La tormentosa fuga del juez Atilio

Publicado: 15 septiembre 2008 en Carlos Martínez
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Hace 25 años una bala calibre 22 le rompió el pecho al obispo Óscar Arnulfo Romero. Fue el inicio de la guerra civil en El Salvador y del calvario para Atilio Ramírez, el juez al que por azar le tocó llevar la investigación del crimen. Después de años de un exilio forzado y pobre, de manejar un taxi, de recuerdos de noches con mariachis y de un regreso triunfal al mismo país que lo sacó a tiros, Ramírez cuenta su historia por primera vez.

Hacía ya meses que al juez Atilio Ramírez Amaya le entraba aquella fiebre nocturna. Todos los días, aún con los últimos destellos solares, la frente se le llenaba de sudor y empezaban los temblores. Años después, en el exilio, un psiquiatra le ofrecería la certeza del diagnóstico que él mismo había intuido: miedo. Miedo a la noche y sus muertos.No era el único enfermo de miedo. Corría marzo de 1980 y la guerra civil asomaba ya su cabeza desangrada a la vuelta de la esquina. Dos meses antes, el procurador general de la República, Mario Zamora, había sido asesinado por encapuchados que penetraron hasta su casa y le dispararon a sangre fría ante la presencia impotente de sus familiares. Sólo en ese año morirían 11.903 civiles de los cerca de 4,5 millones de salvadoreños que habitaban el país en la década de 1980.

El signo trágico de la guerra fría apenas anunciaba la barbarie que esperaba agazapada en la historia. Desde el 15 de octubre de 1979, El Salvador estaba gobernado por una junta militar, que llegó al poder luego de dar un golpe de estado al general Carlos Humberto Romero, quien a su vez había asumido la presidencia por obra y gracia de un descarado fraude electoral el 20 de febrero de 1977.

Era tiempo de ver, oír y callar; y en medio de todo aquel silencio había una sola voz, una que incendiaba el país cada domingo. Se trataba de un cura de pueblo que había escalado vertiginosamente en la jerarquía eclesiástica. Su nombre era Óscar Arnulfo Romero Galdámez y había sido nombrado arzobispo el 22 de febrero de 1977, en medio de un ambiente de fraude y golpe. Monseñor Romero hizo de la homilía dominical un oasis donde no llegaba la censura del Estado, una cartelera con voz donde colgar los nombres de los asesinados y desaparecidos.

El incipiente movimiento guerrillero comenzaba a cobrar fuerza y, como respuesta de la extrema derecha, aparecieron “Los Escuadrones de la Muerte”, liderados por el mayor Roberto D’Aubuisson, un militar formado en la Escuela de Las Américas. El país entero era un territorio de “caza de brujas”, brujas comunistas y brujas burguesas. El nuevo arzobispo tuvo que aprender a vivir en el vértice del conflicto. Apenas 18 días después de su nombramiento como arzobispo, cuerpos paramilitares acribillaron a un íntimo amigo suyo: el padre Rutilio Grande. Casi tres meses después, un grupo guerrillero secuestró y asesinó al canciller de la república, Mauricio Borgonovo. Como respuesta, “LosEscuadrones” le dedicaron una ráfaga de metralleta al sacerdote Alfonso Navarro Oviedo.Romero celebró las misas fúnebres de todos ellos.

En aquella hora de sospecha general, de desconfianza como norma de Estado, el arzobispo era visto por los sectores de derecha como un obispo “rojo”. El mismo D’Aubuisson lo acusó públicamente de ser “manipulado” por la izquierda y las amenazas le acompañaron hasta el día de su muerte. Sin embargo, para muchos, la gota que derramó el vaso fue la homilía del domingo 23 de marzo de 1980, cuando desde el púlpito de la catedral metropolitana exhortó a los efectivos de los cuerpos de seguridad a desobedecer las órdenes de sus oficiales.

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la guardia nacional, de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No Matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, ¡les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión!”. Esas palabras, pronunciadas con ritmo pausado y timbre agudo, quedarían grabadas para siempre en la memoria de El Salvador.

Al día siguiente, en las páginas de los dos principales periódicos del país se publicaba, en gran tamaño, una esquela en la que se anunciaba que el arzobispo Romero tendría la deferencia de celebrar una misa en honor del primer aniversario de la muerte de Sara Meardi de Pinto, madre de uno de los periodistas “rebeldes” de la época, en la capilla del hospital La Divina Providencia. El aviso fue clave en la ubicación del “blanco”.

Aquel lunes 24, cuando pasaban veinte minutos de las seis de la tarde, el juez Atilio Ramírez Amaya impartía su cátedra de criminología. Justo en ese momento, no muy lejos de la Universidad Nacional, un Volkswagen rojo entraba en el hospital La Divina Providencia y se estacionaba en la entrada de la capilla, a 31 metros del altar donde el arzobispo consagraba el pan. “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor…”. Casi inmediatamente después de terminar la frase, de la ventanilla trasera del Volkswagen asomó la punta de un rifle de alta precisión. En cuestión de segundos, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, caía al piso con la aorta rota por una bala fragmentaria calibre 22. Desde que ese proyectil alcanzó su objetivo, la suerte de El Salvador estaba echada. El país se precipitaba hacia el horror, irremediablemente.

Diez minutos después del disparo, Atilio Ramírez, juez cuarto de lo penal, ya estaba enterado del asesinato y la Universidad Nacional era un hormiguero, en parte también por el baño de balas que el campus acababa de recibir desde un carro en movimiento. Las “fumigadas”, como las llamaban los estudiantes, se habían convertido en un hecho casi cotidiano.

Fue en realidad el azar el que puso a Atilio en el camino del asesinato más importante de toda la guerra fría en El Salvador. Los jueces trabajaban por turnos y justo ese 24 de marzo él estaba en servicio. Como buen conocedor de los procedimientos, sabía que no había manera de librarse del caso, tarde o temprano, luego de rebotar en un par de juzgados, llegaría a sus manos. Así que decidió aligerar las cosas asumiendo desde el principio la conducción de las investigaciones.

Fue él quien, junto con el equipo de médicos, guardó en una bolsa plástica los fragmentos del proyectil extraídos del cuerpo de monseñor Romero y fue él el único que examinó palmo a palmo la escena en busca de casquillos. No hubo un solo agente para custodiar la escena del crimen, no se recogió una sola evidencia ni se custodió la autopsia. De hecho, no hubo un reporte policial el día del homicidio.

El martes, mientras el resto de los salvadoreños apenas terminaban de salir del asombro, para el juez fue un día de trámites legales, de “ordenar papeles”, como él lo describe. Un día largo y encendido. Por la noche la fiebre atacaba de nuevo y Atilio Ramírez sudaba a chorros mientras miraba la televisión con su mujer, cuando escuchó su sentencia de muerte a las ocho de la noche. El coronel Adolfo Majano, presidente de la Junta de Gobierno, se pronunció en cadena nacional sobre el asesinato del arzobispo. El militar aseguró que la Interpol le había comunicado tener los nombres de los sospechosos del crimen y que éstos le serían entregados al juez para que girara las órdenes de captura.

“Ya me jodieron”, le dijo a su mujer, mientras la fiebre lo hacía temblar. La supuesta lista de la Interpol nunca llegó a sus manos; lo único que no tardó en aparecer fueron las llamadas a su casa. La primera fue el miércoles en la mañana y la recibió su hija de 12 años. “¿Cuál es tu color favorito?”, preguntaba la voz detrás del auricular. “Es que de ese color le vamos a mandar el ataúd a tu papá cuando lo matemos”, explicaba luego. Las llamadas se repitieron durante todo el día, al menos cinco veces. Del dicho al hecho hubo sólo 24 horas.

El jueves 27, antes de regresar a su casa, el juez telefoneó a su secretaria para que ésta le comunicara al asistente del tribunal que era urgente que se entrevistaran en persona, que lo esperaría en su casa. A las diez y quince minutos, dos hombres jóvenes llamaban a la puerta, identificándose como delegados del asistente.

Pero las amenazas habían afilado la desconfianza de Atilio Ramírez. “Mejor sentate por si pasa algo”, le dijo a su mujer antes de calzarse al cinto el revólver Colt y cargar su vieja escopeta Mosberg. Se asomó desde su cuarto para ver cómo la empleada abría la puerta y dejaba entrar a los dos hombres. Vestían traje completo y uno de ellos llevaba un portafolio negro.

“Siéntense que ahorita los atiendo”, dijo, con la escopeta oculta tras la puerta. Pero antes de terminar la frase, uno de los visitantes abrió el maletín y extrajo un arma de lujo, deuso militar. Se trataba de una de las nuevas mini subametralladoras Ingram, de fabricación israelí. Seguramente el matador no contaba con la Mosberg ni con el temple del juez. En unos segundos la casa se había convertido en un campo de batalla. “Mierda, nos van a matar como mataron a Mario Zamora”, pensaba. Luego del primer intercambio de disparos, los dos hombres de traje salieron apresurados de la casa y dispararon desde afuera. En medio de las balas se escucharon otros pasos en el techo. Los dos visitantes no estaban solos. Ramírez apenas alcanzó a tirar un colchón sobre su hija y a alargar el revólver a su esposa. “¡Tirá a las ventanas, estos hijos de puta se nos quieren meter en la casa!”. De pronto, los pasos cesaron y el fuego también. En los siguientes diez minutos, en medio del más profundo silencio, lo único que se movía era el cuerpo de María, la empleada doméstica, que yacía en el piso con tres impactos de bala 9 mm en las caderas.

Fuera, dos patrullas de la Policía Nacional encendían los motores y se retiraban a toda marcha. En la casa quedaban los agujeros de bala, la sangre de María, un insoportable olor a miedo y un hombre que tiritaba de la fiebre.

Esa noche, la familia Ramírez se trasladó a la casa de un amigo. Nadie indagó sobre este caso nunca, no hubo investigadores en la casa, no se le dio protección especial al juez, no hubo levantamiento de evidencia y, de nuevo, no existió ningún reporte policial que documentara el hecho. Al día siguiente, cuando Atilio Ramírez le pidió protección especial al presidente de la Corte Suprema de Justicia, éste lo miró con sarcasmo. “No invente fantasmas, Atilio”. Para el domingo 29, el juez se había exiliado en Costa Rica. Todo había ocurrido en menos de una semana. Nadie nunca retomó el caso en El Salvador.

Atilio dejaba tras de sí un El Salvador donde ya todo era posible y esto quedó trágicamente claro justo un día después de su partida. Durante el sepelio de monseñor Romero, unas 50.000 personas se agolparon en la plaza central para darle un último adiós al arzobispo que había sido voz de los sin voz. Apenas había terminado la homilía cuando, a través de una de las ventanas superiores del Palacio Nacional, una mano misteriosa dejó caer una bomba de humo sobre la multitud y tras el humo, los disparos. De entre los dolientes no tardaron en aparecer elementos de los comandos urbanos guerrilleros que respondieron al fuego. El sepelio de quien había denunciado la violencia fue, pues, una lluvia de balas que dejó como saldo 35 personas muertas y 185 heridos de gravedad. Más tarde, el obispo irlandés Eamon Casey, quien había ayudado a cargar el féretro de Romero, declaraba a la prensa internacional: “Hay algo vil en este país, vil, pero muy vil”.

La juventud de Atilio Ramírez había sido dispersa y sus noches fueron largas y bohemias. Los recorridos nocturnos se sucedían entre carcajadas y la parranda se alargaba desde la Plaza del Trovador hasta la 5ª Avenida, calles obligatorias para el ejército de alegres que preferían pasar la madrugada entre copas y putas. Eran tiempos de mariachi y tríos, de mujeres y alcohol, mucho alcohol. “En esos tiempos ?recuerda Atilio? se podía amanecer hasta con tres mujeres en la cama y uno no tenía que preocuparse por nada”. Entre los frecuentes compañeros de juerga estuvo alguna vez uno de los reyes de la madrugada salvadoreña, el poeta Roque Dalton, y Atilio se hizo muy popular entre todos los trovadores nocturnos de la zona. Eran buenos tiempos.

Una vez en Costa Rica, se descubrió solo, el sistema de justicia salvadoreño no le brindó protección legal y sólo accedió a concederle dos meses de permiso con goce de sueldo.Con la universidad fue lo mismo, pese a ser miembro del Consejo Superior Universitario el único respaldo fue, también, un permiso de dos meses. Entre los dos salarios juntaba 240 dólares mensuales que le ayudaron a comprar un microbús.

Los primeros dos meses pasaron rápido, entre infructuosas solicitudes de trabajo y el creciente rechazo de sus amigos. “Los amigos que hubieran podido darme trabajo en Costa Rica se me comenzaban a esconder y llegué un día al Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente) y les dije: ‘No me hagan más desgraciado de lo que ya soy. Vengo por verlos a ustedes no a pedirles nada'”, relata. La solución a su desempleo llegó más bien de otro grupo de amigos.

Atilio no era el único exiliado salvadoreño en Costa Rica. Una vez terminada la guerra, la Comisión de la Verdad describió el año de 1980 así: “La instauración de la violencia de manera sistemática, el terror y la desconfianza en la población civil fueron los rasgos esenciales de este período”1 . Ya no eran buenos tiempos para los trovadores ni para las prostitutas; el estado de sitio nocturno les había echado a perder el negocio y muchos se regaron por toda Centroamérica, Costa Rica incluido. Fue en la Plaza de La Esmeralda, lugar de marcha nocturna en pleno San José, donde Atilio reencontró amigos dispuestos a recibirlo. Allí estaban, como en los viejos tiempos, “el Avispón”, “el Sepulcro”, “la Ardilla”, “la Hormiga”, “Tachuela”, cantantes y músicos de los tríos que una vez amenizaron sus noches de juerga. El juez necesitaba amigos y ellos necesitaban de los servicios del juez, es decir, de un taxista con un vehículo lo suficientemente grande como para transportar arpas y guitarrones. Así se hizo la vida, desde junio hasta octubre de aquel año oscuro de 1980. Uno de los juristas más preparados de la época había pasado, en pocos meses, de Juez Cuarto de lo Penal a conductor de un taxi pirata. “No viví esos días como un desdichado, trabajo es trabajo”, recuerda.

Todo ese tiempo su mujer siguió viviendo en El Salvador, amparada en la escasa seguridad que le proporcionaba su pasaporte europeo. No fue sino hasta el final de su exilio en Costa Rica cuando Atilio decidió compartir con ella su nueva profesión. “Es que me daba pena”, confiesa.

Cuando Félix Ulloa, rector de la Universidad Nacional de El Salvador, se enteró de que Atilio vivía como taxista decidió mover sus influencias para abrirle una plaza de maestro en la universidad de Nicaragua. Era principios de octubre de 1980 y ya no había nada que perder, así que un día Atilio tomó su microbús, sus escasos ahorros y enfiló para Nicaragua. “Al llegar a Managua yo sabía que tenía trabajo, pero no sabía donde vivir, entonces lo que hice fue preguntar dónde quedaba el punto en el que se reúnen los tríos y los mariachis. Y me dijeron que en la Plaza Justo Santos. La cosa es que llegué a la plaza esa y me bajé. Al ratito me gritaron ‘¡Atilio!’. Era ‘Tripa’, un cantante.”

La cátedra que le esperaba en la universidad de Managua no era precisamente el tipo de magisterio que se imaginaba. Lejos de los libros de jurisprudencia lo esperaba una cátedra de español, que luego de un año se transformó en curso de literatura latinoamericana. La revolución sandinista acababa, hacía apenas un año, de destronar el régimen de los Somoza y necesitaba de todas las manos que fueran posibles. En Atilio, los sandinistas encontraron a un voluntario infaltable. Fue miembro activo del Comité de la Defensa del Sandinismo (CDS) de su cuadra, el primero en apuntarse a las jornadas de alfabetización en las zonas rurales e incluso se le llegó a comisionar un “estudio sociológico” de algunas comunidades de la selva nicaragüense. Finalmente, a mediados de 1982, obtuvo una cátedra de derecho.

Fueron cinco años los que vivió en Nicaragua, cinco años que recuerda con ternura, casi con añoranza. Partió hacia México en 1985 para estudiar una maestría en criminología. Todo ese tiempo vivió en casa de la única persona que le ofreció techo desde su llegada, un mariachi salvadoreño.

“Bueno, puedo intentar, aunque de entrada le digo que a Atilio no le gusta la prensa, lo más probable es que diga que no”. Ese fue el pronóstico más optimista que encontré en la búsqueda de la entrevista con Atilio Ramírez Amaya y venía de María Julia Hernández, la actual directora de la oficina de tutela legal del arzobispado de San Salvador, una mujer que, durante 25 años, ha tocado todas las puertas legales para reabrir el caso Romero en El Salvador. Salí de su oficina con un sabor a fracaso. A la mañana siguiente, María Julia llamaba a mi celular: “Dice Atilio que puede atenderte mañana en la tarde”.Las oficinas donde funciona actualmente el bufete del ex juez tienen una dirección casi imposible, en medio de la maraña de calles de la capital salvadoreña: “Siga recto en laAvenida Juan Pablo II, pase la Asamblea Legislativa y donde vea una reparación de llantas cruza a la derecha”. Comparte oficinas con un colega, y “modesto” sería un calificativo un tanto pobre para definir su despacho. Su secretaria me confunde con un cliente y cuando Atilio nota el error endurece el rostro. “Aaah, vos sos. Pasá adelante”.

Es principios de marzo y el calor hace que el local parezca más chico. Su oficina es un maremoto de papeles superpuestos y en el escritorio no hay un solo lugar vacío donde el interlocutor pueda apoyar los codos.

El juez es ahora un hombre viejo y a primera vista parece mimetizarse con su actual despacho de abogado y notario. Sus maneras deambulan entre la más elocuente cortesía y la puteada sincera, que suele aparecer sobre todo cuando habla de los detractores de Romero. “Los hijos de puta ahora mejor se quedan callados, o hasta le hacen homenajes, pero antes lo atacaban cada vez que podían”, grita a través de un rostro fruncido. De hecho, decidió concederme la entrevista porque yo no representaba a ninguno de los medios tradicionales del país, a los que mira con una mezcla de resentimiento y desconfianza.

Asegura que no es amigo de dar declaraciones a la prensa, pero, cuando al fin se decide, la memoria abre las compuertas de par en par y las anécdotas salen apresuradas, una tras otra, y los años se suceden y los días aparecen. Días que nunca se perdieron, días que nunca ha dejado de recordar. Por ejemplo, la noche en la que, mientras servía al sandinismo en un pueblo perdido de la selva nicaragüense, vio miles de loras y guaras comiendo naranjas. Se ríe ahora del día que lo hizo sentir “desdichado”, cuando, estando aún en Costa Rica, decidió agregar algunos centavos extras a su trabajo de taxista, trabajando de jornalero en la temporada de corta de café. Arrancó granos durante más de dos horas, hasta que el caporal notó su acento salvadoreño y lo sacó sin pagarle lo cortado. “Es que no nos querían en ningún lado”, recuerda entre risas.

Recuerda también que un día ya olvidado de 1983 recibió en Managua la llamada de un familiar exiliado en Costa Rica. Le decía que había un “gringo” al que le urgía entrevistarse con él. Al llegar al encuentro, el hombre se identificó como agente de la CIA, asegura Atilio, y tenía una petición especial: que a través de una declaración jurada implicara al ex capitán Eduardo Ávila en el asesinato de monseñor Romero. Ávila era uno de los lugartenientes del mayor Roberto D’Aubuisson. “¡A mí no me gusta que me agarren de pendejo, ustedes bien saben quiénes fueron!”, fue lo único que obtuvo el estadounidense como respuesta, según recuerda Atilio.

Su última anécdota en el exilio también está relacionada con un hombre del círculo íntimo de D’Aubuisson. Era 1989 y había dejado Nicaragua hacía cuatro años para estudiar una maestría en criminología en la UNAM, México, cuando un viejo amigo se acordó de él: Roberto Angulo. Para ese año, ARENA, el partido fundado por Roberto D’Aubuisson, había ganado su primera elección presidencial y Angulo era presidente de la Asamblea Legislativa, miembro de la cúpula del partido ARENA y cuñado de D’Aubuisson.

En la versión de Atilio, el “amigo” le llamó a México para ir directo al grano: “Quiero que regresés al país como magistrado de la Corte Suprema de Justicia”. En la versión de Angulo todo ocurrió más lento. Simplemente en una de sus visitas diplomáticas al Distrito Federal se encontró con un antiguo compañero de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, al que recordaba con cariño y pensó en la posibilidad de “ayudarlo”.

La noticia de que uno de los candidatos de ARENA para la Suprema Corte era el juez que había sido exiliado por llevar el caso de Romero, pronto encendió la polémica. Los jesuitas, a través de su universidad en El Salvador, aseguraron que era una maniobra para “lavar la cara de ARENA”. Angulo lo descarta: “Yo ni siquiera tuve en cuenta que él había llevado el caso de monseñor Romero. Simplemente varias personas lo consideramos idóneo”, explica. El hecho es que Atilio fue electo como magistrado de la máxima corte en 1989 y permaneció en el puesto durante cinco años. Había salido como un perseguido y regresaba por la puerta ancha, la más ancha. Tres años después, gobierno y guerrilla firmaban la paz y el FMLN pasó de ejército insurgente a partido político.

El asesinato de monseñor Romero nunca volvió a encontrar, en El Salvador, un juez que lo juzgara. El caso siguió creciendo en el archivo de los tribunales, engordando, sumando folios y polvo, declaraciones inútiles y desidia. En la actualidad, el expediente suma 11 carpetas gruesas y más de 2.000 páginas que no han arrojado ninguna conclusión.

En 1993, la Asamblea Legislativa, con el mayor número de escaños ocupados por diputados de ARENA, aprobó la Ley de Amnistía General que perdona, sin más, todos los crímenes que se cometieron antes de la firma de la paz. De nada han valido las protestas de grupos pro derechos humanos que piden derogar la ley. Más aún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al ex presidente Francisco Flores que derogara la amnistía. Nada.

Y es que la Ley de Amnistía en El Salvador parece no ser negociable. El FMLN algunos otros grupos de izquierda mencionan el tema con timidez, quizá recordando, en varias curules de la Asamblea Legislativa, están sentados algunos de sus diputados señalados por la Comisión de la Verdad como violadores de derechos humanos.

Desde 1989 hasta la fecha, el país está gobernado por el partido fundado por Roberto D’Aubuisson. Cuando se les ha planteado a los presidentes reabrir el caso de Romero, uno tras otro han hablado de “perdón y olvido” y de “no reabrir heridas del pasado”. El actual presidente, Antonio Saca, ha recordado incluso que en su infancia fue monaguillo de Romero, pero asegura que fue electo “para gobernar hacia el futuro, no hacia el pasado”. De hecho, el recién pasado martes 12 de abril, algunos partidos de oposición presentaron una petición oficial en la Asamblea Legislativa para que se derogara la Ley de Amnistía General. La respuesta de Saca fue contundente: “Derogar la Amnistía es como abrir una herida, ponerle limón y sal a la herida y (por lo tanto) no es el mejor camino para reconciliar a la sociedad”. Pese a que D’Aubuisson murió de cáncer en 1992, antes de que se firmara la paz, el asunto de su participación en el asesinato aún sigue siendo uno de los temas más espinosos del país.

La Comisión de la Verdad, resultado de los acuerdos de paz, se formó para esclarecer “graves hechos de violencia ocurridos desde 1980” y fue presidida por el ex mandatario colombiano Belisario Betancur. En su informe final, titulado “De la Locura a la Esperanza”, la comisión determinó: “El mayor D’Aubuisson dio la orden de matar al arzobispo”. Más adelante menciona: “El fallido intento de asesinato contra Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para desestimular el esclarecimiento de los hechos”. Al no tener facultades vinculantes, el informe quedó en eso. Un simple informe.

Días después de publicado el texto, ARENA respondió con un comunicado oficial: “Lamentamos las acusaciones temerarias vertidas en contra de nuestro fundador y máximo líder, basadas en injurias…”. El tema ha sido material de los más encendidos debates, entre quienes insisten en señalar a D’Aubuisson como asesino y quienes ven en la figura de Romero a un “promotor del odio de clases”.

Desde su regreso a El Salvador, Atilio Ramírez Amaya había preferido mantenerse al margen de este debate y había escuchado en silencio. Hasta que llegó el año 2004, en el que dos eventos pusieron a Romero, de nuevo, en el centro del debate. Ese año, en Ciudad del Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger desentrampó el proceso de beatificación del arzobispo asesinado, luego de estudiar, durante cinco años, cada una de sus palabras y decidir que su mensaje no contrariaba ninguno de los preceptos de la Comisión para la Doctrina de la Fe, oficina heredera del Santo Oficio. Lejos del Vaticano, en Fresno, California, ocurría otro hecho, quizá más trascendente, al menos para Atilio.

Segundos después del asesinato de monseñor Romero, el Volkswagen rojo que conducía al tirador salió despacio del hospital La Divina Providencia, según ha relatado el mismo chofer, Amado Garay, quien recuerda que luego de algunas vueltas por la capital condujo al francotirador hacia uno de los barrios más exclusivos del país, donde aguardaba un ex militar y mano derecha de D’Aubuisson: el capitán Álvaro Saravia.

Saravia había vivido en Estados Unidos al menos desde 1987 y se había dedicado a la venta de autos usados hasta que una ley del siglo XVIII lo tomó por sorpresa. En 2003, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad y la prestigiosa firma de abogados Heller Ehrman White & McAuliffe, decidieron representar, de forma gratuita, a un familiar de Óscar Romero y demandaron al capitán vende-autos. Para ello desenterraron la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros, aprobada en 1789. Esta disposición fue descubierta en los archivos legales de Estados Unidos por los abogados de una familia paraguaya, cuyo hijo había sido asesinado por la policía. Fue en 1976, cuando los familiares de este joven se encontraron al ex jefe de la policía uruguaya, mientras paseaba en Manhattan, y lo demandaron. Este caso abrió un precedente para otros como el del arzobispo salvadoreño.

A mediados de 2004, Atilio Ramírez Amaya fue invitado a participar del caso en calidad de testigo. Cuando se le pregunta la razón por la que decidió enfrentar a sus fantasmas en aquella corte ajena, no vacila ni un segundo: “Es que después de todo, esto yo se lo debía a monseñor”. Así, se preparó todo para que el 25 de agosto rindiera declaración.

La fiebre nocturna, que había desaparecido en el exilio, lo estaba esperando en Fresno, regresó la noche antes del juicio, acompañada de sombras que se movían sospechosamente en cada rincón del hotel. “Es que el miedo no se olvida”, dice Atilio.

Ese día Atilio Ramírez Amaya subió al estrado e hizo lo que había estado esperando durante 24 años: se presentó en una corte para cerrar su último juicio como Juez Cuarto de lo Penal. Atilio contó su historia a pausas, ante el juez estadounidense Oliver Wanger, y días después el capitán Álvaro Saravia fue condenado a pagar 10 millones de dólares a los familiares de Romero. Las fiebres del juez no han vuelto desde que, 25 años más tarde, pudo al fin proceder con el caso más importante de su carrera. Lo hizo en otra corte, en otro país y con otro juez.

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comentarios
  1. Roxana Martel dice:

    El relato me cortó la respiración.

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