Ituango y las cicatrices de la guerra

Publicado: 14 noviembre 2016 en Rafael Alonso Mayo
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El hijo que nunca llegó

Todos los días, sin falta, Teresita Higuita Zuleta esperaba que Gonzalo, su hijo, regresara a casa. Con su infinito amor de madre, cada noche le servía en la mesa una porción de comida. El manjar no era más que una plato de fríjoles con arepa, pero Teresita sabía que era lo que más disfrutaba Gonzalo cuando se sentaba en el comedor. De vez en cuando degollaba una vieja gallina de campo y le guardaba la mejor parte: un trozo de pechuga o un jugoso pernil, con la esperanza de que su vástago se sintiera feliz a su regreso.

Una noche cualquiera, entre sueños y al borde de la alucinación, Teresita vio que Gonzalo entró por el corredor de la casa, descargó un morral que llevaba sobre sus hombros, lanzó un suspiro y se tiró al piso, abierto de brazos, a descansar. “Ella dijo que lo había visto con la espalda pelada de cargar un morral muy pesado”, recuerda Sandra Callejas Higuita, su hija, quien luego describirá que su madre, alegre al sentir su presencia, al instante dijo exaltada: ¡Llegó mi hijo, llegó mi Gonzalo, llegó! Con la dicha por el anhelado reencuentro, Teresita se levantó rápidamente de la cama a darle la bienvenida y a servirle el plato de siempre. Pero pronto se dio cuenta que solo había sido un sueño.

Gonzalo llevaba desaparecido cinco años y no había ni asomo de su paradero. Los meses pasaban y la incertidumbre por saber algo de su suerte era mayor. Pero el día de su regreso jamás llegó. A Gonzalo, quien tenía 18 años y era el menor de la familia, lo mataron en 2003 los paramilitares, los mismos que meses después arribaron hasta la casa de Teresita y sin asomo de remordimiento, le confesaron:

–Él fue asesinado pero nosotros hicimos un hueco y lo enterramos. Al menos esté tranquila, que los gallinazos no se lo comieron.

Sandra Callejas Higuita, una mujer jovial y de mirada reflexiva, trae a su memoria esta historia mientras permanece sentada en un improvisado escritorio de la casa que ahora funciona como sede de la Asociación de Víctimas de Ituango, en el norte de Antioquia, un municipio que ha padecido, como tantos otros en Colombia, los estragos de la guerra. Como casi todos los habitantes de este pueblo, escondido entre las montañas que bordean el Parque Nacional Nudo de Paramillo, Sandra ha vivido en carne propia los embates de un conflicto armado que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, pero también decenas de viudas, huérfanos y lisiados.

Mientras su pequeño hijo Mateo Torres, de ocho años de edad, revolotea por los alrededores de la casa, Sandra cuenta que la desaparición de su hermano fue el final de varios hechos trágicos que le sucedieron a su familia. A los Callejas Higuita la guerra les quitó a cuatro de sus hijos: Marleny Callejas Higuita, de 35 años, y Ángel de Dios Callejas Higuita, de 30, fueron desaparecidos por la guerrilla; y Milagros Callejas Higuita, de 24 años, y Gonzalo Callejas Higuita, de 18, murieron en manos de los paramilitares. La familia solo pudo darle cristiana sepultura a Marleny, pero Sandra presume que así como Gonzalo, los demás también fueron asesinados.

Desde ese momento Teresita, su madre, entró en depresión y con el tiempo su salud fue desmejorando.

–A ella eso la destrozó física y mentalmente, y ligerito cayó en una depresión y en las enfermedades –dice Sandra.

Esperando a Gonzalo y aferrada al dolor por la pérdida de sus otros tres hijos, Teresita, quien para entonces cumplía 56 años, falleció el primero de marzo de 2009.

***

Es una mañana de miércoles de finales de junio en Ituango. El calor y una leve humedad se combinan con el aire de tranquilidad que se respira en el parque principal. Un grupo de abuelos, de aspecto campesino, conversa con parsimonia a un lado del busto de Jesús María Valle, el inmolado defensor de derechos humanos que levantó la voz ante las autoridades para que no siguieran asesinando a la gente de su pueblo. Un niño monta en bicicleta por una empinada calle; un par de señoras organizan sus kioscos de comida rápida y un cotero arruma bultos de mercancía al interior de una tienda de abarrotes. En una esquina contigua a la calle atrincherada por el ejército, permanece parqueado un bus escalera al que los campesinos llenan de bultos de cemento, papas y arrobas de panela. En otros tiempos, murmura la gente, hubiese sido imposible, siquiera, sacar una cámara fotográfica e intentar hacer una imagen sin que algún soldado te advirtiera que por seguridad no estaba permitido tomar fotografías.

Antes de que la guerrilla decretara el cese unilateral de hostilidades –en julio de 2015–, Ituango era un territorio en conflicto y donde, en cualquier momento, podrías terminar en medio de una balacera. Durante varios años paramilitares y guerrilleros se disputaron el poder de esta zona del norte de Antioquia, dejando a su paso cientos de muertos y desaparecidos, familias desintegradas y miles de desplazados.

Sandra Callejas Higuita, quien ejerce como presidenta de la Asociación de Víctimas, cuenta que en Ituango hay, por lo menos, unas 17 mil víctimas del conflicto armado. Casi el 95 por ciento están registradas como desplazadas. Recuerda que las balas con las que se ha condenado injustamente al pueblo, han llegado de todos los frentes: de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. “Aquí no podemos sacar en limpio a ninguno”, asegura. En Ituango no existe una cifra oficial de personas asesinadas, tampoco de desaparecidos y mucho menos del número de mujeres abusadas sexualmente por miembros de uno u otro bando. De conocerse quizás sería más evidente la magnitud de la guerra. Pero es claro que en este pueblo de 2.347 kilómetros cuadrados y 21.757 habitantes, cada poblador lleva a cuestas una historia de algún familiar asesinado o desaparecido.

Por fortuna, hoy sus habitantes viven días de paz. Una semana atrás, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc EP– habían firmado en La Habana el acuerdo de cese bilateral de hostilidades y la gente en Ituango se sentía esperanzada. Incluso, la noche posterior a la firma  –el jueves 23 de junio– sus habitantes entraron en júbilo cuando se enteraron que los soldados estaban retirando las trincheras que durante casi dos décadas se habían mezclado con el paisaje urbano. La imagen que registró el momento fue compartida miles de veces en las redes sociales, como un gesto de paz en una de las regiones más marcadas por el conflicto armado. Pero rápido la gente pasó de la celebración a la indignación, al percatarse de que los militares las habían instalado de nuevo. “Yo sentí vergüenza al saber que ellos ilusionaron a las personas con que las iban a quitar y al otro día las pusieron”, se lamenta el niño Mateo Torres Callejas, quien habla con tanta naturalidad sobre la paz y la guerra como cualquier infante que organiza los juguetes de una piñata. “Si seguimos haciendo la guerra se va a afectar a muchas personas. Eso a mí no me gusta, a mi me gusta es cantar”, dice.

Lo cierto es que la gente en esta localidad respira un nuevo aire desde que los guerrilleros decidieron silenciar sus fusiles. Desde entonces sus pobladores se han vuelto a tomar las calles, han vuelto a disfrutar de la noche y a recorrer los rincones del pueblo, como lo hacen hoy, sin temor a quedar atrapados entre el fuego. “Estamos viviendo un receso y estamos tranquilos”, expresa el defensor de derechos humanos Román Álvarez Sucerquia.

En primera página

Hasta mediados de los años 90, Ituango era un pueblo desconocido para la mayoría de colombianos. Escondido entre el quebrado relieve de la cordillera occidental y atravesado por el caudaloso río Cauca, este municipio antioqueño, ubicado a 190 kilómetros de Medellín, se mantuvo en el anonimato a pesar de ser el centro de operaciones de varios los frentes de las Farc, entre ellos el 18 y 36, quienes, según cuentan sus pobladores, fueron copando su territorio desde inicios de los años 80. Durante años la guerrilla controló a sus anchas cada metro cuadrado de este territorio, pero a mediados de 1996 las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, llegaron al casco urbano con la intención de arrebatarles terreno.

Así, el 11 de junio de ese año los paramilitares dieron el primer golpe asesinando a cuatro pobladores en la cabecera urbana. Luego se dirigieron hasta el corregimiento de La Granja donde, tras tomar el control de la zona y ordenarle a sus pobladores cerrar las tiendas, torturaron y ejecutaron a cinco campesinos, a quienes señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla. El plan de los hermanos Castaño era apropiarse, a sangre y fuego, de esa región estratégica entre los departamentos de Antioquia y Córdoba para el paso de armas entre el norte y el centro del país, así como para el cultivo y procesamiento de drogas en una zona donde la presencia estatal históricamente ha sido invisible.

–Hace parte de nuestra estrategia: o la guerrilla sale de sus santuarios o vamos a entrar (…) Si el ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes, yo sí, y se los voy a demostrar– aseveró Carlos, el menor de los Castaño.

Esas primeras incursiones eran apenas una advertencia de lo que ocurriría entre el 22 y el 27 de octubre de 1997 en un desconocido y alejado corregimiento llamado El Aro.

Durante esos días un comando paramilitar conocido en la región como los “mochacabezas”, realizó un recorrido macabro que empezó en el corregimiento de Puerto Valdivia, a orillas de la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe. Antes de llegar a El Aro, el grupo conformado por unos 200 hombres recorrió las veredas Puquí, Remolino, Puerto Escondido y Organí, donde asesinó a ocho campesinos. Algunos de ellos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia, otros fueron baleados y sus cuerpos abandonados a un lado del camino. Cuando pusieron los pies en El Aro, los paramilitares ordenaron a sus habitantes salir de sus casas y dirigirse hasta la plaza, y allí, entre gritos e insultos, continuaron el sanguinario ritual. El primero en morir fue el tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza, de 64 años. Los testigos dicen que después de amarrarlo a un palo los paramilitares le arrancaron los ojos, el corazón y los testículos. “¡Guerrilleros malparidos, se van a morir todos!”, gritaron los bárbaros y siguieron con la cacería. Aturdidos, los pobladores vieron como mataban a sus vecinos y violaban a varias de sus mujeres. Antes de marcharse, ordenaron a los sobrevivientes que se largaran del caserío y procedieron a prenderle fuego a las viviendas. Quemaron 42 de las 60 casas del poblado, asesinaron a 17 campesinos y obligaron a algunos de los sobrevivientes a arrear, hasta varias fincas del Bajo Cauca, más de mil reses que robaron en el camino. El plan paramilitar para sacar de su madriguera a la guerrilla ya empezaba a ponerse en marcha.

–Yo he defendido que lo que ocurrió en El Aro no fue una masacre, eso fue un genocidio– reflexiona uno de los líderes del pueblo. Luego, afirmará que todo lo peor que le puede pasar a un pueblo le ha ocurrido a El Aro, olvidado históricamente por el Estado y ultrajado por los paramilitares.

De nada sirvieron las denuncias que el abogado Jesús María Valle –oriundo del corregimiento La Granja y destacado defensor de derechos humanos–, había hecho a las autoridades regionales sobre el asesinato de campesinos en Ituango y la estrecha relación que sostenían los paramilitares con miembros del ejército y la policía que operaban en el pueblo. En declaraciones dadas a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, Valle Jaramillo dijo: “El grupo paramilitar sembró terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades, del Ejército y la Policía, y no había ni respuesta del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército”. Y enfatizó: “De 1996 a 1997 (diciembre 31) fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”.

El 27 de febrero de 1998, veintiún días después de haber juramentado en la sede regional de la Fiscalía, Jesús María Valle fue acribillado por dos hombres y una mujer en su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en pleno centro de Medellín. Con el tiempo se sabría que los autores del homicidio pertenecían a la banda La Terraza, la cual ofrecía sus servicios a Carlos Castaño.

Por las masacres de El Aro y La Granja, en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por omisión y acción directa de los miembros de la fuerza pública, y lo obligó a reparar integralmente a las víctimas. Los campesinos de la zona han denunciado insistentemente que esas reparaciones nunca llegaron y que aún hoy, 19 años después de la masacre, continúan echados a su suerte en ese paraje olvidado, al que solo es posible llegar en mula después de recorrer siete u ocho horas de camino.

–Allá no ha habido ningún plan de retorno, las 31 familias que regresaron lo hicieron por su propia voluntad– comenta una exfuncionaria de la Administración Municipal.

La bomba de “La Peatonal”

Esta mañana de miércoles las personas caminan, tranquilas, por la calle que todos conocen como “La Peatonal”, donde a cualquier hora del día bares y negocios se disputan, con música a alto volumen, a aquellos potenciales clientes que buscan un lugar cómodo para tomarse una cerveza. Como a la mitad del pasaje se encuentra instalada una placa que recuerda la memoria de las personas que murieron en ese sitio la noche del jueves 14 de agosto de 2008, cuando un explosivo dejado por un hombre minutos atrás al interior de una caneca, destruyó el ánimo colectivo que había en vísperas de las fiestas de la Itangüinidad. Según datos de la Personería de Ituango, esa noche murieron Camilo Pineda Galeano, José Alejandro Arias Valencia, Cristián Estiven Cossio Barrera, Dairo Pineda Galeano, y los menores de edad Juan Camilo Osorio Uribe e Iván Darío Henao George. También falleció Alberto de Jesús Calle Gallo, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Ituango en los tiempos en que ocurrió la masacre de El Aro. Calle Gallo había sido la persona que se encargó de alertar y pedir ayuda al gobierno departamental y al Ejército para contrarrestar aquel ataque paramilitar de 1997.

Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos, fue uno de los 52 heridos que dejó la explosión. Mientras camina por el lugar, afirma que la imagen de sus paisanos tirados en el piso, el caos, los escombros y la destrucción de aquel espacio que minutos antes rebosaba de vida, será difícil de olvidar. “El olor característico de la sangre, la tierra y la pólvora, se demoran para borrársele a uno del olfato, del pensamiento. Es demasiado difícil, es un momento muy doloroso”, reflexiona. Román sufrió una leve herida en uno de sus pies y un bar de su propiedad, que estaba ubicado a unos 20 pasos del sitio de la explosión, quedó completamente destruido.

“Como hijos de esta tierra amada, encendemos una luz para no olvidar el dolor y continuar siendo un pueblo de paz, solidario y digno”, se lee en la placa insertada a un lado de la calle que divide en dos “La Peatonal”. Ese hecho trágico permanece en la lista de recuerdos dolorosos que los ituanguinos llevan consigo y que intentan matizar con los vientos de paz que vive el país.

Para menguar los impactos emocionales que han dejado hechos como este, en 2012 Sandra Callejas Higuita decidió crear la Asociación de Víctimas de Ituango con la idea de acompañar a quienes han perdido algún familiar en el conflicto armado. “Aquí nos agrupamos como una familia y sacamos fuerza para llegarle al otro, para ayudarle, para compartir el dolor, para acompañarnos; si vamos a llorar, este es el lugar para hacerlo”, asevera. Son más de 200 familias las que componen la organización, el equivalente a unas 800 personas. De ellas, el 90% son mujeres. Allí encuentran orientación sobre cómo reclamar sus derechos y el camino que deben seguir en ese enmarañado mundo burocrático para que el Estado las reconozca como víctimas y les brinde la indemnización a la que, por su condición, tienen derecho. Aunque en esos asuntos Sandra es escéptica, pues cree que es difícil que el Gobierno pueda reparar integralmente a las miles de familias que han debido lidiar con la guerra en Ituango.

–Eso es como soñar que el gallo pone– sentencia.

La masacre desconocida

Humberto de Jesús Zapata es un campesino trabajador, de mirada recia, manos callosas y lúcido hablar. Mientras sorbe un trago de café en un negocio contiguo al parque principal, cuenta la historia de una masacre poco conocida que ocurrió a finales del año 2000 en la vereda El Cedral, donde viven él y su familia. El Cedral es un caserío ubicado a unas tres horas y media del casco urbano de Ituango. Hasta allí se llega luego de un recorrido de dos horas y media, en bus escalera, por una carretera destapada y en regular estado, y después de montarse durante más de una hora sobre el lomo de una mula.

Sus pobladores –más de 600– no sabían nada del conflicto armado que ya se asentaba en el municipio, aunque desde los años 90 habían visto cruzar por sus caminos a hombres armados que, por temor, a nadie le interesaba identificar. Las familias vivían del cultivo de café, fríjol, maíz yuca y del cuidado de algunas cabezas de ganado. La vida parecía transcurrir en tranquilidad, hasta el 30 de octubre del 2000, cuando un grupo de paramilitares apareció en una finca cercana al poblado dispuesto a dejar su marca de terror en aquel poblado.

Humberto se encontraba ese día recogiendo café en una finca cercana al caserío. Recuerda que los hombres llegaron hasta el centro poblado, reunieron a un lado del centro de salud a una decena de pobladores que a esa hora trabajaban en una obra de alcantarillado, y a quienes caminaban desapercibidos por la calle: jóvenes, niños y ancianos, y les anunciaron que habían subido hasta allí con el objetivo de quemar el pueblo. Por la primera persona que preguntaron fue por Leonel Piedrahíta, el presidente de la Junta de Acción Comunal.

–¿Usted sabe de la guerrilla? – le inquirieron.
–Yo no sé nada– respondió el líder campesino– Yo soy un tipo trabajador, qué voy a saber de grupos armados.
–Tiene dos minutos para que salve su vida– contestó uno de los hombres y preguntó de nuevo:
–¿Sabe usted de la guerrilla?
–No sé nada. Qué me voy a poner a inventar lo que no sé…

A Leonel lo fusilaron ante la mirada atónita de su vecinos. A continuación, siguieron con otros tres campesinos que tenían en lista: Antonio Zamarra, Rubén Piedrahíta y Elías Mesa. A otro de los labriegos le pegaron un tiro que le atravesó el pecho y al instante lo lanzó al piso. Todos creyeron que estaba muerto y por eso no lo remataron. “Eran gente camelladora, labradora de la tierra, igual que uno”, se lamenta Humberto mientras sorbe otro trago de café, amargo como la historia que cuenta. Los paramilitares procedieron a quemar las viviendas mientras los sobrevivientes, impresionados, miraban arder lo poco que guardaban en su interior. Desde la finca donde recogía café, Humberto alcanzó a ver el humo que se esparcía por todo el cañón, pero supuso que alguien estaría quemando algunas matas de yaraguá (rastrojo). Al poco tiempo se enteró de la incursión paramilitar porque un vecino suyo, acelerado, llegó hasta el cafetal y le advirtió: “Oiga hombre, si usted es resistente, quédese, y si es miedoso ábrase porque los paramilitares están quemando El Cedral”. Desesperado, agarró el camino y como pudo llegó hasta su vivienda, donde estaban su esposa y sus dos hijos. Ya reunidos, alcanzaron a recoger algunos harapos y buscaron refugio.

Al percatarse que los paramilitares se habían ido, los pobladores recogieron a sus muertos y al otro día se desplazaron hacia el casco urbano. Humberto y cinco familias más decidieron quedarse en la vereda pese al miedo que les produjo la muerte de sus vecinos. “¿Para qué me voy a ir para Ituango?, ¿para apilarnos todos allá?, ¿nos vamos a ir para el casco urbano donde están los paramilitares? Nada debemos, nada tememos. Nos quedamos aquí”, sentenció. Luego dirá que ese año toda la cosecha de café se perdió porque no había mano de obra con la cual trabajar.

Tres meses después de la masacre, empezaron a retornar a El Cedral las primeras familias. Humberto asegura que poco a poco la tranquilidad fue regresando al pueblo y que con el tiempo el Gobierno reconstruyó las viviendas. Ahora, dice, llevan una vida tranquila y aran la tierra con sosiego y sin mayores preocupaciones. Humberto se toma el último trago de su café y le da gracias a Dios porque ni a su familia ni a él les pasó nada.

– Ojalá no vuelva a ocurrir en la vida una cosa de esas– finaliza.

Ituango era el infierno

La vida apacible de Ituango, cuando los campesinos cultivaban la tierra y los padres veían correr a sus hijos por las empinadas calles del pueblo, quedó solo como un recuerdo cuando guerrilleros y paramilitares empezaron a darse bala y a medir sus fuerzas de combate en las tupidas selvas del Nudo de Paramillo. Mientras los hombres de Castaño y Mancuso realizaban recorridos de terror por los campos, asesinando pobladores, violando mujeres y quemando caseríos, la guerrilla se tomaba el pueblo con el objetivo de debilitar a militares y policías y destruir la infraestructura local. Sus habitantes tienen memoria de, por lo menos, cinco tomas guerrilleras al Comando de Policía y al parque principal. En las paredes de los pasillos de la Alcaldía Municipal permanecen enmarcados algunos retratos de la toma de 1987, donde se aprecian los muros del antiguo palacio municipal baleados y una edificación contigua derruida.

Pero quizás la toma más violenta ocurrió la noche del lunes 5 de marzo de 1995, cuando un ejército con por lo menos 500 guerrilleros de los frentes 5, 18, 34, 36, 57 y 58 de las Farc, se metió al casco urbano decidido a destruir el pueblo y a matar a la veintena de policías que lo cuidaban. El enfrentamiento, que se prolongó hasta las once de la mañana del día siguiente, fue tan intenso que destruyó la antigua casona donde funcionaba la Alcaldía y el Comando de Policía, dejó en ruinas la Caja Agraria, el Banco Cafetero, la cárcel y hasta un consultorio médico aledaño. La toma dejó siete muertos, entre ellos un policía, tres reclusos, dos meseros de un bar y un transeúnte. Antes de marcharse, los guerrilleros secuestraron al alcalde José Milagros López y al personero Jairo Correa Montoya. Cuando los llamaron les dijeron que solo querían dejarle un mensaje al Gobierno con ellos, pero se los llevaron monte adentro y solo vinieron a liberarlos  20 días después en un paraje cercano a Dabeiba, en el occidente antioqueño. “Los muchachos estuvieron aquí el tiempo que quisieron, se metieron donde les dio la gana, hasta en la iglesia, dispararon, tiraron bombas, nos obligaron a escucharlos en el parque y se fueron cuando les pareció”, le dijo una mujer a un reportero de El Tiempo dos días después de la toma.

“Nosotros vivíamos en hostigamientos frecuentes”, cuenta Elizabeth Álvarez –29 años, abogada–, quien ahora se desempeña como secretaria de Gobierno de Ituango. “Eran tan comunes –continúa– que uno se acostumbraba a ellos sin alterarse tanto. Cuando empezaba la balacera ya ni nos asustábamos”. Sin embargo, la zozobra era permanente entre sus pobladores y pocos se atrevían a salir de sus casas después de las siete de la noche. Los rumores de que en cualquier momento la guerrilla se tomaría de nuevo el pueblo eran pan de cada día.

Pero si en el pueblo la guerrilla quería arrasar con la infraestructura y todo lo que proviniera del tímido gobierno, en la zona rural los enfrentamientos con los paramilitares no cesaban. Uno de ellos ocurrió el 20 de julio del año 2000 en el corregimiento de Santa Rita, un antiguo bastión guerrillero que meses atrás había sido tomado por un centenar de hombres del Bloque Mineros de las Autodefensas. Mientras los paramilitares diluían el tiempo bebiendo cerveza en las tiendas, caminando por sus calles y piropeando a las jovencitas, fueron emboscados por cerca de mil hombres de la guerrilla. Los paramilitares no tuvieron tiempo de reaccionar ante el ruido de las balas y las granadas. En el enfrentamiento murieron 35 paramilitares y dos civiles. “Los que pudieron se volaron, los que no, quedaron ahí”, recuerda una de las antiguas habitantes de ese poblado, quien después de la masacre salió desplazada con su esposo y sus hijos.

La mujer cuenta que el sacerdote del pueblo y los campesinos debieron recoger los cuerpos que quedaron esparcidos en las mangas, “porque allá no había ni ley, ni nada. La ley de allá eran ellos”.

En febrero de 2001 ocurrió un hecho similar en el mismo corregimiento. Un día, durante la madrugada, unos 800 hombres de la guerrilla atacaron con granadas y morteros el campamento paramilitar que se asentaba cerca el caserío y mataron a 30 paramilitares. Los que quedaron en pie debieron salir corriendo selva adentro pero, debido a las heridas, varios de ellos murieron en el camino. “Las comunidades de esta zona cuentan que era exagerada la cantidad de gallinazos que, durante meses, se mantuvieron en ese monte, porque al parecer muchos corrieron heridos y no alcanzaron a salir a ningún lado”, afirma Román Álvarez Sucerquia, defensor de derechos humanos de Ituango.

María Eugenia Durango Vera, una jovencita que acababa de cumplir 20 años y quien en ese tiempo trabajaba como asistente en la oficina de la Registraduría, recuerda que un sábado en la mañana llegaron al pueblo, destilando sangre, dos volquetas repletas con los cuerpos descompuestos de los paramilitares muertos en los enfrentamientos. Como en una escena de terror que describe como “surreal”, Eugenia tomó registro de cabezas cercenadas, cuerpos torturados y quemados y miembros amputados. “A esos muertos nos les cabía ni un machete, ni una bala más, no les cabía ningún otro dolor”, asegura. Luego, para enfatizar y dar a entender la magnitud de la violencia que se vivía en esa época en Ituango, dirá:

–En el año 2000 esto era un IN-FI-ER-NO. Si en algún lugar podía estar el infierno, era aquí.

Incertidumbres ante la paz

Por estos días de finales de junio hay expectativa en Ituango por lo que pueda pasar luego de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. Sus habitantes celebran que ya no hay retenes guerrilleros y al pueblo se puede llegar con facilidad en menos de cinco horas por una vía pavimenta y en buenas condiciones. Los paramilitares abandonaron el municipio poco después de arrancar las negociones con el Gobierno en Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, y la economía parece dinamizarse con la construcción de HidroItuango, un ambicioso proyecto de ingeniería que promete generar el 17 por ciento de la energía de Colombia a partir del 2018.

La secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez, cuenta con satisfacción que en el primer semestre de 2016 se registraron en Ituango apenas tres homicidios, los cuales fueron producto de riñas callejeras y no por grupos armados ilegales. “Son muertes que generalmente se producen cuando la gente consume mucho licor”, explica la funcionaria. Luego, añadirá que años atrás la cifra podría llegar a 80 homicidios, pero desde el cese unilateral se ha visto un cambio en el área urbana y rural.

Por eso muchos de sus pobladores miran con esperanza el futuro cercano. Otros, en cambio, aguardan con cautela por lo que pueda ocurrir cuando la guerrilla entregue las armas definitivamente y los desmovilizados empiecen a convivir con la población civil. Uno de sus temores es saber qué ocurrirá en aquellos lugares donde la guerrilla ha ejercido durante lustros la autoridad de forma casi absoluta –como reconocen las autoridades locales–, donde ha impuesto las normas, donde ha decidido hasta qué horas las personas deben permanecer en las calles y hasta cuáles son los linderos entre una y otra finca. “Mal o bien, la guerrilla se ganó la legitimidad de algunas comunidades y hoy por hoy debemos ganar esos espacios que van a dejar”, expone el alcalde Hernán Darío Álvarez, quien sabe que de ahora en adelante uno de los grandes desafíos será tener una mayor presencia en aquellos territorios tradicionalmente olvidados.

Santa Lucía, una vereda que limita con el Parque Nacional Nudo de Paramillo y con el cañón del río San Jorge, en el sur de Córdoba, y donde confluyen distintos corredores del narcotráfico –según denunció en 2014 la Corporación Ideas para la Paz–, es una de las 20 zonas de concentración acordadas entre el Gobierno y las Farc para alistar a los miembros de esa guerrilla antes de su desmovilización. Allí se concentrarán unos 400 guerrilleros del Frente 18 de las Farc, quienes se ceñirán a los protocolos de desarme acordados en La Habana. Los habitantes de esta vereda confían en que, al ser protagonistas de un hecho histórico para el país, el Gobierno por fin se acuerde de ellos y les ayude a mejorar sus condiciones de vida con la construcción de un centro de salud, una escuela en mejor estado y la adecuación de la carretera. Aunque también hay personas temerosas –advierte la secretaria de Gobierno, Elizabeth Álvarez– que creen que estas zonas servirán para cometer delitos y por temor tal vez quieran desplazarse al casco urbano. “Eso sí –enfatiza el alcalde–, hemos dejado claro que no queremos que nos vayan a dejar problemas, pues somos un municipio con muy pocos recursos”.

Lo cierto es que Ituango, un pueblo históricamente azotado por guerrilleros y paramilitares, es ahora el epicentro de un momento crucial para el futuro del país con la firma del proceso de paz; y en gran medida el éxito de este acuerdo dependerá de lo que suceda en pueblos como este, donde el Estado deberá demostrar su capacidad para ejercer soberanía y llegar a todos sus ciudadanos.

Pero más allá de las zonas de concentración, hay otros asuntos que mantienen intranquila a la población. Una de las mayores preocupaciones de Lina Zuleta, líder del municipio e integrante de la Asociación de Mujeres, es que con la desmovilización de las Farc saldrán a relucir problemas como la violencia sexual y el abuso de niños, que antes permanecían ocultos por temor a los grupos armados. “Ahora se nos abre el panorama porque todos esos temas se van a poder denunciar y habrá que tener una institucionalidad fortalecida que pueda darles respuesta”, explica. Meses atrás, un campesino de Santa Lucía había hecho una advertencia similar con estas palabras:

–No crean que la firma del acuerdo de paz nos va a traer rosas, lo que nos va a traer es la posibilidad de quitarnos un manto que tenemos encima de nosotros; eso nos va a permitir ver lo que realmente somos y lo que realmente somos no es tan bueno.

Otro asunto que preocupa es el cambio social y económico que ha traído al pueblo el proyecto Hidroituango. Por ejemplo, los campesinos que antes cultivaban yuca, plátano, fríjol o café, ahora trabajan como obreros en la central y reciben un pago quincenal que, en muchos casos, terminan gastando en licor en alguna cantina del pueblo. “Con el proyecto se nos llevaron toda la fuerza de trabajo del campo. Por ejemplo, toda la cosecha de café del año pasado se perdió porque no había trabajadores y menos con qué pagarles lo que se ganan en Hidroituango”, asevera otra de las líderes de Ituango. Los salarios pagados por la empresa también produjeron el aumento casi instantáneo de los arriendos y de la canasta familiar.

El boom económico hizo, además, que aumentara la prostitución en la zona urbana, por lo que para muchos ya no es extraño ver a los jóvenes visitar estos sitios regularmente y escuchar a los proxenetas anunciar: “Bueno, alístense que para el otro fin de semana viene ganado nuevo”. Otro de los problemas que comienza a aflorar es el aumento de las plazas de vicio y el consumo de drogas entre los jóvenes. “Aquí vos encontrás lo que quieras”, cuenta una vecina del parque, y agrega: “Yo no había visto tanta droga en Ituango como en este momento”. A su preocupación se suma el aumento de casinos y negocios tragamonedas que pululan por las calles aledañas al parque principal. El dinero parece moverse a borbotones gracias al proyecto energético, que le ha dado empleo a cientos de personas de la zona, pero nadie sabe qué pasará cuando entre en funcionamiento en 2018 y los puestos ocupados por los obreros dejen de existir.

Sin embargo, una de las mayores amenazas es la inminente explotación minera que llegará al pueblo luego de finalizado el proceso de paz con las Farc. Una de las líderes entrevistadas asegura que hay treinta solicitudes de concesiones mineras y tres concesiones otorgadas a empresas multinacionales que estarían en proceso para explotar varios yacimientos de oro que hay en el pueblo, varios de ellos ubicados en zonas de reserva natural. Una de las concesiones se encuentra en el corregimiento de Santa Rita, la segunda en un sector que comprende las veredas La Hundida, Los Naranjos y Buena vista –donde nace el agua que consumen los habitantes de la zona urbana–, y la tercera en el casco urbano de El Aro. Varios pobladores de este corregimiento han alertado sobre la presencia de ingenieros extranjeros que han venido tomando muestras de suelo en los últimos meses.

La líder teme que con de la firma del proceso de paz, la destrucción de buena parte de los cultivos de coca, y los futuros proyectos de desminado en todo el territorio –cifras oficiales señalan que casi el 70 por ciento del territorio está minado–, se acabe el pretexto del conflicto armado y se dé vía libre a la explotación minera lo que, según ella, pondrá en riesgo la subsistencia del pueblo.

–Paradójicamente las minas antipersona  –explica–, uno de los males que más nos ha hecho sufrir en Ituango, hasta ahora nos ha protegido de la minería. Eso es lo más triste.

Ante todos estos retos, ¿cuál es el futuro que le espera a este municipio, aporreado como tantos en Colombia con esta guerra que se ha mantenido viva durante casi 52 años? La pregunta salta después de oír los testimonios de quienes han perdido a varios de sus seres queridos en el conflicto armado. Las respuestas no son fáciles, pues también es cierto que el dolor y el resentimiento siguen presentes en muchas de las víctimas, y que la mayoría no ha recibido apoyo psicológico para superar la pérdida de sus seres queridos. Están los que guardan la esperanza por el anhelo de ver un pueblo en paz, donde los niños crezcan tranquilos mientras su padres cultivan el campo y no visitando su tumba en el cementerio, y los que sienten temor por lo que pueda ocurrir en los campos y veredas que quedarán a la intemperie cuando los guerrilleros se integren a la vida civil.

Ante esas inquietudes, quedan en el aire, como una respuesta incierta, las palabras dichas por Sandra Callejas Higuita antes de terminar la conversación:

-Yo creo en el proceso, pero no en la paz. Yo le digo a la gente, hay un proceso ¿pero la paz?, esa es mía, es lo que yo haga, lo que construyo cada día con el otro. Pero si usted no tiene con qué comer, con qué pagar el arriendo no está en paz… Hay una violencia aparte, las Farc y el Gobierno están en su problema, pero aquí hay problemas que quizás son mucho más peligrosos que las mismas Farc.

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