El traficante de armas

Acorralado judicialmente, escorado por la sorpresa y empapado en sudor después de haber pasado las primeras 24 horas de su otrora vida de lujo en prisión. Emir Yoma terminó de responder con tirria cinco horas de preguntas del fiscal Carlos Stornelli ante el juez Jorge Urso durante el interrogatorio que el mes pasado puso al rojo vivo a la Argentina.

Para presionar con todo al juez, Emir pidió al secretario letrado que escribiera textualmente: “Mi detención perjudica a la curtiembre Yoma de La Rioja. No debe haber familia en la República Argentina, tal vez en el mundo, que haya tenido la repercusión periodística en estos diez años y la persecución en estos aspectos como los Yoma y en particular, mi persona. Ello por el solo hecho de haber sido pariente de un ex presidente”.

Como veía que sus argumentos no conmovían al juez, pidió, casi a los gritos “Quiero un cambio de carátula de la causa, un cambio de carátula. Sarlenga miente. No me pueden mandar preso por esto”.

El juez preguntó al fiscal si accedía a ese pedido, acusándolo sólo de un delito excarcelable, a pesar de que el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga había confesado el día anterior que había desviado en forma ilegal armas a Ecuador y Croacia por orden de Emir. El reloj de la pared marcaba casi las 22 cuando el fiscal no terminó de decir: “No acepto”, interrumpido por las quejas de ese hombrón de casi dos metros, de mirada intimidante y a quien, después de este primer paso por el banquillo de los acusados, en los tribunales lo bautizaron “Moby Dick”.

Con la seguridad que le daba el hecho de haber sido un intocable durante los diez años del gobierno de Carlos Menem, Emir pidió una entrevista a solas con el juez. Movió con agilidad sus casi cien kilos hasta el despacho privado de la oficina sólo decorado con un crucifijo y la foto de los cuatro hijos del juez, lo miró con sus enormes ojos pardos y desbordado por la situación le dijo:

—Pensá en tu familia, pensá en tus hijos antes de decidir si me dictas la prisión preventiva…

—Doctor Cúneo Libarona, venga ya y acompañe a su cliente afuera donde le notificaré que queda arrestado -dijo el magistrado en voz alta para cortar la conversación. Quizás recordando el consejo de un colega: cuando un imputado amenaza, “hay que demostrar que tenés el doble de huevos”.

Pese a tanta incontinencia verbal, a medianoche del 7 de abril, quien fuera un hombre de íntima confianza de Menem bajaba resignado, como un toro vencido, las escaleras de los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. El juez había dispuesto su detención acusado de haber organizado una asociación ilícita que, entre 1991 y 1995, traficó 6.500 toneladas de armas y municiones argentinas a Ecuador, Croacia y Bosnia, violando leyes nacionales e internacionales.

La noticia de la detención de Emir Yoma, producida el 7 de abril de 2001, conmocionó a la política y a la economía argentinas y aún más lo hizo la orden del juez de indagar a Menem el 13 de julio próximo como sospechoso de haber sido el supuesto jefe de esa banda que traficó las armas. Frente a este vuelco en la única causa de todas las abiertas por los escándalos de corrupción que tuvieron lugar durante su gobierno en la que está imputado, Menem simula en público estar despreocupado y afirma que en los próximos días se casará con la ex miss universo chileno Cecilia Bolocco, a pesar de la virulenta oposición de su hija Zulemita.

Sin embargo, es tanta su preocupación por la causa de las armas que su ex secretario de Planeamiento, Jorge Castro, sondeó al canciller del Uruguay, Didier Opperti, para saber qué haría el gobierno uruguayo ante un eventual pedido de asilo político de Menem. El ex presidente lo negó, pero la consulta se hizo como fiel reflejo de la angustia que oculta.

Pero este fatídico 7 de abril para el menemismo -en el que había caído Emir-, Menem tuvo dos gestos, después de unas horas de vacilaciones y de mostrarse jugando al golf en La Rioja con la Bolocco. Por un lado, llamó por teléfono al presidente Fernando De la Rúa para pedirle que buscara una solución política que pusiera en libertad a su ex cuñado (Menem se divorció de Zulema Yoma hace varios años). Del otro lado de la línea, escuchó que el gobierno era “prescindente y que respetaba la independencia de la Justicia”. Por el otro, Menem salió a decir a la prensa que creía en la inocencia de Emir.

El hombre que gobernó la Argentina durante diez años con un poder hegemónico -controlaba el poder ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia-, colgó el teléfono y empezó a presionar al gobierno por donde más le duele. Días más tarde, recomendó a los argentinos, a través de los medios de comunicación, salir a “comprar dólares” para defenderse de una hipotética devaluación del peso. Puso así en jaque a quien fuera su ministro y ahora es un superministro de Economía de De la Rúa, Domingo Cavallo. Por unos días se temió que se desatara una corrida cambiaría contra el régimen de la Convertibilidad que fija el valor de un dólar en un peso desde hace diez años.

Antes de lograda la estabilidad de la economía y vencida la hiperinflación, el menemismo ya había comenzado a meterse en el negocio más redituable después del narcotráfico: la venta de armas.

En 1989, en un intervalo de la cumbre de Países No Alineados, Menem entró en una carpa árabe (con camellos y todo) montada en los jardines de la embajada de Libia en Belgrado, para entrevistarse con el líder libio Muammar al-Gaddafi. Allí se comprometió a venderle el misil de mediano alcance Cóndor II (capaz de transportar una bomba atómica hasta mil kilómetros) a Gaddafi, pero el intento fue bloqueado por Estados Unidos. Entonces el entorno de Menem, entre ellos Emir, buscó negocios en la exportación de submarinos, tanques, cañones y armas portátiles.

Emir (el jefe, en árabe) -que es el personaje clave de este escándalo- es el noveno hijo y el sexto varón de la familia Yoma de La Rioja. Tras la muerte de su padre Amín (un inmigrante sirio que montó la curtiembre más grande de América Latina en esa pobre provincia argentina), pronto se convirtió en el jefe del clan. Desde su empresa financió las campañas a gobernador de La Rioja de Menem y luego, en parte, la presidencial que en 1989 le permitió llegar a la Casa Rosada. Al asumir la presidencia, su entonces cuñado se convirtió en su hombre de más confianza. “Emir no mueve un dedo sin consultar a Menem”, repite Zulema desde que su hermano empezó a quedar cruzado por las sospechas de corrupción.

Luego del affaire del Swiftgate de 1991 (el pedido de una coima a esa empresa norteamericana que denunció al ex embajador de EE.UU. Terence Todman), Emir renunció como asesor presidencial, pero el poder de Menem le permitió seguir gozando de influencia e impunidad judicial. Pese a esa renuncia, desde las oficinas privadas de Emir se siguieron negociando acuerdos non sanctos sobre decisiones claves relacionadas con las privatizaciones de empresas públicas y otros negocios. También fue su hombro en el que Menem se desmoronó para llorar, el 15 de mayo de 1995, la muerte de su hijo Carlitos en un accidente de helicóptero.

Este empresario de 58 años y padre de tres hijos se metió, por primera vez, en el negocio de las armas en 1990 cuando obstaculizó una operación para vender seis submarinos convencionales diseñados por la alemana Thyssen a Taiwan en 1.200 millones de dólares. El negocio se frustró porque la diplomacia argentina advirtió que la venta dañaría las relaciones diplomáticas con la República Popular China, que considera a Taiwan una provincia rebelde. Pero también porque un almirante argentino que hacia de intermediario tuvo problemas “con Yoma -dijo en una carta- que quiere apartarnos y quedarse con todo el negocio”. La comisión por la intermediación era de 120 millones.

Caído el intento del almirante, Emir habría influido para que el Ministerio de Defensa le diera un permiso al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, originario de Yabrud al igual que los Yoma, para ofrecer los mismos submarinos a Taiwan y con el mismo resultado: el fracaso. Al Kassar es un oscuro personaje que fue investigado por el juez español Baltasar Garzón por el ataque terrorista al buque Achile Lauro, en una causa en la que fue absuelto. Vive en Marbella y a pesar de tener antecedentes de tráfico de drogas, el gobierno de Menem le había dado esos permisos y ayudado a que consiguiera la ciudadanía y el pasaporte argentinos en tiempo récord.

Una mañana de 1990, Monzer Al Kassar llegó a las oficinas de Emir con cuatro Kalashnikov AK-47 de regalo por las atenciones recibidas. La secretaria del empresario, la blonda Lourdes Di Natale, miró con sus enormes ojos celestes el típico cargador curvo de esos fusiles de asalto y comentó con inocencia: “Son iguales a las que usa Rambo en las películas”. Así Emir aprendió de “ El Príncipe” de Marbella los secretos del negocio de las armas y se fue interesando por el complejo militar industrial llamado Fabricaciones Militares que la democracia argentina había heredado de la dictadura.

Desde que Menem llegó al poder en 1989, Fabricaciones Militares, que dependía del Ministerio de Defensa, fue un coto de caza privado del menemismo. Siempre fue manejado por hombres del entorno del Presidente. En febrero de 1991 llegó al Ministerio de Defensa Antonio Erman González, otro amigo íntimo de Menem, y parece que aprendió de los consejos de Al Kassar.

Ante el fracaso de sus antecesores, Erman cambió la política de venta de armas al exterior del ex presidente Raúl Alfonsín, que consistía en vender de gobierno a gobierno. Reunió a sus sucesores en secreto, aceptó redactar e impulsar decretos presidenciales secretos para vender armas con carácter “ómnibus”, es decir con todo el stock de Fabricaciones Militares, en vez de escribir un decreto para cada operación como se había hecho hasta ese momento. Y se metió en el mundo de los perros de la guerra cuando permitió que Fabricaciones Militares vendiera a través de empresas intermediarias fantasma dirigidas por traficantes.

Con este nuevo modus operandi, en agosto de 1991, Menem, Cavallo, Erman González y el canciller Guido Di Tella firmaron el Decreto 1697 y dos meses después, en tiempos récord, el 2283 para vender 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Panamá, a pesar de que este país no tenía fuerzas armadas desde la invasión norteamericana de 1989 y de recomendaciones en contrario que hicieron, por escrito, técnicos de la Cancillería. La multimillonaria venta era a través de la empresa fantasma Debrol, del traficante Argentino Diego Palleros, teniente coronel retirado del ejército.

Todos sabían que Panamá era un destino falso puesto en los papeles para cubrir el verdadero destinatario: Croacia, el aliado de EE.UU. en la guerra de los Balcanes, que necesitaba armas en forma urgente y sufría un embargo militar de la ONU al igual que el resto de los países que formaban la ex Federación Yugoslava. Washington había enviado al gobierno de Menem, a través de canales informales, una luz verde para armar a Croacia, que había alineado su política exterior a la de la administración Clinton.

En secreto, cientos de camiones comenzaron a cargar armas en cuarteles del Ejército y en la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba. Gracias al poder que le daba su confianza con Menem y sin ocupar cargo oficial alguno, Emir daba órdenes a Fabricaciones Militares y conseguía que, por ejemplo, el Ejército le entregara 36 cañones pesados por la operación encubierta con Croacia.

En medio de ese sigiloso operativo, Sarlenga recibió una llamada del jefe del Ejército, teniente general Martín Balza:

-¿Por qué hablaste con el Presidente por un tema que podés hablar conmigo? Si todo el material que quieran, siempre que sea beneficioso para la fuerza, lo tenés a tu disposición.

Balza fue jefe del Ejército entre 1991 y 1999 y fue el general que hizo la famosa autocrítica por el rol de la fuerza en la represión ilegal de la última dictadura. En el tema de las armas obedecía los deseos de Menem y seguía la luz verde de EE.UU.

En febrero de 1993, Erman González fue elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires gracias al apoyo que había ganado Menem por derrotar la hiperinflación. En su lugar, se nombró al ex dirigente del frondicista Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y representante de la ONU en el conflicto de Chipre, Oscar Camilión.

Como no era del palo menemista, Camilión comenzó a colocar hombres de su confianza en los puestos claves del Ministerio de Defensa. A Sarlenga le mandó a pedir la renuncia, pero se puso a llorar y se resistía. Sin dudar, Sarlenga levantó el teléfono y pidió ayuda a Emir Yoma.

Un par de horas después, el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Esteban “Cacho” Caselli, llamó al flamante ministro de Defensa y le dijo:

-Camilión, por orden del presidente, Sarlenga debe continuar en Fabricaciones Militares.

-Si lo pide el presidente, no hay problema -contestó Camilión, quién veía en Defensa un trampolín para llegar a ser canciller, lo que verdaderamente quería.

Con todo este apoyo del gobierno y el Ejército, los camiones mandados por Sarlenga descargaron los contenedores con las armas, pero rotulados como repuestos para tractores, en el puerto de Buenos Aires. Allí se embarcaron en seis buques de Croatia Line entre 1991 y 1995 que lograron atravesar sin contratiempos el mar Adriático donde la sexta flota de la armada norteamericana debía controlar el embargo militar de la ONU. El gobierno de Menem pertrechó a los croatas, a pesar de que la Argentina había mandado un batallón del ejército para integrar una fuerza de cascos azules de la ONU que separó a los croatas de los serbios.

Pero el menemismo no sólo hizo el “Trabajo sucio” de armas a los croatas pese a la prohibición de la ONU por pedido de Washington, sino que también lo quería porque era un negocio multimillonario. Durante este operativo le entraron a Fabricaciones Militares unos cuarenta millones de dólares por las armas, pero Ecuador y Croacia pagaron a los intermediarios unos cien millones. La diferencia se la quedaron los traficantes, con la cual pagaron coimas en la Argentina.

Todo el operativo marchó bien y con total impunidad durante cuatro años, hasta que el interventor de Fabricaciones Militares, Sarlenga, recibió en febrero de 1995 un pedido “chiquito”. Era por 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones y provenía, una vez más, de parte del traficante de armas argentino Diego Palleros. Sarlenga se negó porque la Argentina es un aliado histórico de Perú y en ese momento se encontraba en guerra con Ecuador por la cordillera del Cóndor. Además, la Argentina es garante de paz del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que es el punto de referencia de ese conflicto limítrofe.

Palleros insistió, pero Sarlenga mantuvo sus reparos. Horas más tarde lo llamó Emir a su despacho:

-Tenés que hacer esta operación. No hay más vueltas -le dijo secamente el empresario y cortó.

Entonces Sarlenga ejecutó esa operación bajo el amparo de un tercer decreto presidencial secreto, el 103, que esta vez tenía a Venezuela como destino falso de las armas y que había sido autorizado por la Cancillería luego de varias presiones como la del jefe de la Casa Militar, el general y amigo de Menem, Jorge Recalde. Así, este sector del gobierno de Menem traicionó a Perú que, durante la guerra de las Malvinas, fue el único país que le vendió aviones de combate a la Argentina que sufría un embargo militar de EE.UU. y la Unión Europea.

El desvió de armas argentinas a Ecuador y Croacia fue destapado por este periodista en una investigación publicada en el diario Clarín a partir de marzo de 1995, a pesar de las desmentidas del menemismo, amenazas de muerte, un juicio abierto por el gobierno por violar supuestamente un secreto de Estado y un intento de soborno de 50.000 dólares. Hoy, esa investigación es la base de la causa judicial por la que está preso Emir Yoma y Menem va a declarar como sospechoso.

Hasta abril de este año, en la causa se había procesado a 25 ex funcionarios y militares de la época de Menem por delitos menores que tienen el beneficio de la excarcelación.

Pero la investigación judicial dio un giro espectacular el 6 de abril pasado cuando Sarlenga confesó, como ya se dijo, ante el juez, todo lo que había ocultado durante seis años por el pacto de silencio que había acordado con el menemismo y las amenazas de muerte que recibía.

Sarlenga es un ingeniero porteño de 58 años que en la década del setenta se instaló con una empresa en La Rioja dirigida en esos años por el entonces gobernador Carlos Menem. Gracias a la amistad que tejió con los íntimos de Menem llegó a ser presidente del provincial Banco de La Rioja. Cuando Menem llegó a la presidencia de la nación en 1989, fue nombrado director en la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, y en 1992, de la mano del Ministro de Defensa Antonio Erman González, llegó a la intervención de Fabricaciones Militares, a pesar de desconocer totalmente el negocio de las armas. Sólo por ser un hombre de confianza del menemismo más puro.

El largo 6 de abril de este año, Sarlenga se convirtió en el primer arrepentido del menemismo. Ese viernes estaba a punto de salir libre bajo fianza, luego de cumplir dos años y medio de prisión preventiva en una causa abierta por el contrabando de pólvora para cañones a Croacia que es conexa a la principal. Hacía 51 días que ese esforzaba para reunir los 150.000 dólares que el menemismo le negaba, pero cuando había conseguido un departamento de un socio para poner como fianza, le llegó la orden del juez Urso que lo dejaba en prisión como miembro de una asociación ilícita que desvió las armas. El magistrado firmó esa resolución por una orden de la Cámara Federal de la Capital, tribunal de apelación que el menemismo no había podido domesticar, de un par de días antes.

Sólo y quebrado por la mala nueva, Sarlenga recibió, en la oficina de la abogada de pobres y ausentes que lo defiende, Perla Martínez, la visita del fiscal Stornelli quien le explicó que si era acusado de organizador de una asociación ilícita y se lo encontraba culpable quedaría preso entre cinco y diez años más, según reconstruyó Gatopardo la escena en base de consultas a varias fuentes judiciales. Stornelli es un fiscal de cuarenta años, hijo de un militar retirado y padre de tres hijos, y que durante los años de hegemonía del menemismo fue el motor de esta causa judicial.

-¿Hasta cuándo seguirá guardando silencio ingeniero? -le preguntó el fiscal con un tono afectuoso.

-Doctor, usted no me ayuda… -, le contestó Sarlenga con una vocecita apagada.

-Mire, le propongo un pacto de caballeros. Usted me cuenta informalmente todo lo que sabe y después vemos si puedo ayudarlo.

Ante esas palabras del fiscal, Sarlenga rompió en un profundo llanto, cruzó los brazos, comenzó a hamacarse en la silla y la presión alta se le notó en el rojo de sus mejillas.

-Ingeniero, sólo dígame quién le daba las órdenes… -, insistió Stornelli sobre caliente.

Sarlenga miró que no hubiera nadie más en la habitación y como vive paranoico por los micrófonos ocultos y las amenazas de muerte, escribió con el dedo índice en el aire el apellido Yoma, se limpió las lágrimas de sus anteojos y se lanzó a abrazar al fiscal. Pareció la típica escena de una película de la mafia italiana en que un “pentito” (un arrepentido) delata a sus jefes, quebrando pactos de sangre de toda la vida.

El fiscal y la defensora de Sarlenga intercambiaron miradas de asombro: no podían creer que por fin uno de los imputados había confirmado lo que se sospechaba desde hacia años: el rol de Emir Yoma como cerebro detrás del trono de las maniobras.

Sarlenga pidió un vaso de agua y solicitó declarar todo lo que sabía como testigo de identidad reservada, pero después aceptó decirlo ante el juez con nombre y apellido. Antes de terminar la entrevista informal, le comentó a Stornelli: “Dígale a Santoro que en el Clarín no me llame más empresario menemista”. El fiscal le prometió ayuda para mejorar su situación procesal -en la Argentina no existe una ley para negociar reducción de penas a cambio de información como en EE.UU.- y salió casi a la carrera a proponerle al juez, cuya oficina se encuentra en el mismo edificio de Tribunales del barrio de Retiro, ampliarle la declaración indagatoria ese mismo día.

Cuatro horas más tarde, el juez Urso aceptó y Sarlenga era trasladado con custodia hasta el despacho del juez y bajo juramento confirmaba que recibía órdenes de Emir Yoma, a pesar de que este no ocupaba ningún cargo oficial, respecto de cómo y a quién venderle armas.

Urso es un juez de carrera que había llegado a ese puesto a propuesta del ex presidente Menem. Al inicio de la causa actuó en forma morosa por las presiones del menemismo, aunque procesó en 1996 al ministro de Defensa en funciones, Oscar Camilión, y luego a otros dos ministros y a los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea en esta causa. Sin embargo, este egresado de la Universidad Católica y amante de la equitación fue incluido por Cavallo, cuando Menem lo echó del Ministerio de Economía en 1996, en la denuncia sobre la existencia de una ya famosa servilleta de papel en la que el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, le había escrito, un año antes de su caída, los nombres de los jueces que controlaba. Pero tras la llegada de De la Rúa al poder que inició un lento cambió de la Justicia, en diciembre de 1999 Urso profundizó la investigación y casi se le caen los lentes tipo John Lennon que usa cuando Sarlenga dijo que, en febrero de 1995, el entonces embajador de EE.UU. en Buenos Aires, James Cheek, había gestionado en persona el permiso para que aterrizara el avión de la empresa norteamericana Fine Air, que desvió aquellas armas argentinas a Ecuador.

Cuando este periodista llamó el mes pasado a Cheek a su casa de Little Rock, Arkansas, para preguntarle por esta versión, el embajador desmintió los dichos de Sarlenga. Y dijo que solo había conversado telefónicamente con los dueños del avión después de que el diario Clarín destapara el escándalo en marzo de 1995.

Para cerrar la conversación, Cheek preguntó:

-Santoro, ¿usted de que equipo de fútbol es?

-De Boca, embajador.

-Gracias, amigo bostero (así se llama en la Argentina a los fanáticos de Boca), ustedes le ganaron a River y ahora a San Lorenzo, mi equipo, está a dos puntos de los gallinas (los hinchas de River) en el campeonato argentino.

Al día siguiente, Cheek voló a Buenos Aires, donde trabaja en el directorio de cuatro empresas norteamericanas, respondió preguntas de decenas de periodistas y más tarde apareció en el popular programa de TV “Video Match”, de Marcello Tinelli, disfrazado de guapo y bailando un tango.

Pero Sarlenga no sólo sembró dudas sobre la posición de EE.UU. en el conflicto limítrofe peruano-ecuatoriano, sino que también afirmó que Emir Yoma fue el que ordenó venderle las armas a Ecuador, en contra de su opinión. Y en cuanto al dinero negro de la operación, aseguro que el ex cuñado de Menem cobró una coima de 400.000 dólares pagada por el traficante de armas argentino Diego Palleros a través de la cuenta que la empresa Daforel tiene en el banco MTB de Nueva York.

Mientras lloraba y pedía que constara en actas que era “Un traidor”, hizo otras confesiones explosivas ante el juez:

-Todos sabían (en el gobierno) que las armas eran para Croacia y no para Panamá.

-Yoma me inquirió que por qué tenía que informarles a “apóstoles” (la segunda línea del ministerio de Defensa entre cada operación) y yo le dije que lo hacía porque eran mis jefes directos. Yoma me dijo que no me preocupara porque nosotros teníamos a Dios, en una alusión implícita a Menem.

-Dos técnicos de Fabricaciones Militares viajaron en 1992 a Zagreb a poner a punto los cañones. Al regresar, Emir les dio 30.000 pesos como gratificación.

A medianoche de ese viernes, Sarlenga terminó su confesión; cansado, desahogado y menos tenso, se levantó de su silla y abrazaba al fiscal y a los otros presentes antes de volver a la cárcel. Una semana más tarde salió libre bajo fianza, aunque procesado en esta causa.

No bien dos gendarmes se llevaron a Sarlenga de Tribunales, el fiscal se reunió a solas con el juez y le dijo: -Jorge, ¿hace falta que pida ya mismo la detención de Yoma?

-No, ya estoy firmando la orden, pero hagámosla en sigilo no va ser cosa que se fugue.

A las 2.50 de la madrugada del sábado 7, un oficial vestido con un traje azul tocaba el timbre del piso 39 del lujosísimo edificio de departamentos, ubicado en la avenida Libertador 4444, en el coqueto barrio de La Recoleta y decía: “Abra, somos de la Policía Federal y tenemos una orden de detención al señor Yoma”. La esposa de Emir, Samira dejó entrar al comisario y su equipo. Enseguida apareció Emir Yoma en pijamas y desconcertado. Le leyeron en voz alta la orden de detención del juez y sólo atinó a llamar a su abogado, Mariano Cúneo Libarona, famoso en la farándula argentina por haber conseguido la libertad del manager de Diego Maradona, Guillermo Cóppola, cuando estuvo detenido y acusado de supuesto narcotraficante. Yoma se vistió con ropa sport, le pusieron las esposas y lo llevaron a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal donde le tomaron las huellas digitales y le hicieron otros trámites de rigor.

A las 15 de ese mismo sábado, Emir Yoma entró detenido a los Tribunales de Retiro en medio de fuertes medidas de seguridad y un enjambre de periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Fue en esa indagatoria donde amenazó al juez, como se contó al principio, negó todos los dichos de Sarlenga y se declaró inocente. Sin embargo, el juez dispuso su detención provisoria en un cuartel de la Gendarmería (la policía militarizada) de la zona militar de Campo de Mayo. No quiso mandarlo a la cárcel de presos comunes de Villa Devoto por cuestiones de seguridad. “Allí sería boleta (asesinado) por 100 dólares, contó una fuente judicial a Gatopardo.

Cuando el juez tomó esa decisión tenía en la cabeza la cadena de muerte sospechosas que hay detrás de este caso. En primer término, la misteriosa explosión de la fabrica militar de Río Tercero -donde se habían concentrado las armas- de fines de 1995 que dejó un saldo de siete muertos. Después la caída de un helicóptero militar donde viajaba el jefe de Arsenales del Ejército y sobre todo la incomprensible muerte del capitán Jorge Estrada -socio del traficante Palleros- quien apareció en su departamento muerto con un balazo en la cabeza, que tenía una dirección de arriba hacia abajo y que se habría dado con la mano izquierda a pesar de ser diestro, entre botellas de champagne y videos pornográficos. No por nada, Urso se mueve desde entonces con dos custodios policiales y lleva una pistola austríaca Glock en la cintura. Hace poco comprobó que mantiene su puntería: dibujó una cara a balazos en una silueta del polígono de tiro federal.

Al día siguiente de la detención de Emir en esas condiciones de máxima seguridad, el menemismo desató enormes presiones sobre el juez y el gobierno de la Alianza para conseguir la libertad del empresario y las hermanas Yoma llamaron insistentemente a Menem para que intercediera. Pero De la Rúa, como ya se vio, ratificó que la Justicia era independiente.

En su primer día de prisión, Emir tuvo un ataque de nervios, quedó diez minutos inconsciente y después, ya repuesto, recibió la visita de su abogado y de Zulemita Menem. Más tarde llegó el ex ministro del Interior y actual senador menemista Carlos Corach, quién quedó impresionado por lo que vio en esa cárcel para presos VIP de la Gendarmería. Primero, Emir lo saludó y le rogó que hiciera algo para dejarlo libre mientras se golpeaba la cabeza contra una pared. El senador sólo le dejó palabras de aliento, aunque con el mensaje de que era muy difícil conseguir su libertad. Al salir, Corach vio que se le asomaba otro de los ex funcionarios menemistas que está preso allí: el ex interventor del PAMI (la gigantesca obra social de los jubilados), Víctor Alderete. Pero un gendarme le hizo recriminaciones a los gritos y el otrora todopoderoso Alderete bajó la cabeza y volvió a su celda.

Después de Corach, fue el propio Menem a visitarlo a la cárcel en un gesto de apoyo y, a la vez, de esperanza: confía en que Emir mantenga su lealtad, no se quiebre y tampoco confiese. “Sácame. Ustedes deberían estar aquí adentro y no yo”, increpó a Menem, en una tensa reunión.

Cuando el peronismo no salía del asombro por la detención de Emir, el fiscal Stornelli recibió una llamada de un político poderoso que lo presionó en duros términos. Entonces adelantó sus tiempos y el 24 de abril pidió al juez que llame a indagatoria a Menem como supuesto jefe de la asociación ilícita, que es un delito no excarcelable. También requirió indagar a Erman González al general Balza y al ex canciller Guido Di Tella por el mismo delito.

Esta vez la reacción del peronismo fue una clara presión sobre la Justicia. Corach y otros operadores de Menem lograron juntar el jueves 19 a casi todos los gobernadores y legisladores peronistas, incluyendo a los tres presidenciales Carlos Ruckauf (Buenos Aires), Carlos Reutemann (Santa Fe) y José Manuel De la Sota (Córdoba) para manifestar, después de cantar la marcha peronista, su solidaridad con el ex presidente y criticar al fiscal. Ruckauf, Reutemann y De la Sota son rivales de Menem en la lucha interna del peronismo. “Un gobierno no puede ser una asociación ilícita”, repitieron a coro.

Pero la solidaridad no duró mucho. Pocos días después Reutemann se arrepintió en público de haber ido y Ruckauf y De la Sota salieron a tomar distancia de Menem.

Urso se encerró en su despacho y recordó al fallecido campeón de boxeo argentino Ringo Bonavena para decir que iba a tomar la decisión más importante de su carrera en soledad: “Cuando subís al ring te dejan sólo y te sacan hasta el banquito”. A esa presión pública se sumaron innumerables llamadas telefónicas de legisladores peronistas. Su amigo íntimo, el diputado peronista Miguel Ángel Toma, le confesó que estaba cansado de recibir pedidos de Zulemita Yoma para que liberara a su tío Emir y no se metiera con su padre.

El juez debió cambiar el número telefónico de su casa, pero lo siguieron presionando a través de la prensa con notas en las que se transcribían versiones de fuentes menemistas según las cuales lo iba a denunciar por supuesto enriquecimiento ilícito e iba a terminar como otro juez de “la servilleta”, Carlos Liporaci, quién debió renunciar tras difundirse que se habría comprado una casa de un millón y medio de dólares.

En principio, el juez dijo que se iba a tomar 15 días para decidir. Pero como respuesta a aquellas presiones y cortando por lo sano, el lunes 30 de marzo Urso llamó a indagatoria a Erman González, a Di Tella, a Balza para los próximos días y a Menem para el 13 de julio, pero endosando el pedido del fiscal y sin orden de detención previa como había hecho con Emir. Así evitó tener que convocar en forma explícita a Menem, como supuesto jefe de una asociación ilícita. Fue para irritar menos al menemismo.

Para colmo lo habían llamado de Gendarmería para preguntarle que hacer: Emir había empezado a desafiar a sus guardias diciendo que se iba a ir y parecía determinado hacerlo. El juez hizo reforzar la guardia pero por suerte el empresario ya había pasado otro pico de depresión, en el mes que ya lleva preso. En lugar de esas bravuconadas de que iba fugarse, empezó a mandar un inquietante mensaje a Menem: “Yo soy Sarlenga”, en alusión a que él también podía arrepentirse y comprometer al ex presidente.

Mientras tanto, su abogado Cúneo Libarona comenzó a estudiar una causa que ya lleva 15.000 hojas, más miles de documentos, pruebas y testimonios. Cada media hora que se le pasa en el juzgado de Urso, un Emir impaciente lo llama por teléfono.

Como su cliente quería “acción”, Cúneo mandó dos abogados de su confianza a ofrecerle a Sarlenga 150.000 dólares, un sueldo mientras dure el juicio y la compra de una planta de agua mineral en La Rioja a cambio de que cambiara su confesión contra Emir Yoma. Sarlenga rechazó la oferta y volvió a recibir amenazas de muerte, según denunció ante el juez. Ahora siempre que sale de su casa se protege con un chaleco antibalas y dos policías le siguen todos los pasos.

Cúneo es un carilindo abogado de cuarenta años que se hizo conocer por defender a famosos como, por ejemplo, el manager de Maradona, a la ex secretaria de audiencias de la Casa Rosada en la época de Menem y hermana de Emir, Amira Yoma. Cuando defendía a Cóppola, protagonizó un escándalo porque consiguió la libertad de su cliente al lograr que cambiara su testimonio una joven de la noche que, en principio, había afirmado que aquél vendía cocaína. La joven se hizo famosa en TV y después se fue con Cúneo un fin de semana a Río de Janeiro a festejar. El abogado tuvo que pedir públicamente perdón a su esposa.

Pero en 1998 la ex secretaria privada de Emir, Lourdes Di Natale (la de los fusiles de Rambo) afirmó ante el juez que Cúneo le había dicho, en 1995, que Emir había cobrado la coima de 400.000 dólares lavada a través de la cuenta de Daforel. A mediados de los años noventa, Cúneo y Di Natale eran amantes. Ahora Di Natale le inició un juicio a Cúneo por la cuota de dinero mensual que debe pasarle porque ella tuvo una hija del abogado. Di Natale le entregó al juez Urso la agenda diaria de actividades de Emir Yoma en la que se comprueba que se reunía con Sarlenga, militares y financistas relacionados con la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia.

El primer día que declaró ante el juez Urso, en 1998, Lourdes se sentó frente al juez, desplegó una docena de estampitas de santos sobre una mesa ratona del despacho, eligió uno, miró al juez fijamente y dijo: “Voy a declarar amparada por San Cayetano” (el patrono del trabajo). El mes pasado amplio, su declaración testimonial pero, esta vez, sin ataques místicos, relató cómo, por ejemplo, el segundo de Fabricaciones Militares, el coronel Adalberto González de la Vega, llevaba sobres a Emir con documentos en los días anteriores y posteriores a los embarques de las armas.

Pero después de que el juez llamó a indagatoria a Emir, todos los esfuerzos del menemismo se centraron sobre Menem y Emir pasó a un segundo plano. El jueves 3 de mayo, el ex ministro de Defensa Antonio Erman González -contador riojano íntimo de Menem- se presentó a declarar ante el juez Urso con un libreto muy estudiado y con mocasines. Es que temía quedar detenido ese mismo día y en ese caso quería evitar el escarnio de tener que sacarse los cordones para entregárselos a la policía.

Acompañado por su secretaria y fumando un Jockey Club tras otro, Erman negó haber integrado una asociación ilícita, proclamó su inocencia y despegó a Menem cuando afirmó que “nunca” habló con el ex presidente sobre los trámites para vender las armas. Y puso especial énfasis en señalar que no podía afirmar que Emir Yoma manejara Fabricaciones Militares desde afuera porque Sarlenga, en su confesión, habló de hechos posteriores a 1993, cuando el ya habría dejado Defensa para pasar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, sus explicaciones sobre los motivos por los cuales nombró a tres hombres de confianza de Emir en Fabricaciones Militares y su poca memoria para decir si tuvo cuentas en el exterior, entre otros elementos, dejaron con muchas dudas al juez y al fiscal.

Durante un par de intervalos de sus cinco horas de declaración indagatoria iba y venía del baño del juzgado como en procesión y repetía en voz alta “no voy a fugarme”. Temía que el juez también lo dejara detenido como a Emir Yoma por la posibilidad de que se fugara o destruyese pruebas.

Estuvo ansioso hasta que el juez firmó el acta de su declaración y dijo “puede retirarse” porque su situación procesal se decidirá después de indagar el 13 de julio al ex presidente Menem. En este clima político de presiones del peronismo, de operaciones políticas, y de vértigo, el juez optó por esa alternativa menos traumática de dejarlo libre hasta definir si lo procesa.

Pero Erman no es el más preocupado. La semana pasada, Menem redobló su apuesta y dijo que “si yo era el jefe, Cavallo integraba la asociación ilícita”. Y recordó que “en ese momento Cavallo era ministro (de Economía) y también firmó los decretos por los cuales estamos sometidos a juicio los ex ministros y este ex presidente”. Sucede que las armas salieron al amparo de tres decretos presidenciales que tenían a Panamá y Venezuela como destinos falsos y están firmados por Menem, Cavallo, Erman González, Di Tella y Camilión.

Pero el fiscal no sólo acusó a Menem por firmar decretos con contenidos falsos, sino porque las maniobras de las armas sólo pudo hacerse por la orden del máximo nivel del gobierno. De otra forma, ministros reconocidos internacionalmente como Cavallo o Di Tella no hubiesen firmado ese tipo de decretos, el general Balza no hubiese entregado 36 cañones pesados y 5.000 fusiles de asalto FAL del Ejército y no se podrían haber movilizado 6.500 toneladas de armas y municiones en 400 camiones que llegaron desde cuarteles del Ejército y fábricas de armas para ser embarcados rumbo a Croacia, entre 1991 y 1995. Todo en el contexto político de un gobierno que fue el primero en América Latina en reconocer la independencia de Croacia de Yugoslavia y el primero en recibir la visita del entonces presidente croata, Franjo Tudjman, entre otros intercambios de gentilezas que señalan la fuerte relación que hubo entre ambos gobiernos.

De otra forma, no se entiende por qué Menem, en junio de 1992, tras participar de la Cumbre Iberoamericana en Sevilla decidió improvisar una visita a Tudjam en Zagreb. En la residencia que viviera el mariscal Tito, Tudjman recibió a Menem y su comitiva. Después de los saludos protocolarios, los presidentes se quedaron a solas. Acompañados por un traductor pero sin diplomáticos, que tomaron notas de lo conversado, como es la costumbre.

Mientras tanto, el jefe del Ejército, general Balza, y Erman González se entrevistaron con el jefe del estado mayor conjunto, un general croata a quien le regalaron un libro sobre la actuación de los militares argentinos en la guerra de las Malvinas. A la hora de los cafés y con traductor de por medio, el ministro croata comentó: “Los morteros argentinos son muy buenos”. A Balza se le atragantó el café. No podía ser que el croata se refiriera al uso de los morteros en Malvinas que reseñaba el libro que hacía poco le habían regalado. El croata había hablado sobre los cientos de morteros argentinos que habían llegado a sus tropas, burlando un embargo militar de la ONU, en la única felicitación de este tipo que se conoce. Balza ha negado, hasta ahora, que vaya a convertirse como quiere el menemismo en el coronel Oliver North -el militar que asumió la responsabilidad de la operación Irán-Contras en lugar de Reagan- de este escándalo. Por el contrario, es uno de los que quizás a la hora de sentarse en el banquillo de los acusados termine algún día contando todo lo que sabe y oculta sobre el rol de Menem en las maniobras.