Son como nosotros

Cuando ISIS decapitó a cinco hombres por comer durante el ayuno del Ramadán, María se estaba haciendo las manos. Cuando Rusia atacó a los terroristas con buques, estaba estudiando en la biblioteca. Cuando Francia bombardeó el norte del país, estaba viendo una ópera. Para María, que vive en Siria, la guerra civil, la guerra contra el terrorismo, la guerra de los terroristas, es eso que sucede mientras hace otros planes.

Es un viernes cualquiera de otoño y anochece en el barrio católico Bab-al Salam, uno de los más poblados por no musulmanes de Damasco. María busca unos jeans gastados, una remera turquesa ajustada y unos zapatos de taco alto. Se cambia y aprovecha el clima cálido para ir caminando diez calles, sola, hasta la casa de Haya. Va a juntarse con cuatro amigas, que también tienen 21 años, para salir.

Se conocieron en la Universidad de Damasco, donde estudian odontología, cuando la guerra ya había empezado. Se ven tres mañanas por semana y todas las noches se juntan en la casa de alguna o en bar. Todos los viernes van al night club “Back door” que para las 12 se llena. Hacen fila para entrar, pasan sus carteras por el detector de metales, las palpa un policía varón. A María la espera Alzohuir. La ley matrimonial siria prohíbe casarse con alguien de otro culto y si se comprueba que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, el hombre debe pagar una dote. La relación con Alzohuir está permitida: él también es católico. Si bien no son novios oficialmente, cuando un hombre se acerca a su chica él se interpone haciendo ademanes de guardaespalda. Hace pocas semanas, en el mismo boliche, el papá de María apareció por sorpresa y le pidió que tenga cuidado con su hija. Cuando llegó estaban juntos pero no se besaban; nadie se besa en los night clubs de Damasco.

Sólo se baila; hombres con hombres, mujeres con mujeres y, a veces, mujeres con hombres.

También se toma. La mayoría bebe “Arak”, un anís de 49º de grados de graduación. Quienes se animan son católicos, o islámicos que no respetan aquello que el Corán pone en palabras de Mahoma: “si una gran cantidad de cualquier cosa causara embriaguez, entonces una pequeña cantidad de ello estará prohibida” para no despertar la ira de Alá. María sirve dos dedos de Arak en un vaso de trago largo y echa agua hasta la mitad, la bebida transparente adquiere un tono blanco, con esas medidas dos vasos son suficientes para marearse. Se toma cuatro y danza sola al ritmo de “Bailando” de Enrique Iglesias. “Con-tigo-vi-vir-con-tigo-bai-lar-con-tigo-unanoche-loca-completamente-lo-ca”.

Busca a Alzohuir y juntos se acercan hacia sus amigas y otros compañeros de la universidad, arman una ronda y fuman entre todos el tabaco sabor manzana de una narguile grande. El sábado se descansa pero el domingo es día hábil.

El viernes anterior, por primera vez en mucho tiempo, casi nadie salió. Tres morteros cayeron en el barrio BabAlSalam donde vive María. Los morteros son cohetes de fabricación casera que se lanzan hacia arriba e impactan donde sea. Sobre la capital siria llueven todos los días; desde cualquier punto de la ciudad se escucha un sonido parecido al de los fuegos artificiales pero más seco. De noche, cuando el ruido del tránsito de desvanece, se percibe con mayor claridad.

Desde hace cinco años caen bombas todos los días. Para María esa ya no es una razón suficiente para no salir. En 2012, después de un año entero yéndose a dormir escuchando misiles adoptó ese criterio. Utiliza un termómetro para medir cuán complicada está la cosa allá afuera: la cara de su mamá. Las variables son los niveles de congoja y preocupación, si los nota elevados llama a sus amigas para avisar que se baja.

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La mañana siguiente a la fatídica noche del 13 de noviembre en la que siete atentados terroristas mataron a más de cien personas, e hirieron gravemente a más de 300 en la capital francesa, Bashar Al-Assad, el presidente de Siria, se reunió con un grupo de diputados franceses en su despacho. De impecable traje oscuro, con el bigote que usa desde hace años, expresó sus condolencias. Luego dijo:

—Lo que les pasó en París es lo que vivimos aquí en Siria desde hace cinco años.

El diputado “por los franceses en el exterior” Thierry Mariani, encabezó la delegación. Una periodista de la cadena de noticias francesa RTL le preguntó:

—¿Qué piensa de lo que dijo Assad?
—Que efectivamente la diferencia entre los sirios y los franceses es que los primeros están acostumbrados al terror— respondió el galo, perteneciente a una facción del partido opositor RPR, autodenominada como “derecha popular”, tan apartada del partido gobernante (el Partido Socialista de Francois Hollande) como de la dirección de su propio partido (a cargo de Nicolas Sarkozy).

Los sirios conocen bien el poder destructivo de ISIS: más del 40% de su territorio está bajo su control. Más allá de las comparaciones, siempre complejas, a veces injustas, ¿cómo se soporta en

Siria la violencia de ISIS, del propio gobierno y de los rebeldes? ¿Cómo afecta a las personas que pretenden continuar con sus trabajos, con su familia, con sus amigos, la intervención internacional? ¿Cómo viven la guerra brutal y declarada los ciudadanos que deciden permanecer en su país, o que no encuentran el modo de escapar? ¿Porqué muchos de ellos, hoy, usan la bandera de Francia y Siria como perfil de Facebook?

Después de los atentados en París, muchos sirios se sumaron a la propuesta de Facebook de poner sobre la foto de perfil la bandera francesa. Como muchos otros, María y el resto de sus amigas siguieron la movida pero con una aplicación alternativa, y pusieron la bandera de Siria.

María no milita en política. Evita la primera persona para hablar de la guerra en público. En su muro de Facebook comparte contenidos relacionados con el conflicto, pero no cualquiera. La de ella es una política del afecto: replica lo posteado Alzohuir. El domingo 15 de noviembre publicó: “Francia es el país europeo que más ha exportado jihadistas a Siria. Y eso fue bajo el gobierno de Sarkozy y de Hollande. Ahora los terroristas están regresando de nuevo a Francia asediados por la fuerza aérea rusa.” Bajo la frase, una caricatura en la que se observa a Hollande vertiendo gasolina sobre una Siria en llamas de la que se desprende un humo negro, el humo se convierte en ISIS cuando llega a Francia.

Dos días después del atentado, el domingo 15 de noviembre, Francia -de manera autónoma y sin articular con USA, el resto de la OTAN o Rusia- bombardeó Raqqa, “el corazón de Estado Islámico”, a tan solo 367 kilómetros de Damasco.

Si se le pide una opinión en privado María responde que sabe diferenciar entre políticos y civiles. Se siente muy dolida por las víctimas de París: “Son como nosotros”.

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El conflicto sirio comenzó en marzo de 2011 cuando en plena crisis de la economía una serie de protestas masivas en varios puntos del país contra Bashar Al-Assad intentaban continuar con la “Primavera árabe”. A la fuerte represión de las fuerzas de seguridad se sumó la deserción de cientos de soldados del Ejército con el objetivo de conformar una armada rebelde, insurgente. Esos rebeldes fundaron el Ejército Libre de Siria (ELS). Querían derrocar a Assad. Fueron financiados por Estados Unidos y la OTAN, que ya invirtieron en el ELS más de 500 millones de dólares.

Pero no se trataba de una típica guerra civil entre un gobierno autoritario y opositores con financiamiento externo. Hubo más actores involucrados, como al-Nusra (los representantes de la misma organización a la que pertenecía Osama Bin Laden, Al Qaeda) y “La Brigada del Islam”, una organización cuya búsqueda más que territorial es religiosa, apoyada, sobre todo, por el gobierno saudí. El reino de Arabia Saudita es un emirato que pertenece a la rama del islam (mayoritaria) sunita.

Enfrentada desde hace cientos de años a los chiitas, la otra rama importante. Los fanáticos sunitas (tanto Al Qaeda, como BI y Arabia Saudita) niegan que los chiitas sean verdaderos musulmanes. A la condición “laica” del Estado Sirio, que siempre molestó a los sunies, se suman argumentos político-económicos: Arabia Saudita y el gobierno de Assad hace tiempo que no tienen relaciones diplomáticas, lo que incide negativamente en el peso de los sirios para influir en el precio del barril de petróleo. A pesar del apoyo saudí a Al Qaeda y BI, Estados Unidos y la OTAN mantienen con el emirato una histórica alianza geopolítica.

Cuando parecía reproducirse lo sucedido con Saddam en Iraq, Kadaffi en Libia o Mubarak en Egipto y los principales medios de Occidente debatían si Assad se exiliaría o sería asesinado, él encontró aliados que salieron a defenderlo: Rusia (con un Vladimir Putin decidido a revivir la Guerra Fría), China, Irán y la organización libanesa Hezbollah (estos dos últimos chiitas y con una fuerte posición anti-occidente).

El escenario original de una compleja guerra civil se transformó en una intrincada guerra de dimensión global que se profundizó en el verano de 2014: desde Iraq ingresó el Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS). El ISIS es un desprendimiento fundamentalista de la organización Al Qaeda dispuesto a fundar un califato, un Estado Islámico (EI) como el que proponía Mahoma unos cuantos siglos atrás. Ya controla un territorio más grande que el de Reino Unido. EI hace regir la sharía, la ley del islam, en cada porción de tierra que toma. Está compuesto por sunitas pero también ha incorporado militantes europeos comprometidos con el rechazo a Occidente, a los chiitas, a los católicos y a los judíos, como algunos de los detenidos por los atentados en París.

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Para viajar a Siria es necesario sacar una visa. Una vez otorgada se imprime a todo color en el pasaporte y fija una semana como límite máximo de permanencia. Como a sus aeropuertos llegan escasos vuelos de línea lo más recomendable es hacerlo vía Beirut, la capital del Líbano conocida como “la París de Medio Oriente”. El jueves 13, un día antes de los ataques en la París de Occidente, la de Medio Oriente sufrió el primer gran atentado en 25 años, también en manos de ISIS. Murieron alrededor de 40 personas. Días atrás, habían derribado un avión de pasajeros rusos. Es decir: realizaron tres ataques en distintas partes del mundo en una semana.

Apenas se cruza la frontera, hasta llegar a Damasco hay que detenerse en cada uno de los diez “check-points”, bajarse del auto o el ómnibus y dejar a los soldados revisarlo todo.

Del lado libanés la ruta está plagada de avisos publicitarios de telefonía móvil, gaseosas y cigarrillos en francés y en árabe. Del lado sirio, todos muestran la cara de Bashar al-Assad. Al entrar a la capital la imagen del presidente se reproduce un promedio de seis veces cada cien metros. Bashar con un niño, Bashar de traje, Bashar vestido de militar. Nunca aparece vestido de médico: Bashar es oftalmólogo y ejercía la profesión cuando vivía en Londres. Era la envidia de sus compañeros porque había logrado conquistar a Asma, la joven sunita calificada como la “Lady Di de Medio Oriente”. En 1994, su hermano mayor Bassel murió al chocar su Mercedes Benz. Su padre, Hafez, presidente hacía casi treinta años y enfermo de leucemia, llamó a Bashar para comunicarle que su vida tranquila y lejana había terminado.

Bashar volvió. Fue coronel, después general y finalmente en el 2000, con 34 años, se convirtió en presidente. Sería el primer presidente alauita (una rama de los chiitas) en la historia de los 57 países árabes del mundo, sólo posible en una República constitucionalmente árabe pero laica. Su pequeña comunidad convivió muchísimos años, con relativa tranquilidad, junto a las otras ramas del islam, los sunitas y chiitas, pero también con los kurdos y los católicos.

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Maloula es un pueblo milenario de montaña a 60 km al oeste de Damasco, al que el sol baña todo el año y donde todavía muchos hablan arameo. Para Amin, Aylan, el pequeño sirio fotografiado muerto en una playa de Turquía, es un mártir. Eso le dijo a su mamá cuando le mostró la foto, antes de llevarlo a la escuela. Tiene diez años y cursa quinto grado. Todos los días recibe entrenamiento militar en el colegio.

Hace dos años en Maloula vivían cerca de 2000 personas, Amin y sus cuatro amigos tenían puesta la camiseta del Barcelona mientras pateaban una pelota gastada en el patio de la casa de su abuela. Fue ella quien pegó el grito de alerta apenas escuchó la primera explosión. Todos se escondieron en sus casas, salvo Amin, que corrió a las montañas. Maloula tiene una sola ruta de acceso y el estallido vino de ahí. Un “mártir” jordano jihadista se inmoló mientras conducía un camión cisterna cargado de gasolina cerca de un puesto de control del Ejército. Se desarmó la defensa de la ciudad y los terroristas de ISIS tomaron el control en pocas horas.

Ese 4 de septiembre de 2013 Amín vio de frente a los encapuchados entrar al pueblo, cargados de fusiles. Amín corrió hasta un sector donde las montañas chocan pero dejan una grieta, un pasillo suficientemente amplio, de no más de dos metros de ancho y nueve de altura que termina del otro lado de la ruta, en la que se alza una iglesia ortodoxa griega del año 1000 DC y algunas casas. El padre de la iglesia griega encontró horas después al pequeño acurrucado en un rincón del corredor montañoso. Se quitó su sotana religiosa y, vestido de civil, lo llevó a su casa. Para ese momento los terroristas ya estaban en la calle principal invitando a los habitantes a decir la shadada: la declaración de fé en un único Dios, Alá.

Dos jóvenes se negaron y fueron decapitados, delante de todos. Amín y toda su familia también observaban la escena. Debieron dejar a Cristo de lado, y jurar por Alá para sobrevivir. Durante esos días Amín se aferró a su madre y no salió de su casa en las 150 horas que duraron los combates. Pasaba el tiempo dibujando y durmiendo.

La ocupación fue reprimida en cinco días por el Gobierno. El paso de los jihadistas aún se nota en las iglesias milenarias incendiadas, las ventanas sin vidrio, las cortinas de los locales perforadas por las balas y la escasez de población. Amín y su familia decidieron quedarse, al igual que las monjas ortodoxas griegas vestidas con burka (una prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo) del monasterio de Santa Tecla. Sus vidas corrían grave peligro si la ocupación se extendía algunas horas más. El mito que da origen a la patrona de la ciudad es asombrosamente similar al relato de Amín. Santa Tecla de Iconio es considerada la primera mártir de la historia, discípula de San Pablo cuando él predicaba en Damasco. Fue condenada a muerte en diversas ocasiones, y se salvó. El más célebre de sus escapes es toda una leyenda: Tecla estaba acorralada en las montañas de Maalula, escapando de soldados que tenían orden de ejecutarla. Luego de rezar fervorosamente, un rayo cayó sobre la roca, formándose una profunda fisura, por la que pudo escapar. Después volvió a Maalula, convirtiendo a muchos de sus habitantes al cristianismo. Pasó sus días en una cueva, donde ahora está el monasterio.

El gobierno otorgó subsidios para la reconstrucción de la ciudad, reabrió oficinas del Estado, una escuela y unos cientos de locales regresaron. En el colegio, después de aquella experiencia, en ese pueblo todos los alumnos reciben un entrenamiento militar en el que aprenden técnicas básicas de combate, como disparar un arma.

Amin ya no juega al fútbol con los pocos amigos que permanecen en la ciudad. Tampoco usa más la camiseta del Barcelona. Anda todo el día con su uniforme militar.

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A pesar de ser todos “rebeldes” sunitas y wahabistas (fundamentalistas) y de estar enfrentados a Assad, EI, alNusra y la Brigada del Islam no siempre trabajan de manera articulada. En la mayoría de los distritos, mantienen fuertes luchas territoriales entre sí, a las que se suma ELS. Como es un grupo secular fue calificado como un movimiento de “rebeldes moderados”.

Una parte importante de las armas y la logística (cientas de camionetas Toyota por ejemplo) entregadas por Estados Unidos y la OTAN al ELS fueron capturadas por Estado Islámico que, apostados sobre todo en el norte del país, recibieron desde Octubre algunos embates y bombardeos, principalmente de parte de Francia y Rusia. La intervención bélica externa directa fue inconstante, la primera intervención terrestre fue la rusa, hasta ese momento Estado Islámico sólo fue atacado, por parte de gobiernos extranjeros, por vía aérea. En un principio, cuando EI nació, la estrategia por parte de Estados Unidos y OTAN fue dejarlos hacer: eran un frente más para debilitar a Assad.

Hoy la capital del país es controlada por el Estado central pero los suburbios de Damasco están repartidos entre los diferentes grupos rebeldes.

La información que circula es muy imprecisa. Resulta difícil confirmar quién lanza cada ataque. Los medios oficiales –es decir, todos los locales- lanzan hipótesis diferentes todos los días y los pocos corresponsales extranjeros hacen foco en las batallas del norte del país. Ya no le prestan atención a los bombardeos sobre la capital. Algo que sucede todos los días durante cinco años, deja de ser noticia.

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Para tapar el ruido de las bombas y de los enfrentamientos entre las fuerzas oficiales, alNusra y el ELS en las afueras de Kafranbel, una pequeña ciudad siria cercana a la frontera con Turquía, Hadi, un profesor de literatura de 27 años, se encerraba en su cuarto y subía el volumen de los parlantes de su computadora al máximo.

El día en que ISIS intentó entrar a la ciudad cruzando fuego con las otras 3 fuerzas que habitualmente combaten en la zona, su padre no tuvo tiempo de encontrar un lugar seguro. Quedó en el medio del tiroteo. Cuando comenzaron los disparos Hadi estaba en su casa. Gritó a su mamá y a su hermana que se encerraran en el placard. Se pusieron un casco de bicicleta cada una y permanecieron agachadas cubriéndose la cabeza durante 2 horas. Hadi apoyó el sillón contra la ventana principal para intentar amortiguar las balas, cerró la persiana y se acostó en el piso con las manos en la nuca. Cuando el repiqueteo terminó fue a abrazar a las mujeres de su familia y lloraron juntos unos minutos, quietos.

Un día antes de cumplir 26 años Hadi se sumó a los 5 millones de desplazados sirios en el exterior, marchó a Estambul. Su pueblo ya estaba controlado por los “rebeldes moderados”, el grupo del cual él forma parte, con una militancia virtual. Un día después de enterrar a su padre, sintió que la alternativa, al quedarse, era agarrar un rifle para combatir al Ejército oficial. Pasar de la guerra simbólica, al ataque real. No quería eso.

Ahora, bajo el sol radiante de la capital de Turquía, Hadi camina por la plaza Taksim buscando un Starbucks. Acaba de obtener la visa para viajar a Estados Unidos pero aún no le comunicó sus planes a la familia que quedó en Siria. Paga en la caja el pedido y espera el vaso alto con su nombre. Llama por Skype a su madre. La señal del otro lado es muy débil y la comunicación fracasa. Intenta por teléfono, hablan dos minutos. Hadi lagrimea. Lanza un “Ajak-bakí” (“te amo” en arabe) y corta.

Contribuyó con el ELS, intentando derrocar al oficialismo desde lo audiovisual y las redes sociales. Creó, entre otras plataformas, la fan page Kafranbel Syrian Revolution (https://www.facebook.com/kafrev). Desde ahí publica videos y memes. Para producirlos reunió un equipo de militantes, encargados de hacer pancartas escritas en inglés y cartulinas con caricaturas. Fotos de un grupo de personas en Minesotta con carteles que dicen “Russia Hand Off Syria!”, selfies de soldados del ELS con explosiones de fondo, pancartas denunciando que Assad usa bombas químicas y videos en los que se observan niños afectados por la guerra, algunos de ellos, muertos. Las últimas publicaciones expresan solidaridad con París. En otras, fotos de gente con carteles en inglés, dicen: “Matar civiles en París es terrorismo. ¿Pero qué pasa con matar civiles en Siria por parte de Rusia y Assad?”

Hadi está convencido de que el ELS es el más débil de todos y siente que Estados Unidos los fue dejando solos. A fines de 2014, Hillary Clinton, ex Secretaria de Estado y candidata a presidenta del partido demócrata, de Obama, anunció que iban a dejar de apoyar a los rebeldes “porque habían resultado funcionales a Estado Islámico”. Pero tanto su país, como la OTAN, no cambiaron su estrategia.

Termina el frapuccino y va a trabajar. Enseña Historia en una escuela específica para niños sirios desplazados, parte de los más de cien mil nuevos alumnos de primaria y secundaria que se sumaron desde Siria al sistema educativo turco pero de forma diferenciada, en los últimos dos años. Algunos vivían con sus familias en las estaciones de metro de Estambul hasta que el gobierno lo prohibió. Cada vez que la policía turca encuentra algún refugiado en esa situación el gobierno lo reubica en alguna de las carpas que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) montó en las afueras de la ciudad.

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“Para irse como se van, mejor quedarse” suele decirles Rawad a sus alumnos de español en la Escuela Secundaria nº 2 de Damasco, en el barrio islámico de Bab-Tuma, cuando surge la discusión sobre los refugiados. Rawad también quiere vivir en otro país pero no de cualquier forma.

Lamenta no saber cocinar. La electricidad viene a las 9 y se corta a las 12; vuelve a las 4 y se termina a las 7. Son sólo 6 horas por día. No puede refrigerar alimentos y no saber prepararlos lo obliga a gastar la mayor parte de su sueldo en comida hecha.

El Código Sirio de Estatuto personal dice que “no está permitido al hombre casarse con una quinta esposa, mientras que no repudie a una de sus cuatro esposas y ésta finalice su `idda”, el período de espera similar al duelo. Rawad sólo tenía una y lo acaba de dejar.

En un país con un 55% de desocupación él conserva su trabajo pero con el correr de los años su salario le quedó corto para mantener a su mujer. No sólo perdió poder de compra por el 257% de inflación anual que sufre la economía; hace dos meses le comunicaron que su salario iba a volver a bajar.

Cuando abre su Facebook, Rawad imagina que vive en España. Busca en el chat a algunos de sus amigos españoles esperando novedades, prometieron enviarle un contrato de trabajo que aún no llega. El idioma español no sólo le da de comer sino que es una puerta de salida del país que aún no se termina de abrir. Hace veinte años, cuando terminó el profesorado, pasó un tiempo en Madrid y ahora sueña con trasladarse a esa ciudad en la que fue feliz por unos meses. Rawad repite que quiere mudarse pero no ser un refugiado. Entre los pocos contenidos locales de su time-line hay una típica foto de desplazados sirios en una balsa en el Mediterráneo con una leyenda en español que reza “el que se va sin que lo echen…”.

Cuando vio la foto de Aylan, en el muro de sus contactos comentó: “No es culpa de Siria, sino de los padres.”

Luego de los atentados en París, algunos medios levantaron la sospecha, no confirmada: uno de los detenidos sería un sirio que habría ingresado a través de Grecia, y llegó a Francia como refugiado. Rawad publicó en su facebook: “Yo también creo que hay terroristas entre los refugiados. La guerra va de Arabia Saudita a Yemen, de Iraq al Libano y de Siria a Alemania”. Así se suma un complejo eslabón más al ya complicado tema político y humanitario de los exiliados, que afecta tanto a Siria como a la Unión Europea. Y también, al resto del mundo.

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Ibrahim, a sus 9 años, no guarda tantos recuerdos como Amín. Cuando despertó de la operación los médicos le preguntaron qué pasó y él respondió: “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Una asistente social del gobierno se acercó para intentar obtener más información e Ibrahím le dijo todo lo que sabe: “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Cuando fue visitado por periodistas extranjeros repitió “Volvía de la escuela cuando cayó una bomba desde el cielo”. Pero agregó un pedido: “hagan algo”.

Pudieron haber sido las fuerzas de Assad pero en esa batalla el gobierno controlaba la ciudad, en posición defensiva y disparando hacia fuera de la zona urbana. La responsabilidad por la bomba que impactó sobre Ibrahim quizás radique en alguna de las otras fuerzas. Pudo haber provenido de un avión caza francés. O ser un misil de los “rebeldes moderado”s de ELS. O un mortero wahabista del ISIS.

Ibrahim nació y vivía en Homs, a 170 km de Damasco; supo ser la tercera ciudad más importante de Siria. Quien encontró a Ibrahim lo llevó a un puesto sanitario del gobierno. No se permite el ingreso de Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras y no se han brindado argumentos oficiales sobre tal decisión. Desde las organizaciones comentan que es por temor a una hipotética injerencia en el flujo de la información de la que Assad tiene el monopolio en los territorios que controla, el 60% del país, según la mayoría de las fuentes.

Por la complejidad del cuadro, Ibrahim fue derivado urgente a Damasco. Le amputaron su pierna derecha. La asistente social no tiene información sobre sus padres: cuando le den de alta irá al orfanato “Dar Al-Aman”. Significa “Casa de la seguridad” aunque en 2013 un cohete cayó sobre el edificio y murieron dos niños.

El gobierno acusa: aquel cohete lo tiraron los rebeldes. Los rebeldes de ELS dicen que fue el gobierno. U otro grupo de rebeldes como al Nusra. O alguno de los 13 países que intervienen en el conflicto. Con cada disparo se vuelve a dar la misma discusión. Con las armas químicas, también.

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El día después de que su mujer y su hijo murieran casi sin darse cuenta, inhalando gas sarín, Alí rezó al amanecer, al mediodía, a la tarde, al ocaso y a la noche. Desayunó, almorzó, merendó y cenó. Hizo todo lo que hace un día normal. No lloró.

El 21 de agosto de 2013, mil cuatrocientas personas en los suburbios de Alepo murieron de la misma manera, respirando compuestos de laboratorio. El gobierno de Assad se desprendió de sus armas químicas según una supervisión enviada por la ONU. Pero igual fue acusado por los rebeldes y la OTAN de haber sido el responsable de esparcir las pequeñas bombas que llenaron Alepo de gases tóxicos. No es el único lugar donde se usaron armas de ese tipo. En Gouhtha en 2013 y en Damasco en abril de 2015 se comprobó la utilización del mismo gas aunque no encontraron responsables. El gobierno de Estados Unidos afirma tener pruebas de que Estado Islámico ataca con gas mostaza, pero no lo denunciaron ante ningún organismo internacional.

El barrio de Alí hoy es una serie de casas con puertas rotas, forzadas en busca de sobrevivientes y Alepo se transformó en poco tiempo en la ruina de la ciudad económicamente más importante de Siria.

Si en alguna conversación alguien habla de la guerra Alí sólo repite que su mujer y su hijo son mártires, no víctimas. Aunque es palestino, los piensa como una ofrenda a la patria. Los refugiados palestinos gozan en Siria de plena ciudadanía.

Su familia es parte de los 250 mil muertos desde que comenzó la guerra. Él es uno de los 6 millones de desplazados internos. Tiene 72 años y no tuvo otra opción que mudarse a la capital. El gobierno le dio una habitación, una pensión mínima, una colchoneta y algunas sábanas.

Todos los días asiste a la “Fundación nuestros mártires” en la que encuentra otros familiares de caídos, recibe apoyo moral y resuelve alguna de las comidas del día.

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La palabra que más sale de la boca de Alí es “Inshallah”, antes y después de que se enterara de los atentados en Francia. La frase significa “lo que Dios quiera”. Es muy común en todo Medio Oriente: se usa como respuesta a todo. Ante situaciones críticas. Y en la vida cotidiana. Que a veces son lo mismo.

—Entonces, ¿nos vemos a las 9?
—¡Inshallah!
— Me siento mal, no puedo más.
—Mañana, Inshallah, estará mejor.

“Inshallah” es, también, el título de la novela de Oriana Fallaci, la periodista italiana que vio cómo dos camiones, conducidos por suicidas, llenos de explosivos, mataron más de 300 soldados franceses mientras dormían. Sucedió en Beirut. En el año 1983. En su texto, Fallaci intenta correr el eje de la cuestión religiosa. “El tema que hay que abordar no versa sobre la guerra, versa sobre los hombres que deciden sobre la guerra”. En el medio de esos hombres que deciden la guerra existen otros hombres y mujeres. Víctimas en Occidente y en Oriente. Huérfanos, madres y padres que perdieron a sus hijos. La familia de Alí y de Ibrahim. El papá de Hadi y, entre otros centenares, ciento veintinueve ciudadanos franceses.

Los archivos secretos de la dictadura

1. Registro de una captura

En la mañana del viernes 9 de enero de 1981, un comando armado asaltó un taller de imprenta ubicado en la Avenida Cuscatancingo, de San Salvador. Hacía cinco meses que la guerrilla había atacado siete guarniciones militares en el interior del país, y apenas semanas atrás, en diciembre, había anunciado la inminencia de una «ofensiva final». Esta sería ejecutada al siguiente día, 10 de enero y así El Salvador entraría plenamente a la guerra. Pero aquella mañana de viernes no se sabía lo que estaba por venir, y en un taller de imprenta de la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, siete hombres trabajaban como en un día cualquiera. Uno de ellos era artista y serigrafista. Cuando el comando armado ingresó al taller, todos temieron por sus vidas. Aquel comando estaba integrado por agentes de la Policía Nacional.

Los sacaron a la fuerza y los subieron a un camión. Luego se los llevaron al cuartel central de la PN, “el castillo”, en el centro capitalino.

A los capturados se los llevaron por ser miembros de la Asociación de Empleados del Ministerio de Educación (AEME), “la cual es un grupo de fachada del Bloque Popular Revolucionario (BPR)”, escribió la PN, en un registro en el que además se asegura que utilizaban ese taller del Ministerio de Educación para imprimir propaganda de «esa organización clandestina”.

Jesús es un hombre pequeño que ronda los 60 años y trabaja en una oficina del segundo gobierno de izquierdas del FMLN. La guerra, la represión y la persecución, en teoría, han quedado atrás, en el olvido.

Cuando a Jesús lo capturaron, hace 34 años, lo acusaron de pensar distinto y por oponerse al régimen desde una organización clandestina. Algo le hicieron mientras estuvo capturado, y eso lo dejó marcado. Nuestra llamada lo sorprende, pero accede a cruzar palabras cuando le explicamos que un amigo en común nos refirió.

«Entonces, Jesús, sabemos de su captura. ¿Puede contarnos qué le ocurrió?» Jesús pregunta en dónde obtuvimos la información. Le explicamos. Luego dice que no quisiera hablar, que recordar ese episodio le trae recuerdos desagradables, que después de la captura “y lo que me hicieron, hui del país. No pensaba volver, pero luego volví, con la paz…”

Le enviamos a Jesús, por correo, una copia del registro de su detención, la número 8 del libro “capturas más relevantes realizadas por la Policía Nacional desde 15OCT979 a la fecha, de personas relacionados con actos de subversión y terrorismo”. El libro de capturas está fechado el 24 de abril de 1984, fue elaborado por el Departamento II de la PN, la rama de inteligencia, dedicada a labores de espionaje para perseguir objetivos políticos.

Jesús responde el correo, y es la última vez que dirá algo sobre su registro de captura. De nada sirven los ruegos. Él no quiere revivir ese episodio, y lo resume así:

—Muchas gracias, acuso recibo de su correo y archivo adjunto. Estoy sorprendido de ver el documento, escrito en las viejas máquinas de escribir de la época, que aún remueve la memoria personal…

En realidad, estos libros remueven la memoria nacional.

2. El sendero del libro amarillo

El libro de capturas más relevantes de la PN no es el único. Hay otros. Por ejemplo, uno que también habla de registros de capturas, lo llamaremos libro de viajes por lo pintoresco de su título: “Resumen de capturas realizadas por la Policía Nacional de personas por participar en actividades de tipo subversivo-terroristas y que han manifestado haber viajado a países comunistas, así: a Rusia, Cuba y Nicaragua”. Este libro también fue elaborado por del Departamento II de la PN. En él hay más registros de capturas fechadas desde el “150CT979”. Para esa fecha, hacía tres meses que los sandinistas habían triunfado en Nicaragua. La última fecha de actualización dice “San Salvador, 29 de marzo de 1985”, es decir, menos de un año después de iniciar el gobierno del presidente José Napoleón Duarte.

Podríamos decir que solo en estos dos libros, elaborados por una de las oficinas de inteligencia contrainsurgente de la Fuerza Armada de El Salvador, hay 496 registros de capturas de salvadoreños, y que 90 de ellos se convirtieron en fantasmas luego de haber caído en manos de la Policía Nacional, uno de los tres cuerpos más temidos en los años de las dictaduras y de la guerra civil salvadoreña.

Pero eso no sería del todo cierto.

Los fantasmas no existen.

En esos dos libros hay información sobre hombres y mujeres de carne y hueso -como Jesús-, con identidad y parentela, muchos hasta con edades, profesiones, lugares de origen y residencia; muchos otros hasta con direcciones de trabajo.

Estos dos libros, junto a otros seis documentos, conducen hacia un Estado que espiaba, perseguía, capturaba, interrogaba, torturaba, desaparecía, asesinaba.

Los libros evidencian, además, que la información obtenida en los interrogatorios era utilizada para continuar con la persecución y para entender el funcionamiento de la guerrilla, los nombres de sus mandos, su estructura y su despliegue territorial.

En otros dos libros, catalogados como “secretos”, la Fuerza Armada hace un dibujo pormenorizado del organigrama y el funcionamiento del Partido Comunista y las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y en ellos se menciona que están hechos para ser compartidos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Lo de “secreto” no es gratis. La palabra en mayúsculas “SECRETO” acompaña, centrada y en negritas, el inicio y pie de página, de las más de 70 hojas que componen cada libro.

La presentación de uno de ellos es más que clara: “Estudio sobre las fuerzas terroristas salvadoreñas –Partido Comunista Salvadoreño”.

El prólogo de este documento, además, comprueba un doble discurso del gobierno estadounidense respecto a su papel en la guerra, en el que criticaba al Estado y a la Fuerza Armada salvadoreña por las violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo se nutría de la información que se recopilaba en El Salvador luego de persecuciones, capturas y torturas. Al menos estos libros indican que fue así hasta 1986, dos años después de los intensos debates en el congreso estadounidense para cortar la ayuda militar a El Salvador, y tras las visitas del vicepresidente George Bush y del secretario de Estado George Shultz a El Salvador, en las que reclamaron por el uso excesivo de la fuerza.

“Este estudio es para compartir descubrimientos analíticos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos relacionados con la estructura de fuerzas terroristas dentro. Este estudio reemplaza y pone al día el estudio 16-86, con el título Fuerzas Terroristas Salvadoreñas-Partido Comunista”, se lee en el prólogo del libro sobre el Partido Comunista, cuya última fecha de actualización es “diciembre de 1986”.

Otro de los libros es un compilado de crímenes que hasta 1991 la PN le endilgaba a la guerrilla salvadoreña, incluido el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Repetimos: la sección de inteligencia de la Policía Nacional, todavía en 1991, 11 años después del magnicidio del Arzobispo de San Salvador, sugería que sus asesinos habían sido “terroristas-subversivos”.

Aunque no toda la información en este libro es falsa.

De los 32 crímenes que la PN le atribuía a la exguerrilla, en 1991, siete fueron validados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Entre estos el asesinato de José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la presidencia del primer gobierno de Arena, asesinado el “081509JUN989” junto a su guardaespalda, Benjamín Pérez.

El sexto libro contiene un “análisis político-militar sobre las agrupaciones terroristas” que la inteligencia de la PN hacía sobre la guerrilla, y el séptimo es el resumen de una investigación de espionaje tras la caída de uno de los fundadores de las FPL, Felipe Peña, en 1975.

En ese libro se reproduce parte de los hallazgos de inteligencia policial al momento de dar con el paradero de Peña en una “casa de seguridad”, y narra el enfrentamiento entre Peña, su compañera de vida, y los agentes de la PN. El documento revela, además, una “lista de funcionarios y otros que estaban fichados por guerrilleros”. La lista está compuesta por 41 nombres, entre ellos el teniente coronel José Guillermo García que a la postre se convertiría en general y ministro de la Defensa para los primeros años de la guerra, así como los empresarios Roberto Hill y Archie Baldocchi. La hermana de Felipe Peña, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, revisa este documento con paciencia y confirma que en efecto su hermano era líder fundador de las FPL, que en esa casa de seguridad residía y que mucha de la información que hay sobre sus actividades es cierta. «Pero estas cosas deben analizarse en su respectivo contexto. ¿Por qué se hacían esas cosas? ¿Para qué era esa lucha? Era para combatir un régimen, un sistema que no dio ninguna otra vía de solución pacífica a ese conflicto», dice.

La fuente que hizo llegar el documento en el que se habla sobre Felipe Peña dijo a El Faro que “este es el verdadero libro amarillo, elaborado por la guerrilla para eliminar a sus objetivos políticos”, en alusión a la revelaciones sobre el libro amarillo, divulgadas en 2014 por investigadores estadounidenses, y que vinculaban al ejército en prácticas de persecución y violaciones a los derechos humanos.

Este libro rosado (por el color de su pasta) aunque habla de objetivos perseguidos por inteligencia insurgente, va más allá. Dibuja los métodos que el Estado utilizaba para espiar a sus adversarios, utilizando varias dependencias de gobierno, como el viceministerio de Transporte, o inclusive metiéndose hasta en los velatorios de sus enemigos para espiar a sus deudos, para determinar si aquellos que llegaban a despedirse también eran opositores políticos.

En el libro rosado hay memorándums confidenciales entre el Director de la Policía de Aduanas, el Jefe de la desaparecida Ansesal y el Ministro de la Defensa de la época, en los que se ordena al Departamento de Tránsito autorice la recolección de datos (nombres y direcciones de vivienda) de 45 personas que acudieron, el 16 de septiembre de 1975, a la misa de 30 días tras la muerte de Felipe Peña, celebrada en la capilla de la colonia Centroamérica de San Salvador. Días antes, la Policía de Aduanas informaba a Ansesal que una “comisión de este cuerpo” se había hecho presente a la misa para “tomar el número de placas de las personas que asistieron a la misa”. La Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (Ansesal) tuvo la fama de haber sido la agencia de vigilancia de enemigos del régimen con más vínculos a los escuadrones de la muerte, tanto que cuando se habla del mayor Roberto d´Aubuisson, fundador del partido Arena, suele hablarse de Ansesal.

Este legajo de documentos guarda una relación directa con el libro amarillo, una lista de casi 2 mil salvadoreños, opositores políticos (con nombre, seudónimo y fotografía) utilizada para dar caza a los «delincuentes-terroristas”, según se lee en las primeras páginas de ese documento, el cual invitaba a los militares a un “para que se use”.

El libro amarillo reapareció en 2013, pero fue elaborado entre 1979 y 1987 por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, para darle persecución y captura a comandantes guerrilleros, pero también a opositores políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

En 2014, el Centro para la Defensa de Derechos Humanos de la Universidad Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) divulgó un análisis al contenido de ese documento, y esa investigación arrojó que el 43 % de los enlistados en el libro amarillo habían sufrido violaciones a los derechos humanos.

El libro amarillo apareció cuando un hombre alquiló una casa en San Salvador, y de un cielo raso cayó, al suelo, un documento que estaba forrado con una pasta amarilla. El hombre, entonces, lo comentó entre sus allegados, lo entregó a una organización que recoge documentos históricos –quienes aún guardan el libro original- y el cuento de un libro amarillo caído de un cielo raso llegó a los oídos del investigador y ex preso político Carlos Santos.

Santos, exestudiante del Centro Nacional de Artes (Cenar), se formó en un país que perseguía y reprimía cualquier manifestación opositora, incluidas las artísticas. Santos fue capturado y torturado por la Policía Nacional en la ciudad de San Miguel. Tras su liberación se autoexilió, y desde entonces trata de armar el rompecabezas que le dé una explicación a sus traumas: aquellos que lo hacen volver a un baño público ubicado en lo que ahora es un amplio parqueo-mercado de la ciudad de San Miguel. El baño está ubicado en el subsuelo, debajo de un pequeño edificio de dos pisos. Es un baño mugre, lúgubre, con una pared que separa los mingitorios de una pequeña pila, escondida en una esquina. “Ahí me sumergían la cabeza, una y otra vez”, dice Santos. El baño y esa pila eran utilizados como una sala de tortura para presos políticos.

—¿Por qué cree que el libro amarillo es real?
—Es real. Fue elaborado por el Estado Mayor y a mí me lo han confirmado guardias nacionales, policías de hacienda y policías nacionales que lo utilizaron. Además, las personas registradas ahí también validan ese documento. Sus historias, el afán de sus familiares por dar con el paradero de sus desaparecidos, comprueban su autenticidad.

Carlos Santos, desde que encontró el libro amarillo, ha tratado de dar con el paradero de esas familias. A la fecha ha ubicado el posible destino de 32 de los registrados. En la mayoría de esos casos, las personas capturadas fueron desaparecidas.

3. Identificar, capturar, interrogar, eliminar

El Faro presentó los ocho documentos al ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, un militar que a principios de la guerra fue miembro fundador del Batallón de Reacción Inmediata Belloso, uno de cuatro comandos élites entrenados por los Estados Unidos en combates contrainsurgentes. Munguía Payés fue en el Belloso comandante de la compañía de armas, y durante seis meses jefe del Departamento II (inteligencia) de esa unidad. “Hacíamos labor de inteligencia táctica en combates, no inteligencia política”, dice Munguía Payés, para marcar distancia respecto de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada.

Más tarde, en el segundo lustro de los ochentas, en la segunda mitad de la guerra, Munguía Payés fue uno de los hombres más cercanos al desaparecido presidente José Napoleón Duarte. En la posguerra se convirtió en un político que logró ganarse la confianza de la exguerrilla y desde 2009 ha sido ministro de los dos gobiernos del FMLN.

El ministro reconoce que durante la guerra, en afán de combatir a los enemigos, se cometieron excesos. Sobre todo en los primeros años, los mismos años en los que se elaboró el libro amarillo y los nuevos archivos a los que ha tenido acceso El Faro.

El libro amarillo fue elaborado por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, y guarda una estrecha relación con otros siete libros secretos de la Fuerza Armada. Esto dice David Munguía Payés, el ministro de la Defensa, sobre el libro amarillo:

“Bueno, ese libro tiene que ver un poco con las fases incipientes de la guerra, donde había menos conciencia al respeto a los derechos humanos. Porque la guerra nuestra fue evolucionando. Los primeros años fue dura, una guerra sangrienta que no tenía leyes”, dice Munguía Payés. “Acuérdese que por un lado había secuestros, por otro lado los escuadrones de la muerte. El tema de los derechos humanos como que no se conocía y no importaba, entonces tengo entendido que ese libro se… se comienza a elaborar identificando a aquellas personas que eran consideradas comunistas y dañinas al régimen, las cuales deberían ser capturadas y en algunos casos hasta eliminadas”, dice el general.

Para Munguía Payés, la importancia con el libro amarillo radica en saber responder qué ocurrió con las personas que aparecen enlistadas. “El punto para mí no es tanto que haya lista de nombres ahí… el punto es si en realidad se cometieron errores y si algunas de esta gente que estaban en este libro fueron perseguidas para ser eliminadas… y si se hicieron o no se hicieron.”.

A mediados de noviembre de 2015, El Faro presentó a Munguía Payés los archivos secretos de la dictadura. Se le explicó al ministro que en esos libros hay una correspondencia, en 90 casos, de personas que aparecen con registro de captura, y que, según la Comisión de la Verdad, fueron torturadas, asesinadas o están desaparecidas. Se le explicó, además, que entre estos siete libros y el libro amarillo hay una correspondencia de 120 personas que estaban fichadas en el libro amarillo y que terminaron capturadas por la PN. De ese total, el 20 % aparece registrado con violaciones a sus derechos humanos en el informe de la Comisión de la Verdad. La mayoría sufrieron desaparición forzada.

El ministro Munguía Payés hojea los libros, uno por uno. Lo hace con calma y paciencia.

—Ministro, ¿estos libros son auténticos?
—He visto los documentos y me parece que son auténticos… aunque no lo podría asegurar.

Cuatro de los siete libros presentados al Ministro están en su formato original, con sus pastas desgastadas por el tiempo y, posiblemente, el uso.

—¿La Fuerza Armada guarda registros de los informes de inteligencia, como estos, que realizaban los extintos cuerpos de seguridad?
—No lo sé, habría que buscarlos…
—¿Estos libros fueron sustraídos de los archivos de la Fuerza Armada?
—Probablemente las hubo (sustracciones). Posiblemente haya habido fugas…

El Faro también presentó los libros al último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, un militar de bajo perfil, ahora en retiro, con cursos de inteligencia en la Escuela de las Américas, el centro de capacitación de los Estados Unidos para un nutrido grupo de militares latinoamericanos que a la postre fueron acusados en sus países por cometer graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos, el general Noriega, de Panamá; el general Pinochet, de Chile; el general Videla, de Argentina; el coronel Domingo Monterrosa y el mayor Roberto d´Aubuisson, de El Salvador. “Se dice eso, pero a mí no me enseñaron a torturar”, dice el coronel Cuéllar.

Cuéllar estuvo destacado en la Guardia Nacional y en la Policía Nacional, a finales de los setenta y primeros años de la década de los ochenta, y luego dirigió el Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol), una academia que formaba agentes de la PN, en donde fue maestro para la generación de oficiales de la actual Policía Nacional Civil que formaron parte de la cuota propuesta por la Fuerza Armada, en 1994. Cuéllar también combatió en la guerra y llegó a dirigir la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, una década más tarde, a inicios de los noventa.

El coronel Cuéllar se dice un férreo opositor a la lucha clandestina de la Fuerza Armada. Dice que lo suyo era combatir bajo las reglas de la guerra, unas que permiten, dice él, matar o morir en combate, pero nunca atacar a poblaciones civiles, nunca a enemigos vencidos o rendidos. Eso, asegura, le trajo muchos problemas con sus compañeros de milicia. Cuéllar se perfila a sí mismo como una aguja en un pajar.

Tras la firma de la paz, Cuéllar fue el encargado de la desmovilización del Batallón de Reacción Inmediata Arce, desplegado en la zona norte de Morazán, al oriente del país. Más tarde, fue llamado por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) para desmovilizar a otro cuerpo de seguridad: el coronel Cuéllar finiquitó a la temida Policía Nacional, que fue cerrada el 31 de diciembre de 1994.

Desmovilizar a los agentes de la PN significó una sola cosa: dar de baja a todos aquellos que a juicio de los observadores de las Naciones Unidas tenían manchado su expediente por violaciones a los derechos humanos u otros crímenes. Entre muchas de sus funciones, asegura Cuéllar, le tocó incluso enviar a prisión a agentes de la institución que fueron descubiertos por liderar bandas de extorsionistas.

Una caricatura de la época de Alecus publicada en el periódico La Noticia, un vespertino ya desaparecido, muestra a Cuéllar dormido, en una cama, cobijado con una sábana en la que se lee: “Policía Nacional”. Cuéllar suda y tiembla por culpa de una pesadilla: un hombre vestido de negro y con capucha, una sombra negra armada con un fusil, asalta a dos ovejas. “¡Quietas, esto es un asalto!”, le dice la sombra a las dos ovejas, que levantan sus patas delanteras. En otra publicación dominical de El Mundo, fechada el 5 de noviembre, la portada de una entrevista con Cuéllar invita a ser leída gracias a este titular: “Este olorcito de la Policía se irá conmigo para toda la vida”.

Cuéllar hojea los libros presentados por El Faro y dice: “Estos libros eran hechos por la inteligencia de la Policía. En aquella época se cometieron errores que nunca debieron haber ocurrido”.

Cuéllar hojea los documentos, uno por uno, y se detiene a examinar detenidamente el libro de capturas.

—¿Han dado con el paradero de estas personas? -pregunta.
—Sí, hemos dado con el paradero de algunas.
—Ellos darían un buen testimonio. Y al encontrarlos pueden decir algo con respecto a otros que estaban con ellos. Ahora, yo no sé hasta dónde llegaron en este departamento (de inteligencia) para haber recopilado a toda esta cantidad de gente capturada. Desde el momento en que están ellos archivándolas, ya hay una responsabilidad, un compromiso de la institución que merece una respuesta.
—¿Qué le parece la información que hay en estos documentos? Nombres, residencias, trabajos. Hay casos que tienen una relación directa con el libro amarillo. Es decir: perseguidos en ese libro terminaron capturados por la PN, y muchos posteriormente desaparecidos, asesinados o torturados.
—Este es un trabajo muy interno. Cómo salieron no lo sé. Es un descuido de ellos o lo pasaron a otras instituciones. No sé qué habrá pasado con esta gente, si es que la entregaron. Debería de haber (habido) un control de derechos humanos.
—¿Dentro de la Policía había gente que se dedicó a registrar capturas y otra gente que participó de violaciones a los derechos humanos?
—En mi gestión no ocurrieron esas cosas. Era otro momento del debate político. Recuerde que estábamos finiquitando a los miembros de la PN y estábamos dando nacimiento a la PNC.
—Pero usted me ha dicho cómo operaba la Policía en los 70 y 80 y dice que se cometieron errores…
—Sí, hubo errores. Era más como una policía urbana. Había problemas de detenidos a los que les aplicaban bastante…
—¿Torturas?

Cuéllar asiente meneando la cabeza de arriba hacia abajo, pero no se atreve a pronunciar esa palabra: «torturas». Él continúa:

—En los interrogatorios, verdad, eran más estrictos. Creo que más que la Guardia…
—¿Más que la Guardia?
—Con la Guardia era otro problema, tenía objetivos diferentes a los de la Policía en la guerra. El objetivo de la Guardia con la izquierda era bien peculiar, bien especial…
—¿El objetivo de ellos era exterminar opositores?
—(Cuéllar asiente de nuevo con movimiento de cabeza). La Guardia era como una muralla. Con la Policía era diferente, aunque había policías que trabajaban con ellos también, pero cuando llegaban a trabajar los interrogadores… eran cosa seria. Uno se daba cuenta por la información que llegaba. La Guardia era más… yo siempre critiqué eso. Siempre dije que había que cambiar mandos, cambiar idearios en la Guardia y la Policía.
—¿La inteligencia de los cuerpos de seguridad funcionaba como una inteligencia para la persecución política? Supongo que no se utilizaba para combatir la delincuencia común, el crimen organizado… ¿o sí?
—No. Y no era un inteligencia militar. Era una inteligencia política, una inteligencia policial-política, porque así era el tipo de conducción. Los cuerpos de seguridad respondían al Viceministerio de Seguridad Pública y ellos informaban directamente al Ministerio de la Defensa. La forma de conducción era un concepto demasiado duro, porque el comunismo es el comunismo, pero es diferente un combate a una ideología, que se combate con ideas… pero allá no. Allá mezclaron las cosas y si alguien pensaba así, había que ver cómo lo capturaban y lo eliminaban.
—¿Cuando usted llegó a dirigir a la Policía Nacional había un archivo en el que dijera «estos son los archivos secretos de la PN»?
—No.
—¿Tras la firma de la paz hubo una fuga de documentos?
—Desde que se firmaron los acuerdos de paz, una de las instrucciones que dieron fue que inmediatamente todas las instituciones, cuarteles, comandancias, debían limpiar completamente todo los que fueran aspectos de inteligencia, de investigaciones investigación. Y así lo hicieron. Empezando desde el Ministerio, el Estado Mayor… ya cuando llegaron los Acuerdos y que comenzó la desmovilización, ya no había nada de esto.
—¿Quién emitió la orden para desaparecer esos documentos?
—El Ministerio de la Defensa comunicó esa orden a modo de sacar y desprenderse de esos documentos comprometedores.

4. Los hallazgos

El libro de capturas y el libro de viajes por sí solos, no dan cuenta de los “errores” o los “excesos” de los que hablan el ministro de la Defensa y el último director de la Policía Nacional, Samuel Cuéllar.

En realidad, estos libros, junto al libro amarillo, son parte de un rompecabezas que podría ser más grande, pero que por el momento solo puede ser entendido si el contenido de estos libros se compara con las listas de denuncias de la Comisión de la Verdad.

Tras las negociaciones y la firma de la paz entre el Estado salvadoreño y los comandantes guerrilleros del FMLN, el 16 de enero de 1992, uno de los puntos medulares de los acuerdos exigía la instauración de una Comisión de la Verdad, un grupo investigador compuesto por extranjeros, cuyo mandato los obligaba a investigar los principales crímenes ocurridos durante la guerra civil. La Comisión compiló los casos más significativos ocurridos en los 12 años de guerra en un informe titulado “De la locura a la esperanza”.

Los observadores de las Naciones Unidas se entrevistaron con militares, patrulleros, agentes de cuerpos de seguridad, exguerrilleros, políticos, familiares de víctimas, representantes de oenegés de derechos humanos, e hicieron una convocatoria para que se pusieran denuncias en todo el país por violaciones a los derechos humanos sufridas en carne propia o cometidas en parientes o conocidos. El llamado de la Comisión de la Verdad fue atendido por más de 21 mil denunciantes, que dieron cuenta de los sucesos ocurridos a miles de salvadoreños. Los resultados de esas consultas están recogidas en los “Anexos” al informe.

El Faro digitalizó tres bases de datos de denuncias registradas por la Comisión de la Verdad, y cotejó más de 21 mil registros de personas, con nombre y apellido, con los 496 nombres aparecidos en el libro de capturas y el libro de viajes de la PN.

En el libro de capturas, la Policía Nacional registró la detención de 368 salvadoreños. De estos, casi siete decenas fueron desaparecidos, asesinados o torturados. Del cruce de nombres se obtuvo que el 17.8 % de los capturados sufrió alguna violación a sus derechos más elementales. Muchos en fechas posteriores a las de su captura.

Salvador Hernández Hernández es uno de ellos. Fichado en el Libro Amarillo de la Fuerza Armada, fue capturado el 13 de julio de 1982, en Ilopango. 10 días más tarde, la PN lo remitió a un juez militar de instrucción mediante el oficio número 4255. Por esos años, una primera ley de amnistía benefició a muchos presos políticos, incluido Hernández, quien fue liberado. “Amnistiado”, se lee en el archivo de la PN. Sin embargo, dos años después, el 27 de junio de 1984, fue asesinado “por paramilitares en Cancasque, Chalatenango”, según la Comisión de la Verdad.

En el libro de viajes están registradas las capturas de 128 salvadoreños. El 18.7 % de los registrados en ese libro sufrieron tortura, desaparición forzada o asesinato en las mismas fechas, en fechas previas o en fechas posteriores a la de su captura.

Rosa Ada Soto de Acosta es una de esas víctimas. Ella era un ama de casa de 45 años que fue acusada de pertenecer al Partido Comunista. El 9 de junio de 1983 fue capturada junto a su esposo, Alfredo Acosta Díaz, en su propia casa, ubicada en la colonia Satélite de San Salvador. Del relato de su captura se desprende que tanto Rosa Ada como Alfredo fueron interrogados por los viajes que ambos emprendieron a Rusia, y por los viajes de sus hijos. Rosa Ada también tenía un hijastro que había viajado a Cuba, según la Policía. Su nombre era Ramón Ernesto Acosta, de 31 años, capturado un día después que su padre y su madrastra en la misma casa de la colonia Satélite. Según la Comisión de la Verdad, Rosa Ada fue reportada como desaparecida el 8 de junio de 1983, un día antes del reporte de la fecha registrada de su captura. Su hijastro, Ramón Ernesto, también fue desaparecido en la misma fecha que su madrasta, aunque la PN registró su captura el “10JUN983”.

De las 496 personas registras en el libro de viajes y el libro de capturas, 90 sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, según la Comisión de la Verdad. La mayoría fueron desaparecidas.

De los 496 casos que hay en estos dos libros, 120 tenían una orden de búsqueda en el libro amarillo. Y de estos, el 20 % sufrió desaparición forzada y asesinato luego de haber estado bajo custodia de la PN, según los registros de la Comisión de la Verdad.

Mauricio Hernández Campos, Julio César Orellana Lemus y Daniel Arturo Hernández Castillo son tres de ellos. Los tres aparecieron fichados en el libro amarillo, con su nombre real, su fotografía y sus presuntos seudónimos. Más tarde, el 28 de julio de 1983, fueron capturados en una imprenta del Barrio Santa Anita, en el centro de San Salvador. Los tres fueron acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de imprimir “propaganda subversiva” para dicha organización. En 1993, la Comisión de la Verdad registró que estas tres personas, con su misma edad y sus mismos seudónimos, fueron reportadas como desaparecidas el mismo día en el que la PN registró sus capturas.

5. Hablan dos sobrevivientes

El “13JUN980”, sábado, cuatro agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y uno uniformado golpearon a la puerta de la familia Lazo Hernández, en un apartamento ubicado en la tercera planta de uno de los multifamiliares de la colonia Zacamil. En la casa vivían Rosalina, su esposo, Fredy, y los hijos de ambos. El mayor tenía 11 años; la menor, seis. Había varios invitados a la casa, entre ellos dos líderes de las FPL y un joven, al que Rosalina no conocía. Este dijo llamarse José Ricardo Funes Zepeda.

Eran las 8 de la noche cuando llegaron los agentes. “Ya nos cayeron”, dijo el hijo mayor, quien se percató del operativo cuando jugaba con unos amigos en el segundo piso. Subió. Fredy miraba la televisión junto a su hija. Veían Hawai Cinco-0. En la cocina se preparaba un lomo horneado y en la mesa había un plato lleno de jocotes de corona.

Antes de que los policías entraran, Rosalina intentaba romper la documentación que había en el apartamento. Recibos, hojas reclutorias de miembros de las FPL, afiches y propaganda. Ella había ingresado a la organización en 1976, y aparte de prestar su vivienda, hacía labores de inteligencia. “Estaba en el lugar de los hechos”, dice ella, refiriéndose a sus andanzas como insurgente. Cuando los policías entraron, Fredy recibió un culatazo en la cabeza. “Y ¡plas! ¡Chorro de sangre, mire!”. Los niños fueron testigos de cómo unos extraños torturaban a sus padres.

—No lloren, hijos -les dije-. No lloren, que ya voy a regresar -cuenta Rosalina que alcanzó a decirles.
—¡Ajá, hija de la gran puta: ¿ya vas a regresar?! -le dijo uno de los policías.
—Y me dan la gran… que reboté contra el muro. Luego me bajaron arrastrada por las gradas. No, dije yo: ¡ya valimos! –cuenta Rosalina.

Ya en la calle la subieron a un camión y le ordenaron que se acostara y que abrazara el cuerpo de un joven que estaba tirado sobre la cama. “Era un cadáver”, recuerda.

Mientras tanto, a los hombres en el tercer piso les vendaron los ojos y los seguían golpeando frente a los niños. Al cabo de un rato también los bajaron, arrastrados por las gradas, y los subieron al camión, ordenándoles que se recostaran encima de Rosalina y el cadáver.

El camión arrancó.

—Nos llevaron a un lugar en donde había una gran cárcava, y adentro habían escarbado tierra y habían aventado unos cadáveres –recuerda Rosalina.
—Mirá, vení –le dijeron sus captores, mientras la bajaban del camión-: Así va a ser tu suerte si no hablás.

Ya en el cuartel de la PN, en “el castillo”, la encerraron en unas celdas ocultas en un sótano.

El “castillo” de la PN ha cambiado desde entonces. Ubicado en el centro histórico de San Salvador, ahora alberga a la dirección central de la Policía Nacional Civil, el cuerpo policial creado para sustituir a los cuerpos de seguridad pública del pasado. Hace algunos años, cuando se remodelaba uno de los jardínes de la nave central, albañiles encontraron huesos en la tierra removida. El director de Medicina Legal de la época, Juan José Mateu Llort sugirió, sin pruebas científicas, que ese hueso era humano. Aquello fue un escándalo. La sola posibilidad de que en el corazón del castillo brotara el hueso de un salvadoreño alertó a las organizaciones de derechos humanos, que desde la dictadura y luego en la guerra reclaman por el paradero de más de 5 mil desaparecidos. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», gritaban desde el interior del castillo los familiares de decenas de desaparecidos.

Saúl Quijada, segundo al mando del Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal, recuerda que a ellos los habían convertido en el blanco de todas las sospechas. Hasta la Procuraduría de Derechos Humanos intervino para garantizar la integridad de los forenses, porque los familiares de las víctimas los acusaban, con gritos, de encubrir las atrocidades de la PN. Durante una semana, custodiados por familiares vigilantes, ellos excavaron en el jardín, bajo la mirada de aquellos que buscaban los huesos de los suyos. «Terminamos de amigos con algunos de ellos», dice Saúl Quijada, cuando recuerda el campamento que se montó en el castillo. Al final, Medicina Legal certificó que esos huesos, para infortunio de las víctimas y sus familiares, eran de un perro.

Hoy se mantiene el edificio principal del castillo, con cinco niveles, pero uno de los edificios de celdas y salones de interrogación fue demolido a mitad de los noventa, y el área de las celdas ocultas ahora es un sótano oscuro que sirve de parqueo. En las plantas más bajas de la nave central hay un gimnasio para los policías que incluye un salón en el que se imparten clases de baile.

Hace más de 30 años, Rosalina estuvo recluida en una celda donde su cuerpo no cabía y el piso siempre estaba húmedo. Desde la primera noche, y durante todo ese primer mes, la torturaron todos los días. No le dieron de comer, y la invitaban a tomar agua de un escusado. Querían sacarle información, pero ella se resistía.

—¿Por qué la torturaban?
—El objetivo de ellos era que dijera quién era mi jefe, adónde tenía el dinero, quiénes colaboraban, de dónde sacábamos para comprar carros, qué dónde habíamos hallado unos zapatos Kickers (en la casa tenía una caja llena de zapatos Kickers) y yo no me acordaba… ja, ja, ja. ¡y por eso me dieron veeeerga!

Le engraparon la espalda, a la altura de la columna; le arrancaron, “sin qué ni para qué”, algunas de sus muelas; le fracturaron tres vértebras, que 35 años después le causan unos fuertes dolores de espalda; le aplicaron el potro: el torturador se sienta en la cintura de la víctima, que está boca abajo. El torturador le jala la cabeza, hacia arriba, arqueándole la espalda. Y Rosalina no cedía. Le aplicaron choques eléctricos en el pubis, ella de pie, amarrada, desnuda, con los brazos estirados. Recuerda que le pegaban en la entrepierna unos electrodos que la hacían convulsionar. Otras veces la tortura fue más simple: golpes contundentes a la cabeza, que la hacían saborear su propia sangre. “Yo sentía las gotas de sangre glup, glup, glup, se sienten las gotas de sangre, ¿veá?”, dice Rosalina.

La golpiza que más recuerda y que más le duele, y ni ella entiende por qué es la que más recuerda, ocurrió una vez que sus verdugos le preguntaron quién, según ella, se la había llevado presa.

«¿Te acordás quiénes te llevaron presa: la guardia o la policía?», le preguntaban. «La policía», decía ella. «¿Ah, sí, no?», le reclamaban. «¡Plas! Fue cuando me quebraron aquí, mire», y Rosalina se toca la quijada. «No les pareció que dijera que la Policía. A saber por qué no querían que dijera que fue la Policía…»

A los tres meses, Rosalina fue trasladada a Cárcel de Mujeres, al ala de presas políticas. Un mes más tarde, en octubre del 80, la guerra ya había estallado. Las FPL y las otro cuatro facciones de la guerrilla anunciaron que se convertían en un solo frente: el FMLN. Solo hasta entonces se reencontró con sus hijos. Solo hasta entonces le dolió lo que ellos también habían sufrido.

Un niño de 11 años y una niña de seis sobrevivieron en la casa de sus padres, solos, hasta que la comida se les acabó en la refrigeradora y la alacena. Esto era la guerra. Y antes de que eso ocurriera, un niño de 11 años se convirtió en un padre para una niña de seis, y todos los días iba a dejarla y a traerla a la escuela, hasta que un día el niño tomó a su hermana de la mano y decidió, como adulto, que lo mejor era que la niña se quedara en la escuela, hasta que él resolviera cómo encontrar, a sus 11 años, y sin dinero, al resto de su familia. Esto era la guerra. El niño dejó a la niña con la directora de la escuela, le pidió que la cuidara y prometió regresar por ella. La niña de seis años se encontró, entonces, con la soledad más grande de esta tierra, cuidada por una mujer extraña, en una casa que no era la suya. Y fue así por dos largos meses, hasta que su hermano regresó con un tío, a rescatarla. Rosarlin Hernández hoy es una mujer con un hijo mayor de edad, un esposo y otra vida a la que le hace falta algo. Algo que se le perdió el día en que se llevaron a sus padres. Ella dice: “Aquel día me robaron la infancia”.

La guerra le robó la infancia.

***

El sábado 13 de junio de 1980, José Ricardo Funes Zepeda se reunió con dos «compas» en las cercanías del colegio Cristobal Colón, en la colonia San Luis, de San Salvador. Debían organizar unas acciones de las FPL, y en esa zona vivían unos colaboradores dispuestos a prestar su casa. A las 5 de la tarde, José Ricardo y sus compas descubrieron que sería imposible celebrar la reunión, porque la zona estaba militarizada y los colaboradores habían desistido. Uno de los compas propuso viajar a la colonia Zacamil, “una zona caliente”, pero que era eso o nada.

José Ricardo tenía 22 años, y había decidido luchar contra el régimen desde que en 1977 fue testigo de una masacre en la Plaza Libertad, en medio de las protestas masivas contra el fraude electoral cometido por la dictadura contra la Unión Nacional Opositora, de la que su padre era candidato a la vicepresidencia. Tras esa masacre, la familia de José Ricardo huyó a Costa Rica, pero un mes más tarde él regresó a colaborar con las organizaciones de masas de la oposición. Su padre, dos años después, formó parte de la junta revolucionaria de gobierno, un movimiento compuesto por civiles y militares progresistas que derrocaron al general Carlos Humberto Romero, al que la dictadura le había dado el triunfo fraudulento en 1977. Esa junta duró unas pocas semanas con su formación original, y la mayoría de los líderes civiles renunciaron a ella y huyeron del país, de los atentados y las amenazas de muerte, luego de una serie de desencuentros influenciados por la injerencia de Estados Unidos y el regreso al poder –vía la junta- de la élite militar a la que se quiso combatir.

El padre de José Ricardo fue, junto a otros líderes de la Democracia Cristiana, de los que seguían creyendo que desde la junta se podía cambiar al país. José Ricardo no estuvo de acuerdo con su padre. Así que anunció públicamente su adhesión a las FPL, y en aquellos años eso causó una gran conmoción: el hijo de uno de los miembros de la junta se declaraba enemigo del Estado.

Aquella tarde del 13 de junio de 1980, José Ricardo llegó a la casa de una mujer que se dijo llamar América. Iban a cenar un oloroso lomo horneado y jocotes de corona. En la casa había cinco adultos y dos niños, uno de 11 y una niña de seis. Cuando la PN los descubrió y los capturó, José Ricardo supo que lo mejor que podía hacer era resguardar su verdadera identidad, así que insistió e insistió en que su nombre era José Ricardo.

José Antonio Morales Carbonell, hoy subsecretario de Gobernabilidad del gobierno, tuvo la suerte de que los agentes de la PN no le reconocieran. Su nombre y su seudónimo y su filiación y su rostro, para 1979, ya estaban registrados en el Libro amarillo. Y aunque en el libro de capturas la Policía Nacional lo registra con su nombre y su seudónimo, en realidad nunca supieron a quién habían detenido junto a América (Rosalina).

Quizá los archivos con los cuales se daba persecución a los opositores todavía no eran del conocimiento de todos los militares. O quizá tuvo la suerte de que… José Antonio Morales Carbonell, el hijo de Antonio Morales Erlich, uno de los miembros de la junta revolucionara de gobierno, tuvo mucha suerte.

La primera noche en el cuartel de la Policía, a Morales Carbonell lo separaron del grupo y se lo llevaron a una celda solitaria, húmeda y fría. Recuerda que en la madrugada lo despertaron unos gritos. Eran los gritos de los torturados.

—¿Qué escuchaba?
—Eran unos alaridos… Yo nunca había escuchado los gritos de los torturados. Son gritos que no se parecen a nada de lo que uno conoce. Es como cuando uno pasa por un matadero, solo que este es de seres humanos. Entre el frío del piso y los gritos de esa gente yo empecé a temblar de pavor.

Mientras pasaban los días, la tortura se iba aproximando a su celda. La tortura le llegó con la cara de un joven al que lo colgaban de los pulgares para que estos soportaran todo el peso de su cuerpo. A ese muchacho le habían apagado, en el trayecto desde La Libertad –donde lo habían capturado- todos los cigarrillos que su captores venían fumado. “Tenía las orejas desechas”, recuerda Morales Carbonell. En la espalda y en el abdomen del joven, Morales Carbonell descubrió el efecto que produce el cañón de un fusil estrellado con violencia contra un cuerpo desnudo.

Una noche sacaron al joven. Desde su celda, ubicada en una parte alta, Morales Carbonell tenía visibilidad hacia el parqueo. Desde ahí vio cuando a ese joven lo subieron a un auto y se lo llevaron. Nunca más se supo de él. Cuando la Cruz Roja se asomó por las celdas de la Policía Nacional, le preguntaron a José Ricardo si sabía qué habían hecho con ese joven, del que ya había un registro de captura pero que no aparecía en ninguna otra cárcel ni bartolina del país. «Lo desaparecieron», pensó José Ricardo, que ahora temía por su vida. Entonces pensó en confesar su verdadera identidad a los delegados de la Cruz Roja. Tenía miedo. No sabía si el delegado le ayudaría a contactar a su padre. Confió. Morales Carbonell confesó su verdadero nombre y, al día siguiente, lo condujeron a la oficina del director de la Policía Nacional, el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. En el salón lo esperaban, junto al coronel, su padre y su madre.

Antonio Morales Ehrlich le confió, tiempo después, que cuando llegó a la oficina del director de la PN para reclamar a su hijo, el coronel López Nuila respondió, sorprendido, convencido de que su Policía Nacional no tenía preso al hijo de un miembro de la junta revolucionara de gobierno. Pero entonces Morales Ehrlich le pidió la lista de los presos, y le señaló el nombre falso de José Ricardo Funes Zepeda. “Este es. Tráiganlo”, dijo a López Nuila.

Morales Carbonell, en protesta contra el régimen, continuó preso, y recuerda que desde que López Nuila supo que él estaba en su cárcel, siendo testigo de lo que ahí ocurría, dejaron de oírse los gritos de los torturados. Morales Carbonell recuerda que una mañana, en el patio de la Policía, adonde sacaban a los presos a tomar el sol, se cruzó con López Nuila.

—Lo veo afónico –me dijo.
—Y cómo no voy a estar afónico si dormimos en el suelo? -le contesté.
—¿Cómo en el suelo? ¿No tienen camas? Si se supone que deben tener…

6. El coronel López Nuila “está enfermo”

En un pequeño cerro con una vista privilegiada al volcán de San Salvador vive el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. La casa tiene dos plantas y está protegida por alambres razor y un guardia armado, que al menor movimiento cerca del portón abre y pregunta: “Sí, ¿qué desea?”.

Ubicar el paradero del exdirector de la Policía Nacional no es una tarea sencilla. Su oficina en la Universidad Tecnológica, de la cual es vicepresidente, es un fuerte infranqueable que repele a aquellos que quieren preguntarle sobre la guerra. En el presente, López Nuila rehúye hablar de su pasado.

Carlos Reynaldo López Nuila es un militar en retiro que en 1979, con la llegada de la Junta Revolucionara de Gobierno, se convirtió en director de la Policía Nacional. Salvo este ascenso que lo lanzó a la fama en plena efervescencia de la guerra, de su carrera se sabe muy poco. Quizá lo más sobresaliente sea que en 1963 participó en un curso de la Escuela de las Américas. Fuera de eso, la voz de López Nuila se enciende y se apaga en las escuetas notas de prensa que dan cuenta de entrecomillados atruibuidos a su nombre, elaboradas en su mayoría por corresponsables extranjeros. En ellas él habla del trabajo de la Policía Nacional e intenta desmarcarse de las denuncias o justificar el comportamiento de algunos de sus subalternos.

Una de esas publicaciones apareció el 9 de mayo de 1984. El periódico español El País publicó un cable de la Agencia France Press (AFP) con este titular: “Vinculan a la CIA y al alto mando del ejército salvadoreño con los escuadrones de la muerte”. El cable de la AFP retoma un artículo publicado por el Christian Science Monitor, en el que se retrató a toda la plana del Estado Mayor, y al Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas, como cómplices de las actividades de los escuadrones de la muerte.

En el artículo reproducido por El País, se lee: «Las actividades de los escuadrones de la muerte deben ser aprobadas en última instancia, directa o indirectamente, por el Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas».

“Miembros señalados son el general Vides Casanova, viceministro de la Defensa, el coronel Adolfo Blandón, jefe de Estado Mayor, el coronel Nicolás Carranza, director de la Policía de Hacienda, y el coronel Reynaldo López Nuila, director de la Policía Nacional, que forma parte de la Comisión pro-derechos humanos de El Salvador”, dice en la nota reproducida por El País.

Aquella denuncia contra ese grupo de militares que dirigía a la Fuerza Armada pasó inadvertida, y tras el triunfo electoral de Napoleón Duarte en 1984, Eugenio Vides Casanova se convirtió en ministro de la Defensa, y López Nuila salió de la dirección de la Policía Nacional para convertirse en viceministro de Seguridad Pública, la cabeza al mando de la PN, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.

De las andanzas del coronel López Nuila en los primeros años de la guerra ahora se conoce un poco más gracias a documentos desclasificados del Departamento de Estado. El 17 de junio de 1982, López Nuila se reunió en El Salvador con dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Uno de ellos era Jon Glassman, un importante asesor del Departamento de Estado, autor del libro “interferencia Comunista en El Salvador: documentos que demuestran apoyo comunista a la insurgencia salvadoreña”

“Conversación con el director de la PN”, es el título del cable que da cuenta del encuentro entre Nuila, Glassman y Craig Jonhstone. En el documento -obtenido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWHRC, por sus siglas en inglés), vía Acta de Libertad de Información (FOIA) en Estados Unidos-, López Nuila habla sobre los alcances de la guerrilla, la necesidad de crear un centro de inteligencia que recoja la información proveniente de todas las unidades del ejército y minimiza las denuncias por violaciones los derechos humanos en la PN.

“América Central y El Salvador solía tener mucho mejor inteligencia cuando Estados Unidos dio su apoyo a esta actividad”, dijo Nuila en aquella reunión, en la que reconoció que la labor de inteligencia de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada había sufrido tras los recortes a la ayuda militar que Estados Unidos implementó en 1982.

Cuando a López Nuila le preguntaron qué estaba haciendo para detener abusos de autoridad de sus tropas, el coronel “mostró un resumen y una lista de agentes policiales llamados a comparecer ante cortes por crímenes serios desde octubre 15 de 1979”. Cuando le preguntaron sobre abusos cometidos a prisioneros, López Nuila respondió que “había menos que en las islas Fackland donde ocho argentinos habían muerto”, y que las condiciones de los presos eran vigiladas constantemente por la Cruz Roja Internacional, que visitaba las celdas “hasta tres veces por semana”.

En esa reunión, López Nuila presentó un resumen estadístico “que indicaba que la Policía Nacional había arrestado a 2,288 por subversión desde octubre 15 de 1979. De estos, 1,200 habían sido liberados después de haber sido interrogados”.

El libro de capturas y el libro de viajes dan cuenta de detenciones desde “15OCT979”. López Nuila confiesa a Estados Unidos que hubo capturas masivas de “subversivos” desde el 15 de octubre de 1979. Ese día, un grupo de militares progresistas dieron un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero. En su proclama se comprometieron a romper con el pasado y a respetar los derechos humanos. Estas nuevas evidencias apuntan a lo contrario: que a partir del golpe de Estado creció la persecución hacia los opositores políticos.

Durante todo el mandato de Nuila al frente de la PN, los libros secretos del ejército continuaron actualizándose. El libro de capturas terminó de rellenarse en 1984. El libro de viajes en 1985. Los libros de inteligencia sobre el Partido Comunista y las FPL indican tener información actualizada hasta 1986. El libro amarillo tiene como última fecha de entrada «13AGOS987». Hasta aquí, Vides Casanova y López Nuila reinaban en lo más alto de la jerarquía militar de la época.

Al final del cable de la Embajada de Estados Unidos, Craig Johnstone y Jon Glassman suscriben un comentario sobre López Nuila y la Policía Nacional. “López Nuila se proyecta a sí mismo como un chico bueno tratando de hacer su trabajo bajo circunstancias muy difíciles. La Policía Nacional está lejos de ser una organización de santos, pero es una organización importante gracias a los esfuerzos de este abogado y coronel”, escribieron.

En otro cable desclasificado por el Departamento de Estado, y fechado en marzo del 83, se da cuenta de la “existencia de un escuadrón de la muerte de la derecha en la Policía Nacional salvadoreña”. En el documento, al que se la han tachado todos los remitentes y destinatarios, informantes aseguran que dentro de la PN existe un “escuadrón de la muerte compuesto por miembros de tres áreas de la Policía Nacional: la Sección de Investigación Criminal, la Sección Especial de Investigación Política y la Sección Antinarcóticos”.

Hoy día, es imposible hablar con López Nuila sobre cualquier hecho de la guerra. Desde que Arena llegó al poder en 1989, su figura poco a poco se fue diluyendo en el reguero en el que se convirtió el mapa político de la posguerra. Y es así hasta la fecha. Hoy se le conoce más por sus inversiones en educación a través de la Universidad Tecnológica, y por ser socio y administrador del Canal 33 de televisión en señal abierta.

En una nota publicada el 26 de febrero de 2015 en El Diario de Hoy, se cuenta de un guiño que la Universidad hizo a López Nuila, en la inauguración de un edificio en el centro de la ciudad. “En homenaje al Dr. Carlos Reynaldo López Nuila, por ello lleva el nombre de dicho fundador del alma máter e impulsor de servicios educativos a nivel de postgrados”.

En mayo de 2013, en una nota sobre el libro amarillo publicada por el periódico mexicano La Jornada, aparecen recogidas las últimas palabras que López Nuila ha dado sobre su pasado. “Yo de esa época no quiero saber absolutamente nada”, dijo el coronel en retiro.

En la Universidad Tecnológica, López Nuila es infranqueable. “Está enfermo”, dice su asistente. “No lo podrá atender”.

En su casa, un guardia armado abre la puerta al detectar el menor movimiento frente al portón.

—Vengo a buscar al coronel López Nuila. Queremos una entrevista para pedirle explicaciones sobre unos hallazgos que tenemos sobre la Policía Nacional que él dirigió.
—Permítame…

El guardia armado cierra la puerta y se pierde en el interior de la vivienda. Al cabo de unos minutos regresa:

—No, que no. Que dice que lastimosamente está enfermo, y que no lo podrá atender. Tal vez en otra ocasión.

El 14 de noviembre de 2015, El Faro le dejó una carta en su casa, en donde se le detalla los hallazgos: que 90 de 496 salvadoreños con registro de capturas en la PN terminaron, según la Comisión de la Verdad, desaparecidos, asesinados o torturados. A la fecha, este periódico no ha obtenido respuesta del coronel López Nuila.

7. R32 busca a su esposa e hija

Podríamos decir que en los libros de la muerte hay respuestas para las miles de víctimas de la guerra y sus familiares, pero eso no sería cierto.

En los libros de la muerte solo hay respuestas para las familias de 496 salvadoreños.

En El Salvador, según las autoridades, no existen archivos de la guerra, y quizá sea porque realmente allá afuera, en la calle, sobrevivan los verdaderos archivos perdidos del conflicto. El Faro ha tenido acceso a siete documentos, pero seguramente hay más, muchísimos más, como lo sugieren el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, cuando dice que “es probable que haya habido fugas”; o el último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, cuando cuenta que tras la firma de la paz se giró una orden para que se desaparecieran los archivos de inteligencia de las comandancias, cuarteles…

Y sin embargo, miles de salvadoreños siguen buscando aquello que se las ha perdido, y la sola existencia de unos archivos apócrifos quizá pueda ayudarles en su búsqueda.

R32 es uno de ellos.

El libro amarillo del Estado Mayor dice que R32 era un “miliciano” de la Resistencia Nacional (RN/FARN). R32 fue secretario general de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras). Ingresó muy joven al movimiento sindical del sector energético del país, que a inicios de la guerra protagonizó importantes apagones para presionar al régimen. Antes de la última de sus capturas, que duró cuatro años, entre 1980 y 1984, R32 había sido capturado en dos ocasiones, una por la Guardia Nacional y otra por la Policía Nacional. R32 era un perseguido que tuvo que abandonar su apartamento en la colonia Zacamil, cambiarse el nombre, el de sus cuatro hijos y el de su esposa. Pasó a un estado de semiclandestinidad hasta que fue capturado por última vez el 22 de agosto de 1980.

R32 aparece fichado en el libro amarillo pero no aparece registrado en los libros de la Policía Nacional. Sin embargo, al menos dos de los capturados por ese libro lo mencionan en sus declaraciones, obtenidas presuntamente a golpes de tortura.

Más de 30 años después, Héctor Bernabé Recinos dirige el Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (Coppes). Durante cuatro años él fue torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional, luego en la prisión para presos políticos de la ciudad de Santa Tecla -una cárcel hoy convertida en museo- y más tarde en el Centro Penal La Esperanza, la principal cárcel del país, conocida como «Mariona». En la prisión de Santa Tecla, Bernabé conoció a José Antonio Morales Carbonell, aquel joven militante de las FPL que fue capturado en un apartamento en el que una niña junto a su padre miraban Hawai Cinco 0. En plena guerra, Bernabé Recinos, Morales Carbonell y otros dos presos políticos se convirtieron en líderes de un movimiento en las cárceles del país. En libertad, Bernabé Recinos lideró un movimiento opositor importante en el sector energético del país. En prisión, lideró un movimiento importante que denunciaba las torturas a las que el régimen sometía a los presos políticos.

Podríamos decir que la suma de ambas luchas provocó que lo castigaran donde más podía haberle dolido.

Podríamos decir que por eso desaparecieron a su esposa y a su hija.

Podríamos decirlo, pero ya nos lo ha dicho él.

Bernabé sospecha que sus captores dieron “seguimiento de inteligencia” a su esposa y a su hija, luego de una visita que le hicieran en la cárcel. Las ubicaron en una colonia del Barrio San Jacinto, en la casa de una pareja de amigos que le daban refugio a su familia: su mujer, su hija y sus dos hijos.

El 22 de agosto 1982, Ana Yanira (11 años) y su esposa, María Adela García, fueron capturadas y posteriormente desaparecidas por un comando armado. Junto a su esposa y su hija, los captores se llevaron también a la pareja que les daba refugio: América Fernanda Perdomo, del Comité de Derechos Humanos, y Saúl Valentín Villalta, un abogado miembro del FAPU. Sus dos hijos varones fueron testigos del secuestro. Ellos se salvaron porque en el momento del operativo, jugaban fútbol, en la calle, junto a un grupo de niños de la cuadra. Así era la guerra.

Hace más de 30 años, la noticia de la desaparición de su esposa y su hija le llegó a través de una visita a la cárcel. Aquella fue la peor tortura.

Desde entonces Bernabé busca aquello que se le ha perdido.

A finales de septiembre le enseñamos a Bernabé el libro de capturas y el libro de viajes.

Podríamos habernos quedado callados, y haber dejado que él navegara, intentado encontrar ahí sus nombres, pero eso no habría sido justo.

—No están, ¿verdad? –nos pregunta.
—No, Bernabé. Los hemos buscado y no aparecen.
—¿Tampoco América y Valentín?
—Tampoco.

Los ojos de Bernabé no quieren creernos. Sus piernas, que bailotean debajo de la silla, no quieren creernos. Las yemas de sus dedos no quieren creernos, y juegan, inquietas, con las esquinas de las páginas del libro de capturas, abierto de par en par. Él suspira. Se encoge de hombros…

—Bueno, habrá que seguir buscando…

Entonces Bernabé se sumerge en el libro de capturas. Lo hojea con paciencia. Empieza en el medio, y luego se va a las primeras páginas. Se detiene. Señala con el dedo.

—A este lo conocí: terminó en silla de ruedas. A este también lo conocí…

Nunca disparó un tiro

La mañana fresca y soleada de fines de marzo de 1997, Alberto Salguero Vaca Narvaja, 30 años, sobrino de Fernando, líder montonero, conduce por la avenida Octavio Pintos de la capital de Córdoba, hasta la calle Democracia. Un Renault 9 gris pasa a gran velocidad. Apenas baja la ventanilla lo primero que ve es el pelo blanco. Descubre que el viejo que se cree dueño de la calle es Luciano Benjamín Menéndez. A Salguero Vaca Narvaja no le importa llegar tarde a su trabajo de biólogo.

—¡Asesino! ¡Asesino, hijo de mil puta! —le grita, impulsivamente.

Menéndez, 70 años, pulóver gris, pantalón de vestir, baja con el rostro desencajado. En el auto lo acompaña una mujer.

—¿Qué me dijiste? —pregunta el ex militar.
—Asesino. Asesino hijo de puta —repite Salguero, desde su asiento.

Apenas escucha el insulto Menéndez, un metro setenta y cinco, se le arroja encima. Salguero Vaca Narvaja, cuarenta años menos, fornido, los brazos largos, abre la puerta y le pega una trompada. Luego, otra. Y cuando el hombre intenta agarrarle el cuello lo noquea con un golpe en el mentón. El septuagenario trastabilla y dos trabajadores de una verdulería cercana lo ayudan a subir a su auto. Menéndez huye pasando semáforos en rojo. Vaca Narvaja lo persigue unas cuadras.

Después llama a su padre. Repasaron las veces que su familia lloró la desaparición del abuelo Miguel Hugo, el fusilamiento de su padrino Huguito (el padre del actual juez federal de Córdoba) y el exilio en México. Luego va hasta una comisaría. En los ´90, Menéndez seguía siendo un hombre poderoso. Los H.I.J.O.S pintaban “acá vive un genocida” en las paredes, pero los vecinos las tapaban. En su casa del barrio Bajo Palermo había una garita con tres custodios. La policía no lo dejaba solo. Parecía intocable.

Y sin embargo nunca, nadie, le había dado semejante paliza. Ni en la época de “la lucha contra la subversión”, en los ´70, cuando se jactaba de los “objetivos de guerra” eliminados, escritos en rojo en su lista personal como los Vaca Narvaja, Mario Santucho y René Salamanca. Entre 1975 y 1979, cuando era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Menéndez nunca disparó un tiro. En 1984 fue acusado por tres mil casos de torturas, secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad así como de la existencia de los campos clandestinos de detención de La Perla y la Ribera en Córdoba, dos de los más activos en todo el país.

Veinte años después la justicia argentina sumó infinidad de pruebas y lo condenó diez veces a cadena perpetua por genocidio. Pero Menéndez está en otra cosa.

“Parece que siguiera con las botas puestas”, dice Facundo Trotta, fiscal del megajuicio por lesa humanidad “La Perla”, en Córdoba. A veces, Menéndez se levanta y deambula por la sala. Y vuelve a su asiento. Los jueces lo miran de soslayo sabiendo que, de un momento a otro, cerrará los ojos.

Sentado en el banquillo, aislado del resto, el general se prepara: bosteza y entrelaza las manos sobre las rodillas.

***

1 de octubre de 2015. 15.30.

—Hola
—Sí, qué tal… ¿hablo con Luciano Benjamin?
—Sí, ¿quién habla?
—Mucho gusto. Soy periodista de Buenos Aires y quisiera saber si….
—Le agradezco el llamado. Pero desde que estoy preso no hablo con la prensa.
—Está bien, comprendo. Quería saber cómo estaba de salud. Sé que tuvo bronquitis la semana pasada y no pudo ir al juicio.
—Ah, sí. Mejor. Me reincorporé a mis actividades normalmente.
—¿Lo está cuidando su hijo Juan Martín?
—Mire, no se moleste, pero no le voy a decir nada. Perdón.

La voz flemática de Luciano Benjamín Menéndez, desde la calle Ilolay del barrio Bajo Palermo donde cumple prisión domiciliaria desde hace tres años, se fue apagando lentamente. Hace tres años, también, murió su esposa, Edith Angélica Abarca: 38 años de casados y siete hijos. Ese día no fue al entierro: prefirió llorar a solas en su chalet.

Nacido el 19 de junio de 1927, tres años antes del primer golpe militar argentino, creció en la certeza que el Ejército tenía un destino manifiesto: ser el guardián de la nación. “Necesitamos una guerra por generación”, dijo, cuando le dieron el grado de general a los 45 años. Se lo acusa de ser el “autor de escritorio” de secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones: uno de los jefes de la dictadura militar que premeditó y planificó un “aparato organizado de poder”. Menéndez sabe que no podrá salir más en libertad: las condenas por lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.

“Cachorro” – así le pusieron sus superiores cuando entró al Ejército por ser hijo de un militar- sólo tiene permitido ir a los tribunales y a los consultorios médicos. En la semana, está ocupado con una agenda completa: martes, miércoles y jueves se sienta como acusado en la “La Perla” -el centro clandestino más grande del interior, por el que pasaron cerca de tres mil detenidos-; jueves a la mañana, por teleconferencia en San Luis; y jueves a la tarde y viernes, por la misma vía, en La Rioja.

De los 622 ex militares de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad, Menéndez es récord. Desde que la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en 2005 y hasta la fecha -según datos de la Procuraduría contra Crímenes de Lesa Humanidad- fue imputado en 73 causas y acumula 12 condenas.

Las sentencias lo sitúan como principal responsable del “plan sistemático de exterminio que se impuso entre 1976 y 1983”. Siete de las condenas son de reclusión perpetua, tres de prisión perpetua, y las dos restantes de 20 y 12 años. Y cuatro de las perpetuas están firmes por resolución de la Corte Suprema.

“Él sigue justificando en los juicios que el Ejército salvó al país de una agresión interna financiada por el exterior. No existen dudas que muchas de las víctimas optaron por la lucha armada. Sin embargo, el Estado militar procedió al margen de la ley. Ante la sospecha de un delito, debieron hacer lo mismo que hoy estamos haciendo con ellos”, dice el fiscal Trotta.

Calmo y entusiasta, el ex jefe militar sigue repitiendo que Argentina “vivió la Tercer Guerra Mundial entre Occidente y el marxismo”. Como si los días de los 382 años de prisión no le afectaran.

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El poder que manejó como Comandante en Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –el segundo más grande del país-, con sede en Córdoba, fue absoluto. La Junta Militar –compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Área- dividió el territorio en cuatro zonas. “Cachorro” lideró la Zona III con 15 mil efectivos, tres brigadas, 24 áreas y veinte regimientos a su cargo en diez provincias: Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Era la mitad del país.

“En el Tercer Cuerpo él había creado todo el sistema de represión, secuestro y tortura”, resume la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba que lo condenó a perpetua por primera vez en 2008 por los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Para María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Menéndez creó un “grupo interrogador de detenidos” antes del golpe de marzo del ´76 y lideró acciones paramilitares.

“A las desaparecidas Menéndez las hacía rotar de norte a sur para que nunca las pudiéramos encontrar”, dice Sonia Torres, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, sobre quien fue responsable de 238 centros clandestinos en el total de las diez provincias–Tucumán con 78 y Córdoba con 59 fueron las principales- . Sólo en Córdoba, hay entre 500 y 700 víctimas por el terrorismo de Estado. Menéndez siempre lo negará: “Los desaparecidos desaparecieron y nadie sabe dónde están, lo mejor será entonces olvidar” -Revista Gente, 25 de febrero de 1982-. Sonia aún busca al hijo de Silvina Parodi, su hija secuestrada en 1976. Es el primer caso por sustracción de menores que se juzga en su provincia.

—Me gustaría saber qué hace en su tiempo libre, si lo van a visitar amigos…
—Si salgo en libertad, le doy una entrevista. Hasta luego, que le vaya bien.

***

A los 20 años, en el Colegio Militar, Luciano Benjamín Menéndez sentía que el mundo estaba a sus pies. Había entrado cinco años antes y ya le habían dado el cargo de teniente, con cadetes a cargo. “Se empeña por sobresalir. Es un oficial muy eficaz en el escuadrón”, dijo Alberto Juan Iribarne, su jefe de regimiento. “Enseña con el ejemplo y tiene mucho ascendiente sobre sus subordinados, posee una conciencia del deber para el grado inmediato superior”, escribió el teniente coronel Manuel Mateos, en su legajo militar.

Los Menéndez dejaron España para radicarse en el Río de la Plata a mediados del siglo XIX. Su abuelo fue teniente coronel de las Guardias Nacionales, una fuerza que precedió a Gendarmería y actuó en la “Conquista del Desierto”. José María, su padre, teniente y participó de la represión contra anarquistas y comunistas. “El interés soviético viene de 1919 con el levantamiento de obreros. Fue la primera amenaza”, reconocería Luciano Benjamín décadas después, hablando de la tarea “ejemplar” de su linaje.

No hubo un Menéndez que no pisara fuerte en el Ejército. Su tío, el general Benjamín, intentó un golpe militar en 1951 contra Juan Domingo Perón. Y uno de sus primos, Mario Benjamín, fue gobernador militar de las Islas Malvinas en guerra de 1982- al que le cortó el diálogo por considerarlo un “flojo” en el mando-.

Alumno de la escuela contrarrevolucionaria francesa, Luciano Benjamín aplicó la doctrina: el enemigo interno ya no vestía uniforme, se infiltraba en cualquier rincón de la sociedad y todo ciudadano podía ser sospechoso.

“No se matan seres humanos sino anti patriotas, enemigos de la civilización occidental. Como Adolf Eichmann, Menéndez era un hombre profundamente ideológico, un nacionalista católico con tintes liberales que odiaba a los comunistas, a los peronistas y a toda minoría racial”, dice Daniel Mazzei, historiador experto en el Ejército argentino.

Criado en la localidad de San Martín, el niño Luciano Benjamín se la pasaba montando a caballo junto a su único hermano José María. Décadas después, como Comandante en Jefe, paseaba con su yegua por los parques del Ejército mientras su séquito torturaba en los centros clandestinos.

En el Colegio Militar, además de “Cachorro”, le decían “Chupete” por su cara aniñada. Cuando subió a recibir el diploma de teniente, se encontró con viejos compañeros de grado: Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros y Leopoldo Galtieri. Los últimos tres serían sus compañeros en el “ala dura” del Ejército, a los que intentó liderar sin éxito.

En los ´70, para conocer la Doctrina de Seguridad Nacional, viajó hacia el campamento de Fort Lee, en Estados Unidos. Y a su regreso aterrizó en Tucumán como uno de los comandantes de la V Brigada, la segunda más importante del Tercer Cuerpo. Dirigió tropas en los meses previos del “Operativo Independencia”. Fue el preludio del golpe militar: el despliegue descomunal de militares en febrero del ´75 para combatir a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Con 45 años, fanático de Julio Argentino Roca, San Martin y un workaholic entregado a la misión militar, en 1972 cumpliría un viejo sueño de abuelo y padre: ser uno de los generales del Ejército más jóvenes de la historia.

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10 de diciembre de 2015. 14.30.

El coronel retirado Mariano Menéndez, 64 años, hijo de Luciano Benjamín, está eufórico. Mauricio Macri acaba de jurar como presidente de Argentina.

—Papá es el más feliz —dice el hijo de “Cachorro” al otro lado del teléfono, desde alguna calle de Buenos Aires.

Es el segundo de sus hijos vivos. Eran siete y quedaron cinco. Fue militar como el primogénito ya fallecido Luciano Benjamín. Luego siguen Martín Horacio, ingeniero químico; Marita, que está casada con un coronel retirado –y tienen ocho hijos-; María Victoria, casada con un comodoro de la Fuerza Área –nueve hijos-; el menor, Juan Martín del Milagro. “Y José”, remarca. El primer hijo muerto.

El 14 de julio de 1976, el nene, de nueve años, se intoxicó con monóxido de carbono por la pérdida de un calefón. Su padre, sospechando un homicidio, se negó a la autopsia y siguió como si nada hubiera pasado. Cinco días después un soldado de su Ejército dio un golpe maestro al asesinar a Mario “Roby” Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“Los marxistas no conciben la armonía sino el conflicto permanente”, dijo implacable, en una conferencia de prensa.

—Para mi papá seguimos siendo siete. Nunca pudo superar la muerte de José, era el preferido. Lo sigue llorando.

Mariano se muestra en Facebook con banderas argentinas, con postales de mesas largas con amigos y parientes. Es un acérrimo defensor de la última dictadura – sus seis hijos y sus sobrinos repiten la fórmula: fotos y comentarios de la unión familiar, la defensa de la patria y el rechazo visceral a la década kirchnerista-. En uno de sus últimos posteos, convoca a firmar en apoyo a la editorial del Diario La Nación “No más venganza” (23 de noviembre de 2015).

En la entrevista telefónica dice que el triunfo de Mauricio Macri fue histórico “porque es la primera vez que no se necesitó recurrir a las Fuerzas Armadas (FFAA) para derrocar una tiranía”.

—¿Una tiranía?
—Sí, eran delincuentes. Ahora tenemos recambio presidencial porque los militares derrotaron a la subversión.
—¿Cómo es eso?
—El mayor peligro era el comunismo. Hay que recuperar la Argentina grande que fuimos.
—¿Y cuál es?
—La de principios del siglo XX, potencia del mundo.

Mariano Menéndez es el espejo de su padre: misma cadencia lenta de voz, mismas cejas, misma mirada gélida.

—¿Qué piensa de los juicios contra él?
—Son inconstitucionales, con testigos comprados y sentencias escritas desde Buenos Aires.
—¿Todas las pruebas son truchas?
—No se respetan los principios jurídicos, mi padre combatió una guerra. A mí me gustaría que se anularan. A mi viejo le allanaron la casa y no encontraron nada.

Luego dice que “papá” les enseñó a galopar “mirando firmes al horizonte y siendo cariñosos con el caballo” y que nunca los castigó –“se tentaba cuando veía a mamá enojada por nuestras travesuras”- . Y recuerda cuando fue agredido por “una turba de locos”. Fue el 21 de agosto de 1984, a la salida del programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en Canal 13. Su padre sacó un cuchillo de paracaidistas cuando militantes de la Juventud Comunista le gritaron “asesino” y “cobarde”. La foto recorrió el mundo.

—¿Alguna vez te encontraste con un hijo de desaparecidos?
—Nunca se dio la ocasión. Pero no tendría problema.
—Y si eso pasa, ¿qué dirías?
—Si saben que sus padres agredieron el país con las ideas comunistas. Y con la violencia más despiadada.

Luego, el coronel retirado se despide amablemente. Como su padre.

***

En 1977 Luciano Benjamín Menéndez ordenó un pacto de sangre. A los oficiales y suboficiales los hizo partícipes de torturas y asesinatos. Luego creó un ritual. Era una ceremonia de fusilamientos selectivos que consistía en sacar de a tres a los presos y llevarlos “de paseo”, como ocurrió con el dirigente gremial del Sindicato de Luz y Fuerza Tomás Di Toffino y otros en los carnavales del ´77. En la prensa se decía que los “subversivos” habían sido aniquilados por enfrentamientos fraguados o intentos de fuga.

“Todos están salpicados por sangre”, les decía a sus hombres de confianza en “La Comunidad Informativa”, en donde confluían autoridades de inteligencia, especialmente del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, SIDE, Gendarmería, Policía federal y las policías provinciales. Apenas asumió como jefe del Tercer Cuerpo -entre agosto y septiembre de 1975- felicitó al Comando Libertadores de América, un comando paramilitar que, al estilo de la Triple “A”, asesinó a Marcos Osatinsky, creador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y masacró a la familia Pujadas, en un golpe especial contra la organización Montoneros.

Menéndez felicitó a la inteligencia policial pero concentró el poder en sus manos. Creía que los militares eran los especialistas en luchar contra los “subversivos que nos quieren cambiar el estilo de vida y la visión cristiana del hombre”.

***

Ernesto “Nabo” Barreiro era uno de los líderes –con Jorge Exequiel Acosta y Héctor “Capitán Vargas” Vergés- de “La patota” de La Perla, tropa de elite del Grupo de Operaciones Especiales (OP3) y una de las preferidas de “Cachorro”. Barreiro es el que confesó, varias veces, que profesores universitarios y empresarios participaron del armado de las listas negras. El que ahora, con su jefe débil de salud, lidera a sus compañeros en los juicios.

“La patota” era experta en secuestros e interrogatorios bajo torturas pero también en maniobras de distracción como los “lancheos” -salidas de civil en dos o tres autos con prisioneros-, como los que hicieron al Festival de Cosquín y al Chateau Carreras, sede cordobesa del Mundial de Fútbol de 1978. A veces hacían chocolateadas por aniversarios patrióticos y los sacaban a ver desfiles militares.

Cuando en 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –en Córdoba visitó Campo de la Ribera y La Perla-, Menéndez ordenó pintar las paredes, perfumar los pisos y llevar muebles y camas. “La patota” encabezó la misión. A pocos detenidos les permitieron ir a sus casas por unos días.

Menéndez estaba furioso: creía que abrir las puertas del país era una “concesión inadmisible”. Pero era tarde: su idea de “blanquear” la represión clandestina con juicios militares y públicos nunca había sido apoyada.

“Al que llegue a actuar mal, le corto los huevos”, dijo en La Comunidad Informativa.

Nunca pasó: el pacto de sangre fue un éxito.

***

La cárcel de máxima seguridad de Bouwer está a 17 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En 2010, Jorge Rafael Videla y Menéndez compartieron el pabellón de lesa humanidad por el asesinato de 31 presos políticos –uno de ellos era “Huguito” Vaca Narvaja -. Videla permanecía aislado y colaboraba con las tareas domésticas. Menéndez agarraba el control remoto para mirar partidos de polo y ordenaba papeles en una suerte de oficina. Vestía sobretodo negro. Leía los diarios y a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Roberto Potash.

No era la primera vez que “Cachorro” caía preso. A fines de septiembre de 1979 se había rebelado por 36 horas contra el entonces titular del Ejército y poco después presidente de facto Roberto Viola. Pero sólo lo acompañaron 800 de sus 15 mil hombres. Pasó detenido noventa días en un cuartel de Curuzú Cuatiá, en Corrientes. Creía que el Proceso de Reorganización Nacional se había “ablandando” por la liberación del periodista Jacobo Timmerman. Sin embargo, había otro telón de fondo: aspiraba a ser el reemplazante de Videla como jefe de Ejército. Pero el elegido fue Viola.

Treinta años después y a pocos centímetros de distancia, en la cárcel, Menéndez no le reprochó ninguna decisión: le volvió a hacer la venia.

Mario Baldo, 45años, es piloto de avión y estuvo detenido en Bouwer entre 2007 y 2012. Conoció a Menéndez en los recreos y conversaban de aviones. El general era distante y reservado. “Subteniente, acompáñeme a la sala de enfermería”, le dijo una mañana, como si fuera uno de sus hombres. Cuando atravesaron un pasillo oscuro por los pabellones comunes, algo los frenó. “Usted es un asesino, un cobarde hijo de puta”, se escuchó que le gritaron desde una celda. Menéndez no reaccionó: sólo miró hacia el suelo. Después fijamente a Baldo.

—He matado mucha gente, pero tendría que haber matado mucho más –le dijo, casi en secreto. Luego: “Es el único país que encarcela a sus héroes”. Y silencio.

Hubo un día que Bouwer se convirtió en una fiesta. En el pabellón de lesa, había gritos y aplausos como si se festejara la final de un mundial de fútbol. Menéndez levantó los brazos al cielo.

En la pantalla, Crónica TV reflejaba una placa roja con letras blancas gigantes: “Murió Néstor Kirchner”.

***

—¡Es mentira, es mentira!

El grito sacudió los Tribunales Federales de Córdoba. A comienzos de septiembre de 2015, el abogado querellante Juan Carlos Vega hablaba sobre apropiación de las empresas del grupo Mackentor, especialista en la construcción vial e hidráulica. Los militares acusaron al grupo de financiar la guerrilla armada –sin acreditar ninguna prueba- y detuvieron a un grupo de directivos, a los que secuestraron y torturaron el 25 de abril de 1977. Menéndez supervisó la cadena de mandos. En cuestión de días, el juez Adolfo Zamboni Ledesma – su mano derecha judicial – firmó la ocupación militar de las empresas.

—¡Eran guerrilleros! —volvió a aullar Menéndez.

El presidente del Tribunal, Javier Díaz Gavier, conocía esos ataques de ira.

—Usted sabe que no puede interrumpir. ¿Quiere que lo retire de la sala? –le advirtió.

El ex militar se calmó. Sus defensores oficiales lo miraban desconcertados. Estiró los músculos y se fue a una sala con el maletín marrón debajo del brazo.

La apropiación de “Mackentor” no había sido casual. El grupo era una amenaza para el establishment económico porque le sacaba mercado a las corporaciones. “Cachorro” nunca disimuló la simpatía con los ideólogos del modelo neoliberal, como la Fundación Mediterránea – creada en 1977 y dirigida por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo-, y con familias tradicionales y millonarias como los Minetti, los Roggio, los Urquía y los Tagle. Los que ganaron por su modelo de obra pública, capital concentrado y cero conflicto sindical.

Pero esos amigos lo abandonaron.

La fotógrafa Irma Montiel, de la agencia Télam, nunca lo había visto como en los últimos meses: “La actitud débil en los hombros lo perfila como si estuviera entregado”.

“Se pone loco cuando lo tratan de ladrón, cuando lo incriminan y cuando declara un Vaca Narvaja”, dice la periodista Marta Platía. El arriero Julián Solanille juró haberlo visto dando la orden en un fusilamiento masivo en La Perla. Ese día de audiencia Menéndez levantó la mano para hablar –no lo dejaron- y masculló insultos.

La ex detenida Teresa Celia Meschiatti dijo que después del operativo militar de 1977 en “El Castillo” –una casona que fue destruida con bazucas- escuchó decir al ex agente civil de inteligencia, Ricardo “Fogo” Lardone, que su jefe se había quedado con “valijas llenas de dólares” de los siete montoneros asesinados. El hecho nunca se esclareció.

Es la tarde de un jueves de noviembre de 2015 y desde el chalet del barrio Bajo Palermo Juan Martín del Milagro Menéndez, 41 años, habla después que su padre, Luciano Benjamín, le acerca el teléfono inalámbrico a su pieza. Es ingeniero civil, suele levantarse después del mediodía y es el único de los hermanos que no tuvo hijos.

—Mi viejo no es un corrupto. Eso son los políticos.

La voz suena simpática y reposada. Pero el padre le habla por lo bajo, como dictándole órdenes, y se pone nervioso. Levanta el tono.

—¿Vos sabés quién fue el comandante Mario Santucho? Leí sobre los ´70 ¡Y ahora lo llaman un joven idealista! — Juan Martín parece ser, en cuestión de minutos, otra persona.
—¿Y qué lees?
—Los guerrilleros fueron los primeros en hablar de una guerra, no los militares.
—¿Y qué más te interesa?
—Que la sociedad apoyó a los militares. ¿O la Plaza de Mayo no estaba llena cuando habló Galtieri? Perdón, no quiero hablar más. Ustedes tergiversan todo.
—¿Ustedes?
—Sí, los periodistas. Disculpame, tengo que salir. Hasta luego.

***

En los medios y en las redes sociales, una escasa minoría aún lo apoya. En los comentarios de la nota “Menéndez: me persiguen hace 30 años y sólo declararé ante juez militar” –Diario Uno, 17/08/15-, aparecen opiniones desde Facebook. Entre los 12 comentarios, el ciudadano Facundo Gianoni dice “Grande Cachorro, vos sos de los responsables que un sucio trapo rojo no flamee hoy en lugar de nuestra querida celeste y blanca”; otro usuario, Carlos Alberto Busnelli, opina que es “un MILITAR CON HONOR Y muchos de sus camaradas deberían seguir su ejemplo”. Y para el usuario Hio Shiva, “lo que dice el general es correcto, eran terroristas, algunos quedaron vivos y están ahora en el poder”.

La realidad era otra hacía veinte años. En el retorno a la democracia Menéndez fue protegido por la burocracia sindical, el poder eclesiástico liderado por el cardenal Raúl Primatesta y un amplio espectro político cordobés, tanto del peronismo como del radicalismo. El ex gobernador Eduardo Angeloz lo invitó varias veces a subir al palco, donde compartió asiento con Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones.

A los juicios solían acompañarlo los militantes de Famus (Familiares de Muertos por la Subversión). Ellos festejaron cuando en 1990 recibió el indulto del ex presidente Carlos Menem a pesar de que nunca había sido condenado. Por ese entonces fundó el partido de ultraderecha “Nuevo Orden Republicano”, que propuso el retorno de las FFAA en la calle. Pero nadie lo siguió.

“Todo nuestro espectro político está a la izquierda, deslumbrado por el éxito de la demagogia y el populismo de Perón”, había dicho en un acto, reconociendo el fracaso como líder político.

***

Se jactó de aniquilar la “subversión” antes que cualquier jefe militar. Y quiso dar el salto: pasar del enemigo interno a una guerra convencional.

En 1978 se preparó para una batalla con Chile por el canal de Beagle. “El brindis de fin de año lo hacemos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, le dijo a su tropa, que preparó durante cuatro meses en la frontera.

Cuando se enteró que el Papa Juan Pablo II había intervenido para frenar el conflicto, en las vísperas de Nochebuena, perdió los estribos. “Videla es un cagón”, rumió ante sus hombres de confianza.

La ilusión de invadir Chile se hacía añicos.

***

Es una tarde del verano de 2015 y Paola Salamanca, maestra de escuela, 45 años, piensa dormir una siesta. Es hija de René Salamanca, ex secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), cuadro cordobés del Partido Comunista Revolucionario, y el primer detenido-desaparecido después del golpe militar. “Nosotros quedamos destruidos en la pobreza”, dice, con un tono acongojado.

Según el Nunca Más, Menéndez fue a ver a Salamanca a “La Perla”. Luego de un interrogatorio, el jefe militar ordenó “trasladarlo” en un camión, que los prisioneros conocían como “Menéndez Benz”. “En el juicio Menéndez nos clavó esos ojos malignos de asesino”, dijo José María, otro hijo de René. “Las fábricas no me dieron trabajo por llevar un apellido de “subversivo”, comentó luego. El caso Salamanca demuestra una máxima del Tercer Cuerpo: “barrer a los líderes para exterminar la base”.

Entre 1976 y 1979, Menéndez pisó los centros clandestinos -fusta en mano- cuando caía un “pez gordo”. La Perla –y 580 testimonios lo comprueban- era el epicentro del exterminio: por la jerarquía de detenidos políticos, la llamaban “La Universidad” –a La Ribera, por contraposición, le decían “La Escuelita”-. Los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo, autores del libro “La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración”, dijeron que el vínculo de Menéndez con el centro clandestino fue tan estrecho que lo asociaron al sobrenombre de su mujer, Edith Abarca, a la que llamaba cariñosamente como “La Perla”.

Tanto como en la ESMA había un circuito profesional de la tortura compuesto por “el ablande” – los interrogatorios-, “la sala de terapia intensiva o la margarita”- se picaneaba en una cama de hierro- y “la cuadra” –donde los cautivos permanecían acostados, atados y vendados-. En “La Perla” hubo doce casos de muertes por tortura, como el de Herminia Falik de Vergara, que murió agonizando en los brazos de una compañera. Esa noche Barreiro y “La patota” salieron apurados para cenar con sus familias en la Nochebuena del `76.

“Cachorro” pensaba que la muerte por tortura era un error táctico. Pero no se enojó ni les hizo sumarios.

***

—Fue el mejor comandante de cuerpo, el de más confianza. Un león listo para la pelea —dijo Videla en la biografía “Cachorro. Vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez”, escrita por Camilo Ratti.

“Cachorro” se movía como pez en el agua: en el lugar justo, en el momento indicado. Desde los ´60, con la fusión del movimiento obrero, estudiantil y sindical, Córdoba y Tucumán se convirtieron en focos guerrilleros. En 1969 ocurrió el “Cordobazo” y operaban los líderes de Montoneros y ERP pero también de otras organizaciones políticas del peronismo de base o de la izquierda revolucionaria. El golpe policial cordobés del ´74 conocido como “El Navarrazo” había encendido la reacción. Pero los militares consiguieron una legitimidad impensada: la presidencia de Isabel de Perón, y luego la de Ítalo Luder, dictaron decretos que dieron vía libre a las FFAA para “aniquilar a la subversión”.

—Un gobierno democrático nos pidió combatir la agresión comunista. Es un país insólito. Se juzga a soldados patriotas que dieron la vida. Fuimos los ganadores –dijo en agosto de 2015, en el juicio de La Rioja—. Allí dijo que jamás persiguió a nadie por sus “ideas políticas nacionales” y que la agresión marxista empezó con el campamento de los Uturuncos en 1959 como “reflejo de la Revolución Cubana”. Y agregó: “Ni Francia con Indochina, ni Estados Unidos por Hiroshima repudiaron lo que hizo su Ejército”.

Como ningún otro jefe antes de la dictadura, Menéndez se anticipó en estilo, forma y contenido: visitas periódicas a las tropas, creación de los primeros centros clandestinos –La escuelita de Famaillá, en Tucumán, y Campo de la Ribera, en Córdoba-, una mesa de inteligencia con todas las fuerzas, y redacción de documentos fundacionales del golpe militar. Eufórico y con mano de acero, “Cachorro” olía a sangre.

—A los subversivos los liquidamos con la mente fría y el corazón ardiente. El ejército argentino nunca perdió una guerra. ¡Subordinación y valor! –envalentonó a su tropa cuando asumió como Comandante en Jefe.

A los que no lo saludaban, les daba 60 días de arresto.

***

Apenas asumió como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, convocó a los periodistas para la quema pública de libros y a la sociedad les exigió un sacrificio: “Las muertes de la guerra son para alcanzar una democracia, porque el argentino no puede vivir en otro sistema que el democrático”. Cuando iba a rezar ponía flores en las iglesias. En una de ellas, una vez se encontró con el obispo de La Rioja Enrique Angelelli y le dijo “usted se tiene que cuidar mucho”. Meses después lo mandó a matar.

Nadie dudaba que Menéndez tuviera un compromiso personal con la represión. Solía ir a en la estancia La Ochoa, conocida como “Casa de Piedra” y a poca distancia de La Perla. Allí, mientras descansaba, dejó que torturaran detenidos, como a Salomón Gerchunoff, dirigente del Partido Comunista.

Pero el preferido de Videla en el campo de batalla –“No puedo hacer nada, está en territorio de Menéndez”, respondía ante un pedido de intervención- no lo fue en el campo de la política. “Cachorro” creó la “Organización Nacionalista” o “Partido Militar”, que acusaba al jefe de la Junta por “blando”. Como Emilio Massera, aspiraba a ser la cabeza de la dictadura y se creía el paladín de los duros pero nadie lo siguió. “Es un bruto, le falta cintura para negociar”, había dicho su enemigo Roberto Viola.

La conspiración política le costaría el destierro. Cuatro años antes del fin del Proceso, por sublevarse contra Videla, le sacaron el traje de general.

***

Siete meses después de la guerra de Malvinas la periodista Cristina Wargon lo entrevistó para el diario Tiempo de Córdoba. Fue la única que se atrevió a enfrentarlo. “Me impresionaron sus ojos: como los de un yacaré. Eran claros, y con esa membrana que parece una persiana que se cierra”, dice. Por teléfono, el general le pidió que le mande un formulario por correo y Wargon respondió:

—General, no me diga que le tiene miedo a una mujer.

Diez minutos después le abrió la puerta de su casa. Le pareció un departamento aséptico. En esa histórica entrevista, a solas, dijo cosas como “yo estaba en los cuarteles, no sabía del modelo económico”, “a las Madres de Plaza de Mayo las respeto pero hasta en el uso del pañuelo copiaban a los rusos” y respondió que los desaparecidos “estaban en el exterior pagados por organismos internacionales”. A Wargon le temblaba el grabador en la mano. “No te alcanza con ser rubia y de ojos claros para hacer esas preguntas comunistas”, la increpó.

Cuando se publicó la entrevista, en enero de 1983, Menéndez no la volvió a llamar. “Puse todo lo que me dijo y mi marido me decía que si me mataban al menos los estudiantes de periodismo iban a tener un póster en sus piezas”, ríe, ahora, más de treinta años después desde su departamento de Buenos Aires.

En aquel momento, sin embargo, salía a la calle mirando hacia los costados.

***

Una tarde cualquiera, a fines de octubre, Juan Martín Menéndez está contento. Talleres de Córdoba, del que también es hincha su padre, ascendió a la segunda división del fútbol argentino.

—Me gustaría salir a festejar con él, pero no lo dejan. Lo siguen tratando como a un criminal —dice, por teléfono. Los hijos nunca quisieron dar entrevistas personales.

Se ríe nervioso. Los amigos lo cargaban por el apellido. Pero cierta vez su padre los invitó, no paró de hacer bromas y lo vieron como alguien “normal y divertido”.

La peor bronca, dice, la sintió con los cuatro escraches de H.I.J.O.S. “No quiero que vuelvan a aparecer”, dice, desde el encierro de su pieza, donde pasa la mayor parte del día. Pero Juan Martín se tranquiliza y vuelve a hablar de Talleres –“volvimos a ser grandes”-. Después, que su papá es sencillo: un hombre “de bien”. Ve más noticieros que películas y en las comidas le da igual si el menú es arroz con queso o salmón rosado.

—No es muy gourmet, es bastante espartano.
—¿Espartano?
—Sí (ríe).
—¿Cómo se reparten los gastos de la casa?
—A papá lo borraron (N de R: En 2001, el Ministerio de Defensa le dio de baja como “general retirado” junto a Antonio Bussi) pero él sigue cobrando la jubilación.
—¿Ustedes sufrieron por ser los hijos de Menéndez?
—Mi viejo sufrió tres infartos. ¿No te parece mucho?

En 2006, Juan Martín fue detenido por la policía en la madrugada de un domingo. “Soy el hijo de Menéndez”, fue lo primero que dijo cuando le pidieron el documento. Olía a alcohol: horas antes había frenado en la puerta de una casa. Allí vio a un nene de ocho años. Salió del auto, se bajó los pantalones y le exhibió los genitales. Juan pagó fianza y recuperó la libertad.

Emilio Salguero, referente de H.I.J.O.S. filial Córdoba, dice que no tiene nada en contra de los hijos de Menéndez, pero piensa que “el dictador” debería estar en una cárcel común. “Los organismos de derechos humanos construimos una condena social. Por algo le dicen el Chacal o la Hiena. ¿Quién puede defender ahora al represor más condenado de la Argentina?”.

Desde que está con prisión domiciliaria, Menéndez apareció caminando por las calles y yendo a turnos médicos sin que los ciudadanos se sorprendieran. El 9 de diciembre de 2015 circuló por Facebook una foto en la sala de espera del Instituto de Cardiología de Córdoba. Estaba solo, de traje y corbata, y sin custodia policial. Nadie reparó en su rostro cadavérico salvo Paola Gramaglia, que acompañó a su padre –militante en los ´70- a un chequeo médico. “No pude hacer más que sacar una foto, y hasta con miedo, pero no podía dejar que esto pase sin más “, escribió en su Facebook.

“Queremos una Navidad en paz”, desea Juan Martín Menéndez desde el otro lado del teléfono. Insiste que ama a sus hermanos, con los que se escribe por grupo de WhatsApp todos los días. En el chalet de Bajo Palermo piensan en hacer asado para las fiestas de fin de año. La familia imagina al abuelo Luciano Benjamín en uno de los sillones de cuero del living, levantando una copa con sus 30 nietos. Allí, en el calor del hogar, es el único lugar donde lo ven sonreír.

Con su máxima suprema: Dios, Patria y Familia.

El fin de la mentira ixil

La tarde de su condena por genocida, a Efraín Ríos Montt le recibieron en la sala de audiencias con aplausos y gritos de viva Guatemala. No eran aún las 4 y una treintena de familiares y seguidores se soltó a vitorearle en su camino al banquillo. Nunca, en ninguno de los días del juicio, había tenido el anciano exdictador tanto respaldo en la sala, a 30 personas arropándolo. Los aplausos solo tardaron unos segundos en quedar sepultados bajo un breve pero eficaz manto de abucheos. La mayor parte de las 500 personas que abarrotaban el salón, las que ocupaban asientos, gradas y pasillos, las decenas reunidas en la plaza que se abre frente al edificio de la Corte Suprema de Guatemala con ganas frustradas de entrar, estaban allí para condenar a Ríos Montt.

Miente quien diga que la tarde del viernes 10 de mayo no esperaba una condena. Los mismos defensores del general retirado la habían anunciado el día antes, en su caso como una supuesta prueba de prejuicio del tribunal, de injusticia. Durante semanas habían denunciado que el proceso era “un linchamiento jurídico” y que la sentencia contra Ríos Montt, gobernante de facto en Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y contra su exjefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados ambos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya estaba escrita. Y habían anticipado la intención de apelarla.

Los partidarios del castigo lo consideraban, en cambio, una consecuencia lógica de la avalancha de testimonios, pruebas y peritajes presentados por los acusadores para probar que la muerte de más de 1,770 indígenas ixiles, el desplazamiento de decenas de miles, y su persecución y tortura con la excusa de su supuesta vinculación con la guerrilla, constituían un plan de exterminio. En más de un mes de juicio, la defensa se había mostrado torpe en la sala de audiencias, aunque agresiva en los pasillos de las cortes de apelaciones; había estado más interesada en frenar el juicio o anularlo que en probar la inocencia de sus defendidos. Durante las últimas tres semanas había logrado constantes suspensiones del juicio, que en algún momento pareció estar herido de muerte. Pero no. En tres días la jueza Yassmín Barrios había esquivado trabas legales, precipitado el fin del debate público y dejado el caso visto para sentencia.

Barrios ya tenía como credencial de carácter el haber condenado en 2001 a los asesinos del obispo Juan Gerardi, y había demostrado desde el inicio del juicio el 19 de marzo un evidente interés en escuchar testimonios y dictar sentencia lo antes posible. Enzarzada en una batalla personal contra los intereses políticos opuestos por años a la tesis histórica del genocidio, que ahora trataban junto a la defensa de detener el juicio, en las últimas jornadas la jueza había interpretado de forma claramente restrictiva cada posición de la Corte de Constitucionalidad o cada derecho de los acusados y sus abogados que pudiera implicar una nueva suspensión. Ninguna de las posibles razones -apegadas a la ética y al derecho o no- a las que se pudiera atribuir al deseo de Barrios por dictar sentencia favorecían al exdictador.

Por eso la mayoría de los presentes en esa sala el viernes 10 a las 4 de la tarde se sabían parte de un pedazo de historia. Y ansiaban ver el gesto del general en el momento preciso en que por fin escuchara la sentencia. Pero una cerrada barrera de fotógrafos volcados al acecho de ese mismo morbo ocultó desde el primer minuto a Ríos Montt y a sus abogados, y el público, privado de la tentación del escarnio, sin esa distracción, quedó a solas con las palabras de la jueza, obligado a masticarlas en absoluto silencio como si las escuchara por radio.

La nueva verdad histórica

Barrios comenzó la lectura de la sentencia con ritmo vivo, tras anunciar que se trataba de una versión condensada de la misma y que la sentencia completa se haría llegar a las partes el viernes 17 de mayo. Desde los primeros compases fue obvio que daba por válidas las pruebas y argumentos de la acusación: “… a los ixiles se les estigmatizó para exterminarlos…”; “… el ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada…”; “… se persiguió la creación de un nuevo modelo de indígena…”; “… matarlos de hambre…” La sala permanecía muda. Sentada en la cuarta fila, entre decenas de mujeres ixiles y de otras etnias mayas, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se frotaba nerviosa las manos, con cierto disimulo, y no dejaba de hacer temblar la pierna derecha. Los labios fruncidos. La mirada al suelo, arriba, de nuevo al suelo…

A las 4:13 de la tarde, tras la detallada enumeración de hechos, Yassmín Barrios afirmó por primera vez en la historia que en Guatemala se había cometido el delito de genocidio. Lo repetiría a las 4:37. Y varias veces más hasta el final de su sentencia. Silencio aún. Solo miradas cruzadas entre quienes, ante el nacimiento de una nueva historia oficial en Guatemala, necesitaban confirmar que habían escuchado bien. Soplidos, miradas, pero ni una palabra. Solo las de Barrios.

Como brotes en ese huerto de tensión, comenzaron a rodar las lágrimas de algunas de las víctimas. Primero una mujer de rostro triste e inmutable, sentada en la cuarta fila justo al lado de Rigoberta Menchú, que le pasó el brazo sobre los hombros; después, un hombre en la fila tercera, sombrero, bastón de autoridad indígena, inclinado hasta casi guardar la cabeza en su saco rojo de líder ixil para intentar secarse con las solapas los ojos, por debajo de las gafas; y otra mujer en la fila siete, y una anciana sentada a tres asientos de la primera. En diferentes puntos de la sala, en desorden, pañuelos, mangas y manos se pusieron a enjugar en movimientos lentos. Ni un sollozo, ni siquiera un gesto de dolor… solo lágrimas calladas. A medida que escuchaban a la jueza describir lo sucedido “… violación para destruir la semilla ixil…”, “… prueba objetiva de la intención de destruir al grupo ixil…”, “… por querer cambiar sus condiciones de vida se les llegó a considerar enemigos…”, y nombrarlo como verdad probada, las víctimas indígenas revivían el dolor de su historia de muerte, tortura, rapto, huida y hambre, y lloraban la alegría de que a partir de ahora nunca nadie en Guatemala pudiera volver a llamarles mentirosos por contarla. “… Siendo el racismo la base para el genocidio…”

En cuidado orden lógico, Barrios fue encajando como piezas los peritajes de la defensa hasta llegar a la afirmación de que Efraín Ríos Montt estaba informado de la estrategia de exterminio que su ejército ejecutaba en las aldeas del área ixil, y recurrió incluso a lo declarado en juicio por un perito de la misma defensa, el general José Luis Quilo Ayuso, para sustentar que el exdictador estaba, desde su despacho en la capital, al mando de esas operaciones. Sentenció que los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía concordaban entre sí, que la mayoría de masacres cometidas por el ejército tenían el mismo patrón de conducta, que lo sucedido “no fue espontáneo sino planificado”.

La versión de la defensa del exdictador, y de buena parte de la élite empresarial del país, y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y del presidente de la república, el también militar Otto Pérez Molina, y del mismo Ríos Montt, empeñados todos ellos en decir una y otra vez que en Guatemala no hubo genocidio, que durante la guerra se habían cometido solo “excesos” aislados imposibles de evitar por las autoridades, se convertía en apócrifa.

Cumplida media hora de lectura ininterrumpida, el silencio entre el público seguía siendo absoluto. Sentada entre varios periodistas, la defensora de derechos humanos Helen Mack mantenía los labios apretados y el gesto concentrado. A su hermana Myrna la asesinaron en 1990 por documentar y denunciar la tragedia de los ixiles. El juicio a Ríos Montt y su gobierno era el juicio a la brutalidad de décadas de gobiernos militares. Mientras, Barrios avanzaba imparable -“… desde su posición podía haber impedido…”, “… la responsabilidad alcanzó al jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt…”, “tuvo conocimiento de todo y no lo detuvo a pesar de tener capacidad para hacerlo…” Apuntalada ya, su siguiente afirmación cayó por su peso: “Consideramos que la conducta del acusado Efraín Ríos Montt se encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, de forma que debe imponerse la condena correspondiente”. Culpable.

Culpable por saber. Culpable por ser, como jefe de Estado, el responsable. Aun dando por posible que Ríos Montt no ordenara expresamente el genocidio, culpable por ampararlo y por no hacer nada para impedirlo.

Eran las 4:44 de la tarde. De forma inexplicable la sala se aferró todavía al silencio. Con gesto compungido Rigoberta Menchú comenzó a buscar miradas en las que apoyarse. Como si se sintiera sola y necesitara ayuda para sobrellevar las emociones que se le agolpaban en el cuerpo 14 años después de haber iniciado ella, ante la Audiencia Nacional de España, el primer proceso por genocidio contra el exdictador en nombre de las mismas víctimas que ahora estaban venciendo en este juicio guatemalteco. Barrios anunció que absolvía a Mauricio Rodríguez por falta de pruebas: “… la duda favorece al reo…” Y hubo entre el público un rumor de descarga. La jueza repitió afirmaciones para referirse al segundo delito imputado, el de crímenes contra la humanidad, o “crímenes contra los deberes de humanidad”, según el Código Penal de Guatemala, y declaró a Ríos Montt de nuevo culpable, y a Rodríguez otra vez inocente.

Los alegatos del abogado de Rodríguez, un día antes, habían sido sólidos, rocosos, centrados en el supuesto carácter consultivo de la figura de Director de Inteligencia dentro de la cadena de mando del ejército y en la falta de pruebas en su contra. El mismo general retirado comentaba una hora antes de la lectura de la sentencia: “No han demostrado que yo haya participado en la elaboración de esos planes ni que yo tuviera mando operativo de las acciones. Pero es que tampoco soy yo el que les importa: la joya de la corona en este juicio es Efraín Ríos Montt”.

Como si la condena no lo significara todo, como si el castigo fuera la verdadera medida de la justicia, fue el anuncio de la pena de cárcel la que desató la respiración de la sala e hizo estallar gritos de “¡Bravo, bravo!” Las víctimas se permitieron, por fin, sonreír, celebrar: “El artículo 376 del Código Penal establece delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables”. Y 30 más por crímenes contra la humanidad. 80 años de cárcel para un hombre que casi tiene 87. Una cifra para sentar precedente.

Y un gesto para no dejar dudas de la decisión de castigar: la anulación de las medidas sustitutivas que, desde que comenzó el juicio en su contra hace más de un año, habían permitido al exdictador permanecer en su casa, bajo arresto domiciliario, en lugar de en una celda. Solo las cámaras de fotos, las de televisión, las de los documentalistas que pretenden firmar la historia de este juicio en sus imágenes, vieron el gesto de Efraín Ríos Montt cuando se oyó culpable. Y solo ellas captaron su reacción cuando escuchó que se ordenaba su detención y su ingreso inmediato a prisión, una medida que muy pocos de sus adversarios esperaban, dada la edad del exgobernante.

Leída la sentencia, Barrios prohibió al condenado salir de la sala hasta que llegaran agentes de la Policía para llevárselo. Rodríguez, que asistió a todo el juicio en silla de ruedas, fue empujado hacia la salida entre abrazos de sus familiares. No quedará libre hasta que la sentencia sea firme pero no podía deshacer la sonrisa. La mayoría de quienes acompañaban a Ríos Montt también salieron, por órdenes del tribunal, para evitar enfrentamientos con otros asistentes. Un joven del público gritó a la jueza “¡egoísta!”, “¡con el mal no se combate el mal!” antes de retirarse. El resto, el salón aún repleto, no quiso marcharse. No hasta ver al exdictador, al genocida, encaminarse a la cárcel, tal vez esposado.

Una sala en catarsis

Siguieron momentos de desorden, casi de riesgo. El enjambre de camarógrafos que habían permanecido todo el juicio volcados sobre la mesa de Ríos Montt y sus abogados se convirtió de repente en una animalesca marabunta hambrienta de una frase del condenado y una fotografía más cercana aún, como si la intimidad de la imagen se alimentara de centímetros. Los empujones derribaron la mesa, acorralaron a Ríos Montt, hicieron temer por su seguridad. “Señora jueza, me están maltratando”, se oyó gritar al anciano, aprisionado entre sus guardaespaldas y la turba de periodistas. Por momentos pareció que el exdictador saldría herido.

Hubo un conato de pelea entre un periodista y uno de los nietos del general retirado que intentó intervenir para garantizar espacio a su abuelo. Los gritos de la jueza, entre la exigencia de orden, la insistencia en que el acusado no podía salir de la sala y los ruegos tardíos a los periodistas, no consiguieron nada. Tuvo que ser el público el que, al clamor de “quítense, quítense”, obrara la cordura.

Después vendrían la paz y cierto ambiente de milagro. La larga espera, de casi una hora, hasta que el general retirado fue formalmente detenido y escoltado -sin esposas, nunca se le esposó- hacia una patrulla policial, convirtió el salón de audiencias en una vigilia que fue asentando emociones y destilando los gestos. Mack, sin levantarse de la silla, hundida la mirada en el suelo, lloró en silencio, agotada y feliz. El día que la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores trató de anular este juicio había dicho: “No hay un mínimo respeto a seres humanos que han esperado 30 años para obtener justicia. No puedes tener paz cuando el Estado ignora a sus propios habitantes.” Lloraba porque se acababa de asentar una esquina de esa paz.

Rigoberta Menchú, entre abrazos y abrazos, daba declaraciones a la prensa. De fondo, el murmullo de las conversaciones se fue volviendo un canto, suave al principio, más fuerte luego: “… aquí no lloró nadie / aquí sólo queremos ser humanos…” Era un poema de Otto René Castillo al que el cantautor Fernando Pérez puso música hace algunos años.

“A partir de ahora el ladino no tiene que ser siempre el que nos juzga, el que nos dice que no hablamos bien, que dice que solo inventamos, el que nos acusa una y otra vez”, decía Menchú. Detrás de su voz, el canto parecía acallarse por momentos, avergonzado de ofender la presunta solemnidad de la sala. Pero cada vez que los versos parecían diluirse, la alegría de parte del público vencía y se repetía con más fuerza la estrofa: “… aquí sólo queremos ser humanos / comer, reír, enamorarse, vivir / vivir la vida y no morirla…” Rigoberta Menchú también seguía: “Hoy se sienta un precendente contra el odio que nos han tenido todos estos años. Aquí se están rompiendo esquemas muy grandes; espero que los guatemaltecos tengamos la altura para soportarlo.”

El canto se prolongó por minutos, mientras Ríos Montt, siempre invisible, ahora tras un cordón de agentes de seguridad, permanecía arrinconado a un extremo de la sala, asediado aún por las cámaras. La fiesta en la sala se celebraba sin él. Maryelena Bustamante, hermana de desaparecido y activista pro derechos humanos, vertida en lágrimas, se acercó a dar la mano, uno por uno, a los 12 abogados que conformaban la acusación. Bustamante había sido una presencia constante durante las audiencias del juicio. Llevó flores rojas a las mujeres ixiles que testificaron sobre las violaciones que habían sufrido en los 80, gritó “¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” a Ríos Montt en su cara cuando salía de una audiencia, volvió a regalar flores el día que Yassmín Barrios se nego a acatar, por considerarla ilegal, una orden de anular el juicio.

“Hemos esperado 31 años. Este no es directamente el caso de Emir, pero no solo es él, no son solo los ixiles, en todo el territorio hubo miles de desaparecidos”, decía Bustamante, ladina, entre lágrimas, a quien le escuchaba. “Esta sentencia es un canto a la vida. Sé que no me van a regresar a mi hermano, y no se puede resarcir todo el dolor de este pueblo, pero por algo se empieza a escribir el nunca más en esta tierra.” Y luego, como si se lo dijera a sí misma, como si se tratara de pellizcar para salir del sueño, repetía, en referencia al tribunal: “Se atrevieron. Se atrevieron”.

Justo antes de que la Policía se llevara al exdictador, los partidarios de la causa ixil comenzaron a corear a la que ya consideran “su” jueza: “Justicia, justicia”, “Yassmín, Yassmín”, gritaban en medio de la alegría por la condena. Barrios, en un gesto que da más combustible a quienes la acusan de ser parcial, de estar volcada hacia el lado de la acusación, se levantó sonriente y cruzó los brazos simulando un abrazo. Después saludó con la mano en alto a quienes la coreaban. Una complicidad incómoda en un proceso como este.

Por la noche ya circulaba por la ciudad un lema que se ha convertido rápidamente en viral en ciertos círculos: “La justicia es colocha”, una referencia al cabello rizado de las dos nuevas heroínas de los defensores de los derechos humanos, la fiscal general Claudia Paz y Paz y la jueza Yassmín Barrrios.

El juicio no termina

La sentencia, aplaudida por los organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, no cierra sin embargo el debate que durante el último año se ha ido asentando en la sociedad guatemalteca acerca de la conveniencia de juzgar el pasado y de encarar su propia historia negra. En un país en el que las estructuras militares, políticas y económicas que administraron la guerra contrainsurgente en los años 80 conservan todavía una fuerte cuota de poder, la batalla de apelaciones que ya han prometido los abogados de Efraín Ríos Montt será, como lo ha sido en estas semanas en que el juicio pendía de un hilo, una prueba constante para la institucionalidad y los ríos de influencias que desembocan en la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a botar esta sentencia. El juicio nació muerto. El juicio nació viciado. Con la zurda boto este fallo, se lo garantizo”, amenazaba el defensor del exdictador, Francisco García Gudiel, la mañana del día 10, antes de conocer oficialmente la sentencia. Ya después del veredicto, su colega Francisco Palomo le complementaba: “Lo tendremos que resolver (el caso) a través de los recursos. Si los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que son gente mucho más seria, no cede ante las presiones de la comunidad internacional, los recursos deberían prosperar”.

De momento, la absolución de Rodríguez puede tener un efecto de vacuna para la sentencia, puesto que divide los intereses de una defensa que hasta hoy actuó unida. Al ex jefe de inteligencia de Ríos Montt le interesa ahora que la sentencia sea firme cuanto antes, para quedar libre. Los amparos pendientes, que buscaban anular el juicio, se convierten en un peligroso obstáculo para ello. Queda ver si Efraín Ríos Montt insiste en anular el juicio a costa de arrastrar de nuevo a un largo proceso a su antiguo subordinado.

La reacción del presidente Otto Pérez Molina al fallo del tribunal puede servir, en cualquier caso, de medida para el nivel de crispación política que el juicio ha provocado en Guatemala. Otto Pérez dijo a El Faro el pasado 24 de abril que no se sentía “políticamente implicado” en el juicio contra Ríos Montt. En una entrevista a CNN en español concedida el mismo día de la condena, su primera respuesta al periodista Fernando Rincón fue sin embargo para recordar que la sentencia del tribunal que preside la jueza Barrios no es todavía firme y que, por tanto, todavía se pueden permitir, él y quienes piensan como él, afirmar que en los 80 no hubo genocidio.

Él, general retirado, que en 1982 estuvo destinado como comandante en el área ixil de Nebaj bajo el alias de “Tito Arias”, está especialmente interesado en que así se corrija el fallo de la jueza Barrios. Durante el juicio, uno de los testigos de la acusación contra Rios Montt le nombró directamente como responsable de torturas y de ataques a aldeas ixiles, y si su nombre no resonó más veces en la sala es porque el Ministerio Público, temeroso de agitar más el avispero político que amenazaba con detener el juicio, retiró a los testigos que pudieran incriminarle.

El tribunal dejó además en su sentencia un mensaje ambivalente para quienes, como el presidente, se sienten amenazados por esta justicia incómoda que se niega a olvidar el pasado. Por un lado, la absolución de Mauricio Rodríguez podría interpretarse como una clarificación de la prioridad que, en términos de justicia restaurativa, se marca el sistema judicial guatemalteco, enfocado en el castigo ejemplarizante de los máximos responsables políticos de lo sucedido, por encima de la persecución de los autores materiales. Sin embargo, Barrios anunció explícitamene lo contrario durante su veredicto: “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos que se señalan.” Al escuchar esta frase, el público presente en la sala, especialmente los ixiles que seguían la sesión por el sistema de tradicción simultánea instalado por la asociación querellante AJR, estallaron en aplausos.

Pesonas cercanas a la otra de las organizaciones querellantes, CALDH, consideran lejana la posibilidad de abrir una serie de nuevos casos contra responsables directos de las masacres de los 80 en territorio ixil, por el enorme esfuerzo humano y económico que supone un juicio de estas dimensiones, pero es, al fin y al cabo, lo que desean muchas de las víctimas.

Tomás Raimundo, de la aldea Salquil Grande, lo decía claro a la salida de la audiencia del viernes, quizá contagiado de la euforia de la victoria judicial: “Tanta mentira en lo que hablan, tanta discriminación… Ya se confirmó que es la verdad lo que contamos. Creímos que no lo lograríamos. El día de ayer teníamos baja la moral, porque los abogados de los militares dijeron que éramos ignorantes, y eso nos bajó la moral, pero ganamos. Ahora lo que queremos es que ojalá siga y salgan en juicios todos los oficiales que fueron, porque no fueron nada más estos dos”.

A su lado, Gaspar Velasco, por años miembro de la directiva de AJR, pero que hace tres años delegó el puesto en un vecino de su comunidad, asentía: “Hay más. Solo los están tapando”. ¿Tienen fuerzas para seguir?, le pregunté. “Claro. Solo si nos morimos vamos a parar. O tal vez no pueda caminar pronto, pero siempre puedo ser testigo sentado”.

El odio mató a Arancibia Clavel

—¡Hay un muerto, hay un muerto!

El que gritaba era un muchacho que el conserje del edificio describió como una nena presa de un ataque de nervios. Un marica de unos veinte años, precisó. Decía ser el ahijado del hombre que vivía en el 1° D. Decía que minutos antes, caía la noche en Buenos Aires, había encontrado a su padrino tendido boca abajo sobre un charco de sangre.

—Venga, por favor, venga, hay un muerto –suplicó.

El alerta del conserje movilizó al mismísimo jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, que no dudó de marcar el número de la viceministro de Seguridad Cristina Caamaño. La funcionaria se dirigió a la escena del crimen tras ser informada, quien sabe por qué curiosa razón, que el fallecido era Galvarino Apablaza, ex subversivo chileno acogido a asilo político y reclamado en su país por la muerte de un senador.

Ya en el lugar de los hechos quedó claro que se trataba de un chileno muy distinto al que se creía. Un chileno tanto o más célebre, que merecía el sensacional despliegue que estaba en marcha.

Enrique Arancibia Clavel, sesenta y seis años, ex agente de la dictadura de Pinochet condenado por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, había sido brutalmente apuñalado en su departamento de Lavalle 1438, en pleno centro de la ciudad. La noche de 28 de abril de 2011, cientos de víctimas de las dictaduras de Chile y Argentina se cobraban Justicia de una manera insospechada.

Lo que vio el muchacho que encontró el cadáver y más tarde la viceministro y la policía y los médicos era para poner los nervios de punta a cualquiera: un cuerpo tendido boca abajo sobre el piso de una salita de estar que hacía las veces de oficina; el reguero de sangre que avanzaba hacia el pasillo, la toalla ensangrentada cubriendo un cuerpo perforado. En esa escena, un tipo de crimen que se repite como la cara más violenta de la homofobia, víctima del odio, murió el espía más siniestro de Pinochet.

El informe de autopsia, elaborado esa misma noche, estableció que el ex agente había recibido treinta y cuatro lesiones de distinta profundidad realizadas por arma blanca. Los cortes más comprometedores se encontraban a la altura del cuello.

La salita no presentaba muestras de una escena violenta, siquiera un forcejeo. En el lugar había una gran pantalla LCD, un juego de sillones, un mini bar y esa fabulosa colección de películas clasificadas del uno al seis mil, que llamó la atención de la policía. La mayoría eran de corte familiar: dramas, bélicas, comedias románticas, y algunas pocas porno. De no ser por algunas salpicaduras de sangre, el video club personal de Arancibia exhibía una pulcritud admirable.

Temblando, entre sollozos, el muchacho que se identificó como David Elías Borelli dijo que su padrino vivía solo. Y que esa tarde, como no contestaba los llamados, decidió ir a verlo a su departamento. Que lo había encontrado. A la medianoche, en la División Homicidios, reconoció que Arancibia no era su padrino sino su novio, que lo había conocido en un foro por Internet. En un par de meses cumplirían dos años de relación.

Borelli decía desconocer el pasado de Arancibia Clavel. Para el muchacho, entonces de diecinueve años, estudiante nocturno de secundaria, el chileno era una persona “muy culta”, aficionado al cine y la literatura, que vivía con cierta comodidad gracias a una flota de taxis que administraba por intermedio de un testaferro al que conoció en prisión.

Unos meses después, Rodolfo Gutiérrez, jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, dirá que desde un primer momento, por razones obvias, David Elías Borelli encabezaba la lista de sospechosos. También dirá que ese muchacho flacuchento, que tenía un modo de nena, tan sumiso, tan frágil, no encajaba con el perfil de un asesino.

***

Con la melena a la altura de los hombros, estilo Roberto Carlos, Hugo “Adrián” Zambelli fue al aeropuerto de Ezeiza para recoger a su novio chileno que volvía de un viaje de negocios. Era noviembre de 1978. Chile y Argentina estaban próximos a irse a la guerra por tres islas del canal de Beagle. El efusivo beso con que recibió a Enrique Arancibia Clavel quedó a la vista de los agentes encubiertos argentinos que seguían los pasos de la pareja.

Luego de que subieran a un auto, la policía los detuvo. El chileno estaba acusado de espiar al gobierno argentino por encargo del gobierno de su país. Un buen embrollo quedaba al descubierto. El doble agente tenía una doble vida.

Arancibia lo había conocido a principios de 1974, cuando Zambelli, bailarín y peluquero argentino, formó parte de la primera compañía de revistas montada por Susana Giménez. La Revista de Oro, éxito de taquilla del Teatro Astros. A su modo, en el contexto de la época, Zambelli era una celebridad. Había grabado un disco intrascendente que tituló Ay, amor, dime que sí, y su nombre figuraba en espectáculos de revistas de Moria Casán, Valeria Lynch y la Giménez.

Compartían un departamento en Virrey Loreto, en barrio Belgrano, y secretos de alcoba que también eran secretos de Estado. En 1978 Arancibia informaba a su país del amorío que mantenían el almirante Massera con la vedette Graciela Alfano, compañera de trabajo de Zambelli. “Últimamente se ha sabido de costosos regalos que le fueron hechos” a la vedette por el marino, se lee en el cable secreto que reveló los alcances de una relación afectiva.

La del agente y el bailarín era una relación estable y seria, de compromiso. El coreógrafo Salvador Estévez, que dirigió la Revista de Oro, testificó ante la justicia que el vínculo entre ambos “era íntimo por su estrechez y por la importancia que tenía para ambos”. Un vínculo secreto. Tan secreto como las actividades de espionaje que el chileno desarrollaba tras una fachada de ejecutivo bancario.

Arancibia era hijo, nieto y hermano de militares chilenos. Militares machos, conservadores y de derecha, cuyas vidas parecen predestinadas aún antes de nacer por una matriz de rectitud que no admite fisuras. Arancibia, a su modo, formaba parte de una matriz de fisuras.

Tras un corto paso por la Escuela Naval, y mientras estudiaba Ingeniería en la Universidad trasandina, se vinculó a grupos subversivos de derecha que pretendieron impedir el ascenso al poder de la izquierda en Chile. Su nombre aparece mencionado en el proceso judicial que se siguió por la muerte del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider. Cuando fue identificado por la justicia ya estaba refugiado en Buenos Aires. Era 1971, primer año de experimento de gobierno socialista a la chilena.

En Argentina se vinculó a nacionalistas decididos a enfrentar con todos los medios de lucha el avance de la izquierda en el continente. Y esos medios se facilitaron enormemente una vez que los militares se tomaron el poder en Chile y más tarde en Argentina.

Según quedó acreditado en la sentencia judicial que lo condenó a cadena perpetua por el crimen del general Prats, desde marzo de 1974 Clavel operó oficialmente como agente del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), “cargo de extrema confianza” que ejerció bajo la cobertura de gerente bancario. Para esos efectos operaba con el nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz.

“El ingreso de Arancibia a tan selecto grupo pudo hacerse realidad en virtud de la estrecha ligazón familiar que existía entre su padre y hermanos -todos ellos militares de profesión- y los círculos castrenses”, se lee en la sentencia. También se lee que la asociación ilícita de la que participó activamente tenía “el fin de perseguir, reprimir y exterminar sistemáticamente a los opositores políticos del nuevo régimen dictatorial establecido en la República de Chile”.

El papel que le cupo en la persecución de opositores comenzó a revelarse en toda su magnitud a partir de 1978, cuando fue detenido en compañía del bailarín de Susana Giménez.

Al allanar la casa que ambos compartían en Belgrano la policía encontró un completo archivo con informes secretos que el agente enviaba regularmente a Chile. Un archivo del horror que documenta los alcances de la colaboración entre los servicios de inteligencia del cono sur para eliminar opositores. En esos informes está la punta de la madeja de casos de personas a las que se les perdió el rastro para siempre o que aparecieron muertas.

Ayudado por la Secretaría de Inteligencia de Estado argentino, el agente chileno tenía montada una máquina de espionaje que se ocupaba de los más mínimos actos de disidencia.

En un cable fechado en diciembre de 1974, comunicaba a Santiago de las actividades del grupo musical chileno Los Jaivas, cuyas canciones “en un 90% son dedicadas a insultar al actual gobierno nuestro”. Luego de clasificar el repertorio del conjunto como “música de protesta”, el agente recomendaba que “sería interesante tomar medidas a nivel oficial con esta gente”.

Si bien los cables quedaron adjuntos al proceso judicial por la acusación de espionaje, estos no cobraron publicidad sino hasta 1986, cuando la periodista chilena Mónica González los encontró en un armario judicial. Catorce años después, esos cables sirvieron como medios de prueba para condenar a Arancibia Clavel por su papel en la planificación del atentado explosivo que en septiembre de 1974 despedazó al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Una segunda condena se le vino en 2002. Las chilenas Laura Elgueta y Sonia Díaz reconocieron a Arancibia como uno de los hombres que las torturaron en el campo de detención Club Atlético. Lo delató su rostro, su voz y esa inconfundible estela a colonia Flaño, muy de moda entre los machos chilenos de la época, que el agente dejaba a su paso. En su declaración judicial, Elgueta recordó que fue sometida a la picana eléctrica y que el agente chileno jugaba al policía malo mientras otro de origen argentino hacía de bueno.

En estas cosas ocupaba sus días el hombre que se hacía llamar Luis Felipe Alemparte Díaz, falso ejecutivo bancario que en las noches se confundía con la rutilante decadencia de la farándula porteña.

***

En el estilo parco y notarial de la Justicia, el fiscal a cargo del caso recogió el informe de la médico legista Ana Patricia Spinetti para dar cuenta de algunos hechos observados en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Arancibia Clavel:

“Se dejó constancia que el cadáver fue hallado tapado parcialmente por un toalla ensangrentada, la cual fue removida por personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) al momento del arribo; que poseía una camisa, un jogging deportivo y no tenía ropa interior, poseyendo colocados un reloj y un anillo.

En cuanto al examen lesionológico se dejó asentado que se observaban múltiples lesiones causadas por arma blanca punzo-cortante en varias regiones corporales, concentradas especialmente en rostro, cuello y parte superior de tórax.

Por otro lado se ha indicado que la puerta de entrada a la vivienda no se encontraba forzada, lo que permitía presumir que la víctima permitió el ingreso del agresor, también se indicó en cuanto al número de atacantes que presuntamente fue uno solo, aunque no puede descartarse la participación de otra persona; escasos signos de violencia en la morada en sí, cuya mayoría de objetos y muebles no revelaban el desorden de una gran lucha, y escasos signos de lesiones de defensa en las manos del occiso.

Asimismo se ha dejado asentado que todas las lesiones fueron causadas por un arma blanca y son vitales, es decir, han sido ocasionadas en vida de la víctima, como así también que las heridas resultan ser de dos clases: incisas o cortantes y punzo cortantes, cuyas características permiten presumir que el arma se trataba de un elemento cortante de buen filo.

En cuanto al ataque se ha sostenido que resultó fulminante y por sorpresa, no dando margen a maniobras de defensa significativas o de escape a la víctima, estimándose en muy breve tiempo de sobrevida de la víctima como consecuencias de las cuantiosas hemorragias en virtud de las numerosas y extensas lesiones en la región del cuello”.

***

Al caer la noche, este edificio del centro de Buenos Aires cobra un aire triste. Las oficinas de abogados, médicos y contadores comienzan a vaciarse y la calle, que ha tenido un nervioso ajetreo, se torna inhóspita y fantasmal: una tierra de nadie.

Tras acogerse a una rebaja de pena que le permitió ahorrar años de cárcel, Arancibia llegó a vivir aquí en 2007. Ocupaba un departamento de dos ambientes y era uno de los pocos residentes del edificio. No es extraño entonces que en esa tarde abril nadie hubiera escuchado gritos, siquiera un alboroto, proveniente del 1° D.

A partir del testimonio de su novio, y de los pocos que lo frecuentaban con regularidad, se puede establecer que su día arrancaba tarde, hacia el mediodía, con un café, un cigarrillo, una batería de suplementos vitamínicos y minerales y una aspirina. Luego de una ducha encendía la computador.

Ya sea por pereza o seguridad, Arancibia no era de salir. Lo hacía por asuntos muy puntuales. Para comprar cigarrillos Winston en el quiosco de la entrada del edificio, para recoger la recaudación del día de los taxis o cenar en algún restaurante del barrio. El resto del tiempo transcurría frente a la pantalla del computador.

Para un ex agente secreto como Arancibia, que vivía bajo libertad vigilada, que no podía salir del país ni confiarse demasiado, internet era todo. Un mundo virtual, solitario, monótono. Mataba el tiempo leyendo la prensa en línea y navegando entre correos, foros y juegos de rol. Glory of Rome lo tenía atrapadísimo: el juego exige la conquista estratégica de territorios para la conquista de una civilización superior.

A alguna hora del día, entre las películas y los comentarios en distintos foros, Arancibia también trabajaba.

Marcelo Roma, el fiscal que llevó la investigación, dirá que Arancibia anotaba cada peso que entraba o salía de los taxis. Lo mismo hacía con su colección de películas, de las que llevaba un registro acabado de títulos ordenados alfabéticamente y numerados del uno al seis mil y tanto. Quizás por su formación militar, quizás por sus estudios de ingeniería, el ex agente era un hombre estructurado como un cubo, de ideas fijas y rutinas inalterables.

Esa manía enfermiza por el orden y las cuentas lo llevó a conservar el archivo de cables secretos que la policía encontró a fines de los setenta. Probablemente esa manía también ayudó a que el negocio de los taxis marchara sobre ruedas. Llegó a tener cuatro. En los días en que fue apuñalado estaba próximo a comprar un quinto.

El fiscal Roma dirá también que la mayoría de los contactos sexuales los conseguía en foros de Internet. A David Elías Borelli lo conoció así. Borelli estaba con Arancibia por algo más que un interés económico. El chileno lo obligaba a pagar las cuotas del teléfono celular que le había comprado. Así era Arancibia.

***

Desde la División Homicidios de la Policía Federal, un lugar frío y silencioso, el subcomisario Rodolfo Gutiérrez dirá que si bien nada podía descartarse en la investigación desde un comienzo se pensó en un crimen pasional. Todos los elementos apuntaban a eso. El perfil de la víctima. El ensañamiento irracional del victimario. Los objetos valiosos que nadie robó.

El círculo íntimo de Arancibia se reducía a tres personas. Cuatro, contando al novio. Estaban Borelli, una empleada doméstica, un joven asistente que se relacionaba con los chóferes de la flota de taxis y un socio y testaferro al que había conocido mientras estuvo detenido en el Edificio Centinela.

Juan Carlos Ortigoza era el gendarme encargado de llevar el almuerzo y la cena a los pocos y renombrados detenidos que se encontraban en el Centinela. Ahí trabó amistad con el chileno, a quien respetaba por su deferencia y su buen trato. También por su cultura, especialmente en “temas literarios”, según le dirá al fiscal.

Entre ambos había una un respeto, una estima mutua, no más que eso, precisará Ortigoza.

Una vez que el chileno salió en libertad, Ortigoza terminó confiándole sus ahorros para la compra de taxis que quedaron a su nombre. Al testaferro de Arancibia la política lo tenía sin cuidado. Recibía un porcentaje de las ganancias y se mostraba agradecido.

De la recaudación se encargaba su joven ayudante, sino él mismo, que bajaba a calle Lavalle a buscar la recaudación del día. Se la entregaban los chóferes. No tenía buen trato con ellos, dirá el fiscal. Desconfiaba, los miraba en menos, especialmente a los paraguayos.

Los chóferes, como el novio, el socio y el asistente personal estuvieron en la mira de la investigación. Los contactos sexuales de ocasión, también.

La policía revisó el historial de los computadores y los teléfonos. A dos semanas del crimen, después de un largo desfile de chicos, surgió una pista. El 28 de abril Arancibia había recibido una llamada hecha desde un locutorio telefónico de la Avenida de Mayo. Tras revisar los videos del local, y poner un policía de custodia, identificaron a un chico con heridas en brazos y piernas. Se llamaba Ángel Gabriel Cabral. En la habitación que compartía con otro muchacho, la policía encontró un cuchillo cocinero con manchas de sangre y el teléfono móvil de Arancibia.

—Cuando lo detuvimos, el chico lloró y confesó –me dirá Gutiérrez-. Pero después se mostró tranquilo y guardó silencio… ¿Cómo era? Un chico, normal, delgado, pelo crespo, morocho, veinte años, bien vestido. Me parece que venía de Misiones. Un lindo chico.

***

Ángel Gabriel Cabral no declaró ni lo hará. Permanece detenido desde entonces, a la espera de un juicio por un hurto, previo al asesinato de Arancibia. El fiscal lo acusa de homicidio agravado y pide cadena perpetua. Lo inculpan los objetos hallados en su poder y las muestras de sangre encontradas en el departamento.

El novio de Cabral sí declaró. Francisco Javier Arzamendia dijo que en los días previos al crimen Cabral estaba de muy mal humor, irritable, agresivo. Algo lo violentaba profundamente. Se habían conocido hace pocas semanas en las cercanías del Obelisco. Arzamendia era botones de un hotel; Cabral decía ser empleado de una empresa de aseo, aunque en realidad se ganaba la vida como taxi boy.

El día del crimen Cabral llegó con cortes en los brazos y las piernas. Le dijo a su novio que habían intentado asaltarlo. Esa noche lo invitó a cenar. El ánimo mejoró con el correr de los días.

Ya detenidos, y aprovechando un traslado, Cabral y Arzamendia volvieron a reunirse. Cabral negó haber matado a Arancibia pero al rato, según Arzamendia, confesó:

“Me explicó que él había matado a ese señor, que había sido en calle Lavalle, en el departamento del sujeto entre las 13 y las 14. Le pregunté por qué lo había hecho. Me dijo que era por una cosa muy fea que él le había hecho y no quería hablar del tema, pero finalmente me lo contó. Me dijo que a este hombre lo conocía desde hacía ya meses, que había sido drogado y abusado por este hombre, y que eso lo hacía el señor cuando lo invitaba a su casa. Me dijo que él se despertó un día y estaba desnudo, sin saber lo que había pasado y que desde ese día lo volvió a ver una vez más y me confesó que fue por ese motivo que lo tuvo que matar”.

***

A partir de los antecedentes disponibles en el proceso judicial, y de algunos otros aportados por testigos y policías, se puede establecer algunos supuestos. Cabral salió de la pensión que compartía con Francisco Javier Arzamendia con la intención de matar a Arancibia a cuchillazos, para eso se llevó un cuchillo cocinero. Cabral no era la única pareja ocasional de Arancibia, pues en su poder se encontraron llaves de otros departamentos. David Elías Borelli desconocía que Arancibia tenía otras parejas y que se enteró de eso en el transcurso de la investigación. Enrique Arancibia Clavel fue atacado por sorpresa, probablemente por la espalda. Pese a las fuertes estocadas, intento algún acto de defensa. Arancibia nunca reconoció culpa o responsabilidad alguna en casos de Derechos Humanos, cuanto más, alguna vez admitió haber colaborado con la servicios policiales de Pinochet, pero de eso no estaba arrepentido, sino más bien lo contrario. Fue juzgado por un porcentaje mínimo de los crímenes en los que estuvo implicado. Es muy probable que, de no ser por Cabral, Arancibia hubiera seguido caminando por Buenos Aires. La justicia tarda y, a veces, impulsada quizá por fuerzas sobrehumanas, acude en momentos y modos insospechados, a veces particularmente crueles.