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Tienen 20 años, las sonrisas torcidas y las miradas salvajes. Son doce o quince y te rodean como una jauría de perros flacos, olfateando tu miedo. No llevan polo, sólo shorts y sandalias, tatuajes y cicatrices. Un negrito con pinta de niño remueve una olla de fideos que hierve sobre una cocina a kerosene. Le parte unos huevos encima y echa sal.

Otro, más alto y atlético, que parece el líder, te pregunta la edad y de dónde eres. 22 años. De Magdalena. Explotan en carcajadas. No, acá no hay nadie de Magdalena. Ellos son del barrio de Renovación, en La Victoria. Renovación no queda muy lejos de Magdalena del Mar, pero los chicos malos de Renovación no estudian periodismo, como tú. Muchos ni siquiera terminaron la secundaria, ni la primaria. Ellos pescuezean transeúntes para robarles billeteras, carteras, celulares. O paquetean marihuana y cocaína para venderla en las esquinas. O empuñan pistolas y asaltan grifos, pollerías, tragamonedas, hostales, casas de cambio, cambistas callejeros de dólares. O se hacen pasar por taxistas, se desvían de la ruta, recogen a un par de cómplices en el camino y les exigen a los pasajeros a punta de cuchillo que vacíen sus tarjetas en los cajeros automáticos. La mayoría termina en Lurigancho antes de los 20. Los reciben sus papás y hermanos, sus amigos de toda la vida. Los protegen. Les enseñan cómo hablar, cómo caminar, cómo pelear y no hacerlo: todo lo que deben saber para sobrevivir en ese lugar donde frecuentarán a asaltantes de bancos, secuestradores, narcotraficantes, sicarios, entre quienes establecerán contactos. Si demuestran arrojo, los llamarán para trabajar juntos afuera. Al salir serán graduados. Como en una universidad. Volverán, por supuesto, porque de eso se trata: entrar y salir de prisión desde los 20 años hasta que envejecen o hacen plata o mueren en el intento. Los que se plantan son pocos. Pero todos se conocen: aunque hay broncas y muertos, son como una gran familia.

Tú, en cambio, estás solo. Eres solo.

—¿Por qué estás acá? Tienes cara de sano.

El líder, a quien llaman Richard, te mira con lástima con sus ojos de zorro que ha visto mucha sangre. También mira tus zapatillas Adidas, calculando si son de su talla.

No hay platos. Sirven en tápers de plástico. No hay sillas ni mesa. Toman la sopa parados frente a las dos celdas que ocupan en el primer piso. Dos celdas de dos por dos metros para quince reclusos. Hacinamiento, le dicen los periodistas. Ahí nos acomodamos, primo, te dice Richard. Echas un vistazo. Ropa tirada. Fotos de mujeres desnudas en las paredes. Una bombilla tenue. Dos camarotes de tres catres cada uno, catre sobre catre: sus ocupantes apenas cuentan con espacio para moverse y respirar (el de arriba casi toca el techo con la nariz). Después descubrirás que otros reclusos viven solos, con televisión, equipos de sonido, hornos microondas, frigobar. Pero eso será después. Ahora te tragas esa sopa con sabor a engrudo sintiendo que vas a vomitar.

Es las ocho de la noche en Lima. Es verano. Hace calor.

Miras la fila de celdas a los lados, la fila de celdas en los dos pisos de arriba. Todos están dándole a sus cocinas a kerosene. Richard te informa que las autoridades sólo se ocupan de tu alimentación hasta el almuerzo, a la 1 de la tarde. Después tú ves, primo. Luego te enterarás de que, si dispones de dinero, puedes comer en cualquier restaurante de la prisión. En el pabellón que te han asignado esa mañana los burócratas, el 11, funcionan dos restaurantes aceptables. En el 7 y el 9, donde purgan condena los presos por narcotráfico, nacionales y extranjeros, compiten decenas, muy buenos, que ofrecen platos criollos e internacionales, a la carta.

Pero eso será después.

Ahora has terminado la sopa y Richard te explica que a ti te correspondería irte a tocar los timbales (lavar tápers y cubiertos) porque no has contribuido con nada, pero él invita por ser tu primera noche. El negrito se lleva los utensilios al lavadero. También carga un balde de agua: a esa hora no cae agua. El agua sólo cae de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Tendrás que pelearte con tus compañeros para llenar unos bidones si quieres agua para asearte o tomar un café. O pagarle a alguien para que lo haga.

Richard te pregunta dónde vas a dormir. Te dice que si quieres vivir solo puedes comprar tu propia celda, por unos mil soles (trescientos dólares). Con un contrato firmado por ti y el vendedor y garantizado por los delegados del pabellón, quienes son elegidos en comicios con votación secreta por los propios internos, entre los más antiguos y de mayor jerarquía, y reconocidos por policías y funcionarios civiles del INPE (Instituto Nacional Penitenciario).

Pero eso será después.

—Ahora quédate acá.

Lo miras. Miras al resto. Ríen.

—Nadie te va a violar, primo.

Richard parece buen anfitrión.

—Yo no te pido nada. Un plato de sopa no se niega. Pero acá a la gente le gustan los culos nuevecitos. Y tú tienes buen culo. Cuida ese culo.

Con tu llave en el bolsillo

Te quedas solo. Levantas la cabeza con una cara de malo que ni tú te la crees.

Entonces te das cuenta de que nada será como en las películas gringas. No dormirás en una celda personal, en una litera que sube y baja. No habrá wáter ni desagüe: cagarás en silos. No caerá agua de una ducha, ni fría ni caliente: usarás baldes. No vestirás un bonito uniforme naranja con un número en la espalda. No marcharás en fila para recoger tu bandeja para el desayuno, el almuerzo y la comida, a la hora exacta, ni comerás en un comedor blanquísimo, con guardias vigilando que no te pase nada. Las luces no se apagarán. Tu celda no se cerrará con un chasquido electrónico.

Tu celda no se cerrará nunca.

En Lurigancho tú tienes la llave de tu celda y puedes entrar y salir a tu antojo.

Estás preso, pero eres libre.

Eres libre para moverte por las doscientas hectáreas de la prisión. Podrás recorrer restaurantes y gimnasios. Caminar por el jirón de la Unión (réplica del transitado jirón del centro de Lima), donde no existen tiendas ni bazares, pero sí podrás comprar de todo: ropa, televisores, radios, cds, jabones, drogas. Podrás visitar a los transexuales del pabellón 3 si el sexo dos veces por semana con tu novia no te basta. Podrás ganar algunas monedas lavando ropa, acarreando agua, puliendo barrotes ajenos o chupando penes. Eres libre para hacer casi lo que se te dé la gana, hasta las 5 de la tarde, bajo tu cuenta y riesgo. La puerta de ningún pabellón estará cerrada si puedes pagar la entrada. En teoría los policías resguardan las puertas para no permitir que los internos transiten por los pabellones, pero en realidad son ellos quienes cobran entrada. Y así descubrirás que, aunque en teoría son los policías quienes dominan la prisión, en la práctica los internos hacen lo que se les antoja .A las cinco de la tarde, el policía encargado de tu pabellón pasa cuenta para verificar que no le falte ningún reo, cierra el candado y se larga. Adentro no habrá policías ni cámaras. Entonces serás libre para moverte por los tres pisos del pabellón (también el techo, si quieres ver el cielo) y, si los dueños te permiten, para meterte en las setenta y cinco celdas de concreto y fierro y en las innumerables celdas de triplay construidas por los mismos reclusos para combatir el hacinamiento. De nuevo, bajo tu cuenta y riesgo.

No estarás metido en una celda. Eso te dará la libertad suficiente para no volverte loco encerrado solo sin poder dormir. Pero te expondrá a los peligros de caminar tres pisos de corredores con celdas casi a oscuras, entre ladrones y asesinos ebrios y drogados. Esta primera noche, en medio de los gritos y el fuego, preferirías estar encerrado, solo.

No tienes ese lujo. No tienes soledad ni silencio.

Con tu carnet de periodista en el pecho

Años después, regresarás varias veces, con un carnet de periodista colgando del cuello de la camisa limpia y bien planchada, acompañado de un fotógrafo. Y cuando los colegas te pregunten cómo así conoces tan bien todos los huecos de la prisión, no les dirás que tuviste tiempo para recorrer la cárcel entera en los catorce meses que estuviste encerrado. No. Eso no se cuenta. Ya he venido antes, responderás.

Regresarás, pero nunca regresarás.

Tres diferencias básicas. Uno: los internos no se comportan enfrente de los periodistas como entre ellos. Entre ellos se permiten mentarse la madre, drogarse, emborracharse, asaltarse unos a otros, pelearse a cuchillo, matarse a balazos, sacar teléfonos celulares y laptops para comunicarse con el exterior, entre otras libertades que a los reporteros les encantaría ver y escuchar y a los fotógrafos fotografiar. Por eso, la prisión que un periodista visita no es la verdadera, sino una prisión hecha para periodistas por internos, policías y funcionarios. Dos: a los periodistas los escoltan policías, así que nunca corren ningún riesgo real, nunca experimentan el estado de tensión o alerta que domina a los presos incluso cuando duermen. Tres: los periodistas saben que saldrán en unas horas. Y esta quizás sea la diferencia más significativa. Como periodista sabes que regresarás a la redacción con tu fotógrafo, bromearás con tus colegas, más tarde le harás el amor a tu chica y te encerrarás a escribir en la computadora, con un café a la mano, tratando de reproducir la atmósfera lúgubre del lugar con imágenes bien diseñadas, metáforas inteligentes y una pizca de ironía. Pero será en vano. No importa cuánto te hayas esforzado por mirar: no miraste. No importa cuánto te hayas esforzado por escuchar: no escuchaste. No importa con cuántos internos hayas hablado, sin grabadora ni libreta para dejarlos entrar en confianza, comiendo su comida, metiéndote en sus celdas, sentándote en sus camas: no hablaste con ellos, no entraron en confianza, siempre supieron qué decirte y qué no decirte: supieron mentirte.

Encerrado

El penal de Lurigancho fue construido en 1964, en el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde, con una capacidad para 2500 internos distribuidos en 20 pabellones, pero en la actualidad sobreviven unos 10 mil. El hacinamiento es tal que, cuando cae la noche y los policías cierran los pabellones con candados, muchos duermen al aire libre, en los patios, en los canchones donde se quema la basura.

Pero el hacinamiento es sólo uno de sus problemas. Lurigancho tiene por lo menos una docena. Ingreso de armas, drogas y alcohol. Propagación de enfermedades contagiosas como el sida, venéreas y tuberculosis. Insuficiencia de médicos, medicinas y equipos. Bajísimas condiciones de higiene y salubridad. Carencia de agua y desagüe. Pésima alimentación. Ausencia de una adecuada atención psicológica y de verdaderos talleres laborales y educacionales. Corrupción de policías y funcionarios. Sentencias que nunca llegan por falta de abogados de oficio para los más pobres.

En este pabellón que comienzas a caminar, diseñado para 150 presos, conviven casi 400. Unos 300 son menores de 25 años. Los viejos te observan con indiferencia. Los de mediana edad te guiñan el ojo, te miran el culo. Son los de tu edad los que te rodean. —¿Por qué te han metido?

—¿Lanzas? ¿Jalas?
—Habla, mierda.

Un mes atrás estabas sentado en un salón de clases en la universidad. Ahora tus amigos están de vacaciones en alguna playa del sur o del norte, fumándose un troncho, emborrachándose, tirando. Mañana se meterán en el mar con una resaca feliz. Y seguirán con sus vidas. Navidad. Año nuevo. Feliz día, mamá. Feliz cumpleaños. Besos. Abrazos. Mientras tanto, tú estarás acá. Muerto sin haberte muerto. En un ataúd, pero vivo. No más clases. No más amigos. No más novia. No más familia. No más alegría. No más libertad.

—Esto es la prisión, rata.
—Mira bonito nomás, huevón.

Cinco soles

Richard se aleja con su gente. Caminas al baño. El olor a orina y mierda se te mete por las narices hasta el cerebro. Un olor como un sabor. El baño consta de un urinario largo con un hueco en el medio y cinco cuartitos con sus respectivos silos. Cinco silos por piso: quince para 400 personas. Luego descubrirás que, en Lurigancho, muchas peleas a muerte se inician por un lugar para cagar. Tendrás que aprender a cagar en cuclillas, rápido. Luego sabrás que el contenido de esos urinarios y esos silos, y de los urinarios y silos de toda la prisión, desembocan a través de unos ductos hasta los muros posteriores de las celdas. En teoría debería funcionar un sistema de tuberías y desagües, pero acá no existe nada de eso. En Lurigancho te quedas con tu mierda. Respiras tu mierda. Y la mierda de todos. Todos los días.

Pero tranquilo: te acostumbrarás.

Te acostumbrarás a lo que sea.

Ya estarás acostumbrado cuando, después, mucho después, descubras que ahí, en esos ductos, entre la mierda reseca y el vaho de los orines, donde ni periodistas ni policías resistirían sin vomitar por el hedor, los internos esconden armas, licor y drogas cuando las autoridades del INPE o de la Policía ordenan una requisa para demostrar a los periodistas que ejercen control sobre la prisión, después de un motín o una pelea entre bandas con muertos y heridos de bala y cuchillo. Después sabrás que las requisas no existen. Los reportajes de la tele son un montaje con el que contribuyen los reporteros sin darse cuenta. Los policías llegan a un acuerdo con los delegados de los pabellones: cada uno aporta un porcentaje de armas, drogas y licor para que los jefes puedan mostrar a las cámaras; a cambio, les permiten conservar la mayor cantidad.

Pero eso será después.

Orinas. Un chico de tu edad se para a orinar a tu lado con aire de muy macho. Te mira a los ojos, luego te mira el pene y después se mira a sí mismo el pene. Te sacudes y te alejas mientras escuchas su voz.

—Cuando quieras, papi, estás pa´ agarrarte a besos.

En las escaleras, un adolescente de ojos asustados se la chupa a un cuarentón de bigotes. El cuarentón te manda un beso con la mano abierta repleta de paquetitos de crack, como caramelos.

Llegas al segundo piso. Una sala de estar del tamaño de un salón de clases, bancas de fierro, un televisor encendido. Luces apagadas. Una puerta conduce al corredor y a la fila de celdas. El tercer piso es idéntico. Ocupas una banca. El olor de las drogas se mezcla: marihuana, pasta, crack. El ruido de cincuenta personas gritando a la vez.

En la tele pasan una telenovela brasileña: Xica Da Silva. Cada vez que la protagonista, una negra jovencita, sale casi desnuda, la platea suelta gritos, algunos con la mano dentro del pantalón, otros con el pene afuera, masturbándose sin pudor o tal vez por si a alguien se le antoja. Cuando la telenovela termina, un grupo se aleja camino a sus celdas; los demás se acomodan para dormir en el piso, sobre cartones, pegados unos a otros. Los cuerpos se mueven bajo las frazadas. Risas. Mentadas de madre con cariño.

Las primeras luces del amanecer se cuelan por los barrotes del ventanal de fierro.

Tu primera noche está por terminar cuando se acerca un interno de unos 25 años, un metro ochenta, chuzos en la cara, cabeza rapada, aliento a alcohol y polo sin mangas que deja ver hombros y bíceps trabajados. Se sienta junto a ti. Mira a uno y otro lado con los ojos desorbitados por la pasta. Tú también miras a los lados, aunque sabes que nadie te defenderá. Tienes un par de billetes en las medias, pero no le será difícil hallarlos. Te preparas para tu primera pelea.  Sabías que ese momento llegaría.

—¿Te la chupo? -te dice de pronto.

No contestas.

—Cinco soles. Habla.

No contestas. Él sigue buscando fantasmas alrededor.

—Te vaceas en mi boca. Si quieres te fío porque eres nuevo, pero después me pagas.

No contestas.

—Me pagas, ah, conchetumare. Yo chupo pinga rico, pero no entro en huevadas…

La hija imperfecta

Publicado: 28 noviembre 2016 en Gloria Ziegler
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En la Universidad de Ciencias y Humanidades de Los Olivos, en Lima, una alumna de primer ciclo levanta la mano durante una conferencia sobre Género y Diversidad Sexual y le hace una pregunta a Verónica Ferrari, la especialista que dirige la charla:

—¿Los gays creen en Dios?
—No, la verdad, todos somos satánicos —contesta ella, y luego lanza la misma carcajada frenética que se le escapa cada vez que se siente incómoda.

Esta tarde de mayo, sin embargo, su gesto nervioso pasa desapercibido entre las risas de una centena de universitarios que ocupa los asientos del auditorio. Meses atrás, un estudiante de esta universidad abandonó la carrera cansado del acoso de sus compañeros debido a su orientación sexual. Su caso no es un hecho aislado. Ferrari, una activista que ha renunciado a tener una casa, un trabajo estable y a criar a su propia hija para liderar una lucha por los derechos de la comunidad lésbica, aguanta ahora las náuseas que siente cada vez que debe hablar en público y sigue con la conferencia.

—Hay gente que sí cree (en Dios) y hay otros que no, como yo. Pero somos personas comunes y corrientes —explica luego sin pesimismo, tras hablar durante poco más de una hora sobre identidad sexual y sobre la lucha que encabeza un grupo de hombres y mujeres en Perú contra la discriminación de la comunidad LGTBI.

Horas más tarde, en el bus de regreso a su casa dirá que ella también sabe lo que es la humillación.

—No me gusta liderar nada. Quiero estar sola, la verdad, pero no me ha quedado otra que asumir esto.

***

Verónica Ferrari creció sabiendo qué era ser una hija perfecta: todo aquello que representaba su hermana mayor; y ella, por más que se esforzara, nunca lograría. Es decir, destacar en las actuaciones escolares, ser la niña inteligente y coqueta con la cual presumir frente a los amigos de la familia, aquella con la que todos querían jugar, la dueña de una personalidad arrolladora.

—Yo era súper introvertida y por entonces era fácil ser bulleada. No recuerdo a nadie especial de esos años: a una mejor amiga o amigo. A nadie. Era la antítesis de mi familia, que era súper abierta y receptiva.

La segunda hija de Alberto Ferrari, un dirigente sindical de una empresa eléctrica, y Juana Gálvez, una joven ama de casa, nació en Chosica —una pequeña ciudad al este de Lima dividida por un río y rodeada de cerros— el 11 de junio de 1979, en medio del entusiasmo de la pareja. Pero la alegría de sus padres se desvaneció pocos días después, cuando Verónica enfermó.  Y desde entonces, dice su hermana Vanessa, todos se volcaron a ella.

—(Verónica) estaba recién nacida cuando cogió la tos convulsiva. Después de eso, sería la hijita que habían salvado de la muerte, y siempre mantendríamos esa tendencia por protegerla. De repente, sin quererlo, todos hicimos que ella se cohibiera más —cuenta con la misma cadencia en la voz de su hermana.

Verónica Ferrari creció admirando a su hermana mayor. Siguiéndola cada vez que iba al río con los chicos del barrio, escalando los cerros o adentrándose en las chacras para robar algunas frutas. Era un intento desesperado por imitarla, pero nadie —ni su madre, ni su padre— intuyó nada extraño en su comportamiento. Pensaron que era algo natural.

—Siempre me perseguía, pero cuando me animaba a hacer algo que yo sabía que era avezado incluso para mí no quería exponerla. Y ella se resentía conmigo —recuerda Vanessa.

Así fue durante varios años. Hasta que, en algún momento impreciso, aquella timidez y esa admiración se transformarían en una introversión monstruosa, en una sombra que llegaría a aislarla.

—No sé cómo empezó, pero fue antes de que me diera cuenta de que me gustaban las chicas —dice Verónica—. Imagino que me deben haber hecho pasar una vergüenza muy grande en el colegio, pero no lo recuerdo.

La fobia social comenzó sin que nadie lo notara. Ni sus padres ni sus profesores se dieron cuenta cuando comenzó a encerrarse a leer durante semanas. Ni siquiera cuando prefirió quedarse en el salón de clases durante los recreos para no cruzarse con un niño que la empujaba y le jalaba el pelo.

—Se escondía de los grupos de personas. Les tenía pánico —cuenta su hermana—. En el colegio se juntaba con las niñas que menos se hacían notar, y siempre paraba con una, nada más.

En 1986, Verónica se fijó por primera vez en una de sus compañeritas de colegio, una niña que bailaba risueña durante un recreo, y sintió ganas de besarla, pero la vergüenza la paralizó.

—Yo era un ser que se reducía para desaparecer.

***

Es una mañana de mayo y por la ventana del living se cuela una luz lánguida. Verónica Ferrari se estremece en su casa con una tos seca. Afuera, Barranco —el barrio más bohemio de Lima— comienza a despertar. Pero en el departamento modesto que comparte con Daniel Salas, un amigo que la hospeda desde hace algunos meses, solo se escuchan sus espasmos insistentes y el goteo de una canilla gastada que llega desde la cocina.

—Cuando me di cuenta de que me gustaban las chicas pensé que Dios se había equivocado de cuerpo conmigo, porque lo que veía en las novelas y leía era que solo a los hombres les gustaban las mujeres —recuerda.

A los 7 años nunca había escuchado la palabra lesbiana. La lógica —pensó entonces— era que todo fuera un error.

—Me parecía vergonzoso y, por eso, nunca le conté a nadie.

Poco después, también se sentiría atraída por otro niño del colegio. Y entonces empezó a creer que quizá no era tan distinta.

—Estaba en el drama de pensar que era medio anormal y medio normal —dice y se ríe.

Una tarde de 1997, mientras paseaba por la feria de libros usados del bulevar Quilca, en el centro histórico de Lima, Verónica se fijó en uno de sus compañeros de la academia preuniversitaria. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a salir.

A los dos les fascinaba el cine y la literatura y eso, quizás, fue lo que más acercó a la estudiante de Derecho y Ciencias Políticas que luego se convertiría en Lingüista y al aspirante de Medicina que con el tiempo se dedicaría a la Literatura. Así, durante seis años, se quisieron sin sobresaltos. Y nada cambió —o eso creyeron— el 22 de agosto de 2003, cuando nació su hija.

—Estábamos contentos —dice Verónica y sonríe sin nervios—. Nos queríamos.

***

Al principio, la futura activista de 24 años y su hija compartían la casa de Chosica con sus padres, y su pareja hacía lo propio en San Juan de Lurigancho. Por lo demás eran —según lo que les habían enseñado— una familia normal: se entusiasmaban con las primeras sonrisas de su niña, almorzaban los domingos con la familia y compartían los gastos de los pañales y la leche maternizada. Pero tres meses después del nacimiento de su nieta, Alberto —el padre de Verónica y sostén económico de los Ferrari— murió. Entonces ella no encontró más opción que mudarse con su hija a casa de sus suegros.

—Al principio, a pesar de las dificultades económicas, todo era normal. Pero, luego hubo cierta tensión con mi padre —escribe su ex pareja por correo electrónico.

Verónica Ferrari, en cambio, dice que los problemas empezaron porque él no lograba escapar de los mandatos que había heredado de una familia tradicional:

—No me sentía mal con mi vida. Él es un buen hombre y yo tenía a mi hija. Pero me sentía insatisfecha como feminista por su falta de coraje, porque sus papás se metían en nuestras vidas y querían que fuera una buena esposa, esa ama de casa correcta que vive para su familia; y eso era algo que yo no estaba dispuesta a cumplir.

Verónica aguantó aquella tensión durante cuatro años, mientras estudiaba Lingüística y seguía un tratamiento con un psiquiatra para lidiar con su fobia social. Pero entonces el suelo que pisaba se tambaleó de nuevo.

—Mis dudas volvieron cuando la relación estaba completamente desgastada —recuerda.

De a poco, comenzó a pensar que ser bisexual o lesbiana tal vez no era una condena. Y una mañana de 2007, después de dejar a su hija de tres años en la guardería, llegó a la casa del Movimiento Homosexual de Lima con el estómago revuelto por los nervios.

***

En De amores y luchas, una columna que escribió en 2012 para Diario 16, Ferrari habló sobre aquel primer acercamiento:

A los 18 años fui al Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y no me atreví a tocar la puerta. Di varias vueltas alrededor de esta casa que se veía tan común como cualquier otra de Jesús María. Hasta pensé que una casa así no podría ser del MHOL. La casa del MHOL, según lo que imaginé, tenía que tener mil colores, y lo que yo veía era de un color inocuo y aburrido.

No toqué ­—la puerta— y regresé a mi vida “normal”. Esa vida que luego abandonaría para cumplir esos sueños que a veces me despertaban por las noches.  Freud siempre tuvo razón. Esos sueños representaban lo que yo realmente quería y me negaba a vivir. Así que diez años después volví a esta casa, que aún mantenía sus colores aburridos, y toqué la puerta, entré y mi vida nunca fue la misma. Salí como una mujer nueva o, mejor dicho, -como- una lesbiana nueva.

***

Son las nueve de la mañana, pero por el gris del cielo podría estar anocheciendo en Lima. Ha pasado una semana desde que Verónica Ferrari regresó de un encuentro de activistas LGBT en Cusco. Su gripe —como la luz débil que llega hasta la sala del departamento de Barranco— permanece intacta. Y ella recuerda su primer encuentro con los integrantes del MHOL.

Aquel día se vio reflejada en la mirada asustada de un puñado de chicas que también estaba allí por primera vez y escuchó la orden seca de una coordinadora que les decía: “A ver, lesbianas, párense”.

Ferrari no se intimidó.

—Yo había llegado pensando que era bisexual y esa era una inducción al lesbianismo muy intensa —dice—, pero me gustó y volví.

Durante varias semanas, le dijo a su pareja que estaba haciendo una investigación sobre el feminismo en el movimiento. Luego, acabó por sincerarse: le habló de su cansancio, de sus dudas; y en 2009 se separaron. Su hija aún no cumplía seis años y, sin embargo, sería una de las primeras personas en conocer los motivos de la ruptura.

Ahora, en Barranco, mientras calienta agua en la hornilla de la cocina para hacerse una infusión y corta una porción de budín para el desayuno, Ferrari dice que explicárselo a ella fue sencillo.

—Cuando le conté que ya no íbamos a vivir con su papá, me preguntó si me iba a casar con otro hombre y le dije que no, pero que tal vez, en algún momento, lo haría con una chica —cuenta mientras camina de regreso a la sala con el desayuno—. Me acuerdo que me preguntó si eso se podía, y le expliqué que no, pero que quizás, en algunos años.

Así, sin aspavientos, le habló a su hija. Con la agudeza que nunca habían tenido con ella.

Dos años después, una tarde de 2011, un grupo de 15 lesbianas, gays y transexuales del Movimiento Homosexual de Lima llegó a la Plaza de Armas de la ciudad para replicar la acción mundial “Besos contra la Homofobia”.

Faltaban pocos minutos para las seis y, aunque el sol ya no se veía desde aquel punto del centro histórico, caía una luz que parecía anunciar algo fatídico.

Una mujer ya les había gritado inmorales a dos chicas que se besaban. Algunas personas se reían, otras les miraban con repugnancia. Y cuando llegó la policía para desalojarles recibieron bastonazos, patadas y gas pimienta.

Esas imágenes llegarían a la televisión nacional un día después, de la mano de uno de los programas de reportajes periodísticos de los domingos por la noche. Y algunos peruanos se indignaron.

Vanessa Ferrari no sería uno de ellos.  Ella no vería nada hasta el día siguiente, cuando regresó del trabajo y encontró a su hija y a su sobrina mirando la grabación de un programa de noticias en su casa.

Aquella tarde de verano, mientras se sucedían las tomas de la policía reprimiendo, se reconocería en los ojos levemente achinados, en el pelo negro y los pómulos redondeados de una de las activistas que recibía una patada. Y entonces comenzó a entender lo que ocurría.

—La verdad no es que yo sea homofóbica —aclara.

Han pasado cuatro años desde que vio a su hermana golpeada, y ahora Vanessa está sentada en una cafetería de San Isidro, uno de los distritos más acomodados de Lima.

—Yo me burlo, hago chacota de todo, no solo de la comunidad gay —dice—. Pero eso, a algunas personas les resulto ofensiva. Y creo que mi hermana no me dijo nada por miedo a que la juzgue. Pero enterarme así, por la televisión, al comienzo fue chocante.

Esa tarde de 2011, Vanessa se encerró en su cuarto sin decir palabra y pensó lo obvio: en ella, en cómo fastidiarían a su excuñado y sobre todo, en su sobrina. Horas después, cuando Verónica llegó al departamento, la encontró con esa cara rígida que confirmaba lo inevitable.

—He visto el reportaje —le dijo Vanessa—. Y quiero que sepas que estoy orgullosa. Debe ser un reto para ti asumirlo y decirlo libremente, pero no quiero que involucres a la familia, y sobre todo a tu hija, que está muy chiquita.

Verónica asintió con los ojos desencajados. Y, por un tiempo, no habló más de aquello con su hermana. Después de su separación había comenzado a compartir aquel departamento con ella, pero no tardaría en sentirse obligada a dejar la casa —y a su hija— con Vanessa.

***

Tres años más tarde, el actor y activista Gabriel de la Cruz Soler se cruzó con Verónica después de consultar a un vidente sobre su futuro. Faltaban pocos días para el lanzamiento de “No tengo miedo” —un colectivo que promueve la justicia social y el acceso equitativo a los recursos para la población LGTBIQ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer)— y quería saber qué suerte le pronosticarían las cartas. Aquel adivino ya le había hablado de una mujer que lo ayudaría a sacar adelante la iniciativa. Y, desde el primer momento, sospechó que se había referido a ella.

Se conocieron durante el estreno de una obra de teatro que marcaría la salida del closet del actor peruano. Verónica ya se había convertido en presidenta del Movimiento Homosexual de Lima —después de una vertiginosa carrera que había empezado con la acción “Besos contra la homofobia” y que la transformó en referente lésbico en los medios de comunicación y en las redes sociales—. Y en 2014, cuando nadie lo esperaba, renunció al MOHL con una denuncia pública que hacía énfasis en la necesidad de un recambio generacional (dentro del movimiento) que no fuera bloqueado por otros dirigentes.

Tras la renuncia, tal y como habían pronosticado las cartas, la lingüista se sumó a “No tengo miedo” durante algunos meses; y luego, volvió a alejarse para formar activistas de manera independiente.

—Quiero incentivar a la gente y fortalecer a las organizaciones, pero no para que me sigan, sino para que se hagan libres —explica otro día en su casa, con una seriedad que no suele mostrar cuando habla de sí misma.

***

Es 11 de junio de 2015. Verónica Ferrari cumple 36 años y, de nuevo, se ha quedado sin techo. Hace unos días Daniel Salas le dijo que debía abandonar el departamento de Barranco y hoy pasará la noche en la casa de una amiga. Sus ingresos como columnista de un diario ya no le alcanzan para pagar un cuarto y no sabe qué hará en los próximos días.

— Le da más importancia a sus actividades que a buscar un trabajo estable. Ha puesto el activismo en primer lugar y ha descuidado la relación con su hija, aunque no quiera aceptarlo —decía el padre de su hija, días atrás.

Desde hace unos meses, la preadolescente volvió a vivir con él, después de varios años en la casa de la hermana mayor de la activista, y Verónica la ve los fines de semana. A veces van al cine y otras, se pasan la tarde conversando, como si fueran dos amigas con la urgencia de ponerse al día.

Ahora, desde la casa donde se quedará por unos días, Verónica habla de ella:

—Me jode estar lejos, pero no quiero que sea como yo. Y no me voy a culpar por eso.

Verónica Ferrari, la mujer que se convirtió en activista para pelear por una sociedad más justa para su hija, confía en que ella entenderá. Con que no herede sus miedos le alcanza.

Es la primera entrega del día y Santos acelera el paso sobre el puente peatonal que atraviesa una de las avenidas más congestionadas de la ciudad. Pero a esta hora de la mañana –las 11, más o menos– las vías están más bien despejadas. Un grupo de estudiantes se agolpa para entrar en la Universidad de Lima. Santos trae consigo una mochila repleta de discos que pesa como un difunto. Un profesor, viejo cliente suyo, le ha pedido una decena de películas para un taller de la Facultad de Comunicaciones. Es mayo de 2014 y, bajo la resolana que le brilla en la pelada, el pirata favorito de los cinéfilos peruanos cumple con hacer una de sus últimas entregas.

—¿Tú eres Santos? –le pregunta de pronto un chico de camisa a cuadros.

Santos advierte de que se trata de un enviado del profesor. Asiente y saca las películas envueltas en una bolsa negra. El joven, que frente a él parece un enano de circo, le recibe el encargo, le da un billete y se despide. Santos ojea dentro de la mochila: quedan sólo dos entregas más.

—Estoy jodido –se lamenta.

***

Santos Herrera, quien hasta hace poco más de un año era uno de los piratas más solicitados de Lima, tiene 45 años, los párpados pesados y los ojos mínimos. Una antigua clienta suya lo describe como «un cuchi-cuchi, pero grande». En el habla más doméstica del cariño, cuchi-cuchi se usa para referirse a alguien que desborda ternura. Pero este retrato es una segunda impresión, porque a primera vista, su talla, su barba cenicienta y su contextura intimidan. Con el tiempo, sin embargo, Santos va tomando para uno la forma de un gigante bueno que, por lo general, habla pausado hasta que la pasión le atropella. A menudo da la impresión de que su memoria va por mucho kilometraje adelante de su voz. Cuando menciona el título de una película se ahoga diciendo dos o tres más casi sin proponérselo.

—Mi mente siempre vuela a mil. Siempre vuela a mil –dice Santos camino a una entrega en Miraflores, el distrito más turístico de Lima.

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En los años ochenta, Santos vivió su adolescencia en El Porvenir, en La Victoria, una zona popular pegadita al centro de la ciudad. En ese entonces al cine se iba con mucha regularidad y el barrio de Santos rebosaba de salas de proyección. En la segunda mitad de la década, cuando el terrorismo se trasladó de la sierra a la capital y Perú cayó en la peor crisis social y económica de su historia, los limeños se encerraron en sus casas y el negocio de los cines entró en una penuria que duró más de 10 años. De los casi 120 cines que habían en Lima, para 1991 quedaban 100 y en 1994, sólo 60. El resto de las salas del mundo también padecía la crisis por la aparición de nuevas tecnologías como el VHS, el primer gran soporte de la piratería.

En ese entorno, Santos empezó su educación cinematográfica. El cuenta que desde entonces procura ver entre una y dos cintas diarias. No vale la pena hacer el intento de calcular cuántas películas ha visto en su vida, porque una cifra inverosímil no aporta nada. Basta con decir que ha visto muchas, muchas películas. Pero lo que más sorprendía a sus clientes era la capacidad de recordarlas como si se le proyectaran al interior de la frente.

Y este último rasgo es precisamente el que lo define. La referencia mínima que puedas tener sobre una película le basta para encontrarla. Con tener un recuerdo nítido de la escena de una cinta puede alcanzar, así no pronuncies bien el nombre del director, o no recuerdes si la película es belga o francesa, o si es de los noventas u ochentas. «Yo con solo leer el título sé si anda por la Red o si está en Polvos», cuenta Santos.

Lo que él llama su “disque éxito” se debe también a las selecciones especializadas que realizó; recopilaciones de películas sobre arte, arquitectura, danza, fotografía.

Hasta mayo de 2014, entregando cintas de contrabando a domicilio, Santos ganaba al mes alrededor de 2.500 soles (poco menos de 800 dólares). Por su catálogo y su capacidad para recomendar, entre sus clientes resaltaban varios rostros conocidos de la escena cultural de Lima. Era el repartidor más solicitado por cineastas, críticos, artistas, escritores y periodistas. “Ahora no llego ni a los 300 soles mensuales. Y eso es jodido”, cuenta.

Pese a que la discreción parezca una regla natural en el oficio de la piratería, Santos dentro de todo siempre fue muy notorio. En “La República”, uno de los periódicos más importantes del país, el periodista Renato Cisneros se refiere a él en una columna: “Es la persona que me suministra películas que, ni por casualidad, aterrizarán en las marquesinas locales […]. En su trabajo hay informalidad, sí, pero su espíritu benefactor lo resarce”. Como este, otros tantos testimonios de clientes de Santos se han colado en la prensa escrita, radial y televisiva. Incluso, en una micro-comedia web bastante popular en el Perú, llamada “Los Cinéfilos”, Santos tiene una escena en la que se interpreta a sí mismo. Al final del capítulo, uno de los protagonistas se gira hacia a él y le dice: “Nunca te mueras, huevón”.

Santos era, en realidad, ya tan público que nadie pudo prever que, en marzo de 2014, un cortometraje de “MotherBoard”, la vertical tecnológica de la revista “Vice”, tuviera el efecto que tuvo en Lima. Sobre todo porque iba dirigido a un público norteamericano. Los noticieros locales, que reeditaron a su gusto fragmentos del documental, lo convirtieron en denuncia: “Un medio estadounidense desvela la piratería en el Perú”. El enfoque parecía una broma, porque la piratería cinematográfica corre desnuda desde siempre por todas las calles del país: más del 95% del cine que ven los peruanos en DVD procede del mercado ilegal. “Hay policías que van a comprar en uniforme. ¿Desde cuándo es novedad la piratería?”, reclama Santos.

El documental de “Vice”, titulado Peru’s DVD pirates have exquisite taste (Los piratas peruanos de DVD’s tiene un gusto exquisito), se centró en Santos y en los vendedores de un lugar mítico de la piratería cinéfila: el Pasaje 18, un corredor dentro Polvos Azules, la galería comercial más popular de Lima, en donde existe un oasis de cine clásico e independiente desde hace más de 11 años.

Santos, por su papel protagónico, fue quien pagó por los platos rotos. En Polvos Azules le mostraron los dientes y una advertencia clara le llegó a través de un amigo: “Gordo, no te aparezcas en buen tiempo por acá. Te lo aconsejo por tu salud”.

Una semana después, en el Pasaje 18 se respiraba tensión. Un par de estudiantes, con una cámara de video, intentaban hacer un reportaje para una asignación universitaria. Los dueños de las tiendas –por lo general amables y voluntariosos– se negaban por todos los medios a responderle a los muchachos. A un lado, dos comerciantes conversaban sobre Santos: “A él lo jodió su vanidad. Quién le manda a aparecer en un documental.”

Mariano Carranza, el responsable del corto-documental, quien tiene en “Vice” un cargo híbrido entre productor y director, es un peruano que antes de residir en Nueva York fue por mucho tiempo cliente de Santos. Tras el impacto inesperado del cortometraje, Santos no le quiso volver a hablar. “Creo que se desahogó conmigo porque yo era el realizador del documental”, dice Mariano. “Los medios en Perú son una porquería. Yo creo que se entendió lo que quise contar. Si los canales de TV en su afán de buscar noticia lo tergiversan, ya escapa de mis manos. Es más, en algunos rebotes pixelaban el logo de ‘MotherBoard’. Eso ya sobrepasa cualquier límite, no sólo legal y ético, sino de mínima cortesía.”

Aunque poco después del escándalo sus compañeros del Pasaje 18 le incentivaban a volver, Santos temía por las represalias de los mayoristas de Polvos Azules, quienes aseguraban que los había expuesto al peligro de una intervención policial. Como pronto le fue imposible seguir trabajando sin acceder a los catálogos de la galería, su negocio cayó en picada. Además, un amigo de Santos que trabaja en la Fiscalía le advirtió que la policía podría irrumpir en su casa. “No sé cuándo, pero estoy seguro de que te van a intervenir”, le dijo. Una vez avisado, Santos se deshizo de casi toda su colección personal. Una madrugada tomó los más de 4.000 DVD’s que tenía y los repartió entre tres de sus mejores clientes. “Los tombos piensan: ‘A este cojudo lo tenemos que intervenir’. Pero se van a llevar un gran sorpresa porque yo ya no tengo nada”, explica él.

Es muy sabido que en Lima las intervenciones a los locales piratas se hacen entre agosto y diciembre. Tras un largo rumor de que se avecinaba una, la policía arremetió el 13 de septiembre de 2014 contra más de cien tiendas de DVD’s en Polvos Azules. No parecía haber relación con el documental porque al Pasaje 18 ni lo miraron. Sin embargo, todos los contrabandistas coinciden en que “Vice” cometió un error. En el sótano de Polvos –justo el lugar de la intervención –, donde se trabaja la piratería a gran escala, los mayoristas graban DVD’s de a decenas en las llamadas torres de copia, unas máquinas hasta la altura de las rodillas muy parecidas a un CPU. “Vice” las mostró y no debió, piensan ellos.

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Para un país con una de las conexiones a Internet más lentas del mundo y casi huérfano de filmotecas, lo que trae consigo la piratería no se condena, se elogia. Un gran número de directores peruanos van por sí mismos a entregar su película a los piratas, porque la mayoría de ellos le adeudan al Pasaje 18 su educación audiovisual. El documentalista Javier Corcuera lo explica mejor que nadie en la dedicatoria de su cinta La espalda del mundo. Esta dice: “A Polvos Azules, por democratizar la cultura”.

Corcuera es uno de los cineastas que entregan sus películas directamente a los piratas del Pasaje 18, pero con la condición de que no se altere el producto y que las copias sean de buena calidad. Además, propone que se obligue a pagar un canon a quienes él llama los verdaderos piratas, aquellos que otorgan el soporte para la piratería: las grandes importadoras de discos en blanco y la Telefónica, por ejemplo, que gana millones en el Perú por dar un servicio de Internet que es usado para descargar películas ilegalmente. El camino para que los artistas vivan de sus obras, piensa él, no es criminalizar a los pequeños comerciantes ni a los compradores de contrabando sino hacer responsables a los que realmente lucran con ese negocio.

Andrés Wood, el director chileno de Machuca, cuando estuvo en el Perú en 2009 por el Festival de Cine, se refirió en privado a Polvos Azules como la “mayor filmoteca de América Latina”. Él, como tantos otros directores extranjeros que llegan a Lima, acude al Pasaje 18 para conseguir todo el cine que probablemente no encuentre en ninguna otra parte, y paga por película algo parecido a lo que cuesta un litro de Coca Cola. Si uno revisa los catálogos cinematográficos del Pasaje, se encontrará con varios autógrafos de cineastas. Florencio, uno de los primeros comerciantes de cine independiente en este lugar, presume a menudo de la firma del director tailandés Apichatpong Weerasethakul.

Santos es uno de los hijos más célebres del Pasaje 18. Hace 10 años, luego de trabajar en el MHOL (una asociación civil peruana que vela por los derechos de los homosexuales), se inició como vendedor de piratería en un stand de Polvos Azules llamado Mondo Trasho. Este local fue una de los primeros en tener un cartel y Santos propuso llamar la atención con un eslogan que se convertiría en una muletilla constante entre los vendedores del Pasaje: “sólo-para-conocedores”.

Si uno va de sur a norte por el Paseo de la República, una de las vías más importantes de la ciudad, justo antes de experimentar la sensación de estar en el centro de Lima, a su mano derecha se encuentra con Polvos Azules. Hay muchos rumores sobre esta galería, pero una única verdad: en Polvos Azules se encuentra todo: ropa y calzado, videojuegos, relojes, celulares, discografía musical, computadoras, juguetes, muebles y un largo etcétera. Sin embargo, es particularmente conocido en los últimos años por el comercio de DVD’s. El periodista Jaime Bedoya escribe lo siguiente: “He comprado productos piratas en Nueva York, Madrid, París, Seúl, Buenos Aires y Río. Doy fe en que ninguno de esos lugares he encontrado el standard de calidad ilegal del DVD pirata peruano”. Bedoya hace también una salvedad: “La piratería seguramente es mala, pero el desempleo debe ser peor”.

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Desde que Santos perdió su trabajo ha vuelto a ir a Polvos Azules solo tres veces en casi un año y medio. “Pero como un rayo”, dice él. “Una visita de médico”.

Santos menea la cabeza de lado a lado buscando un tenedor. Es la hora de almuerzo y está frente a un plato de arroz chaufa, en un restaurante a unas cuadras de su casa. En este tiempo ha trabajado de todo: de encuestador, mensajero, de operador logístico en una constructora… “Te contaré que hasta he dado masajes”, confiesa. Ha participado también de series web, videoclips, en una telenovela y de extra en una película. “Si tienes buena vista, me ves”, dice.

Ahora mismo, Santos evalúa si postular a algún trabajo como vigilante, aunque antes estuvo cerca de ser un superhéroe. Sus clientes le pedían imposibles: “Habían personas que me pedían películas que se estaban proyectando en el Festival de Cannes. ¿Cómo vas a tener una película que no se ha estrenado en ninguna parte del mundo? La gente te pide cada cosa…”, y sonríe antes de llevarse el tenedor a la boca.

Cruzando la avenida Los Quechuas, en una callecita de Salamanca, una zona de clase media al este de Lima, Santos vive con sus hermanos. “Juntos, pero no revueltos”, aclara. En el cuarto piso de un edificio color melón, Santos tiene una habitación de madera que construyó hace unos años. Sus hermanos, sus parejas e hijos viven repartidos en el resto de departamentos.

En este último año, Santos ha sido varias personas en una: para la justicia, un pirata; para la sociedad, un desempleado; para sí mismo y sus feligreses, un difusor cultural. La mesera le ha retirado el plato, y él ha cruzado los brazos sobre la mesa.

—Pero yo quiero decir algo… –se pone serio–. Si tú tienes una película propia, y eres un completo desconocido, y tu película la piratean en Polvos, siéntete halagado. ¿Me entiendes?

Una mañana de enero de 2015, con el fin de poner los cimientos de una casa, Máxima Acuña Atalaya picaba las piedras de una colina con golpes secos y certeros como los de un leñador. Acuña mide menos de un metro y medio, pero carga rocas del doble de su peso sobre la espalda y destaza un carnero de cien kilos en minutos. Cuando visita la ciudad de Cajamarca, la capital de la sierra norte del Perú donde ella vive, teme que la atropellen los autos, pero es capaz de enfrentar a una retroexcavadora en movimiento para defender el terreno que habita, el único con abundante agua para sus cultivos. Nunca aprendió a leer y escribir, pero desde 2011 ha impedido que una minera de oro la expulse de su casa. Para campesinos, defensores de derechos humanos y ecologistas, Máxima Acuña es un ejemplo de coraje y resistencia. Para quienes el progreso de un país depende de explotar sus recursos naturales, Máxima Acuña es una campesina terca y egoísta. O, peor aún, una mujer que busca sacarle dinero a una compañía millonaria.

—Me han dicho que debajo de mi terreno y de la laguna hay bastante oro —dice Máxima Acuña, con su voz aguda—. Por eso quieren que me largue de aquí.

La laguna se llama Azul, pero ahora luce gris. Aquí, en las montañas de Cajamarca, a más de cuatro mil metros de altitud, una espesa niebla lo cubre todo y disuelve el perfil de las cosas. No se oyen cantos de aves, ni hay árboles altos, ni cielo azul, ni flores en los alrededores, porque casi todas mueren congeladas por el viento frío cercano a los cero grados. Todas excepto las rosas y las dalias que Máxima Acuña lleva bordadas en el cuello de su blusa. La vivienda de barro, piedras y calaminas donde vive ahora, dice, está a punto de derrumbarse por las lluvias. Necesita construir una casa nueva, aunque no sabe si conseguirá hacerlo. Más allá de la niebla, a unos metros frente a su predio, está la Laguna Azul, donde hace unos años Máxima Acuña pescaba truchas junto a su esposo y sus cuatro hijos. La campesina teme que la empresa minera Yanacocha la despoje de la tierra donde vive y convierta la Laguna Azul en un depósito para unos quinientos millones de toneladas de desechos tóxicos que saldrán de un nuevo tajo minero.

En quechua, Yanacocha significa ‘Laguna Negra’. También es el nombre de una laguna que dejó de existir a inicios de los noventa para dar paso a una mina de oro de tajo abierto considerada en su mejor época la más grande y rentable del mundo. Debajo de las lagunas de Celendín, la provincia donde viven Máxima Acuña y su familia, hay oro. Para extraerlo, la minera Yanacocha ha diseñado un proyecto llamado Conga que, según economistas y políticos, llevaría al Perú hacia el Primer Mundo: vendrían más inversiones y por tanto más puestos de trabajo, modernas escuelas y hospitales, lujosos restaurantes, nuevas cadenas de hoteles, rascacielos y, como anunció el Presidente del Perú, quizá hasta un tren subterráneo en la capital. Para conseguir todo ello, sin embargo, Yanacocha dice que será necesario secar una laguna ubicada a más de un kilómetro al sur de la casa de Máxima Acuña, para convertirla en una mina de tajo abierto. Después, utilizaría otras dos lagunas para depositar allí los desechos. La Laguna Azul es una de ellas. Si eso sucede, dice la campesina, podría perder todo lo que su familia posee: las casi veinticinco hectáreas de tierra rebosante de ichu y otros pastos alimentados por manantiales. Los pinos y queñuales que le proveen de leña. Las papas, ollucos y habas que hay en su chacra. Y, sobre todo, el agua que beben su familia, sus cinco ovejas y sus cuatro vacas. A diferencia de sus vecinos que vendieron sus tierras a la compañía, la familia Chaupe-Acuña es la única que todavía vive junto a la futura zona de extracción del proyecto minero: el corazón de Conga. Ellos dicen que jamás se irán de allí.

—Algunos comuneros dicen que por mi culpa no tienen trabajo. Que la mina no funciona porque estoy acá —dice la campesina—. ¿Qué hago? ¿dejo que me quiten mi terreno y mi agua?

Máxima Acuña se detiene, deja de picar las rocas y se seca el sudor de la frente. Su pelea con Yanacocha, cuenta, se inició con la construcción de un camino. Una mañana de 2010, Acuña se levantó con un dolor punzante en el vientre. Tenía una infección en los ovarios que no la dejaba caminar. Sus hijos alquilaron un caballo para llevarla hasta la choza que heredaron de su abuela, en un caserío a ocho horas de allí, para que se recuperara. Un tío suyo se quedaría a cuidar su chacra. Tres meses después, cuando logró reponerse, ella y su familia regresaron a casa, pero encontraron algo distinto en el paisaje: la antigua trocha de tierra y piedras que cruzaba una parte de su predio se había convertido en un camino amplio y llano. Unos obreros de Yanacocha, les dijo su tío, habían llegado con aplanadoras. La campesina fue a reclamar a las oficinas de la compañía en las afueras de Cajamarca. Insistió durante días hasta que un ingeniero la recibió. Ella le mostró su certificado de posesión.

—Ese terreno es de la mina —dijo él, mientras ojeaba el documento—. La comunidad de Sorochuco lo vendió hace años. ¿Acaso no sabía?

Sorprendida y enfadada, la campesina solo tenía preguntas. ¿Cómo podía ser eso cierto si ella había comprado esa parcela en 1994 al tío de su marido? ¿Cómo podía ser si ella había criado ganado ajeno y ordeñado vacas durante años para ahorrar el dinero? Ella había pagado dos toros, de casi cien dólares cada uno, para adquirir ese terreno. ¿Cómo podía ser Yanacocha dueña del predio Tragadero Grande si ella tenía un papel que decía lo contrario? Esa tarde el ingeniero de la empresa la despidió de su oficina sin respuestas.

Medio año después, en mayo de 2011, días antes de su cumpleaños número cuarenta y uno, Máxima Acuña salió temprano a casa de una vecina para tejerle una frazada de lana de oveja. Al regresar encontró su choza reducida a cenizas. Los corrales de sus cuyes estaban tirados. La chacra de papas destruida. Las piedras que su esposo Jaime Chaupe juntaba para construir una casa estaban desperdigadas. Máxima Acuña denunció a Yanacocha al día siguiente, pero la denuncia fue archivada por falta de pruebas. Los Chaupe-Acuña construyeron una choza provisional. Intentaron seguir con sus vidas hasta que llegó agosto de 2011. El relato de Máxima Acuña y su familia sobre lo que Yanacocha les hizo a inicios de mes, es una secuencia de abusos que temen que se vuelva a repetir.

El lunes 8 de agosto un policía llegó hasta la choza y pateó las ollas donde preparaban el desayuno. Les advirtió que debían dejar el terreno. No lo hicieron.

El martes 9 unos policías y vigilantes de la minera confiscaron todas sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego.

El miércoles 10 la familia durmió a la intemperie sobre la pampa. Se taparon con ichu para protegerse del frío.

El jueves 11 un centenar de policías con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas fueron a desalojarlos. Una retroexcavadora venía con ellos. La hija menor de Máxima Acuña, Jhilda Chaupe, se arrodilló frente a la máquina para impedir que ingresara al terreno. Mientras unos policías intentaban apartarla, otros apaleaban a su madre y hermanos. Un suboficial golpeó a Jhilda en la nuca con la culata de una escopeta, ella se desmayó y el escuadrón, asustado, se replegó. Ysidora Chaupe, la hija mayor, grabó el resto de la escena con la cámara de su celular. El video dura un par de minutos y se puede ver en Youtube: su madre grita, su hermana está inconsciente en el suelo. Los ingenieros de Yanacocha miran de lejos, al lado de sus camionetas. Los policías formados están a punto de marcharse. Ese día fue el más frío de ese año en Cajamarca, aseguran los meteorólogos. Los Chaupe-Acuña pasaron la noche a la intemperie a siete grados bajo cero.

La empresa minera ha negado esas acusaciones una y otra vez ante jueces y periodistas. Piden pruebas. Máxima Acuña sólo tiene certificados médicos y fotos que registran los moretones que le dejaron en los brazos y las rodillas. Ese día, la policía redactó un acta que acusa a la familia de haber atacado a ocho suboficiales con palos, piedras y machetes, pero a la vez reconoce que no tenía poder para desalojarlos sin el permiso de un fiscal.

—¿Has escuchado que las lagunas se venden? —pregunta Máxima Acuña, mientras levanta una pesada roca con las manos— ¿O que los ríos se venden, el manantial se vende y se prohíbe?

Después de que los medios difundieran su caso, la lucha de Máxima Acuña ganó seguidores en el Perú y el extranjero, pero también escépticos y enemigos. Para Yanacocha, ella es una usurpadora de tierras. Para miles de campesinos en Cajamarca y activistas del medio ambiente ella es La Dama de la Laguna Azul, como la empezaron a llamar cuando su resistencia se hizo conocida. La vieja metáfora de David contra Goliat se volvió inevitable: era la palabra de una campesina contra la de la minera de oro más poderosa de Latinoamérica. Pero lo que estaba en juego, en realidad, involucraba a todos: el caso de Máxima Acuña enfrenta diferentes visiones de aquello que llamamos progreso.

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Salvo las ollas de acero en las que cocina y el diente postizo de platino que luce cuando sonríe, Máxima Acuña no tiene otro objeto de metal que sea valioso. Ni un anillo, ni una pulsera, ni un collar. Ni de fantasía ni de metal precioso. Le cuesta entender la fascinación que sienten las personas por el oro. Ningún otro mineral ha seducido y trastornado tanto la imaginación humana como el destello del metal con el símbolo químico Au. Basta revisar cualquier libro de Historia Universal para confirmar que el deseo de poseerlo ha precipitado guerras y conquistas, fortificado imperios, arrasado montañas y bosques. Hoy el oro convive con nosotros desde prótesis dentales hasta componentes de celulares y laptops, desde monedas y trofeos hasta lingotes de oro en bóvedas bancarias. El oro no es vital para ningún ser vivo. Sirve, sobre todo, para alimentar nuestra vanidad y nuestras ilusiones de seguridad: cerca del sesenta por ciento del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas. Y un treinta por ciento se utiliza como respaldo financiero. Sus principales virtudes —no se oxida, no pierde su brillo, no se deteriora con el tiempo— lo vuelven uno de los metales más codiciados. El problema es que cada vez hay menos oro para explotar.

Desde niños hemos imaginado que el oro se extrae por toneladas y que cientos de camiones lo transportan en forma de lingotes hasta las bóvedas de los bancos, pero en realidad es un metal escaso. Si pudiéramos juntar todo el oro que se ha obtenido a lo largo historia y lo derritiéramos, apenas alcanzaría para llenar dos piscinas olímpicas. Sin embargo, para obtener una onza de oro —cantidad suficiente para fabricar un anillo de matrimonio— hace falta extraer cerca de cuarenta toneladas de tierra, tanto como para llenar treinta camiones de mudanza. Los depósitos más ricos del planeta se agotan y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el mineral que queda por extraer —una tercera piscina— yace enterrado en minúsculas cantidades bajo montañas y lagunas inhóspitas. El paisaje que queda luego de la extracción revela un contraste superlativo: mientras que las compañías mineras dejan agujeros en la tierra tan descomunales que pueden verse desde el espacio, las partículas extraidas son tan diminutas que hasta doscientas de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Una de las últimas reservas de oro del mundo yace bajo los cerros y lagunas de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, donde la minera Yanacocha opera desde fines del Siglo XX.

El Perú es el exportador de oro número uno de América Latina y el número seis del mundo, después de China, Australia y Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a las reservas de oro que tiene el país y a las inversiones de transnacionales como Newmont, el gigante de Denver, quizá la minera más rica del planeta y dueña de más de la mitad de las acciones de Yanacocha. En un solo día Yanacocha excava unas quinientas mil toneladas de tierra y roca, un peso equivalente a quinientos aviones Boing 747. Montañas enteras desaparecen en semanas. Hasta fines de 2014, una onza de oro costaba cerca de mil doscientos dólares. Para extraer esa cantidad, necesaria para fabricar unos aretes, se producen casi veinte toneladas de residuos con restos de químicos y metales pesados. Estos desechos son tóxicos por una razón: hay que verter cianuro sobre la tierra removida para extraer el metal. El cianuro es un veneno mortal. Una cantidad del tamaño de un grano de arroz basta para matar a un ser humano, y un millonésimo de gramo disuelto en un litro de agua puede matar decenas de peces de un río. La minera Yanacocha insiste en que el cianuro se mantiene dentro de la mina y es tratado con los más altos estándares de seguridad. Muchos cajamarquinos no creen que esos procesos químicos sean tan limpios. Para probar que su miedo no es absurdo o antiminero cuentan la historia de Hualgayoc, una provincia minera donde las aguas de dos de sus ríos son de color rojo y donde ya nadie se baña. O la de San Andrés de Negritos, donde una laguna que abastecía a la comunidad se contaminó con el aceite quemado que se filtraba de la mina. O la del pueblo de Choropampa, donde un camión que transportaba mercurio derramó el veneno por accidente e intoxicó a cientos de familias. Como actividad económica, cierto tipo de explotación minera resulta inevitable y necesaria para llevar la vida que llevamos. Sin embargo, la minería, aún la más avanzada en tecnología y la menos agresiva con el ambiente, es considerada una industria sucia en todo el mundo. Para Yanacocha, que ya tiene antecedentes en el Perú, limpiar su imagen de errores ambientales puede ser una tarea tan difícil como resucitar las truchas de un lago contaminado.

El rechazo de las comunidades preocupa a los inversionistas mineros, pero no tanto como la posibilidad de que sus ganancias disminuyan. Según la empresa Yanacocha, solo quedan reservas de oro para cuatro años más en sus minas en actividad. El proyecto Conga —que será casi tan grande como una cuarta parte de Lima— permitiría continuar con el negocio. Yanacocha explica que deberá secar cuatro lagunas, pero que construirá cuatro reservorios de agua que se alimentarán de las lluvias. Según su estudio de impacto ambiental, será suficiente para abastecer a las cuarenta mil personas que beben de los ríos nacidos de aquellas fuentes. La minera explotará oro durante diecinueve años pero promete emplear a unas diez mil personas e invertir casi cinco mil millones de dólares que le darán al país más dinero en impuestos. Esa es su oferta. Los empresarios tendrían más dividendos y el Perú más fondos para invertir en obras y puestos de trabajo, la promesa de prosperidad para todos.

Pero así como hay políticos y líderes de opinión que apoyan el proyecto por motivos económicos, también hay ingenieros y ambientalistas que se oponen por razones de salud pública. Expertos en manejo de aguas como Robert Moran, de la Universidad de Texas, y Peter Koenig, ex funcionario del Banco Mundial, explican que las veinte lagunas y seiscientos manantiales que existen en la zona del proyecto Conga forman un sistema interconectado de agua. Una especie de aparato circulatorio creado durante millones de años que alimenta a los ríos y riega las praderas. Dañar cuatro lagunas, dicen los expertos, afectaría para siempre todo el conjunto. A diferencia de otras zonas de los Andes, en la sierra norte del Perú —donde vive Máxima Acuña—, no existen glaciares para abastecer de suficiente agua a sus habitantes. Las lagunas de estas montañas sirven como reservorios naturales. La tierra negra y los pastos funcionan como una extensa esponja que absorbe las lluvias y la humedad de la niebla. De ahí nacen los manantiales y los ríos. Más del ochenta por ciento del agua en el Perú se destina a la agricultura. En la cuenca central de Cajamarca, según un reporte del Ministerio de Agricultura de 2010, la cantidad de agua utilizada por toda la minería en un año representó casi la mitad de lo que consumió la población de la zona durante el mismo periodo. Hoy miles de agricultores y ganaderos temen que la explotación de oro contamine las únicas fuentes de agua que tienen.

En Cajamarca y otras dos provincias implicadas en el proyecto, los muros de algunas calles están pintados con grafitis: «Conga no va», «Agua sí, oro no». En 2012, el año más tenso de las protestas contra Yanacocha, la encuestadora Apoyo anunciaba que ocho de cada diez cajamarquinos estaba en contra del proyecto. En Lima, donde se toman las decisiones políticas del Perú, la bonanza crea el espejismo de que el país seguirá llenando sus bolsillos de dinero. Pero eso solo será posible si Conga va. De lo contrario, advierten algunos líderes de opinión, ocurrirá una catástrofe. «Si Conga no va, sería como dispararnos a los pies», escribió en una columna el ex ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski. Para los empresarios, el proyecto Conga sería un salvavidas: el hito del Antes y el Después. Para campesinos como Máxima Acuña, también significaría una bisagra en su historia: sus vidas no volverán a ser las mismas si pierden su principal riqueza. Hay quienes dicen que la historia de Máxima Acuña es utilizada por grupos antimineros que se oponen al desarrollo del país. Sin embargo, hace tiempo que las noticias locales empañan el optimismo de los que quieren inversiones a toda costa: hasta febrero de 2015, en promedio siete de cada diez conflictos sociales en el Perú fueron causados por la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. En los últimos tres años, uno de cada cuatro cajamarquinos ha perdido su empleo. De acuerdo a las estadísticas oficiales, Cajamarca es la región que más oro produce pero la que más pobres tiene en todo el país.

***

Si alguien intentara visitar a Máxima Acuña puede que una tranquera de metal se lo impida. Para llegar a su casa, es necesario viajar cuatro horas en furgoneta desde Cajamarca a través de valles, cerros y abismos hasta los alrededores de la Laguna Azul. Hacerlo no sería complicado si no hubiera que pasar por el puesto de vigilancia del proyecto minero Conga. Si eres de Lima o del extranjero, no te dejarán continuar. Si dices que vas a visitar a Máxima Acuña no pasarás, a menos que saques una cámara de televisión. «Esa señora tiene problemas con la mina», dirá el vigilante, con chaleco naranja y walkie-talkie en la mano. Entonces te hará bajar del vehículo y anotará tu nombre en una libreta y le dirás que ese es un camino público y el repetirá que no, señor, no se puede, esta vía es sólo para comuneros. Si insistes, llamará a los policías que patrullan en una camioneta de la minera. «Es propiedad privada», dirán ellos. Entonces quizá pagues algo extra al chofer que te ha llevado hasta ahí para tomar un desvío y viajar dos horas más hasta Santa Rosa, la comunidad más cercana a la casa de los Chaupe-Acuña. Llegarás de noche. A cambio de más dinero, un campesino tal vez acepte llevarte en su motocicleta por una trocha llena de charcos, hasta llegar cerca a otro puesto de vigilancia. Entonces tendrás que bajar de la moto y cruzar una colina, a oscuras y agachado, para que los guardias de Yanacocha no te vean. Al otro lado, la motocicleta espera. Sigues. Diez minutos después llegas al terreno. Todo alrededor es barro y pasto y neblina. Ladran unos perros. Enciendes la linterna para divisar la casa. Caminar por allí de noche es como andar a ciegas.

—Aquí vivimos secuestrados —dijo Máxima Acuña la noche en que la conocí, mientras atizaba la leña para calentar una olla de sopa—. No podemos salir lejos, no podemos recibir visitas, no podemos caminar con libertad. Es muy triste vivir como yo vivo.

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Tres décadas antes de convertirse en La Dama de la Laguna Azul, Máxima Acuña era una niña a la que le aterraban los policías. Cada vez que veía uno por las calles de su pueblo, lloraba y se aferraba a la falda de su madre. La asustaban aquellos hombres de uniforme verde petróleo y botas polvorientas. Máxima, la tercera de cuatro hermanos, era demasiado tímida. Cuando llegaban visitas a su hogar en el caserío de Amarcucho, a setenta kilómetros al norte de Cajamarca, ella se escondía. No tenía amigas. No jugaba con muñecas, pero le gustaba confeccionar ropa para los recién nacidos de su barrio. Con los años su cuerpo cambió pero no su personalidad. No salía a fiestas. No hablaba con chicos. «En realidad, no hablaba con nadie y era bien terca», recuerda Jaime Chaupe, su esposo, quien se casó con ella cuando tenía dieciocho años, después de insistirle durante cuatro. Ella pasaba el día tejiendo sombreros o limpiando los corrales de los cuyes o recogiendo leña y ayudando a su madre en la chacra. Su padre murió cuando era una niña y nunca la enviaron a la escuela. Deseaba crecer pronto para trabajar, tener su propia chacra y comprarse un par de zapatos. Quería que, si algún día tenía hijos, no caminaran descalzos como ella.

Máxima Acuña dice que descubrió que tenía coraje cuando vio cómo la policía golpeaba a su familia, en el primer enfrentamiento con la minera Yanacocha. Durante sus primeros años de matrimonio la familia de su esposo la marginaba por ser analfabeta. Por eso siempre fue muy severa con sus hijos al punto de pegarles si no estudiaban. A lo largo de casi cinco años de juicios, apelaciones y audiencias que tuvo desde que la intentaron desalojar de Tragadero Grande, supo qué otras cosas no quería para su vida. Decidió, por ejemplo, que jamás viviría en una ciudad. La primera vez que fue a Cajamarca para denunciar la destrucción de su primera choza, casi la atropellan dos veces por no saber qué significaba la luz roja del semáforo. Descubrió que el humo de los autos le provoca sarpullido, que los tallarines de los restaurantes le saben asquerosos, que detesta el sabor de las aceitunas y que no puede salir a la calle sola porque siempre se pierde. También descubrió que podía expresar lo que sentía a través de canciones. A Máxima Acuña le gusta cantar. En las marchas junto a otros campesinos y activistas, nunca falta alguien que le anima a pararse ante la multitud e improvisar un yaraví —un canto andino triste— que narra su lucha. Cuando comenzó su pelea con Yanacocha descubrió también cómo se llamaba: siempre había pensado que ella era Maximina, como le decía su madre, hasta que su abogada, al leerle su documento de identidad, le dijo que su verdadero nombre era Máxima. El suyo era un nombre sin diminutivos.

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Un día antes de que Máxima Acuña tomara un avión rumbo a Ginebra para denunciar su caso en las Naciones Unidas, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que pasó la tarde con ella en su departamento en Miraflores. Silva Santisteban dice que cuando salieron a pasear por el malecón, Máxima miraba todo con curiosidad: jamás había visto construcciones tan altas, ni cruzado avenidas tan luminosas. Jamás había visto el mar de noche ni desde esa distancia. Pero lo que más le intrigaba era cómo hacían los limeños para llevar agua hasta el último piso de los edificios.

Antes de convertirse en un ícono de lucha antiminera, a Máxima Acuña le sudaban las manos y se ponía nerviosa al hablar ante una autoridad. Le costó aprender a defenderse delante de un juez. Después que intentaran desalojarla en agosto de 2011, Yanacocha denunció a la familia Chaupe-Acuña por el delito de usurpación agravada. Según los abogados de la empresa, los campesinos habían invadido el terreno luego de golpear a policías y vigilantes privados. Desde esa fecha, la familia tuvo que asistir a las audiencias —primero en Celendín, la provincia donde viven, y luego en Cajamarca— pero no tenían dinero para el transporte. Los esposos Chaupe-Acuña debían levantarse de madrugada y caminar durante ocho horas hasta la comunidad de Sorochuco para tomar un bus que los llevara al juzgado. Cuando por fin llegaban, los magistrados solían postergar la sesión porque los representantes de Yanacocha no podían asistir. En la ciudad de Cajamarca, los cuatro hijos de Máxima Acuña estaban alertas. Ellos viven juntos en un cuarto alquilado al fondo de una carpintería. Allí comen, estudian y duermen. Dicen que se mudan cada cierto tiempo por seguridad. Una noche dos hombres con pasamontañas amenazaron de muerte a Ysidora Chaupe cuando salía de la universidad donde estudia Contabilidad. Daniel Chaupe, su hermano menor, quien enfermó luego de que los policías lo golpearan en los pulmones, fue rechazado de un trabajo en una ferretería por ser hijo de «una antiminera». Mientras, en Tragadero Grande, Máxima Acuña y su esposo aseguran haber soportado el acoso de la empresa. Cuentan que las camionetas de Yanacocha se estacionaban frente al terreno hasta seis veces al día. Los vigilantes tomaban fotos, observaban qué hacía la familia. Un día, dice Máxima, un vehículo de la mina atropelló a dos carneros y robó dos más. En otra ocasión mataron a Mickey, el perro que cuidaba las ovejas y ladraba a todo aquel que se acercara a su terreno. Algunas noches dicen haber escuchado disparos. Lo cuenta toda la familia. Quisieran tener forma de probarlo.

En la corte de Celendín, los Chaupe-Acuña perdieron dos juicios. Fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de dos mil dólares como reparación a la minera. Debían abandonar ese terreno que habían invadido. Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, explica que los jueces y fiscales no tomaron en cuenta las pruebas que había presentado la familia, como el certificado de posesión y el testimonio de los parientes a quienes habían comprado el terreno. La defensa de los Chaupe-Acuña apeló a la Corte Superior de Cajamarca y se inició un nuevo juicio. Durante esos meses, con el apoyo de la cooperación internacional, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron a Europa para contar su caso en el extranjero. En Suiza —el país que más oro le compra al Perú— se entrevistó con una oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Francia se reunió con el sindicato metalúrgico y con una senadora que meses después fue a visitarla a su terreno. En Bélgica, durante un foro sobre derechos humanos, le contaron sobre otras mujeres con historias parecidas a la de ella. Yolanda Oqueli, Guatemala: madre de dos niños, baleada varias veces por liderar protestas pacíficas contra un proyecto minero que invadiría dos comunidades rurales. Carmen Benavides, Bolivia: amenazada por combatir la minería industrial que contamina el río donde habita su etnia. Francia Márquez, Colombia: perseguida por paramilitares que quieren en su pueblo minería de oro a gran escala. Francisca Chuchuca, Ecuador: denunciada por oponerse a un proyecto minero de oro que contaminaría dos ríos que abastecen a medio millón de campesinos. Entre 2012 y 2013, la Unión Latinoamericana de Mujeres registró cien agresiones a defensoras de la tierra y el agua en todo el continente. Las acusan de oponerse al progreso.

Máxima Acuña, sin embargo, es diferente a todas ellas: ella no es dirigente, ni activista, ni tiene aspiraciones de ser líder. «Solo quiero que me dejen vivir tranquila en mi terreno y que no contaminen mi agua», ha declarado. Sin proponérselo, la mujer que fue elegida Defensora del Año 2014 por la Unión Latinoamericana de Mujeres, pasó de ser una señora tímida a inspirar a quienes luchan para evitar el despojo de sus tierras. «Ella es una de las pocas personas que no se ha vendido a la mina», dice Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que pasó varias noches en Tragadero Grande, junto a cientos ronderos y defensores de las lagunas durante las protestas. Glevys Rondón, directora ejecutiva de la Fundación para el Monitoreo de la Actividad Minera en América Latina y traductora de Máxima Acuña durante su viaje a Europa, dice que a diferencia de la mayoría de defensoras, que tienen un discurso articulado, el de su amiga peruana es muy personal e íntimo. «En el mundo hay más Máximas», dice Rondón. En 2003, un empresario enjuició al argentino José Luis Godoy por la supuesta usurpación de un terreno que habita desde hace seis décadas y que tiene canteras de granito rojo. En 2011, la policía quemó la casa del ecuatoriano Alfredo Zambrano para que abandonara el pedazo de bosque tropical donde vive y que el gobierno expropió para construir una represa. En 2012, unos sicarios le sacaron los ojos al hijo de la venezolana Carmen Fernández por oponerse a que las tierras de su etnia sean entregadas a las mineras de carbón. En 2014, el nicaragüense Fredy Orozco fue acusado de guerrillero por no dejar que la policía lo desalojara de sus tierras de cultivos para construir un canal interoceánico. A ellos, al igual que a Máxima Acuña, los han acusado de sacrificar el progreso de sus países por un beneficio personal. De victimizarse delante de los periodistas para sacar provecho de las empresas. De ser utilizados por personas u organizaciones que trabajan para sus propios intereses.

—Todo el que cuestione a las compañías extractivas y sea un aliado de los defensores de la tierra y el agua va a ser atacado —dice el activista y ex sacerdote Marco Arana, denunciado en múltiples ocasiones por Yanacocha—. A Máxima la llaman terrateniente, a nosotros terroristas.

Máxima Acuña explica que solo quiere conservar la única vida que conoce y le pertenece: cultivar papas, ordeñar vacas, tejer mantas, beber el agua de sus manantiales y pescar truchas en la Laguna Azul sin que un vigilante le diga «esto es propiedad privada». Preferiría no tener que pelear para seguir con su vida, dice. Por eso cuando le piden que narre lo que le ha hecho la minera, a veces se niega. Dice que durante las reuniones en Europa repetía su historia diez veces al día. Terminaba tan harta y deprimida que al llegar al hotel solo podía dormir.

Cuando regresó a Lima de ese viaje, su salud colapsó. Durante esos meses, con la incertidumbre del proceso judicial, sufría dolores de cabeza, mareos y se desmayaba. Rocío Silva Santisteban la llevó al doctor. El diagnóstico: estrés severo, acentuado por los síntomas de la menopausia. Debía descansar. Le recetaron pastillas para dormir, jarabes y hormonas. Recibió terapia psicológica. Dejó de dar entrevistas. Mientras Máxima Acuña recuperaba fuerzas para su tercer juicio en Cajamarca, Yanacocha amplió su pool de abogados a seis y contrató a Arsenio Oré Guardia, una eminencia del derecho penal en el país y asesor de otras mineras poderosas como Barrick y Doe Run. La abogada Mirtha Vásquez reconoce que se sintió intimidada al litigar con Oré Guardia, autor de libros que ella había estudiado con obsesión en la universidad. Si antes habían perdido dos juicios, ahora existía el riesgo de perder contra un maestro del Derecho. La abogada Vásquez reunió a la familia Chaupe-Acuña en su oficina. Quería ser sincera: esa sentencia, les dijo, era la última oportunidad que tenían para ganar. Si perdían la familia debía considerar la posibilidad de irse a vivir a otra parte. Sí se quedaban sus vidas correrían peligro. Máxima Acuña le dijo que se quedaría a morir allí.

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A fines de 2014, la Corte Superior de Cajamarca declaró que los Chaupe-Acuña eran inocentes de la supuesta ocupación ilegal de Tragadero Grande. Luego del fallo, Máxima Acuña creyó que la empresa minera Yanacocha dejaría de hostigarla para que se fuera. Entonces eligió con su familia una colina protegida por un cerro a doscientos metros de su casa para levantar una nueva vivienda, pues la que tenía estaba a punto de caerse por las lluvias. Ella y su familia abrieron zanjas, recolectaron piedras para las bases y empezaron a hacer las paredes con arcilla. Pero unas semanas después de que colocaran las primeras rocas, hombres de seguridad y obreros de Yanacocha ingresaron al terreno con picos y palas para destruir los cimientos. Máxima Acuña, su esposo y dos muchachos que en ese momento ayudaban a levantar los muros, intentaron defenderse con piedras. La seguridad de la minera los ahuyentó a garrotazos. Esa tarde, Yanacocha difundió un video de lo ocurrido. Dijo que el lugar donde los Chaupe-Acuña construían no pertenecía a las tierras en litigio, y que actuaron en defensa de su posesión. La abogada de Máxima Acuña desmintió a Yanacocha: el fallo de la Justicia, explicó, involucraba todo el territorio que abarca Tragadero Grande. Se trataba, dijo, de un acto intimidatorio. La policía de Cajamarca —que tiene un convenio para prestar seguridad a la minera— no intervino. Solo hubo un escuadrón de suboficiales a un lado del camino junto al terreno, observando desde lejos cómo Yanacocha deshacía en minutos lo que los Chaupe-Acuña habían construido.

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Algunas oficinas de la sede principal de la minera Yanacocha, en Lima, se llaman El Perol, Mamacocha, Chailhuagón, Azul. Son los nombres de lagunas que podrían desaparecer por la extracción de oro del proyecto Conga. El químico Raúl Farfán es director de Asuntos Externos de la compañía y tiene su despacho junto a esas oficinas. Es un hombre joven de pelo engominado y ojos atentos que una mañana me recibió en su departamento de Chacarilla, una zona residencial de Lima. Su trabajo es encargarse, entre otras cosas, de las buenas relaciones entre la minera y las comunidades. Él, quien ha dedicado la mitad de su vida a temas de responsabilidad social en compañías como Shell, Antamina y Xtrata, dijo que entendía las razones por las que la población desconfiaba de Yanacocha —«es normal que en estos casos sintamos simpatía por el más débil»— pero que no todo lo que había declarado la familia era cierto.

—No destruimos su casa —aseguró Farfán, quien llevaba diez meses en su cargo— sólo removimos los cimientos de una nueva construcción para que no sigan invadiendo nuestro predio.

Para explicar mejor las razones de esa decisión, el químico sacó un mapa. En él estaban contemplados dos terrenos comprados a la comunidad de Sorochuco en 1996 y en 1997 por el proyecto Minas Conga. Dentro de esas compras estaría incluido el predio Tragadero Grande que Máxima Acuña y su familia reclaman como suyo. La junta directiva de Sorochuco firmó los documentos de compra-venta. Samuel Chaupe, suegro de Máxima Acuña, también firmó y avaló la transferencia del terreno. De hecho, dijo Farfán, hay fotos satelitales para probar que los Chaupe-Acuña mienten al decir que vivieron allí desde 1994: en esas imágenes no hay chozas ni chacras. Para la empresa, la familia invadió los terrenos recién en 2011, cuando estalló el conflicto de Conga. Yanacocha dice que el certificado de posesión que muestra Máxima Acuña no es un título de propiedad. Que solo la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, podía vender esas tierras. Que por eso los denunció y pidió a la policía desalojarlos. Esa es su versión.

—Con la construcción de la nueva casa, estaban cometiendo una nueva invasión —dijo Farfán—. Si ves que alguien extraño construye en tu propiedad, tienes el derecho de remover esos cimientos en los quince días siguientes. Eso dice la ley. Hemos defendido nuestra posesión.

Miguel Ayala, quien era presidente de la comunidad de Sorochuco cuando se vendieron los primeros terrenos para el proyecto Conga, dice que la versión de la empresa está distorsionada.

—La minera dice que la familia ha invadido, pero cómo puede ser si hace quince años yo firmé y les di a los Chaupe el certificado de posesión de su terreno —dice—. La comunidad es testigo de que ellos vivían allí incluso desde antes de que tuvieran el certificado.

Sentado en un rincón de la bodega que tiene en Cajamarca, Ayala recuerda que los esposos Chaupe-Acuña llegaban desde Tragadero Grande a Sorochuco para hacer trueque. Traían papas y ollucos y las cambiaban por las arvejas o el maíz que otros comuneros como Ayala producían. En las alturas de Celendín, Máxima Acuña era vecina de su suegro, Samuel Chaupe, quien sí vendió su parcela a la mina porque firmó el documento que cedía los terrenos a Yanacocha.

—Máxima y Jaime no firmaron —dice Ayala— por lo tanto no vendieron su predio.

La disputa entre la familia de Máxima Acuña y la empresa minera se convirtió también en un asunto de números e interpretaciones geográficas. En 2012, cuando la disputa entre los Chaupe-Acuña y Yanacocha recién se iniciaba, un experto del Gobierno Regional de Cajamarca, el ingeniero civil Carlos Cerdán, viajó hasta Tragadero Grande, el predio de la discordia. Cerdán, un hombre flaco de nariz angulosa y de anteojos gruesos, es experto en mapas. Durante una mañana el especialista delimitó el área exacta del terreno usando tres GPS, la carta nacional y los límites que registran las escrituras de ambas partes. El estudio concluyó que la parcela adquirida por los Chaupe-Acuña —casi veinticinco hectáreas— no formaría parte de las tierras compradas por Yanacocha. O en todo caso, me explicó Cerdán, sólo una parte estaría dentro del terreno de la empresa, pero no toda la parcela. Esto ocurre por un detalle: si bien los límites están claros en los documentos de ambas partes, hay problemas de cálculo. Todo es una confusión de números y papeles que no se ajustan a la realidad. No hay mapas infalibles.

—Pero todos cometemos errores —dijo el ingeniero—. Incluso puede que yo esté equivocado.

El estudio del experto en mapas no fue considerado en ningún momento del juicio. Tanto la defensa de los Chaupe-Acuña como la de Yanacocha han reconocido que para resolver la disputa sería necesario ir a un juicio civil donde cada uno presentara sus pruebas para demostrar quién es el propietario. Aún cuando este proceso se inicie, Yanacocha no dejará que Máxima Acuña y su familia construyan una nueva casa.

—Queremos evitar que haya una invasión sistemática de terrenos, que venga otra familia y quiera invadir —dice Raúl Farfán, directivo de Yanacocha—. No queremos sentar un precedente.

El gerente de Asuntos Legales de la minera, el abogado Wilby Cáceres, es más enfático en su temor. Para él, la zona donde los Chaupe-Acuña intentan construir otra vivienda ha sido habitada por dirigentes antimineros durante las protestas contra el proyecto Conga. «Nos preocupa que la propiedad sea ocupada por ellos». Aunque otros ejecutivos de Yanacocha no lo reconocerían delante de una grabadora, hay otra razón evidente: si Máxima Acuña y su familia se quedan ahí, Conga no podría realizarse.

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La Dama de la Laguna Azul está de pie, vigilando sus ovejas sobre la pampa. Lleva un radio a pilas colgado en el hombro derecho y escucha huaynos de una emisora evangélica llamada Tigre. Ha pasado un mes desde la vez que ella picaba y cargaba piedras en esta colina, solo que ahora el terreno que pisa está cubierto con escombros de barro, paja y madera mojada por las lluvias. Son los restos que quedaron de lo que iba a ser su nueva casa. Junto a ellos, a unos metros, la minera Yanacocha ha colocado un extenso cerco de malla a lo largo de una pradera para criar alpacas. Dentro hay una caseta de seguridad que mira directamente a la casa de Máxima Acuña. La campesina dice que uno de los vigilantes se acercó hace unos días para ofrecerle trabajo a su esposo. Le dijo que Yanacocha ya no quería pelear.

—Ahora quieren paz, quieren diálogo. ¿Acaso soy cualquier cosa para que me hagan lo que les da la gana y de ahí no pasa nada? —se queja Máxima Acuña, levantando la voz en medio de la pampa—. Me han difamado. Han golpeado a mis hijos. Ahora quieren darnos trabajo. Prefiero no tener plata. Mi tierra me hace feliz, pero el dinero no.

Por esos días, algunos medios habían difundido la existencia de unos títulos de propiedad que demostraban que los esposos Chaupe-Acuña era dueños de otros nueve terrenos —casi ocho hectáreas en total— en Sorochuco. Esas noticias daban a entender que la familia llegaba a un terreno vacío, lo ocupaba y luego se lo apropiaba. Sin sutilezas, presentaban a Máxima Acuña con una usurpadora profesional. Ysidora Chaupe, hija mayor de la campesina, recuerda que luego de esas noticias recibió decenas de llamadas de gente que apoyaba su causa y que le preguntaba si en verdad tenían más terrenos y por qué no lo habían mencionado antes.

—Nos han difamado diciendo que tenemos una casa en Cajamarca, que mi mamá es una terrateniente, que ella ha trabajado en un chifa de Lima, que quiere sacarle plata a la mina —me dijo Ysidora Chaupe, mientras amamantaba a su hijo recién nacido—. Pero no nos importa si la gente no nos cree. Tenemos los documentos. Ya declaramos todo en el juicio.

En las escrituras de compra-venta que guarda Máxima Acuña, esos terrenos aparecen como herencia de sus padres o compras a sus hermanos, por los que ha pagado un carnero o un toro. Son parcelas dispersas, ubicadas en laderas de cerros. Algunas tienen pasto, en otras hay leña, maíz o arvejas que solo se pueden cultivar cuando llueve. Se calcula que una familia campesina de la sierra del Perú necesita poseer treinta y dos hectáreas de tierra para producir el equivalente a una hectárea de tierra en la costa, por las dificultades que presenta. Tragadero Grande, dice Máxima Acuña, es el único lugar que tiene para vivir porque allí hay pasto abundante, el territorio es extenso para tener ganado y sobre todo porque, a diferencia de los otros terrenos, es el único que tiene fuentes de agua: allí hay manantiales por todos lados. A pesar de eso, algunos medios acusaron a su abogada Mirtha Vásquez y a Grufides, la oenegé que dirige, de victimizar a la familia Chaupe-Acuña. Dicen que Vásquez es inmoral y mentirosa. Incluso, cuenta la abogada, han ingresado a su casa dos veces para romper todas sus cosas. No puede asegurar quiénes fueron pero lo sospecha, porque no le robaron nada.

—Algo nos tenían que cobrar —dice Vásquez, que también es profesora en la universidad y madre de dos hijos—. Yanacocha no va a perdonarnos que le hayamos ganado un juicio. Solo temo por Máxima y su familia. A veces pienso que esto nos está costando más que lo que valen veinticinco hectáreas de terreno.

Hasta marzo de 2015, la minera Yanacocha había puesto seis denuncias más por usurpación a la familia Chaupe-Acuña. Los han denunciado por hacer una chacra de papas, por plantar pinos en sus linderos, por salir a pastar las ovejas en otra zona del terreno, incluso por quemar ichu para llamar a la lluvia, como es costumbre entre los campesinos de la zona. Ahora hay un cerco de metal al costado de su terreno que les ha cerrado el camino a Sorochuco donde hacen trueque o compran algunos alimentos. Los comuneros y activistas que defienden las lagunas de Cajamarca están organizándose para llegar hasta allí, construir la casa de los Chaupe-Acuña y montar guardia para protegerlos. El presidente regional de Cajamarca, Porfirio Medina, ha dicho que si algo le pasara a la campesina, «el pueblo librará todas las batallas necesarias contra los abusos de la minera». Máxima Acuña solo insiste en que así venga el dueño de Yanacocha a disculparse, no sacará de su mente lo que ha sufrido.

—Eso está sembrado dentro de mí —dice.

Una lluvia gruesa cae de pronto sobre Tragadero Grande. Máxima Acuña apura el paso de sus botas de jebe para volver a su casa. Un perro blanco y escuálido la sigue sin dejar de ladrarle.

—Se llama Johnny —dice la campesina y suelta una risa irónica.

Dice que es en “honor” al vigilante de Yanacocha que quemó su primera choza, y que tenía el mismo nombre.

Una de las últimas noches que pasé en Tragadero Grande, días antes de que destruyeran los cimientos de la nueva casa, la pareja de campesinos y yo cenamos un plato de sopa de fideos, envueltos en varias frazadas, sobre un par de colchones. Las camionetas de seguridad de Yanacocha se habían estacionado cinco veces frente a su terreno durante ese día. Unos vigilantes —acompañados de policías con cascos, garrotes y escudos, pero sin identificación— ingresaron al predio para tomar fotos y filmar lo que los esposos construían.

—Algo malo va a pasar, mi coca se ha puesto amarga —susurró Jaime Chaupe, un hombre supersticioso, mientras masticaba hojas de coca y fumaba un cigarrillo—. No sé, hay veces en que quiero largarme ya.

La lluvia golpeaba el techo de calamina, como si intentara romperlo.

—No te acobardes —dijo Máxima Acuña—. A esos policías no les tengo miedo.

Entonces apagó la vela y se acostó junto a su esposo.

En septiembre de 1991, mientras el país intentaba recuperarse de la debacle económica del primer gobierno de Alan García, en medio de apagones y  coches bomba, llegó al Perú una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de negociar el pago de una deuda de US$450 millones, cuyo retraso ponía en peligro la reinserción del Perú al sistema financiero global. El Ministerio de Economía, encabezado entonces por el economista Carlos Boloña Behr, estaba quebrado, con fondos apenas para sostener el aparato estatal. Entonces, la única entidad solvente para cumplir con aquel compromiso era el Banco Central de Reserva (BCR), pero no era tan simple. Entre las reformas emprendidas para frenar la crisis inflacionaria, se contempló la modificación de los estatutos del banco, para que este dejara de otorgarle préstamos a otras entidades públicas, porque en la práctica se convertían en subsidios disfrazados de créditos blandos. En busca de una salida, Ricardo Lago, representante del BID en el Perú, solicitó una cita con los altos funcionarios del BCR. Sentado en el Salón Ayacucho, en el Hotel Cesar, en Miraflores, Lago se encontró con Javier De la Rocha, gerente general del BCR. A los pocos minutos, Martha Rodríguez y Julio Velarde, directores del BCR, así como de Renzo Rossini, gerente de estudios económicos del BCR, se sumaron a la reunión. Velarde no estaba convencido de la operación. “Si el BCR le prestaba el dinero al MEF, a través de un crédito puente, éste no le devolvería el préstamo”, aseguraba Velarde. No obstante, para hacer más atractiva la propuesta, pensando sobre todo en que los caños de la banca multilateral no se le cerraran otra vez al Perú, Lago les ofreció incorporar en la cartera de créditos del BID un proyecto de capacitación técnica, con un fuerte desembolso, dirigido al BCR. “Eso es inaceptable, si tú crees que se necesita dicha asistencia técnica, está bien, pero de ninguna manera la condiciones al crédito del BCR al MEF. Esa es una decisión soberana del directorio del BCR. Parece un ‘soborno’ y eso es inaceptable”, le respondió Velarde.

Para aquel entonces Velarde no era cualquier funcionario público. Como asesor del primer ministro de Economía de Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller, tenía un papel importante en la reinserción económica del Perú. Participó en el diseño del Plan de Estabilización Económica, aquel programa feroz que Hurtado Miller presentó en cadena nacional durante el horario estelar del 7 de agosto de 1990, un mensaje inolvidable no solo por la frase con la que cerró -“que Dios nos ayude”-, sino porque anunció que a partir del día siguiente los precios de los productos más básicos de la canasta familiar se multiplicarían hasta por 30. Velarde, católico por convicción, estaba al tanto de los costos sociales del programa, sobre todo para los más pobres, pero como economista ortodoxo estaba convencido de que era la única salida para estabilizar los precios. Por ese motivo, delante de Lago, Velarde se opuso a que el BCR le prestara recursos al MEF, acción que habría significado un retroceso costoso en el camino por recorrer. Después del 28 de julio de 1990, Fujimori nombró al economista Jorge Chávez como presidente del BCR, pero este no se incorporó al ente emisor sino hasta fines de año porque se encontraba en la Universidad de Oxford, concluyendo su doctorado. Por ese motivo, durante la primera etapa del plan, como director del BCR, Velarde participó en la definición de la política monetaria. Bajo su liderazgo, el BCR paró en seco los créditos al gobierno, unificando el tipo de cambio y decretando su flotación, estableciendo las bases para crear un mercado de dinero. Gracias a estas medidas, que contaron con el aval del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se estabilizó en pocos meses el tipo de cambio, así como el nivel general de los precios. “Fue un ejercicio de libro de texto”, dice Lago, quien recuerda la determinación de Velarde al defender el programa en el consejo de ministros, tres días antes del mensaje de Hurtado Miller. Aquella tarde del 4 agosto de 1990, los ministros estaban al tanto de lo que ya se denominaba el “fujishock”, por lo que Hurtado Miller los convocó para convencerlos.

Velarde, con esa voz estentórea que lo caracteriza, explicó el plan en cifras, porcentajes y proyecciones, una sucesión de números grises, insoportablemente opacos para los que no están familiarizados con teoría monetaria ni modelos económicos, pero lo hizo con tal seguridad que fue difícil escucharlo sin sentir que estaban encomendándose a un cirujano inexpresivo pero de manos brillantes. Después de aquella reunión, que se extendió hasta la media noche, Velarde logró que todos votaran a favor del plan. El MEF no giraría ni un cheque más allá de los ingresos fiscales del día a día, equilibrando el presupuesto y sincerando los precios de los servicios públicos. Como resultado, la inflación, que en 1990 alcanzó los 7.650%, bajó a 139,2% en 1991, para descender más tarde a 6%. El Producto Bruto Interno (PBI), que tuvo un pobre desempeño entre los años 1990 y 1992, con una caída promedio de 0,8%, alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 7,2% hasta 1997. La autoridad que impuso Velarde para definir una política monetaria clara, precisando la intervención del BCR en el mercado cambiario. El 5 de abril de 1992, tras el golpe de Estado, Velarde, como la mayoría de altos funcionarios del BCR, renunció al directorio. Volvió al BCR en el año 2001, bajo la presidencia de Richard Webb, otro destacado economista formado en las canteras de la institución. Irónicamente, en septiembre de 2006, durante la segunda administración de Alan García, Velarde fue nombrado presidente del BCR. Si antes le tocó corregir los errores en política monetaria del ex presidente, ahora le tocaría velar por controlar la inflación en medio de su exceso de entusiasmo con el gasto público. Entonces, la inflación se mantenía en el rango meta de 2,5%, mientras que las reservas internacionales sumaban US$17.200 millones. Para el año 2009, en plena tormenta de la crisis global, la inflación escaló hasta 6%, pero se mantuvo en el orden de 3% durante la última década, ubicando al Perú como uno de los países con menor inflación de América Latina. Las reservas, que alcanzan los US$65.0000 millones al 2015, nos sitúan en el tercer lugar en el ranking regional.

Después de ocho años al frente del BCR, sin ningún escándalo de malos manejos ni de errores garrafales en el manejo de la política monetaria, sino todo lo contrario, queda claro que  Velarde no parece estar impulsado por intereses personales o por cálculos políticos. Más allá de las conferencias periódicas que hace o por las escasas entrevistas que da en televisión, donde solo habla de porcentajes, sectores y proyecciones, no destaca precisamente por hablar de sus logros, que no son pocos, ni por retar a sus contrapartes en el MEF. En esta última década, ha destacado por mantener una relación de respeto con siete ministros de Economía, cada uno con un perfil diferente, con los que ha compartido la conducción de la economía. Es raro encontrar, salvo contadas excepciones, a economistas o empresarios que critiquen su labor al frente del ente emisor. Adjetivos como “piloto de lujo”, de Richard Webb, o “el verdadero garante de la economía”, de Christian Laub, no lo sacan de ese papel secundario que le gusta tener en el reparto, pese a ocupar un lugar protagónico en la transición de la economía peruana al grado de inversión. Pero su cautela ha sido recompensada por el sector privado, que le otorgó 93% de aprobación en la Encuesta a los Líderes en CADE Ejecutivos 2014, convirtiéndolo en el funcionario público más ovacionado por la clase dirigente. Por eso, si hubo una acción que restableció la confianza empresarial en 2011 tras la victoria presidencial de Ollanta Humala, que provocó la caída de la bolsa peruana en 16 puntos, fue la decisión de su gobierno de mantener a Velarde en la presidencia del BCR, incluso antes de terminar de nombrar a sus ministros, sacando del tablero a Óscar Dancourt, exdirector y exvicepresidente del directorio del BCR, enfrentando a Humala con su primer equipo de técnicos.  Pese al último enfrentamiento por el incremento en 6% del salario del presidente del BCR, que se discutió desde hace dos años en el Congreso, Humala no podría estar más que agradecido. En 2012 Velarde recibió el premio Bravo de la Revista LatinTrade al mejor banquero central de América Latina. Un año antes, la Cancillería lo reconoció por sus aportes en la difusión de las oportunidades de inversión en el Perú. En 2010 la prestigiosa revista financiera Emerging Markets lo eligió como el mejor banquero central de América Latina. “Se ha ganado a pulso el reconocimiento internacional como uno de los banqueros centrales más destacados de su época. Se va a convertir en personaje legendario de la política monetaria peruana. Me aventuraría a decir que es el único banquero central, posiblemente de la historia, que ha parado una hiperinflación (1990) y ha prevenido una deflación (2009)”, dice Ricardo Lago.

Hombre tímido en grandes grupos de personas, se ha rodeado de profesionales de confianza con talento, con Renzo Rossini, gerente general del BCR desde el año 2003, como el más veterano de sus colaboradores. Martha Rodríguez, probablemente una de las personas que más conoce de política monetaria del Perú, es otra de sus más cercanas amistades, con quien comparte créditos en numerosas investigaciones académicas. Exmilitante del PPC, se le vinculó sentimentalmente en el año 2001 con la lideresa del partido Lourdes Flores, pero pronto él se ocupó de desmentir dicho rumor. Parco y huidizo, disfruta muchísimo de leer, escuchar música, beber buenos vinos, aprender y entender, actividades que, en un hombre con su experiencia, conocimientos y recorrido, se realizan probablemente mejor en soledad.

El banquero celebrity

Como señalan los economistas del BCR Paul Castillo y Carlos Montoro, una de las características de la economía peruana es que esta está parcialmente dolarizada. Si bien el nivel es menor al de décadas atrás, la dolarización hace más difícil y complejo para el BCR alcanzar sus metas de estabilización de precios e influir en las tasas de interés, básicamente porque la mitad de la economía funciona con monedas que no emite. “El grado de dolarización en la economía peruana sigue siendo alto comparado con otras economías emergentes que conducen sus políticas monetarias bajo el esquema metas de inflación. Por consiguiente, un reto todavía presente para el BCR radica en cómo implementar su política monetaria en un ambiente con dolarización parcial”, señalaron Castillo y Montoro en un artículo de la revista Moneda, editada por el BCR. Precisamente, por ese motivo, la política monetaria del Perú representa un caso de estudio e investigación a nivel internacional, por lo que Julio Velarde es invitado a numerosos foros internacionales. “Él se reúne periódicamente con banqueros centrales de la talla de Ben Bernanke (expresidente de la FED de Estados Unidos) o Janet Yellen (actual presidenta de la FED) en reuniones anuales, entre las que se encuentra el Simposium de la Reserva Federal de la Ciudad de Kansas, que reúne a los funcionarios y presidentes de bancos centrales de todo el mundo”, afirma una fuente del BCR. Tan importantes son estas cumbres de banqueros centrales, que en 2008, durante dicha reunión, Bernanke anunció los paquetes de flexibilidad monetaria I y II que implementaría la Reserva Federal de Estados Unidos para intentar enfrentar una crisis financiera sin precedentes.

Aquellos que lo han acompañado en estos viajes, describen un cuadro de timidez en reuniones donde hablan muchas personas a la vez. Pero, cuando los encuentros son menos numerosos, o de uno a uno, dicen que Velarde se expresa con bastante fluidez a través de un perfecto manejo del inglés, por lo que muchos gestores de algunos de los fondos de inversión más grandes del planeta solicitan tener reuniones personales con él pues, se sabe ya, que a puerta cerrada dice algunas cosas que no diría en público o en reuniones más grandes. Entre los años 2012 y 2014 viajó varias veces con la delegación público privada InPerú, para a visitar inversionistas en países como Alemania, Reino Unido, España, Corea, China y Kuwait, donde se reunió con decenas de empresarios y autoridades monetarias. En estos espacios, Velarde absorbe conocimientos que lo acercan más al sector de los mercados financieros, que cada vez influyen más en la economía real, y que inmediatamente incorpora a su base de datos. A su regreso al BCR, en sus reuniones semanales con el quipo que supervisa la economía mundial, más que escuchar los informes, él se ocupa de presentar su propio reporte. El economista Pablo Secada, quien fue su alumno en la Universidad del Pacífico, recuerda que una vez, mientras un compañero mencionaba un documento de estudio, Velarde lo corrigió y citó de memoria la llamada y la cita bibliográfica de ese documento, línea por línea, y con número de página y año de publicación. Durante el diseño de lo que se conoció como el Plan Amaru, presentado por Santiago Roca, uno de los efímeros Siete Samuráis de Fujimori, Velarde, invitado a la cita como asesor de Hurtado Miller, tomó una tiza para destrozar el plan en la pizarra sin que ninguno de sus autores pudiera argumentar en contra de sus observaciones.

Allá por los años ochenta, cuando quiso entender a fondo el problema del sector agrario en el Perú, Velarde fue a todas las librerías y bibliotecas, se compró o pidió prestado todos los libros que había al respecto y se encerró en su casa a leerlos. Al cabo de una semana de estudio, sabía más del agro que muchos especialistas con años de experiencia en el sector. Y no se ufanaba de ello ni esperaba reconocimiento alguno por sus conocimientos. “Lee mucho y siempre está al día con lo último del saber de su sector y lo, más importante, lo comparte”, señala uno de los directores del banco. Uno podría esperar que un funcionario público con un perfil como el suyo pudiera perder fácilmente la perspectiva y considerarse a sí mismo una especie de gurú cuya palabra final es la definitiva. Pero nada más alejado de la verdad. Quienes trabajan con él en el día a día señalan que una de sus principales características es que cada vez que uno se presenta en su oficina para hacer un reporte de su área, Velarde interrumpe con sencillez completando las cifras, dejando en claro que él está dos o tres pasos por delante. Su conocimiento de música y literatura complementan una personalidad que algunos califican de genial.

Los genios están locos

El intenso olor a cigarro que sale de la oficina del profesor Jürgen Schuldt impregna el primer piso del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Sentado en su sillón, rodeado de sus libros de estudio, Schuldt recuerda a Velarde con un solo adjetivo: brillante. Sus resultados académicos no eran para menos. En 1969 ingresó en el primer puesto a la Universidad Pacífico. Paralelamente postuló a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde alcanzó el segundo lugar de 6000 postulantes. Durante sus años de estudiante, Velarde obtuvo el primer lugar todos los años, por lo que se graduó en 1974 con el premio especial Robert Maes, con el que se reconoce a los alumnos más talentosos y con futuro prometedor. Tras acabar sus estudios de doctorado en la Universidad de Brown, Velarde regresó en 1978 como investigador del CIUP, desempeñándose más tarde como profesor de Teoría Monetaria en diferentes periodos, llegando a desempeñarse como decano de la Facultad de Economía. Entre sus exalumnos están Miguel Palomino, director el Instituto Peruano de Economía (IPE), Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo del Grupo Apoyo, Mercedes Araoz, exministra de Economía y Carlos Casas, exviceministro de Economía. Este último lo recuerda con tres adjetivos: desordenado, distraído y genial. “Todos los genios están locos”, dice el economista, actual profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, exjefe de prácticas de Velarde. Para Casas, Velarde no era un apasionado de la forma sino de la exactitud. No eran pocas las veces que en vez de coger su cigarrillo agarraba la tiza, terminando con la boca manchada de blanco, pero cuando se trataba de analizar un informe era implacable. “No se fijaba en que faltara o no una coma o dónde, sino en que el texto dijera algo cierto y novedoso. En esa época existía aún el papel continuo y yo le llevaba mi tesis impresa para que me dé su opinión. Él me la devolvía llena de anotaciones, machas de café y huecos de cigarrillo”, recuerda Casas. Velarde era un gran consumidor de cigarrillos, de café, placeres que ha debido aprender a moderar por salud.

Como sus clases eran enredadas por la cantidad inmensa de información que manejaba, Casas, como su jefe de prácticas, se encargaba de aterrizar los conceptos sofisticados para que los alumnos procesaran la clase. “Era muy despiadado y sin embargo abierto y bromista”, recuerda la exministra de Economía, Mercedes Araoz. “La gente le tenía miedo porque su curso era difícil y él era un profesor muy exigente, se burlaba de ti cuando preguntabas muchas veces la misma cosa, pero a diferencia de otros profesores te animaba a preguntar y te explicaba hasta que entendieras”.  Un día, luego de que Mercedes y su compañera de salón terminaran de presentar su trabajo final, Velarde las miró con frialdad y les dijo: ‘ustedes se lo han copiado’. “Casi nos morimos porque algo así representa un problema enorme con la universidad y era definitivamente jalar el curso”, dice Mercedes. “Pero al vernos heladas, pálidas y desconcertadas porque no nos habíamos copiado, nos dijo: ‘es una broma señoritas, nada más, no se preocupen’. El humor de Velarde, hasta el día de hoy, es bastante particular, como lo evidencia en las conferencia de prensa, al dirigirse a los periodistas poco entendidos en economía, con los que pasea mientras intentan sacarle alguna declaración polémica. Nadie que no fuera él mismo podía encontrar nada en su oficina. Esta era un caos llena de libros, separatas, fotocopias, cuadernos y apuntes, apilados en rumas sobre el escritorio, las sillas, los estantes y hasta el piso. Sin embargo, en este espacio, Julio Velarde estaba cómodo. Con su cigarrillo en mano y su taza de café manchando todo, quizás hasta se sentía protegido.

En 2009, como ministra de Economía, Araoz fue la contraparte de Velarde en el manejo de  la economía. No es usual que quien maneja la política monetaria de un país esté siempre parado en la orilla contraria de lo que opina o piensa quien está a cargo de la política fiscal del mismo país. Pero aquel año encontró a Velarde y Mercedes en polos opuestos. Velarde estaba preocupado por el impulso fiscal del gobierno que podría engendrar inflación, mientras que el MEF estaba intentando con sus mejores armas reactivar la economía. Pese a las diferencias conceptuales y de prioridades, el trato siempre fue cordial y el que se conocieran desde tiempo atrás ayudó mucho a evitar malos entendidos. “No había cinismo ni animadversión porque no había agenda que fuera la que estaba sobre la mesa”, cuenta Araoz. Quizás para mantener ese nivel alturado de diálogo, Velarde procuró que las coordinaciones entre el BCR y el MEF se realizaran, principalmente, entre sus altos funcionarios y los viceministros. Pero, en caso de que las tensiones entre los gerentes del banco -Renzo Rossini, Jorge Estrella (gerente de política monetaria) o Adrián Armas (gerente de estudio económicos)- escalaran, se acudía a Velarde o Mercedes para llegar a un punto medio. Sin embargo no siempre pudo establecerse esos códigos para mantener el fondo sobre la forma.

Los años de la crisis

“Cuando hay una crisis, en el último nivel y el más alto, las cosas las resuelven el ministro de Economía y el Presidente del BCR en un cuarto, a solas”, nos cuenta Secada, asesor del ex ministro de Economía, Luis Valdivieso, cuando se produjo la crisis financiera internacional. Los cuadros técnicos del BCR están entre los más preparados y hábiles de todo el país. Muy pocos economistas tienen problema en reconocerlo, pero al mismo tiempo destacan que la postura del BCR por defecto, en cuanto a estrategias y utilización de herramientas financieras, en lo que respecta a reducir el encaje o bajar la tasa de interés de referencia, es bastante conservador. Tanto es así, que cuando se debían tomar medidas de tipo financiero en el Ejecutivo para paliar algunos de los efectos de la crisis del 2008/2009, Valdivieso le encargó a Secada que sustentara su plan frente al directorio del BCR, esperando que este tomara medidas tan audaces como el MEF para evitar que la crisis arrinconara al Perú. Secada, delante del directorio de viejos y experimentados economistas del BCR, encabezado por Velarde, sintió que lo trataban con mucho respeto pero también con algo de condescendencia. Cuando finalizó su exposición le dijeron algo muy parecido a “muchas gracias por venir, estaremos en contacto”. Valdivieso, dice Secada, sabía perfectamente que eso iba a pasar. En 2009, con proyecciones de 7% a principios de año, se cayeron hasta rosar el 0%. No obstante, la labor coordinada entre el MEF del sucesor de Valdivieso,  Luis Carranza, provocaron un rebote que casi alcanza los dos dígitos.

Los funcionarios del BCR están blindados ante las movidas políticas que afectan al MEF. No hay nada en el marco normativo del banco que sujete las decisiones de política monetaria al poder político de ningún poder del Estado y eso, para un académico como Velarde, es bastante cómodo: no es necesario convencer a nadie para tomar una decisión. Desde hace casi una década, pese a que su voto pesa en el directorio tanto como el de cualquier otro director, casi todas, sino son todas, las decisiones las ha tomado Velarde. No obstante, en abril de 2014, con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, hubo momentos tensos porque este señaló que la política cambiaria era ‘predecible’ estancando un mayor uso de la moneda local. Velarde, respaldado por la autonomía del ente emisor, ni se inmutó. Sin embargo, entre 2012 y  2013, Velarde sí tuvo que encargarse de asuntos políticos para poder completar el directorio del BCR, que estuvo por más de dos años con tres miembros menos. Durante meses, Velarde tuvo que reunirse con congresistas y representantes del Ejecutivo para completar el directorio con profesionales de un perfil acorde a la tarea de diseñar políticas monetarias. En general, de los cinco directores, sucede que en muchos casos que tres han sido alumnos de Velarde. Por ese motivo, cuando el presidente Humala quiso imponer en el directorio a dos directores que no cumplían con los requisitos que él exigía, estuvo cerca a presentar su renuncia. Pero, entre quienes no piensan como él o no comparten su apreciación neoclásica de la economía, Velarde es tremendamente respetado.

Político en ciernes

Experiencia política no le falta. En 1983, como militante del PPC, partido al que llegó de la mano del economista Percy Tabori, ingresó al Ejecutivo como asesor del ministro de Industria de ese entonces, Iván Rivera Flores. Acción Popular, el partido de gobierno, le entregaba dos carteras al PPC, que eran en este caso las de Justicia e Industrias. Meses más tarde, cuando la alianza se quebró, ocupó el equipo que diseñó el plan de gobierno entre los años 1984 y 1987, al lado de economistas como Carlos Neuhaus Tudela, Jorge Gonzales Izquierdo y el mismo Tabory. Durante la campaña electoral de 2001, Velarde encabezó el equipo que diseñó el plan económico, estableciendo entre las propuestas de la candidata Lourdes Flores reglas estables en tributación para facilitar la inversión (como eliminar el IGV a la importación de bienes de capital, la reducción de aranceles a los insumos, reducción a 15 % del impuesto a la renta para la reinversión de utilidades y la desaparición paulatina del impuesto de solidaridad), y disciplina en el manejo del gasto. El programa de Velarde buscaba captar 4.000 millones de dólares en inversión extranjera al año, logrando un crecimiento de 6 % y 7 % del PBI e impulsando a sectores como el agro, la construcción, pequeña y micro empresa, para los que se diseñará planes quinquenales y programas de emergencia dentro de los primeros 120 días de gestión. Nada mal para un hombre que opina poco sobre tema de actualidad.

Sin embargo, entre colegas, Velarde es más pragmático que en sus apariciones televisivas, como comenta Christian Laub, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, a quien le comentó que en el caso de la Ley del Empleo Juvenil faltó más audacia. “Julio Velarde cree que debemos recuperar el ritmo de crecimiento, implementando reformas estructurales como las de los años noventa. La flexibilización laboral para los jóvenes es un movimiento tímido en la dirección correcta, pero se necesita liderazgo para que salga adelante”, comenta Laub. Velarde, como académico, es probablemente uno de los pocos, sino el único, con más estudios sobre diferentes sectores de la economía, desde Política Monetaria y Finanzas hasta Defensa, Agricultura y Pesquería. “Sería un gran ministro de Economía, incluso un gran primer ministro. Habilidades no le faltan”, declara un colaborador cercano. Quién sabe, quizá, en el fondo Velarde, poco a poco, sin quererlo o no, se está acercando más a Palacio de Gobierno de lo que él cree.

El Señor de las Papas

Publicado: 25 noviembre 2015 en Eliezer Budasoff
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Julio Hancco es un campesino de los Andes que cultiva trescientas variedades de papa, y reconoce a cada una por su nombre: la que hace llorar a la nuera, la caquita colorada de chancho, la cuerno de vaca, la gorro viejo remendado, la zapatilla dura, la mano moteada de puma, la nariz de llama negra, la huevo de cerdo, la feto de cuy, la comida de bebé para dejar de lactar. No son nombres en latín sino nombres que eligen los campesinos para clasificar las papas por su apariencia, su sabor, su carácter, su relación con las demás cosas. Casi todas las variedades de papas que Hancco produce a más de cuatro mil metros de altura, en sus tierras del Cusco, ya tienen su nombre. Pero a veces siembra una papa nueva o una que ha perdido su identidad con el tiempo, y El Señor de las Papas puede nombrarla. A la puka Ambrosio —puka en quechua significa roja—, una variedad que sólo se cultiva en sus tierras, Hancco la llamó así en homenaje a un sobrino suyo que había muerto al caer de un puente. Ambrosio Huahuasonqo era un campesino amable, dócil como un puré de papas, que seguía a su tío adonde fuera y que conquistaba a la gente haciendo bromas. Dicen que su apellido quechua definía su carácter: Huahuasonqo significa «corazón de niño». Después de su muerte, Hancco eligió su nombre griego para darle un destino: Ambrosio significa ‘inmortal’. La papa que lleva su nombre es alargada, suave, ligeramente dulce, con una pulpa amarillo claro y un anillo rojo en el centro. Es una de las favoritas de Hancco, un campesino que solo habla quechua y tiene un nombre latino: Julio significa «de fuertes raíces». Una tarde de primavera de 2014, en su casa, días después de la siembra, Julio Hancco levanta una mano tan grande y rugosa como la corteza de un árbol, y señala un plato sobre la mesa.

—Como hijo —dice—. Como hijo, es papa.

Adentro de la casa de Hancco —un cuarto de piedra sin ventanas con una mesa vieja y un fogón—, está tan oscuro que no se alcanza a ver si lo dice sonriendo o con un gesto de solemnidad. Su esposa, sentada sobre un banquito en un piso de tierra, revuelve un caldo en el fogón. Sobre la mesa del comedor se enfría un puñado de papas puka Ambrosio. Son deliciosas, pero la gran mayoría de los peruanos nunca llegará a probarlas. Sabemos que la papa nació en el Perú, y que los agricultores de los Andes cultivan más de tres mil variedades, pero no sabemos casi nada sobre ellas. Sabemos dónde se fabrica un IPhone, cuál es el hombre más rico del mundo, de qué color es la superficie de Marte, cómo se llama el hijo de Messi, pero no sabemos casi nada de los alimentos que comemos a diario. Si es cierto que somos lo que comemos, la mayoría no sabemos quiénes somos. Quienes van a cualquier mercado en Perú su mayor dilema es elegir entre papas blancas o papas amarillas. Pueden reconocer las papas Huayro —marrón con tonos morados, especial para comer con salsas—, juntarse con amigos alrededor de ‘papas cocktail’ —del tamaño de unos champiñones— o sentirse más patriotas si compran una bolsa de papas nativas —producidas a más de tres mil quinientos metros de altura—. Pero, como todos, son ciudadanos del mundo de la papa frita: en el Perú de 2014, el país donde más variedades de papas se producen en el mundo, se importaron veinticuatro mil toneladas de papas precocidas: las que usan los fast foods para hacer papas fritas.

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Cuando mira hacia el cerro nevado frente a su casa, Julio Hancco detiene su mirada como lo hacen algunos en la ciudad cuando pasan frente a una Iglesia: como si se persignaran hacia adentro, con una reverencia imperceptible. Hancco es un agricultor de sesenta y dos años que ha sido llamado custodio del conocimiento, guardián de la biodiversidad, productor estrella. Fue premiado con el Ají de Plata en el festival gastronómico Mistura, y ha recibido a investigadores de Italia, Japón, Francia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, y a productores de Bolivia y Ecuador que han viajado hasta sus tierras en la comunidad campesina Pampacorral, para saber cómo consigue producir tantas variedades de papa. Hancco vive a cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar, a los pies del cerro nevado Sawasiray, en un paisaje de suelos amarillos, colinas áridas y rocas gigantes adonde pueden llegar unos ingenieros europeos pero no llegan ni los automóviles ni la luz eléctrica. Para ir hasta su casa hay que bajarse en la ruta y subir casi un kilómetro a pie por una ladera empinada, algo que cualquier forastero describiría como subir una montaña. Quienes viajan a verlo desde una ciudad se demoran, jadean y se marean por la falta de oxígeno. Allí arriba la sangre corre más lento y el viento es más violento. En verano, el agua de deshielo se enfría tanto que es doloroso lavarse la cara. En invierno el frío llega a diez grados bajo cero, una temperatura que puede congelar la piel en una hora. Para conseguir leña, Hancco tiene que andar unos cinco kilómetros hasta un sitio donde pueden crecer los árboles, cortar los troncos y llevarlos a su casa a caballo. Para conseguir gas tiene que bajar hasta el camino asfaltado y tomar una camioneta combi que lo lleve hasta Lares, el pueblo más cercano, a más de veinte kilómetros, donde a veces también compra pan, arroz, verduras y frutas, todo lo que no puede producir en sus tierras. Lo único que florece a esa altura, en las tierras que heredó de sus padres, es la papa.

La papa es el primer vegetal que la NASA cultivó en el espacio por su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Es el cultivo no cereal más importante y más extendido en el mundo. La planta que produce mayor cantidad de alimento por hectárea que cualquier otro cultivo. El tesoro-enterrado-de-los-Andes que salvó del hambre a Europa. El alimento principal de las tropas de Napoleón. La base de la tortilla española, los ñoquis italianos, los knishes judíos, el puré francés, el primitivo vodka ruso. El manjar que en el siglo XIX Thommas Jeferson servía frito, cortado en bastones, a sus invitados en la Casa Blanca. La raíz de la flor morada que María Antonieta lucía en el cabello para pasear por los jardines de Versalles. El vegetal que tiene dedicados tres museos en Alemania, dos en Bélgica, dos en Canadá, dos en los Estados Unidos y uno en Dinamarca. El tubérculo que inspiró una de las odas de Pablo Neruda —«Universal delicia, no esperabas mi canto/porque eres ciega sorda y enterrada»—, una canción de James Brown —♫ «Aquí estoy de regreso/haciendo puré de papas» ♪—, dos pinturas de Van Gogh —en uno de ellos, que se llama LOS COMEDORES DE PAPA, cinco campesinos comen papas alrededor de una mesa cuadrada—. El origen de miles de semillas que se guardan junto a otras miles de especies bajo la tierra, en una montaña del ártico noruego, para proteger la riqueza de la papa de futuros desastres naturales. El cultivo que Julio Hancco trata como un hijo, pero que sus hijos menores no quieren seguir produciendo para evitar una vida de sacrificios a cambio de la subsistencia. Hancco dice que prefiere quedarse solo y que sus siete hijos vivan en la ciudad, donde pueden conseguir trabajos más livianos y mejor pagados.

Si tuviese la edad de Hernán, su segundo hijo, de 29 años, que ahora hace de traductor a su lado, El señor de las papas bromea que se buscaría una novia extranjera y se marcharía a otro país.

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Una madrugada hace quince años, Julio Hancco despertó a su hijo Hernán y le dijo que debía cargar una piedra del tamaño de una pelota de fútbol desde su casa hasta el puerto de Calca, a una hora y media de caminata en dirección al sur. Hernán Hancco, su segundo hijo, tenía entonces trece años y lo acompañaba por primera vez a vender papas en esa ciudad, el centro comercial más importante de la región. Para llegar a Calca a las siete de la mañana tenían que salir a las tres y caminar cuatro horas, y el bautismo de Hernán Hancco consistía en cargar aquella piedra enorme hasta mitad de camino. Era una prueba de resistencia y aceptación que los productores de aquella zona repetían con sus hijos. Una tradición que ya no se sigue, me dirá después Hernán Hancco, mientras vende el último paquete de Sumaj chips —unas papas fritas hechas con papas nativas— en una feria de productos orgánicos que se hace los domingos en Lima. El segundo hijo de Julio Hancco se mudó a la capital del Perú hace casi una década, cuando tenía veinte años, apenas terminó la secundaria. Llegó a Lima con cuatrocientos soles en el bolsillo —unos ciento treinta dólares—y la decisión de estudiar contabilidad e inglés. Nunca pudo completar sus estudios porque el trabajo le consumía casi todo su tiempo, pero se convirtió en una ayuda fundamental para vender las papas que producía su familia en la capital del Perú. Con Hernán Hancco en Lima, su padre, su madre y su hermano mayor Alberto, se evitan la comisión que les cobran los intermediarios, y sólo pagan el transporte de las papas. Aún así, la ganancia es mínima. Pero es peor para los campesinos que no tienen quien los ayude.

—Por eso algunos productores están dejando de hacer papa —dice—, y se van a hacer turismo.

Hacer turismo, me explica Hernán Hancco, es ofrecerse como burros de carga de los extranjeros que vienen al Cusco para recorrer el camino del Inca. Durante los tres o cuatro días de caminata que dura el trayecto para subir a pie al Machu Picchu, los campesinos cargan las mochilas y los bultos de los turistas, así los extranjeros pueden subir más cómodos. Por cuatro días de caminata cargando equipajes pueden recibir una paga de doscientos soles, más otros doscientos soles de propina. Unos ciento treinta dólares en total. Por una bolsa con doce kilos de papas nativas suelen ganar veinte soles. Unos seis dólares y medio.

—Y acá es trabajar todo el día, todos los días— dice.

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Los hoyuelos que tienen las papas se llaman ojos, pero nunca miramos los ojos de las papas. Las papas tienen cejas encima de los ojos. Tienen ombligo, manchas en la piel, cuerpos de forma redonda, comprimida, oblonga, elíptica, alargada. La papa más popular en el norte de Tenerife, España, es la ‘bonita de ojos rosados’. La papa Cacho Negro, de Chile, tiene abundantes ojos profundos y unas cejas aplastadas. La papa Ásterix, de Holanda, tiene la piel roja, la carne amarilla y los ojos superficiales. Los catálogos describen las papas del mundo por sus rasgos como de persona, pero alguna vez fueron una especie salvaje, amarga, intragable. Hoy es la civilizada solanum tuberosum. Al igual que el tomate, la berenjena o los ajíes, pertenece a la familia de las solanáceas, llamadas así porque sus hojas, tallo, frutos y brotes tienen solanina, una sustancia tóxica para protegerse de enfermedades, insectos y otros depredadores. Si bien a dosis elevadas la solanina puede matar a una persona, no hay noticias sobre papas asesinas. El ser humano domesticó la papa hace más de ocho mil años en la cordillera de los Andes, cuando la Tierra salía de la Edad del Hielo y el homo sapiens andaba por ahí ensayando la agricultura, su nuevo invento para conseguir alimentos. Los habitantes del altiplano peruano fueron los primeros que aprendieron a manipular las papas para que no fueran tóxicas y para hacer las más grandes y jugosas. La papa les devolvió la gentileza conquistando el mundo.

Una tarde el escritor Michael Pollan estaba en su jardín sembrando una papa que había comprado por catálogo, y se preguntó si realmente él había elegido a esa papa, o si la papa lo había seducido para que la sembrara. Pollan, el autor que ha cambiado la forma en que vemos nuestra relación con la comida, cree que ‘la invención de la agricultura’ puede ser pensada como una manera que encontraron las plantas para hacer que nosotros nos movamos y pensemos por ellas. Desde el punto de vista de las plantas, escribe Pollan en LA BOTÁNICA DEL DESEO, el ser humano podría ser pensado como un instrumento de su estrategia de supervivencia, no muy distinto del abejorro que es atraído por una flor y tiene la función de diseminar el polen con los genes de esa flor.

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Esta mañana de invierno de 2014 en las tierras de Hancco, delante de una pila de guano de llama, es más justo pensar en los agricultores andinos como socios de la papa, y no como sus domesticadores. Ahora, a las 7.30 de un sábado, Hancco, sus dos hijos mayores, y su vecino Julián Juárez, mastican hojas de coca y toman aguardiente antes de empezar la tarea del día: llevar guano de llama hasta una parcela sembrada con papas, a casi un kilómetro allí, para abonar la tierra. Las llamas que esperan a nuestro lado ya conocen la rutina. Los hombres toman sus palas y cargan el abono en unos sacos que les llegan hasta la cintura. Llenan treinta y nueve sacos, los cosen para que no se abran, amarran cada saco sobre el lomo de una llama, llevan los animales hasta la parcela, desatan los costales, esparcen el guano, doblan los sacos, recogen las sogas, envían las llamas de regreso hasta la pila de guano, y vuelven al punto de partida para repetir la rutina. Hacen falta dos viajes para que cuatro hombres, dos mujeres, tres perros y cuarenta llamas lleguen a abonar dos hectáreas en seis horas de trabajo. Cuando la procesión de llamas cargadas con abono avanza por la montaña escoltada por los agricultores, un piensa en una escena bíblica, una de esas imágenes de las viejas películas de Semana Santa. Es un recuerdo doblemente falso: no hay llamas ni papas en la Biblia (por este motivo, cuando Catalina la Grande de Rusia ordenó a sus súbditos que cultivaran la papa, los católicos más ortodoxos se negaron a hacerlo). Pero el conocimiento alienta la herejía: después de ver cómo cuatro agricultores abonan un pedazo de tierra sembrado con papas durante seis horas, uno siente que debería ponerse de rodillas cada vez que mastica una.

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Julio Hancco desciende de varias generaciones de Hanccos que habitaron en esta zona del Cusco «casi desde el principio del mundo». De sus padres heredó las tierras, los animales, y más de sesenta variedades de papas. En los últimos quince años, Hancco multiplicó la herencia y llegó a producir trescientas variedades. Su decisión de rescatar y cultivar más variedades fue un ejercicio de destreza. Como casi todos los campesinos en los Andes, sus tierras productivas son una suma de pedazos irregulares esparcidos a distinta altura. La maestría de los agricultores altoandinos se atribuye a esta dificultad: en un territorio gobernado por las pendientes, cada rincón cultivable recibe su cuota de sol y de humedad y de viento. La tierra que expuesta a la luz en una ladera, del otro lado permanece en la sombra. Una roca gigante impide el paso de lluvia a una franja cultivable, pero protege del viento a otra. Para sobrevivir en este territorio, los campesinos tuvieron que multiplicar sus chances de alimentarse. Sembraron distintas papas por cada pedazo de tierra, se entrenaron en la observación minuciosa de cada planta, probaron y crearon miles de variedades, y se volvieron los reyes de la riqueza genética en tierras hostiles. Fue una forma de conjurar el futuro: más papas significaba más posibilidades de asegurar la comida frente a las plagas y las enfermedades, las heladas, el granizo y las sequías. En vez de tratar de controlar la naturaleza, que es lo que hace nuestra agricultura industrial, los campesinos de los Andes se adaptaron a ella.

—La naturaleza no tiene cura—, dice Hancco, mientras mira hacia el nevado Sawasiray y se agacha para recoger del suelo un manojo de tierra. Acaba de vaciar el último saco de guano sobre el suelo sembrado, una franja cubierta por un musgo verde que se hunde al presionar con la mano. Es una franja de tierra en pendiente, en medio de una ladera, sin ninguna protección natural. Hancco puede usar sus técnicas de cultivo y pesticidas naturales para las enfermedades y las plagas, pero no tiene forma de resguardar sus papas del granizo ni de las heladas. En los últimos tiempos es peor, dice: el clima se ha vuelto más caprichoso e impredecible.

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En los años sesenta, cuando Julio Hancco era niño y empezaba a cultivar papas junto a su padre, su vicio era el pan: el niño Hancco trabajaba sus propios surcos de tierra para juntar dinero y poder comprar sus bolsas de pan cuando los vendedores pasaban a ofrecer sus mercancías. Un peruano en esa época consumía en promedio unos ciento veinte kilos de papa al año. En las décadas siguientes el consumo bajó, y la caída se aceleró en los ochenta, cuando los campesinos empezaron a migrar a la ciudad para escapar del terrorismo. Para los noventa, durante la presidencia de Alberto Fujimori, el consumo de papa había llegado a un piso histórico: unos cincuenta kilos al año por persona. Esas papas que se esfumaron, me explicará después la ingeniera papera Celfia Obregón Ramírez, fueron reemplazas por alimentos como el arroz y los fideos.

—Como el tallarín tiene más estatus, y una pata de pollo es más estatus que comer cuy, la gente empezó a esconder sus papas —dice Obregón, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADERS) del Perú y promotora del Día Nacional de la Papa.

Frente al arroz blanco, el tallarín amarillo y el pollo pálido, las papas con sus pieles oscuras renovaban el estigma de atraso y pobreza que han tenido durante siglos, desde que fueron descubiertas por los conquistadores y llegaron a Europa en el siglo dieciséis, se supone que en la bodega de un barco español. Harían falta unos doscientos años para la papa fuese consumida como un alimento habitual en todo el Viejo Continente. En cada país europeo tuvo su historia de rechazo y seducción: la papa fue considerada impúdica y afrodisíaca, causante de lepra, alimento de brujas, sacrílega y comida de salvajes. Pero Irlanda no dudó en adoptarla desde el comienzo: los campesinos de aquel país, despojados por los ingleses de las pocas tierras cultivables que tenían, se morían de hambre intentando extraer alimentos de unas tierras miserables. Cuando la papa llegó a ese país a finales del siglo dieciséis —se supone que de la mano del cosario inglés Walter Raleigh—, los irlandeses descubrieron que con un poco de tierra casi inservible podían producir alimento para toda una familia y su ganado. Al principio la papa salvó a Irlanda del hambre. Después se la acusó de la pobreza de aquel país: en un siglo, la población creció de tres a ocho millones, porque los padres podían alimentar a sus hijos con lo poco que tenían.

El escritor estadounidense Charles Mann cuenta que el economista Adam Smith, que era un admirador de la papa, se impresionaba al ver que los irlandeses tenían una salud excepcional pese a que casi no comían más que papas. «Hoy sabemos por qué —dice Mann en su libro 1493. UNA NUEVA HISTORIA DEL MUNDO DESPUÉS DE COLÓN—: la papa es capaz de sostener la vida mejor que cualquier otro alimento si es el único en la dieta. Contiene todos los nutrientes básicos excepto las vitaminas A y D, que pueden obtenerse de la leche». Y la dieta de los irlandeses pobres en los tiempos de Adam Smith, explica Mann, consistía básicamente en papa y leche. La papa que hoy se cultiva en más de ciento cincuenta países produce mayor cantidad de alimentos por unidad de superficie que el arroz o el maíz. Una sola papa contiene la mitad de vitamina C que necesita un adulto por día. En algunos países como en los Estados Unidos, ofrece incluso más vitamina C que los cítricos, que son industriales y de mala calidad. Lo que importa de un alimento, me explica la ingeniera agrónoma Obregón Ramírez, es la materia seca y su valor nutricional: una papa blanca común, por ejemplo, tiene en promedio 20 por ciento de materia seca y el resto es agua. Eso quiere decir que, de una papa que pesa 100 gramos, unos 20 gramos son alimento. Las papas nativas, que se cultivan a mayor altura y en condiciones de clima más extremas que las variedades comerciales, tienen entre un treinta y un cuarenta por ciento de materia seca. Alimentan más del doble que una papa común, y tienen cantidades relevantes de hierro y zinc y vitamina B. Pero, por supuesto, las papas nativas tienen menor rendimiento, son más difíciles de transportar, y su precio final es más caro. Nosotros aún creemos el mito falso de que las papas engordan, y no comprendemos por qué deberíamos pagar más por una papa, aunque sea de color o tenga una forma exótica, si una papa es una papa es una papa.

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Los estudios sobre la papa peruana insisten, como si repitieran una fórmula, en la necesidad de proteger sus miles de variedades y sus técnicas de cultivo por una razón evidente: fueron creadas por los campesinos durante siglos para asegurar la comida en las condiciones más extremas de clima, para resistir heladas, granizos y sequías. Eso es lo que se espera del mundo con el cambio climático: hambre y condiciones extremas. Pero hay una razón más egoísta para querer cuidarlas: porque son ricas. A diferencia de la producción de papas comerciales a gran escala, los campesinos de los Andes cultivan sus papas pensando en comerlas, en alimentar primero a sus familias y vender el resto. El chef neoyorkino Dan Barber, quien se convirtió en una voz internacional del movimiento «de la granja a la mesa», suele decir que sin buenos ingredientes no es posible hacer buena cocina. No importa cuál sea la técnica de un cocinero: quien busca mejor sabor, busca lo mejores ingredientes. «Y si ese es el caso —dice Barber—, lo que buscas es buena agricultura». En el Perú, un país que ha convertido su gastronomía en un asunto de autoestima y de bandera, más del setenta por ciento de lo que se come en las mesas —sus frutas y hortalizas, sus cereales, sus tubérculos y sus leguminosas—, son producidos por pequeños agricultores. El boom de la gastronomía peruana que ha invadido de orgullo los discursos políticos durante la última década, es el boom de los ingredientes de la gastronomía peruana. Pero el Gobierno transforma el boom en fuegos de artificio: en el presupuesto nacional aprobado para el 2015, la Pequeña Agricultura sólo tiene asignado un 2,3 por ciento de los fondos, el porcentaje de inversión más bajo para ese sector desde 2010. El estudio EL SECTOR PAPA EN LA REGIÓN ANDINA, del Centro Internacional de la Papa, cosecha esta paradoja: los productores de las zonas de mayor altura, que son los que más riqueza de variedades poseen, son también los de mayor pobreza.

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La verdadera patria de un hombre no es la infancia: es la comida de la infancia. Un domingo a las siete de la mañana, antes de empezar el día de trabajo, la esposa de Julio Hancco nos sirve estos alimentos en el desayuno: arroz con leche, pan con huevo frito, papas de su cosecha, costillas de alpaca y sopa de chuño —unas papas amargas deshidratadas a la intemperie— con un poco de carne de oveja. Julio Hancco y sus hijos Hernán y Wilfredo, quienes deben trabajar la tierra durante todo el día, repiten dos veces la sopa. Hancco señala los platos, me mira, y vuelve a hablar en español:

—Carne natural es. Papa natural. Agua natural. Todo natural es.

Hancco bromea diciendo que, si fuese más joven, se iría a vivir a la ciudad o a otro país. Pero si le preguntan en serio dice que no: que no dejaría a sus animales. Pero además —dice— en sus tierras al menos come lo que quiere. Allí come papas y come chancho, llama, alpaca, cuy, conejo. En la ciudad, en cambio, todo es fideo, arroz, galletas.

—Eso no es alimento. Mucho químico— dice en quechua, mientras su hijo Hernán lo traduce.

El Señor de las Papas estuvo dos veces en Italia. Fue invitado por Slow Food, un movimiento internacional que se opone a la comida industrial y los sabores artificiales, y busca recuperar el gusto y la producción tradicional de alimentos. Con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos (ANPE) del Perú y de Slow Food, que organiza cada dos años el Salón del Gusto, Hancco y sus hijos pudieron freír y empaquetar cientos de bolsas con snacks de papas nativas para vender en Italia. Sus técnicas de cultivo, las mismas que los agricultores andinos han mantenido durante siglos y que Hancco perfeccionó para producir sus variedades de papa, ahora eran reconocidas como sistemas de producción agroecológicos. Julio Hancco no llama a sus semillas ‘baluarte de agrobiodiversidad’, pero cada vez que participó de un evento en el Perú pudo escuchar que su trabajo era importante para todos. En los últimos quince años, Hancco y los productores de la región han recibido el apoyo de organizaciones no gubernamentales para producir y vender sus papas, para obtener agua, para adaptarse a los efectos del Cambio Climático y para diseñar normas que favorezcan la agricultura familiar. Julio Hancco ha cosechado reconocimientos, algunas notas de prensa que cuelgan en el cuarto de sus hijos, muchas visitas de extranjeros, una foto con Gastón Acurio, pero no ha cosechado medidas reales del gobierno peruano. Nada ha cambiado demasiado en sus condiciones de trabajo, ni en la de otros miles productores que, como él, son admirados en el mundo por su trabajo. De su viaje a Italia, El Señor de la Papas recuerda que le gustaron el salmón, y el avión.

Quienes lo conocieron dicen que Edwin Chota tenía una sonrisa exagerada, amplia, contagiosa, con un agujero visible por la falta de uno de los dientes delanteros. Alberto Chota Tenazoa, su padre, cuenta que dos años antes de que mataran al mayor de sus cinco hijos, Edwin Chota había perdido ese diente comiendo un plato de tallarines con tortuga. «Mordió un hueso —recuerda—, pero sólo se rió, tiró el diente y siguió comiendo». El cazador asháninka Jaime Arévalo, miembro de la etnia más numerosa de la selva peruana, se acordó de aquel diente ausente cuando desenterró el cráneo de su amigo. Llevaba toda la mañana sumergido junto a unos policías en un pozo de agua marrón, cerca de la frontera con Brasil, hasta donde un río había arrastrado el cadáver de Edwin Chota devorado por gallinazos y lagartos. De aquel pozo de siete metros de profundidad sacó un fémur, unas costillas, una camiseta hecha jirones, una bota agujereada y una pulsera de colores todavía unida al hueso de la muñeca. Eran de uno de sus cuatro compañeros asesinados dos semanas antes en una quebrada cercana. Lo confirmó por un detalle: al cráneo le faltaba un diente.

A pesar de sus cincuenta y tres años y de ser flaco como una rama, Edwin Chota era un agricultor recio y un hábil cazador con la escopeta. Tenía la nariz afilada como de águila, el cabello sin un asomo de canas y la piel tostada por el sol. Imitaba el canto del gorrión y el rugido del tigrillo, jugaba bien al fútbol, y bailaba huaynos y forró brasilero moviendo su escuálido cuerpo como una marioneta. Cuando Edwin Chota sonreía, ese diente perdido, su incisivo superior derecho, era lo más notable en su rostro. Pero también lo era cuando protestaba. Como jefe de Alto Tamaya-Saweto, una comunidad de la Amazonía con más de treinta familias, Chota —el único adulto que sabía leer y escribir allí— se enfurecía y levantaba los puños cuando denunciaba a los taladores ilegales que explotaban a los nativos saqueando el bosque donde vivía. «Era el único momento en que estaba serio», dice Julia Pérez, su viuda. «Después era un bromista». Si sonreír es a veces un acto de diplomacia, Chota nunca arqueaba la boca frente un traficante de madera.

Para ir hasta Pucallpa, la segunda ciudad más grande de la selva peruana donde había nacido y crecido, Edwin Chota debía viajar siete días en bote. Allí visitaba a su padre llevándole motelo, una tortuga de carne tierna y sabrosa que se había convertido en su plato favorito. La última vez que se vieron, en el Día del Padre, Chota le contó que iría a Lima para ver si por fin hacían caso a sus denuncias. Las amenazas de muerte eran cada vez más frecuentes. Su padre le rogó que se quedara.

—No puedo —le dijo—. Yo de allá he de salir muerto.

Dos meses después, el 1 de setiembre de 2014, Edwin Chota fue asesinado junto a otros tres dirigentes asháninkas —Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima— en la selva del Alto Tamaya, mientras se dirigían a una asamblea en Brasil para organizar la defensa de sus territorios. Una bala de escopeta calibre 16 —especial para cazar animales del monte— le atravesó el pecho. Otra bala perforó su cabeza. El comunero Jaime Arévalo, quien se había adelantado a la reunión, regresó por el mismo camino al ver que sus compañeros no llegaban. Cinco días después encontró los cuerpos en una quebrada, a doce horas de camino de la frontera, y huyó corriendo a su comunidad por miedo a que también lo mataran. Las viudas y los hijos de los dirigentes asháninkas asesinados tuvieron que viajar tres días en bote hasta Pucallpa, sin detenerse, para hacer la denuncia. En Saweto no hay policía. El radio de dos canales que tienen —su único contacto con el mundo— apenas funciona.

La última vez que Edwin Chota viajó a Lima para denunciar a los taladores que lo amenazaban llamó a su padre de ochenta y dos años, y prometió visitarlo. Antes le había dejado una foto suya como recuerdo: se lo veía de pie, sin sonreír, vestido con su túnica marrón, su sombrero de plumas y el rostro pintado con líneas rojas, en una reunión de las tantas a las que asistía como jefe asháninka. «Para que si algún día me pasa algo, me veas», le dijo su hijo al darle la foto, antes de despedirse.

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El hombre que murió por su comunidad asháninka no siempre fue asháninka. Cuando le contaron que su padre era jefe de una tribu indígena, Perla Chota pensó que era una broma. Para ella era imposible que el hombre que había visto por última vez a los nueve años, el bailarín fanático de los Bee Gees y John Travolta, el señor que jamás salía de casa sin la camisa bien planchada y los zapatos lustrados, ahora vistiera túnica, corona de plumas y sandalias y viviera en una casa de paja en medio de la Amazonía. Las hermanas de Edwin Chota, que vivían en Lima, estaban igual de sorprendidas. «No lo podíamos creer —dice Sonia Chota—. Mi hermano hasta hablaba un idioma raro». Sus familiares de la ciudad dicen que hasta hoy no entienden porqué Edwin Chota decidió defender a un pueblo que no era el suyo. Cuentan que la muerte repentina de su madre, cuando él tenía diez años, lo hizo alguien preocupado por los demás. En una casa llena de niños pero escasa de dinero, el futuro líder asháninka que enfrentaría a mafiosos del bosque era un chico reservado, sobresaliente en la escuela, que prestaba sus cosas para conseguir la simpatía de los demás. Sus hermanos y sus amigos repiten lo mismo: Edwin Chota ayudaba a otros para que lo quisieran.

Sobre su juventud hay recuerdos incompletos. Se sabe que terminó la escuela secundaria en Pucallpa, y que dejó la chacra de su padre —un ex obrero que trabajaba perforando pozos de petróleo— para volverse militar. Luchó como infante de marina en la guerra entre Perú y Ecuador y trabajó como electricista instalando cables de alta tensión en Iquitos. Sus relaciones amorosas duraban poco. Mientras estuvo en la guerra tuvo una novia indígena. Luego tuvo dos hijos —que la familia Chota no conoce— con una mujer mayor que pertenecía a la secta israelita. Hay quienes dicen que en esa época Edwin Chota se dejó crecer la barba y hablaba de la Biblia. Después se separó, tuvo una hija con otra mujer que lo dejó, y regresó a Pucallpa.

Elva Risafol, quien fue su mujer en esa época, cuando regresó a la ciudad —con la que tuvo un hijo que hoy es policía—, recuerda que Chota deseaba ir algún día a la selva para hacer algo por las comunidades desprotegidas que había conocido durante la guerra. «Él formaba sus castillos en el aire. Era muy idealista. Yo era más práctica. Yo le decía, en broma, que si vivía con una nativa iba a ser feliz. Creo que me hizo caso», dice Risafol, que se separó de él en 1997. Luego Edwin Chota desapareció de la ciudad. Cuatro años después, una madrugada, Edgar Chota escuchó que golpeaban en su casa en Pucallpa. Era Edwin, su hermano mayor, que llegaba de visita. «Me alegré tanto —recuerda—. Todos pensábamos que se había muerto».

Los recuerdos de lo que hizo esos cuatro años tampoco son claros. Dicen que a finales de los noventa Edwin Chota llegó solo a la selva del Alto Tamaya. Dicen que fue con unos amigos para trabajar como peón de chacra o vendedor de cuero de sajino. Dicen que llegó para olvidar sus fracasos y que se quedó por amor a una nativa. Lo cierto es que cuando Edwin Chota pisó ese territorio, Saweto ya existía. O al menos un cimiento de ella.

Los asháninkas habían llegado desde la selva central del Perú hasta esa parte de la frontera con Brasil a comienzos del siglo XX, en pleno boom del caucho: Europa y Estados Unidos compraban por toneladas el látex de los árboles para fabricar llantas de automóviles. Los asháninkas de Saweto eran descendientes de los nativos que habían llegado hasta ahí con sus antiguos patrones. Durante siglos los indígenas han sido explotados como mano de obra barata. Cuando el caucho se acabó, siguieron las pieles de animales exóticos. Cuando las pieles se acabaron, siguió la madera.

Los líderes indígenas denuncian que hoy sigue pasando lo mismo que hace décadas: los patrones les dan cosas materiales a los nativos —ropa, escopetas, motores para el bote, radios, víveres— a cambio de cientos de troncos de madera. Como la mayoría son analfabetos, los estafan con las cantidades y precios, y siempre terminan sacando más madera para pagar deudas. Cuando llegan los madereros, los animales huyen por el rugido de las motosierras. Los comuneros deben caminar más días por el monte para poder cazar algo para comer, y a veces no consiguen nada. Al igual que los tractores, los troncos arrastrados por el suelo vuelven la tierra inservible para la siembra. Los madereros incluso llevan enfermedades que los indígenas jamás padecieron. Hubo épocas en que los nativos morían por decenas con un simple resfriado.

En Saweto muchos asháninkas vivieron así hasta 1999. Cuando Edwin Chota llegó, algunas familias ya habían decidido terminar con la explotación y querían ser reconocidas por el Estado como comunidad. Así ellos mismos podrían aprovechar sus recursos y, sobre todo, acceder a algo más preciado: una escuela.

—Antes vivíamos dispersos —recuerda Diana Ríos, ex mujer de Chota—. Pero él nos decía que debíamos unirnos para que no nos engañen. Nos enseñaba a leer, a escribir, me llevaba a capacitaciones de mujeres indígenas. Ahora sé mis derechos. No era como otros. Por eso me enamoré de él.

Durante doce años, en un intento por proteger el bosque de los traficantes de madera, Edwin Chota envió más de cien cartas a diferentes instituciones del Estado peruano exigiendo la titulación de su comunidad: ochocientos kilómetros cuadrados de selva —casi la cuarta parte de Lima— penetrada por ríos que se extienden hasta la frontera con Brasil. Pero el gobierno se negó. Ya había entregado el ochenta por ciento de ese territorio a dos madereras peruanas. En 2002, un año antes de que Saweto fuera reconocida como comunidad indígena, un funcionario desde su escritorio en Lima cedió por veinte años esas tierras sin averiguar quiénes vivían ahí. Para que Saweto reciba el título de propiedad necesita que el gobierno anule o reubique esas concesiones madereras. Hasta que eso suceda, los asháninkas de esta zona no tienen legalmente el derecho de evitar que otros saqueen el bosque que habitan. No es un reclamo exclusivo de ellos. Más de seiscientas comunidades nativas en el Perú —la mitad de todas las que existen en el país— siguen sin ser los dueños legales de sus tierras.

Edwin Chota no hablaba asháninka con fluidez, pero logró que su comunidad tuviera mucho más que el paquete de alimentos de programas sociales que llegaban al caserío vecino. Saweto consiguió electricidad con paneles solares, un radio de dos canales para comunicarse con la ciudad, un tanque elevado para el agua y una escuela inicial. Además, los comuneros recibieron documentos de identidad. Antes de morir, Chota estaba gestionando la construcción de un local para la escuela primaria, que hasta ese momento funcionaba en su casa. El líder asháninka logró todo eso por sus gestiones persistentes ante la municipalidad, el gobierno regional y el apoyo de distintas organizaciones. Pero sobre todo gracias a la alianza que había establecido con los asháninkas de la comunidad de Apiwtxa, en Brasil. Chota deseaba tener lo mismo que los indígenas brasileños: un criadero de huevos de tortugas y otro de peces, un jardín de flores para exportar y bosques reforestados. Eso era ‘desarrollo’ para él.

Su trabajo, sin embargo, no dependía solo de su carisma para conseguir aliados ni de su tenacidad para exigir. El antropólogo ambiental Mario Osorio, quien hizo su tesis de maestría sobre Saweto para la Universidad de Kent, Inglaterra, recuerda que Chota solía ayunar antes de salir a hacer trámites, y tomaba ayahuasca. Decía que esa planta alucinógena, sagrada para los nativos, lo ayudaba a conectarse con el bosque. «Para Edwin, la protección de los bosques era una lucha espiritual», recuerda Osorio, quien se hizo amigo de Chota y le enseñó a usar Word y enviar e-mails. Los asháninkas creen profundamente en el mal. Edwin Chota había aprendido de ellos que en el mundo hay enemigos invisibles que también debía doblegar.

—Para ser jefe no importa si no eres asháninka, solo debes tener amor por nosotros, por nuestra cultura —dice Ergilia López, vecina de Chota—. Lo que tiene un hombre, tiene el otro hombre.

Durante esos doce años, Edwin Chota hablaba muy poco de su otra familia, la que dejó en la ciudad. Solo su círculo más íntimo —su junta directiva, su mujer— sabían que había tenido otra vida. Chota había partido su realidad en dos: en la ciudad estaban sus hijos Perla y Edwin; en la comunidad estaban Kitoniro y Tsonkiri. Era mejor así, decía, pues no quería ponerlos en peligro. Los madereros lo acechaban.

—A veces nos decía: «Qué hacen sufriendo acá. En la ciudad, si no se compra, no se come. En el monte, en cambio, hay todo: animales, yuca, pescado. Allí no les faltaría nada» —recuerda su padre—. Nos quería llevar para que también seamos asháninkas. Se molestaba si hablabas mal de ellos.

Una noche Edwin Chota se reunió con sus hermanos para ir a bailar cumbia a una fiesta en Pucallpa. Llegó acompañado de dos mujeres nativas que estaban descalzas. Sus hermanos se enojaron con él. «Edwin nos reclamó, nos dijo que todos somos iguales, que aceptemos nuestra raza, que nosotros también éramos indígenas —recuerda su hermano—. Él amaba esa cultura».

Chota decía que había tenido un profesor asháninka en la secundaria que le enseñó a no avergonzarse de sus raíces indígenas. También juraba que una de sus abuelas pertenecía a una etnia amazónica de Iquitos, pero sus familiares no lo reconocían. Lo que más rabia le daba era darse cuenta de que las personas —los gobernantes, los empresarios, los ciudadanos— creyeran, muy dentro de sí, que ser indígena significa ser pobre e inferior.

Perla Chota supo cuánto le importaba a su padre ser asháninka cuando lo volvió a ver en Pucallpa a sus dieciocho años. Edwin Chota le pidió perdón «por haber sido un mal padre» y abandonarla cuando era niña. Quiso que ella comprendiera que se había marchado para luchar por algo importante. La reconciliación funcionó, pero duró poco. Días después, mientras Chota almorzaba con unos extranjeros, vio pasar a su hija por la calle y la llamó para presentarla. Ella no lo escuchó y siguió caminando. Unas horas más tarde, cuando se vieron, Chota le reprochó: «Te avergüenzas de mí porque soy asháninka». Gritaron. Discutieron. Ella le devolvió la pulsera que le había obsequiado y se marchó sin despedirse. Ocho años después, mientras subía pasajeros al bus donde trabaja de cobradora en Lima, ella volvió a tener noticias de él. La llamaron al celular: su padre había salido en los noticieros.

—No se preocupó por mí, pero saber todo lo que hizo me hace sentir bien —dice Perla Chota con voz quebrada—. «Yo voy a ser grande», me dijo él. Tuvo que morir para que eso sucediera.

***

Es difícil transmitir la pasión por los árboles cuando lo que sobra es la indiferencia. Desde fines de los noventa, Edwin Chota y los nativos asháninkas veían con impotencia a grupos de taladores armados que se robaban sus árboles. Se los llevaban desde las cabeceras de los ríos Alto Tamaya y Putaya, navegando por más de una semana, hasta los aserraderos en Pucallpa. Cuando Chota los denunciaba, las autoridades le decían que los inspectores investigarían sólo si él les pagaba el bote, la comida y la gasolina para ir hasta allá.

—¿Quién va a defendernos? ¿Quién va a defender nuestro bosque? —reclamaba Chota ante unos periodistas de The New York Times, que habían llegado hasta un aserradero para indagar sobre el tráfico de madera—. No hay ninguna ley. No hay dinero para investigar. Sólo hay dinero para destruir.

Hubo un hombre que lo conoció e intentó hacer justicia. En abril de 2013, Edwin Chota apareció en el despacho del fiscal Francisco Berrospi para denunciar que cerca de novecientos troncos de madera habían sido extraídos ilegalmente de su comunidad y que estaban en un aserradero de Pucallpa. Berrospi recuerda que cuando conoció al líder asháninka entendió que su trabajo de funcionario público iba más allá de reunir pruebas para acusar a los traficantes de madera ante un juez. «Él tenía una conexión muy intensa con el bosque», dice. Y conseguía transmitirla. Esa mañana en su oficina, Berrospi, que sólo tenía cinco meses como fiscal ambiental de Ucayali, la región con más aserraderos en el Perú, decidió prestar atención a Chota e ir con él a un aserradero.

—Tócalo —le dijo Chota mientras colocaba su mano sobre un tronco enorme—. ¿No sientes como si un familiar se hubiera muerto?

Esa tarde, al regresar a la fiscalía, el líder asháninka se encontró con una amenaza de muerte. Hugo Soria, supuesto dueño de los troncos que serían incautados, le dijo: «Un sawetino va a morir y te voy a denunciar por narcotraficante». Edwin Chota había empezado a fastidiar a las mafias.

El tráfico de madera podría ser la versión forestal del narcotráfico, salvo por un detalle: funciona con documentos legales. En su informe La Máquina Lavadora, publicado en 2012, la Agencia de Investigación Ambiental —EIA por sus siglas en inglés— detalla cómo funciona este sistema. Según las normas forestales peruanas, las empresas madereras deben presentar cada año un inventario de árboles que existen en su concesión y que planean talar durante ese período. Pero es frecuente que esas listas incluyan árboles que crecen en otros territorios y que las empresas reciban la aprobación para vender cientos de metros cúbicos de madera que no les pertenecen. Como nadie los controla en el bosque, el mecanismo es sencillo: declaran la tala de una especie certificada, pero en sus camiones transportan los troncos de otraespecie en extinción. Dicen que talan en un bosque permitido, pero en realidad lo hacen en una comunidad nativa. Cortan setecientos árboles y sólo declaran la mitad. Según un informe de la revista Scientific Reports, más del sesenta por ciento de las concesiones otorgadas por el Estado peruano han servido de fachada para blanquear la madera. «La tala sucede en todas partes excepto donde según la ley debe ocurrir», dice Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de EIA. El fraude sucede todos los días con el permiso de las autoridades. Los documentos con que se lava la madera son permisos oficiales llenos de información falsa, y fáciles de comprar en el mercado negro.

—No podemos ver si esa madera es legal porque no tenemos recursos —me dijo el ingeniero Marcial Pezo, cuando visité su oficina en Pucallpa—. Si la madera tiene documentos oficiales, pasa. No puedo ser adivino.

Por normas internacionales, solo la procedencia de los lotes de especies en peligro de extinción —como el cedro y la caoba de los muebles finos de Estados Unidos— debe ser registrada. Pero cuando los cargamentos de madera, sobre todo los de especies más comerciales, llegan a la Aduana trozados en tablas, investigar su origen es como rastrear huellas de hormigas.

En los exteriores de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, la institución que Pezo dirige y que se encarga de emitir licencias madereras, hay cientos de troncos decomisados pudriéndose con la humedad de las lluvias. Parte de esa madera es devuelta a los dueños que llegan con sus ‘papeles en regla’ para sacarla. En la oficina de Pezo hay un par de sillones hechos con cedro decomisado.

El presidente regional de Ucayali tiene más de cien denuncias por malversación de fondos. El vicepresidente es un empresario maderero que ha sido multado por el Estado por lavar madera ilegal. Los inspectores forestales que firman permisos fraudulentos siguen en sus puestos. Que las denuncias por tala ilegal —nueve de cada diez de las que llegan a la fiscalía— terminen archivadas es sólo el resultado lógico de un sistema corrupto. El ochenta por ciento de la madera que exporta Perú tiene origen ilegal según el Banco Mundial. A comienzos de 2014, la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas hicieron un operativo contra la tala ilegal en el país y sólo en tres meses decomisaron tantos troncos como para llenar casi setecientos camiones de mudanza. Durante el operativo, las exportaciones de madera se desplomaron a la mitad. El Perú pierde anualmente unos doscientos cincuenta millones de dólares por los impuestos que evaden las madereras ilegales. Es más de lo que gana la industria forestal que opera dentro de la ley.

Lavar madera es un negocio rentable. La madera ilegal mueve hasta veinte mil millones de dólares al año, la misma cantidad que ganaron en 2012 las compañías de Wall Street. Pero es menos arriesgado que la bolsa: un estudio en Brasil, Filipinas, Indonesia y México, descubrió que la probabilidad de que el crimen de tala ilegal sea castigado es de 0.084%. Esto sucede sobre todo en países ineficientes, corruptos o víctimas de la violencia política.

A diferencia del dinero del narcotráfico, la madera ilegal es más fácil de lavar porque parece inofensiva. Mientras la cocaína mata, la madera de la Amazonía adorna la sala de una casa en forma de una mesa. Pocos se enteran de que en la selva del Alto Tamaya, como en otras zonas de la jungla peruana, hay nativos cortando madera en condiciones cercanas a la esclavitud; que hay cocineras en los campamentos madereros que son violadas por los taladores; que los jefes indígenas y funcionarios son amenazados y asesinados por no aceptar sobornos. La ONU considera al tráfico de madera similar al de los ‘diamantes de sangre’, que ha financiado guerras y violaciones masivas de derechos humanos en África. Sin embargo, las autoridades de Lima y Pucallpa, una ciudad construida al lado del bosque, siguen acumulando denuncias que nadie revisa. Ningún maderero ha ido a la cárcel por talar o traficar árboles en el Perú.

El ex fiscal Francisco Berrospi recuerda que para la mayor parte de sus investigaciones necesitaba viajar a zonas remotas, pero su oficina no tenía ningún bote o helicóptero para alcanzar campos de tala inaccesibles. Si decomisaba camiones, motosierras y árboles, los jueces solían forzarlo a devolverlos. Los sobornos eran tan comunes, cuenta Berrospi, que un fiscal anticorrupción lo animó a tomar los cinco mil dólares que le ofrecían para detener una investigación. «Escucha —le dijo su colega— en un año aquí puedes ganar bastante para construirte una casa, comprarte un auto. Es mejor así». Su mayor decepción, sin embargo, vino de jueces que se ponían del lado de los madereros. Una vez el ex fiscal decomisó setenta troncos. Una jueza ordenó devolverlos pronto al maderero.

—¿Sabes qué me dijo? —pregunta Berrospi con sarcasmo—. «¿Cómo voy a enviar a una persona a la cárcel por setenta troncos si en la selva hay millones de árboles?».

Berrospi se volvió un fastidio, una pieza que no encajaba. A veces lo llamaban en la noche para amenazarlo: «Vas a morir, perro». «¿Qué te crees? ¿Un héroe?». Hasta que en agosto de 2013 lo sacaron del cargo por ‘motivos internos’. Al poco tiempo, los novecientos troncos decomisados con ayuda de Chota fueron devueltos al maderero. Otro caso archivado.

—Me sentía frustrado, gritaba de cólera —dijo Berrospi—. Pero Chota no era así. Él reclamaba pero luego se calmaba, movía la cabeza y se preguntaba por qué no investigaban. Decía que yo no tenía contacto con la naturaleza, por eso me sulfuraba. Que debía andar descalzo para conectarme con la tierra. Siempre recuerdo cuando me hizo tocar aquel tronco en el aserradero. Yo sentí mucha pena, como cuando estás en un entierro.

La última vez que Edwin Chota estuvo en Lima fue para las Fiestas Patrias de 2014. En Pucallpa ignoraban sus reclamos así que visitó distintas instituciones del gobierno central para presentar una vez más sus demandas: el Parlamento, el Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, las autoridades forestales. «Desde que amanecía hasta que anochecía, a veces sin comer, Edwin esperó una respuesta en esas oficinas», recuerda Margoth Quispe, ex defensora del pueblo de Ucayali y asesora de Chota en temas legales. De todas las instituciones, solo Osinfor —encargada de sancionar la tala ilegal en los bosques—, aceptó visitar Saweto pronto.

El 30 de agosto, dos días antes de que lo mataran, los inspectores de Osinfor llegaron a la comunidad. Chota los acompañó en el recorrido por el bosque. En su informe —publicado después de las muertes de los cuatro dirigentes asháninkas— los inspectores concluyeron que las dos concesiones que están en el territorio de Saweto —ECOFUSAC y Ramiro Edwin Barrios Galván— talaban especies no autorizadas, sin plan de trabajo y sin pagar impuestos por su actividad. Nunca antes las autoridades habían llegado hasta ahí para verificar lo que Chota denunciaba desde hacía más de una década.

Sus compañeros —hoy también muertos— le contaron a la esposa de Chota que durante la inspección él estaba débil, que no comía, que casi se muere en el monte. Los madereros lo habían enfrentado. «Quieras o no vamos a entrar», le dijo un talador armado. «Vamos a ver quién gana: la comunidad o nosotros». Dos días después lo mataron.

José Borgo, coordinador de ProPurús, oenegé que apoya a Saweto en la titulación de sus tierras, fue un gran amigo de Edwin Chota. Siempre lo hospedaba en su casa cuando el dirigente llegaba a Pucallpa para hacer trámites. Al enterarse del asesinato, Borgo pasó días armando un expediente de más de doscientas páginas: eran todas las cartas, propuestas, solicitudes y denuncias que Edwin Chota había hecho en la última década. Todas ignoradas. También escribió cinco nombres en su libreta de apuntes. Era su lista de sospechosos.

—¿Sabes lo que más me indigna? —me preguntó Borgo. Estábamos en un bar de Pucallpa; la voz le temblaba de rabia luego de leer la lista—. Ninguna de las denuncias que Edwin puso contra estos hijos de puta prosperó. Ni una sola.

El experto en conservación entregó su información al abogado de las viudas. Hasta noviembre de 2014, dos taladores ya habían sido capturados. Pero la policía casi ha paralizado el caso y la búsqueda del último de los cuerpos por falta de presupuesto. Borgo dice que tiene la mochila lista para ir a Saweto e investigar la muerte de su amigo por su cuenta.

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En una de las pocas entrevistas a Edwin Chota que se pueden encontrar en Youtube, el líder asháninka lo anunciaba: «Me voy a poner al frente de mi comunidad. Quizá alguien tiene que morir para que nos hagan caso». No era su primera advertencia. En 2005, Chota pidió al gobierno peruano protección para él y las familias de Saweto porque los madereros ilegales amenazaban con matarlos. No recibió respuesta. Un año después denunció a un talador que intimidaba a los líderes indígenas. La justicia no lo atendió. El ciclo continuó por años: Edwin Chota denunciaba a los madereros ilegales y ellos respondían con amenazas de muerte. El gobierno no hacía nada. En 2012 puso otra denuncia por la deforestación de su territorio ante el fiscal ambiental de Pucallpa, pero fue archivada. Al año siguiente, el dirigente asháninka ubicó cada campamento ilegal con un GPS y fotografió a los taladores con sus motosierras tumbando en media hora árboles de más de cien años de antigüedad. Chota presentó las pruebas a la policía con los nombres y apellidos de cada uno de ellos. El caso también fue archivado. En 2014, cinco meses antes de que lo mataran, Edwin Chota lo advirtió una vez más: los mismos taladores, las mismas amenazas de muerte, el mismo rechazo. Las autoridades decían que no tenían dinero para ir hasta Saweto a investigar si lo que decía el jefe asháninka era cierto.

Para evitar la titulación del bosque, los traficantes de madera intentaron sacarse a Edwin Chota de encima: le ofrecieron sobornos de hasta diez mil dólares y lo acusaban de ganar dinero con las organizaciones que apoyaban a los nativos. Luego pasaron a las amenazas. Robaban los motores del bote comunal de Saweto, saqueaban sus chacras y animales, disparaban al letrero de bienvenida de la comunidad y a la bandera del Perú que los asháninkas izaban cada semana para cantar el himno. Durante la noche, los madereros pasaban por las casas disparando al aire. Corrían el rumor de que «alguien» de la comunidad iba a morir «si seguía jodiendo». En Saweto todos sabían que ese alguien era Edwin Chota.

Luego de la muerte repentina de un ser querido, solemos creer que las palabras que nos dijo la última vez, algunos sueños o incluso el canto de un ave que oímos eran señales de lo que vendría. Un día antes de que le dispararan, Edwin Chota tuvo un sueño: estaba en un campo en medio de la selva junto a su madre, su abuela y su tío, todos muertos años atrás. «Lo estaban llamando», dice Julia Pérez, su viuda, con siete meses de embarazo. Esa madrugada ella se despertó por los gemidos que hacía su marido mientras dormía. Eran las cuatro de la mañana. Chota se levantó tembloroso. Se puso unos jeans, un polo blanco de manga larga y unas botas de jebe. Empacó su mosquitero y su ropa en una bolsa negra, arregló su folder con documentos y se alistó para ir a la comunidad asháninka de Apiwtxa, en Acre. Allí coordinarían la defensa de sus tierras con los líderes brasileños, que eran atacados por los mismos madereros.

Aquella mañana Edwin Chota actuó de forma extraña. «Parecía enfermo, casi no hablaba», recuerda la viuda. El dirigente asháninka no quiso tomar el desayuno que su esposa le había preparado, así que ella empacó el arroz con carne y las yucas en una bolsa para los dos días de viaje rumbo a la frontera. Chota no era precisamente un padre cariñoso, pero abrazó a sus hijos Kitoniro (Alacrán) de siete años y Tsonkiri (Picaflor) de dos, antes de subir al bote. Julia Pérez pensó que su marido tenía resaca por el masato que había tomado la noche anterior al inaugurar una chacra, como se acostumbra entre los asháninkas.

Ergilia López, mujer de Jorge Ríos, el tesorero de Saweto asesinado junto a Edwin Chota, recuerda que la mañana que los dirigentes partieron a la frontera, el chicua chilló más fuerte de lo normal. Para los asháninkas el chicua es un ave que anuncia malas noticias. Una especie de gavilán enano de plumas marrones que vive en la selva y que cuando canta —¡chicua, chicua!—, los asháninkas creen que algo terrible va a suceder: que alguien va a morir ahogado en el río, mordido por una víbora o por brujería. López le advirtió a su marido que mejor no se fueran.

«Yo no estaba tranquila, las aves no se equivocan», dice ahora la viuda de Ríos. Días después de la muerte de su marido, ella declaró haber visto a Eurico Mapes, uno de los taladores ilegales y presunto asesino, subiendo por el río en su bote peque peque. Mapes se quedó mirando fijo a los dirigentes asháninkas, como si los contara.

Unos minutos antes de partir hacia la frontera hablaron sobre las últimas amenazas que habían recibido.

—Yo solito me he condenado —le dijo Edwin Chota a Ergilia López.

Eran las diez de la mañana del 1 de setiembre de 2014.

Faltaban seis horas para que los mataran.

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Tres semanas después del asesinato de los dirigentes asháninkas en el centro de la selva peruana, una banderola con el rostro de Edwin Chota se agitaba en las calles de Nueva York. Casi medio millón de personas de diferentes ciudades del mundo se reunieron para la marcha medioambiental más grande de la historia, días antes de la Cumbre Climática organizada por la ONU. Periodistas, políticos, activistas y famosos —desde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon, hasta Leonardo DiCaprio y Sting— tomaron las calles para reclamar a sus gobernantes que hicieran algo para que sus países dejen de contaminar y depredar el planeta. Los activistas peruanos levantaban la banderola con la cara de Chota y letreros con los nombres de los líderes asháninkas asesinados para exigir que se encontrara a los culpables. Para entonces, The Wall Street Journal, National Geographic, BBC y El País habían publicado informes sobre el asesinato de Chota y sus intentos por evitar el saqueo del bosque donde vivía con su familia. Un artículo de La Folha de São Paulo dijo que Chota «era un Chico Mendes de su tiempo», comparándolo con el famoso activista cauchero asesinado a fines de los ochenta por defender la Amazonía. La prensa limeña llamaba a Edwin Chota «Mártir de la selva». Para esos peruanos en Nueva York, el líder asháninka representaba algo más: hasta dónde uno es capaz de llegar por defender lo que cree justo.

Pero a más de cinco mil kilómetros de esa marcha, al otro lado de los Andes, en el puerto de Pucallpa, la ciudad de la selva oriental del Perú donde Chota había nacido y crecido, pocos sabían quién era él. «¿Chota? Algo vi en el noticiero. Es el achaninga que han matado, ¿no?», dijo el comerciante Francisco Muñoz. «Él andaba con salvajes, no son civilizados. Antes comían gente. Ahora te atacan. Te tiran flecha», dijo el fotógrafo Jorge Aliaga. «Una vez lo he traído en mi bote. Buena gente era», dijo Santiago Luna. «Acá en Pucallpa nadie lo conocía. Ellos son líderes de sus comunidades, mas allá no salen», dijo Richard Romaina, vigilante del malecón. «Es el señor que andaba con su túnica, pintadito», dijo Luisa Rivera, vendedora de comida. «¿Usted sabe por qué lo han matado?».

Había varios rumores sobre Chota. Que venía del Vraem, ese valle de la selva central controlado por narcoterroristas. Que traficaba cocaína hacia el Brasil. Que compraba casas en Pucallpa con dinero ilícito. Que explotaba a los nativos. Que envenenaba el río para matar el ganado de sus opositores. Que era él quien traficaba madera. Que Edwin Chota Valera no era su verdadero nombre. De todo eso lo acusó un representante de una de las concesiones en las tierras de Saweto, a mediados de 2013, como venganza por las denuncias del líder asháninka. La fiscalía investigó a Chota durante un año. No halló nada. El caso fue archivado, pero las amenazas de muerte —y los rumores— continuaron.

—Chota estaba alterando el status quo —dijo David Salisbury, geógrafo y profesor de la Universidad de Richmond, Estados Unidos, quien conoció al dirigente asháninka durante más de diez años y lo ayudó a hacer conocida su lucha fuera del Perú—. Los taladores ilegales lo querían muerto.

Hoy ser un activista ambiental que defiende un territorio significa asumir que te pueden matar. En promedio, cada semana son asesinados dos ambientalistas en el mundo. Pero solo se han condenado a diez personas por estos crímenes: el uno por ciento. El historial de víctimas es elocuente. En 2001, unos paramilitares colombianos mataron al líder indígena Kimy Pernía por oponerse a una represa. En 2003, el ecuatoriano Ángel Shingre fue secuestrado y acribillado por enjuiciar a una petrolera. En 2009, el indígena mexicano Mariano Abarca fue baleado en la puerta de su casa por protestar contra una minera. En 2011, el congolés Fréderic Moloma Tuka fue golpeado hasta morir por unos policías durante una protesta contra la deforestación. Ese mismo año, la hondureña Diodora Hernández fue asesinada de un disparo por denunciar la contaminación de manantiales con desechos mineros. En 2012, dos militares dispararon al activista camboyano Chut Wutty por denunciar a traficantes de madera. Ese mismo año, el dirigente filipino Jimmy Liguyon fue acribillado delante de su esposa por rechazar un proyecto minero. Según la oenegé internacional Global Witness, más de novecientos ambientalistas han muerto en el mundo en los últimos doce años. En un planeta que exprime sus recursos, defender un bosque o un pedazo de tierra ya no es solo un asunto de sosegados idealistas: en 2011, después de matar a una pareja de brasileños que defendían una reserva natural, los sicarios les cortaron las orejas para detener desde el miedo las denuncias por la tala ilegal.

La misma organización internacional indica que el Perú es el cuarto país del mundo —detrás de Brasil, Honduras y Filipinas— más peligroso para estos activistas. En 2008, Julio García Agapito, teniente gobernador de un pueblo cercano a la frontera con Bolivia, recibió ocho balazos en la oficina de la autoridad forestal local luego de detener un camión con caoba ilícita. En 2013, dos sicarios mataron a Mauro Pío —líder histórico del pueblo asháninka— disparándole desde sus motocicletas. Pío llevaba veinte años pidiendo la titulación de sus tierras y la expulsión de la empresa forestal que invadía su comunidad. Entre 2002 y 2014 cincuenta y siete peruanos fueron asesinados por causas similares. Y esa cifra sólo registra los casos conocidos.

—El mayor peligro que sentimos como líderes es que el Estado, quien se supone nos debe defender, nos traiciona—dijo Ruth Buendía, reconocida líder asháninka, al enterarse de la muerte de Edwin Chota—. Nos deja a nuestra suerte a manos de criminales.

Hasta el día de su muerte, Chota se preparaba para llevar el caso de su comunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Mientras no tengamos un título, los taladores no respetarán la propiedad nativa», le dijo el jefe asháninka a Scott Wallace, periodista de National Geographic que viajó hasta Saweto en 2013 para seguir el tráfico de caoba. «Nos amenazan. Nos intimidan. Ellos tienen las armas». Por las amenazas, dice aquel reportaje, Chota tenía que refugiarse a menudo entre sus compañeros asháninkas de Brasil, a dos días de caminata. En ese mismo sendero lo encontrarían muerto.

Dos días después de la primera noticia del asesinato, el suboficial Carlos Napaico subía a un helicóptero militar para viajar al Cusco a contener un conflicto social cuando su comandante lo llamó para asignarle otra misión: él y sus setenta compañeros —todos policías antisubversivos— debían ir a la selva del Alto Tamaya, en la frontera con Brasil, a buscar los cadáveres de unos asháninkas. Luego de cinco días de rastreo con la ayuda del comunero Jaime Arévalo, los policías encontraron el cuerpo de Edwin Chota en un pozo. No tenían radio para comunicarse, así que metieron los restos de Edwin Chota en un costal y esperaron dos días a que llegara el helicóptero del ejército. Para el suboficial Napaico el cadáver del famoso líder indígena era un boleto de salida: una vez que lo hallaran, le habían dicho sus superiores, podía largarse de ahí.

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Cuando un líder se convierte en mártir, las personas lo recuerdan como la encarnación de sus propias luchas. Ahora que ha muerto, Edwin Chota significará muchas cosas para quienes lo siguen: la resistencia a la tala ilegal, la defensa de los derechos indígenas, la pelea solitaria del que espera una justicia que nunca llega, la extraña valentía de un hombre de campo que encara al Estado. Para las cuatro viudas de Saweto, la muerte de sus esposos es prueba de hasta dónde son capaces de llegar para que los escuchen.

—Sin título no valgo nada —dijo Ergilia López, una de las viudas, cuando fue a Lima para presentar su caso ante la prensa—. Nosotros cuidamos el agua, los bosques y no los cuidamos sólo para nosotros, sino también para los que viven en Lima. Nosotros no somos pobres. Yo soy rica, en mi tierra tengo todo. Pobres son los taladores que nos roban lo que tenemos.

Ahora las mujeres de Saweto han decidido continuar con los reclamos de sus maridos hasta conseguir la titulación de sus tierras. La hija de uno de los líderes asesinados viajó hasta Nueva York para recibir el premio anual de la Fundación Alexander Soros—un reconocimiento póstumo a los líderes indígenas como héroes ambientales— y una cantidad de dinero para financiar proyectos que Edwin Chota no logró terminar. Su muerte ha originado que el gobierno del Perú, además, inicie el proceso de titulación de Saweto e invierta cerca de trescientos mil dólares en planes para cultivar cacao, plantas medicinales y reforestación de bosques maderables. El Presidente de la República prometió una investigación exhaustiva de los asesinatos, pero hasta noviembre de 2014 el caso estuvo casi detenido por falta de presupuesto. Aún resta encontrar un cuerpo. Las viudas no quieren volver a su comunidad por miedo. Sin título ni protección, los madereros podrían vengarse.

Edwin Chota lo había advertido: quizás alguien tendrá que morir para que les presten atención. Sin embargo, dicen quienes mejor lo conocieron, eso no era lo que más le preocupaba. «Él decía que ya lo había asumido, que moriría en cualquier momento», afirma Margoth Quispe, abogada de la comunidad. A Chota, el único líder que sabía leer y escribir, le preocupaba que no hubiera otro asháninka con la preparación suficiente para enfrentar a los madereros. «Por eso educaba a otros líderes —dice Quispe—. Pero ahora ellos también están muertos».

Ergilia López, que quedó viuda y se convirtió en la nueva dirigente de Saweto, dice que no tiene miedo. Que seguirá defendiendo el bosque y denunciando a los traficantes de madera aunque deba arriesgar su vida. Solo una cosa le preocupa.

—El problema —me dijo— es que no sé leer ♦