Estoy de vuelta en El Salvador por primera vez en treinta años, y no reconozco nada. Tersas autopistas van del aeropuerto a San Salvador, la capital, y a lo largo del trecho de dunas que separa la autopista del océano Pacífico hay puestos animados donde los clientes se estacionan para comprar cocos y comida típica incluso a estas altas horas. Pero lo que yo recuerdo es una carretera de doble carril llena de baches, un sol inclemente que resaltaba cada detalle en la piel tiesa de los cadáveres, un hoyo en el suelo arenoso, la infamante noticia de que cuatro mujeres estadounidenses, tres de ellas monjas, acababan de ser desenterradas de ese agujero poco profundo.
“¿Hay algún monumento o algún letrero que señale dónde fueron asesinadas las cuatro americanas durante la guerra?”, le pregunto al conductor de la camioneta del hotel.
“Sí, allá en la universidad, en la UCA, donde murieron.”
“No, esos fueron los seis sacerdotes jesuitas, años después, en San Salvador. Me refiero a las monjas, aquí, en 1980.”
“Ah”, me responde. “De eso no me acuerdo.”
Aquel acontecimiento –la violación y el asesinato de cuatro religiosas que iban camino del aeropuerto a la ciudad– fue, sin duda, inolvidable para personas como Robert White, embajador de Estados Unidos en El Salvador durante el último año de la administración Carter. En el entierro al día siguiente, White, con el rostro demudado, parecía un blanco en potencia más de la facinerosa junta golpista de derecha que estaba en el poder. Ya había sido asesinado, meses atrás, el heroico arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero –para gran regocijo de la clase gobernante, que solía llamarlo “Belcebú”. Semanas después de su asesinato, orquestado en las trastiendas más oscuras del régimen por el infame ideólogo Roberto D’Aubuisson, el gobierno de Reagan lanzó su intervención militar en El Salvador y dedicó miles de millones de dólares a la lucha contra los grupos guerrilleros marxistas agrupados bajo las siglas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Cuando terminó en 1992, la guerra de doce años había acumulado unos 70,000 muertos, pero esa guerra comenzó aún antes de que nacieran más de la mitad de los salvadoreños que viven hoy. ¿Por qué habría de recordarla un joven conductor? Y, sin embargo, El Salvador de hoy –infestado por una violencia peor que la de cualquier momento desde los primeros años de la guerra, inseparablemente vinculado a Estados Unidos por un fenómeno migrante que comenzó durante el conflicto, asediado siempre por la memoria del asesino Roberto D’Aubuisson, quien más tarde fundaría el partido que gobernó su país ininterrumpidamente hasta las más recientes elecciones de 2009– es inconcebible sin los años sangrientos de la guerra.
A los salvadoreños les gusta decir que si plancharan el país sería bien grande. Pero es pequeñito y arrugado; la lava de volcanes que se extinguieron hace milenios surca y ondula el paisaje de un lado y otro. San Salvador se encuentra en un valle al pie de un volcán y, puestos a adivinar, arriesgaríamos que hoy tiene tantos centros comerciales como, digamos, Fort Lauderdale, y también plazas y glorietas, y barrios tranquilos con guardias de seguridad en cada esquina. Es muy verde, e incluso los cinturones de miseria que se enredan por las colinas en las afueras de la ciudad resultan exuberantes para quienes están acostumbrados a tipos más urbanos de pobreza.
Justo al lado del volcán de San Salvador se encuentra el municipio de Mejicanos, famoso por su combatividad durante la guerra. Una calle larga y angosta sube desde su mercado y luego tuerce hacia abajo y desciende por los flancos de un estrecho cañón. Si uno sigue esa calle conforme se hunde en la zona, puede ver que entre las sombras de la vegetación hay también manchas de casas hechizas. Aquí y allá, un grupo de hombres flacos se apiña alrededor de lo que podría ser una pipa de crack, pero fuera de eso, la calle está vacía y silenciosa.
Tanto el barrio como la calle se llaman Montreal, y ambos gozan de mala fama. El año pasado le prendieron fuego a un autobús del transporte público que hacía su ruta hacia el centro de Mejicanos cuando llegaba al mercado. Diecisiete personas murieron quemadas, entre ellas una niña de un año y medio. Al menos unos cuantos de entre los muertos eran supuestamente integrantes de alguna mara, pandillas feroces con las que El Salvador contribuye al tráfico de drogas y al universo del crimen transnacional en el que este se desarrolla. Hijos de la guerra y de Estados Unidos en más de un sentido, los mareros –los miembros de las pandillas– son los responsables de la mayor parte de la desgarradora violencia actual. Hace unos veinte años comenzaron a atraer la atención pública, cuando lo que había sido un rabioso conflicto abierto fue transformándose en un amenaza cada vez más grande y omnipresente.
En aquel momento, Marisa D’Aubuisson de Martínez, hermana de Roberto D’Aubuisson, decidió crear un proyecto para las mujeres de los mercados y sus hijos pequeños en un barrio como Mejicanos. La enérgica personalidad de Marisa y su risotada fácil contrastan con la personalidad hipnótica y fatua de su hermano, lo mismo que con su política: ella es una activista católica de toda la vida, seguidora del valiente obispo al que su hermano asesinó. Roberto, que moriría de cáncer de garganta en 1992, entró a la política electoral en la década de 1980. En esos últimos años de la guerra, Marisa también cambió: se alejó de sus sueños utópicos de cambiar el mundo y se concentró entonces en proyectos más asequibles. Hablé con ella un día en la sencilla y soleada oficina en la que trabaja.
“En aquel entonces, la ayuda internacional llegaba sobre todo a los macroproyectos, pero yo comencé a impulsar algo muy pequeño”, me dijo. Con dinero internacional, Marisa fundó una organización llamada Centros Infantiles de Desarrollo (CINDE) cuya finalidad es proporcionar guarderías a bebés y niños pequeños, sobre todo a los hijos de las mujeres que trabajan como vendedoras en los mercados. Ahora existen tres centros, incluido uno en Mejicanos, a los que más tarde se añadirían instalaciones para preescolar y jardín de niños. Hace unos cuantos años, CINDE creó un programa conocido como “reforzamiento escolar”, en el que niños mayores pueden hacer su tarea en ambientes seguros y bajo la orientación de un adulto. Uno de estos centros está en Montreal, y es uno de los pocos lugares en los que personas ajenas al barrio pueden sentirse bienvenidas y a salvo de las maras.
El centro extraescolar consiste tan solo en un hangar abierto conectado a dos cuartos de bloques prefabricados de concreto que rara vez se utilizan, porque se calientan como un horno. Llegué al centro una tarde más bien fresca y venteada. Los niños estaban disfrutando de un alborotado recreo, pero cuando el maestro encargado dio un silbatazo, regresaron de inmediato a sus mesas de trabajo al aire libre y se concentraron en su tarea casi con voracidad. Todos, desde los maestros hasta los encargados voluntarios, se ocupaban de su trabajo con una concentración casi febril. Interrumpí la tarea de las niñas más grandes –que tenían ambiciosos nombres en inglés, como Jennifer y Natalie– para preguntarle a una si iba ahí a aprender o a divertirse, y me respondió al instante, muy seria: “aprendo y me divierto”. Sus calificaciones habían pasado de cincos y seises el año anterior a un promedio constante de nueve, pero seguía batallando, me dijo, con su materia menos favorita: matemáticas.
Quizás el entusiasmo general se debiera a la condición de último chance que tiene el centro mismo. Durante el recreo estuve observando a una jovencita lindísima que pateaba una pelota de futbol con sus compañeros como si fuese aún una niña, pero ya era alta para su edad, y púber, y me invadió una especie de terror por ella, pues había escuchado una y otra vez que los mareros acostumbran obligar a las adolescentes que viven en sus zonas de control al trabajo sexual, una labor que a menudo comienza con una violación colectiva. En el día de “visita íntima” –que en toda América Latina es nominalmente el día en que a las esposas se les permite privacidad con sus esposos o compañeros de vida encarcelados– una adolescente ya mayor podrá ser enviada como “esposa” a las prisiones donde los miembros de las pandillas están cumpliendo condena. Nadie sabe exactamente qué tan a menudo hay “visita íntima” en las prisiones salvadoreñas; como me dijo un amigo, cualquiera que obtenga acceso a alguna de las cárceles más infames puede acceder también a los cuartos de visita íntima. En los barrios mareros los padres de familia, desesperados por mantener a sus hijas alejadas de cualquier tipo de contacto con las maras, intentan muchas veces enviarlas al campo a que se críen con sus familiares, pero no todo el mundo tiene primos o familia en el campo, y el barrio de Montreal y sus peligros eran la circunstancia inevitable de esta niña.
Como lo es para los niños. “Tenemos un chico que siempre viene aquí y que es increíblemente listo, realmente muy especial”, me dijo uno de los maestros en voz baja. “Pero está a un paso de irse con las maras. ¡Es tan jovencito! Un muchachito apenas. Hemos hablado con él, porque aquí tratamos de no minimizar la realidad, pero él está que se va. No vamos a poder retenerlo.”
De regreso de Montreal, en el mercado de Mejicanos, descubrí algunas de las recompensas más inmediatas a disposición de un adolescente que se une a las maras. Las mujeres del mercado, que no tienen absolutamente ningún problema con las matemáticas, me explicaron su vida en números: le pagan a la municipalidad una renta de 35 centavos diarios por cada metro y medio lineal que ocupen sus puestos. Gastan 50 centavos en tarifas de autobús de ida y vuelta, multiplicados por el número de niños en edad escolar. Cuatro dólares de producto comprado al mayoreo, más tres dólares para transportar la mercancía a sus puestos. Las ganancias de un día, menos los cuatro dólares de las compras del día siguiente, menos las tarifas de autobuses y taxis, deja unos tres dólares –cuatro en días buenos– para comprar comida para la familia.
Y luego está “la renta”: la cuota de extorsión diaria que cobran los mareros; pero nadie quiso darme esas cifras. Tampoco quedó claro si la renta del mercado la cobran miembros de la Mara Salvatrucha –también conocida como MS-13– o del grupo rival cada vez más poderoso, el Barrio 18. Varios menores pertenecientes al Barrio 18 fueron juzgados y sentenciados por prender fuego al autobús en el que murieron diecisiete personas, pero de la gente con la que hablé nadie, ni siquiera los maestros del centro preescolar del CINDE, quiso hablar sobre el incidente.
Una tarde charlé con una mujer particularmente vivaz –llamémosla María–. Me estaba contando del cinde, y de cómo el programa de microcréditos que gestiona le había cambiado la vida, ya que ahora tenía un carretón para acarrear sus mercancías de un lado a otro, cuando dos chicos que rozaban, cuando mucho, los quince años llegaron a su puesto. María paró la conversación en seco mientras los niños elegían algunas de sus mercancías y se marchaban sin que dinero alguno pasara de manos. Los ojos de María relampaguearon de miedo cuando le pregunté si los mareros la estaban renteando (extorsionando). “Casi no, casi no”, susurró, mirándome, como suplicante. “No me piden dinero. Todavía no. Solo… regalitos.”
“Nosotros no renteamos”, tronó José Cruz, como si lo anunciara al mundo. “Eso es un invento de la prensa.” José tiene una voz sensacional de declamador, ojos achinados sobre altos pómulos, un rostro limpio de los tatuajes que son la marca de los mareros, un cuerpo ágil y unos gestos fantásticamente autoritarios. “¿Cómo está?”, vociferó al entrar al cuarto de visitas de la cárcel, extendiendo la mano esposada, y desde ese momento no dejó de arengarme. Después de nuestra conversación, un guardia de la prisión se me acercó y, mientras uno de sus compañeros vigilaba, me susurró que, en tanto líder de la pandilla Barrio 18, Cruz era la autoridad de facto del penal. Era Cruz, me dijo el guardia, quien decidía quién da entrevistas a la prensa (las daba él), a qué guardias se les permitía el acceso al área de celdas, donde entre 40 y 45 prisioneros son confinados cada noche en celdas de seis por seis metros, y quién recibía castigo.
Cruz tenía metas muy definidas: a sus veintinueve años ya había cumplido siete de su sentencia de homicidio, le quedaban quince y quería salir a tiempo y vivo. “Soy un preso rehabilitable”, me informó. No se alteraba. De noche, según escuché, se retiraba temprano (supuse que tendría aposentos más grandes que la mayoría) y dormía plácidamente. Después de nuestra conversación, me dijeron que en realidad, bajo el paliacate amarrado en la cabeza que usan los miembros encarcelados de las pandillas, sí llevaba tatuajes: dos ojos dibujados en la nuca, que permiten –no sería él el único en creerlo– que no pierda nunca de vista a sus enemigos. Cruz ya me había presumido sus numerosas entrevistas a cargo de periodistas franceses, holandeses, alemanes, estadounidenses, del mundo entero, y ahora intentaba engancharme en su retórica –somos víctimas de la sociedad, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres–, pero nada de lo que dijo resultó tan sugestivo como su presencia física y la información que me dio el guardia en un susurro, a pesar de que no era ningún secreto fuera de la cárcel: que las golpizas y las ejecuciones por apuñalamiento eran un hecho cotidiano en el penal de Quezaltepeque.
A diferencia de la mujer del mercado en Mejicanos, el guardia no tenía ninguna razón en particular para no hablar: todo el mundo sabe que el sistema penitenciario está en bancarrota, y que es imposible controlar un sistema de detenciones en que los presos –casi la mitad de ellos asesinos acusados o convictos– están amontonados en celdas cual ganado industrial. En El Salvador hay 65 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del triple del índice actual en México y un número significativamente más alto que la cifra anual de muertes durante la segunda mitad de la guerra. De un total de 25,000 personas encarceladas, un tercio nunca han sido sentenciadas. El hacinamiento es tan extremo que el sistema penitenciario se negó este año a recibir más presos. Los acusados van ahora a jaulas de detención de la policía pero, dado el índice delictivo y el número de arrestos, las jaulas se han saturado con igual rapidez.
Ha habido motines y también huelgas pacíficas de presos que exigen mejoras en las condiciones, pero los huelguistas no están en la lista de prioridades de nadie. La suya es solo una de las muchas catástrofes de El Salvador, donde, veinte años después de la guerra que supuestamente salvaría al país –del capitalismo o del comunismo, dependiendo del bando en que uno estuviera–, hay medio millón de hogares uniparentales, como se dice, intentando criar a sus hijos en medio de la inseguridad. (La inmensa mayoría de estos hogares está a cargo de mujeres.) El gobierno está en bancarrota, el índice de pobreza es del 38%, y la economía, que se levantó ligeramente de un índice de crecimiento negativo de -2% en 2008 solo gracias al aumento en el precio del café, parece estancada.
Sería fácil echarle la culpa de este desastre social y económico exclusivamente al partido fundado por Roberto D’Aubuisson –la Alianza Republicana Nacionalista, o arena, por sus siglas– que, una vez firmados los acuerdos de paz en 1992, gobernó el país durante veinte años con un interés evidente, si no es que obsesivo, en el bienestar de los ricos. (En 2009, Mauricio Funes, el candidato del partido fundado por las antiguas guerrillas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, ganó la presidencia.) Pero también hay que considerar el hecho descomunal de la guerra misma: las carreteras y demás infraestructuras destruidas, el colapso de la sociedad rural, el surgimiento de cinturones de miseria poblados por campesinos que huían de aquellas áreas remotas del país que fueron el escenario principal de la guerra, la práctica sistemática de la inmisericordia, el aumento drástico de familias monoparentales, la pérdida de una élite educada, el inmenso arsenal de armas que sobraron, al que nadie dio seguimiento. Y, no obstante, nada de esto explica de manera completa o satisfactoria la proliferación de los mareros, cuyo número según los cálculos ronda los 25,000, más otros 9,000 en prisión.
El fenómeno comenzó en Los Ángeles, con los hijos de los inmigrantes que habían huido de la guerra en El Salvador. Fueron niños con padres a los que nadie respetaba. Padecieron el bombardeo de comerciales para productos que no tenían esperanza alguna de poder adquirir. Se criaron en barrios peligrosos y heredaron enemigos y guerras pandilleras ajenas. Entre los salvadoreños de segunda generación de Los Ángeles, un número significativo acabó creando sus propios grupos para confrontar a las pandillas mexicanas y afroamericanas en cuyos barrios se habían asentado sus padres. De los dos grupos que controlan actualmente casi todos los barrios pobres de El Salvador, la pandilla Barrio 18 toma su nombre de la pandilla de la Calle 18 en Los Ángeles, cuyos integrantes suman miles. En cuanto a la Mara Salvatrucha, con la que arrancó el fenómeno, la única parte de su nombre en la que todo el mundo se pone de acuerdo es que “Salva” es un apócope de “salvadoreño”.
Conforme la política de inmigración de Estados Unidos se ha ido concentrando en deportar al mayor número posible de migrantes indocumentados, sin importar su situación, un altísimo número de deportados salvadoreños, algunos de ellos educados en Estados Unidos y que apenas hablan español, se han encontrado de buenas a primeras de regreso en su país de nacimiento. Algunos de ellos, repatriados involuntarios, son mareros que, o bien acaban integrándose a la mara de su barrio, o bien tratan de escabullirse de vuelta a casa (es decir, a Estados Unidos) sumándose así a la ruta migrante que atraviesa México y que utilizan cada año cientos de miles de inmigrantes potenciales a Estados Unidos. En el camino, los mareros suelen ser reclutados por los narcotraficantes mexicanos, que han desarrollado ramas altamente rentables de trata de blancas, prostitución infantil y extorsión a migrantes. Los asaltos, los robos y las violaciones son ahora un aspecto casi rutinario de la travesía migratoria por México.
Los viajeros más desafortunados son secuestrados en México y retenidos a cambio de un rescate, normalmente de entre 500 y 2,000 dólares. Si sus familiares no logran conseguir el dinero rápidamente, la víctima del secuestro muere asesinada. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 11,000 migrantes fueron secuestrados durante los seis primeros meses de 2010. No existen estadísticas del número total de muertos, pero sabemos que en agosto de 2010 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados en un solo incidente. Seis meses después, otros 195 cuerpos fueron desenterrados en el mismo municipio. Entre los asesinos, y también, quizás, entre los asesinados, probablemente había mareros.
Howard Cotto, subdirector de investigaciones para la Policía Nacional Civil de El Salvador, ha estudiado las maras durante años. Cotto es el producto fino y articulado de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de arena y las guerrillas del FMLN en tiempos de la guerra, que incluyeron, según mandato de la ONU, una reestructuración de los antiguos cuerpos policiales asesinos; se transformaron en una sola fuerza que integró y entrenó a miembros de los dos bandos de la guerra. Otro comandante de la policía, Jaime Granados, me dijo, riendo, que la resultante Policía Nacional Civil es como el hijo feo que nadie quiere, en gran medida debido a sus esfuerzos por mantener la neutralidad. “Somos una buena policía, muy buena”, me dijo. “Pero nadie está de nuestro lado.” La policía carece de recursos y de equipo (solo hay un experto forense para todo el país) y la corrupción se está volviendo endémica nuevamente, pero quedan reductos importantes de eficacia y profesionalismo, y los diplomas y certificados internacionales que se alinean en la pared de la oficina de Howard Cotto –uno de ellos del FBI– dan señal del prestigio del comandante.
Cotto calcula que en los barrios los que apoyan a las pandillas suman quizás unas 80,000 o 90,000 personas, lo cual, si se añade el número de mareros en activo o encarcelados, representa cerca del 1.5% de la población del país. Si bien en el narcotráfico salvadoreño las maras se ocupan del narcomenudeo, Cotto no atribuye su crecimiento a la bonanza del narcotráfico en Centroamérica, a pesar de que la región se ha convertido en el principal corredor para transportar drogas sudamericanas hacia América del Norte. “Las pandillas son claramente parte del crimen organizado, como lo son los traficantes de drogas y armas y autos robados y demás”, me dijo Cotto una mañana en su oficina amueblada discretamente. “Pero los traficantes construyen organizaciones jerárquicas alrededor de intereses específicos –trata de blancas, contrabando, drogas– y atraen a la gente apoyados en ese [negocio]. Las pandillas hacen lo contrario: reclutan desde abajo.”
Las pandillas distribuyen drogas en el barrio al tiempo que se presentan a sí mismas como sus defensoras, dijo Cotto: “Pero en realidad, no defienden al barrio; lo aterrorizan. El barrio es el territorio donde extorsionan, distribuyen drogas, matan y hacen dinero. Sin embargo, no viven con grandes lujos; no son narcos. Sus orígenes están en la comunidad y lo que temen más que a la muerte misma es perder su autoridad ahí, porque en el momento en que la pierdan están muertos. Pero es una excelente manera de vivir cómodamente y repartir dinero entre una cantidad de gente; su fuerza radica en no romper esa cadena de distribución del dinero. Así es como les pueden decir [a sus subordinados]: ‘Pelea por mí’”.
Cotto charlaba tranquilamente bajo la ráfaga helada del aire acondicionado. “La vida [de un marero] es muy corta”, continuó: “En seguida les cae una sentencia de treinta años. Pero ellos piensan que en este país hay de dos: puedes ser un loser y seguir estudiando, y ya veremos si puedes encontrar un trabajo cuando te gradúes, o puedes tener catorce o diecisiete años y ser el big man del barrio. Puedes mandar, encargarte de la distribución de la droga. No tienes que mostrarles respeto a tus mayores; serás el que le pueda decir al vecino: ‘Te me vas de este barrio ahora mismo’, y te instalas a vivir en su casa. Podrás decirle a la chica que te gusta y a la que no le gustas: ‘¿sabes qué?, te guste o no, vas a ser mía, o de cualquier otro que yo decida’”.
A estas alturas Cotto ha visto muchos cadáveres: decapitados, desmembrados, quemados. (Se dice que lo primero que debe hacer un marero, sin importar cuán joven sea, es matar arbitrariamente a alguien. Después de eso, están listos para ser reprogramados.) Pero la escena de homicidio más perturbadora a la que ha llegado nunca fue en un bastión mara, en una de las casas colectivas que los muchachos llaman casa destroyer. “Me quedé frío”, dice. “Entramos a la casa y ahí estaban todos los chicos, en círculo. Y ahí estaba la persona muerta. Llevaba muerto varias horas, pero no se habían [deshecho de él]. Sencillamente se habían sentado alrededor del cadáver, y estaban platicando y pasando el rato como si nada.”
Alexis Ramírez, que se unió a las maras cuando tenía quince años, no parece capaz de matar despiadadamente, aunque está cumpliendo 50 años por homicidio, de los que le faltan 48. Tiene la piel morena, labios gruesos que parecen esculpidos, grandes ojos negros y luce mucho menor de sus 29 años. Le pregunté si cuando estaba libre no había sido peligroso para él caminar por la calle cubierto de tatuajes, y me sonrió de lado. “Si sabes cómo caminar, no es peligroso. De esquina a esquina… así es como me he recorrido todito El Salvador.” Y se bamboleó ligeramente, en un movimiento entre cohibido y seductor que me dejó ver cómo, efectivamente, pudo haber logrado esquivar muchos obstáculos agachándose y sonriendo.
Venía de buena familia, me dijo; su padre, creyente evangélico, “estuvo siempre participando en los asuntos de la iglesia”, mientras que su madre “hace aproximadamente quince años que persevera en las cosas de Dios”. Sus hermanos trabajan en una carpintería. Su suegro recién había logrado sacar ilegalmente a la esposa de Alexis fuera del país, probablemente para alejarla de su influencia, y la pareja ya perdió la custodia de sus dos hijos –de cinco y nueve años–, que se encuentran a cargo de sus abuelos.
Alexis todavía estaba en la escuela cuando decidió unirse a las maras. “Vi los tatuajes [de los mareros de su barrio]. Vi cómo se portaban entre ellos”, dijo. “En mi barrio no le robaban a la gente; la cuidaban. Eso me gustaba.”
Su vida, le comenté, era bastante desesperanzadora. ¿No se arrepentía de haberse unido a las maras?
“Cuando elegimos ser lo que somos”, me contestó, “sabíamos que no había vuelta atrás”. Intenté, sin éxito, descifrar si ese bamboleo entre tímido y cool era el remanente sincero de lo que alguna vez fue una persona entera y amable, o el truco engañoso que un asesino despiadado guardaba entre su colección de armas.
José Eduardo Villalta, de veinticuatro años, tiene la palabra “dieciocho”, de “Barrio 18”, tatuada en francés e inglés en sus brazos y dedos, y en números romanos y varios otros códigos en todos los demás lugares donde cabe un tatuaje. No es encantador, pero en el curso de nuestra conversación salió a relucir que era originario del campo, y que su madre lo visita con regularidad. Le pedí que describiera cómo se prepara una milpa, y conforme repasaba ese ritual –desmonte, quema de maleza, siembra, deshierbe– tuve la visión momentánea de un joven respirando aire libre. Aún le queda la mayor parte de una sentencia de 50 años por delante, y le pregunté si eso no le resultaba deprimente.
“No”, me dijo sin titubear. “Aquí yo me siento bien. Esta es mi casa.”
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