino porque en Guatemala y en otros países se ponen de acuerdo la cúpula militar, empresarial y política. Ellos temían que el juzgamiento de un individuo de estos produjera un efecto dominó hasta llegar a los empresarios.
—Parece que ese es el punto clave: los empresarios.
—Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. No lograron evitar el inicio del debate, y entonces la consigna era parar el juicio: a la cuarta parte, a la mitad, casi al final… Pero tampoco. Entonces hicieron lo que pudieron hacer.

A estas alturas es evidente que el hombre callado del tribunal es, en privado, mucho menos reservado con sus opiniones que Yassmín Barrios. Pablo Xitumul tiene algo de desprendido en su manera de hablar. Como si lo que le pudieran arrebatar no importara, como si ya estuviera de vuelta de todo. Será porque su padre desapareció en 1982, cuando él tenía siete años, y desde entonces le ha tocado encarar poderes. Cuenta cómo, tres meses después de la desaparición, fue con su madre a la presa Chixoy, en cuya construcción trabajaba su padre, para reclamar sus salarios pendientes. Les pidieron un acta de defunción. Les sugirieron que investigara todos los cadáveres encontrados en esos meses en la carretera de Guatemala a Cobán. Él dice que se plantó, que argumentó, que consiguió que le dieran a su madre “un chequecito”.

No es que sea un justiciero: cuando años después decidió estudiar derecho lo hizo por eliminación. Ya antes había tenido que interrumpir sus estudios por falta de dinero y no quería volver a hacerlo. La de Derecho era la única carrera cuyos horarios le permitían continuar trabajando para pagarse la universidad. En eso, Xitumul se parece a Barrios: tiene una mirada y un juicio eminentemente prácticos.

—¿Oiga, la justicia en Guatemala está sometida a un pulso político?
—Bastante. Bastante. Bastante. La carrera judicial inicia en el juez de paz y llega a juez de instancia, donde estamos nosotros. Todos pasamos por un proceso de selección, evaluación y nos nombran para un periodo de cinco años. ¿Pero qué pasa con los magistrados de Corte, de sala de apelaciones, de Corte de Constitucionalidad?
—No sé. Dígamelo usted.
—Pues que vienen de afuera, sin haber sido jueces muchos de ellos, pero apadrinados por partidos políticos o grupos empresariales. Y todo eso hace que se comprometa su actuar. Ha habido muchas personas que por compadrazgos, por conectes, llegaron a una magistratura. Siempre hay grupos que van a luchar por llegar ahí. Por eso para mí no hay una garantía de que realmente se administre justicia.
—Pinta usted un escenario oscuro. Es pesimista.
—Solo le soy honesto. Mire, yo vivo en Guatemala, y he visto que nada más tomar posesión la Corte Suprema ya los magistrados se reunían en desayunos, almuerzos, pláticas, charlas, con grandes grupos económicos. Yo, como juez, no podría ir a sentarme con ellos. Yo me dedico a mi trabajo y no quiero comprometer mi forma de resolver. Tengo para comer, tengo para lo básico. Muchos quisieran abarcar más y vivir en lujos, por eso se olvidan de la Justicia.

Las palabras de Xitumul se podrían atribuir a la decepción. En 2009, lo admite, él también participó como candidato a magistrado de sala de apelaciones. Pensó que no tenía perfil suficiente para optar a la Corte Suprema, pero sí los méritos académicos y la experiencia para integrar un ente, el de apelaciones, más técnico. En la fase de preselección le adjudicaron 46 puntos sobre 100 y no le incluyeron en la lista final sobre la que decide una comisión nombrada por el Congreso. Se frustró. Dice que no va a participar nunca más en uno de esos procesos.

—Pero no crea: tampoco entraron quienes tenían 86, 88, 89 puntos, incluyendo a mi compañera Yassmín, que fue de las mejores calificadas.
—¿Tampoco llegaron?
—A ella la incluyeron en el listado solo para cumplir. Pero a la hora de la votación en el Congreso de la República no la tomaron en cuenta. Y en mi caso tampoco fueron los puntos, porque se fueron en el listado final personas que habían sacado 29, 30 puntos y que son los actuales magistrados de sala.

***

Antes de forzar la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes en 2010, la CICIG ya había sacudido el sistema de justicia guatemalteco con otra denuncia pública. El 6 de octubre de 2009, el comisionado Carlos Castresana denunció que un grupo de abogados estaba tratando de tomar control de la Corte Suprema de Justicia para beneficio propio. Aseguraba que seis de los trece candidatos finales a integrar la Corte estaban vinculados a un abogado y empresario que, en secreto, había movido los hilos para ponerlos allí: Roberto López Villatoro, conocido popular y despectivamente en Guatemala como “el rey del tenis”.

De él se ha escrito que encarna a un sector de empresarios emergentes, enriquecidos a la sombra del Estado —su apodo proviene de una vieja adjudicación pública de compra de calzado—, y que durante la última década él personalmente le ha disputado al CACIF el control de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral, antes campo de cultivo exclusivo de sus influencias. López Villatoro es un hombre público que se mueve con soltura en las zonas grises del sistema. Es un operador al que uno recurre cuando necesita atajos, soluciones políticas a problemas legales o soluciones pseudojurídicas a disputas políticas.

Le he pedido una entrevista para que me confirme la versión de Xitumul acerca de que el sistema de Justicia guatemalteco descansa en una cadena de favores. A él, a quien todos señalan como un maestro en ese negocio de los favores.

Me cita en una cafetería de zona 10 en la que se venden tanto cócteles naturales como ropa de diseño que solo he visto en puertos deportivos y en fotografías de criquet. Antes de comenzar, me pregunta si quiero que hablemos on the record o prefiero que me diga toda la verdad. Cuando le respondo que necesito ambas cosas estira una sonrisa de joker y rompe los protocolos:

—Tengo un amigo que dice que Guatemala es un ajedrez en el que el rey es hueco —homosexual—, la reina puta, y los alfiles de los dos bandos hacen negocios entre sí. Todo en un tablero redondo.

Entre líneas, el rey del tenis me está diciendo que es un alfil.

—Dicen usted mueve los hilos para que a uno le elijan magistrado de la Corte Suprema.
—En este país se exagera, se sobredimensiona a las personas. Efectivamente, creo que tengo conocimiento sobre cómo opera el sistema de justicia. Me he preparado. He estudiado tres maestrías…
—Sabe cómo moverse en el sistema de elección.
—Conocer a muchas personas y saber cómo opera el sistema de Justicia te da la experiencia para conocer las fuerzas que operan en el país y saber cómo llegar. Siempre de acuerdo con las normas que establecen la Constitución de la república y la ley judicial, claro.
—Dígame qué tengo que hacer para ser magistrado.
—Tiene que hablar con académicos, con decanos de las facultades de derecho del país, con los líderes de las agrupaciones gremiales del Colegio de Abogados y luego, obviamente, tiene que hablar con los líderes políticos del país. El sistema fue creado con la buena intención de dar peso a diferentes sectores, pero en todo ese camino se pierde la independencia judicial.
—Osea, que cuando llegara a una alta magistratura debería demasiados favores.
—Obviamente, porque tiene que hacer una labor de lobby. Nadie va a llegar por sí solo. Nadie llega si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Esa es la realidad.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por López Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema. Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales, interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Estos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

—El tiempo nos dio la razón —dice.— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar. Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los viejos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta. Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

II. El regreso de los viejos dueños.

El hijo de Claudia Paz leía aburrido y paciente en el despacho de su madre mientras esperaba que termináramos la entrevista. Yo, de alguna manera, también quería que terminara. O que empezara de nuevo. Había viajado desde San Salvador esperando escuchar de la Fiscal un análisis profundo y diseccionador, que me ayudara a entender su duelo con las fuerzas conservadoras del país y abocetar el futuro, pero solo obtenía de ella previsibles respuestas institucionales, algunas de ellas propias de un comunicado de prensa.

—Anularon una sentencia contra Ríos Montt. ¿Estamos en un punto de avance o de retroceso?
—Yo sostengo que es un avance. La posibilidad de que las víctimas declararan frente al perpetrador en una situación de igualdad frente a la ley… Según las palabras de las víctimas, para ellas fue reparador. Luego la sentencia de la Corte nos coloca frente a la necesidad de repetir el juicio.
—En los últimos años parece que la Corte de Constitucionalidad hay momentos en los que se abre a la construcción de una nueva institucionalidad, y hay momentos en los que se cierra.
—Desde la Fiscalía hay decisiones que compartimos y decisiones que no compartimos, pero igual las respetamos.
—¿Y cree que esas decisiones se basan en un proceso honesto de reflexión jurídica, o que están influidas por otros intereses?
—Son argumentos jurídicos que vemos desde otro punto de vista, y en su momento los impugnamos, y la Corte falló… Cómo falló ahí sí que…
—¿Diría que la judicatura en Guatemala es en general independiente? ¿Casos como el de Yassmín Barrios son la mayoría?
—Hay jueces muy buenos, y hay jueces que no actúan con independencia.

Algo no cuadraba. Había leído un artículo aún inédito de Francisco Goldman, autor de “El arte del asesinato político”, el libro medular para saber cómo fue el asesinato de Juan Gerardi y cómo opera el poder en Guatemala. El artículo incluía una intensa entrevista con la Fiscal y dos de sus colaboradores, Arturo Aguilar y Mynor Melgar. En ella, el nivel de transparencia y los señalamientos a las personas que boicotearon el juicio a Ríos Montt eran extraordinarios, fuera del tono habitual de la templada Paz y Paz y a años luz de la entrevista que me estaba dando a mí.

Ante Goldman, Paz y Paz habló de “ellos”, de los “intereses arraigados” que durante el juicio al exdictador habían aparecido “sin disfraz, ni nada” en defensa de la impunidad. Entre ella, Aguilar y Melgar nombraron a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), a “los ideólogos del sector privado”, al presidente Otto Pérez Molina, al CACIF, que agrupa a la cúpula empresarial del país…

—(…) Fue para el caso por genocidio que se unieron los sectores más conservadores de este país —dice en la entrevista Aguilar.
—Los “Ellos” —señala Paz y Paz.

Y cuando Goldman le pregunta, sin algodones:

—¿“Ellos” eran cómplices del genocidio?

Ella le responde:

—Pues, imagino, porque tuvieron tanto miedo…

Por eso esperaba a una Fiscal más deslenguada, más directa, e interpreté incluso como una buena señal, de confianza, que me citara en su despacho un sábado. Pero la encontré parapetada, cauta. Cuando le hice referencia al texto de Goldman, a sus propias palabras ahí citadas, se mostró sorprendida y dijo no recordar haber dicho aquello. Se hizo un silencio incómodo. Aunque la conversación siguió, la entrevista terminó con un deje de desconcierto.

Después. Mientras bajábamos hacia la salida en el ascensor privado que la Fiscal General usa por motivos de seguridad, Claudia Paz me preguntó si podía obtener una copia del artículo que había citado. Le expliqué que era parte del libro “Crecer a Golpes”, que iba a ponerse a la venta en pocas semanas. Parecía no terminar de salir de la sorpresa. Al despedirnos, le entregué mi copia del artículo, fotocopiada y llena de anotaciones.

Ese encuentro sucedió el 25 de enero. Una semana después, el viernes 31, la revista Contrapoder publicó en seis páginas un extracto de la entrevista de Goldman. Claudia Paz y Paz piensa aún hoy que esa publicación, la de Contrapoder, le costó el puesto.

***

El tiempo que se ha retrasado Ricardo Sagastume en llegar a nuestra cita en su despacho me ha servido para dos cosas: una, ver el primer tiempo del último e intrascendente partido de España en el Mundial de Brasil; otra, pasear por los títulos de abogado de su padre, Ricardo Sagastume Vidaurre, colgados en las paredes de madera de esta sala de visitas. Él mismo me mostrará más tarde, con evidente orgullo, una fotografía de su padre como presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1982, tras ser colocado en el cargo, a dedo, por Efraín Ríos Montt.

Al frente de un Poder Judicial de papel, sometido al dictador, el viejo Sagastume respaldó la desaparición del habeas corpus y legitimó los tribunales de fuero especial, formados por jueces secretos que se alimentaban de confesiones bajo tortura y ordenaron al menos 15 fusilamientos en un año. De ese legado parece estar orgulloso, treinta años después, el hombre que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad el amparo que consiguió, como deseaba el CACIF, acortar siete meses el mandato de Claudia Paz y Paz.

Ricardo Sagastume hijo, abogado también, tiene su propia trayectoria pública en Guatemala. Antes de que la CC le diera la razón y decidiera que el periodo de Paz y Paz era la continuación del de Conrado Reyes y por tanto debía cerrarse justo cuatro años después de la elección de aquel, en mayo, Sagastume fue jugador profesional de fútbol. Y candidato a la presidencia en 2011 con el respaldo de AVEMILGUA, cuyos dirigentes testificaron a favor de Ríos Montt en el juicio. Y llegó a ser director ejecutivo de la Cámara de Industriales. Su despacho legal está precisamente en la cuarta planta del edificio de la Cámara, una de las gremiales más influyentes en el CACIF. Evidentemente Sagastume no esconde sus ideas ni sus filias.

Es de hecho un hombre de inusual transparencia. “A quienes de alguna manera podemos incidir en el país poco o nada nos importa la institucionalidad”, se lamentará en un punto de nuestra conversación. Crítica la miopía de los grupos de poder desde el asiento que él mismo se reserva entre la derecha ilustrada de Guatemala. Sagastume es una de esas personas que, pese a moverse en un mundo, el de las élites empresariales, que se alimenta de secretos, presume de honestidad intelectual y trata de mentir o esconder lo menos posible. Se ve a sí mismo como un buen hombre. Tal vez en el fondo lo sea.

—Usted hizo lo que el CACIF no se atrevió a hacer…
—Lo que nadie se atrevió a hacer. Y lo seguiré haciendo. Se debía respetar la Constitución.
—Pero además es de los que piensan que lo mejor para el país era que Claudia Paz y Paz dejara cuanto antes la Fiscalía.
—Sí. De haber seguido hubiéramos llegado a una debacle peligrosa, se hubiera perdido la gobernabilidad del país. Si estamos con esta polarización sin la doctora Paz y Paz, con ella hubiera sido terrible. Además, el juicio del señor Sperisen ha generado un elemento adicional. Con o sin Claudia Paz y Paz, el tema es un polvorín.

No es el primero que me habla del caso Sperisen, aunque me sorprende oírlo de él. Defensores de Derechos Humanos y periodistas me han advertido en las últimas semanas que los mismos columnistas de ultraderecha que en 2013 prendieron las primeras chispas del “si condenan a Ríos Montt condenan a toda Guatemala” han comenzado defender que la cadena de juicios que se están dando en Europa por el Caso Pavón son una ofensa a la soberanía y a los guatemaltecos de bien. Que la izquierda internacional está queriendo manchar, igual que hizo con el juicio por genocidio, la bandera de Guatemala. Que antes en Austria y ahora en Suiza y España se está linchando a funcionarios ejemplares, a hombres justos, a patriotas.

El asunto tendía algún interés si no estuviera tan claro lo que sucedió en la Granja Penitenciaria Pavón, a las afueras de Ciudad de Guatemala, el 25 de septiembre de 2006.

Ese día, bajo el argumento de recuperar el control de la principal cárcel del país, gobernada desde hacía años por bandas de presos en complicidad con las autoridades, esas mismas autoridades entraron en el penal con un ejército de policías, detuvieron a más de mil setecientos presos y ejecutaron a siete de sus líderes. La versión oficial atribuyó las muertes a un enfrentamiento. Aun si no sobraran evidencias y testigos de lo contrario, los balazos a quemarropa que tenían las víctimas hubieran bastado para desnudar la mentira.

La justicia guatemalteca condenó en 2013 a varios de los autores materiales de esas muertes, pero para ese entonces los funcionarios del gobierno de Berger que fueron responsables de la operación ya habían huido a Europa. El subdirector de Investigación Criminal de la Policía, Javier Figueroa, pidió refugio en Austria. Erwin Sperisen, orondo y rubio director de la Policía, y Carlos Vielman, ministro de Gobernación, huyeron a Suiza y España respectivamente haciendo uso de su doble nacionalidad. En Centroamérica, pero especialmente en la racista Guatemala, a la élite de la élite le gusta presumir de su origen europeo y, si se puede, de su nacionalidad europea. Es una forma de distinguirse del resto de guatemaltecos.

Figueroa fue absuelto en Austria de cualquier responsabilidad sobre las ejecuciones de Pavón, pero a Sperisen, líder del operativo y, según la CICIG, uno de los responsables de los grupos de exterminio que operaron en las calles de Guatemala entre 2004 y 2005, le condenaron en Suiza el 5 de junio de 2014 a cadena perpetua por aquellas siete ejecuciones extrajudiciales. Vielman está en una cárcel española, a la espera de enfrentar juicio allí.

—¿Por qué es un polvorín el juicio a Sperisen y a Vielman?
—Porque las heridas de ideologización que creíamos superadas se volvieron a abrir —responde Sagastume.
—¡Pero si un juicio fue en Suiza y otro será en España!
—Sí, pero involucran lo que percibimos como ciudadanos los guatemaltecos. Hay que admitir que la justicia no ha sido lo que esperábamos. Y cuando en un país la justicia funciona para algunos y para otros no, surge la frustración y ya no importa a quién se juzgue porque alguien tiene que pagar. El tema del genocidio y ahora el caso Sperisen colocan a una élite socioeconómica versus una gran mayoría que piensa que alguien tiene que pagar lo que ha venido ocurriendo en el país.
—¿Insinúa que esto es una revuelta contra las élites? ¿No cree que exagera?
—Es que son eventos demasiado trascendentes. El señor Sperisen y el señor Vielman pertenecieron a un gobierno que todo el sector empresarial apoyó. Apoyó abiertamente al candidato Óscar Berger y finalmente se hizo parte del mismo gobierno.
—Lo que usted dice es que a Sperisen y Vielman, sean o no sean culpables, se les juzga con la intención de dañar a grupos de poder.
—Esa es la percepción. Si quisiéramos ser objetivos deberíamos estar procesando a varios exministros de gobernación, a jefes del sistema penitenciario e incluso a expresidentes del país, pero se escogió a estos.

Cuando Sagastume habla de “los guatemaltecos” es evidente que se refiere a las élites tradicionales, a industriales, terratenientes, grandes comerciantes o inversores que, efectivamente, financiaron e incluso participaron en algunas de las operaciones militares del gobierno de Ríos Montt en los 80, y que durante el gobierno de Berger se integraron públicamente en el Ejecutivo hasta casi copar el gabinete. El canciller Jorge Briz había presidido la Cámara de Comercio. El principal maquilero del país, Miguel Fernández, fue nombrado comisionado para Inversión y Competitividad. Que Vielman, miembro de una destacada familia de empresarios y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala fuera ministro de Gobernación no era una decisión aislada. La reacción al juicio en su contra es, en concordancia, de grupo.

De un grupo que según el transparente Sagastume siente que la justicia se le está yendo de las manos.

—Las élites han perdido el control que tenían en los procesos de nominación de determinados funcionarios públicos en el sistema de Justicia—dice.— Hace 20 años participar en el proceso y ser electo era fácil, porque era menor el número de abogados y había más control. Hoy ya no hay control.
—¿Por eso la élite empresarial del país tenía miedo de hasta dónde podía Paz y Paz llevar ciertos casos?
—Había una serie de eventos diseñados para primero perseguir a actores del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado, y la siguiente etapa perseguir a otros actores que colaboraron o contribuyeron a que militarmente el Estado de Guatemala ganara la guerra. Había una fase subsiguiente que justa o injustamente se iba a ensañar con el sector empresarial. Eso es lo que sucede con el caso Vielman. Independientemente de lo justo o injusto del proceso, en Guatemala hay una cacería de brujas.
—Y los que se sentían víctimas de esa cacería de brujas reaccionaron y frenaron a Paz y Paz.
—No, yo creo que, yo creo que… el… —Es impresionante cómo este hombre, de discurso seguro, de repente tartamudea— Yo creo que eso no se ha hecho como sector privado. Quisiera pensar que no se hizo nada para detener la labor de ella… Lo mío fue una cuestión individual, absolutamente independiente. El sector empresarial está preocupado por la producción, la competencia, los mercados… en fin, eso que ellos saben hacer.

Dice él que ser como es y decir lo que dice le ha traído problemas “con ellos”, y ha señalado hacia el techo, hacia los pisos más altos del edificio, en los que están las oficinas de la Cámara de Industriales a la que él pertenece. Es fácil creerlo. Cuando ya casi me despido, Sagastume hace un último comentario que suena a confesión.

—¿Sabe? Nos da miedo que nos digan que somos de una élite específica. ¿Y qué? ¡Si somos ciudadanos como todos! Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a participar, porque desde siempre, cuando hace falta, somatamos la mesa —el abogado hace el gesto, el puñetazo en la mesa—y todo se arregla. Pero claro, eso a la larga nos hace daño como país…

***

A puñetazo en la mesa sonó que el Congreso aprobara el 13 de mayo, con el proceso de elección de nueva Fiscal ya en marcha y Paz y Paz inscrita en busca de la reelección, un documento que afirmaba que en Guatemala no hubo genocidio. “Los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio…”, se lee en los considerandos del texto. Hubo quien reaccionó con indignación e insistió en que una afirmación como esa solo la puede hacer un juez. Hubo quien pidió a los diputados, como burla, que decretaran también que Guatemala había ganado un mundial, pese a no haber clasificado nunca a uno.

El documento no tiene ningún valor legal. El delito de genocidio sigue vigente en el Código Penal guatemalteco y por tanto un juez puede aplicarlo si considera que hay pruebas. Además, Guatemala ratificó en 1951 la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y el Estatuto de Roma, que lo recogen. Sin embargo ese acuerdo legislativo, técnicamente un “punto resolutivo”, fue un agresivo mensaje político.

El subjefe de la fracción del Partido Patriota, Luis José Fernández Chenal, fue el hombre que consiguió los votos para que el punto se aprobase. La propuesta fue de los dos diputados del PRI, el residuo de lo que la década pasada fue el poderoso Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por Ríos Montt y llave para la resurrección política que le hizo presidente del Congreso en 2009. Tiene sentido. Dos diputados de un partido venido a menos, honrando su historia y a su antiguo líder. La pregunta es por qué Fernandez Chenal, un joven de 33 años con carrera meteórica en el partido de gobierno, ahijado político de Otto Pérez Molina, un tiburón legislativo que presume de haber crecido después de la guerra y considera un mérito no tener ideología, maniobró para sacar adelante una resolución tan polémica como inútil.

—Al fin y al cabo un punto resolutivo, como dice mi jefa de bancada, es un poema de amor político. No tiene ningún tipo de vinculación jurídica —reconoce, sentado en una oficina tan lujosa como vacía, a pocos metros del hemiciclo del Congreso—. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar de meter un punto resolutivo por los 40 años de la muerte de Miguel Ángel Asturias.

—¿Y de dónde salió el poema sobre el genocidio?
—Es que como bancada oficial vos tenés que conceder temas que no son tuyos. Nosotros decimos: “queremos incluir un préstamo”, y dice la otra bancada: “perfecto, pero a mí me dejás meter cierto tema”. Eso sucedió. Dijo el PRI “yo les doy los dos votos y me dan a cambio el punto resolutivo”.
—Así. Y ya.
—Así. Nunca se supo exactamente qué iba a decirse en el texto, te lo digo con toda la claridad. “Vamos a hacer un punto resolutivo sobre la reconciliación nacional”, dijeron. Como el tema lo propuso un diputado que tiene cuatro o cinco legislaturas, nadie pensó que fuera a escribir una pendejada.

El texto se procesó como si fuera un trámite bancario. Nadie lo leyó antes. Casi nadie prestó atención a su contenido mientras se leía en la plenaria. Se aprobó con desgana por 87 votos a favor de 158. Por muy poco. 47 diputados no estaban presentes.

—Yo le dije a la gente de la URNG, que son de izquierda: “¿Ustedes ya leyeron el punto resolutivo?, vayan a leerlo, no vayan a ser mulas de votar a favor. Porque ahí estamos diciendo de que el juicio del siglo y no sé qué y no sé cuánto…” —cuenta Fernández, sin indicios de estar bromeando.

Los votos de LIDER, el principal partido de oposición, fueron fáciles de conseguir. Días atrás uno de sus fundadores, Edgar Ajcip, había renunciado a la bancada y acusado a sus diputados de negocios ilegales y abuso de privilegios. A cambio de los votos para el punto resolutivo, el Partido Patriota se aseguró de que la comisión legislativa que debía investigar esos delitos nunca se aprobara.

Nadie dimensionó la travesura hasta que los periódicos del día siguiente titularon “Congreso dice que no hubo genocidio”. Fueron, ahora sí, días de debate y desgaste. Dice Fernández Chenal que en la plenaria siguiente siete diputados se excusaron en público por haber votado a favor: “Perdonen, me equivoqué, yo oí mal”, dice que dijeron.

—Los únicos que de cierta forma iban contento eran los dos diputados del PRI. Uno viene del FRG, y el otro es abogado de la familia Castillo que es afín a la Cámara de Industria y al CACIF.
—¿Y ustedes, en el Partido Patriota?
—No vayas a creer que hubo fiesta dentro del partido. Mucha gente, al ser el presidente Pérez Molina militar, probablemente lo vio con buenos ojos. Pero fue un tema X. El guatemalteco está mucho más enfocado en salir a la calle y que no le roben el celular que en ver si en Chimaltenango hubo hace 20 o 25 años fosas clandestinas. Mirá, nosotros en el área ixil ganamos dos alcaldías y perdimos una. Y en Quiché ganamos ampliamente en votos. Tampoco es que el juicio nos afectara electoralmente. Como te digo, es un tema sobredimensionado.

El nivel de cinismo de Fernández Chenal encaja a la perfección en un Congreso como el guatemalteco, en el que la creación y desaparición de partidos es tan habitual que la mayoría de diputados han militado al menos bajo dos siglas. Catorce de los legisladores actuales militaron de hecho en las filas del FRG. El actual presidente del Congreso, Arístides Crespo, miembro del Patriota, es uno de ellos. Otro es el jefe de bancada del partido TODOS. Como los intereses están por encima de derivas ideológicas, todos los partidos tienen en su fracción al menos a un exmiembro del partido de Ríos Montt. Que el asunto del genocidio les parezca intrascendente, alejado de la política real, es más absurdo todavía si tenemos en cuenta que uno de los diputados del Partido Patriota es hermano de Francisco García Gudiel, el histriónico abogado defensor de Ríos Montt gracias al cual trataron de inhabilitar a Yassmín Barrios. Guatemala es una madeja, y sus elites políticas un nudo de conexiones personales en la cima de esa madeja.

—Aunque sí hay un segundo mensaje dentro del punto resolutivo… —advierte el subjefe de bancada del Patriota—: el Congreso es el que aprueba el presupuesto del MP, el Congreso es el que aprueba el presupuesto del OJ, así que el mensaje que le mandaron a la nueva Fiscal fue “miren, aquí no queremos que estén hablando de investigación de genocidio”.
—Clarísimo.
—Pues sí. Es algo que se lee entre líneas.

Le pregunto a Fernández Chenal cuál era el tema que su partido necesitaba aprobar de urgencia, a cambio de qué apoyó se negoció la aprobación del punto resolutivo.

—Tendría que…si me da cinco minutos me voy a acordar. Tuvo que ser un tema clave… O sea, tampoco vas a creer que…

El relato de Fernández asienta la incertidumbre sobre el peso real que Otto Pérez Molina y su partido han tenido en el cambio de escenario que la justicia guatemalteca ha experimentado el último año. Representantes de varias organizaciones de sociedad civil aseguran que el presidente, por militar retirado, por su pasado de campaña en Quiché y por presión de grupos empresariales, fue un factor clave en la anulación del juicio y en el fin del periodo de Paz y Paz. El entorno más cercano a la exfiscal, aunque no tiene una postura única, coincide en que sin el aval o la omisión consciente de Pérez Molina ninguna de las dos cosas pudo haber sucedido.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, exmilitar también y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, intenta diluir esa hipótesis. Hablo con él durante un largo desayuno. Es un hombre de respuesta rápida, inteligente, que cree conocer el camino hacia todas las soluciones. Trabajó muy de cerca con Paz y Paz, y tanto en el MP como en los niveles medios del Ejecutivo me confirman que el nivel de coordinación interinstitucional que hubo entre ambos fue extraordinario. Alguien como él, que aspira a ser un día presidente, no permite que las diferencias ideológicas le empañen la búsqueda de resultados.

—¿Este gobierno celebró la salida de Claudia Paz y Paz del Ministerio Público?
—No. En el equipo de Seguridad teníamos la expectativa de que ella pudiera continuar. Con los niveles de institucionalidad precaria que a veces tiene el país, los que sobresalen son las personas, pero nosotros creemos en procesos.
—¿Eso quiere decir que la preferían a ella o que no les importa la persona?
—Me refiero a que aquí ha sido tradicional que cada presidente quiera tener su propio Fiscal General. Lo hizo Colom, lo hizo Berger, lo hizo Portillo… Los presidentes ya vienen con un cuestionario para que el Fiscal no pueda responder y entonces le destituyen y nombran a otro. Igual que cada quien quiere tener su propio presidente del Banco de Guatemala y su Procurador General de la Nación. El presidente Otto Pérez, pese a todas las presiones que tuvo, derivadas de la lucha ideológica que pervive en el país, Mantuvo a Claudia Paz y Paz pese a todos los rumores de que la iba a destituir.
—¿Quién le presionaba para que quitara a Paz y Paz?
—Siempre ha habido presiones, de muchos grupos. Presiones de grupos de derecha, que pensaban que una Fiscal que viniera del área de Derechos Humanos no era la mejor opción. Pero les invito a preguntar a Claudia Paz y Paz si alguna vez tuvo una sola llamada del presidente para pedirle algún favor, para ejercer presión o para hablarle de un caso en específico. Jamás.
—¿Por qué no es entonces Fiscal?
—Lo que crea el presidente, lo que creamos en el gobierno sobre el relevo en el MP no garantiza ninguna decisión de las comisiones de postulación. Pero si Claudia Paz y Paz pasaba dentro del grupo de los seis existía una altísima posibilidad de que fuera designada por el presidente. Eso es algo que nosotros sabíamos.

Fuentes cercanas a las Comisiones de Postulación que hacen el filtro previo sugieren que fue precisamente eso lo que impidió a Claudia Paz y Paz ser una de los seis finalistas que se le ofrecen al presidente para que elija Fiscal. La Comisión de Postulación no quiso arriesgarse a que Pérez Molina, pensando en su imagen internacional y las buenas cifras del MP, la reeligiera en el cargo. Por eso, pese a tener en preparación y experiencia la segunda puntuación más alta de todos los aspirantes, solo cuatro de los trece comisionados votaron por ella. Cuatro.

Ese día los enemigos del juicio a Ríos Montt, los “ellos” de los que Claudia Paz hablaba en la entrevista con Goldman, respiraron aliviados. Ricardo Sagastume, el abogado que acortó el periodo de la Fiscal, me lo dijo así: “Cuando Paz y Paz no entró en la nómina de seis todo fue como un pastel que ya no siguió creciendo. El tema ideológico se eliminó y lo que quedó ya fueron solo los intereses, la pregunta habitual de quiénes estaban detrás de cada uno de los seis”. La ideología era un problema, pero los intereses, individuales o de grupo, negociables, son para “ellos” la solución para la Justicia.

—¿A Claudia Paz la sacó el CACIF?
—Esto entra en el marco de las especulaciones. El CACIF no es un ente absolutamente homogéneo. Hay corrientes.
—Pero hubo señalamientos oficiales del CACIF contra su gestión.
—Yo no recuerdo… no recuerdo un pronunciamiento institucional. Y también hubo demasiado ruido de grupos en favor de Claudia. Hubo inclusive gente haciendo acopio de pronunciamientos de otros países. Ya conoces el viejo dicho: “no me ayudes, compadre”. Muchas veces si hay mucha insistencia también aumenta la resistencia. Qué tan militante es la gente que te apoya también sube el nivel de la confrontación.
—¿Está diciendo es que quién tenía el poder de decidir si Claudia Paz seguía o no se sintió amenazado por el ala más radical de la sociedad civil?
—No. Digo que por algo Claudia Paz y Paz fue la candidata con mayor número de objeciones . Aquí lo que hubo fue una medición de fuerzas, si queremos verlo así.

***

Las oficinas de la revista Contrapoder están en lo alto de un edificio en la Zona 9 de ciudad de Guatemala, cerca, muy cerca, de la simbólica Zona 10 en la que, entre hoteles y bares de moda, se supone que se levantan los despachos de las mayores empresas del país y los bufetes de los abogados de esas empresas. Alrededor de una mesa de cristal están sentados los tres cerebros de la revista: el director Juan Luis Font, la subirectora Claudia Méndez y la editora Paola Hurtado.

Claudia y Paola son dos reporteras de investigación de larga trayectoria y prestigio. Juan Luis dirigió El Periódico en tiempos en que era referente de independencia en el país, y años en televisión le han convertido en el principal rostro de un periodismo de credibilidad pero que huye de estridencias. A Juan Luis le respeta la izquierda y le escuchan con atención las élites de derecha.

—Antes de nada quiero contarte lo que pasó con la entrevista de Frank —Me dice Claudia, amiga de Francisco Goldman desde hace mucho y su principal cómplice en la investigación que le permitió escribir en 2009 “El arte del asesinato político”. De hecho, fue ella quien le ayudó a conseguir la polémica entrevista con Paz y Paz.
—Para eso he venido —le respondo.

Probablemente fue el exceso de confianza entre el periodista y su fuente lo que hizo que Claudia Paz y sus colaboradores hablaran con tal franqueza a Goldman, y que imaginaran, sin preguntarlo, que la conversación era privada, entre amigos. El periodista grabó la conversación, y al no haber pactado con la Fiscal ningún off the record terminó publicándola. Claudia Méndez siempre supo que Goldman preparaba el texto para un libro, y cuenta que cuando escuchó que estaba por salir a la venta propuso a su responsable de cultura que comprara los derechos de reproducción sin ni siquiera leerlo. Cuando revisó las pruebas de impresión y vio el contenido, le pareció interesante pero no especialmente explosivo. Está claro que es menos sensible a los señalamientos que los miembros del CACIF.

—Yo tengo una fuente que dice que cuando vieron eso dijeron: “Ya, ya, no más, de una vez” —dice Paola.
—No, la decisión de que ella debía salir no dependió de un artículo —le discute Claudia.— Venía de hace tiempo. De hecho nosotros publicamos en diciembre. Yo estuve en una reunión con abogados que me dijeron: “Se está pensando preguntarle a la CC cuándo se tiene que ir Paz y Paz, si en mayo o en diciembre”.
—Claro, pero no seamos ingenuos: el artículo lo apresuró. Puso fecha a la decisión. Incidió. Incidió tanto que Claudia Paz, cuando vino a entrevista en el canal, venía furiosísima…

Juan Luis Font tiene la misma edad que Paz y Paz y la conoce desde que tenían tres años. Cosas de la microsociedad acomodada de Guatemala. Celebraron juntos algunos cumpleaños y las bodas de amigos comunes. Él asegura que nunca la había visto tan enojada como el día que, poco después de que la CC recortara su periodo, la invitaron al programa de televisión que los responsables de Contrapoder tienen todas las noches. Dice que en el camerino, con los ojos entrecerrados, la Fiscal le reclamó.

—Vos sabías lo que iba a provocar esto.
—Lo lamento, pero nosotros lo que hicimos fue reproducir una entrevista que vos habías dado —dice Juan Luis que le respondió.— Claudia ¿vos creés que el artículo incidió?

Ella fue cortante. Estaba dolida:

—No era el momento.

Al igual que en algún momento lo supieron Elvyn Díaz o la misma Paz y Paz, a los tres periodistas todas sus fuentes les habían hecho saber que la sentencia por genocidio había logrado que en la segunda mitad de 2013 empresarios y operadores políticos con intereses diversos, que parecían imposibles de aliar, se dijeran unos a otros: “si no nos defendemos, si no nos unimos, nos cuelgan”. Se creó la certeza de que la Fiscal pretendía perseguirlos a todos por su apoyo a Ríos Montt en los 80.

—Pero Claudia Paz y Paz me dijo a mí alguna vez: “Juan, con lo que costó armar este proceso, ¿vos creés que se podría armar uno igual contra alguien más?” —recuerda Juan Luis. Cree que la derecha inventó sus propios cuentos de terror, se asustó a sí misma.

Juan Luis se crió en una localidad del Sur de Guatemala llamada Retalhuleu, entre ganaderos y empresarios que simpatizaron con Ríos Montt y que, en algunos casos, participaron en misiones civiles de bombardeo contrainsurgente. Sabe qué hay en la mente de quienes tomaban y toman decisiones. Ha hablado miles de veces con muchos de esos hombres. Le pregunto hasta qué punto todo esto, todo este pulso por la Justicia, es ideológico o en realidad es miedo a perder la comodidad de estar por encima del bien y del mal, de no tener más juez que tu conciencia, si la tienes.

—No creo que sea ideológico. Yo creo que es más bien por intereses de grupo. Pero ellos interpretan esos intereses de grupo como ideología y consideran que los que cuestionen esos intereses de grupo son enemigos ideológicos.
—Nunca he visto que por razones ideológicas la gente aquí se rasgue las vestiduras y embista con tanta violencia a los contrarios —dice Paola—. La razón es el temor a que la persecución penal ampliara el radio y los abarcara a ellos.
—Ellos se beneficiaron de la derrota de la guerrilla —Juan Luis de nuevo—, y por eso no cuestionan los métodos que se usaron. “Fueron necesarios, muchá”, dicen.
—Pero cuando tú financiaste desde el sector privado el sueldo de Sperisen o a Figueroa, o le diste dinero a Vielman para comprar armas ilegales, cuando sabes que fuiste parte de eso, ahí se te encienden las alertas —añade Paola, apuntando al futuro, a lo que se viene encima.

Me llama la atención que llevan un buen rato hablando de “ellos”, de las élites sin nombrarlas, del mismo “ellos” que usaban Aguilar, Melgar y Claudia Paz y Paz en la entrevista con Goldman. Se lo hago notar, y Juan Luis salta como un resorte y toma de la mesa una edición mucho más reciente de la revista, de junio, en la que publicaron una entrevista con Otto Pérez Molina.

—¡También el presidente habla de “ellos”! —dice.

Y me muestra una parte en la que Pérez Molina habla de su relación con los empresarios y los pulsos con el CACIF por la regulación de la explotación hidroeléctrica y minera. Dice textualmente “Ellos temen que nosotros avancemos y tratemos otros temas, como que el Estado cobre más presencia y participación en esos negocios”.

—Pero es un gran “ellos” que al final está acuerpado por unas grandes capas medias —explica Juan Luis. —Por eso yo también creo que el caso de Sperisen y Vielman va a desatar más tensiones incluso que el caso de genocidio, porque en el caso de genocidio estaba más generalizada la responsabilidad, pero en este caso, imaginate que a alguien se le ocurriera realmente buscar las líneas concretas de financiamiento…

Se hace un silencio como de luto, como de cansancio anticipado antes de un gran esfuerzo.

—¿Creéis que la justicia en Guatemala algún día le llegue a esos “ellos”?
—Para los hechos de la violencia de la guerra, no —dice Juan Luis Font, que hace una breve pausa, piensa—. Y para otro tipo de hechos, tampoco.

***

—¿Teníais conciencia de hasta qué punto íbais a poner a prueba el sistema? —le pregunto a Elvyn Díaz, el sarcástico exsubsecretario privado de la Fiscal. Nos hemos reunido en un bar de ambiente bohemio. En una sala se expone una instalación de arte conceptual consistente en 200 cuchillos colgados del techo y en la de al lado te sirven gintónics, papas con tocino y croquetas de queso. Dice que deja el MP satisfecho de lo logrado, optimista, pero destila amargura en sus comentarios. No le ha gustado perder la batalla. Cree en el fondo que Claudia y los que estaban con ella no se merecían el golpe.

—Creo que no. Al menos yo no. Pero no evaluamos bien los actores que rodeaban el sistema. Olvidamos que ahí estaba la Corte de Constitucionalidad… y ya vimos de qué están hechos.

Me cuenta que le preocupa el desánimo que se ha contagiado a la mayoría de organizaciones de Derechos Humanos. Cree que él y el resto de la gente de Paz y Paz deben hablar con ellas, explicarles lo que se ha logrado, los precedentes que se han sentado en cuanto a procedimientos, transparencia, casos resueltos. Quiere decirles que su proyecto de reforma de la Justicia no acaba aquí.

—Si algo hizo bien Claudia es que puso el pecho para todo: para los éxitos y para los fracasos —me explica—. Detrás de Claudia se veía a un equipo, pero ella asumió todas las desgracias administrativas por las que nos podían hacer mierda, todos los antejuicios eran para ella… Fue bien cuidadosa en eso. A los que somos más jóvenes evitó quemarnos, conscientemente, porque sabe que tendremos que sacar la cara en otro momento. Y lo hizo bien.
—Tiene clara una visión de largo plazo.
—Siempre la hemos tenido.

Me dice que él y muchos otros valoran ahora como un error no haber presentado más carta que la de Claudia Paz en el proceso de elección de nuevo Fiscal. Siente que dejaron en manos de otros sectores la Fiscalía por no buscar candidatos alternos, un plan B, sabiendo que la candidatura de Paz y Paz tenía a un ejército en contra.

***

A Claudia Paz y Paz, su último día de trabajo como Fiscal, algunas secretarias y fiscales la despiden en la puerta del Ministerio Público con lágrimas. Afuera la esperan unas 70 personas, entre familiares de víctimas y defensores de Derechos Humanos, que le han hecho una alfombra de flores y agujas de pino para que camine, escalinata abajo, desde la puerta del edificio hasta la calzada en la que aguarda su vehículo. A medida que camina por la alfombra entre aplausos, le van saliendo al encuentro mujeres que la abrazan, le dan una o dos flores y le susurran palabras al oído. Abrazo tras abrazo Claudia, cara redonda, ojos pequeños, se va emocionando más y más hasta perder toda esa cáscara de frialdad de la que se reviste cuando representa el papel de Fiscal General. Ella también llora.

Benjamín Manuel, uno de los directivos de AJR, la asociación de víctimas de la guerra que se querelló contra Ríos Montt y logró sentarlo en el banquillo, asiste a la escena a unos metros de distancia, con el gesto de piedra que tienen mucho hombres de campo. Como si no escondiera emociones. Pequeño, más cerca de los 70 años que de los 60, tiene los zapatos y los bajos de los pantalones llenos de barro después de cuatro horas de viaje desde Baja Verapaz para estar aquí, en silencio, estos precisos minutos del viernes 16 de mayo.

Un paso detrás de Paz y Paz su hermana va recogiendo las flores, que ya forman un enorme ramo. Este día la Fiscal ha buscado el respaldo de su familia. Para ella encabezar el Ministerio Público, y sobre todo dejarlo, no ha sido solo un asunto de trabajo. Como para las personas que están aquí, la gestión de Claudia Paz no se mide solo en estadísticas. Es la mujer que derribó en el sistema de Justicia ciertas barreras simbólicas. Aunque en solo diez días algunas de ellas se levantaran de nuevo.

Paz y Paz llega por fin a su vehículo. Saluda, recibe un último abrazo y se oculta tras los vidrios tintados. El recorrido por la escalinata, unos 25 metros, ha durado más de un cuarto de hora. El vehículo arranca, desaparece. Benjamín se queda donde está, intercambia palabras con algunos conocidos, personas de la asociación, familiares de víctimas, y emprende el regreso a casa.

***

El Palacio de la Cultura es el símbolo del poder político de Guatemala. Está en el parque central y es perpendicular a la Catedral Metropolitana y la oficina de ODHA en la que trabajaron Gerardi y Claudia Paz y en cuyas columnas están tallados los nombres de todas las víctimas, muertos y desaparecidos, recogidos en el REHMI. Hay más de 200 invitados en el salón de las banderas, sentados en hileras de sillas a la espera de que inicie el protocolo. Casi todos son hombres vestidos con traje oscuro. En la octava fila hay una mujer con indumentaria típica Quiché. Es una diputada, me dicen. Suena música de marimba. Un minuto antes de que entren las autoridades llega al salón el expresidente Vinicio Cerezo, que reparte sonrisas y saludos según camina. Himno. Otto Pérez Molina toma juramento a la nueva Fiscal General, Thelma Aldana. Discursos.

La Fiscal habla de la búsqueda de la armonía social, afirma su “inquebrantable compromiso con la independencia del MP” y dice que continuará con las “acciones correctas” que pueda haber tenido su antecesora. Después de ella, el presidente de la República habla del magnífico trabajo que ha hecho Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público. Insiste tres veces en que siempre respetó la independencia y autonomía de la Fiscal, en que el proceso de elección de la nueva fue transparente, en que es un gran día para la institucionalidad del país.

Paz y Paz solo se levanta de su silla en la mesa principal para abrazar a Aldana y dar la mano al presidente cuando cada uno termina de hablar. Ella también ha traído un discurso de despedida escrito, pero nadie la invita a leerlo.

***

Después del evento me reúno con Paz y Paz en el edificio del MP. Aún le falta cumplir con el trámite administrativo de entregar el despacho a su sucesora. Los estantes están ya vacíos. A la Fiscal saliente la acompaña, hoy también, parte de su familia. Han pasado cuatro meses desde nuestra anterior cita y espero encontrarla despojada de los corsés del cargo, más relajada y dispuesta a opinar libremente, sobre todo después de la catarsis emocional de ayer en la escalinata.

Pero no.

Con una sonrisa constante, con diplomacia, Claudia Paz esquiva cada una de mis invitaciones a que dimensione el año que ha pasado desde la sentencia contra Ríos Montt, y las evidencias de que los sectores que forzaron la repetición del juicio siguen en pie de lucha. Le hablo del punto resolutivo del Congreso y del intento por inhabilitar a Yassmín Barrios, que podría ser considerado una amenaza a quien deba presidir el segundo juicio. Ella se mantiene en el plano de la valoración jurídica y califica de “sorprendente” lo primero y de “sumamente delicado” el ataque a Barrios. La sanción del Colegio de Abogados a la jueza le parece una aberración jurídica.

—Si el día de mañana la Corte Suprema emite una sentencia que no le guste a este grupo de abogados, ¿igual le podrían poner una sanción y pretender que dejaran de ser magistrados de la Suprema? —dice.

Es especialmente lacónica al hablar de su caso, de su destitución tácita. Oculta su enfado.

—¿Claudia, qué hizo para enojar a toda esta gente?
—En todos estos años el Ministerio Público hizo su trabajo. Es un proceso. Algunas personas sentirán que las sentencias protegen sus intereses y otras que no.
—Parece que quienes se sienten afectados tienen mucho poder en este país.
—Yo creo que por primera vez sí se juzgó a sectores, a personas, con poder.
—¿Cree que a esos sectores les ofendieron más los casos contra políticos corruptos o el juicio a Ríos Montt?
—Sin duda los grupos afines a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez hicieron un trabajo público para que se escuchara más su voz que la de las víctimas… Y hubo una reacción política en mi contra, está claro. Se han presentado más antejuicios contra mí en estos cuatro meses que en los tres años anteriores.
—Y finalmente no la reeligieron.
—La ley obligaba a los comisionados a puntuar los valores académicos, éticos, profesionales de los candidatos, pero de ahí ellos podían levantar la mano o no para seleccionarte. ¿Cuáles son las razones por las que no levantaron la mano en mi caso? No te lo puedo decir, no lo sé.
—¿Cree que el presidente de la república tuvo que ver en eso?
—El presidente siempre respetó la autonomía del Ministerio Público.

En nuestra entrevista de enero, Paz y Paz dijo que sostener las transformaciones en el MP dependería de que, tras su marcha, llegara una persona comprometida con el Estado de Derecho. Decía que lo importante es que a su sucesor o sucesora la eligieran por méritos. Thelma Aldana es, en ese sentido, una figura confusa, con luces y sombras en su pasado. En 2009 era una de los candidatos a la Corte Suprema a los que la CICIG acusó de estar controlados por el rey el tenis. Las críticas de Castresana contra ella fueron durísimas en aquel momento: “Aun cuando (…) la tabla de gradación tiene como objetivo seleccionar candidatos con un alto perfil, en el caso de la magistrada llama la atención la calificación que obtuvo en los siguientes rubros. Méritos de proyección humana: CERO en Participación en organizaciones y asociaciones civiles, CERO en Defensa del Estado de Derecho, CERO en Pro Derechos Humanos, CERO en Defensa y Promoción de Multiculturalidad…”

Aun así obtuvo la magistratura y en sus cuatro años en la Corte Suprema no recibió malas críticas. Claudia Paz pide darle el beneficio de la duda:

—Hay que esperar. Ella ejerció el cargo de presidenta de la Corte Suprema e hizo un trabajo muy importante a favor de las mujeres víctimas de violencia. Hay que esperar.

En un intento por que evite respuestas protocolarias, le recuerdo a Paz y Paz que ya puede decir lo que piensa porque ha dejado de ser Fiscal General. “Lo soy hasta las 4 de la tarde”, me responde con una sonrisa. “Entonces denos esta entrevista a las 5”, bromeo.

Ella encaja la burla pero no cede. El único momento en que logro romper su coraza es cuando destaco que hace dos días, 48 horas antes de irse del MP, logró la captura de Jairo Orellana Morales, un poderoso capo local de la región de Zacapa, especializado en dar tumbes de droga y vinculado, según informes de Estados Unidos, a los Zetas. Ahí sí, Claudia Paz sonríe de oreja a oreja, el rostro se le estira hasta casi cerrarle los ojos y se suelta a comentar el caso. El resto del tiempo responde con extraordinaria prudencia.

—¿La justicia aún hay que hacerla en Guatemala midiendo las consecuencias políticas de cada paso?
—La justicia hay que hacerla porque es lo que manda la ley y porque es lo que reclaman las víctimas.

Que salga del Ministerio Público no significa que Paz y Paz esté abandonando el tablero. Planea regresar a la academia, dar clases en una universidad en Washington, incidir desde allí, tal vez volver algún día. Por eso mantiene la cautela al hablar. Y no son sus únicas precauciones.

No lo sabré hasta dentro de dos semanas, pero Claudia Paz va a abandonar el país en avión esta misma noche. Ella y su equipo saben que, una vez despojada del fuero, las solicitudes de antejuicio contra ella se han convertido en denuncias, y temen acciones legales en su contra. Les han llegado, incluso, fuertes rumores de que las autoridades pretenden detenerla mañana domingo o el lunes. Sería un escándalo pero no están dispuestos a asumir el riesgo. Una vez fuera del cargo, la Fiscal General que logró condenar a Efraín Ríos Montt no se va a quedar en Guatemala ni cinco horas.

***

El vehículo se deshace por fin del tráfico de la capital y toma camino hacia el nororiente del país, hacia Nebaj. Son casi las diez de la mañana. Hoy 30 de junio es en Guatemala el día del Ejército, que antes se celebraba con una parada militar en las principales avenidas de la ciudad. Antes. En 2008 el Gobierno se rindió a la presión de las organizaciones de hijos de muertos y desaparecidos, que boicoteaban los desfiles e hicieron del 30 el día de memoria. Ahora los actos militares solo se celebran en los cuarteles y las calles del centro están llenas de murales e interminables mosaicos de fotos de desaparecidos, que permanecen en las paredes todo el año, todo el tiempo. En un muro de la Zona 1 alguien ha graffiteado: “Memoria, territorio en disputa”.

Hace un mes, el 10 de mayo, se cumplió un año desde la sentencia por genocidio. Pese a la anulación, tanto en la capital como en algunas aldeas del Quiché se conmemoró el día. En Chajul, uno de los tres municipios del departamento del Quiché que, con Nebaj y Cotzal, configuran el área Ixil, se reunieron algunos centenares de personas de toda la región para comer, dar testimonios y honrar con flores el día. Si antes se fingía que hay una sola Guatemala, desde la sentencia es más evidente que nunca que existen, en el debate sobre la historia y la justicia, al menos dos.

A los lados de la carretera los pueblos ocupan por unas horas el paisaje que antes era urbano pero terminan desapareciendo para dejar ver solo campo y bosques. Al timón está Allen González, que a finales de los 70 trabajó en Cáritas diocesana en Santa Cruz del Quiché junto al obispo Juan Gerardi. Tuvo que dejar la región cuando Gerardi, acorralado por las muertes de parroquianos y sacerdotes y tras escapar de dos atentados en su contra, decidió cerrar la diócesis. No solo irse él sino cerrar la diócesis. Allen creó en los 80 la Iglesia Guatemalteca en el Exilio y terminó regresando a finales de los 90 para trabajar en proyectos productivos con comunidades ixiles.

Es pesimista sobre el futuro. Toma la salida de Claudia Paz como un mensaje de que vienen tiempos malos para quienes exigen justicia por los crímenes de la guerra. Aun así, dice que el juicio sirvió para demostrar que no es la gente de las comunidades, de las aldeas indígenas, la que rehúye a la justicia, sino que es el mismo poder que elaboró las leyes el que las esquiva cuando la justicia no es esa que se fabricaron a medida.

—Este es un camino largo, que apenas está comenzando —dice.

Atravesamos el cantón Santabal. Allen me cuenta que a un par de kilómetros de la carretera hay dos pequeñas comunidades en las que ha llegado a contar más de 80 viudas de desaparecidos o asesinados en los años 80. Un poco más allá, me señala una enorme casona rodeada de muros blancos

—Esa la convirtieron en casa de tortura. En esos días los soldados subían a los buses encapuchados y se llevaban a quien querían para interrogarlo durante días.
—¿Tú crees que va a haber segundo juicio a Ríos Montt?
—No. Yo creo que van a darle largas al asunto hasta que se muera el señor. Van a estar en ese juego interminable que siempre se hace aquí. Además, está esa idea de que llegar a un juicio es dividir el país.
—(…)
—Tiene gracia, fijate. Pareciera que en Guatemala la injusticia une más que la justicia.

Llegamos a Nebaj, el pequeño pueblo que simboliza la represión contra los ixiles. En la plaza central, frente a la iglesia, se hacían los fusilamientos. Aun así, por años acá gobernó el FRG fundado por Ríos Montt y después el Partido Patriota. A esta plaza llegó, durante los días del juicio, Otto Pérez Molina con ropas típicas ixiles, a entregar sacos de comida. La guerra dividió a los ixiles entre quienes se refugiaron en el casco urbano bajo la tutela del Ejército y quienes huyeron a las montañas a malmorir de hambre y pasaron a ser considerados guerrilleros. Veo en un muro tras la iglesia una pintada de la Mara Salvatrucha. Hace unos días supe que Nebaj es el municipio con la tasa de suicidios adolescentes más alta de toda Guatemala. Si el pasado ixil es terrorífico su futuro también es sombrío.

***

Desde que conocí a Gaspar Velasco en 2010 le he escuchado decenas de veces enumerar el nombre de sus tres hijos asesinados durante el periodo de Efraín Ríos Montt: Miguel Velasco Hermoso, Francisco Velasco Hermoso, Juan Velasco Hermoso. En total perdió a nueve familiares, padres, hermanos, hijos, durante la guerra. El Estado de Guatemala, como parte de su política de reconciliación y sus medidas de resarcimiento, le ha compensado por dos de ellos. Es el límite. Puedes arrastrar 10, 20 muertos, pero solo se pagan dos muertos por familia. Cuenta que le dieron 44 mil quetzales, unos seis mil dólares. Los gastó en comprar tierra para cultivar. La otra que alguna vez tuvo la perdió cuando dejó su aldea, Bijolóm, huyendo del ejército.

También la casa en la que nos recibe la ha levantado en los últimos años con bloques de hormigón y láminas de aluminio entregadas por el Gobierno. A aquellos a quienes el ejército les quemó la casa en los 80 el Estado les ha dado materiales para construirse una casita de suelo de tierra y techo delgado, como las que se apelotonan en las zonas marginales de cualquier ciudad centroamericana.

El caserío La Libertad, 25 kilómetros al norte de Nebaj, era hace cuatro años todo de madera. Ahora está lleno de esas casas de bloque, aunque los más jóvenes, los que hace treinta años eran demasiado niños como para perder una casa propia y no han recibido ayuda del Estado, siguen viviendo entre tablones. Hablo de los jóvenes que se quedaron. En el centro de la comunidad hay una cuadrilla de obreros en un foso, levantando cimientos para la que será por mucho la casa más grande y moderna de La Libertad, de dos pisos y con instalación eléctrica completa. Es de una familia cuya hija migró a Estados Unidos.

Gaspar es un viejo bromista y de risa desdentada. Es de los pocos que habla español en la Libertad. Fue directivo de AJR pero poco antes del juicio delegó en otro vecino. Aun así, fue a testificar contra Ríos Montt y pasó semanas asistiendo día tras día a las audiencias. El día de la sentencia le vi sonreír por horas sin euforias, como quien ve un trabajo bien hecho. No había tenido oportunidad de hablar con él desde aquel día.

—¿Se sienten ustedes derrotados porque se anuló el juicio?
—¿Cómo vamos a estar débiles si pasamos lo que pasamos y sufrimos? Ellos tienen dinero y saben que nosotros somos pobres. Eso ha pasado. Pero todos los internacionales ya conocen los hechos. Todo el mundo sabe lo que Ríos Montt hizo. ¿Cómo vamos a estar débiles si ya fuimos dos veces al tribunal?

A veces es como irreal hablar con las víctimas que mantienen en pie la causa por genocidio. No hay en ellas resquicio para la derrota. Es como si midieran el éxito y sus plazos en un baremo distinto. En “Guatemala las líneas de su mano” Luis Cardoza y Aragón escribió que para los indígenas mayas el tiempo no existe. En el camino, Allen me ha dicho que la clave para entender a los ixiles es que no viven en ellos mismos sino en la comunidad, y por tanto su meta es el futuro de la comunidad, no el propio. Supongo que eso alimenta a un Gaspar que se muestra incombustible a sus 70 años.

—Siempre hay personas. Se desaniman. Pero no todos —dice Gaspar—. Los que damos testimonio sabemos que llegará el momento en que cambiemos la ley, en que cambiemos Guatemala. Porque aunque me quiten la vida esto no es para mí, es para Guatemala.
—¿Y qué dicen los jóvenes ixiles?
—Antes decían “no sabemos qué fue guerra, no sabemos qué pasó”. Pero ahora están sabiendo porque hay un libro de la sentencia. Eso ha servido. Los jóvenes saben ahora que no les mentíamos cuando les contamos qué pasó.

Gaspar me asegura que si se repite el juicio volverá a ir a testificar. A un lado suyo de pie, está Tomás Raimundo, que también dio su testimonio ante Yassmín Barrios. Al otro, como un Quijote flaco y oscuro, se para Francisco Matom. Solo habla ixil, pero con la ayuda de alguien más una vez me contó cómo vio arder el cadáver de su hermano en 1983, a la orilla de un camino. Como la mayoría de vecinos vive de sus cultivos y no falta nunca a una reunión en la que se hable del juicio, de movilizarse contra la explotación minera en la zona o de reparar la fuente. Le conozco como un hombre de ideas punzantes, de pocos rodeos:

—Ahora todos saben qué pasó —ha dicho—. Ahora hasta nuestros niños saben qué pasó. Y lo que pasó no se puede anular.
—Entonces —le pregunto de nuevo a don Gaspar—, ¿el juicio sirvió aunque lo anularan?
—¡Ay dios! El libro regó la verdad por toda Guatemala, no solo en Huehuetenango, no solo en el Quiché. Ya todo el mundo sabe cómo ocurrió todo, cómo fue el genocidio.
—¿Y si Ríos Montt muere antes de que lo condenen?
—Si muere sin el juicio, el mundo ya sabe lo que pasó y toda Guatemala deberá sentirse condenada.

Francisco usa otras palabras para expresar lo que queda, lo que ya nadie, aunque en ciudad de Guatemala se termine por archivar un proceso judicial, se destituya a una jueza o se sustituya a una Fiscal General, puede cambiar. Ajeno a los pulsos de poder, a los miedos de las élites a perder el control del país, Francisco se recuesta en la pared y emite su propia sentencia:

—Que yo me muera o Ríos Montt se muera ya no importa, porque está su familia, y está su historia, y está su conciencia.

Por qué se suicidó Gabriela

Publicado: 11 noviembre 2013 en Gabriela García
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Juan Marín Mejías (24) había hecho una promesa después de la reciente muerte de su hermana Gabriela: no llorar. Pero el 12 de octubre, solo en el living de su casa en San Fernando (VI Región), no pudo mantener su palabra. Sacó de su billetera una hoja de cuaderno doblada en cuatro: una carta que Gabriela escribió poco antes de suicidarse. “Perdóname. Solo eso. Por no ser la hermana fuerte. No pude ser. Te pido que esto no se quede así. Haz que paguen”, se lee en el papel escrito con lápiz negro y letra redonda y clara.

Fuera, ladra Aquiles, el perro de Juan. “Nos cagaron la vida”, dice y se seca las lágrimas. Gabriela era su única hermana, un año menor, su yunta.

El 7 de agosto comenzó la tragedia que terminó con la vida de la parvularia. A las nueve y media de la noche, salió de un cíber café, cuando un extraño la llevó amenazada hasta la línea férrea en el paseo peatonal de Tres Montes. El tipo silbó. Otros dos sujetos aparecieron y comenzaron a arrancarle la ropa, el pelo y golpearle la cabeza con piedras tomadas desde los rieles.

Las mismas que luego introdujeron en su vagina antes de perderse en la noche, después de abusar sexualmente de ella. La joven, semi desnuda, logró pedir ayuda. Carabineros detuvo a tres veinteañeros que ella reconoció como culpables; dos de ellos tenían antecedentes penales. Al día siguiente el tribunal decretó ilegal la detención y los sujetos identificados con las iniciales B.R.D., C.B.B y Y.P.C quedaron libres. Gabriela quedó desolada. Comenzó a sentir miedo de encontrarse con sus agresores a la vuelta de la esquina. Sufrió pesadillas e ideación suicida. Fue al hospital donde recibió atención, pero los médicos no advirtieron la gravedad de su estado. Un mes después, el 6 de septiembre, se ahorcó en el segundo piso de la vivienda de Juan. Tenía dos hijos: Sofía de 5 años y Nicolás, de 2. Y la ilusión de que su hermano llevara adelante lo que ella no pudo: enviar a los culpables a la cárcel.

Juan trabaja como bodeguero, y sagradamente pasa sus horas de almuerzo en el cementerio Parque San Fernando, junto a la tumba de Gabriela. Pronto será padre por segunda vez y llamará Gabriel a su hijo, en honor a ella. “He buscado pruebas como un loco, pero ya no sé a quién más recurrir. Siento que el caso se está transformando en una misión perdida”, dice Juan, cabizbajo.

Los errores

Casos como el de Gabriela son complejos de resolver. De las 10.722 denuncias por delitos sexuales que la Fiscalía Nacional registra en el primer trimestre de 2012, solo 7% han recibido sentencia condenatoria, mientras que 55,2%, fue archivado provisionalmente por falta de pruebas.

“Los niños saben que la mamá está en el cielo, pero el otro día pillamos a la Sofi (5) diciendo que se quería morir y al Nico (2) tratando de abrazar el cuadro de Gabriela”, cuenta LLoana, la suegra de la parvularia.

En la VI Región los delitos sexuales son atípicos. Según la Fiscalía Regional de O’Higgins, de un promedio de 68 mil denuncias que investigaron en 2011, solo 2% correspondió a crímenes de esta índole. Sin embargo, las primeras diligencias que realizaron Carabineros y el Ministerio Público, no estuvieron al nivel de un delito de connotación pública como el de ella.

Para empezar, el fiscal jefe de San Fernando, Néstor Gómez, no se constituyó en el sitio del suceso la noche del ultraje, como tampoco consta en el parte policial que haya instruido las pericias telefónicamente. La rueda de reconocimiento se realizó sin su supervisión. Procedimiento que los tribunales, al día siguiente, decretaron ilegal en la audiencia de control de detención. La Fiscalía (encargada de representar a Gabriela) no pidió la prisión preventiva de los imputados ni tampoco apeló. En la región que tienen el archivo provisional más bajo de Chile (29%), el abuso sexual agravado que padeció Gabriela aún no es sancionado. “¿Cómo puede ser que a un tipo que roba un celular le den prisión preventiva y los sospechosos de torturar a mi hermana no queden con ninguna medida cautelar?”, reclama Juan.

El caso de Gabriela pudo haberse archivado. Pero su trágico final puso a toda la cadena de persecución penal en el ojo mediático. Se supo así que a la audiencia del 8 de agosto tampoco asistió el fiscal jefe sino otro fiscal, Carlos López. Y que este tomó la carpeta de investigación solo cinco minutos antes de entrar. “Yo entiendo que pueda pensarse que pasarse carpetas entre fiscales rápidamente sea una práctica común, pero no es así. Aquí hubo una serie de errores que no nos permitieron proveer de pruebas a los tribunales”, señala el fiscal regional Luis Toledo.

La Fiscalía Regional de O’Higgins y Carabineros tuvieron que abrir un sumario administrativo y hacer reestructuraciones. Por el momento, Néstor Gómez dejó de ser fiscal jefe de San Fernando y pasó a funcionario adjunto en Santa Cruz. Y Carlos López, fue suspendido de la investigación de Gabriela y removido a Rengo. Que la agresión de la parvularia no quede impune depende ahora de la fiscal Fabiola Echeverría y la PDI, quienes tienen un plazo de dos años para darle término judicial. “Son casos bien terribles, porque muchas veces el testimonio de la víctima es lo único que se tiene y en este caso la perdimos, pero no hay que perder la esperanza” dice María Cecilia Ramírez, jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional que monitorea el trabajo.

La Defensoría Penal Pública (encargada de representar a los acusados) sigue apelando a un procedimiento mal hecho para sostener la inocencia de los imputados. Por ejemplo, a que en la rueda de reconocimiento a Gabriela solo se le hayan presentado a tres detenidos y no a varios sujetos como exige la norma. “Según el parte policial, Carabineros le dijo que había encontrado a los culpables antes de que ella los identificara. ¿Qué pasa en la mente de una chica sometida a un trauma como ese? Le cree a la policía obviamente”, explica el abogado de los acusados, Cristián de la Jara.

Los detenidos de esa noche están libres, pero no pueden salir de sus casas. En San Fernando la gente ha tomado la justicia por sus propias manos y los ha golpeado y amenazado de muerte. “Violadores maricones”, escribió alguien en la línea férrea donde Gabriela fue violentada. Según De la Jara, “cuando el procedimiento policial está absolutamente cuestionado, ocurre esto: pagan justos por pecadores”.

¿Es mejor tener un culpable en las calles que a un inocente preso? Alberto Ortega, defensor regional, piensa que sí. Porque solo en la VI Región, 30 personas pasaron por la medida cautelar preventiva en 2011, sin tener participación alguna en el delito por falta de rigurosidad en los procedimientos. “Si la Fiscalía tuviera otros antecedentes sería otro el debate, pero aquí hubo teléfonos que se encontraron en el sitio del suceso y que Carabineros, en lugar de analizar, se los devolvió a la víctima. Por otro lado, son los propios imputados los que ofrecen sus ropas voluntariamente un mes después. ¿Pudieron haberlas lavado? Sí. Pero nosotros no estamos para subsidiar los errores del Ministerio Público”, agrega Ortega.

La falta de prolijidad en la investigación de Gabriela dejó en evidencia otro problema. Si bien se estima que un fiscal puede soportar 1.250 causas anuales, los 26 funcionarios con que cuentan las 7 fiscalías de la Región de O’Higgins atienden más del doble. “Está claro que necesitamos ser fortalecidos, pero también los servicios de salud. Si el Hospital de San Fernando hace la constatación de lesiones con médicos legistas que solo atienden a las marcas genitales, y en su informe no aparece si le revisaron las uñas a la víctima, por ejemplo, enfrentamos un problema estructural. Tampoco facilita la investigación que el examen de ADN tenga que mandarse a Santiago porque aquí no se tienen los equipos”, señala Luis Toledo.

Carabineros fue contactado en reiteradas ocasiones por revista Paula, pero no quiso referirse al caso.

El alma de la familia

En la casa de Lloana Pavez, la suegra de Gabriela, en El Tambo, sus deudos culpan a la famosa puerta giratoria. Como una forma de hacer justicia, colgaron las fotos ampliadas de la parvularia en casi todas las paredes y levantaron un pequeño altar. A su vez, Juan imprimió su imagen en folletos para distribuirlos en velatones que organiza al menos una vez a la semana en la Plaza de San Fernando. Allí, no hay árbol que no mencione a su hermana. Para una comunidad que no supera los 63.732 mil habitantes, Gabriela es una mártir. “En la última velatón llegó muy poca gente. Es que el tiempo pasa y todos vuelven a sus cosas”, se lamenta la mamá de la joven, Inés Mejías.

Seis días después del ultraje, a Gabriela la dieron de alta en el hospital. El siquiatra Guillermo Gálvez la consideró estabilizada y recomendó atención ambulatoria y antidepresivos. El 4 de septiembre, durante una sesión con la sicóloga, Gabriela pidió hacerse una cura de sueño. Le dijeron que no había camas. Dos días después, se quitó la vida.

Para la madre el mundo se detuvo. Desde que veló a Gabriela en esa misma casa donde hoy acurruca a Nicolás, el menor de los hijos de Gabriela, los insomnios son largos como su pena. Es viernes por la noche y el pequeño de casi dos años llora en sus brazos, mientras Sofía, la hija mayor de Gabriela que tiene cinco años, se pasea en bicicleta con un celular que tiene puesta la canción de Karen Paola a todo volumen. Nadie se atreve a quitárselo porque esta y otras canciones infantiles eran las que enseñaba Gabriela en el jardín El Tambito, en que trabajaba y donde también era apoderada. “La sicóloga de la Unidad de Apoyo a Víctimas dijo que les iban a dar rabietas”, cuenta Inés.

Sofía y Nicolás viven con Lloana, la suegra de Gabriela. De esta forma, su papá Antonio puede verlos cada noche, cuando regresa de Viña del Mar, donde trabaja poniendo máquinas de ejercicios en plazas. “Los niños saben que la mamá está en el cielo, pero el otro día pillamos a la Sofi diciendo que se quería morir y al Nico tratando de abrazar el cuadro de la Gaby”, cuenta Lloana con la mirada perpleja.

Gabriela era el alma de la familia. Le gustaban las rancheras, bailaba cueca en un conjunto folclórico, tocaba la guitarra, y le gustaba subir sus fotos a facebook. “Hasta el final fuimos al karaoke. Es raro. A mí siempre me trató de demostrar que estaba bien”, cuenta Antonio, la pareja de Gabriela.

Llevaban siete años juntos. En una salsoteca de San Fernando, en 2005, comenzaron a pololear. Últimamente juntaban dinero para casarse, pero la agresión del 7 de agosto cambió los planes. “Sé que estarás enojado conmigo, pero te juro amor que no me quedaron fuerzas para seguir con esto que me hicieron. Por nuestros hijos, deje el alcohol y constrúyales una casita”, le escribió en una carta antes de su suicidio.

Antonio intenta seguir el encargo de Gabriela al pie de la letra. “A veces me da tanta rabia, que quisiera pescar una pistola y matarlos para estar tranquilo, pero no lo hago por los niños”. Inés Mejías, la madre de Gabriela, revuelve una taza de té. Recuerda que días después del ataque a su hija visitó el lugar donde fue atacada, en la línea férrea. “Se supone que la Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) había levantado las pruebas pero yo encontré mucho cabello de mi hija ahí. Si la policía hace mal la pega, ¿qué le queda a uno?”, susurra.

La madre cuenta con tristeza que la vida de Gabriela siempre fue dura. No fue reconocida por su padre, de niña estuvo junto a su hermano Juan en un hogar de menores, cuando el sueldo de Inés, que trabajaba como temporera, no alcanzó para sostenerlos; la madre, sin embargo, nunca perdió contacto con sus hijos. “Nuestra vida fue súper difícil. Pero la Gaby siempre soñó con algo mejor; anhelaba llegar a tener su casa propia y darles a la Sofi y al Nico lo que nosotros no tuvimos”, dice Juan.

En 2009 estuvo cerca de lograrlo. Tras vivir algunos años con Antonio en la casa de su suegra, la pareja arrendó una vivienda en San Vicente de Tagua-Tagua donde Sofía tuvo una habitación parecida a la de una princesa. “Entonces a mí me despidieron de la minera donde trabajaba, y tuvimos que volver a vivir al alero de otros”, dice Antonio. Desde 2011 convivieron principalmente con la mamá de la Gaby en una casa a no más de cuatro cuadras de la línea férrea donde fue abusada ese 7 de agosto. “Un mes después fui a pedir una mediagua para que se instalara en el patio trasero de su suegro. Pero cuando llegué a darle la sorpresa ya era demasiado tarde”, dice la madre, Inés.

Las señales

Es 11 de agosto de 2012, tres días después del ultraje. La noticia se ha expandido entre los vecinos y Gabriela se niega a ducharse. No quiere verse los moretones que le quedaron del ataque. Se siente sucia. “Me tomé las pastillas que toma el tío para la diabetes”, le murmuró a su madre antes de desvanecerse e ingresar al Hospital de San Fernando por una sobredosis. El mismo establecimiento donde tres días antes había constatado lesiones.

“Las víctimas se sienten estigmatizadas. Y en pueblos chicos esto se incrementa. Además, la probabilidad de encuentro con quienes la atacaron es mucho mayor, y potencia su estado de desolación. Por eso es tan importante que las instituciones funcionen”, explica María de los Ángeles Aliste, sicóloga y coordinadora técnica del Área Reparación Adultos del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), dependiente del Instituto de Criminología de la PDI.

El hospital aplicó los protocolos estándar con Gabriela.

Amarrada a una camisa de fuerza durante los 7 días que estuvo hospitalizada, recibió, además, a Labocar que le hizo pruebas de saliva y pelo. “Todos esos trámites a destiempo la tenían pésimo. Y también el hecho de exponerse una y otra vez a la calle para asistir a las citas con Unidad de Víctimas del Ministerio Público. Estaba aterrada. Dormía en posición fetal. Quería que le cuidaran el sueño porque tenía pesadillas”, cuenta Juan.

Los detenidos de esa noche están libres, pero no pueden salir de sus casas. En San Fernando la gente ha tomado la justicia por sus propias manos y los ha golpeado y amenazado de muerte. “Violadores maricones”, escribió alguien en la línea férrea donde Gabriela fue violentada.

Días después, dopada en el hospital, Gabriela le decía a su mejor amiga, Claudia: “Le regalé mis hijos a la tía Lloana”.Según la sicóloga del CAVAS, no es extraño que en las víctimas de agresiones violentas fantaseen con la muerte. “Algunas encuentran en los hijos un motivo de vida, pero otras están tan desesperadas que sienten que la crianza es una exigencia que sobrepasa su capacidad de respuesta. Piensan que si el mundo se ha convertido en un peligro, ya no los pueden proteger”, afirma.

Gabriela fue dada de alta el 17 de agosto. El siquiatra Guillermo Gálvez, la consideró estabilizada y recomendó atención ambulatoria y antidepresivos. El 4 de septiembre, durante una sesión con la sicóloga Macarena Gallegos, la paciente pidió hacerse una cura de sueño. Le dijeron que no había camas. El hospital lo desmiente. “Desde la Unidad de Salud Mental no emitieron ninguna orden de hospitalización”, afirma el director del establecimiento, el doctor Carlos Herrera.

Para que Gabriela pudiera ser internada nuevamente tendría que haber llegado al servicio de urgencia tal como llega cualquiera que se ha doblado el tobillo. “Pudimos haber indagado más. Pero existen 1.300 pacientes con patologías mentales severas que atender al año y hay que sistematizar. Si me dedicara a seguir todos los casos me volvería loco”, dice Herrera.

El Hospital de San Fernando está catalogado como de Alta Complejidad, pero no tiene una unidad de siquiatría con hospitalización. La única opción es la Unidad de Corta Estadía en Rancagua, pero el siquiatra al descartar su riesgo suicida, la desestimó. “Lo otro sería que la hubieran llevado a Santiago o a una clínica privada. Pero uno puede querer muchas cosas y otra distinta es a lo que puedes acceder”, agrega Herrera.

Ese 4 de septiembre, Gabriela también buscó al doctor Gálvez y le pidió una licencia para que su mamá pudiera presentarla en la casa particular donde trabaja como empleada. “Le tomó las manos y le dijo, con su carita llena de pena, si le podía hacer ese favor para que yo pudiera cuidarla pero él dijo que no podía. Nos vinimos con la cabeza gacha. Todo nos salía mal. A la Gaby más encima le tenían las licencias retenidas y no tenía un peso”, recuerda Inés. Su suegra, Lloana, accedió a quedarse con sus hijos desde entonces para que Gabriela pudiera irse a la casa de su hermano Juan. No volvió a ver a los niños.

Intentos desesperados

Cuando Juan se enteró de la sobredosis de Gabriela sintió que lo quemaban vivo. Desesperado, advirtió al Ministerio Público que había cámaras en la vía pública que seguramente habían registrado lo ocurrido la noche que Gabriela fue atacada y podían arrojar luces de los autores. Pero no encontró respuesta. “No sé dónde están. Las pedimos, pero no han aparecido. Si las tuviéramos, obviamente las habríamos ocupado como una prueba”, dice el fiscal regional, Luis Toledo.

La siguiente puerta que golpeó Juan fue la del Sernam. Aunque la institución solo puede asistir a juicios sobre violencia intrafamiliar, un abogado de la institución, Claudio Díaz, consiguió una autorización excepcional para patrocinar el caso ad honórem. El 22 de agosto, quince días después del ultraje, el abogado y Gabriela redactaron una querella por violación que fue presentada en el Tribunal de Garantía. “Ese día me comprometí a encontrar a los culpables. Era tan evidente lo afectada que estaba, no sé cómo el servicio de salud no fue capaz de verlo”, dice Díaz.

Hasta ahora el abogado no ha podido cumplir su promesa. Los análisis de ADN que se aplicaron a la ropa interior de los tres sospechosos no arrojaron nada. Y solo las piedras que se encontraron en su zona genital y que tiene Labocar en Santiago, podrían dar alguna luz. Semanas antes, el abogado que defiende a los acusados, Cristián de la Jara, sin saber que los resultados de esas prendas favorecerían a sus clientes, planteaba la duda: “¿Qué importancia va a tener esa prueba si la ha analizado un servicio que ha hecho mal el trabajo desde un principio?”.

La despedida

El sol cae sobre el cementerio Parque San Fernando. Juan, Inés y Lloana hermosean la tumba mientras Sofía y Nicolás juegan. “Estaba fumando harto la Gaby al final”, comentan mientras un cigarrillo se consume sobre su lápida.

La última cajetilla se la compró Juan el 6 de septiembre, el mismo día que ella se suicidó. Según recuerda, habían compartido juntos un plato de charquicán al almuerzo. Y su hermana, le pidió el celular. Fue en ese momento que escribió en su facebook: Adiós a todos. “Cuando una tía del jardín infantil donde la Gaby trabajaba me llamó para advertirme de eso, fui corriendo a verla. Pero Gabriela me explicó que lo había escrito porque iba a cerrar el sitio. ¿Te sientes bien hija?, le pregunté. Y con una risa extraña, me empezó a contar que se había bañado. Empecé a llorar. Yo andaba tan mal como ella”, revela la madre.

“Antes que te vayas, abrázame”, le pidió Gabriela. Y encorvada como un caracol en sus brazos comenzó a besarle la cara. La madre se culpa de no haber notado que se estaba despidiendo. Cuando Juan fue buscar a Gabriela para decirle que había conseguido una licencia para la mamá, el perro Aquiles no ladró. Estaba mirando el cuerpo de la joven que colgaba desde el segundo piso hacia fuera, amarrado a una sábana. “La impotencia más grande es que mi hermana se tuvo que suicidar para que las falencias de un sistema completo que no fue capaz de contenerla salieran a la luz”, dice Juan acariciando la última carta de Gabriela.